El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un Plan estratégico de memoria que plantea la creación de diversos espacios memoriales y actividades para “contrarrestar una cierta falta de transmisión pública y educativa de la historia del siglo XX”. Entre las principales propuestas destaca la inauguración de un espacio memorial en el Castillo de Montjuïc sobre el terrorismo.

Este museo, que también funcionará como archivo y centro de investigación, zanja una larga negociación con las víctimas del terrorismo, que hace años que piden a diversas instituciones -entre ellas el Ayuntamiento- más reconocimiento y acompañamiento. El consistorio se comprometió a crear este espacio ya en 2024 y ahora queda financiado bajo el paraguas de este Plan estratégico.

Se espera que las obras finalicen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio de memoria y museo no se estrenará hasta 2027. La idea es que este castillo, históricamente vinculado a la represión militar y en el que se llevaron a cabo diversas ejecuciones durante el franquismo, tenga 200 metros cuadrados dedicados a la divulgación sobre estos episodios.

El consistorio apunta que combinará una exposición permanente con actividades de investigación y educativas. “Barcelona ha estado marcada por episodios de alto impacto, como los atentados multitudinarios de Hipercor, en 1987, y de la Rambla, en 2017, que han dejado una profunda huella humana, social y emocional en la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, el memorial pretende ser un espacio que explique “con rigor y sensibilidad” el terrorismo “en toda su complejidad, situando a las víctimas en el centro y contribuyendo a su reconocimiento”.

La teniente de Alcaldía del área de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, considera que “se debe preservar el pasado para fortalecer el futuro” y destaca que el Plan de memoria es “fruto de un proceso colectivo”. A él han contribuido diversas entidades como el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la Asociación Pro-Memoria de los Inmolados por la Libertad en Catalunya, el Ateneu de Memoria Popular, el Amical de Mauthausen, el de las Brigadas Internacionales, el espacio feminista Ca la Dona o la Fundación Cipriano García.

Y es que, además del memorial de terrorismo, el Plan -financiado con 6.151.280 euros- contempla otros proyectos, como el Centro Model de la Memoria, que transformará la antigua galería 4 de la cárcel en un espacio museístico. También se revisará la normativa del nomenclátor de la ciudad para “garantizar la coherencia y la precisión historiográfica”, así como para impulsar nombres que, hasta ahora, han sido “poco visibles”, con especial atención a la “necesaria feminización” de las calles.

Por último, también se reactivará la Junta de Valoración del Tardofranquismo, que revisará los protocolos e incorporará perfiles no contemplados hasta la fecha, como el de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, las represaliadas por motivos políticos o morales o las perseguidas por su orientación sexual y de género.

Además, se prevé realizar un ciclo de actividades, con diversas propuestas educativas, así como la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de Barcelona. En él, se identificarán los espacios de la ciudad vinculados al tráfico de esclavos. “Son memorias que han estado largamente silenciadas y la ciudad conserva numerosas trazas de esta participación, desde los domicilios de armadores de indianos hasta aquellos financiados con capitales procedentes de la explotación”, apuntan desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Palma, con los votos a favor del PP y Vox, ha dado un paso más para blindar el mayor monumento franquista de Balears, el situado en el parque palmesano de Sa Feixina en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes, en plena ofensiva fascista, contra la población que huía de Málaga a Almería -más de 300.000 personas, según algunas invesigaciones-, episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'. Los historiadores calculan que fallecieron entre 5.000 y 10.000 civiles. 

La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este viernes la inclusión definitiva del monumento en el Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una medida que, de ratificarse en el próximo pleno municipal, le otorgará el máximo grado de protección patrimonial.

El monumento, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue erigido por el franquismo en 1947 para homenajear a los marinos del buque de guerra que protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias.

Un año después, el Crucero Baleares fue torpedeado por la flota republicana durante la batalla del cabo de Palos. El barco se hundió con más de 700 hombres a bordo, muchos de ellos reclutados en Mallorca. El régimen franquista lo erigió en emblema de heroísmo y martirio nacional y lo utilizó como herramienta de propaganda en todo el país, mientras las víctimas del bombardeo fueron abocadas al olvido.

El monolito, diseñado por los arquitectos Francisco Roca Simó y Antoni Roca Cabanellas, fue construido gracias a las abundantes donaciones de particulares y empresas que reunieron las 100.000 pesetas que costó su ejecución. Fue inaugurado en 1947 con la presencia del dictador Francisco Franco.

Aunque las fuerzas progresistas que gobernaban el Ayuntamiento lo 'resignificaron' en 2010, al abrigo de la Ley de Memoria Histórica, con la retirada de la simbología franquista explícita, como la cruz laureada, las asociaciones memorialistas denuncian que su origen continúa ligado a la exaltación de los vencedores del golpe de Estado contra la Segunda República.

“Una piedra que glorifica la violencia contra la población civil”

Desde Més per Palma, su portavoz, Neus Truyol, ha denunciado que la decisión supone consolidar un símbolo “fascista” en el espacio público. “No puede haber neutralidad ante un símbolo franquista. O estás con las víctimas o estás con los verdugos. Y PP y Vox han elegido bando”, ha afirmado.

La formación ecosoberanista considera que la protección del monolito forma parte de una estrategia más amplia de la derecha para “blanquear el franquismo” en un contexto marcado por la derogación de la ley balear de memoria democrática y decisiones como la cancelación de actos de homenaje a víctimas del franquismo, como Aurora Picornell, conocida como 'la Pasionaria' de Mallorca y asesinada por el franquismo la noche de reyes de 1937.

“Se está blindando una piedra que glorifica la violencia contra la población civil mientras se abandona el patrimonio vivo de Palma”, ha criticado Truyol, quien ha recordado que existen más de 600 elementos patrimoniales en la ciudad pendientes de protección.

El proceso para catalogar el monolito arrancó el año pasado con su aprobación inicial en la Gerencia de Urbanismo. La votación definitiva está prevista para el próximo pleno municipal, donde previsiblemente saldrá adelante con la mayoría de PP y Vox.

“Exponente del 'art déco'”

El pasado mes de noviembre, ambas formaciones se opusieron en el Parlament balear al derribo del monumento. “Hay informes que le otorgan un valor artístico digno a proteger y se le considera un exponente del art déco”, defendió entonces la diputada del grupo popular Cristina Gil. Aludía, en concreto, al documento elaborado por el historiador Jaume Llabrés, quien señala en su informe que el monolito “es la única construcción relevante” de este estilo arquitectónico en la capital balear. “Forma parte de una etapa muy significativa de la evolución de la arquitectura del siglo XX en Palma y, una vez desprovisto de toda su simbología original, merece ser preservado”, concluía.

Con su silueta de hormigón armado y su impronta monumental, el monumento de sa Feixina ha servido, además, de fondo para algunos los actos políticos de Vox. Desde su irrupción institucional en las islas en 2019, la formación de extrema derecha ha utilizado este lugar como escenario simbólico para sus manifestaciones en defensa de lo que denominan “la historia de España sin complejos”.

El 20 de noviembre de 2023, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco, varios miembros del partido acudieron al lugar en una acción no oficial, pero ampliamente difundida en redes sociales. Fue además en esta zona donde el líder de Vox, Santiago Abascal, celebró en abril de 2023 el mitin principal de precampaña del partido en Balears. En otras ocasiones, Falange ha organizado ofrendas florales en el monolito como homenaje a los “caídos por Dios y por España”, mientras que la organización ultracatólica HazteOir ha convocado concentraciones en sa Feixina en varias ocasiones, especialmente en 2016 y 2017, cuando se intensificó el debate sobre la posible demolición del monumento.

Mientras PP y Vox velan en Palma por la protección del monolito, la Asociación Contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha puesto en marcha un proyecto en la plataforma Goteo con el objetivo de recaudar fondos para levantar un monumento, por suscripción popular, en reconocimiento de los protagonistas de 'La Desbandá'. La escultura se levantará en el Campus de Teatinos, tal como se establece en el convenio firmado por la ARMH y la Universidad de Málaga, y contará con un diseño coherente con otras levantadas en pueblos del valle del Guadalhorce.

El concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona Juan José Echeverría ha criticado al Gobierno municipal (EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) por querer “convertir” la capital navarra “en un parque temático de la Memoria”. “Van a hacer aquí un Sendaviva de la Memoria para que al final todos estemos paseando por una Pamplona con todo memoria por las esquinas”, ha espetado para defender una propuesta de declaración en la que el partido regionalista cuestionaba la necesidad de destinar a la Memoria Histórica dos edificios del centro de la ciudad, el Palacio Marqués de Rozalejo y el monumento a los Caídos.

“Todo va a ser de la memoria. ¿Es que va a quedar algún espacio sin ser de la memoria? Siempre que les aceptamos algo, ustedes suben la apuesta”, ha señalado el concejal regionalista Juan José Echeverría, orillando que en Navarra más de 3.000 personas fueron asesinadas por el franquismo y que en su gran mayoría fueron enterradas en fosas comunes.

Pero el concejal de UPN no se ha quedado ahí. Tras comparar la Memoria Histórica con un “parque temático”, Juan José Echeverría ha reprochado al PSN que “dejase” redactar la Ley de Memoria “a Otegi”. “Esa ley es la ley de Otegi”, ha afirmado. También ha criticado a Geroa Bai por gobernar Pamplona “con un partido dirigido por un terrorista condenado por secuestrar a un señor y tenerlo diez días metido en una cueva”.

También el concejal del PP Carlos García Adenero ha cuestionado que se dediquen dos espacios a la Memoria en la ciudad de Pamplona. “Tal y como están los tiempos me parece excesivo”, ha apuntado.

El resto de grupos ha criticado las palabras del concejal de UPN. Desde EH Bildu, el concejal Joxe Abaurrea le ha emplazado a que diga qué quiere hacer UPN con los Caídos. “Tendremos que pensar que UPN quiere que siga siendo lo que ha sido históricamente, un mausoleo para honrar al franquismo y a los criminales que estaban ahí enterrados”, en referencia a los generales golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo, cuyos restos estuvieron en el monumento hasta que fueron exhumados en 2016.

“Han dejado muy claro que prefieren pasado a cualquier futuro de esta ciudad”, ha lamentado la portavoz socialista, Marina Curiel. Desde Geroa Bai, Mikel Armendáriz le ha afeado que “hable de ETA” y meta a todos los partidos “en el mismo saco”. “Siempre hemos estado con las víctimas”. “En memoria histórica, el retroceso reaccionario d UPN es más que evidente”, ha criticado Txema Mauleón, de Contigo/Zurekin.

A finales de 2024 EH Bildu, Geroa Bai y PSN firmaron un acuerdo en Pamplona para resignificar y derribar parte de los Caídos, el segundo mayor monumento de exaltación franquista de España tras Cuelgamuros y el primero enclavado en un entorno urbano. El edificio será reconvertido en un museo memorial “para la recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo” que llevará el nombre de Maravillas Lamberto,  la adolescente de 14 años que fue violada y asesinada por los falangistas en agosto de 1936.

Dos miembros de la Gazte Koordinadora Sozialista o GKS (en castellano Coordinadora Juvenil Socialista), ataviados con máscaras y material de escalada, se han descolgado este viernes de la fachada principal del monumento franquista Los Caídos de Pamplona para exigir su derribo. También han colgado del edificio diferentes pancartas para pedir “hacer frente al fascismo” y llamar a la movilización que la organización ha convocado el sábado 31 de enero en Pamplona y que, precisamente, partirá desde este monumento.

La zona ha sido acordonada por la Policía Municipal y la Policía Nacional. Desde GKS señalan que han “amenazado” a los activistas con detenerles, si bien fuentes de la Policía Nacional señalan a este periódico que por el momento se contempla una sanción administrativa y que valorarán una posible detención una vez bajen al suelo. Al lugar también se han desplazado efectivos de bomberos. Tras ocho horas descolgados, a las 17:00 horas han bajado al suelo, coincidiendo con una movilización convocada por GKS a través de las redes sociales.

Enclavado al final de la calle Carlos III, una de las principales arterias de la capital navarra, se encuentra el que es el segundo monumento de exaltación del franquismo más grande de España, solo por detrás del Valle de Cuelgamuros. En noviembre de 2024 EH Bildu, PSN y Geroa Bai acordaron su resignificación para convertirlo en un espacio de Memoria. El acuerdo contó con el rechazo del otro socio del Gobierno municipal, Contigo/Zurekin, así como de diferentes colectivos memorialistas.

También lo rechaza GKS, organización que nació en 2019 tras la escisión de Ikasle Abertzaleak, histórica organización del movimiento estudiantil de la izquierda independentista vasca, cuya referencia actual es el partido Sortu, principal fuerza dentro de EH Bildu. En un comunicado explican que “el Monumento a los Caídos está construido para homenajear a los fascistas, que tantos trabajadores asesinaron en el franquismo”. “Por ello, defendemos su derribo”, añaden.

No es el primer acto de vandalismo que protagoniza GKS en el monumento franquista a los Caídos. Hace un año el inmueble amaneció rociado con pintura roja y con pintadas en euskera a favor de su derribo: “Caídos eraitsi” (Caídos, demolición) y “Faxismoaren aurka lehen lerrora” (En primera línea contra el fascismo). 

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha designado a las diez personas integrantes del jurado del concurso internacional de arquitectura para la transformación del monumento a los Caídos en un museo memorial. Este jurado seleccionará hasta un máximo de cinco propuestas, que posteriormente se expondrán a la ciudadanía para que realice sus aportaciones. El proyecto técnico final creará un museo memorial “para la recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo”, con transformación de su entorno urbano.

El jurado estará presidido por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, con la vicepresidencia del concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea. Como vocales participarán la vicepresidenta y consejera del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; el director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza; la gerente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, Pilar Pardo; la directora del Área de Proyectos del Ayuntamiento de Pamplona, Maialen Ariz; la experta en memoria histórica Nuria Ricart; la arquitecta especialista en diseño de espacio urbano Carme Pinós; y el arquitecto invitado por la Gerencia de Urbanismo Guillermo Vázquez.

La secretaría estará a cargo de la letrada de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, Nekane Agreda. En el jurado también participarán, con voz, pero sin voto, el concejal de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izaguirre; la directora de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Cristina Arregui; la directora de Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, Amaia Anaut; y la jefa del Servicio de Proyectos, Soledad Castiella.

Una de las tres personas expertas seleccionadas para el concurso es Nuria Ricart Ulldemolins, profesora agregada de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona (UB). Licenciada en Bellas Artes y doctora en Espacio Público y Regeneración Urbana, es Premio Extraordinario de Doctorado (2009, UB) y Máster en Diseño Urbano (2005, UB).

Sus líneas de investigación versan sobre la monumentalidad, el arte público, el espacio público y la memoria. Actualmente forma parte del equipo de investigación del proyecto PERMORIA y ha sido investigadora principal del proyecto Arte público y memoria (2017-2022), además de dirigir el Grupo de Investigación Arte Público. Memoria y Patrimonio.

