La presunta red de blanqueo de la mafia rusa asentada en Benidorm y Altea invirtió en proyectos de viviendas de lujo, terrenos, 'bitcoins' y discotecas. La trama, liderada supuestamente por un militante del PP, el abogado de origen ruso Alexey Shirokov, manejaba fondos de origen ilícito provenientes del crimen organizado del Este. Shirokov y otros cuatro procesados, entre ellos el 'hacker' ruso Danys Katana, están al borde del banquillo tras el auto de incoación del procedimiento abreviado dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm.

La resolución detalla las operaciones de blanqueo de capitales mediante transferencias de fondos de procedencia injustificada de Rusia a España, “usando empresas pantalla interpuestas a nombres de testaferros”, entre otros mecanismos.

“Estos fondos se invirtieron en España, principalmente en el sector inmobiliario y de ocio, proviniendo de empresarios rusos vinculados con el crimen organizado exsoviético”, agrega la jueza instructora.

Los presuntos miembros de la red mafiosa pusieron en contacto a empresarios rusos y españoles “para blanquear el dinero, todo ello a través de operaciones de compraventa de inmuebles, terrenos, locales para construir, restaurantes o entregas de dinero en efectivo, transferencias o movimientos de dinero entre empresas administradas por los investigados o por testaferros controlados por ellos”, indica el auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Así, los empresarios rusos vinculados al crimen organizado abrieron cuentas bancarias en España autorizando como titulares a los presuntos miembros del grupo criminal en la costa valenciana. 

Entre otros mecanismos clásicos de blanqueo de capitales, la trama usó transferencias como si se tratara de préstamos. En 2016, ante la notaria de Altea Beatriz Azpitarte Melero, el empresario Mikhail Danilov, “vinculado con autoridades criminales rusas”, según la jueza, adquirió una vivienda en la urbanización de lujo Altea Hills por un importe de 600.000 euros mediante dos empresas de la trama. La mayoría de los fondos provenían de una entidad bancaria suiza. Alexey Shirokov, autorizado en las cuentas, estaba autorizado en las cuentas del empresario y actuaba como intérprete en la operación.

Kamin Investments SL, la sociedad usada en la adquisición de la vivienda, fue la promotora del denominado 'Proyecto Celeste', un espacio residencial de once viviendas de lujo en Altea. Se trata de la localidad alicantina en la que Shirokov actuaba como “lobista” del PP y mantenía contactos con cargos populares, según el auto.

El empresario ruso Sergey Ivanov compró la mayoría de las participaciones de la empresa a través de firmas radicadas en paraísos fiscales, con transferencias internacionales por un valor superior a los cinco millones de euros. También facilitó un crédito personal a la empresa por cuatro millones de euros para nutrir las cuentas de Kamin Investments SL en el marco del proyecto de viviendas de lujo en Altea.

La sociedad recibió, según la documentación de la Agencia Tributaria que consta en el sumario, 10,1 millones de euros procedentes de Chipre, Rusia y Letonia para financiar la operación inmobiliaria.

Otra de las operaciones de la presunta red de blanqueo fue la compraventa de un restaurant en Ibiza (el Avocado Queen) mediante operaciones de 'hawala', un sistema informal de transferencia de dinero común en el mundo árabe. Dos de los procesados, Maxim Khakimov y Nikolay Mitiurev, usaron el dinero sospechoso “para realizar proyectos de ocio relacionados con la compra de discotecas en la isla”, según el auto. También compraron la mitad del accionariado de la empresa Ushuaia Entertainment SL.

El empresario Sergey Serebriakov, vinculado al crimen organizado del Este según la instrucción, adquirió en 2005 una propiedad situada en La Nucia (Alicante), por un precio de 390.000 euros, en una operación de compraventa en la que estuvo representado por Maxim Khakimov.

Serebriakov, junto con el también empresario Boris Mazur, adquirió dos parcelas en la isla de Formentera, abonando un importe total de 725.000 euros. En otra operación, el mismo empresario actuó de fiador en un préstamo hipotecario, solicitado por Maxim Khakimov y Maria Zotova, por un importe de 520.000 euros, para la adquisición de una vivienda en Altea. 

En 2010, Khakimov y Mityurev constituyeron la sociedad Expo Design Vanguard SL (y, posteriormente, Samarcanda Trading SL) para facilitar la entrada de “fondos provenientes de terceros países” y adquirir así una nave industrial en Ibiza.

Para otra de las operaciones, Mikhail Zhizhin, con la cooperación de Shirokov, “introdujo en España fondos deslocalizados por 440.000 euros desde Rusia y Suiza”, según el auto, para la compra de unos terrenos destinados a una inversión en un camping de Altea, bajo la cobertura de la firma Complejo Urbanístico de Altea SL.

Los supuestos fondos ilícitos provenían de la cúpula del crimen organizado ruso de “alto nivel criminal”, según datos de inteligencia policial de Europol.

Cuatro cuentas en España

La presunta red de blanqueo, según afirma la instructora, abrió cuatro cuentas bancarias “para la introducción y circulación de estos fondos por España”, en entidades como el Banco Sabadell, el Santander o la Banca March. La trama también usó los contactos de Shirokov en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para acelerar trámites de extranjería —“obviando los cauces legales”— a cambio de regalos o prestaciones económicas. 

El abogado, militante del PP, “asesoraba a sus clientes, empresarios rusos, en la realización de operaciones bancarias y transferencias de dinero para burlar controles bancarios y evitar que las transferencias sean investigadas”, indica la jueza instructora. Fue el caso del empresario Kamil Mansurovich para la operación de compraventa con el procesado Mikhail Zhizhin en la compraventa del barco 'Bravo' mediante dinero en efectivo y una transferencia desde Suiza, un “paraíso fiscal”, tal como apostilla el auto.

