Tras 25 años radicado en el paraíso fiscal de Bahamas, el fundador de Telepizza y ex presidente de Jazztel, Leopoldo Fernández Pujals, ha vuelto a fijar su residencia en Madrid, según documentos que el multimillonario ha remitido recientemente a Luxemburgo. Allí tiene registradas al menos dos instrumentales con las que controla, entre otras empresas en España, su imponente yeguada en Segovia, que ha recibido cientos de miles de euros en ayudas públicas en los últimos años.

Nacido en Cuba hace 77 años, fogueado en Estados Unidos y nacionalizado español, Fernández Pujals fue un personaje clave del empresariado patrio desde finales de los 90, aunque lleva años fuera del foco y es un misterio a qué destinó las multimillonarias plusvalías que obtuvo tras vender su participación en Jazztel hace casi una década.

En 2014, El Economista le situaba entre las 25 mayores fortunas del país. La última vez que Forbes le incluyó en su famosa lista, en 2022, le colocaba en el puesto 91 de personas más ricas de España con un patrimonio de 450 millones.

Es probable que Pujals, celoso de su intimidad y retirado de la primera línea empresarial hace tiempo, prefiera haber desaparecido de esos rankings. El empresario, con el que elDiario.es intentó contactar sin éxito a través de uno de sus principales representantes en España, es conocido como el rey Midas del Ibex, por haber sido el único español que llevó a dos compañías a ese índice bursátil, que agrupa a las mayores cotizadas del país.

En 1999 fijó su residencia en Bahamas, un paraíso fiscal, tras dar su primer gran pelotazo, la venta, por 300 millones de euros, de Telepizza, la cadena de comida rápida que creó de la nada en 1988 junto a un hermano, con un restaurante que abrió en el Barrio del Pilar de Madrid cuando todavía era directivo de la multinacional Johnson & Johnson, y que tras un crecimiento vertiginoso sacó a Bolsa en noviembre de 1996, en plena ola de 'capitalismo popular', como se le llamaba entonces.

En Bahamas, Pujals montó hace años al menos tres sociedades que administraba junto a su esposa y uno de sus colaboradores, según reveló en 2016 la investigación Bahamas Leaks. Y allí seguía radicado cuando en mayo de 2015 el empresario ganó otros 430 millones en plusvalías al vender un 14,5% de Jazztel con la oferta pública de adquisición (opa) de Orange sobre la ‘teleco’. Había apostado por ella en 2004, cuando casi nadie daba un duro por esa compañía fundada por otro conocido inversor de origen latinoamericano, Martin Varsavsky. Compró un 25% de Jazztel por 62 millones cuando estaba al borde de la quiebra. Una década después vendió sus acciones multiplicando su inversión por más de siete.

Pujals tenía sus títulos en la ‘teleco’ en una compañía ya disuelta en Luxemburgo. Allí conserva al menos otras dos sociedades instrumentales que este año han comunicado un cambio de dirección del magnate. De Bahamas a un complejo de viviendas de lujo en el Paseo de la Habana de Madrid, que en su web promete a sus residentes refugiarse del ajetreo de la ciudad para introducirse en un pequeño paraíso con piscina “infinity” de más de 20 metros, gimnasio, vigilancia 24 horas y jardín privado con árboles centenarios.

Hasta este año, Pujals había notificado al Registro Mercantil del Gran Ducado que residía en Nassau, en una coqueta vivienda de estilo colonial con piscina privada y vistas al océano ubicada en un resort privado con campo de golf. El chalé se ofrece desde hace tiempo en alquiler en diversas plataformas. En Airbnb alojarse una semana a mediados del próximo mes de julio cuesta unos 900 euros la noche.

Calderilla para un magnate cuya actividad empresarial conocida en España en los últimos años ha sido prácticamente inexistente, y que a finales de 2014, en plena gira de entrevistas para promocionar su libro de memorias, “Apunta a las estrellas y llegarás a la Luna”, confesó que Hacienda le estaba investigando, aunque no consta si esas pesquisas se concretaron en una liquidación desfavorable ni que llegaran a judicializarse. 

En esa ronda de entrevistas también explicó que había donado 100.000 euros “al partido más cercano a mi tendencia política, que es el PP”. En concreto, al “caballero” que entonces se ocupaba de las finanzas de esa formación, un tal Luis Bárcenas. También arremetió contra un Podemos entonces en plena emergencia: “Cuando habla Pablo Iglesias escucho a Fidel Castro”, decía este anticastrista hasta la médula sobre alguien que, aseguraba, si llega a gobernar “hunde el país”.

Diez años después, Pablo Iglesias es exvicepresidente del Gobierno y, con España liderando el crecimiento en la UE pese a la alianza entre socialistas y Sumar, Madrid se ha convertido en refugio de muchos multimillonarios latinoamericanos atraídos por las promesas de “libertad” de una Isabel Díaz Ayuso que quiere convertir a la capital en la nueva Miami europea. La misma presidenta, por cierto, que en 2020, en lo peor de la pandemia, decidió dar menús de Telepizza a los niños más vulnerables de la Comunidad de Madrid.

La inversión más conocida de Pujals en España está a algo más de una hora en coche de la capital. Es su yeguada Centurión, el capricho que este gran aficionado a los caballos montó en 1998 en una enorme finca de 1.000 hectáreas en Lastras del Pozo, cerca de Segovia.

Ese negocio lo canaliza a través de la española Yeguada Centurion SLU, en la que ejerce como presidente junto a su segunda esposa, la jiennense María Linarejos Vilches Jordán, vicepresidenta, veinte años más joven que él y a la que conoció cuando ella, psicóloga de profesión, trabajaba en el departamento de Recursos Humanos de Telepizza.

Halcones y pistachos

Con activos de cerca de 70 millones, Yeguada Centurion superó en 2023 los nueve millones de facturación, según sus últimas cuentas, disponibles a través de Insight View. Y, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, ha recibido solo desde 2020 más de 300.000 euros en subvenciones agrícolas de la Junta de Castilla y León. Los datos de Hacienda solo abarcan este rango y es muy probable que la cifra real de subsidios sea muy superior.

Presentada hace años por su dueño como una forma de “devolver a España parte lo que ella me ha dado, mejorando y promocionando el caballo de pura raza española”, Yeguada Centurión ya ha logrado colocar a sus equinos en Ascot (Reino Unido) y en 2020 logró su primera victoria en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. En 2021 abrió una filial en Francia (Haras de Centurion SAS), dedicada a “la venta y entrenamiento de caballos de carreras para concursos y espectáculos, entre otros”. También opera en el negocio de la cría de halcones. En su finca tiene cientos de hectáreas de praderas que destina también al cultivo de pistachos. 

La sociedad que la explota está en manos de otra empresa española, Hacienda Rústica SL, aparentemente inactiva. Esta última a su vez pertenece a la luxemburguesa Symbols SA, sin empleados y que cerró 2023 con 97 millones en activos, frente a los más de 140 millones que llegó a tener en 2005. 

Solo en los dos últimos años Sygma ha declarado pérdidas de 20 millones. En marzo de 2023, Fernández Pujals le inyectó 65 millones a través de una ampliación de capital, según sus últimas cuentas.

También en Luxemburgo está Stripes SA, dirigida por Pujals y cuyos activos pasaron en 2023 de 6,4 millones a poco más de 100.000 euros. En 2022 decía tener el 100% de cuatro sociedades en España, que no identificaba. Dos se liquidaron en 2023. Una de esas filiales es Promobeta Distribuciones de Bebidas SA, dedicada al comercio de alimentos, bebidas y tabaco y que sigue operativa, aunque aparentemente inactiva.

El magnate, que en su época de auge presumía de no saber “qué es fracasar” (“Tengo serias dificultades para deletrear la palabra temor y se me atraganta pensar en perder”, afirmaba en 2005), probó fortuna tras el pelotazo de Jazztel en otra cadena de pizzerías (La Original) con menos suerte. También hizo una fallida incursión a finales de los 90 en un negocio de vending con pizzas junto a otro empresario muy aficionado a los paraísos fiscales, el iraní Massoud Zandi, que hace años fue noticia por una opaca petrolera en Sudán de Sur en la que era accionista el periodista Juan Luis Cebrián.

Pujals tiene una vida que daría para una o varias películas. Nació en el seno de una acomodada familia cubana de origen español (madre arquitecta, padre notario) que se exilió a Miami con lo puesto (tres relojes de oro en el bolsillo de un pantalón llevaba el niño Leopoldo) cuando él tenía 13 años. Ingresó en los Marines, donde fue condecorado con una medalla y el rango de capitán, aunque no llegó a disparar en la guerra de Vietnam. 

Tras pasar por la universidad para cursar estudios de Finanzas y foguearse en la multinacional Procter & Gamble, recaló en Johnson & Johnson, que le destinó a España en 1981. Visionario del marketing, aquí tuvo la idea de montar una cadena de entrega de pizzas a domicilio y, con una inversión de solo 10 millones de pesetas de la época, emprendió la historia de fulgurante éxito que le convirtió en uno de los empresarios más conocidos del país. Ahora, según la documentación que ha remitido a Luxemburgo, ha decidido volver a fijar su residencia aquí 25 años después.

Aunque la Comunidad de Madrid ha decidido rectificar y cambiar los menús de Telepizza y Rodilla para los niños vulnerables, el Gobierno de Díaz Ayuso ha respondido al requerimiento que le hizo el Ministerio de Derechos Sociales de justificar el valor nutricional de estos menús para acceder a una subvención estatal de dos millones de euros. Y lo ha hecho asegurando que “la pizza es uno de los productos más antiguos de la dieta mediterránea y se consume desde hace más de 1.000 años”.

Con esas palabras textuales figura en el informe de la Consejería de Educación al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que añade que “además de hidratos de carbono” la pizza “es fuente de nutrientes variados como: Potasio, Calcio, Hierro, Fibra, etc. gracias a la cantidad y variedad de alimentos que se pueden combinar en su elaboración”.