Colabora con el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM - Fundación Solidaridad UB) en proyectos expositivos y de arte público, entre los que destaca el proyecto Museográfico del Espacio de Memoria de la Cárcel Modelo (Ayuntamiento de Barcelona, 2023) y Patrimonios Incómodos I y II (2021-2023, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática). Ha dirigido el proyecto Barcelona, Ciudad de Mujeres, en colaboración con Rebecca Solnit (2022-2023, Regiduría de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona).

En su faceta artística, diseña obras de arte público como el Espacio de Memoria, Monumento Cárcel de Mujeres de les Corts, Barcelona (2019; 2024), Deconstruir el Franquismo (2018-2019); y Cartografías de la Mina (2001-2007). Asimismo, ha publicado Un lugar inacabado (PUV, 2022); y Arte Público y Memoria (Catarata, 2022).

La otra experta es la arquitecta especialista en diseño de espacio urbano Carme Pinós Desplat, galardonada, entre otros, con el Premio Oris 2023, la Medalla de Oro de la Arquitectura 2022, el Premio Arnold W. Brunner 2022, Premio Essentially Mallorca 2022 o el Premio Nacional de Arquitectura 2021. Su obra está presente en colecciones del Centre Pompidou de París o del MOMA de Nueva York. Como docente, ha sido profesora invitada en la Universidad de California-Berkeley, L'École Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Malaquais et Paris-Val de Seine, Harvard University Graduate School of Design, Columbia University en Nueva York o Universitá de Venezia.

El tercer experto es Guillermo Vázquez Consuegra, medalla de Oro de la Arquitectura Española 2016 y Premio de Arquitectura Española 2005. Gran Premio de las Bienales de arquitectura de Buenos Aires 2011 y Pisa 2023, es profesor invitado en varias universidades europeas y americanas y miembro Honorario del American Institute of Architects, Hon.

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha el concurso internacional de arquitectura que permitirá transformar el monumento a los Caídos en un museo memorial “para la recuperación de la memoria democrática y la denuncia del fascismo”. Según ha explicado este lunes en rueda de prensa el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, no se trata de la segunda fase del concurso de ideas lanzado en 2018, sino de un nuevo procedimiento que cuenta con unas bases “muy distintas”.

Ha explicado Abaurrea que “hay un debate histórico alrededor de ese edificio”, que “desde un principio estuvo destinado a la exaltación del franquismo y del propio golpe de Estado”. Es el segundo mayor monumento franquista de España, solo superado en tamaño por el de Cuelgamuros. “Siempre ha generado un debate por representar un elemento de opresión simbólica importantísimo en la ciudad”, ha subrayado, según recoge Europa Press. El objetivo, ha dicho, es realizar una “transformación profunda, radical”. “No es una cuestión cosmética”, ha manifestado, tras remarcar que otro objetivo es realizar una “desactivación simbólica” desde la perspectiva de la arquitectura y que también se modificará el espacio en torno al edificio. Además, ha destacado que se buscará “la mayor calidad arquitectónica y musealística” y que no se persigue ningún “proyecto faraónico”.

El complejo arquitectónico de los Caídos se encuentra al final de la Avenida Carlos III, una de las principales arterias de Pamplona, y que conecta en el otro extremo con la céntrica Plaza del Castillo. Fue construido en 1942 por el arquitecto y miembro de la Junta Central Carlista de Navarra Víctor Eusa en honor a los 4.500 navarros del bando sublevado que fallecieron la Guerra Civil y para albergar los restos mortales de los máximos responsables de la sublevación militar en el 36, Mola y Sanjurjo, así como de otros seis combatientes del bando sublevado, todos ellos exhumados en 2016 en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica.

El monumento cuenta con varios elementos que contienen simbología franquista. Uno de ellos es la inscripción grabada en el frontispicio del edificio principal, que reza: “Navarra a sus muertos en la Cruzada”. El texto se encuentra desde hace años tapado por una lona, lo que ha permitido que el complejo haya esquivado la ley de Memoria Democrática. Además, en el interior del monumento también se taparon varias inscripciones, si bien se dejaron al descubierto los frescos de la cúpula, obra del pintor Ramón Soltz en los que se aprecia a Francisco Javier bautizando en Oriente.

Se seleccionarán un máximo de 5 propuestas, que previsiblemente se conocerán en abril, y que se explicarán a la ciudadanía para que pueda tomar parte en un proceso participativo que tendría lugar antes de verano. Las aportaciones se integrarán en un proyecto técnico que, mediante un procedimiento negociado, llevarán al desarrollo de las obras, cuya licitación podría producirse “entre finales de este año y principios del siguiente”.

La transformación deberá ajustarse a lo establecido en el 'Acuerdo Político para la Transformación del denominado Monumento a los Caídos y creación del Centro de Interpretación Maravillas Lamberto', aprobado por el Pleno del 6 de febrero de 2025, al Informe del comité de personas expertas sobre la transformación del monumento de los caídos de Pamplona y a la ficha modificada del Catálogo del Plan Municipal.

Estas tres especificaciones marcan la diferencia respecto al concurso iniciado en 2018, así como su dimensión internacional. El plazo para la presentación de ofertas será de dos meses, a partir de la publicación del concurso en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los tres objetivos del concurso son “la desactivación del monumento a nivel simbólico, a través de una nueva interpretación del espacio acorde con los valores democráticos y contemporáneos; la proyección del futuro museo memorial, actuando de forma integrada tanto en el edificio como en su entorno urbano; y la transformación de la estructura simbólica en el paisaje urbano, modificando las jerarquías” y permeabilizando el tránsito entre el Ensanche y Lezkairu.

La transformación “se aborda desde el enfoque de memoria democrática, lo que implica un trabajo interdisciplinar que posibilite a través de la transformación física y simbólica un análisis crítico, teórico e histórico del pasado”. Este futuro museo memorial se complementará con otros espacios relativos a la memoria democrática como el Instituto Navarro de la Memoria, ayudará a crear un proyecto memorialístico de la ciudad, “que la configura como una 'Ciudad con Memoria' y la sitúa como nodo internacional con el resto de museos memoriales del mundo”.

Requisitos y premios

Entre los requisitos se encuentra el cumplimiento de las determinaciones señaladas en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona, “atendiendo en todo momento al grado de protección”. También se deben incorporar los criterios establecidos en el 'Acuerdo Político para la Transformación del denominado Monumento a los Caídos y creación del Centro de Interpretación Maravillas Lamberto', aprobado por el Pleno Municipal del 6 de febrero de 2025, y los criterios sobre el contenido del futuro museo memorial señalados en el informe del comité de expertos presentado en octubre de 2025.

Entre estos últimos criterios, se destacan la puesta en práctica de los principios recogidos en la Carta Internacional de Museos Memoriales del Comité Internacional de Museos Memoriales y de Derechos Humanos (ICMEMOHRI), el planteamiento de los principales ejes temáticos del nuevo museo memorial, y la adaptación a los usos y necesidades del proyecto.

Todas las cuestiones señaladas en el informe técnico del Comité de Personas Expertas serán de obligado cumplimiento, excepto los aspectos formales de actuación y el modelo de gestión del museo, que tienen carácter orientativo y se podrán tener en consideración al proyectar.

El ámbito del concurso abarca el propio monumento, la plaza de la Libertad, la parte posterior del parque de Serapio Esparza y las calles colindantes. Por ello, los requisitos contemplan el estudio e integración de los accesos y servicios a los edificios ya existentes, el arbolado de la plaza y el parque, el aparcamiento subterráneo y sus accesos, y la escultura 'Coreano', de Jorge Oteiza. En el condicionado se menciona la posibilidad de que el propio proceso de materialización de la propuesta forme parte del proceso de resignificación del monumento y su entorno. Cada propuesta seleccionada recibirá 20.000 euros, IVA incluido, por lo que el valor estimado del concurso será, como máximo, de 100.000 euros.

El concurso de proyectos será anónimo y se llevará a cabo mediante procedimiento abierto. Las personas participantes presentarán sus propuestas, que serán evaluadas por un jurado. El jurado seleccionará un máximo de cinco propuestas y podrá hacer recomendaciones y sugerencias. Las conclusiones recabadas serán trasladadas a las seleccionadas y se tendrán en cuenta en la negociación o condicionado que rija en el contrato derivado que pueda tramitarse.

Después se desarrolla la fase informativa, con la exposición de las propuestas seleccionadas por parte de sus autores, para que la ciudadanía pueda realizar sus aportaciones, que tendrán un papel fundamental en la elección del proyecto ganador. El informe técnico que se realice recogerá estas aportaciones, que formarán parte del contrato derivado de elaboración del proyecto y, en su caso, de la dirección de obra.

La tercera fase del concurso será el procedimiento negociado, sin convocatoria de licitación, en el que tendrán derecho a participar las propuestas premiadas en el concurso de proyectos. Las prescripciones técnicas y las condiciones particulares se elaborarán una vez terminada la fase informativa, y el presupuesto del proyecto se ajustará a la capacidad de inversión prevista.

La valoración de las propuestas se centrará en su calidad global y conceptual. Los criterios de valoración tienen en cuenta “la adecuación de la propuesta al objetivo de desactivar el monumento a nivel simbólico” y transformarlo en objeto de musealización, valorado con hasta 27 puntos. Otro de los criterios es la adecuación arquitectónica y funcional como futuro museo memorial, criterio valorado con hasta 27 puntos. También tiene esta valoración de 27 puntos la propuesta urbanística sobre la nueva conformación del espacio público. Por último, se valora la viabilidad técnica y económica de la propuesta, con hasta 19 puntos. El jurado podrá declarar el concurso desierto si ninguna propuesta alcanza la valoración mínima de 30 puntos sobre 100.

Dos lugares de Memoria han amanecido en los últimos días vandalizados con mensajes franquistas y que niegan la violencia policial. Se trata de la placa memorial sobre los centros de detención durante el franquismo y la placa en recuerdo de Germán Rodríguez. Los hechos ya han sido denunciados por Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra.

La placa memorial sobre los centros de detención durante el franquismo, situada junto a la Plaza de Toros de Pamplona, ha aparecido cubierta de pintadas, entre ellas una diana con una inscripción en su interior que dice 'Perro Schz' y otra que dice 'Viva Franco'.

En el caso de la estela en recuerdo a Germán Rodríguez, víctima de la violencia policial, ubicada en la avenida Roncesvalles de la capital navarra, apareció cubierta con una nueva leyenda que decía: 'En memoria de Germán Rodríguez, asesinado el 8 de julio de 1978 por la izquierda abertzale. Germán 'Herria zurekin' (el pueblo contigo)'. Desde la plataforma Sanfermines 78: gogoan!, la placa junto a la estela de Germán, explican que la placa original reza: 'En memoria de Germán Rodríguez Saiz, muerto por disparo de la Policía el 8 de julio de 1978'.

Este texto, “se encuentra inscrito en un plástico duro, cortado a la medida del anterior y cubriéndolo por completo y pegado con una cola consistente, por lo que no se trata de una mera pintada improvisada, sino de algo previamente pensado y preparado”, lamentan desde la plataforma.

Los dos actos vandálicos han sido denunciados por la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, según han avanzado ellos mismos a través de un mensaje en redes sociales en el que han condenado los hechos. “No callarán nuestra memoria”, han aseverado.

PP i Vox s'han oposat a l'enderrocament del major monument franquista de les Balears, erigit el 1947 al parc palmesà de Sa Feixina per glorificar els “herois” del Creuer Baleares, que el 1937 havia dut a terme un bombardeig contra la població civil que fugia de Màlaga a Almeria en plena ofensiva feixista –episodi històricament conegut com 'la Desbandada'– i va acabar enfonsat un any després. “Hi ha informes que li atorguen un valor artístic digne a protegir i se li considera un exponent de l'art déco”, ha defensat la diputada del Grup Popular Cristina Gil.

Tant conservadors com extrema dreta han votat aquest dimarts contra una Proposició No de Llei (PNL) amb què el Grup Socialista pretenia instar el Govern balear a promoure la retirada de l'estructura per crear-hi un espai de memòria que reconegui les víctimes de la dictadura, i a recolçar la seva inclusió al cens estatal de simbologia franquista. La iniciativa, rebutjada en la seva totalitat, també cercava emplaçar l'Ajuntament de Palma a no incloure el monument al catàleg municipal d'elements protegits.

Durant la seva defensa de la proposta a la Comissió d'Assumptes Institucionals, el parlamentari del PSIB-PSOE Omar Lamin ha recriminat que el fet de posar en valor el monument és “un problema de democràcia, de drets i de dignitat de les víctimes i els seus familiars, que han de veure com se'ls està humiliant cada dia que passegen per cadascuna de les places i llocs públics, recordant els feixistes que les assassinaren, perseguiren i maltractaren”.

El socialista ha asseverat que el monolít “té la significació que té” i, de fet, ha recordat que la seva part “més simbòlica” rau en el fet que “cada any els ultres feixistes d'aquesta terra fan en ell un acte d'exaltació i de record a la dictadura i als qui provocaren que tantes persones romanguin encara dins cunetes”. El diputat ha recordat que sa Feixina ha servit també d'escenari per a alguns dels actes polítics de Vox, el president del qual, Santiago Abascal, va celebrar l'abril de 2023 el míting principal de precampanya del partit a Balears.

Per la seva banda, el parlamentari de Vox Sergio Rodríguez ha expressat la seva postura contrària subratllant que el monument “està resignificat i avui dia es dedica a totes les víctimes de la Guerra Civil”. “És com si volguessin vostès retirar un monument d'Aurora Picornell”, ha etzibat en al·lusió a l'activista sindical assassinada pel franquisme la nit de Reis de 1937 i icona del republicanisme a Mallorca, l'escultura de la qual, precisament, ha amanegut vandalitzada fins a dues ocasions les últimes setmanes amb pintades de simbologia nazi i el seu rostre martellejat.

“Amb els problemes que tenim d'habitatge, d'ocupació precària, de sous baixos i d'inflació, vostès prefereixen, amb aquesta fúria iconoclasta, enderrocar monuments, com si a més les pedres tinguessin una mena de forces tel·lúriques que fossin capaces de ressuscitar Franco”, ha incidit Rodríguez, qui ha recalcat que “les pedres són pedres” i ha aprofitat per criticar el projecte per a resignificar el Valle de Cuelgamuros (antic Valle de los Caídos), al qual “volen convertir en una mena de semitemple maçònic” perquè “la lleona Ayuso, del PP, que de vegades més que lleona és gateta, no s'ha atrevit a protegir-lo”.

Mentrestant, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha cridat l'atenció sobre el fet que el parlamentari d'extrema dreta al·ludeixi a la necessitat de parlar de l'actual crisi de l'habitatge quan des de Vox “ja han presentat dues vegades la seva proposta de derogar la Llei de Memòria Democràtica i la fixen com un element primordial en les seves negociacions amb el PP. Crida l'atenció perquè els sentim parlar força poc d'habitatge en les seves negociacions i força de memòria democràtica”.