Alexey Shirokov, según la instrucción, utilizó en sus operaciones dinero en efectivo mediante transferencias informales de fondos o el 'hawala', usando a sus propios clientes e incluso a sus familiares. El principal procesado asesoraba a sus clientes para dificultar la localización de la procedencia del dinero o en justificar “ingresos de origen criminal procedentes de Rusia” , todo “a cambio de una comisión”, agrega el auto.

La red también recurrió al 'hacker' ruso Denys Katana, condenado por la Audiencia Nacional, para invertir los fondos ilícitos mediante negocios de inversión en criptomonedas.

El presunto mafioso ruso Alexey Shirokov, abogado y empresario residente en Benidorm y detenido esta semana en la mayor operación contra el crimen organizado del este en una década, era militante del Partido Popular y “pretendido lobista” de la formación conservadora en Altea (Alicante), según el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm al que ha tenido acceso elDiario.es. La Policía Nacional considera que el joven Shirokov orquestó una “red clientelar” para untar a políticos del PP y funcionarios policiales y de la Diputación de Alicante para facilitar gestiones, especialmente en materia de extranjería, con “regalos constantes”.

Los investigadores adjudican a Shirokov el papel de “conseguidor” de la red mafiosa en varios municipios turísticos de Alicante. El detenido representaba en España a mafiosos del nivel más alto de la criminalidad organizada del espacio exsoviético, según los datos de la inteligencia policial de Europol, y era militante del PP de Altea. La Policía adjudica al presunto criminal el papel de “pretendido lobista” del PP. Los investigadores consiguieron pinchar los teléfonos de la red y han detectado conversaciones con varios cargos municipales del partido en Alicante, tal como ha informado este diario.

Alexey Shirokov hacía “regalos constantes” a sus interlocutores en el PP y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según apunta la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm. En una llamada interceptada a un número de teléfono perteneciente a la Dirección General de la Policía y correspondiente a un tal Fernando, el representante de la mafia rusa en Benidorm pide ayuda para renovar el DNI de Jesús Ballester, candidato del PP a la alcaldía de Altea.

Shirokov, según la investigación, regalaba botellas de vino a funcionarios del ayuntamiento y a agentes de la Guardia Civil. El ciudadano de origen ruso detenido también reconoció en llamadas telefónicas intervenidas por la Policía que sobornaba a funcionarios del SUMA de la Diputación de Alicante (el organismo provincial encargado de la gestión de Alicante): “Allí son todos más o menos amigos”, decía.

“Alexey Shirokov ha conseguido desplegar una extensa red clientelar cultivando la amistad y las relaciones personales y comerciales con personas de su entorno policial, administrativo y político”, sostiene la jueza instructora del caso en el auto. El empresario de origen ruso ayuda a sus clientes “con cualquier necesidad comercial o administrativa” y representa en España a una serie de miembros del crimen organizado del este del más alto nivel, según los informes de la inteligencia policial que figuran en el sumario.

Alexey Shirokov es socio, según desvela el auto de la magistrada, de Kamil Mansurovich Kafirov, “presidente de la petrolera Ekoil y socio empresarial”, que habría participado en “operaciones de transferencia de fondos sospechosos” de presuntos negocios del crimen organizado ruso del más alto nivel en la costa valenciana. El empresario asentado en Benidorm “forma parte de la red logística” de la mafia rusa en Alicante como representante y facilitador de todo tipo de gestiones ante la administración española, según indica el auto.

El detenido se encargaba de mover fondos de “políticos y empresarios rusos” y de “algunas personas vinculadas a la criminalidad organizada exsoviética” que estaban conectados con “empresarios españoles de alto nivel”. Shirokov “conseguía acelerar y facilitar” la adquisición de la residencia en España para ciudadanos de origen ruso vinculados al crimen organizado cobrando una contraprestación económica que utilizaba para untar a funcionarios policiales .

El presunto representante de la mafia rusa era militante del Partido Popular de Altea y, a juicio de los especialistas en el hampa del Este de la Policía Nacional, era un “pretendido lobista del Partido Popular de Altea”, que usaba sus contactos para su red clientelar en paralelo a sus actividades de presunto blanqueo de capitales. El presunto hampón negoció con clientes rusos varias inversiones económicas en la costa española, entre ellas la posibilidad de adquirir un supermercado de la cadena Mercadona, según apunta la magistrada.

Altea (la Marina Baixa) y Vilafranca (l'Alt Maestrat) serán las próximas capitales culturales valencianas, el título honorífico anual impulsado por la Generalitat y del cual recogerán el testigo el próximo 25 de abril. Ambas localidades, las primeras de este título honorífico de fuera de la provincia de València, tomaran el relevo de las que todavía son las máximas representantes culturales, Sagunt (el Camp de Morvedre) y Potries (la Safor), y de la primera declarada, Gandia (la Safor).

El nombramiento ha sido decidido en la comisión evaluadora que las ha seleccionado, y por segundo año consecutivo se han designado dos municipios con esta distinción, uno de más de 5.000 habitantes y uno de menos de 5.000 habitantes.

Según el conseller Vicent Marzà, “un reconocimiento como este es necesario y lo es porque la cultura se posa en el centro de la vertebración de nuestras comarcas”. Además, el titular de Educación y Cultura ha añadido que este año “tenemos una capitalidad cultural al sur y una al norte que cosen nuestra diversidad cultural y la impulsan”.