El ministerio recibió este informe el pasado 6 de mayo, después de que la Dirección General de Diversidad Familiar solicitara al Gobierno autonómico que demostrara “el carácter saludable o equilibrado” de los menús o valorara “otro proyecto” diferente para que pudiera ser financiado con el fondo estatal extraordinario para alimentación infantil. A la Comunidad de Madrid le corresponden dos millones de euros de este crédito, pensado para garantizar una dieta saludable a los menores más vulnerables tras el cierre de los comedores escolares.

El Gobierno autonómico señala en su informe que las alternativas puestas en marcha por las empresas de comida rápida no son “únicamente” “pizza o sandwiches”, sino que “existe una serie de opciones con ensaladas, pasta, y que también incluyen yogures y fruta”. Defiende que los menús de Viena Capellanes ofrecen también “legumbres, arroz, verduras y pescado”, pero esta empresa solo da 650 menús diarios frente a los 4.000 de Telepizza y Rodilla, según datos de la propia Comunidad de Madrid.

Como parte de la justificación, el escrito cita al “Dr. Escribano”, médico especialista en nutrición y medicina deportiva, “asesor habitual de clubes e instituciones deportivas” y de “distintos deportistas de élite como futbolistas o tenistas”. Y señala que el experto “pone en valor el aporte nutricional que tiene la pizza en la composición de una dieta saludable, equilibrada y variada para cualquier consumidor, en especial, los más jóvenes”. 

Los menores de familias que tienen precio reducido en el comedor por percibir la Renta Mínima de Inserción (RMI) llevan comiendo estos menús desde el pasado 18 de marzo y van a cumplir dos meses. La medida, que fue, no obstante, autorizada en su momento por el Ministerio de Sanidad, será sustituida finalmente el próximo 18 de mayo por “menús ordinarios”, coincidiendo con la finalización de los contratos con las empresas de comida rápida. 

El Ejecutivo autonómico incluye en el informe las opciones que se dan y que, en el caso de Telepizza, son fundamentalmente pizzas, hamburguesas, enrollados de jamón y queso y ensaladas. Rodilla ofrece sandwiches, bocadillos, fruta y ensaladas. Sin embargo, no se acompaña de un análisis detallado de ingredientes o nutrientes, sino que la Comunidad de Madrid se limita a asegurar que los menús “han sido supervisados por los departamentos de nutrición de las empresas pensando en una dieta equilibrada y variada” y en “factores como la ingesta de calorías, de fibra, las vitaminas aportadas, y minerales necesarios en su alimentación”.

Más allá de intentar justificar las comidas, alude a que el momento en el que se buscó la alternativa a los comedores era “una situación de emergencia” y era una medida de “carácter temporal”. “No es posible ver con los ojos de hoy lo que sucedió entre el 11 y el 18 de marzo pasados”, un momento “de gran desconcierto”. Además, alude a que el Ministerio de Sanidad autorizó el proyecto  y “parece claro que si hubiese considerado no adecuada la propuesta desde un punto de vista alimentario, la habría rechazado, dadas las competencias que ostenta”.

Según el informe, la Comunidad de Madrid “pensó en contratar empresas de catering y que los ayuntamientos ayudaran en la distribución”, pero cifra en 24 de 179 los consistorios que “respondieron”. Tras “fracasar esta posibilidad” asegura que se intentó que los niños y niñas pudieran comer en restaurantes, pero “este proyecto se convirtió en imposible” por el cierre de estos establecimientos. Y, por último, grandes superficies de alimentación les comunicaron que “les era imposible participar por el enorme esfuerzo que suponía el abastecimiento”.

Sin embargo, en ninguna otra comunidad se ha llegado a una solución como esta y expertos y familias coinciden en que otras opciones hubieran sido más idóneas. Por ejemplo, el ingreso en cuenta de la beca de Euskadi, los vales de compra en el supermercado de la Comunidad Valenciana o la tarjeta prepagada con La Caixa de Catalunya.

Estos días los trabajadores municipales de Leganés se han sumado al reparto de menús que ya se venía haciendo desde Protección Civil a las familias más vulnerables, un “pequeño gesto” que resume todo lo que está pasando desde que se decretase el primer estado de alarma. El sur de nuestra región, acostumbrado a envites económicos, olvidos institucionales, falta de inversiones o infraestructuras insuficientes, ha vuelto a unirse y a sacar ese orgullo de ser de aquí, de Madrid. Vecinos, empleados públicos, familias al completo han dado lo mejor que tienen para hacer frente a un enemigo invisible que nos ha azotado con fuerza y ha puesto de manifiesto las deficiencias de un Gobierno que no llegaba dónde debía.

Ha sido esa gente la que ha ayudado a este Ayuntamiento a levantar un hospital de campaña a las puertas de nuestro Severo Ochoa, colapsado durante semanas por décadas de recortes que han salido, más que nunca, a flote. La COVID-19 nos ha acercado como sociedad mientras nos mantiene aislados en nuestras casas pero también ha sacado los colores a una Comunidad de Madrid incapaz, más centrada en acertar con la estrategia comunicativa que en atender los problemas que estaban -y seguirán- surgiendo.

El virus de la desigualdad también ha sido invisible para la derecha durante muchos años, contagiando a miles de familias y convirtiendo a nuestra región en el número 1 tal y como pone de manifiesto el informe de FOESSA que presentó Cáritas, ya el año pasado, de donde se desprenden datos como que a lo largo de los últimos diez años, la renta media de la población madrileña se ha incrementado en un 2% mientras que los más pobres han visto mermada su renta un 30%. Con esta bajada de ingresos, a la que ahora hay que sumar la incertidumbre laboral, hacer una compra saludable se convierte en un lujo imposible para muchas familias que ya conocían esta lucha y a muchas otras que la redescubren ahora.

Argumenta Díaz Ayuso, de la mano del célebre Miguel Ángel Rodriguez (ex asesor del gobierno de Aznar y ahora asesor en la Comunidad de Madrid), que su dieta basada en pizzas, pops de pollo y lasañas precalentadas respondía a la necesidad de implantar una solución de manera rápida. Ocho semanas después, las familias más vulnerables de la Comunidad de Madrid siguen alimentándose con una dieta pobre en nutrientes, con exceso de alimentos ultraprocesados, ricos en sal, en grasas insaludables, alta densidad calórica.

Muchas han sido las voces que han alertado al gobierno autonómico, desde Mikel Iturriaga hasta la Fundación de los Hermanos Gasol, pero Díaz Ayuso sigue más preocupada por la foto mientras reparte bocadillos de calamares en el IFEMA. Ni siquiera ha sido capaz de aceptar y repartir los 36.000 plátanos semanales donados por productores de plátano isleños, la única condición fue que Telepizza y Rodilla los recogieran de Mercamadrid, lo que descartaron.

La posición de “la miseria o la nada” no puede ser el principio de gobierno de ninguna región y, mucho menos, cuando existen alternativas eficaces que pueden implementarse sólo con tener la voluntad política para hacerlo. 1.500 familias reciben, desde el pasado 17 de marzo -dos días después del decreto de alarma- menús elaborados por una empresa de cátering leganense que, además, ha podido seguir trabajando sin tener que hacer frente a ningún ERTE.

Verduras, carne, pescado, frutas, legumbres o pasta se reparten cada día en nuestros barrios garantizando que el derecho a una alimentación saludable no se quede en el olvido y no derive en un futuro problema de salud pública en un país en el que el la obesidad infantil sigue en aumento. Según datos de UNICEF el 35% de los menores entre 8 y 16 años tiene exceso de peso y un 14%, obesidad.

El estado de alarma facilita, además, cualquier trámite administrativo, por lo que no es aceptable esconderse en la urgencia y el shock para implantar un modelo vacío que dista mucho de ser una respuesta. La solución era muy sencilla, solo tendría que haber continuado con los contratos que ya existían y hubiese mantenido empleos, garantizando una opción saludable. Además, seguimos esperando una respuesta por parte de la Consejería de Educación, con la que nos pusimos en contacto el pasado 11 de marzo, para trasladar nuestra preocupación del alumnado vulnerable que se quedaba sin servicio de comedor escolar.

Leganés sigue siendo el ejemplo de un pueblo que se une en los momentos difíciles, que se cuida y que hace frente a las dificultades sin dejar a nadie atrás. Como concejala y como leganense es muy difícil no sentir el orgullo pepinero, aunque a veces el reto sea mayúsculo. Desde las instituciones no tenemos otra opción que seguir apostando por el bien común, no es momento de priorizar el interés del partido por encima del bienestar de nuestra gente.

Ayer, dos meses después de defender a capa y espada el modelo Telepizza, Díaz Ayuso cambiaba de rumbo y anunciaba la finalización del contrato con estas entidades en la que es ya la enésima vuelta de tuerca de una presidenta que ha pasado de justificar estas decisiones en base a la alarma y emergencia para afirmar, dos días después, que aquí no ha pasado nada y buscar el penúltimo enfrentamiento con el Gobierno central pidiendo pasar a la fase 1 de la desescalada sin haber tomado ninguna medida para que el desastre no se repita de nuevo.

Lo hemos dicho más veces, si el problema es el desconocimiento, en Leganés estaremos encantados de tender la mano para explicarles cómo se hace, pero si el problema es la falta de voluntad serán los ciudadanos los que pongan nota a esta legislatura. En nuestras manos está que esta crisis no hipoteque nuestro futuro durante décadas y salir de ella con un modelo diferente que vuelva a poner la vida en el centro.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rectifica y empezará a dar “menús ordinarios” a los niños vulnerables de la Comunidad de Madrid a partir del 18 de mayo, día en el que expira el contrato con Telepizza y Rodilla, han informado desde el Gobierno regional. Desde el pasado 18 de marzo, unos días después del cierre de los colegios y los comedores por la pandemia de la COVID-19, los menores de familias que tienen un precio reducido en los comedores por ser beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI) se están alimentado con comida rápida de Telepizza, Rodilla o Viena Capellanes. Esta medida, que fue avalada en un principio por el Ministerio de Sanidad, ha generado las críticas de nutricionistas y familias por el riesgo para la salud infantil que conlleva mantener este tipo de dieta.

La Consejería de Educación está solicitando a los centros que informen del número de alumnos que podrían acudir a los centros a recoger la nueva alimentación “con intención de ir introduciendo novedades en el servicio de reparto” de estos menús, según una circular a la que ha tenido acceso eldiario.es.