L'ecosobiranista ha considerat, tot seguit, que el revisionisme aplicat als elements arquitectònics i artístics del carrer “és delicat” perquè “ens pot induir a amagar foscos aspectes de la nostra història”. En aquest sentit, ha apel·lat que aquest revisionisme es faci des del consens, tenint en compte, entre altres elements “clau”, que en l'actualitat hi ha “víctimes vives del règim exaltat pel monument”, el que, ha incidit, “suposa una ofensa” per a elles.

Convertit en un dels símbols més controvertits del paisatge urbà de Palma, el monument de Sa Feixina ha estat, durant dècades, focus de diversos intents de resignificació, campanyes a favor de la seva demolició i diferents batalles judicials. Amb tot, l'Ajuntament de la capital balear, governat per PP i Vox, l'ha inclòs, amb la màxima protecció integral, al catàleg municipal de béns d'interès històric, artístic i arquitectònic.

El monolít, inaugurat el 1947 amb la presència del dictador Francisco Franco i dissenyat pels arquitectes Francisco Roca Simó i Antoni Roca Cabanellas, va ser construït gràcies a les abundants donacions de particulars i empreses que van reunir les 100.000 pessetes que va costar la seva execució en record dels mariners morts en l'enfonsament del Baleares: el creuer del bàndol revoltat havia estat torpedejat per la flota republicana el 1938 durant la batalla del cap de Palos, a la Guerra Civil. El vaixell es va enfonsar amb més de 700 homes a bord, molts d'ells reclutats a Mallorca.

L'entitat Memòria de Mallorca ha reclamat, sense èxit, que el monument s'inclogui al cens estatal de simbologia franquista. “Per molt que es pretengui disfressar de democràtic o justificar com un element protegible, continua sent un monument franquista que vulnera la memòria democràtica del nostre poble i ofèn la dignitat de les milers de víctimes civils innocents que foren bombardejades per la tripulació d'aquest creuer militar que s'honra”, asseveren des de l'entitat, bolcada des de fa més de vint anys en la recerca de les restes de víctimes del franquisme a Balears.

PP y Vox se han opuesto al derribo del mayor monumento franquista de Balears, erigido en 1947 en el parque palmesano de Sa Feixina para glorificar a los “héroes” del Crucero Baleares, que en 1937 había llevado a cabo un bombardeo contra la población civil que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista –episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'– y acabó hundido un año después. “Hay informes que le otorgan un valor artístico digno a proteger y se le considera un exponente del art déco”, ha defendido la diputada del Grupo Popular Cristina Gil.

Tanto conservadores como extrema derecha han votado este martes contra una Proposición No de ley (PNL) con la que el Grupo Socialista pretendía instar al Govern balear a promover la retirada de la estructura para crear en su lugar un espacio de memoria que reconozca a las víctimas de la dictadura, apoyando asimismo su inclusión en el censo estatal de simbología franquista. La iniciativa, rechazada en su totalidad, también buscaba emplazar al Ayuntamiento de Palma a no incluir el monumento en el catálogo municipal de elementos protegidos.

Durante su defensa de la propuesta en la Comisión de Asuntos Institucionales, el parlamentario del PSIB-PSOE Omar Lamin ha recriminado que el hecho de poner en valor el monumento es “un problema de democracia, de derechos y de dignidad de las víctimas y sus familiares, que tienen que ver cómo se les humilla cada día que pasean por cada una de las plazas y lugares públicos, recordando a los fascistas que las asesinaron, persiguieron y maltrataron”.

El socialista ha aseverado que el monolito “tiene la significación que tiene” y, de hecho, ha recordado que su parte “más simbólica” radica en que “cada año los ultras fascistas de esta tierra hacen en él un acto de exaltación y de recuerdo a la dictadura y a quienes provocaron que tantas personas permanezcan todavía dentro de cunetas”. El diputado ha recordado que sa Feixina ha servido también de escenario para algunos de los actos políticos de Vox, cuyo presidente, Santiago Abascal, celebró en abril de 2023 el mitin principal de precampaña del partido en Balears.

Por su parte, el parlamentario de Vox Sergio Rodríguez ha expresado su postura contraria subrayando que monumento “está resignificado y hoy en día se dedica a todas las víctimas de la Guerra Civil”. “Es como si quisieran ustedes retirar un monumento de Aurora Picornell”, ha espetado en alusión a la activista sindical asesinada por el franquismo en la noche de reyes de 1937 e icono del republicanismo en Mallorca, cuya escultura, precisamente, ha amanecido vandalizada hasta en dos ocasiones en las últimas semanas con pintadas de simbología nazi y su rostro martilleado.

“Con los problemas que tenemos de vivienda, de empleo precario, de sueldos bajos y de inflación, ustedes prefieren, con esta furia iconoclasta, derribar monumentos, como si además las piedras tuvieran una especie de fuerzas telúricas que fueran capaces de resucitar a Franco”, ha incidido Rodríguez, quien ha recalcado que “las piedras son piedras” y ha aprovechado para criticar el proyecto para resignificar el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), al que “quieren convertir en una especie de semitemplo masónico” porque “la leona Ayuso, del PP, que a veces más que leona es gatita, no se ha atrevido a protegerlo”.

Mientras tanto, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha llamado la atención sobre el hecho de que el parlamentario de extrema derecha aluda a la necesidad de hablar de la actual crisis de la vivienda cuando desde Vox “ya han presentado dos veces su propuesta de derogar la Ley de Memoria Democrática y la fijan como un elemento primordial en sus negociaciones con el PP. Llama la atención porque les oímos hablar bastante poco de vivienda en sus negociaciones y bastante de memoria democrática”.

El ecosoberanista ha considerado, a continuación, que el revisionismo aplicado a los elementos arquitectónicos y artísticos de la calle “es delicado” porque “nos puede inducir a esconder oscuros aspectos de nuestra historia”. En este sentido, ha apelado a que este revisionismo se realice desde el consenso, teniendo en cuenta, entre otros elementos “clave”, que en la actualidad hay “víctimas vivas del régimen exaltado por el monumento”, lo que, ha incidido, “supone una ofensa” para ellas.

Convertido en uno de los símbolos más controvertidos del paisaje urbano de Palma, el monumento de Sa Feixina ha sido, durante décadas, foco de varios intentos de resignificación, campañas en pro de su demolición y distintas batallas judiciales. Con todo, el Ayuntamiento de la capital balear, gobernado por PP y Vox, lo ha incluido, con la máxima protección integral, en el catálogo municipal de bienes de interés histórico, artístico y arquitectónico.

El monolito, inaugurado en 1947 con la presencia del dictador Francisco Franco y diseñado por los arquitectos Francisco Roca Simó y Antoni Roca Cabanellas, fue construido gracias a las abundantes donaciones de particulares y empresas que reunieron las 100.000 pesetas que costó su ejecución en recuerdo de los marineros fallecidos en el hundimiento del Baleares: el crucero del bando sublevado había sido torpedeado por la flota republicana en 1938 durante la batalla del cabo de Palos, en la Guerra Civil. El barco se hundió con más de 700 hombres a bordo, muchos de ellos reclutados en Mallorca.

La entidad Memòria de Mallorca ha reclamado, sin éxito, que el monumento se incluya en el censo estatal de simbología franquista. “Por mucho que se pretenda disfrazar de democrático o justificar como un elemento protegible, sigue siendo un monumento franquista que vulnera la memoria democrática de nuestro pueblo y ofende la dignidad de las miles de víctimas civiles inocentes que fueron bombardeadas por la tripulación de este crucero militar que se honra”, aseveran desde la entidad, volcada desde hace más de veinte años en la búsqueda de los restos de víctimas del franquismo de Balears.

El comité de expertos, formado por 14 especialistas, ha presentado este jueves el informe sobre la transformación del Monumento a los Caídos de Pamplona, el que es el mayor monumento de exaltación franquista de España enclavado en un entorno urbano. En el informe los expertos plantean la creación de un museo memorial en el edificio y que apuesta por quitar “protagonismo” a la cúpula y el tambor así como la retirada de los textos conmemorativos e iconografía.

El comité destaca que la “transformación profunda” de este edificio constituye una “ruptura total con los valores antidemocráticos que encarna el inmueble”. Por otro lado, considera que su derribo “favorecería la memoria de los perpetradores en cuanto destruiría pruebas de lo ocurrido”. Sostiene que la conservación de los “testimonios materiales de la represión es útil como herramienta de construcción de la memoria histórica”.

Así, se pretende convertir “un lugar de culto al totalitarismo en un espacio de pensamiento crítico, de conocimiento histórico sobre las raíces, el contexto histórico y las consecuencias del golpe de estado de 1936, y de acción política y cultural para la promoción de los valores democráticos”. Algo que pasa por “transformar íntegramente los usos del lugar, musealizar el patrimonio y construir un nuevo equipamiento con vocación pedagógica y educativa integrado en la trama de la ciudad”.

Las recomendaciones del informe se incorporarán a las bases del concurso internacional de arquitectura del que surgirá el proyecto definitivo de resignificación del Monumento a los Caídos.

La cúpula y el tambor deberían perder protagonismo

La transformación del Monumento a los Caídos afecta a los contenidos y también a la arquitectura del edificio, en la que la cúpula y el tambor “tendrán que perder su protagonismo”, tanto hacia el exterior como hacia el interior. Así, se consideran “imprescindibles” elementos que tamicen u oculten su visión desde plantas interiores y el diseño de un espacio adecuado para visitas guiadas que ofrezcan una interpretación sobre las mismas. El comité propone como estrategias el uso de encapsulado, tragaluz, arquitectura-imagen, mirador o espejo.

Esto afectará también al fresco en el interior de la cúpula, que “debe ser mediatizado e interpretado”, y a la cripta, donde se propone la desaparición de todos los elementos funerarios y su “desacralización integral”, transformando los usos del lugar para otros fines, como la programación de instalaciones de obras/proyectos de arte contemporáneo.

En cuanto a las arquerías, la eliminación hasta la cota 0 de la plaza “daría conexión a la trama urbana como espacio público, pero el edificio así adquiriría mayor altura y mayor percepción de su desproporción”. La eliminación “mostraría estructuras no visibles actualmente”, como el túnel de acceso a la cripta desde la iglesia de Cristo Rey, “enormemente simbólico por los usos que se han desarrollado en la cripta a lo largo de los años, fuera de la mirada pública”.

Retirada de textos conmemorativos, una exposición permanente y edificio anexo

Respecto a los textos conmemorativos y la iconografía fascista, se propone la “museización e interpretación del conjunto de elementos simbólicos de la Cruzada y del nacional-catolicismo, en especial respecto a sus vínculos con el carlismo en Navarra”. Esto implica la retirada del lugar original de los mármoles con los listados de caídos y otras inscripciones.

La nueva estructura arquitectónica deberá tener en cuenta los usos y necesidades del proyecto, como recepción y acceso al equipamiento, exposición permanente, exposiciones temporales, espacios educativos, sala de actos y conferencias, salas de reuniones, archivo y biblioteca, así como usos administrativos, de ocio y de otra índole. Para ello, el comité considera conveniente la construcción de un edificio o edificios anexos que compongan junto al actual edificio un conjunto arquitectónico “coherente”.

En cuanto al entorno del edificio, el informe contempla dejar la plaza tal y como está, con su parque y su estanque, o “transformarla por completo”, incluyendo pequeños elementos o los edificios complementarios al central planteados. También propone el cambio de localización de la escultura 'Coreano', de Jorge Oteiza, y su inclusión en la propuesta del nuevo edificio.

Los contenidos del nuevo espacio memoria democrática se diseñarán “desde un abordaje global, teniendo en cuenta cuestiones museológicas museográficas, urbanísticas y de gestión”. En este sentido, el comité destaca la “necesaria complementariedad entre el diseño de contenidos, el proyecto museográfico y el proyecto arquitectónico, y la colaboración entre instituciones y entidades”. El Museo se coordinará con espacios memoriales de Navarra, y de manera especial con el programa 'Escuelas con Memoria' impulsado por el Instituto Navarro de la Memoria.

Asimismo, aboga por articular mecanismos de participación ciudadana, especialmente con las asociaciones memorialistas. El comité considera conveniente realizar un registro arqueológico de la intervención en el edificio, y posibilitar visitas de la ciudadanía durante el transcurso de las obras.

El nuevo museo mantendrá espacios para la programación de actividades temporales relacionadas con “las vulneraciones de derechos humanos y el auge de movimientos neofascistas en el presente”. En cualquier caso, el contenido principal, desarrollado en la exposición permanente, se estructurará a partir de tres grandes ejes: uno vinculado a la propia historia del edificio, desde su diseño hasta su actual transformación; otro que analizará de manera crítica la construcción del concepto de “caídos” y la realidad de las víctimas del franquismo; y un tercero, sobre “la cultura de guerra en torno al concepto de cruzada y los daños de las culturas políticas belicistas”.

Herramienta educativa y laboratorio de conciencia democrática

Desde el punto de vista educativo, el informe defiende que el museo memorial se debería convertir en una “herramienta educativa”, a modo de “laboratorio de conciencia democrática”, dotado con los recursos humanos y materiales necesarios para impulsar estrategias y programas que permitan “convocar y desarrollar vínculos participativos en todo tipo de público”. Este programa debe partir de la reflexión sobre “los significados fundacionales del edificio y su contraposición con la promoción de la memoria democrática y la defensa de los derechos humanos”.

El informe señala que la implantación de una intervención educativa en el nuevo museo memorial “no tiene por qué esperar a la materialización definitiva del proyecto”. Propone visitas guiadas a los elementos presentes en la actualidad y a los procesos de transformación que se acometan.

Como estrategia de difusión del conocimiento histórico, se propone la construcción de una plataforma digital, donde se reproduzca el proyecto original, el contexto histórico, la interpretación de los elementos que lo componen, así como el significado de los personajes que ha albergado, en concreto los generales Mola y Sanjurjo.

El Ayuntamiento de Pamplona convocará de manera “inminente” un nuevo concurso de ideas para resignificar el monumento de los Caídos, el segundo mayor de exaltación franquista de España tras Cuelgamuros y el primero enclavado en un entorno urbano. Según informan desde el consistorio, se están preparando ya las bases del nuevo concurso, que se resolverá en el primer semestre de 2026 y que dará carpetazo de forma definitiva al concurso celebrado en 2018 y que fue paralizado por el Tribunal Administrativo de Navarra.