El proyecto de Altea ha sido seleccionado como capital cultural para un municipio de más de 5.000 habitantes “por una programación de calidad muy completa, que incluye diferentes vertientes artísticas y culturales como por ejemplo las artes plásticas, música, espectáculos y artes escénicas, letras y patrimonio. Una programación que tiene como hilo conductor el mar Mediterráneo y su vinculación con el municipio y la comarca de la Marina Baixa”.

Además, se han tenido en cuenta “el gran número de acontecimientos, festivales y premios consolidados que tienen lugar a Altea, así como la gran cantidad de espacios e instalaciones de referencia que tiene y su gran oferta complementaria de ocio y turismo”. También se destaca “el esfuerzo hecho en el desarrollo de una imagen gráfica y conceptual para difundir y comunicar de manera efectiva el proyecto”.

Por otro lado, Vilafranca ha sido reconocida como capital cultural para un municipio de menos de 5.000 habitantes. El proyecto de esta localidad del norte de las comarcas de Castelló, ha destacado por una oferta cultural que “cuenta con la gran participación del tejido asociativo del municipio y otros de entidades colaboradoras. Así, gran parte de la población participa en la confección de las agendas activas trimestrales que contienen toda la programación sociocultural, deportiva, educativa y de formación, consiguiendo así un planteamiento cultural participativo, interdisciplinar e intergeneracional”.

También se ha valorado la especial atención que hace el proyecto a su vertiente didáctica. Destaca el estrecho nexo entre cultura, educación y arte en su oferta formativa y el trabajo conjunto con la escuela y el instituto del municipio con el objetivo de fomentar la cultura y el arte entre el alumnado.

Así mismo, destaca la riqueza faunística de la zona y su gastronomía. Hay que destacar que Vilafranca además, ha sido una de las impulsoras para la consideración recientemente como Patrimonio de la Humanidad la piedra en seco.

Comisión

La comisión evaluadora de las candidaturas recibidas ha sido conformada por el conseller Vicent Marzà; el secretario autonómico de Cultura y Deporte, Albert Girona; la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga; el director general del Instituto Valenciano de Cultura, Abel Guarinos; los jefes de los servicios territoriales de Cultura de Alicante, Castelló y Valencia; y representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la Agencia Valenciana de Turismo, el Consell Valencià de Cultura y las universidades valencianas.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado esta semana en Marina Greenwich, un pequeño puerto deportivo privado de Altea (Alicante), donde han localizado dos yates que sospechan podrían ser propiedad del exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Las embarcaciones, según fuentes de la investigación, están a nombre de una empresa francesa y de un particular, que la UCO cree que podrían ser testaferros del político que este jueves ha sido enviado a prisión provisional y sin fianza tras negarse a declarar tras ser detenido en la Operación Erial.

Los agentes se personaron en las oficinas de Marina Greenwich para solicitar información sobre los dos yates, ambos atracados en el puerto deportivo, y estuvieron recabando datos durante más de ocho horas. La UCO indaga en los movimientos de las embarcaciones, entradas y salidas a puertos, y las personas que hubieran utilizado los barcos en los últimos años. Los agentes persiguen la identidad de los yates desde hace dos años, poco después de iniciarse la investigación.

Una de las embarcaciones tiene veinte metros de eslora y está a nombre de una sociedad francesa. Por otra parte, el titular del otro yate -de 15 metros- es un particular, de quien se sospecha podría ser un testaferro del expresidente de la Generalitat. Los barcos no han sido registrados todavía a falta de obtener más información sobre su propiedad real. Los agentes sospechan que habrían sido adquiridos con dinero opaco a la Agencia Tributaria.

Marina Greenwich es uno de los puertos deportivos más lujosos de Altea. Los propietarios de las instalaciones reivindican ser el único puerto del mundo situado en el meridiano 0, por eso han elegido el término Greenwich. Con la llegada de la Operación Erial a sus aguas y oficinas, Zaplana los podría haber convertido en la zona 0 de la investigación.

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción trabajan a marchas forzadas para localizar el patrimonio ilícito que podría haber amasado Eduardo Zaplana durante su trayectoria política, donde ningún año superó los 100.000 euros de ingresos lícitos. De momento, fuentes de la investigación apuntan a que tiene más de diez millones de euros en fondos en paraísos fiscales fruto del presunto cobro de comisiones. Pero los agentes intentan también localizar inmuebles que pudieran tener a nombre de terceras personas a parte de los dos que tiene declarados, el chalé de Benidorm y el piso de Madrid.

Cabe recordar que quienes son considerados sus testaferros, el matrimonio Joaquín Barceló y Felisa López tienen cuatro inmobiliarias y tres constructoras. Los dos yates son otros bienes que el político podría haber adquirido de esas operaciones ilícitas que ahora investiga el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y por las que está en prisión provisional.

Dos pateras alcanzaron este viernes la costa a la altura de Altea y Calp, y se localizó en un aparente buen estado de salud a siete inmigrantes, de los cuales dos manifiestaron ser menores de edad.

Según la Guardia Civil, las embarcaciones fueron sido avistadas a la altura de las calas de Cap Negret (Altea) y de Les Urques (Calpe), y a la llegada de los agentes los ocupantes de ambas pateras habían huido del lugar.

Junto a las pateras se encontró diversa ropa abandonada y en una de ellas un dispositivo de localización del tipo GPS.

Tras establecer un dispositivo de búsqueda para localizar a los ocupantes, se detuvo a siete inmigrantes que habían subido a un autobús en Calpe con dirección a Benidorm.