“Una vez que las empresas de catering pueden trabajar con normalidad, volveremos a los menús ordinarios”, dijo la presidenta este miércoles en un mensaje de su cuenta de Twitter. Un portavoz aseguró al eldiario.es que estaba previsto volver a los menús ordinarios en la fase 1 de la pandemia, cuando ya pueden abrir los servicios de catering. El Ejecutivo regional ha solicitado al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 el próximo lunes 11 de mayo. En todo caso, la última palabra la tiene el Ministerio de Sanidad tras evaluar el plan presentado.

Con el citado tuit, Díaz Ayuso contestaba a otro mensaje en el que vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno, Pablo Iglesias, le agradecía que hubiera decidido dejar de dar estos menús de comida rápida y “buscar una alternativa sana”. “La salud de los peques lo merecía. Rectificar en política no siempre es fácil y hay que saludarlo”, escribió Iglesias. En ese mensaje, la presidenta también afeó al vicepresidente segundo las “calumnias” y “ataques” recibidos por las empresas que ha colaborado con la Comunidad de Madrid.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 envió este martes un requerimiento a la Comunidad de Madrid por los menús de Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes que reparte a los niños y niñas más vulnerables de la región. El Ministerio solicitó a través de un correo electrónico que la Consejería de Educación “revisase” el proyecto y “justificase” si era “saludable y equilibrado” o enviase un “proyecto diferente” para que se pudiera financiar con el fondo extraordinario de 25 millones aprobado por el Gobierno el 12 de marzo contra la pobreza infantil.

A la Comunidad de Madrid le correspondían 2,5 millones, de los cuales un millón eran para Educación y el resto para los ayuntamientos, por lo que la Consejería que dirige Enrique Ossorio se arriesgaba a perder la subvención. La región ha repartido un total de 150.000 menús por los cuales ha pagado cinco euros por cada uno: a día de hoy, por tanto, el Gobierno regional ha gastado 750.000 euros en estos menús.

La rectificación llega después de que la propia Ayuso defendiera este lunes en su misiva enviada a la fundación de los hermanos Gasol que estos menús basados en pizzas y sandwiches habían sido “supervisados por los departamentos de nutrición de las empresas” y no solo se había tenido en cuenta la cantidad de calorías, “sino otros aspectos como la fibra, vitaminas y minerales necesarios que aportan”.

El pasado jueves, la Comunidad de Madrid anunció que abriría a partir del viernes las instalaciones de Escuela Superior de Hostelería para cocinar 1.000 menús diarios destinados a familias desfavorecidas afectadas por la alerta sanitaria por COVID-19 en la capital. Sin embargo, ese mismo día, la Consejería de Educación defendió que este departamento mantendría con los menús de Telepizza y Rodilla para los menores con beca comedor.

Un día antes, la oposición recriminó a Ayuso que el Gobierno regional no hubiera buscado ninguna alternativa a estos menús de comida rápida. La presidenta madrileña se limitó a defenderlos y afirmar que si estos menús los pusieran en marcha “sus señorías de Podemos” a lo mejor serían “los de Venezuela que es nada”.

“Que le den a un niño una pizza no creo que sea un problema”, aseguró la dirigente del PP durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid. La jefa del Ejecutivo autonómico enumeró algunos de los menús que Telepizza ha puesto en marcha: “ensalada mediterránea, pops de pollo, hamburguesa de pollo infantil y otro día pizza... y coca cola. Yo juraría que a la mayoría de los niños les encantan”.

Como consecuencia del estado de alarma, hace meses que los centros escolares tuvieron que cerrar sus puertas. Eso supuso que los comedores escolares dejaran también de funcionar. Para muchas familias con pocos recursos, prescindir de esa comida diaria podía suponer un problema muy serio.

Para intentar paliarlo, en Madrid la Comunidad firmó un acuerdo con tres empresas de restauración –Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes–, con el fin de que pudieran proporcionar comidas a los 11 500 niños de familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI).

Una solución temporal

Hay que admitir que la situación no era fácil de resolver en un principio. Distribuir, en plena explosión de la pandemia, tal cifra diaria de almuerzos a familias dispersas por toda la Comunidad planteaba serios problemas de logística. Sobre todo con el confinamiento activado y la actividad laboral y hostelera reducida o paralizada.

Por otra parte, marzo y abril han sido meses terribles para todos, con asuntos de extrema gravedad que acuciaba resolver: la famosa curva ascendente de contagios, los ERTE, la falta de EPI suficientes y de pruebas diagnósticas fiables, organizar el hospital de IFEMA, el drama de los mayores en las residencias, etc. Teniendo en cuenta, además, que el periodo de alarma inicial fue previsto para dos semanas, cualquier solución para dar de comer a esos niños con familias en dificultades parecía, si no correcta, sí la menos mala.

Lamentablemente, con el transcurrir de los días, nadie se volvió a acordar de esos niños, de los escolares que han seguido recibiendo menús a los que, como científico dedicado a la nutrición, solo puedo calificar globalmente como “comida chatarra” o fast food. Es decir: comida para quitar el hambre, barata, nutricionalmente despreciable y educativamente un despropósito. Apta, en todo caso, para consumir de forma esporádica, como probablemente fue la idea inicial.

Déficits nutricionales y exceso de grasas saturadas

Argüir, como se ha hecho, que la solución se mantiene porque “a los niños les gusta”, o que “por unos días no pasa nada”, o que “en su casa ya comerán la verdura necesaria” no reduce el problema. Que un escolar ingiera aproximadamente un 35% de lo que debiera ser su ingesta de calorías diarias con estos productos implica que en su dieta pueden faltar vitaminas (folatos, carotenos), fibra y otros nutrientes. Además de abusar de las grasas saturadas.

Tampoco hay que olvidar que en estas edades es imprescindible educar para fomentar los correctos hábitos alimentarios y reducir la futura carga de enfermedades crónicas. De manera especial cuando, en los entornos más desfavorecidos, se ha comprobado que es más frecuente la obesidad, el sedentarismo y el consumo de dietas menos saludables.

En lo que respecta al menú proporcionado por Telepizza, no hay mucho que explicar. Es fast food, porque una ensalada en el menú no es suficiente para contrarrestar el desequilibrio dietético que genera esta manera de alimentarse.

Algo parecido ocurre con el menú de Rodilla, quienes insisten en añadir patatas fritas de bolsa, sin gluten, a todos los menús. Detalle que lejos de mejorar el valor nutritivo lo empeora. Comer a base de sándwiches es probable que, además, no consiga saciar a los niños corpulentos o de más edad.

El menú de Viena Capellanes, según indican, se sirve a 801 escolares de 74 municipios. Se puede considerar el más razonable de toda la oferta ya que, al menos, contiene legumbres y alguna hortaliza. Sin embargo, hay que recalcar lo inadecuado de los lunes, con carbohidrato (arroz) y fécula (patata en tortilla). Además del martes de pasta y barritas de pescado (cuyo porcentaje de pescado suele ser ínfimo), que se repite otro día de la semana con pasta y nuggets.

Francamente, no deja de sorprender que estas empresas recalquen el papel de sus “departamentos de calidad” o de sus “equipos de nutrición”.

En definitiva, este tipo de alimentación consumida de forma no esporádica tiene un ínfimo valor nutritivo y gastronómico. Los niños con requerimientos especiales (alérgicos, celíacos) verán aún más complicado el mantener una dieta saludable con las restricciones añadidas que demandan.

Hay que insistir en que el fin de la alimentación en estas edades no es “llenar el estómago” sino proporcionar los nutrientes necesarios y educar en los principios de una dieta saludable, variada y equilibrada según los parámetros de la alimentación mediterránea.

Siendo comprensible la dificultad que conlleva organizar este tipo de servicio, no es razonable que no se hayan tomado medidas correctoras dado el tiempo transcurrido desde su implantación. Asimismo, las empresas adjudicatarias deberían contar con el asesoramiento de personal experto en nutrición. O al menos, no intentan desdibujar el verdadero perfil de sus menús aptos únicamente para “consumo esporádico”.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer el original aquí.The Conversationaquí

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha enviado un requerimiento a la Comunidad de Madrid por los menús de Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes que reparte a los niños y niñas más vulnerables de la región. Según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado eldiario.es, solicita a través de un correo electrónico a la Consejería de Educación que “revise el proyecto y justifique si es saludable y equilibrado”, explican fuentes del ministerio, o “envíe un proyecto diferente” para que se financie con el fondo extraordinario de 25 millones aprobado por el Gobierno el 12 de marzo contra la pobreza infantil.

Lo hace en el marco del proceso de revisión de los planes remitidos por las comunidades para que sean sufragados a cargo de este crédito extraordinario, dirigido expresamente a garantizar la alimentación infantil ante el cierre de los colegios. Estos proyectos deben ser aprobados de mutuo acuerdo entre el Gobierno y las autonomías, pero el ministerio entiende que la opción elegida por la Comunidad de Madrid, a la que le corresponden 2,5 millones de euros, “no es la más adecuada”.

Fuentes del Ejecutivo regional confirman a eldiario.es que la Consejería de Educación tramitó la solicitud de las ayudas. Según explican estas mismas fuentes, de los 2,5 millones que le corresponden, en torno a un millón iba a ir a parar a Educación para financiar estos menús por los que paga 5 euros por cada uno. El resto de las ayudas serían para los ayuntamientos. El Ministerio, sin embargo, no ha aprobado el proyecto de los menús infantiles a los menores más vulnerables, reconocen. 

Un proyecto polémico

Tras el cierre de los comedores escolares, el Ejecutivo autonómico puso en marcha este acuerdo con Telepizza y Rodilla, al que se unió luego Viena Capellanes, para dar de comer a los niños y niñas de familias que perciben la Renta Mínima de Inserción (RMI) y por eso tienen un precio reducido en el comedor. El proyecto está pensado para 11.500, pero, según datos de la CAM, la media de menús diaria es de 4.000 entre Telepizza y Rodilla y 650 de Viena Capellanes, que da cobertura a zonas en las que no hay locales de estas empresas.

Según se especifica en el acuerdo al que llegó el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, el crédito extraordinario con el que pretende la Comunidad de Madrid financiar el proyecto está “destinado a ayudas que garanticen el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad”, especialmente afectadas por el fin de la actividad de los comedores de los centros educativos.