Desde el Ayuntamiento señalan que se ha tomado esta decisión tras consultarlo con el Colegio de Arquitectos Vasconavarro y para que en el nuevo procedimiento los proyectos que se presenten cumplan con los nuevos parámetros fijados tanto por el Ayuntamiento de Pamplona como por el Gobierno de Navarra. Esto, de facto, implica poder actuar sobre partes determinadas del monumento, eliminar las inscripciones y lápidas franquistas, y poder planificar y defender soluciones para el perfil externo del edificio. Todas estas cuestiones fueron recogidas en el acuerdo que firmaron a finales del año pasado EH Bildu, PSN y Geroa Bai para resignificar el monumento. Contigo/Zurekin, el otro socio del Ejecutivo municipal rechazó formar parte del mismo por no contemplar el derribo completo del inmueble.

El complejo arquitectónico de los Caídos se encuentra al final de la Avenida Carlos III, una de las principales arterias de Pamplona, y que conecta en el otro extremo con la céntrica Plaza del Castillo. Fue construido en 1942 por el arquitecto y miembro de la Junta Central Carlista de Navarra Víctor Eusa en honor a los 4.500 navarros del bando sublevado que fallecieron la Guerra Civil y para albergar los restos mortales de los máximos responsables de la sublevación militar en el 36, Mola y Sanjurjo, así como de otros seis combatientes del bando sublevado, todos ellos exhumados en 2016 en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica.

El monumento cuenta con varios elementos que contienen simbología franquista. Uno de ellos es la inscripción grabada en el frontispicio del edificio principal, que reza: “Navarra a sus muertos en la Cruzada”. El texto se encuentra desde hace años tapado por una lona, lo que ha permitido que el complejo haya esquivado la ley de Memoria Democrática. Además, en el interior del monumento también se taparon varias inscripciones, si bien se dejaron al descubierto los frescos de la cúpula, obra del pintor Ramón Soltz en los que se aprecia a Francisco Javier bautizando en Oriente.

Desde el Ayuntamiento apuntan que está previsto que las bases estén listas antes de final de año y que el concurso pueda resolverse a lo largo de la primera mitad de 2026. Esa misma previsión habla de que el pliego del concurso deberá tener también en cuenta las recomendaciones del grupo de expertos que está reflexionando sobre el contenido del futuro centro de la memoria. La idea central es“ lograr la transformación integral de un monumento ideado como exaltación al ideario franquista para convertirlo en un centro de memoria y contra el fascismo”.

El nuevo concurso contará con una primera fase abierta de concurso de ideas en la que un jurado técnico seleccionará de tres a cinco propuestas, una segunda fase de participación ciudadana y finalmente un procedimiento negociado que dará lugar a la contratación de la redacción del proyecto que definirá la remodelación del edificio y de su entorno.

Centro de Memoria

Recientemente la dirección general de Cultura Institución Príncipe de Viana emitió un informe favorable para cambiar el grado de protección del monumento y así poder intervenir en él. La modificación plantea la reducción del grado de protección del cuerpo central del edificio, de grado 2 a grado 3, y la supresión de la protección de las arquerías laterales, la cripta y otras partes en la planta sótano. El objetivo es permitir “una intervención contundente en el inmueble que conduzca hacia su transformación simbólica y funcional”. 

Además de una transformación arquitectónica del inmueble, el plan para la resignificación de los Caídos incluye la creación de un centro de Memoria que llevará el nombre de Maravillas Lamberto, la adolescente de 14 años que fue violada y asesinada por los falangistas en agosto de 1936.

El 16 de octubre se presentará el trabajo del comité internacional de expertos que desde mayo está definiendo los contenidos del futuro centro memorialístico. El hilo conductor de este trabajo se centra no en el relato en torno a las víctimas del régimen franquista, sino en torno a los victimarios: quienes idearon, sostuvieron y propiciaron ese régimen y sus prácticas.

El comité está formado por 14 especialistas de reconocido prestigio, de países como Chile, Argentina o Austria, entre otros. Entre ellos se encuentran el doctor en Historia José Miguel Gastón Aguas, quien fue presidente del Instituto de Historia Económica y Social Geronimo de Uztariz y es director del Instituto Navarro de la Memoria y autor de numerosas publicaciones. También el doctor en Historia, investigador y docente César Layana Ilundain, jefe de la sección de Documentación del Instituto Navarro de la Memoria.

Hoy en día miles de turistas recorren el Paseo de Salamanca mirando al Kursaal sin saber que durante el franquismo se trató de un lugar de detención. Tampoco son conscientes de que, a unos metros de allí, en la plaza Okendo, el imponente Hotel María Cristina fue un lugar de enfrentamiento donde aún hoy se pueden observar las huellas de la batalla en el edificio. Con el objetivo de dar a conocer los lugares que fueron testigo de la represión franquista, el Ayuntamiento de Donostia ha puesto en marcha una serie de visitas teatralizadas.

Las visitas, que se realizan los sábados durante el mes de septiembre, suponen un homenaje a todas aquellas personas que sufrieron directa o indirectamente la violencia de la Guerra Civil y buscan mantener en la memoria de los vecinos y visitantes de Donostia los lugares y personajes que protagonizaron ese capítulo de la historia. Durante el recorrido, que cuenta con siete puntos distintos de la capital guipuzcoana, una actriz y un actor seguirán el guion escrito por el dramaturgo y actor Xabier López Askasibar. Así escenificarán momentos vividos por los donostiarras en aquella época desde el 18 de julio de 1936, día de la sublevación militar contra la República, hasta la caída de la ciudad en manos de los franquistas.

Concretamente, las visitas se llevarán a cabo los sábados 6, 13 y 27 de septiembre y el 4 de octubre, bajo el título de “Oroimenaren bidea” / “Camino de la memoria”. Habrá dos pases, a las 12.00 y a las 18.00 horas. El punto de encuentro será el quiosco de la plaza Easo, la actividad durará 1 hora y 30 minutos y tiene un aforo máximo de 20 personas por sesión. La inscripción previa, obligatoria y gratuita, se realiza en komazk.com/reservas.

Se trata de una de las actividades que entrarán dentro del programa llevado a cabo por el Departamento de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Donostia para conmemorar a las víctimas del franquismo y el Día de la Memoria Histórica y que, además de las visitas guiadas, desde el 6 de septiembre al 4 de octubre, contará con una conferencia sobre la represión de la mujer en el franquismo y una ofrenda floral para recuperar y honrar la memoria. “El objetivo es dar a conocer lo ocurrido en la ciudad durante la sublevación militar franquista y rendir homenaje a quienes sufrieron sus consecuencias”, detallan desde el Consistorio.

En cuanto a la conferencia, tendrá lugar el miércoles 10 de septiembre a las 19.00 en el Museo San Telmo y se llevará a cabo por la investigadora Ione Zuloaga Muxika bajo el título 'Emakumeen aurkako errepresio frankista gerra garaian eta ostean 1936- 1945'. Será impartida en euskara con entrada gratuita hasta completar aforo.

Tanto en la conferencia, como en su investigación, la investigadora recupera historias personales de Donostia y de otros lugares de Gipuzkoa con el objetivo de “facilitar la comprensión desde una perspectiva de género”. En este sentido mostrará lo descubierto sobre la participación de las mujeres durante la Segunda República, así como su papel como milicianas y corresponsales en la guerra, y los episodios de represión sexual, cárcel, tortura y sanciones económicas que padecieron.

Zuloaga Muxika hace a lo largo de su investigación un repaso de la creación de la Emakume Abertzale Batza y de las primeras alcaldesas, entendidas como conquistas del espacio público. También resume el papel de las mujeres en el frente, los destierros y el trabajo como enfermeras y madrinas en el contexto del golpe de Estado y el inicio de la guerra. Se recogen algunos tipos de represiones contra las mujeres, como la represión económica, los despidos laborales, los cortes de pelo, el trabajo de las telefonistas, la situación de las mujeres encarceladas, los fusilamientos y la negación del luto a las viudas. Y, por último, rememora el caso de tres mujeres deportadas a campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial: María Juana Gesalaga, María Josefa Sanzberro y Simonne Paquita Lebouch.

Por último, el sábado 13 de septiembre a las 11.00 horas, se llevará a cabo la ofrenda floral anual ante la escultura Dual, junto al Palacio Goika, acto central del Día de la Memoria Histórica en el que autoridades y vecinos rendirán homenaje a las víctimas del franquismo.

En los últimos días de la guerra civil, el puerto de Alicante se convirtió en una ratonera. Hasta allí se habían desplazado miles de personas con la esperanza de poder embarcar en alguno de los barcos que zarpaban con quienes, derrotados, intentaban salir de España para salvar su vida. Solo una minoría lo consiguió. Tras la entrada en la ciudad de las tropas italianas de la División Littorio, las detenciones fueron masivas, siendo internados los prisioneros en lugares como el castillo de Santa Bárbara o los campos de concentración de los Almendros y Albatera. Este último fue considerado como uno de los más duros que utilizó el franquismo. El toledano Sixto Agudo, dirigente comunista apresado allí, recordaba que en él llegaron a congregarse unas 12.000 personas, entre quienes el hambre, la sed y la ausencia de letrinas causaron estragos. Como él, decenas de toledanos pasaron también por aquel siniestro lugar. De algunos de ellos se habla en esta entrega de la serie “2025, año de memoria y libertad”.

El campo de concentración de Albatera, en el término municipal de San Isidro, fue inaugurado en octubre de 1937 por el gobierno de la República con la pretensión de convertir hectáreas de saladares en terrenos laborables. Su capacidad estaba calculada para unos 3.000 reclusos. Finalizada la guerra, sus dependencias fueron utilizadas por las autoridades franquistas como campo de clasificación de prisioneros hasta octubre de 1939.

Vigilados por Regulares de Melilla

Durante algunos de esos meses, la vigilancia del campo fue encomendada al 2.º Tabor de Regulares de Melilla, tropas marroquíes que impusieron el terror entre los allí congregados, no dudando en disparar a los reclusos que se acercaban a sus límites. En sus “Memorias”, Agudo comentaba que algunos internos evitaban acudir a hacer sus necesidades a las letrinas, por temor a ser tiroteados por los vigilantes del campo, pensando que podrían intentar evadirse desde ellas. El toledano recordaba, también, el terror que les producía ser castigados a “la parrilla”, recinto de unos diez metros cuadrados, a pleno sol, rodeado de alambradas donde los presos permanecían sin comida ni mantas para la noche, siendo vigilados de cerca.

Nacido en Torrijos en 1916, al iniciarse la guerra civil, Sixto Agudo residía en Toledo. Su domicilio se encontraba en el número 36 de la Avenida de Pablo Iglesias, nombre que por entonces recibía la calle Real del Arrabal, donde su padre era dueño de una churrería. Con apenas veinte años, ya era dirigente local y provincial de la Juventud Socialista Unificada. Al finalizar la guerra, fue internado en Albatera, recorriendo luego otros campos, hasta recalar en un batallón de prisioneros en Mallorca, del que huyó en 1940.

Refugiado en Francia, fue internado en los campos de Gurs y Argèles-sur-Mer, siendo destinado a una compañía de trabajadores forzados. Durante la ocupación nazi, formó parte del XIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles y de las Fuerzas Francesas del Interior. Con la finalidad de reorganizar el partido comunista en España, regresó clandestinamente a nuestro país.

En 1944 fue detenido en Sevilla, siendo condenado a muerte por un consejo de guerra, pena que le fue conmutada por la de treinta años de prisión, de los que cumplió dieciséis en diferentes prisiones. Quedó en libertad condicional en 1961, marchando de nuevo a Francia, donde perteneció al Comité Central del PCE. Muerto Franco, regresó a España, instalándose en la provincia de Huesca y continuando su actividad política como diputado comunista, primero, y de Izquierda Unida, después, en las Cortes de Aragón. En 1987 fue elegido alcalde de la localidad oscense de Alcampell, cargo que desempeñó durante ocho años. Falleció en Lérida el 29 de junio de 2004.

Carretero, líder de los comunistas toledanos

Natural de la localidad conquense de Landete, Virgilio Carretero Maenza nació el 26 de enero de 1902, cursando la carrera de Derecho. Con el título de abogado bajo el brazo, se estableció en Toledo, comenzando a militar en las Juventudes Socialistas en 1918. Tras la fundación del PCE en 1921, se convirtió en su principal organizador en la capital provincial. Desde la Unión Local de Sindicatos, llegó a presidir la Casa del Pueblo de Toledo, impulsando la publicación del semanario “El Proletario”, como órgano de la misma.

Tanto durante la Dictadura de Primo de Rivera como durante la II República, fue detenido en numerosas ocasiones. Una de las más llamativas aconteció en 1927, cuando la policía le retuvo en Port Bou al regresar de un viaje de formación política e instrucción militar en la URSS. En su poder se le incautó una cantidad de dinero que debía entregar a la esposa de Jesús Ibáñez, un comunista asturiano que vivía en Moscú haciendo traducciones para las autoridades rusas.

Tras el fracaso y represión de la revolución de Octubre, en 1934, formó parte de un grupo de abogados especializados en la defensa de los detenidos por esos sucesos, asistiendo a más de un centenar de ellos. Llegadas las elecciones generales de febrero de 1936, en representación del PCE estuvo en la candidatura del Frente Popular por Toledo, no obteniendo acta de diputado.

Al iniciarse la guerra civil, tuvo responsabilidades en la organización de suministros en la ciudad de Toledo, experiencia que le sirvió para incorporarse como consejero de abastecimientos a la Junta de Defensa de Madrid. Luego, en julio de 1937, fue nombrado gobernador civil de Córdoba. Detenido en Albatera, consiguió huir a Francia, donde falleció en los años cuarenta, en fecha no determinada. La causa instruida contra él por las autoridades franquistas no se archivó hasta finales de 1951, figurando en ella, hasta entonces, como “en paradero desconocido”.

Acero: “Lo doloroso sería morir culpable”

Para algunos toledanos, el campo de Albatera fue la antesala de su posterior ejecución. Amós Acero fue uno de ellos.

Nacido en Villaseca de la Sagra en 1893, hijo de un jornalero, con grandes sacrificios familiares y la ayuda económica de un vecino del pueblo, estudió Magisterio en Madrid. No le fue fácil conseguir plaza de maestro, por lo que trabajó tanto como auxiliar de farmacia en Villaseca y Valdepeñas, y como cobrador en una carbonería de Madrid. Su bagaje familiar y su precaria experiencia laboral acrecentaron su conciencia social, ingresando en la UGT y en el PSOE en 1920, protagonizando mítines y actos políticos en la ciudad de Toledo y municipios de la provincia en defensa de las sociedades obreras, significándose en la lucha contra el caciquismo.

A mediados de 1927, recibió desde el partido socialista una oferta de trabajo en una escuela laica que llevaba el nombre de “Pablo Iglesias” en el entonces pueblo de Vallecas, donde organizó clases nocturnas para jóvenes obreros.