Los siete indocumentados están en buen estado de salud y son todos mayores de edad, menos dos de ellos que dicen tener 16 y 17 años.

En el caso de la patera de Altea, fue remolcada después de las 9.30 horas por una embarcación de la Cruz Roja al puerto de esa localidad.

Una vez que los inmigrantes trasladados al cuartel de la Guardia Civil, fueron asistidos por personal de la Cruz Roja.

Un ninot d'estil molt tradicional que recrea una mare amb el seu fill en un lloc de peixateria del Mercat Central ha sigut el més votat de l'Exposició del Ninot per aclaparant majoria i, per tant, quedarà indultat del foc com ja va succeir la vespra amb l'infantil de Duc de Gaeta.

La figura forma part de la falla d'Almirall Cadarso-Comte Altea, obra de l'artista Manuel Algarra, que competeix en la Secció Especial. El conjunt del monument està obtenint molt bona crítica i sona com un dels candidats al podi de la categoria.

Aquesta comissió ja va aconseguir l'indult del seu ninot, també de la mà de Manuel Algarra, els anys 2011, 2012, 2015 i 2016.

El ninot d'Algarra, passarà a formar part del Museu Faller, l'únic museu del món que tria les seues peces per votació popular.

El ninot ha aconseguit 15.303 vots, molt per davant del segon amb més punts que ha sigut el de la falla Santa Genoveva Torres, amb 2.982 vots. El tercer que més ha agradat ha sigut el de Llanterna-Na Robella, amb 2.882 vots.

Un ninot de corte muy tradicional que recrea a una madre con su hijo en un puesto de pescadería del Mercado Central ha sido el más votado de la Exposició del Ninot por abrumadora mayoría y, por tanto, quedará indultado del fuego como ya sucedió ayer con el infantil de Duque de Gaeta.

La figura forma parte de la falla de Almirante Cadarso-Conde Altea, obra del artista Manuel Algarra, que compite en la Sección Especial. El conjunto del monumento está obteniendo muy buena crítica y está sonando como uno de los candidatos al pódium de la categoría.

Esta comisión ya consiguió el indulto de su ninot, también de la mano de Manuel Algarra, en los años 2011, 2012, 2015 y 2016.

El ninot de Algarra, pasará a formar parte del Museo Fallero, el único museo del mundo que elige sus piezas por votación popular.

El ninot ha logrado 15.303 votos, muy por delante del segundo con más puntos que ha sido el de la falla Santa Genoveva Torres, con 2.982 votos. El tercero que más ha gustado ha sido el de Linterna-Na Robella, con 2.882 votos.

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal en Altea (Alicante) desde las 14.15 horas, según informa a través de su cuenta de Twitter el 112 de la Generalitat Valenciana.

En estos momentos hay movilizados dos medios aéreos, cuatro unidades de los bomberos forestales de la Generalitat, así como dos autobombas y tres vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Además, desde el 112 se ha dado por controlado un incendio rural en Ondara, en el que trabajan 2 unidades de Bombers Forestals de la Generalitat, 2 autobombes y 2 vehiculos del Consorcio de Alicante. Asimismo, un medio terrestre se ha quedado en otro fuego rural en Alcalalí.

Hay al menos 10 destinos de costa en España que rozan la perfección y dan mucho juego para las vacaciones, según las opiniones de los propios viajeros.  En el estudio, realizado por trivago, se han analizado 220 millones de opiniones sobre los hoteles de los 80 principales destinos de playa del país, una gran ayuda para apostar sobre seguro en el destino y el alojamiento de tus vacaciones. 

Es muy interesante también conocer la antigua ciudad romana de Pollentia, en Alcudia, visitar Aucanada e ir a Formentor, uno de los miradores con las vistas más espectaculares de la zona, por no hablar del legendario hotel Formentor, donde veraneaban, allá por los 70’, estrellas de Hollywood, políticos de todo el mundo y ricachones varios.

Un restaurante que no te defraudará es La Ponderosa, según el maitre y somelier Xisco Lorenzo, “porque puedes comer con los pies en la arena y con música house. A 5 kilómetros, puedes tomar copas en el Royal club. 

Si buscas un restaurante, la S’arroseria, por sus arroces tanto secos como caldosos. Está a tan solo 500 metros de la playa des Dolç. De allí, te puedes alquilar una lancha por unos 80€ para dar un paseíto hasta el Faro de Formentor. 

Si buscas comer bien La Hermandad de Pescadores es un clásico, sobre todo para comer kokotxas o merluza y pescados muy frescos, y también puedes acudir al afamado restaurante Alameda. 

Y para disfrutar de la gastronomía gallega del Atlántico, la recomendación es ir al espectacular pueblo de Rinlo. “A la Cofradía de Pescadores, que está en la ensenada de Areosa, es el mejor sitio para probar el arroz con langosta y bogavantes”, descubre el enólogo Eusebio Pérez-Pastor.

Para comer en el pueblo, que está alejado de la costa, puedes ir al Papelón, en el Paseo Marítimo, donde encontrarás el pescaíto frito envuelto en cartuchos de papel. Y no te pierdas las granjas y huertas ecológicas abiertas al público y con restaurante. 

Situado en la desembocadura del Guadalquivir, puedes disfrutar de buena comida en la terraza de El Espejo, o en la Casa Balbino, situada en la plaza del Cabildo, con sus míticas tortillitas de camarones. 

Para comer bien, son muy recomendables la sidrería La Marina o el Mesón El Labrador, con un suculento cachopo a buen precio. Para probar quesos autóctonos, La Talamera tiene una amplia variedad en un ambiente distendido. 