Desde el principio de la crisis sanitaria, estos menores se alimentan en Madrid fundamentalmente de pizzas, refrescos, sandwiches o hamburguesas de lunes a viernes, a pesar de las advertencias de los nutricionistas y la oposición de las familias, que reclaman menús más saludables para sus hijos e hijas. Hay que tener en cuenta que muchas apenas pueden permitirse seguir una dieta equilibrada debido a las dificultades económicas que atraviesan y el comedor era la forma de cubrir todos los nutrientes.

Las quejas se han producido desde el principio, pero la polémica repuntó con la defensa que hizo la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de los menús, a los que se refirió asegurando “juraría que a la mayoría le encantan” y “que le den un niño a una pizza no creo que sea un problema”. Recientemente, el Ejecutivo regional ha anunciado que mantendrá los cuestionados menús.

Sira hace todos los días el mismo recorrido de casi una hora entre ir y volver. En pleno estado de alarma, sale a la calle para ir a buscar el menú con el que debe alimentar a sus hijos desde hace casi 50 días. La suya es una de las familias que entran en el sistema de la Comunidad de Madrid para garantizar el servicio de comedor tras el cierre de los centros escolares y que ha basado en rescindir los contratos y firmar un acuerdo con Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes. Hoy ha tocado pizza de jamón, ensalada y Coca-Cola. “Es incomprensible que estén alimentando así a nuestros hijos”, dice Sira. Sus palabras son respaldadas por varios nutricionistas, que ponen el foco en los riesgos de consumir este tipo de comida de manera sostenida.

La polémica estalló cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció la medida: los menores de familias que tienen un precio reducido en los comedores por ser beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI) pasarían a cubrir la comida principal del día a base de cadenas de comida rápida. Pero este miércoles ha repuntado tras las quejas de la oposición y las palabras de la presidenta defendiendo los menús: “Juraría que a la mayoría le encantan” y darle una pizza a un niño “no creo que sea un problema”, aseguró.

Desde el 17 de marzo, estas familias, las más vulnerables de la región, acuden de lunes a viernes en la franja horaria de 12.00 a 15.00 al local que les corresponda. Dan el DNI y el nombre de su hijo o hija y recogen los productos. En el caso de Telepizza son pizzas, hamburguesas, ensaladas o bolitas de pollo rebozadas. Rodilla ofrece sandwiches, bocadillos, ensaladas y piezas de fruta. Está pensado para 11.500 menores, pero, según datos de la CAM, la media de menús diaria es de 4.000 entre Telepizza y Rodilla y 650 de Viena Capellanes, que da cobertura a zonas en las que no hay locales de estas empresas.

Tras la polémica generada por las palabras de Ayuso, este jueves la Comunidad de Madrid ha planteado que la Escuela de Hostelería elabore menús para 1.000 familias vulnerables. Sin embargo, el ejecutivo regional va a mantener los menús de Telepizza y Rodilla.

A Sira, que cobra 510 euros de RMI con los que cría a sus tres hijos de 15, siete y dos años, no le queda más remedio que acudir todos los días. Vive en San Fermín, en el distrito de Usera, y al principio iba a un Telepizza que le quedaba más cerca de casa, pero cerró. Ahora tarda casi una hora en ir y volver. “Es todo grasa y mis hijos están engordando”, lamenta. Al mismo tiempo, intenta “hacer malabares” para cocinar carne, pescado, legumbres y verdura la mayor parte de los días.

Su caso es paradigmático porque este tipo de familias, muchas monoparentales, apenas se pueden permitir proteínas ni llenar sus carros de la compra con todo lo necesario para una dieta saludable. En estos casos, el comedor escolar es la forma de cubrir todos los nutrientes. “Muchas veces la única comida completa y equilibrada”, explica Sira, que por eso lamenta que la solución de la Comunidad de Madrid tras su cierre “sea algo tan poco saludable”. “Me siento atacada con las palabras de Ayuso porque si pudiera darles una alimentación 100% equilibrada lo haría, pero hay que pagar el alquiler y las facturas”, cuenta.

“Se está menoscabando la salud de los niños y niñas más necesitados. Es una vergüenza”. Así de contundente se muestra Aurora Serrano, una mujer que ayuda a una de las familias que reciben el menú de Telepizza en el barrio madrileño de Villaverde. Se trata de un hombre y su hijo, que perciben unos 430 euros de Renta Mínima de Inserción (RMI). Antes de la crisis del coronavirus él se dedicaba “a buscarse la vida como chatarrero”, pero “ahora están pasando hambre”. “Le daba yo a sus señorías esto todos los días para comer”, se muestra indignada la mujer, que ayuda con las tareas escolares al menor y con la compra de alimentos para el hogar.

El riesgo para la salud

Las opiniones de Sira y Aurora no son aisladas y varios nutricionistas coinciden en que la alternativa ideada por el Gobierno de la comunidad no es adecuada para el bienestar de la población infantil. Ya alertaron sobre ello varios expertos en un informe en el que se ha basado la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos para llevar el caso al Defensor del Pueblo e interponer una demanda administrativa. “Es una patada y una puñalada a la salud pública”, resume el nutricionista y dietista Julio Basulto. El experto lamenta que se haya optado por “menús malsanos y desequilibrados” precisamente para los niños más vulnerables, “que son aquellos que más riesgo tienen problemas de salud en el futuro” por las dificultades para mantener dietas completas de manera constante.

“No solo queremos que coman, sino que coman bien y tengan salud”, remata Basulto, que explica lo “perjudicial” que es mantener durante tanto tiempo este tipo de dieta: “Es una comida muy pobre en fibra dietética, es rico en sal, en azúcar y tiene una densidad nutricional baja y, por contra, una alta intensidad calórica. Todo eso junto es una bomba” que se asocia a un mayor riesgo de padecer obesidad, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, colesterol... enumera el experto. Todo ello teniendo en cuenta que en este mes y medio de confinamiento los menores apenas se han movido y no han practicado ejercicio físico. “Es lo peor que podemos darles a los niños. Tiene un efecto nefasto sobre la salud y también sobre su educación nutricional”.

Coincide Eva María Navarrete Muñoz, investigadora en Epidemiología de la Nutrición: “Todo lo que hemos encontrado en los estudios previos parece muy obvio, pero no lo es cuando hay gobiernos que en épocas de sedentarismo como estamos viviendo con la COVID la solución es la distribución de comida por cadenas de comida rápida. El mensaje que estamos mandado es un poco contradictorio”, concluye.

Casi todos los productos incluidos en la dieta, de hecho, están definidos como “ocasionales” por la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) lanzada por España en 2005 y consolidada en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. La propia Comunidad de Madrid reserva en su página web un apartado dedicado a la alimentación infantil en la que califica de “fundamental” que los menores coman de forma “saludable, equilibrada y suficiente”. Y entre las recomendaciones incluye literalmente “limitar el consumo de alimentos como bollería, refrescos, pizzas...y consumirlos ocasionalmente” y consumir alimentos ricos en fibra dos o tres veces al día, entre ellos verduras, hortalizas, legumbres o frutos secos. Precisamente los que no están presentes en las dietas ideadas con las cadenas de comida rápida.

Soluciones en otras comunidades

Los nutricionistas lamentan, además, que los menús no responden a la variedad necesaria y tampoco aportan los minerales y vitaminas indispensables. “Son comidas muy repetitivas. Una dieta equilibrada debe basarse en la variedad de grupos de alimentos y diferentes tipos de hidratos”, señala Marta Ros, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y profesora del Master de Nutrición y Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La experta pone el foco, además, en que la comida rápida “no sacia” y “da sensación de hambre muy rápidamente”. El sistema de la Comunidad de Madrid, concluye, “es un disparate” y el argumento de Ayuso “no es científico”: “Es como si decimos que como a mi hijo le gusta el móvil se lo voy a dejar todo el día”.

Todos coinciden en que la alternativa ideada por otras comunidades autónomas hubiera sido más óptima. Por ejemplo, el acuerdo con los supermercados de Canarias, el ingreso en cuenta de la beca de Euskadi o la tarjeta prepagada con La Caixa de Catalunya. En este sentido, Navarrete califica de “increíble” que “un gobierno autonómico fomente la comida basura en lugar de proporcionar un vale para la compra de frutas, verduras, legumbres u otros alimentos beneficiosos para la salud de todos, pero especialmente para los niños, que serán las futuras generaciones”.

Precisamente este sistema es el que están proporcionando algunas ONG como Ayuda en Acción, que ha identificado a 1.400 familias en situación de vulnerabilidad y tras un acuerdo con La Caixa les ha proporcionado tarjetas monedero para utilizar en establecimientos de alimentación. Una de estas familias es la de Fátima, que vive con sus cuatro hijos de 13, 10, siete y cinco años en el barrio madrileño de La Ventilla. Percibe la RMI, pero tras acudir un par de veces al local de Telepizza en el que le tocaba recoger los menús de sus hijos, decidió no volver más. “Era salir todos los días a la calle y no se mantenían las distancias de seguridad, los niños se quedaron con hambre y el segundo día no les gustó porque le quitaron el jamón a la pizza (soy musulmana) y la llenaron solo de tomate”, resume.

Como no era una solución eficaz para la familia ha decidido “apañarse” con los 580 euros al mes que recibe de prestación y los 150 de Ayuda en Acción. “No puedo darles todo lo que les dan en el colegio, pero es que todos los días comer pizzas y hamburguesas no es saludable, no es bueno para ellos”, remarca. Fátima lamenta que la solución al cierre de los centros educativos en Madrid sea ésta e incide en que, con el dinero que el Ejecutivo paga a Rodilla y Telepizza –5 euros por cada menú– “muchas familias podemos comprar alimentos saludables para nuestros hijos. Es incomprensible”.

Rapapolvo de la Audiencia Nacional a Telepizza por su Proyecto Tracker, creado para que los clientes puedan geolocalizar los pedidos a domicilio en tiempo real. El sistema que la compañía adoptó unilateralmente para competir con Domino's Pizza y las plataformas de reparto que se alimentan de autónomos como Glovo y Deliveroo ha sido anulado por el tribunal, tras las demandas presentadas por UGT y CCOO. Los magistrados concluyen que la empresa ha vulnerado el derecho a la privacidad de sus trabajadores con la medida, que obligaba a los repartidores a aportar su propio móvil para el seguimiento de los pedidos.