En aquellos años, Vallecas era un municipio cuyo crecimiento se sustentaba con la constante llegada de inmigrantes, conviviendo en un entorno modesto pleno de carencias, donde Amós se sintió obligado a dar un paso adelante en su compromiso político, pensando, desde su formación de maestro, que la acción pública debía ejercerse con espíritu transformador. Así, en abril de 1931, con la proclamación de la II República, fue elegido alcalde y poco después, en el mes de junio, diputado en las Cortes Constituyentes, en las que participó activamente en la denominada “ley de los maestros laicos”.

Sus responsabilidades parlamentarias cesaron a finales de 1933 con el triunfo de la CEDA en las elecciones generales de aquel año. Meses después, en octubre del 34 y a consecuencia del movimiento huelguista convocado por las organizaciones socialistas, fue cesado de su cargo municipal, desde el que tuvo especial interés por desarrollar políticas en favor de la infancia (escuelas públicas, comedores o colonias escolares) y el entendimiento entre sus vecinos. Tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, retornó a su puesto de alcalde.

Durante la guerra civil, Acero procuró evitar desmanes en su municipio, ayudando a personas de “derechas”, evitando saqueos en conventos y firmando salvoconductos a quienes veían peligrar su vida. Fue miembro del Socorro Rojo Internacional.

En marzo de 1939, marchó hacia Valencia con la intención de salir de España por el puerto de Alicante. No lo consiguió y terminó en Albatera, mientras su familia permanecía en Vallecas.

Procesado, pese a los numerosos testimonios presentados a su favor durante la instrucción del sumario, fue condenado a muerte, siendo fusilado en la madrugada del 16 de mayo de 1941 en las tapias del cementerio de La Almudena. En la última carta que escribió a su familia: “No me duele morir siendo inocente, lo doloroso sería morir culpable”.

A Amós Acero, en Vallecas, aún se le recuerda con admiración y respeto. Un parque, un monumento y un colegio público llevan su nombre en ese, hoy, barrio madrileño.

Sentencias de muerte cumplidas

Anastasio Ramírez Madrid, ferroviario natural de Miguel Esteban y tercer teniente de alcalde en Alcázar de San Juan durante la guerra en representación de la CNT, fue fusilado en esta localidad manchega el 8 de abril de 1940, un año después de su detención en Alicante. Tenía 50 años y dejaba cuatro hijos. El juez Deogracias León Molina, encargado del Registro Civil, certificó como causa de su muerte: “traumatismo”.

Nacido en La Torre de Esteban Hambrán, de cuya Agrupación Socialista había sido fundador, el zapatero Pedro Caballero Bermúdez ejerció la alcaldía de dicho pueblo entre febrero y octubre de 1936, mes en que se trasladó a Madrid. En las últimas semanas de la guerra, se incorporó al ejército republicano. Tras ser detenido, un consejo de guerra celebrado en Toledo el 17 de junio de 1940 le condenó a muerte. Fue fusilado en Talavera de la Reina el 12 de noviembre siguiente. Idéntico final tuvo un paisano suyo, Marcelo Papell Merino, ajusticiado en 1942, también en la ciudad de la cerámica.

Llamativo es el caso de Primitivo Carpintero Mollejo, de La Villa de Don Fadrique, carnicero nacido en 1905. Durante la guerra civil, entre agosto de 1936 y julio de 1937, fue alcalde de La Villa. Una vez detenido en Albatera, pasó por distintas prisiones españolas. La última de ellas fue la de Carabanchel, desde la que salió para ser fusilado el 14 de diciembre de 1944. Tenía 38 años. Otros dos hermanos suyos, Juan y Vicente, compartieron con él cautiverio en Albatera, mientras que un cuarto, Pablo, había muerto en Madrid en octubre de 1936.

Nacido en Consuegra, en 1894, Eladio Romeral Iglesias, carpintero de oficio, fue elegido alcalde de Mora al proclamarse la II República. Era miembro de la Sociedad Obrera de la UGT y de la Agrupación Socialista. Durante la guerra fue concejal y, de nuevo, alcalde. Tras pasar por Albatera, fue condenado a pena de muerte, siendo fusilado el 16 de noviembre de 1939 en Mora. Osmundo Gómez Mendoza, comerciante de Villatobas, fue pasado por las armas el 25 de mayo de 1940 en Ocaña.

Un año después, el 5 de julio, fue ejecutado Julio de Mora López, maestro de obras, natural de Consuegra, quien desde los cinco años residía en Madrid, donde llegó a ser secretario del Círculo Socialista del Norte. Durante la guerra, y bajo órdenes de Largo Caballero, desempeñó distintas labores administrativas, de información militar y de prensa, llegando a ser nombrado comandante. Además de en Albatera, también estuvo en el campo de los Almendros y en distintas prisiones madrileñas, la última de ellas, la de Porlier.

De la cárcel al maquis o a la clandestinidad

A José Manzanero Marín (La Villa de Don Fabrique, 1911) le conocían, entre otros apodos, como “El buen mozo”. De niño trabajó como pastor, siendo luego jornalero, albañil y empleado de una bodega. Con diecisiete años, ingresó en las Juventudes Comunistas. Por su participación en la conocida huelga de segadores de La Villa, en 1932, fue condenado a veintiún años de prisión, acusado de asesinar a un propietario local. Amnistiado tras el triunfo del Frente Popular, el inicio de la guerra le pilló en Madrid, trabajando en una panadería. Su paso por el ejército republicano le llevó por distintos frentes, encomendándosele la formación de una división de guerrilleros en Extremadura, llegando a ser secretario general del PCE en aquellas tierras.

Como miles de sus compañeros, quedó atrapado en el puerto de Alicante. Desde Albatera fue trasladado a Quintanar de la Orden, donde fue condenado a muerte y de cuya prisión se escapó la noche antes de su fusilamiento. Le acompañaron doce presos más, siendo capturados en pocas horas todos ellos menos él y Julián Muñoz, recluso de Quero. Consiguieron contactar con una partida de maquis en la zona de los Montes de Toledo, que se mantuvo activa hasta mediada la década de los años cuarenta y que él llegó a liderar. Por entonces, Muñoz ya había muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Tras estar un tiempo escondido, Manzanero consiguió pasar a Francia, muriendo en París en febrero de 2010.

En el maquis estuvo también Cecilio Martín Borja, comunista natural de Toledo, quien durante la guerra llegó a dirigir una brigada del ejército republicano. Condenado a quince años de prisión, al acceder a la libertad condicional se incorporó, en Zaragoza, a la organización clandestina del PCE. Fue detenido en varias ocasiones, manteniendo férreo silencio en sus declaraciones, consiguiendo ser puesto en libertad o evadirse. Dada su experiencia, el partido le encomendó el control y organización de la Agrupación Guerrillera Manchega, que actuaba en la zona de las lagunas de Ruidera. En octubre de 1947, cuando asistía a una cita en una portería de Madrid, fue abatido por la policía en una emboscada.

Valentín Collado Tapiador fue un ferroviario nacido en Almonacid de Toledo. Miembro de la UGT y del PSOE, en 1931 fue nombrado presidente de la Casa del Pueblo de Ciudad Real. Represaliado por la revolución de Octubre, durante la guerra perteneció al Comité de Defensa de dicha capital, fue consejero en aquella diputación y teniente de alcalde de su ayuntamiento, ostentando distintos cargos orgánicos en la organización socialista y colaborando en el periódico “Avance”. Tras su paso por Albatera, estuvo preso en Orihuela, accediendo a la libertad condicional en mayo de 1941 al ser sobreseída su causa. Esas circunstancias no le doblegaron, incorporándose a las organizaciones socialistas en la clandestinidad, siendo detenido, de nuevo, en 1943 y condenado a la pena de treinta años, que cumplió en distintas prisiones. En septiembre de 1949, estando internado en Ocaña, quedó en libertad, volviendo a ser detenido cuatro años después cuando militaba en el clandestino Sindicato Nacional Ferroviario. Esta tercera detención se produjo tras la desarticulación de la séptima Comisión Ejecutiva del PSOE en el interior, presidida por Tomás Centeno. Cumplió dos años de prisión, nuevamente, en Ocaña.

García Valdés, fundador de CCOO y candidato al Senado

Compromiso es, desde luego, un término adecuado para definir el comportamiento de Trinidad García Vidales, nacido en Mascaraque en 1907 y vecino de Ocaña. Militante de la UGT, en 1936 se afilió al partido comunista, desempeñando distintos cargos en su estructura provincial. Durante la guerra solo tuvo responsabilidades administrativas en servicios de abastecimiento. Fue detenido en Alicante, ciudad a la que se había trasladado para estar junto a sus hermanas. Desde Albatera pasó por las cárceles de Orihuela y Toledo. Al quedar libre, marchó a Madrid y se incorporó al Comité Central del PCE en el interior, dirigido por Jesús Bayón. Se le nombró responsable de asuntos sindicales, encomendándosele, también, formar un Comité Regional de Castilla. Detenido de nuevo, en un juicio celebrado en Alcalá de Henares en octubre de 1944 se le condenó a treinta años de prisión. Trabajador de la construcción, fue uno de los fundadores del ilegal sindicato Comisiones Obreras. En mayo de 1969, el Tribunal de Orden Público volvió a procesarle.

Trinidad falleció en Madrid el 2 de mayo de 1988. Veinticinco de sus ochenta años los había pasado en prisión. En las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco, las constituyentes de 1977, fue candidato al Senado por el PCE en la circunscripción de Toledo, obteniendo 48.419 votos. No fue elegido.

Al maestro Juan Francisco Aguado Morejón, nacido en La Torre de Esteban Hambrán el 26 de junio de 1907, las urnas sí le fueron favorables una vez restablecida la democracia. En 1983 fue elegido concejal socialista de Móstoles.

Tras aprobar las oposiciones de Magisterio en 1929, ejerció en varios colegios de Madrid y Burgos. En agosto de 1936 fue nombrado director interino del Grupo Escolar “Francisco de Quevedo” de la capital. Pertenecía a la dirección provincial de FETE (Federación Estatal de Trabajadores de la Enseñanza) y estaba afiliado al partido socialista desde 1932. Durante la guerra se alistó en la Agrupación de Artillería del Batallón “Félix Barcena”, conformado por la UGT, llegando a ostentar el grado de comisario y formando parte del Estado Mayor del ejército del Centro. Salió del campo de Albatera para ser internado en la prisión valenciana de Porta Coeli. Sometido a consejo de guerra en junio de 1941, se le impuso una pena de veinte años y un día de reclusión. Estuvo preso en Madrid, Santiago de Compostela, Pontevedra y Burgos, accediendo a la libertad en enero de 1946. Restablecida la democracia, regresó a la militancia política en el PSOE histórico que lideraba Rodolfo Llopis, integrándose, luego, en la Agrupación Socialista de Móstoles, localidad donde falleció en 1992, ocho años después de ser elegido concejal.

Isabelo López, retratado en la prisión de Toledo

En noviembre de 1940, Isabelo López Barroso, antiguo concejal socialista del ayuntamiento de Toledo, se encontraba preso en la cárcel de los Gilitos, actual sede de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha. Allí, un compañero, le hizo un retrato, dibujo que, por cortesía del historiador Isabelo Herreros, reproducimos en esta entrega.

Nacido en Layos, en 1885, al cumplir los veinte años ya militaba en la UGT y en el PSOE, formando parte de la primera ejecutiva de la Federación Provincial Socialista, constituida en 1933. En la capital provincial regentó una posada en el barrio de Santa Bárbara, conocida popularmente como el “Parador de la Rosa”. Como otros protagonistas de estas líneas, fue detenido y encarcelado por su participación en la revolución de Octubre de 1934. Días antes de celebrarse el consejo de guerra contra él y otra veintena de acusados por esos sucesos, en enero de 1936, huyó de la ciudad. Amnistiado tras el triunfo del Frente Popular, regresó a Toledo. Al iniciarse la guerra, era delegado gubernativo de la barriada de la Estación, participando en la evacuación de Toledo a la entrada de las tropas franquistas en los últimos días del mes de septiembre.

Como es sabido, a partir de esa toma, las instituciones provinciales se radicaron en Ocaña. Como representante de la Federación Provincial Socialista, Isabelo formó parte de ellas. El 28 de febrero de 1939 asistió en esa localidad a la última sesión de la Diputación republicana. Faltaba tan solo un mes para que finalizase la guerra y fuese confinado en Albatera.

A mediados de agosto de 1939 fue trasladado a Toledo para ser sometido a consejo de guerra, que le condenó a la pena de muerte, luego conmutada por la de treinta años, cumpliendo tal sentencia en distintas prisiones madrileñas. Logró la libertad condicional en diciembre de 1945, falleciendo en Madrid el 6 de abril de 1969.

Un campeón de boxeo entre rejas

Nilamón Toral Azcona, nacido en Dos Barrios en 1908, fue admirado tanto como boxeador como militar. En la primera de estas facetas, consiguió ser campeón de España amateur en los años veinte; en la segunda, el historiador Ramón Salas Larrazábal le consideraba como uno de los mejores jefes de las milicias republicanas durante la guerra.

Una vez que dejó el boxeo, emprendió varios negocios, entre ellos una fábrica de harinas en la localidad madrileña de Valdemoro. Allí se encontraba el 18 de julio de 1936, organizando grupos de voluntarios que llevó en sus camiones al frente de Somosierra. Miembro del partido comunista, fue ascendiendo de grado durante la guerra, participando en varios frentes y llegando a ser teniente coronel de milicias.

Detenido en Albatera, sufrió prisión hasta 1944. Lograda la libertad condicional, quiso incorporarse a un grupo guerrillero en la zona de Córdoba, pero le detuvo la policía, volviendo a prisión. Estuvo encarcelado durante diecinueve años; de ellos, dos los pasó incomunicado en el penal de Burgos. Falleció en Madrid en 1983, habiéndose ganado los últimos años de su vida laboral como trabajador de una empresa constructora.

Cerramos esta entrega con otro nombre más: Ricardo Castro Sierra, natural de Villasequilla, quien trabajó como ferroviario en Alcázar de San Juan.

Militante de las Juventudes Socialistas y la UGT, tras el golpe de Estado de julio del 36, se incorporó a las milicias republicanas, marchando al frente de Extremadura. Luego, fue instructor de milicias y agente de policía. Tras ser detenido, un consejo de guerra celebrado en Madrid le condenó a la pena de muerte, que le fue conmutada por la de treinta años. Estuvo preso en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Porlier y Ocaña, donde en abril de 1946 salió en libertad condicional. Se ganó la vida con una pequeña carbonería del Alcázar y distribuyendo cervezas. Un hijo suyo, Emilio Castro Palomares, tuvo diversas responsabilidades en el PSOE y en la UGT, siendo senador y director de la Fundación “Largo Caballero”. En 1999 el Ministerio de Trabajo le concedió, a título póstumo, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.