No te pierdas La Mascarada, el restaurante del capitán Kurt, que dejó su bar plagado de recuerdos de su vuelta al mundo y que ahora regenta su viuda. Además sirve una de las mejores carnes de España. En Altea podrás disfrutar del caldero y de los arroces, por ejemplo en Casa Miguel, con un arroz a banda espectacular.

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Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, muchos de los señores del ladrillo descendieron a los infiernos atrapados por las deudas. Las urbanizaciones que teñían de cemento espacios naturales únicos y colmataban el territorio pasaron a mejor vida. Se firmó el acta de defunción del urbanismo depredador.

Las imágenes de urbanizaciones y bloques de pisos a medio acabar sentenciaron una actividad que ahora repunta. Aunque sin excesos. Sin embargo, proyectos gestados durante el frenesí inmobiliario aún se mantienen. Y se quieren llevar adelante. Es el caso de la urbanización de lujo planteada sobre la Sierra de Bèrnia por el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià (La Marina Baixa), gobernado por Compromís y PSPV-PSOE.

De la época de la burbuja

La idea de la urbanización no es nueva: su origen se remonta a finales de la década de 1990. Con los populares gobernando en el municipio, se proyecta una urbanización de 1,8 millones de metros cuadrados. El complejo residencial al más puro estilo Marina d’Or concentra un hotel, un helipuerto, varios campos de golf y 2.178 viviendas de chalets unifamiliares. La ubicación escogida: las faldas de la Sierra de Bèrnia, a escasos kilómetros de Altea.

La tramitación de la urbanización se hace entonces a través de un Proyecto de Adecuación Urbanística (PAI), una figura urbanística polémica. La mercantil Miragolf Playa SA, impulsora de la actuación inmobiliaria y propietaria del 96% del suelo, presenta en 2005 al Ayuntamiento gobernado entonces por los socialistas su proyecto. La actuación, que se estima integrar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que prepara el gobierno municipal, es ubicada en el llamado plan parcial Anibitis-Margequivir.

“En ese momento, la mercantil presiona. Se va a aprobar la nueva ley urbanística valenciana que imposibilitaría el proyecto. Y necesitan darle luz verde ya”, recuerda el portavoz de Ecologistas en Acción en el País Valenciano, Carlos Arribas. El consistorio adjudica en enero de 2006 la operación urbanística, poco antes de la entrada en vigor de la ley. Lo hace tan rápido que el PAI se autoriza antes de que se apruebe de forma definitiva el PGOU. Todos los partidos que integran el Ayuntamiento –PP, PSPV-PSOE y entonces BLOC- están a favor de la actuación. “Es muy raro que todos siempre hayan estado de acuerdo. Más cuando Compromís en Benissa está en contra del complejo”, censura Arribas.

“Muchos vecinos no estábamos de acuerdo con ello. Nos parecía que no era nada necesario e hipotecaba nuestros recursos durante muchos años”, relata Maribel. Fruto de ese malestar, nace la plataforma Callosa Sostenible, que junto con Ecologistas en Acción se convertirán en la oposición visible al proyecto en la población. La entidad presentará a partir de entonces decenas de alegaciones al proyecto, centrándolas en que el proyecto invadía zonas integradas en la Red Natura 2000, una malla ecológica europea que comprende zonas especiales de conservación de la biodiversidad.

Tras el recurso de un particular, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tumba en abril de 2009 el proyecto. La justicia califica la actuación municipal de “ilegal”. Y considera que ha habido en la aprobación “una desviación de poder”. La razón: al PAI se le da luz verde antes de que esté resuelto el PGOU.

Nuevo intento fallido

2010. El varapalo judicial y la crisis económica no son impedimento para que el Ayuntamiento y la constructora lo vuelvan a intentar. Y esta vez con el PP en la alcaldía, aunque PSPV-PSOE y Bloc también lo respaldan. Eso sí, se acomete una modificación de calado: se decide impulsar a través de la gestión directa. Es decir, el promotor es el Ayuntamiento. El otro cambio es la renuncia al heliopuerto, considerado una amenaza para especies protegidas y en peligro de extinción que habitan en la zona, como el águila azor perdiguera.

Ecologistas en Acción acude a los tribunales. En sus alegaciones denuncia irregularidades en la tramitación, que se incumple el límite de pendiente legal, que no se incorpora un Estudio de Sostenibilidad Económica y que existen contradicciones entre el proyecto presentado y la ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.

Callosa Sostenible vuelve a presentar las suyas. Argumenta que el estudio ambiental que servía para evaluar los efectos sobre la Red Natura 2000 es caduco porque está fechado en 2009. Y alertan de que la urbanización se asienta en un 75% sobre suelos declarados Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), que afecta a especies de plantas protegidas y que se incumple la ley de golf. El entonces alcalde, Batiste Savall (PP), defiende que solo el 3% del proyecto ocupa terrenos considerados LIC.

La polémica se centra en si existen recursos hídricos suficientes para construir el complejo. La entonces portavoz del partido Cipal en Altea y ahora líder valenciana de Ciudadanos, Carolina Punset, asegura que no por sus implicaciones para  Altea. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en un primer informe otorga la razón a Callosa Sostenible, pero nueve meses después se la quita. La clave es la legalización de tres pozos que permiten abastecer el municipio y la urbanización. La plataforma y la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat contestan ese nuevo informe con otro de la Universitat d’Alacant que teóricamente lo rebate.  