La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que ha podido consultar eldiario.es, admite las demandas presentadas por los dos sindicatos y tumba así el Proyecto Tracker, con el que Telepizza modificó el año pasado las condiciones laborales de sus repartidores. La compañía, que hizo del reparto a domicilio parte de su marca, tiene a sus mensajeros como asalariados en plantilla, frente a las plataformas de Glovo y Deliveroo que funcionan con autónomos. La geolocalización, justificó Telepizza ante el tribunal, es necesaria “para mantener una oferta similar” a estas plataformas digitales, así como a Domino's Pizza, “principal competidor” para la empresa.

El sistema Tracker implicaba la obligación del empleado de aportar su terminal móvil –necesariamente un smartphone con capacidad para descargarse la aplicación creada por Telepizza– para que el cliente pudiera seguir en tiempo real de los pedidos a domicilio. La compañía dirigida por Pablo Juantegui incluyó esta obligación en los contratos y ofertas de trabajo de los nuevos repartidores a partir del 1 de junio, además de aplicarlo a los ya empleados en la cadena (“a los que quisieron adherirse voluntariamente”, precisan fuentes de Telepizza).

Con este sistema los repartidores estaban obligados a facilitar su móvil, activar la aplicación y la geolocalización durante su jornada laboral y, en caso de negarse o no tener disponible la herramienta de manera reiterada, la compañía establecía que esto era “causa suficiente para la extinción del contrato de trabajo”.

A cambio de que el trabajador aportara su móvil personal, Telepizza compensaba a los empleados con tres euros al mes por el desgaste del terminal y con un pago en concepto del consumo de datos de su tarifa telefónica (que iba de 30 céntimos al mes para las personas con contratos de 24 horas al mes a 1,90 euros mensuales en los casos de contratados a tiempo completo).

Vulneración de la privacidad del repartidor

Los magistrados de la Audiencia Nacional tumbaron el Proyecto Tracker, así como las cláusulas introducidas en los contratos o renovaciones que exigían a los repartidores aportar su teléfono en beneficio de la empresa y que imponían medidas disciplinarias contra los trabajadores en relación a este sistema (la extinción del contrato). Además, concluyen que Telepizza incumplió con la imposición unilateral del programa los requisitos de información y consulta previa a los representantes de los trabajadores.

Fuentes de Telepizza explican a eldiario.es que van a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y que acatarán su contenido hasta que el Alto Tribunal se pronuncie. En cualquier caso, la compañía pretende seguir prestando el servicio de geolocalización a sus clientes. “Tendremos que buscar una nueva fórmula porque no podemos hacerlo como lo estábamos haciendo”, reconocen.

El sistema impuesto supone una vulneración del derecho a la privacidad de los repartidores, concluye la Audiencia Nacional, que recuerda que la localización de una persona es un dato “de carácter personal” y, por tanto, cualquier acción empresarial sobre la misma afecta al derecho de privacidad del trabajador. “Los magistrados recuerdan es posible acordar la geolocalización de los trabajadores, pero que debe hacerse de la manera menos invasiva posible, siguiendo el criterio de proporcionalidad”, explica Anna Ginès i Fabrellas, profesora de Derecho del Trabajo en ESADE, que ha estudiado la sentencia.

Los jueces argumentan que el proyecto Tracker no supera el criterio de proporcionalidad porque la geolocalización se podría haber conseguido a través de “medidas que suponen una menor injerencia en los derechos fundamentales de los empleados”. Como ejemplo, mencionan implantar el sistema de seguimiento en las motocicletas en las que se transportan los pedidos o en pulseras con dispositivos de geolocalización, que no implican que el repartidor aporte “medios propios y lo que es más importante, ni datos de carácter personas como son el número de teléfono o la dirección de correo electrónico”.

La profesora Ginès i Fabrellas subraya la relevancia de la sentencia en su protección de los datos personales aunque estos no sean “muy sensibles, como datos sobre la salud” o de otro tipo. Además, el tribunal advierte de que Telepizza tampoco informó correctamente a los trabajadores de la imposición de esta medida, según establece la legislación de protección de datos.

Un abuso empresarial

La Sala considera, más allá de la vulneración del derecho a la privacidad y de la falta de información a los trabajadores y los sindicatos, que Telepizza cometió “un manifiesto abuso de derecho empresarial” con la exigencia de que los repartidores aportaran el teléfono móvil con conexión a Internet, ya que se responsabiliza al empleado de proveer los medios de trabajo y no garantizarlos supone una penalización, como es la suspensión del contrato.

La compensación económica por facilitar el móvil personal durante la jornada tampoco convence al tribunal. “Resulta de todo punto insuficiente”, apuntan los magistrados, ya que “se calcula el valor de un terminal móvil de baja gama”. Los tres euros mensuales se obtienen de elegir como referencia un precio del teléfono de 110 euros, teniendo en cuenta una vida útil de tres años. Sobre los céntimos que se abonan al mes por el consumo de datos, los jueces precisan que se ha prescindido “de si tal contratación era o no deseada por el empleado para el desarrollo de su vida personal”.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha anunciado este viernes la apertura de un expediente sancionador a Telepizza “por la posible comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 282.7 la Ley del Mercado de Valores”. Se refiere al suministro al regulador bursátil de posible información engañosa sobre la dimisión de su ex consejero independiente Marcos de Quinto, antiguo ejecutivo de Coca-Cola y vocal de la compañía de restauración hasta el pasado 18 de mayo.

Aunque el comunicado no nombra a De Quinto, la CNMV señala que el expediente está relacionado con un hecho relevante publicado el 18 de mayo de 2018 “en el que se informó al mercado sobre la dimisión de uno de sus consejeros independientes y los motivos de la dimisión”. 

Entonces, Telepizza atribuyó la dimisión de De Quinto, expresidente de Coca-Cola en España entre otros cargos, a “motivos personales”, pero posteriormente el ejecutivo aclaró que su salida del máximo órgano de gestión de Telepizza se debió a otra razón: su rechazo al acuerdo que el grupo anunció en mayo para integrar con Pizza Hut sus marcas y poner en marcha una alianza comercial que se comunicó al mercado el pasado 16 de mayo, dos días antes de la dimisión de De Quinto. 

En una entrevista en El Mundo unas semanas después de su dimisión, De Quinto criticó los “desequilibrados” términos de la alianza: “Una OPA [oferta pública de adquisición] hubiera podido aportar mayor valor al accionista y simplificado esta compleja operación. Pero creo que para Pizza Hut el actual acuerdo le salía mucho más ventajoso”.

El ejecutivo también negó que su salida estuviera relacionada con su interés de preservar el plan de pensiones que le proporcionó Coca-Cola, dado que Pizza Hut es una empresa tradicionalmente vinculada a su rival Pepsi. De Quinto fichó por Telepizza en mayo de 2017, dos meses después de poner fin a una trayectoria de 35 años en el gigante de las bebidas azucaradas.

Es la primera vez que el regulador anuncia la apertura de un expediente sancionador. Hasta ahora, únicamente se publicaban las sanciones en el BOE cuando se imponía una multa.

El regulador recuerda que la apertura del expediente “no prejuzga el resultado final del expediente sancionador, en el que el expedientado cuenta con todos los medios que el ordenamiento jurídico le confiere para la defensa de sus derechos”.

La patronal Prodelivery, a la que pertenecen grandes empresas de comida a domicilio como Telepizza y Domino's Pizza, ha accedido finalmente a modificar su convenio colectivo para elevar sus tablas salariales según el salario mínimo interprofesional. Tras la denuncia de CCOO y UGT, de la que informó eldiario.es, de que varias categorías profesionales se habían quedado por debajo del salario mínimo pactado por ley, las partes llegaron a un acuerdo el pasado viernes en un acto de conciliación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

Los sindicatos explican que el acuerdo aún debe llevarse a la Comisión Negociadora del convenio colectivo de Prodelivery, que “procederá a modificar en las tablas del convenio los salarios anuales del ejercicio 2017 y 2018” de las profesiones que no alcanzaban el salario mínimo interprofesional (SMI). Este está fijado en los 735,90 euros al mes en catorce pagas, es decir, 10.302,6 euros al año. La reunión de la Comisión Negociadora tendrá lugar “el próximo 29 de mayo”, explica Sara Durán, representante de Comisiones Obreras.

Por el momento, en Prodelivery no han respondido a las preguntas de este medio sobre este giro en el conflicto con los trabajadores. Desde Domino's Pizza confirman el acuerdo con los sindicatos, aunque optan por no hacer declaraciones sobre su repercusión.

Por otro lado, fuentes de Telepizza explican que “como en toda negociación se acercan posturas y finalmente se llegan a acuerdos. Es la manera que creemos más sana para mantener una buena política de Recursos Humanos”. La multinacional asegura que “se están revisando las nóminas del año pasado para ajustarlo a las nuevas tablas y, en el caso de tener que hacer un ajuste, se procederá a su abono”. Sobre la repercusión de estas modificaciones, la empresa estima que “los casos van a ser mínimos”.

Nuevas tablas salariales en el BOE

Las categorías afectadas pertenecen al Grupo 3 del área de “producción y tiendas” –formado por repartidores, auxiliares en tienda, ayudantes obrador, ayudantes delivery/ayudantes cocinero, ayudantes mecánico, conductores y mozos de almacén–, así como los auxiliares administrativos del Grupo 2 del área de “oficinas”.

Según las tablas salariales del convenio de Prodelivery, el salario anual de referencia para los trabajadores del Grupo 3 está establecido en los 9.690,5984 euros anuales. Sin embargo, según indica el convenio se deben elevar un 0,6% lo que marca la tabla en 2018, por lo que quedaría en los 9.748,74 euros al año (553,9 euros menos que el salario mínimo aprobado para este año). Los de los auxiliares administrativos queda en los 9.551,3 euros al año (751,3 euros por debajo del SMI).