Valgan estas referencias como recuerdo y reconocimiento a cuantos toledanos pasaron por este campo de Albatera, que desde febrero de 2023 está declarado como “Lugar de Memoria Democrática” por la Generalitat Valenciana. Un lugar del que Marcos Ana, en el libro “Los campos de concentración de Franco” de Carlos Hernández de Miguel, recordaba cómo veía llegar a los falangistas buscando a gente de sus pueblos: “nos formaban, iban seleccionando a los que querían y se los llevaban. Todos acababan en una fosa”. Arqueólogos, forenses e historiadores trabajan desde hace años para localizar dicha fosa, pues, una vez cerrado el campo, sus dependencias fueron totalmente derruidas.

En el año 2004, la Universidad de Alicante comenzó a desarrollar el proyecto “Archivo de la Democracia”, en el que se puede consultar un listado de los presos que pasaron por el campo de Albatera.

La Universidad de La Laguna (ULL) entregó hace casi cuatro meses el Catálogo de Vestigios Franquistas de las Islas finalizado al Gobierno de Canarias (CC-PP). Se trata de un documento que se compone de 9.300 páginas, relativo a las restantes islas del archipiélago, y después de haber entregado ya la fase primera (municipio de Santa Cruz de Tenerife) y la segunda (capitales insulares). Según informó la universidad, los elementos encontrados en las ocho islas responden a un total de 428 elementos censados, de los que 225 corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 203 a Las Palmas.

Entre ellos se encuentra el monumento a Franco, escultura por la que varias asociaciones y el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurrieron a la Justicia (el consistorio porque se sentía perjudicado al haberse empezado solo por este municipio) que dejó el catálogo en suspenso y después el Ejecutivo de Clavijo derogó. Sobre esta escultura además hay abierto un trámite para declararlo BIC por parte del Cabildo de Tenerife.

Desde la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias destacaron recientemente a este periódico que, en lo que respecta al Catálogo de Símbolos, Calles, Monumentos y Menciones Franquistas, el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Horacio Umpiérrez, ya informó en la última Comisión Técnica celebrada en el mes de mayo que su departamento se encontraba en el proceso de supervisión del expediente, “desde el punto de vista técnico y administrativo”, para comprobar que cumple con los requisitos del contrato y que, una vez finalice, se podrá a disposición de dicha comisión y se convocará una reunión monográfica para que pueda ser objeto de estudio por sus miembros. Y este mes de julio, esta aún no se había comunicado.

La Justicia paralizó la primera fase del Catálogo de Vestigios de Canarias, la que se basaba en Santa Cruz de Tenerife, que se convirtió en ciudad de propaganda y exaltación del franquismo. De hecho, la capital tinerfeña presenta “uno de los casos más intensos” de España con una gran concentración de elementos conmemorativos del régimen “de dimensiones monumentales en una superficie muy reducida”, detalla el catálogo de vestigios. En ese documento se enumeraron hasta 78 representaciones o exaltaciones del régimen franquista que incumplían la ley de memoria democrática, como el Monumento a los Caídos, esculturas como el busto a Joaquín Amigó de Lara, las placas del Instituto Nacional de la Vivienda o la lápida a los Caídos de Igueste de San Andrés. También enumeraba varias calles y honores y distinciones que incluyen a más de 130 personas.

Más tarde, en 2023, la ULL entregaba finalizada la segunda fase de este catálogo, un trabajo que hacía referencia a las capitales de todas las Islas y que el actual Gobierno de Canarias (CC-PP) ha mantenido guardado en un cajón este tiempo. Su idea, ha defendido, no es la de publicarlo en el BOC por fases, como hizo el Ejecutivo anterior (liderado por PSOE, junto a NC, Podemos y ASG), que se topó con la Justicia.

En esa segunda fase se recogía, por ejemplo, el escudo de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria o un panteón a Los Caídos de La Falange que aún se encuentra en el histórico cementerio de Vegueta, en la tumba del falangista Rafael Bello del Toro, donde hay colocada una placa. “Esta realidad ha permanecido ajena a la conciencia colectiva hasta la actualidad, a pesar de que en varios momentos distintas corporaciones realizaron algunas acciones conducentes a la eliminación de elementos contrarios a la normalización democrática”, detalla el estudio.

En Las Palmas de Gran Canaria no hay ostentosos monumentos a la exaltación del régimen como en Santa Cruz de Tenerife, pero sí hay varias placas que incumplen, como la de la barriada de Nuestra Señora del Carmen, o la del Colegio de María Auxiliadora, otra en la barriada Generalísimo Franco o la placa de la sede provincial de Cruz Roja, entre otras. También se habla de algunos rótulos como el de la calle Calvo Sotelo o el del grupo de viviendas Martín Freire.

Asimismo, en esa ciudad hace mención a calles referentes a militares sublevados como Ramón Franco o la plaza García Escámez, entre otros. En total son 36 calles y plazas públicas las que el catálogo actualizado con la tercera fase señala como que incumplen con la Ley de Memoria Democrática. En la parte de honores y distinciones, la capital sí que ha ido cumpliendo con la norma y en este mandato la alcaldesa, Carolina Darias, retiró la Medalla de Oro y el título de Hijo Adoptivo a Franco, con el voto a favor del PP.

Sobre Puerto del Rosario, el Catálogo menciona un total de nueve calles que incumplen con la norma (Comandante Díaz Trayter, Caserío Colonia Rural García Escámez, la calle García Escámez, Almirante Lallemand o Almirante Fontán Lobé…), así como algunos honores y distinciones como la de hijo adoptivo a Francisco García Escámez o el caso de José García Hernández. Y en Arrecife, se detallan varias placas conmemorativas como la del Mando Económico y García Escámez en el Hospital Insular, la del Mando Económico y García Escámez en el pabellón anexo del Hospital Insular o la placa conmemorativa de la Inauguración del Hospital Insular por Francisco Franco. También hace referencia a placas e inscripciones del grupo de viviendas Santa Coloma o la placa del Plan Nacional de Construcciones Escolares. Y tres calles aparecen aún sin cambiar para cumplir la ley.

En la tercera fase del catálogo se incluyó un apartado sobre las cruces y se menciona que la cruz de los caídos ha permanecido en pie en el centro de la plaza de Las Palmas, en Arrecife, pero que se ha eliminado para cumplir con la Ley pese a la oposición de PP y Vox. Por su parte, en Caleta de Sebo, en La Graciosa, en el catálogo se recalca que hay una calle, una plaza, una placa y un monumento en honor a la misma persona: García Escámez.

Por su parte, en San Sebastián de La Gomera, se cita la Avenida José Aguiar, el Edificio José Aguiar y los honores y distinciones a Ricardo Serrador Santés y a Esteban Pérez, ambos como hijos adoptivos. Valverde, en El Hierro, cuenta con placas conmemorativas, como la dedicada a los caídos en El Mocanal, la placa los caídos en el cementerio de San Andrés y la placa al Mando Económico de Canarias en la Barriada de viviendas Generalísimo Franco en el Puerto de La Estaca. Así mismo, el catálogo recoge dos denominaciones del callejero a dos figuras de militares rebeldes; la calle García Escámez y la Avenida Dacio Darias.

El catálogo es contundente al resaltar que la “normalización democrática realizada por la Corporación municipal de Santa Cruz de La Palma en la I Legislatura ha hecho que solamente se conserven en la actualidad tres elementos y los honores y distinciones”. Así, sólo se propone eliminar la calle José López, la placa en recuerdo a Blas y Esteban Pérez González existente en la casa familiar y la denominación del Centro Cultural Pérez Andreu. Además, se incluyen las diversas condecoraciones, reconocimientos y honores tales como las medallas de Oro concedidas a Francisco Franco Bahamonde, entre otros.

La tercera fase del catálogo, que aún está en supervisión, incluye al resto de municipios de Canarias. La ULL ya adelantó que cuenta con 428 elementos censados e informó de que los vestigios abarcan denominaciones de espacios públicos, esculturas, objetos, inscripciones, lápidas, escudos y honores y distinciones alusivas a la época de la dictadura.

El trabajo ha estado liderado por la catedrática de Historia del Arte Isabel Navarro Segura y por el profesor titular Jesús Pérez Morera, junto a los investigadores Yanira Hermida Martín y Kumar Kishinchand López y la colaboración de Yolanda Peralta Sierra y Ricardo Guerra Palmero. El equipo investigador de la Universidad de La Laguna hizo referencia “a la ardua labor de búsqueda de información en los archivos municipales”, muchos de los cuales “no están aún digitalizados, y la escasa proactividad encontrada en algunas localidades.

Por él pasaron unos 2.000 presos antifranquistas que construyeron la ya abandonada línea de ferrocarril Madrid-Burgos. Es el destacamento penal que mejor se conserva de España, y el único visitable. También es considerado Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno. Sin embargo, nada de eso ha sido suficiente para evitar que unos 100 metros de su techo se derrumbaran.

La tarde del pasado 24 de junio, una tormenta en Bustarviejo hizo que se cumplieran los peores presagios de la Asociación de Memoria Histórica Los Barracones por la falta de mantenimiento de la infraestructura. Sus integrantes son los únicos que dan vida al enclave y ahora demandan al Ayuntamiento una reforma que certifique su seguridad o dejarán de colaborar con el Consistorio. Si ellos se van, nadie organizará las visitas guiadas cada primer sábado de mes, ni los conciertos o las jornadas que tienen lugar en su interior. Se quedará vacío, sin memoria.

El presidente de la Asociación Los Barracones, José Carlos González, recalca que este enclave goza de una conservación sin igual en España, además de ser el único de su tipología visitable en todo el país. Eso podría cambiar si el Ayuntamiento no acomete la reforma necesaria para que la zona sea segura. Hasta este momento, cientos de personas lo visitan cada año, y desde que abrió sus puertas gracias al trabajo de la Asociación han sido decenas los colegios e institutos que han podido conocer lo que allí sucedió a partir de 1944.

“Todas las actividades se desarrollaban en el interior de este lugar que en parte se ha derrumbado. A ver ahora quién se mete ahí con un techo que amenaza con derrumbarse del todo”, dice González. También critica la idea que desde el Ayuntamiento han esgrimido para “salir del paso”, tal y como la cataloga el presidente de la Asociación: “Quieren recolocar las vigas que se han caído al suelo y la uralita, que está hecha añicos, salvarla con una chapa metálica. Todo esto da una sensación de parches para realizar una reforma con una mínima inversión”.

El objetivo primordial del Consistorio es evitar que una nueva tormenta cause más estragos en el destacamento penal, ya que si tuviera lugar algo así el agua entraría a su interior. “Le hemos dicho al Ayuntamiento que se lo tomara en serio. Nosotros nos hemos jugado el tipo hasta que se ha derrumbado”, continúa González.

Sin fondos para la reparación

La solución, como en tantas otras ocasiones, pasa por el dinero para sufragarla. Previendo que un fenómeno de estas características pudiera suceder, el Ayuntamiento realizó el año pasado un proyecto técnico de rehabilitación del edificio por parte de una empresa especializada. “Eso costó 3.000 euros y la idea era tenerlo para poder intervenir de forma rápida si pasaba algo como esto que ha ocurrido”, explica el activista memorialista. Lo que quiere la Asociación es que “todo quede arreglado con una certificación técnica de seguridad, para que puedan seguirse realizando las actividades sin miedo a que se caiga el techo encima”.

González señala que “el Ayuntamiento planea gastarse unos 20.000 euros en hacer un simple remiendo cuando por 110.000 euros se podría adecuar totalmente la zona que se ha caído”. El presupuesto del proyecto total sobrepasa los 220.000 euros, incluidas zonas que llevan sin tejado medio siglo, algo que en este momento no corre tanta prisa remendar, apunta el presidente de la Asociación.

Los Barracones es la entidad que da vida al destacamento penal. Todos los primeros sábados de mes realizan una visita guiada por el enclave, y además anualmente organizan encuentros y un concierto al que acuden más de un centenar de personas. Nada de eso seguirá produciéndose si la respuesta del Ayuntamiento no colma sus exigencias de seguridad en el lugar.

El Ayuntamiento, sin solución

Miguel Martín Hijano es el concejal de Memoria Histórica en Bustarviejo. En el último Pleno municipal dio algunos detalles de la situación, aunque no concretó qué medida tomará el Consistorio para remediar la situación. Dijo que se habían levantado unos 100 metros de la cubierta y que “el tema del tratamiento de la uralita es lo más costoso y lo que va a llevar más trabajo”, aunque aseguró que “no hay ninguna duda de que la uralita será retirada por una empresa certificada”.

Se refirió al proyecto técnico ya realizado, cuyo presupuesto cifró en 216.000 euros. “El Ayuntamiento no puede acometer esa obra general porque no tiene fondos propios y la consecución de cualquier subvención es muy complicada”, comentó en el Pleno. Martín también se mostró algo cabreado cuando relató que “la persona de la empresa que realizó el informe técnico se puso de perfil” al interesarse él por “unas soluciones rápidas” que incluyeran la retirada de la uralita y los trabajos necesarios para que el agua no volviera a entrar en el interior.

Según este concejal socialista, “si la solución es pagar los más de 200.000 euros, entonces nos olvidamos del tema”. Asimismo, informó de que la zona del desprendimiento quedará clausurada, a la par que criticó la exigencia de la Asociación memorialista de contar con un certificado técnico municipal sobre la seguridad de la instalación: “Nunca ha existido ese certificado. Solicitarlo ahora no sé a qué viene, sinceramente”, espetó en el Pleno.

El Gobierno local ha tratado el asunto con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. “Me ha pedido que le envíe fotografías, a ver por esa parte qué podemos sacar”, comentó el concejal. González, el presidente de la Asociación, reclama que se hable con todas las administraciones, también con Patrimonio de la Comunidad de Madrid. “Si se hace la reforma de 110.000 euros que nosotros pedimos, estamos dispuestos a financiar la mitad con todos nuestros recursos, ya sea vendiendo libros, con un crowdfunding, pidiendo donaciones o yendo a Roma si hace falta”, expresa.

La entidad memorialista se encuentra preocupada por lo sucedido, pero más aún con la forma en la que se subsanará el derrumbe: “Ahora mismo estamos parados. La balanza está entre hacer algo bien hecho o en hacer un remiendo”, dice su presidente. Y agrega: “Según lo que haga el Ayuntamiento nosotros seguiremos con la colaboración o nos retiraremos a mejores causas”.

Trabajo semiesclavo de 2.000 antifranquistas

Este destacamento penal posee ciertas características que le hacen especial. Sergio Riesco es profesor de Historia Económica en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y fue profesor del instituto La Cabrera, un pueblo cercano a Bustarviejo. Es él quien cuenta que el enclave empezó a funcionar como tal desde 1944 para aquellos prisioneros antifranquistas que accedieron al Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo. Estuvo en activo hasta 1952.