Además, sobre la empresa recaen sombras. “Se tiene la convicción de que la relación entre la constructora y el Ayuntamiento es muy estrecha. Hay sospechas de que la mercantil pagó fiestas del pueblo y dio dinero al consistorio, pero no lo hemos podido probar”, denuncia Arribas. La empresa sí que tiene lazos sabidos con el PP. El entonces edil popular del municipio vecino de Benimantell, Javier Vidal, participa en la empresa junto a su hermano. El dueño de varias ópticas y empresario “ligado al PP”-según Arribas- Alfredo Castor Ulloa es otro de los accionistas. La mercantil, además, por esas fechas tenía retirados problemas con la Seguridad Social y Hacienda.

Tumbado por el TSJ y reavivado por la izquierda

En 2014, el TSJ vuelve a cruzarse en el camino: tumba el proyecto. Da la razón a los ecologistas alegando que hubo irregularidades en el cambio de clasificación del suelo por no hacerse de forma correcta la evaluación ambiental. Pero el Ayuntamiento no cede. Firma un convenio con la Miragolf SA, que pasa a denominarse Arquitectura y Construcción de Vanguardia (ACV), por lo que ésta se hace cargo de sufragar los costes de la modificación del PGOU. Se hace antes de las elecciones, aunque la llegada de la izquierda al gobierno no cambia la ecuación.

El nuevo proyecto reduce sensiblemente las hectáreas y permite construir bloques de pisos. Y, además, se le añade la construcción de una depuradora propia, un Palacio de Congresos, tres restaurantes, un mini centro comercial, un museo de 8.000 metros cuadrados y un club deportivo. También se proyecta la creación de una fundación para preservar la zona e impulsar el turismo cultural y ambiental. El hotel que se estima construir es de 7 estrellas. Arquitectos como David Chipperfield diseñan el complejo. “La urbanización no afecta ni al 3% del LIC”, asegura Josep Savall, alcalde de la localidad (Compromís). “Si quitamos las zonas verdes y el campo de golf no afecta ni al 1,4%”, recalca.

“Es un modelo único de urbanización por su apuesta por la sostenibilidad. Allí no entrarán coches de combustión. Habrá parkings subterráneos y la gente subirá a la parte alta con coches eléctricos”, afirma. Para facilitar el acceso al mar, se creará un Beach Club que contará con un servicio de transporte regular. La empresa donará el 2,9% de las ventas de los inmuebles para crear la fundación, lo que representa unos 29 millones de euros. La mitad de ese dinero irá para mantener el museo que albergará salas de pintura, escultura, arte y música. El otro 50% irá destinado a la conservación del patrimonio cultural y natural.

La inversión estimada es de 700 millones de euros.  Y se estima la creación de 1.200 puestos de trabajos directos sostenidos durante 10 años y otros 1.800 indirectos. La cooperativa del pueblo, la asociación empresarial, la comunidad de regantes y otras dos entidades firmaron una resolución de respaldo al proyecto el pasado jueves durante la celebración del pleno municipal. “Es un proyecto asociado al urbanismo disgregador. Está alejado del casco urbano con lo que no tiene incidencia positiva para el pueblo y consume muchos recursos”, alerta Daniel Montiel, de Callosa Sostenible.

Ecologistas en Acción alega que la actuación urbanística supondrá la desaparición de hábitats, no favorece el modelo compacto de ciudad defendido por la Unión Europea, incumple la nueva ley urbanística, entra en graves contradicciones con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana –marco legal con el que se regula el crecimiento de los municipios-  y pone peligro especies como el águila perdicera y el pino mediterráneo. Asimismo, cuestionan a la empresa por aparecer en la lista de morosos al fisco que desveló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con una deuda de más de 1 millón de euros.

“El proyecto es una auténtica barbaridad urbanística que se hace sobre una sierra virgen ”, resume Montiel. Sin embargo, la decisión sobre si el proyecto avanza -y en qué condiciones en caso de que se dé luz verde- depende de la Generalitat Valenciana. Su Declaración de Impacto Ambiental será clave y marcará el futuro de la urbanización de lujo. La pelota está en el tejado del Consell.

Amb la punxada de la bambolla immobiliària, molts dels senyors de la rajola van descendir als inferns atrapats pels deutes. Les urbanitzacions que tenyien de ciment espais naturals únics i reblien el territori van passar a millor vida. Es va firmar l’acta de defunció de l’urbanisme depredador.

Les imatges d’urbanitzacions i blocs de pisos a mig acabar van sentenciar una activitat que ara repunta, encara que sense excessos. No obstant això, projectes gestats durant el frenesí immobiliari encara es mantenen, i es volen portar endavant. És el cas de la urbanització de luxe plantejada sobre la serra de Bèrnia per l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià (la Marina Baixa), governat per Compromís i PSPV-PSOE.

De l’època de la bambolla

De l’època de la bambollaLa idea de la urbanització no és nova: l’origen es remunta a les acaballes de la dècada del 1990. Amb els populars governant en el municipi, es projecta una urbanització d’1,8 milions de metres quadrats. El complex residencial al més pur estil Marina d’Or concentra un hotel, un heliport, uns quants camps de golf i 2.178 habitatges de xalets unifamiliars. La situació escollida: els vessants de la serra de Bèrnia, a escassos quilòmetres d’Altea.

La tramitació de la urbanització es fa llavors a través d’un projecte d’adequació urbanística o d’actuació integrada (PAI), una figura urbanística polèmica. La mercantil Miragolf Playa SA, impulsora de l’actuació immobiliària i propietària del 96% del sòl, presenta el 2005 a l’Ajuntament governat llavors pels socialistes el seu projecte. L’actuació, que s’estima integrar en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que prepara el govern municipal, és situada en l’anomenat pla parcial Anibitis-Margequivir.