Las nuevas tablas deberán reflejarse en el BOE y tendrá “efectos retroactivos a 1 de enero de 2017, y 1 de enero de 2018 para las tablas correspondientes a 2018”, informa UGT, ya que en enero de 2017 tampoco se ajustaron al salario mínimo.

“Es una pena que reaccionen antes a un titular”

El acuerdo recoge que “todos los trabajadores deben alcanzar como mínimo el SMI correspondiente al año 2017 y 2018”, precisa el comunicado de Comisiones Obreras por lo que Sara Durán espera que las empresas cumplan, “que no lo están haciendo ahora”. “Estaremos atentas porque de no hacerlo estarían incumpliendo un convenio colectivo de forma pública”, añade la sindicalista.

El acuerdo ha llegado este mayo después de meses de conflicto en los que la patronal se había negado a materializar este cambio en las tablas salariales que exigían los sindicatos. No llegaron a un pacto en el ámbito de la Comisión Mixta del Convenio, ni tampoco en la primera reunión en la mesa de mediación del SIMA, paso previo a la interposición del conlicto colectivo.

Finalmente, CCOO y UGT celebran que se haya suscrito el acuerdo en la segunda reunión en el órgano de conciliación. Para Sara Durán, no obstante, es “una pena que estas empresas reaccionen antes a un titular de un periódico que a la demanda de sus trabajadores”. La representante sindical considera que la patronal ha cambiado de parecer después de que se informara públicamente del caso: “Les importa la publicidad, que se sepa que empresas de esta magnitud hacen esto”.

Conflicto entre los sindicatos y la patronal Prodelivery, de la que forman parte Telepizza y Domino's Pizza, entre otras. UGT y Comisiones Obreras denuncian que la Asociación Española de Comidas Preparadas para su Venta a Domicilio (Prodelivery) mantiene varias categorías profesionales con salarios por debajo del salario mínimo interprofesional. Este está fijado en los 735,90 euros al mes en catorce pagas, es decir, 10.302,6 euros al año. Los sindicatos han abierto un conflicto colectivo contra las empresas de comida a domicilio y este viernes tienen un acto de conciliación en el SIMA, organismo de mediación para estos casos. La patronal, tras más de dos semanas de intentos, no ha querido responder a las preguntas de este medio.

El convenio colectivo de Prodelivery fue aprobado en 2016, con las condiciones laborales vigentes para las compañías del sector durante los siguientes dos años, hasta 2018. Los sindicatos señalan que las categorías que se han quedado por debajo del salario mínimo pertenecen al Grupo 3 del área de “producción y tiendas” –compuesto de repartidores, auxiliares en tienda, ayudantes obrador, ayudantes delivery/ayudantes cocinero, ayudantes mecánico, conductores y mozos de almacén–, así como los auxiliares administrativos del Grupo 2 del área de “oficinas”.

Salario base de 9.748,7 y 9.437,7 euros

Según las tablas salariales del convenio de Prodelivery, el salario base anual de referencia para los trabajadores del Grupo 3 está establecido en los 9.690,5984 euros anuales. Sin embargo, según indica el convenio se deben elevar un 0,6% lo que marca la tabla en 2018, por lo que quedaría en los 9.748,74 euros al año. Es decir, 553,9 euros menos que el salario mínimo aprobado para este año.

Por otro lado, el salario base para los auxiliares administrativos del Grupo 2 es algo menor, se queda en 9.551,3 euros al año, 751,3 euros por debajo del SMI fijado por ley.

Hay que decir que el salario base y el salario mínimo“son conceptos diferentes”, recuerda Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. “Puede ocurrir que el salario base tenga una cuantía inferior a la del SMI, si bien la cuantía final percibida por la persona trabajadora a tiempo completo en concepto de salario deberá ser igual o superior a la del SMI”, explica el especialista.

El real decreto que regula el salario mínimo recoge que “el salario mínimo en cómputo anual” que se tomará en la comparación con el SMI, para saber si una empresa se ajusta o no a la ley, debe tener también en cuenta los complementos salariales.

El convenio de Prodelivery establece la existencia de varios complementos salariales a los que pueden optar los trabajadores, como los personales (antigüedad, los de títulos, idiomas, conocimientos especiales) y los de calidad o cantidad de trabajo en forma de incentivos o pluses. Estos complementos deberían ser, como mínimo, de 553,86 euros y 751,3 euros al año para que estas categorías profesionales sumaran los 10.302,6 euros del SMI.

Telepizza dice que es una “cuestión técnica”

Tanto UGT como CCOO aseguran que los trabajadores “están cobrando por debajo del salario mínimo”. César Galiano, responsable de Hostelería de UGT, critica la actitud de la patronal en este tema: “No sé cómo no les da vergüenza mantener estas condiciones salariales”. Galiano asegura que en 2017 ya tuvo lugar la misma situación, pero que este año no lo dejarán pasar y llevarán el asunto a los tribunales si no hay acuerdo este viernes en el SIMA. “Creemos que tenemos la razón jurídica pero también la social, es una inmoralidad lo que están haciendo las empresas”.

Prodelivery, por el momento, ha dado la callada por respuesta. Este medio lleva más de dos semanas intentado recabar la versión de la patronal, pero no ha sido posible. Este jueves, su asesor legal en el conflicto ha rechazado hacer declaraciones al respecto.

Telepizza, una de las mayores compañías del sector, niega que esté pagando a sus empleados por debajo del SMI. Un portavoz de la compañía asegura a este medio que Telepizza “cumple” y ajusta las retribuciones para que lleguen al mínimo interprofesional. Según la misma fuente, el enfrentamiento es más “técnico”: según su versión, los sindicatos quieren que figure el aumento en las tablas salariales, aunque en la práctica su compañía ya lo respeta. “Hablamos por Telepizza, no por la patronal ni el resto de empresas”. Domino's Pizza, por el momento, prefiere no hacer declaraciones hasta que se resuelva el conflicto, según han explicado desde la compañía a eldiario.es.

Desde CCOO, Sara Durán, niega con rotundidad la versión de Telepizza. “Te puedo garantizar que se paga por debajo del SMI. Si no, no habríamos iniciado este conflicto colectivo”, afirma la sindicalista. Durán calcula que “solo una de las tareas” afectadas por esta situación podría llegar al mínimo legal con los complementos salariales, y recuerda que muchos de los pluses de estas empresas son “extrasalariales, que no computan”. La representante espera que la patronal adapte ya los salarios porque la distancia que se está generando con el SMI es muy amplia y para 2019 deben volver a negociar el convenio: “Y el año que viene vuelve a subir el salario mínimo, va a haber una brecha de varios años”.

Llega a tu puerta en moto o bici, incluso andando y en transporte público, con la comida lista para servir. Puede ser una persona que trabaja con un contrato laboral, que reparte como autónomo o al que le pagan en negro. El reparto de comida a domicilio va en ascenso en los últimos años, con cada vez más presencia de las plataformas digitales como Deliveroo, Glovo o Just Eat. Al repartidor tradicional, como el de Telepizza y otras cadenas que apostaron desde hace años por las entregas de pedidos en los hogares, se suman en algunas ciudades los llamados riders de las empresas digitales, cuyo modelo laboral está siendo investigado y ya ha sido sancionado por la Inspección de Empleo. “En Deliveroo han dicho incluso que esto es un hobby. No, es un trabajo y solo les importa explotarte”, critica José*, exrider de la empresa británica.

Javier, de 20 años, trabaja en Domino's Pizza haciendo repartos en un municipio madrileño y tiene un contrato laboral temporal. “De 15 horas semanales, aunque generalmente puedes hacer más. Según el contrato, podemos hacer más horas según como estén los puntos de venta, pero no más de 40”, explica. El salario combina varios factores: “Cobramos 4,85 euros la hora, más 40 céntimos por pedido y luego los complementos de 10 céntimos por nocturnidad a partir de las diez de la noche y de 20 céntimos a partir de las doce”. Al final de mes el sueldo varía bastante, pero en su caso es de unos “300 euros, otras veces he cobrado 260... depende”. El joven eligió este empleo para poder cobrar algo de dinero mientras continúa formándose. “Te permite estar estudiando a la vez, o tener libres las mañanas, y trabajas sobre todo el fin de semana”.

Este era hasta ahora el perfil más habitual de repartidor, explican en UGT. En su mayoría, chicos jóvenes que optaban por este tipo de empleos para poder compaginarlos con sus estudios y obtener unos ingresos. Miguel Justribó, director de Comunicación Corporativa de Telepizza, corrobora que el perfil más habitual de sus más de “7.000 repartidores” es el de estudiantes que “acceden por primera vez al mundo laboral. Hay mucha gente que nos dice 'mi primer trabajo fue en Telepizza'”, cuenta. Según el directivo, hay opciones de promocionar dentro de la empresa: “El director general para Europa es alguien que empezó de repartidor”.

Aunque no detalla el sueldo por hora, por las diferencias según los casos, Justribó afirma que “hay un salario base al que se suman pluses de nocturnidad, calidad del servicio, fines de semana...”. En el caso de esta cadena, el reparto de pizzas a domicilio “fue la seña de identidad de la compañía hace 30 años” cuando este servicio no era habitual y continúa manteniendo sus repartidores “en plantilla, con contratos laborales, y siempre les damos la moto”. Si sus trabajadores sufren algún accidente durante sus turnos, la empresa responde por ellos, asegura.

En el caso de Domino's Pizza, Javier vio cómo funciona su protocolo en el caso de un compañero. “Bajando la moto al taller se escurrió, cayó con las manos y se fisuró el escafoides. Fue nada más empezar, el primer mes de contrato es de prácticas, en el que te pueden echar”, cuenta. Este repartidor “estuvo un mes y medio de baja, cobró el sueldo de las 15 horas semanales y un plus de 90 euros. No sé si esa cantidad siempre es la misma, pero en su caso fue así”.