Es difícil concretar cuántos presos pasaron por él. “Que vivieran ahí simultáneamente pudieron ser unos 200. En los casi diez años de funcionamiento, calculamos que por Bustarviejo pasaron unos 2.000 reclusos”, dice este especialista. Todos ellos fueron conducidos al pueblo para construir el ferrocarril que uniría Burgos con Madrid. “Eran semiesclavos trabajando en unas condiciones penosas, con mucha hambre y dificultades para desempeñar sus funciones por falta de maquinaria y ningún tipo de protocolo de lo que hoy llamamos seguridad e higiene en el trabajo”, añade Riesco.

Este docente universitario critica que todavía hay mucha opacidad sobre lo que ocurrió en estos destacamentos “porque los archivos penitenciarios que dependen del Ministerio del Interior no son de fácil acceso”. Lo que sí sabe es que pasaron 15 años desde que terminaran las obras hasta que el ferrocarril Madrid-Burgos fue inaugurado, en 1969. “Funcionó unos 35 años, hasta que empezó a haber problemas con la infraestructura y quedó obsoleta”, relata el antiguo profesor de instituto. A día de hoy, la vía se encuentra abandonada.

El enclave ha permanecido bien conservado durante décadas por el uso que se le dio tras la retirada de los presos. “Se utilizó como establo para guardar el ganado, las cabras, vacas y ovejas, de los ganaderos que tenían arrendada la dehesa vieja de Bustarviejo, donde está el destacamento”, explica el mismo Riesco.

Él es una de las personas que más ímpetu a nivel docente ha puesto para dar a conocer el destacamento penal y conoce bien la labor realizada por la Asociación Los Barracones. “Es la hora de las administraciones. Esto lo ha visitado todo el mundo, desde Patrimonio de la Comunidad de Madrid hasta la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y a todas les ha parecido genial lo que la Asociación hacía. Ha llegado el momento de que lo demuestren. Si quieren que lo sigan haciendo, tendrán que buscar la manera de que se pueda trabajar en el destacamento con seguridad, porque el Ayuntamiento no tiene medios suficientes para acometer la remodelación”, concluye.

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El único representante de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha lamentado que el PCE fuese legalizado en la Transición y ha acusado a “los comunistas” de provocar “100 millones de muertos” en una comisión parlamentaria celebrada en la Cámara foral a la que ha acudido un grupo de nostálgicos carlistas a presentar su iniciativa para “proteger” el monumento a los Caídos de Pamplona, el segundo mayor monumento franquista de España, solo superado en tamaño por el de Cuelgamuros, y que va a ser resignificado merced a un acuerdo entre el PSN, EH Bildu y Geroa Bai (Socialverdes y PNV).

En el turno de réplica, el portavoz de Vox, partido que ha invitado a la plataforma 'Navarros todos y la historia completa' a comparecer en el Parlamento, ha acusado “a la izquierda” de “querer destruir” el monumento a los Caídos “como cuando quemaban iglesias” y ha acusado a PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) de imitar “el estilo talibán”. “No saben cómo cambiar la historia trágica que vivieron nuestros abuelos”, ha apostillado.

Tras afear la “corrupción” del Partido Socialista, la “tibieza” del PNV por “mirar para otro lado durante 50 años” y ser “unos recoge nueces”, Emilio Jiménez, exmilitar y exjefe de la Policía Municipal de Barañain, ha aseverado que el Partido Comunista “nunca tenía que haber estado legalizado” y le ha acusado de “haber matado a más de 100 millones de personas”. Ante esos comentarios, el representante de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán, ha pedido a la presidenta de la comisión, Itxaso Soto (Geroa Bai), que le llamara al orden. “Ya sé que es un comunista usted, pero déjeme hablar”, le ha espetado el portavoz de Vox al de Contigo/Zurekin.

Emilio Jiménez ha pasado entonces al insulto personal y ha llamado “inculto” a Carlos Guzmán y le ha reprochado que “no ha trabajado en la vida”. Tras estos descalificativo, los representantes de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se han levantado de la comisión y la han abandonado. Mientras lo hacían el portavoz de Vox ha continuado: “No me agreden ni me fusila porque hoy en día no puede, sino seguro que lo hacía”.

No es la primera vez que el portavoz de Vox protagoniza incidentes de este tipo en el Parlamento navarro. En marzo la Mesa del Legistativo foral le abrió expediente sancionador después de que mandase callar a la presidenta de la comisión de Cultura, Deporte y Turismo después de que le llamaran al orden por insultar a varios parlamentarios.

Emilio Jiménez es el único miembro de Vox en el Parlamento de Navarra. La formación de extrema derecha obtuvo dos parlamentarios en las elecciones de 2023, pero Maite Nosti abandonó este año el partido con críticas a la dirección de Santiago Abascal y pasó a ser parlamentaria no adscrita. Con su salida, Vox ha perdido su condición de 'Agrupación electoral', para lo que es necesario tener al menos dos parlamentarios, y Emilio Jiménez ha pasado al Grupo Mixto, lo que además implica un menor número de ingresos en subvenciones.

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una proposición no de ley presentada por EH Bildu y que ha contado con el apoyo del PSOE y el resto de socios de investidura para exigir al Gobierno la desclasificación de documentos oficiales sobre los Sanfermines de 1978 y “avanzar” en la declaración como víctima a Germán Rodríguez, el joven que murió de un disparo en la cabeza por parte de la Policía aquel día en los disturbios que siguieron a los incidentes en la plaza de toros. A la iniciativa se le ha añadido una enmienda presentada por el PNV para incluir la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en la que cinco personas murieron y decenas resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral en el barrio de Zaramaga.

En los Sanfermines de 1978, los conocidos como Sanfermines rotos, el 8 de julio, al finalizar la corirda de toros unos 50 jóvenes de las peñas saltaron a la arena con una pancarta que pedía: “¡Amnistía Total, Presoak Kalera, Sanfermines sin Presos!”. 40 miembros de la Policía Armada que custodiaban la plaza entraron en el recinto y comenzaron a cargar contra los tendidos. El público respondió a la violencia policial con el lanzamiento de botellas y almohadillas. Fue entonces cuando la Policía hizo uso de las armas de fuego, dejando cinco heridos de bala en el propio ruedo.

Horas más tarde, con la ciudad convertida en un escenario de batalla y revueltas, llena de barricadas y con manifestantes intentando asaltar el Gobierno Civil, las Brigadas Antidisturbios continuaban disparando con armas de fuego contra los alborotadores. Fue entonces cuando por la radio interna de la Policía se dio la orden de despejar la ciudad disparando a discreción: “Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar”. Un mensaje claro y conciso que provocó que sobre las 22:15 de la noche Germán Rodríguez cayera muerto de un disparo en la frente en la confluencia entre las Avenidas de Carlos III y Roncesvalles, cerca de la plaza de toros de Pamplona. Todavía se desconoce quién fue el autor del disparo y el tipo de arma que acabó con la vida del activista de 23 años.

“47 años después ningún gobierno español ha querido investigar, ni aclarar, ni reconocer lo ocurrido en aquellos Sanfermines. Tampoco buscar justicia, verdad y reparación para Germán y su familia”, ha señalado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizupurua. “Todas las víctimas que han sufrido vulneración de derechos merecen nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad y nuestro respeto”, ha apostillado.

La proposición no de ley aprobada este jueves en el Congreso, que no es de obligado cumplimiento, recoge también la petición de “avanzar” en el reconocimiento como víctimas de la violencia policial de Germán Rodríguez y de las personas que resultaron heridas por las cargas policiales en los Sanfermines de 1978 y la realización de un acto oficial de reconocimiento.

El cronista Federico Casal, cuenta el catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, Pedro Egea, se dedicó en la posguerra a dar chivatazos de periodistas simpatizantes de la República para que vinieran a matarlos. Quemó cientos de libros “malos y nocivos” de la biblioteca municipal de Cartagena en nombre de una especie de “pureza cultural”. José Antonio Primo de Rivera, conspirador y fundador de la Falange, fue mitificado por el franquismo para “legitimar la dictadura”. El cardenal Enrique Pla y Deniel apoyó el golpe de Franco en 1936, y calificó la Guerra Civil como una “cruzada” contra el enemigo. El papa Pío XII bendijo la misma aviación fascista que bombardeó 113 veces la ciudad portuaria a finales del 36 hasta reducirla a escombros. Todas esas personas, y un puñado más, siguen teniendo a día de hoy su homenaje particular en Cartagena. Todas ocupan nombres de vías y plazas públicas.

“Es indigno que en pleno 2025 siga habiendo decenas de calles que ensalzan el franquismo. No hay intención alguna por parte del Ayuntamiento de cumplir la legalidad ni de reparar el daño que la dictadura hizo en esta ciudad y en todo el país”, dice Egea, rotundo. El municipio portuario es un claro ejemplo de las reticencias que aún perduran para cumplir la ley de Memoria Democrática de 2022 —antes, desde 2007, denominada de Memoria Histórica—. La situación, encallada desde hace más de un lustro, invita a dudar si algún día será posible desalojar a Franco y a todo su aparato represivo del callejero nacional y de las listas de condecoraciones municipales.

No hay mejor representación física, explica Pedro Egea, del calado que la dictadura tiene todavía en parte de la sociedad que las placas y los nombres de las calles y las figuras que ostentan los premios de una ciudad. Francisco Franco tiene otorgada la medalla de oro de Cartagena desde el año 1945. En ese mismo inventario destacan once franquistas más, entre militares, como Francisco Bastarreche —“un asesino que acabó con niños, mujeres y ancianos durante La Desbandá de Málaga y Almería”—, ministros y la Sección Femenina. “Resulta inexplicable que no haya forma de quitarlas después de tanto tiempo”, sostiene Egea.

“Para justificar su inacción”, incide el catedrático, el Ayuntamiento de Cartagena, gobernado ahora en coalición por PP y Vox, se escuda, según fuentes municipales consultadas, en que espera la redacción, por parte del Estado, de un catálogo nacional de vestigios franquistas —tal y como está recogido en la ley de 2022— que marque las pautas de la retirada. “La corporación arroja además”, prosigue Egea, “un sinfín de excusas de muy poco fundamento, como que no hay que dar más trabajo a los carteros cambiando nombres de calles, o complicar la vida a los ciudadanos modificando la dirección de su domicilio”.

En la ciudad portuaria hay ahora mismo más de 20 vías que la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena (MHC) asocia al régimen y lleva años denunciando. De todas ellas, dos de las más evidentes se denominan ‘José Antonio’. Las fuentes municipales esgrimen que, una de ellas, ubicada en la pedanía de La Aljorra, corresponde a un personaje local ilustre; sobre la otra, sita en el barrio de Los Dolores, señalan que “no se tiene información relativa a la motivación de esta placa y no se puede afirmar que se trate de Primo de Rivera”.

Para la medalla de oro de Franco y del resto de personajes las mismas fuentes abogan por esperar al catálogo nacional. Aunque aseguran que el listado de honores de la ciudad “está siendo objeto de estudio” de la Comisión Técnica para la Memoria Histórica municipal, que ya lleva cuatro años en marcha, desde 2021.

Únicas actuaciones, sin el PP en la alcaldía

“Las calles de una ciudad”, dice Pedro Egea, “son mapas de memoria, de respeto a la historia y a los sucesos trágicos que la marcaron. Es importante que esa memoria quede en la retina de los ciudadanos, y que dignifique y respete a las víctimas. Ahora mismo ese respeto, en Cartagena, no existe”.

Dicha ausencia de respeto mencionada por el historiador apunta directamente al PP, que ha gobernado el municipio, desde la aprobación de la ley de 2007 hasta la actualidad, todos los años salvo un periplo de seis: del 2015 al 2021. Las únicas actuaciones por la Memoria Histórica que se han llevado a cabo en la ciudad —en concreto, la retirada de 28 calles y varias cruces y bustos— ocurrieron durante ese período.

Hay que remontarse al año 2010 para encontrar las primeras reclamaciones de la MHC al Ayuntamiento por la retirada de remanentes franquistas de las vías públicas. Bernardo Sánchez, que por entonces ya formaba parte de la Asociación, cuenta que todas esas peticiones se diluyeron en el silencio, y que solo fueron escuchadas cuando los populares salieron de la alcaldía. “Si no llegan a perder las elecciones de 2015, en favor de PSOE y MC, no se habría quitado absolutamente nada. El PP no cree en la reparación. Siempre está diciendo que quitar calles es como abrir heridas del pasado, como dividir a los españoles otra vez. Ese es su mensaje”.

Durante aquella legislatura 2015-2019 se retiraron, entre otros, nombres como la plaza Bastarreche o la plaza general López Pinto; la calle general Mola en la pedanía de Los Belones; la calle Belchite del barrio Peral; la calle de los Caídos de El Albujón o la avenida Arriba España de La Puebla. “Cuando el PP llegó de nuevo al Gobierno, en 2021, todo se paralizó. Y así seguimos a día de hoy. La Comisión celebra reuniones, pero no decide nada. Se puede poner de acuerdo en que una calle es claramente franquista, pero eso no sirve si no se aprueba después en un pleno. Ahora que el PP gobierna de la mano de Vox está incluso más influenciado”, apunta Bernardo Sánchez.

“Intentamos por activa y por pasiva que se continúe el trabajo y que se quite lo que queda. Pero no hay manera. Reclamamos y no obtenemos respuesta. Lo gritamos en voz alta y no nos escuchan ni nos dan explicaciones”, abunda.

Calle Aviador Franco, calle Ruiz de Alda

Desde el centro de la ciudad, en la señalada avenida Pío XII, la topografía de nombres y elementos alusivos a la dictadura se despliega en Cartagena como un abanico de varios kilómetros: Aviador Franco; Antonio Ramos Carratalá; Ingeniero de la Cierva; Fernández Capalleja; General Pedro Pourtau; Antonio Soler Bans; Trece de Septiembre; José Antonio; Primo de Rivera; Pla y Deniel; Ruiz de Alda; Federico Casal; una placa de la construcción de un edificio de viviendas que todavía conserva, lustrosos, el yugo y las flechas en la avenida de los Toreros.

Las fuentes consultadas del Gobierno local de PP y Vox reafirman que “la retirada efectiva” de todas ellas “ocurrirá cuando se cree y se publique el catálogo nacional”, e inciden en que estudiar cada caso concreto para “llegar a conclusiones y emitir informes” es “largo y farragoso”.

“Es la razón que utilizan para no mover un dedo. Tienen capacidad para actuar y dilucidar si una calle cumple con la ley y eliminarla si no es así. El catálogo solo serviría para evitar conjeturas y dilaciones. Pero esta corporación es hermética e inmóvil. Las calles José Antonio, la calle Pla y Deniel, la medalla de oro de Franco. Nada de eso necesita de ningún catálogo ni de ningún estudio que determine que son franquistas”, esgrime al respecto Bernardo Sánchez.