“En aqueix moment, la mercantil pressiona. Es va a aprovar la nova llei urbanística valenciana que impossibilitaria el projecte. I necessiten donar-hi llum verd ja”, recorda el portaveu d’Ecologistes en Acció al País Valencià, Carlos Arribas. El consistori adjudica al gener del 2006 l’operació urbanística, poc abans de l’entrada en vigor de la llei. Ho fa tan ràpid que el PAI s’autoritza abans que s’aprove de manera definitiva el PGOU. Tots els partits que integren l’Ajuntament –PP, PSPV-PSOE i, llavors, Boc- estan a favor de l’actuació. “És molt rar que tots sempre hi hagen estat d’acord. Més encara quan Compromís a Benissa està en contra del complex”, censura Arribas.

“Molts veïns no estàvem d’acord amb això. Ens semblava que no era gens necessari i hipotecava els nostres recursos durant molts anys”, relata Maribel. Fruit d’aqueix malestar, naix la plataforma Callosa Sostenible, que juntament amb Ecologistes en Acció esdevindran l’oposició visible al projecte en la població. L’entitat presentarà a partir de llavors desenes d’al·legacions al projecte, centrades en el fet que el projecte envaïa zones integrades en la Xarxa Natura 2000, una malla ecològica europea que comprén zones especials de conservació de la biodiversitat.

Després del recurs d’un particular, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tomba a l’abril del 2009 el projecte. La justícia qualifica l’actuació municipal d’“il·legal”. I considera que hi ha hagut en l’aprovació “una desviació de poder”. La raó: es dóna llum verd al PAI abans que estiga resolt el PGOU.

Nou intent fallit

Nou intent fallit2010. El marmoló judicial i la crisi econòmica no són impediment perquè l’Ajuntament i la constructora ho tornen a intentar. I aquesta vegada amb el PP en l’alcaldia, encara que PSPV-PSOE i Bloc també ho protegeixen. Això sí, s’escomet una modificació de calat: es decideix impulsar a través de la gestió directa, és a dir, el promotor és l’Ajuntament. L’altre canvi és la renúncia a l’heliport, considerat una amenaça per a espècies protegides i en perill d’extinció que habiten la zona, com l’àguila cuabarrada.

Ecologistes en Acció acudeix als tribunals. En les seues al·legacions denuncia irregularitats en la tramitació, que s’incompleix el límit de pendent legal, que no s’incorpora un estudi de sostenibilitat econòmica i que hi ha contradiccions entre el projecte presentat i la llei d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge.

Callosa Sostenible torna a presentar les seues. Argumenta que l’estudi ambiental que servia per a avaluar els efectes sobre la Xarxa Natura 2000 és caduc, perquè està datat el 2009. I alerten que la urbanització s’assenta en un 75% sobre sòls declarats Lloc d’Interés Comunitari (LIC) i Zona Especial de Protecció d’Aus (ZEPA), que afecta espècies de plantes protegides, i que s’incompleix la llei de golf. El llavors alcalde, Batiste Savall (PP), defensa que només el 3% del projecte ocupa terrenys considerats LIC.

La polèmica se centra en si hi ha prou recursos hídrics per a construir el complex. La llavors portaveu del partit Cipal a Altea i ara líder valenciana de Ciutadans, Carolina Punset, assegura que no per les seues implicacions per a Altea. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) en un primer informe atorga la raó a Callosa Sostenible, però nou mesos després li la lleva. La clau és la legalització de tres pous que permeten proveir el municipi i la urbanització. La plataforma i la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat contesten aqueix informe nou amb un altre de la Universitat d’Alacant que teòricament el rebat.

A més, sobre l’empresa recauen ombres. “Es té la convicció que la relació entre la constructora i l’Ajuntament és molt estreta. Hi ha sospites que la mercantil va pagar festes del poble i va donar diners al consistori, però no ho hem pogut provar”, denuncia Arribas. L’empresa sí que té llaços sabuts amb el PP. El llavors edil popular del municipi, veí de Benimantell, Javier Vidal, participa en l’empresa juntament amb el seu germà. L’amo d’unes quantes òptiques i empresari “lligat al PP” –segons Arribas– Alfredo Castor Ulloa és un altre dels accionistes. La mercantil, a més, per aquella època tenia problemes retirats amb la Seguretat Social i Hisenda.

Tombat pel TSJ i revifat per l’esquerra

Tombat pel TSJ i revifat per l’esquerraL’any 2014, el TSJ torna a creuar-se en el camí: tomba el projecte. Dóna la raó als ecologistes al·legant que va haver-hi irregularitats en el canvi de classificació del sòl pel fet de no haver-se de manera correcta l’avaluació ambiental. Però l’Ajuntament no hi cedeix. Firma un conveni amb la Miragolf SA, que passa a denominar-se Arquitectura y Construcción de Vanguardia (ACV), per la qual cosa aquesta es fa càrrec de sufragar els costos de la modificació del PGOU. Es fa abans de les eleccions, encara que l’arribada de l’esquerra al govern no canvia l’equació.

El nou projecte redueix sensiblement les hectàrees i permet construir blocs de pisos. I, a més, s’hi afig la construcció d’una depuradora pròpia, un palau de congressos, tres restaurants, un minicentre comercial, un museu de 8.000 metres quadrats i un club esportiu. També es projecta la creació d’una fundació per a preservar la zona i impulsar el turisme cultural i ambiental. L’hotel que s’estima construir és de 7 estreles. Arquitectes com David Chipperfield dissenyen el complex. “La urbanització no afecta ni el 3% del LIC”, assegura Josep Savall, alcalde de la localitat (Compromís). “Si llevem les zones verdes i el camp de golf, no afecta ni l’1,4%”, recalca.