Nuevos perfiles que llegan con los 'riders'

Si algunos repartidores tradicionales critican los sueldos bajos que cobran, los riders de las plataformas digitales denuncian la nula protección social y la laboralidad encubierta tras su discurso amable y su modelo de trabajo, sustentado en trabajadores autónomos. Ellos tienen que proveer la bici o la moto, que facilitar su móvil para trabajar usando la app de la empresa de turno, y asumir los gastos de impuestos. La aplicación actúa de intermediaria entre los restaurantes y los consumidores, facilitando que sus riders lleven los pedidos de un punto a otro. El modelo de negocio que convierte a estos trabajadores en precarios digitales se repite de manera similar en empresas como Deliveroo, Glovo, Uber Eats y Stuart, denunciadas ante la Inspección por la Intersindical y UGT.

Lo primero que destaca Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, es que “no creemos que sean trabajadores autónomos, no es una relación mercantil. Las plataformas dicen que se dedican solo a la intermediación, pero consideramos que no, que son empresas de distribución y transporte”.

Por parte de UGT, que tiene abierta una vía de comunicación para los trabajadores de este tipo de plataformas (Tu respuesta sindical)Tu respuesta sindical, comparten esta interpretación. Rubén Ranz explica que con la entrada de este tipo de apps en el reparto a domicilio –que se han hecho con el 12% del mercado– detectan nuevos perfiles entre los repartidores: la motivación para elegir este trabajo es “fundamentalmente la necesidad, no es para pasar el rato, que es una de las grandes mentiras que venden desde estas empresas”.

Ranz añade que en UGT han detectado un número muy elevado, “un 70%”, de repartidores inmigrantes que acuden a esta vía de contratación por su facilidad de acceso. Entre los casos estudiados, en Glovo el sindicato tiene constancia de que hay personas que “se alquilan las cuentas entre ellas y los más precarios van andando o en metro para hacer los pedidos”. Con este sistema, los que tienen la cuenta con la plataforma se llevan una parte y el resto se lo da al repartidor que han 'subcontratado'. “Cuando tienen dinero suficiente, estos se compran una bici o alquilan una de BiciMAD (servicio de alquiler público de bicicletas en la capital). Es un tema complicado, son situaciones de necesidad”, explica.

Este nuevo perfil más precarizado también lo ha detectado José. “Antes había más jóvenes, pero cuando se movilizaron en Barcelona y Valencia, por ejemplo, echaron a mucha gente. Ahora hay muchos padres de familia que utilizan este trabajo para que coman sus hijos, no como un complemento salarial”, cuenta el exrider.

Tarifas que “fomentan la división y la peligrosidad”

Diana Morato, directora general de Deliveroo en España, defiende su modelo destacando “la flexibilidad” de los trabajadores, más de mil repartidos por nueve capitales de provincia y algunas pequeñas localidades limítrofes: “Es totalmente flexible, no tienen que dar explicaciones de las rutas que siguen, van por donde ellos quieran y no llevan uniformes”. Para los repartidores tradicionales, destaca Morato, “sería impensable” rechazar un pedido, pero según el sistema de Deliveroo, los riders señalan qué horario tienen disponible y dentro de ese margen “pueden hacer los pedidos que quieran”.

El salario medio es de “10 euros la hora más IVA” –sostiene Morato– por encima del que cobran otros repartidores tradicionales, por lo que considera que su modelo “no está alimentando a la precariedad”, como les acusan. “Lo que puede pasar es que en España hay una realidad complicada a nivel laboral y nosotros damos una opción para generar ingresos, que es flexible y da más opciones a la gente”.

José, que trabajó para Deliveroo en Valencia y colabora con el movimiento RidersxDerechos, critica que la empresa “tienen muy buen marketing, te dicen que 'colaboras', no que 'trabajas' con ellos. También lo visten como un tema ecológico, que fomentan el uso de la bici... Todo mentira, lo que premian con su sistema de excelencia es la eficiencia, que no la consigues si vas en bici sino repartiendo en moto y haciendo muchos pedidos”. Tanto el exrider como UGT señalan las largas jornadas diarias que emplean muchos repartidores de estas plataformas y su reticencia a rechazar los pedidos que les asignan para que “no les penalice” el sistema que adjudica las horas. Los puntos de excelencia como riders les da acceso a elegir el horario de manera prioritaria.

“Los grados de sacrificios son tremendos: la gente acaba trabajando 10 horas diarias. Ese es el caso de la mayoría de las personas a las que les va bien. A los que no hacen eso, no les va bien”, lamenta José. Además, lamenta que este sistema está logrando dividir a los repartidores: “No son tus compañeros, son tus competidores. Que al otro le vaya mal significa que a mí me va mejor. Es una táctica de la empresa para dividirnos y lo están consiguiendo”.

El joven, estudiante de un máster, apunta que es muy difícil explicar el sistema de cobro de Deliveroo “porque lo cambian cada mes”. En general, cobran un fijo por pedido (“3,38 euros”, dice) a lo que hay que sumar algunos pluses según el “plan de tarifas adicionales de cada momento”. Estos premian las horas puntas, es decir, los fines de semana por la noche. El último plan de febrero, al que tuvo acceso el exrider, establece que “cada dos semanas, por cada 25 pedidos te dan 30 euros adicionales, y por cada 30, ganas 100 euros más”. Este gran escalón, de 70 euros por solo cinco repartos más, es un ejemplo “de los incentivos que fomentan que haya que arriesgarse y el trabajo a destajo”.

Rubén Ranz también alerta de la peligrosidad de los “pluses por lluvia” que ofrece Glovo, que impulsa que más riders repartan con condiciones meteorológicas adversas. “En Stuart, les dicen el tiempo en el que deben hacen el pedido. 'Esto lo tienes que hacer en 8 minutos', por ejemplo, lo que supone que tienes que saltarte semáforos” –critica el representante de UGT– “y, si no lo hacen, les mandan un mensaje de que no están trabajando bien, que es importante su compromiso... Son pruebas de que existe una dependencia absoluta de los trabajadores”.

Y los accidentes llegan tarde o temprano, sostienen desde la organización. “En Tu respuesta sindical hemos detectado que a partir del sexto mes todos los que van en bici han tenido algún accidente de trabajo”, cuenta Ranz. Como son trabajadores autónomos, la empresa no cubre ningún tipo de accidente, aunque algunas plataformas como Glovo y Uber Eats están poniendo en contacto a sus riders con algunas aseguradoras. Desde UGT advierten que muchos riders no se dan de baja para no perder reputación en el sistema y que la app les siga asignando horas de trabajo. Un repartidor que iba en moto y sufrió un accidente, cuenta Ranz, tuvo que ser intervenido en una oreja “y se dio de alta antes, porque no podía permitir estar sin trabajar. Es un sistema muy pernicioso y muy peligroso”.

José cree que si no cambian las reglas para estas empresas digitales, sus responsables seguirán beneficiándose y los pedidos llegarán puntuales a nuestras puertas. Aunque los riders cambiarán de rostro. “Este trabajo es muy sacrificado: te explotan hasta exprimirte, hasta que al final te cansas. Porque es eso, al final te cansas y te vas, no se puede aguantar mucho tiempo. Así va la cosa”.

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*Los nombres de los trabajadores, José y Javier, son ficticios, para preservar su anonimato.

El fondo británico de capital riesgo Permira canaliza su participación en dos importantes compañías españolas, Telepizza y Cortefiel, a través de sociedades radicadas en territorios británicos considerados paraísos fiscales para la Administración española. El fondo tiene la intención de sacar a bolsa a lo largo de 2016 a las dos compañías.

Así consta en la documentación depositada en el Registro Mercantil de Luxemburgo por las entidades a través de las cuales Permira, cuya sede administrativa está en Londres, canaliza sus participaciones en la cadena de comida rápida y el grupo textil.

En el caso de Telepizza, la relación con esos territorios opacos se articula a través de Foodco Invest S.à r.l. Esta sociedad radicada en Luxemburgo está controlada por Telefood S.à r.l., la matriz de Telepizza (también luxemburguesa), y se creó tras la refinanciación de la deuda de la compañía y la entrada en el capital del fondo estadounidense KKR (que tomó un 36% de las acciones) y otros fondos en octubre de 2014.

En los estatutos de Foodco Invest ya se recogía que uno de sus administradores tiene domicilio en Guernsey, un territorio con el que el Ministerio español de Hacienda no había firmado un acuerdo de intercambio de información fiscal hasta hace escasas semanas. Foodco Invest también ha comunicado que entre sus accionistas están tres sociedades radicadas en Ugland House, un edificio de cinco plantas en Islas Caimán donde están registradas más de 18.000 empresas que utilizan este territorio completamente opaco como tapadera fiscal.

Entre esas entidades está el fondo de inversión The Children's Investment Fund (TCI), al que el Gobierno español ha convertido este año en el primer accionista privado de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), tras seleccionarlo como inversor de referencia del gestor aeroportuario en su salida a bolsa.

En 2008, durante la campaña electoral en Estados Unidos, ese inmueble en las Caimán mereció la atención del entonces candidato Barack Obama, que se refirió a él en estos términos: “O bien es el edificio más grande del mundo, o bien es la mayor estructura de evasión fiscal existente”, señaló. En Ugland House (código postal 309) están radicadas Valencia Investors Limited, Presidio Investors Limited y Spruce Investors Limited, que en octubre del año pasado recibieron, respectivamente, tres paquetes de cerca de 296.000 acciones de Telefood S. à r.l.

El resto de accionistas de esa sociedad luxemburguesa son el fondo de pensiones de los funcionarios del Estado de Oregón (EEUU), Oregon Public Employees Retirement Fund; una sociedad llamada OHA Centre Street Partnership, L.P. (Delaware, EEUU) y más de una decena de sociedades luxemburguesas.

En Cortefiel, también participada por Permira (que no comenta este asunto), el esquema es parecido. Las entidades que controlan MEP, la sociedad luxemburguesa que ejerce el control del grupo textil, son, según la documentación disponible en ese país, cuatro: Permira Europe III LP1, con domicilio en Guernsey; Permira Europe III LP2 (también en Guernsey), Permira Europe III GmbH & Co (alemana, pero gestionada por la anterior); y Permira Europe III Co-investment Scheme (Guernsey).

A precio de oro

Los propietarios de Cortefiel son PAI Partners, Permira, y CVC, que compraron el grupo textil en 2005 (poco antes de la crisis) en una operación valorada en 1.440 millones de euros que generó una deuda de 1.350 millones y que supuso excluir a la compañía de bolsa, donde cotizaba desde 1994.