“El orgullo por la dictadura aún permanece en la derecha”

La realidad de Cartagena es extrapolable a gran parte de la Región de Murcia. Nunca ha existido una ley autonómica de Memoria Histórica para acelerar las actuaciones. Sin ir más lejos, la Asamblea Regional, con los votos a favor de populares y ultraderechistas, elevó el pasado 3 de junio una petición al Gobierno de España de “abandonar las políticas de memoria sobre los hechos del pasado para que se garanticen las libertades de pensamiento y de cátedra”.

En Murcia, la capital, todavía impresiona la inscripción en honor a José Antonio Primo de Rivera en las paredes exteriores de la catedral. En esa misma ciudad, el Ayuntamiento del PP trató de derribar en febrero los muros de la Cárcel Vieja, un penal donde más de 500 republicanos fueron fusilados entre 1939 y 1948, para convertirlo en un restaurante. En el puerto de la cadena, entre Murcia y Cartagena, se alza un ángel de los caídos al que alguien se ocupa de llevar con frecuencia ramos de flores frescas. En otras poblaciones, como la costera de San Pedro del Pinatar, los turistas y veraneantes pasean al calor de junio por calles como Vallejo-Nágera, Carrero Blanco o Queipo del Llano. Este municipio también está gobernado por el PP.

“El orgullo por la dictadura aún permanece en la derecha. No hay derecha en España que se declare antifranquista, y la ultraderecha no se esconde”, reflexiona al hilo Bernardo Sánchez. “Ni PP ni Vox ven mal que todos esos nombres sigan aludiendo a espacios públicos. Eso no va con ellos”.

“Hay que limpiar con hondura esta basura fascista de las calles, pero no hay posibilidad de que se haga algo ahora mismo, salvo que se vaya por la vía judicial”, sentencia Pedro Egea, resignado. Sabe que para cuando concluyan las actuales legislaturas, en el año 2027, ya se habrán cumplido dos décadas de la aprobación de la primera ley de Memoria Histórica, que ya obligaba a los municipios, de la misma forma que obliga la actual, a desprenderse de esas sombras vivientes de una de las etapas más oscuras del pasado.

Un comité de experto compuesto por 14 especialistas en Historia será el encargado de elaborar los contenidos del centro de emoria con el que se resignificará el monumento a los Caídos de Pamplona, el segundo mayor en tamaño tras el de Cuelgamuros y el primero enclavado en un entorno urbano. En este complejo arquitectónico reposaron hasta 2016 los restos mortales de los generales golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, los contenidos del nuevo centro “de interpretación de memoria democrática y contra el fascismo” tendrán como prioridad “incorporar el relato sobre quiénes fueron los victimarios y cómo se desarrolló esa época de represión y muerte durante la Guerra Civil y el Régimen franquista”. De esta manera, añaden, “se conseguirá un espacio único en el conjunto de espacios y lugares vinculados a la Memoria y una coordinación y complementación respecto al futuro Instituto de la Memoria”.

Como ya se avanzó el día en el que EH Bildu, PSN y Geroa Bai anunciaron el acuerdo político para la resignificación del monumento, la creación del centro obliga a modificar el grado de protección del Monumento a los Caídos, que en la actualidad impide cualquier tipo de intervención. Según apuntan desde el Consistorio esta medida se “adoptará este lunes la Junta de Gobierno como paso previo” y se trasladará a la Dirección General de Cultura - Príncipe de Viana, “cuyo informe preceptivo y vinculante completará el proceso”.

Entre los 14 especialistas que elabrorarán los contenidos del nuevo centro de Memoria se encuentran el doctor en Historia José Miguel Gastón Aguas, quien fue presidente del Instituto de Historia Económica y Social Geronimo de Uztariz y es director del Instituto Navarro de la Memoria y autor de numerosas publicaciones. También el doctor en Historia, investigador y docente César Layana Ilundain, jefe de la sección de Documentación del Instituto Navarro de la Memoria.

A ellos dos les acompañan también el doctor en Historia y profesor Fernando Mendiola Gonzalo, director del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra de la UPNA, y otro doctor en Historia y docente, Emilio Majuelo Gil, quien ha publicado siete libros y decenas de artículos. Junto a ellos estará la maestra y activista de movimientos sociales Asun Larreta Ayesa, nieta de maestro asesinado y descendiente de militantes de la resistencia al fascismo; y la profesora Matilde Eiroa San Francisco, investigadora del periodo 1936-1975 concretado en las temáticas de la represión, la historia de las mujeres, las relaciones internacionales y los medios de comunicación. 

La tercera mujer del comité será la actriz, licenciada en Artes y experta en comunicación política Fernanda García Iribarren, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, quien trabajará junto a la profesora de Bellas Artes Nora Hochbaum, directora general del Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Junto a ellas estará la directora del Museo de la Paz de Gernika, Iratxe Momoitio Astorkia, licenciada en Filosofía y Letras y postgraduada en museología y museografía, gestión cultural, políticas públicas de memoria; y la doctora y profesora Nuria Ricart Ulldemolins, investigadora principal de ‘Arte público y memoria: monumentalidad, arte público, espacio público y memoria’, y directora del Grupo de Investigación Arte Público, Memoria y Patrimonio.

También realizará sus aportaciones el catedrático Miguel Ángel del Arco Blanco, investigador especializado en la guerra civil, la posguerra, y el fascismo, con múltiples publicaciones a su cargo; y el catedrático Lourenzo Fernández Prieto, director del proyecto universitario Nomes e Voces, sobre la represión franquista en Galicia. A ellos se une el historiador y profesor Jordi Guixé Coromines, director del Director del Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), y el filósofo e historiador Cristian Dürr, quien trabaja para el Memorial de Mauthausen en Austria, Tiene diversas publicaciones sobre lugares de memoria en torno a la represión y las dictaduras del siglo XX e integra el equipo que reforma del espacio de memoria en el antiguo campo de concentración de Gusen.

Los trabajos preliminares de este equipo de personas expertas han comenzado ya, aunque el pistoletazo de salida oficial a su tarea se dará la semana que viene. La hoja de ruta con la que trabaja el Ayuntamiento es que este comité pueda presentar una propuesta de contenidos para mediados del mes de septiembre. Ese documento se incorporará a las bases del concurso internacional de arquitectura que deberá alumbrar el proyecto definitivo para lo que habrá de ser el futuro centro de memoria y contra el fascismo que se ubicará en los Caídos. El horizonte que se marca para el lanzamiento de este concurso son los meses de octubre y noviembre de este mismo año.

Protección del Plan Municipal

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona va a modificar la protección que otorga el Plan Municipal a algunos de los elementos integrantes del Monumento a los Caídos como primer paso para crear el centro de interpretación de memoria histórica. El cuerpo central, las arquerías y toda la superficie del sótano cambiarían su grado de protección, para materializar el acuerdo aprobado por el Pleno municipal del 6 febrero de 2025, en línea con la Ley Foral 3/2025, de 20 de marzo.

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona acordó impulsar un proceso de transformación del monumento a los Caídos para convertirlo en un centro de interpretación para la memoria democrática y la denuncia del fascismo. Este acuerdo recogía los fundamentos del ‘Acuerdo político para la trasformación del denominado monumento a los Caídos y la creación del Centro de Interpretación Maravillas Lamberto’, así como la creación de un comité de expertos para definir su contenido y la puesta en marcha de un concurso de proyectos.

La transformación del monumento precisa cambiar la protección que le otorga el catálogo del Plan Municipal de Pamplona. El edificio en sí no reviste gran valor arquitectónico, pero está protegido por su significación histórica, emblemática y urbanística. Como hito urbano, además de cerrar la avenida de Carlos III, el monumento cierra la ciudad hacia el sur, creando una barrera con el crecimiento natural de la ciudad.

El cambio del régimen de protección permite un mayor grado de intervención, por lo que se propone reducir el grado de protección del cuerpo central del edificio de grado 2 a 3. El cuerpo central cuenta con la planta noble, situada al nivel de acceso, y la planta sótano, que alberga la cripta y los accesos a las galerías de acceso a la parroquia de Cristo Rey y la casa parroquial, ubicadas bajo las arquerías. Se pretende también adecuar el régimen de detalle en la protección, de forma que desaparecería la protección de toda la superficie en sótano del monumento, incluida la cripta y las galerías y escaleras de acceso, así como de las arquerías laterales, en sótano y en vuelo.

De esta manera, se adecua el grado de protección a los valores del edificio, en coherencia con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, y la Ley Foral 3/2025, de 20 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinado y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.

Enmig de les negociacions dels Pressupostos autonòmics del 2025, amb Vox redoblant la seva pressió al PP perquè derogui la llei balear de memòria democràtica a canvi de donar suport als comptes, conservadors i extrema dreta han tombat una iniciativa dirigida, entre altres punts, a reclamar al Govern la retirada d'elements i vestigis antidemocràtics del paisatge urbà de Balears, com les plaques amb simbologia feixista, els monuments als “caiguts” i els noms de carrers dedicats a aquells que van col·laborar amb el cop d'estat de 1936 o amb la repressió franquista, tal com obliga la normativa que els de Santiago Abascal volen suprimir.

Durant la Comissió Assumptes Institucionals i Generals celebrada aquest dimecres al Parlament, ambdues formacions han emès set vots en contra d'aquesta Proposició No de Llei (PNL), defensada per Podem (Grup Mixt), davant dels sis vots a favor de la pròpia formació impulsora, PSIB-PSOE i Més per Mallorca.

Durant la seva intervenció a la sessió, el diputat de Vox Sergio Rodríguez ha qualificat de “vergonyosa” la llei de memòria, considerant-la “digna de Corea del Nord”, i ha assegurat que la seva formació no és “franquista”, tot i que el passat mes d'abril el mateix Rodríguez va enaltir els colpistes desitjant en ple hemicicle un “feliç dia de la victòria” en al·lusió a l'1 d'abril de 1939, data en què es va proclamar oficialment la fi de la Guerra Civil i va marcar l'inici de la dictadura franquista. “Nosaltres no som franquistes, parlem de reconciliació nacional i de tancar ferides d'una guerra de què es compliran cent anys”, ha manifestat, en línia de l'argumentari d'un partit, Vox, obstinat a apuntalar el seu negacionisme històric entorn dels crims perpetrats pel bàndol feixista.

El parlamentari d'extrema dreta ha aprofitat el seu discurs per carregar contra Aurora Picornell, icona del republicanisme a Mallorca assassinada pel franquisme la nit de reis de 1937, de qui ha manifestat que “tenia el mateix amor per la República que el general Mola, el general Sanjurjo i el general Franco”. “Picornell ha estat una altra víctima de la repressió, però les seves idees no eren democràtiques, ni a favor de la segona república ni de les llibertats: volia la dictadura del proletariat i un estat comunista com l'URSS”, ha dit. Picornell, activista summament compromesa amb els drets humans, laborals i de la dona, figurava en la fotografia que el president del Parlament, Gabriel Le Senne, va trencar l'any passat mentre es debatia la derogació de la llei de memòria, uns fets pels quals es troba pendent de ser previsiblement jutjat.

Entre altres mesures, la iniciativa tombada pel PP i Vox reclamava al Govern de la popular Marga Prohens reprendre l'impuls donat per l'anterior Executiu progressista a l'hora d'eliminar qualsevol element que hagués estat aixecat o col·locat “en honor als caiguts per Déu i per Espanya”, atenent el que estableix la llei autonòmica de memòria. El 2019, el gabinet presidit per la socialista Francina Armengol i amb Juan Pedro Yllanes (Podem) al capdavant de la Conselleria de Memòria Democràtica, va elaborar un cens integrat per un total de 95 símbols franquistes materialitzats majoritàriament en forma de plaques i creus. La llei de memòria insta la seva retirada, però molts continuen presents als espais públics de les illes.

Des que els populars, amb el suport de Vox, aconseguissin el poder el juliol del 2023, diversos ajuntaments han reprès els passos per a recuperar antics vestigis franquistes, com en el cas del municipi mallorquí de Bunyola, que va portar a ple una moció que instava a tornar a alçar la creu erigida el 1939 en honor als combatents feixistes.

L'exemple més significatiu de monuments que continuen drets en homenatge a les tropes franquistes és el monòlit de Sa Feixina, a Palma, erigit per la dictadura el 1947 per glorificar els “herois” delCreuer Balears, enfonsat el març de 1938 i responsable del bombardeig dut a terme un any abans contra la població civil que fugia de Màlaga a Almeria en plena ofensiva feixista –episodi històricament conegut com 'la Desbandà'–.

Convertit en un dels símbols més controvertits del paisatge urbà de Palma, aquest vestigi de l'arquitectura feixista ha estat, durant dècades, focus de diversos intents de resignificació, campanyes en pro de la seva demolició i diverses batalles judicials. Recentment, l'Ajuntament de la capital balear, governat per PP i Vox, va aprovar incloure'l, amb la màxima protecció integral, al catàleg municipal de béns d'interès històric, artístic i arquitectònic.

Al costat del Parlament balear roman, a més, una placa amb prou feines visible recorda “la victòria del gloriós exèrcit sobre els 'rojos' de Màlaga la màrtir”, mentre que, al cementiri de Palma, continua dret un mausoleu que les autoritats italianes van fer construir el 1942 per conservar-los marxisme“, per l'enderrocament de la Segona República i per la implantació d'un règim feixista a Espanya. Per garantir-ne el manteniment, el Govern italià abona cada any 449,11 euros a l'Empresa Funerària Municipal (EFM), d'acord amb la documentació consultada al seu dia per elDiario.es.

La PNL també instava a la represa de les tasques d'atenció específica que duia a terme l'Oficina d'Atenció Directa a les Víctimes del cop d'estat feixista del 1936, la Guerra Civil i el franquisme, creada a principis del 2023 per l'anterior Govern progressista amb l'objectiu d'oferir als familiars de les víctimes la possibilitat d'intercanviar informació amb la Direcció General de Memòria Democràtica de manera individualitzada, a més de rebre assessorament jurídic i atenció psicològica si així ho desitjaven. També incloïa la recollida documental audiovisual de testimonis de familiars de víctimes, la recollida de mostres d'ADN per a possibles identificacions o el lliurament de còpies de documentació històrica relacionades amb l'assassinat dels seus familiars. Era un ens pioner a nivell estatal.

Una altra de les mesures que PP i Vox han rebutjat reclamar al Govern és la posada a disposició de les famílies de les víctimes d'un lloc adequat on poder ser ateses pel servei de psicologia a la seva disposició per tractar possibles traumes i que actualment s'està proporcionant a les dependències privades d'un hotel, així com la represa del lliurament dels certificats de víctimes del franquisme a les famílies que van sofrir la repressió.

La iniciativa de la diputada morada reclamava alhora la inauguració pública del Memorial de la Dignitat, un mausoleu adquirit pel Govern del Pacte per albergar al cementiri de Palma les restes de víctimes del franquisme no identificades, a més d'urgir a la necessitat de dissenyar i licitar el cinquè desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme i dirigit a exhumar les més de 2.000 víctimes que van ser assassinades pel feixisme a les Balears.