“És un model únic d’urbanització per la seua aposta per la sostenibilitat. No hi entraran cotxes de combustió. Hi haurà pàrquings subterranis i la gent pujarà a la part alta amb cotxes elèctrics”, afirma. Per a facilitar l’accés al mar, es crearà un Beach Club que disposarà d’un servei de transport regular. L’empresa donarà el 2,9% de les vendes dels immobles per crear la fundació, la qual cosa representa uns 29 milions d’euros. La meitat d’aqueixos diners aniran per a mantenir el museu que acollirà sales de pintura, escultura, art i música. L’altre 50% aniran destinats a la conservació del patrimoni cultural i natural.

La inversió estimada és de 700 milions d’euros, i es calcula la creació de 1.200 llocs de treball directes sostinguts durant 10 anys i 1.800 més d’indirectes. La cooperativa del poble, l’associació empresarial, la comunitat de regants i dues entitats més van signar una resolució de suport al projecte dijous passat durant la celebració del ple municipal. “És un projecte associat a l’urbanisme dispersador. Està allunyat del nucli urbà, per la qual cosa no té incidència positiva per al poble i consumeix molts recursos”, alerta Daniel Montiel, de Callosa Sostenible.

Ecologistes en Acció al·lega que l’actuació urbanística suposarà la desaparició d’hàbitats, no afavoreix el model compacte de ciutat defensat per la Unió Europea, incompleix la nova llei urbanística, entra en contradiccions greus amb l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana –marc legal amb què es regula el creixement dels municipis– i posa en perill espècies com l’àguila cuabarrada i el pi blanc. Així mateix, qüestionen l’empresa pel fet de figurar en la llista de morosos al fisc que va desvelar el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, amb un deute de més d’1 milió d’euros.

“El projecte és una autèntica barbaritat urbanística que es fa sobre una serra verge ”, resumeix Montiel. No obstant això, la decisió sobre si el projecte avança –i en quines condicions en el cas que s’hi done llum verd– depén de la Generalitat Valenciana. La seua Declaració d’Impacte Ambiental serà clau i marcarà el futur de la urbanització de luxe. La pilota està encalada en la teulada del Consell.

La candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Carolina Punset, ha recibido un castigo en la localidad de la que era concejala, Altea, ya que su partido CI.P.AL. ha perdido uno de los tres ediles que consiguió en las elecciones anteriores. Así de los 1.391 votos que obtuvo en 2011 (el 14,55%) ha caído a los 823 apoyos (9,38%), y el PP no tendrá así suficiente con el apoyo del partido de Punset para gobernar la ciudad puesto que los 'populares' se han quedado en 7 (han perdido 3 concejales), por lo que entre las dos formaciones suman 9 ediles cuando la mayoría absoluta son 11.

Con ello las tres formaciones restantes suman más cocejales: Compromís ha subido hasta los 6 concejales, el PSPV tiene 4, y el partido independiente Altea Amb Trellat debuta con dos.

Castigo en las autonómicas

Pero también cabe destacar que precisamente la candidatura de Carolina Punset con Ciudadanos en la votación autonómica todavía ha tenido menos votos, con 558 (7,18%). No obstante también cabe destacar que Punset comparecía por la demarcación de Valencia y no por la de Alicante, por lo que ni la propia candidata ha podido votarse a ella misma.

Por lo que respecta a los votos autonómicos Ciudadanos ha sido la quinta fuerza más votada, por detrás del PP, Compromís, PSPV e incluso por detrás de Podemos.

El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alberto Fabra, y la aspirante al mismo cargo de Ciudadanos, Carolina Punset, no podrán votarse a sí mismos en las elecciones autonómicas de este domingo, ya que están empadronados en localidades que no pertenecen a su circunscripción electoral.

El actual inquilino del Palau de la Generalitat, Alberto Fabra, es el cabeza de lista del PP por la circunscripción de Valencia, si bien está empadronado en el municipio del que es natural, Castellón, por lo que votará allí y en consecuencia tendrá que dar su voto a la cabeza de lista del PP en Castellón, Isabel Bonig.

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Carolina Punset, es la cabeza de lista de ese partido por la circunscripción de Valencia, si bien está empadronada en la localidad donde reside, Altea (Alicante), por lo que su papeleta autonómica tendrá que llevar el nombre del número uno de Alicante, Emigdio Tormo.

El candidato socialista a la Generalitat, Ximo Puig, ha roto la norma no escrita de que el candidato a la presidencia autonómica tenga que encabezar la candidatura provincial de Valencia, y ha optado por el ser el número uno por Castellón.

Puig, que es natural de Morella (Castellón) y ejercerá allí su derecho al voto el domingo, podrá en consecuencia votarse a sí mismo, si bien durante la campaña ha tenido que responder a numerosas dudas de vecinos de Valencia que le han preguntado por qué no figura en sus papeletas de color salmón.

El resto de los candidatos a la presidencia de la Generalitat de los principales partidos sí que podrán introducir las papeletas con sus propios nombres, pues la candidata de Compromís y número uno por Valencia, Mónica Oltra, vota en Riba-roja (Valencia) y el candidato de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, lo hace en Valencia.

El número uno de Podemos por Valencia y candidato a la presidencia de la Generalitat, Antonio Montiel, votará en la capital, lo mismo que la aspirante de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Alicia Andújar.