Ahora, ante la imposibilidad de venderla de manera directa y diez años después de esa operación (un periodo muy largo tratándose de capital riesgo), se plantean que la empresa (que además de la cadena de ese nombre controla Springfield y Women´Secret) vuelva al parqué. Lo hacen tras un plan de rejuvenecimiento y bajadas de precios bajo la batuta de Ramón Gago, exdirectivo de Inditex, como director general.

Otro tanto ocurre con Telepizza, de la que Permira es, junto a la familia Ballvé (históricamente vinculada al grupo cárnico Campofrío), principal accionista con el 51% de las acciones. Ambos han contratado a Bank of America Merrill Lynch y a UBS para que piloten la salida a bolsa como colocadores. Telepizza cotizó en la Bolsa de Madrid hasta 2006, cuando Permira y los Ballvé la excluyeron de cotización tras lanzar una oferta pública de adquisición (opa) que valoraba el 100% de la compañía en unos 850 millones de euros.

Es un debate abierto. Genera opiniones disparejas incluso entre el colectivo de profesores que son, en última instancia, los que deben tomar la decisión. La entrada de las empresas en los centros escolares es un hecho. No es algo nuevo y generalmente es positivo. Despierta, empero, visiones muy distintas dentro del sector educativo. Aunque nadie duda de que los niños y niñas, por regla general, se lo pasan bien.

En Zaragoza hay varios casos: colegios como El Buen Pastor o San Agustín, los dos en la capital aragonesa, organizaron excursiones a Telepizza. Fueron alumnos de 2º de Primaria los que conocieron el proceso de elaboración de una pizza y el funcionamiento de la empresa. A la fábrica de cervezas La Zaragozana se desplazaron, en 2011, los estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Pablo Gargallo. Son solo dos ejemplos, pero existen muchos más.

En otras ocasiones se anima a los alumnos a participar en concursos que ponen en marcha algunas superficies comerciales. Un caso destacable es el de la empresa sueca Ikea. En 2014 organizó la competición El cole unido decora con estilo. En él podían participar todos los colegios públicos o concertados de Aragón y, el centro con más votos, se llevaría un premio de 6.000 euros. La única exigencia para votar era hacerse el carnet de la tienda. Desde el blog del AMPA del CEIP Lucien Briet se animaba a participar. También Repsol organiza actividades dentro del concurso Repsol Racing Tour.

En todos los casos son iniciativas que, presumiblemente, harán pasar un buen rato a los niños y niñas, pero… ¿es lo más oportuno?

“Hay un interés puramente empresarial y de ganar consumidores”

El sindicato CGT, segundo con más representación en la educación aragonesa, se muestra beligerante con este asunto. No niegan que los alumnos se diviertan, pero estiman que también hay que cuidar las formas. No todo vale.

Fuentes del sindicato aseguran a eldiario.es Aragón que “a las empresas las empuja un interés puramente comercial” y el hecho de poder ganar consumidores. Por añadidura, argumentan, algunas de ellas tienen denuncias por violaciones de los Derechos Humanos, nula política medioambiental o actitudes antisindicales.

En el caso de La Zaragozana ponen en duda que sea conveniente llevar a los niños a un lugar donde se fabrican bebidas alcohólicas. Y cuando hablan de El Corte Inglés basan sus dudas en la precariedad laboral que sufren sus empleados.

El hecho de que muchos centros escolares tengan una mala situación económica, dicen desde CGT, puede ser, indirectamente, uno de los motivos por los que los profesores acaban aceptando las propuestas que realizan las empresas.

“Confiamos en que todas las actividades sean educativas”

Nieves Burón es la secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumn@s de la Escuela Pública de Aragón (Fapar). Recuerda que hace ya muchos años sus hijos también visitaron Telepizza. Su opinión se basa en dar por bueno el criterio de cada profesor.

“Es cada claustro quien ha de valorar la conveniencia, nosotros confiamos en que el planteamiento de todas las actividades complementarias sea educativo y redunde en beneficio de la formación de los niños”, señala.

The Pirate Bay prendió la mecha y la 'ruka' hizo que todo saltara por los aires. En realidad, ambas cosas eran tan solo la punta de un iceberg: los 'community managers' que hay detrás de las cuentas de Twitter de algunas grandes empresas no le tienen miedo al humor y han creado toda una tendencia en la red social de los 140 caracteres.

La conversación que siguió a este tuit con chiste incluido confirmó que la presencia de las marcas en redes sociales ha entrado en una nueva dimensión en la que todo es posible. De hecho, terminaron hablando una superficie comercial, una discoteca, cuatro bebidas alcohólicas, unas palomitas, una tienda de electrodomésticos, un videoclub 'online' y una multinacional tecnológica.

Si alguna vez has soñado con ver en una misma conversación a Windows con Popitas, mientras Malibú, Barceló, Ballentine's, Cutty Shark y Pepsi bromean entre sí y Alcampo celebra el festival del humor junto a Wuaki y Media Market, solo tienes que leer kilómetros de tuits y disfrutar.

¿La cercanía es lo primero?

Una de las cosas que más sorprende al intentar acercarse al mundo de los 'community managers' es su hermetismo. Salvo el responsable de comunidad más popular del país, Carlos Fernández Guerra, el hombre que hay detrás de la cuenta de Twitter de la Policía Nacional, los demás profesionales consultados prefieren permanecer en el anonimato e incluso no desvelar su sexo.

Paradójicamente, al ejercer su profesión, reconocen que lo primero es escuchar a sus clientes y mostrarse tan cercanos como sea posible. Humanos, pero sin nombre. “Creemos firmemente en practicar una escucha activa con nuestros clientes, y las redes sociales son una herramienta clara de escucha. Obviamente, se adapta el lenguaje al medio”, explican desde Alcampo.

En realidad, el asunto va mucho más allá. Las marcas no solo han sabido adaptar su lenguaje a Twitter, sino que han creado un pequeño ecosistema formado por todas esas empresas tras las que hay un 'community' cachondo, hasta tal punto que ya no solo interactúan con clientes, sino que también lo hacen entre ellas.

Desde Popitas aclaran cuál es el objetivo de una estrategia como esta: “En el mundo 'online' está claro que conseguir ventas directas sin poseer una plataforma con la que dirigir a la gente a tus tiendas es complicado, así que lo que buscamos es que la gente conecte emocionalmente con la marca”.

Esa parece ser una de las claves. Las marcas buscan conectar con los usuarios tirando de humor y, sorprendentemente, en la mayoría de los casos no hay una planificación previa. “El requisito en redes es la improvisación, el momento divertido surge rápido”, explica la persona encargada de las redes sociales de Malibú.

“¿Por qué no vamos a mostrarnos cercanos?”, se pregunta. “Para nosotros es básico que la gente se olvide de que somos una empresa. Nos obsesiona ser cercanos”.

Guiños policiales

Probablemente, todo empezó con la gestión del perfil de la Policía Nacional. Tal y como relata su responsable, Carlos Fernández Guerra, “en 2012 éramos líderes cuantitativos: ofrecíamos un servicio público que creo que era muy bueno, hacíamos servicios al ciudadano y dábamos consejos”.

Todo cambió poco después, por iniciativa del propio Fernández. “En enero de 2013 me di cuenta de que si queríamos llegar a más gente había que impactar. Para concienciar, para prevenir... Mi idea era utilizar un lenguaje más cercano a la gente. Sorprenderles y emocionarles es clave”.

A partir de ahí, @Policia creó escuela y algunas marcas empezaron a tirar de humor en Twitter, aunque Fernández observa algunas diferencias. “Nosotros no hacemos humor, nosotros hacemos guiños”, matiza el 'community'.

En cualquier caso, lo cierto es que las marcas (y las instituciones) se arriesgan y ponen en peligro su imagen, que puede verse perjudicada por un tuit pasado de revoluciones o un chiste de mal gusto. “Jugamos con fuego y te puedes acabar quemando”, explica Fernández. Precisamente, él sabe que cualquier error en redes sociales puede salir caro y convertir un tuit en toda una polémica.

“Todo tiene su momento. Si tienes un problema, no quieres un chiste, sino respuestas”, nos explican desde el departamento de comunicación de Telepizza. Obviamente, hay líneas rojas y los 'community managers' de algunas marcas saben de sobra lo que es jugar con ellas.

“Parte del encanto de todo es que a veces hemos puesto el pie más allá de la línea roja. Si no flirteas un poco con los límites, eres una marca más”, explica la persona que hay detrás de las palomitas tuiteras de Popitas. Con un límite claro: “En ningún momento puedas olvidar que hablas en nombre de una marca y empezar a tuitear como si fuera un perfil personal”.

La mayoría de estos profesionales insisten en señalar que no hay nada planificado. Si acaso, una estrategia más o menos marcada en la que lo primero es “humanizar las redes”, como nos cuentan desde Malibú.

Sin embargo, en lo que no parecen ponerse de acuerdo es en las barreras del humor. Mientras marcas como Media Markt han sabido llevarlo hasta la polémica, otras empresas prefieren andar con pies de plomo en este terreno. “No nos vamos a pillar los dedos ni vamos a meternos con nadie, porque nunca sabemos dónde se nos va a montar la crisis”, explican desde Malibú.

En esto del humor, Jot Down y su famosa bola de billar también han dado que hablar en muchas ocasiones. “No creemos que haya límites en el humor, pero tampoco creemos que estemos cerca de esos hipotéticos 'no límites'”, explica Carles Foguet, director de comunicación de la revista.

El caso de Jot Down representa a la perfección cómo han llegado las marcas a vivir en un constante festival del humor en Twitter sin estrategias previas. “El método error/acierto es el que usamos. Vamos dando pasos pequeñitos hacia adelante y cuando te equivocas vuelves un paso para atrás y sigues avanzando”, explica Foguet.

Así, entre chistes, guiños y errores las marcas se presentan en Twitter simplemente como a los tuiteros les gusta, o al menos eso parece señalar su éxito. A pesar de reconocer que es un arma de doble filo, estos 'community managers' tienen claro que el toque cómico no ha hecho sino beneficiar a sus marcas. Solo nos queda sentarnos y disfrutar del espectáculo. Eso sí, cuidado con la 'ruka'.

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