La mafia rusa invierte su botín en la economía turística de Benidorm y Altea con una red clientelar de cargos del PP, policías y promotores

Turistas en la playa de Levante de Benidorm.

La Operación Testudo contra la mafia de Europa del Este ha confirmado que los más altos niveles de la jerarquía del crimen organizado ruso inyectan su ingente botín en la costa turística valenciana, donde los hampones pasan desapercibidos en las comunidades rusas que se han asentado en los últimos años. Los objetivos últimos de la operación, comandada por la Fiscalía Anticorrupción y el grupo de blanqueo de la Policía Nacional, son personajes de "alto nivel criminal", según los datos de inteligencia policial de Europol. La presunta red del hampa ha encontrado en la costa valenciana socios y aliados entre el empresariado y el mundo de la política municipal (la investigación ha intervenido varias llamadas de cargos del Partido Popular con el empresario y abogado Alexey Shirokov para tratar supuestos asuntos turbios). La economía de la zona, muy mermada por la crisis y vinculada tradicionalmente al turismo y a la construcción, ha recibido con los brazos abiertos las inversiones de ciudadanos rusos, la mayoría de los cuales pertenece a la clase alta moscovita y ejerce sus actividades en la legalidad.

El dinero supuestamente blanqueado por la red desarticulada, según desvela el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm al que ha tenido acceso elDiario.es, pertenecía a políticos y empresarios de Nizhni Nóvgorod, una ciudad del oeste de Rusia y a hampones de los Ladrones de Ley y del Sindicato del Crimen que viajan regularmente a Benidorm y Málaga haciéndose pasar por turistas u hombres de negocios. La investigación, iniciada hace siete años, detectó "movimientos extraños de capital" por parte de ciudadanos rusos afincados en Alicante que recibieron grandes cantidades de fondos provenientes de sociedades situadas en Emiratos Árabes y de empresas del sector energético radicadas en Letonia y Reino Unido.

El brutal desarrollo urbanístico de sol y playa en municipios alicantinos como Benidorm, Altea o La Nucia ha propiciado que algunas de las figuras más relevantes a nivel mundial de los Ladrones de Ley o del Sindicato del Crimen Podolskaya hayan optado por ingresar —en plena crisis inmobiliaria— ingentes fondos de sus actividades criminales en la construcción y el ocio en varios municipios de la comarca de la Marina Baixa. Los grupos Vory V Zakone (Ladrones de Ley) nacieron en las prisiones y campos de trabajo estalinistas con una fuerte jerarquía interna y, tras la caída de la Unión Soviética, sus actividades delictivas adquirieron una dimensión descomunal al alquilarse como fuerzas de seguridad privada. Sus actividades incluyen, entre otras, la extorsión, la trata de seres humanos y el tráfico de armas o de narcóticos.

Maxim Khakimov, presunto encargado del blanqueo de la red alicantina, y Nikolay Mityurev, supuesto captador de clientes entre inversores y mafiosos rusos e intermediario con los empresarios españoles, ambos detenidos, estaban conectados con figuras de primer nivel del crimen organizado. El auto de la jueza alude a Mikhail Danilov, empresario ruso que ha realizado viajes a España en compañía de Levan Dazhangveladze, hermano y hombre de confianza del Ladrón de Ley Merab Dazhangveladze. La investigación también señala que Danilov está presuntamente relacionado con Boris Ivanyuzhenkov y Maxim Lalakin, dos líderes del Sindicato del Crimen Podolskaya. Con Ivanyuzhenkov mantiene "constantes conversaciones telefónicas" y con Lalakin ha viajado a España.

Danilov, investigado en la causa por la adquisición junto con su esposa Yulia Alekseeva de una vivienda de lujo en Altea con fondos provenientes de una entidad bancaria suiza, está considerado por la Policía como un empresario utilizado por la criminalidad organizada rusa para blanquear los beneficios de sus delitos mediante su fachada legal. Khakimov y Mityurev, presuntos captador y blanqueador, también mantienen relaciones personales y comerciales con el multimillonario ruso residente en Reino Unido Boris Zingarevich, que a su vez estaría vinculado con Vasily Khristoforov, uno de los capos vor más importantes a nivel mundial, asiduo visitante de Marbella. El auto también desgrana conversaciones telefónicas de Mityurev y Khakimov sobre una operación de venta de una nave industrial en Ibiza a Mikhail Zhizhin, "empresario y político ruso relacionado con la criminalidad organizada", del que Shirokov actúa en su nombre en todos los actos legales en España.

Merab Dazhangveladze, Vasily Khristoforov, Mikhail Danilov, Maxim Lalakin y Boris Zingarevich, verdaderos objetivos de la Operación Testudo, se situán en lo más alto de la jerarquía de los Ladrones de Ley, según datos de inteligencia de Europol citados en el auto de la jueza. La presunta red criminal a gran escala, según Europol, está implicada en actividades delictivas que pasan por el asesinato, narcotráfico, tráfico de armas, trata de seres humanos y extorsión y tenía terminales en Europa, América del Sur y Estados Unidos. Europol, que dio alta prioridad al caso desde su inicio hace siete años, advierte de que la presunta red mafiosa pretendía "controlar sectores clave de la economía española" como el turismo.

Los Ladrones de Ley, como retrata la película Promesas del Este de David Cronenberg, mantienen una férrea jerarquía y un inamovible código de honor. El título de vor se adquiere tras el aval de tres hampones: el candidato jura los 18 artículos del código de honor, cambia de nombre y se tatúa (los tatuajes muestran el estatus o la especialidad criminal). En total, según escriben los periodistas Cruz Morcillo y Pablo Muñoz en Palabra de Vor. Las mafias rusas en España (Espasa, 2010), los Ladrones de Ley están presentes en más de medio centenar de países, incluido España.

Empresarios, políticos del PP y asesores fiscales

La presunta red mafiosa tenía un personaje clave sobre el terreno: el empresario y abogado Alexey Shirokov. El hombre, de origen ruso pero nacido en España hace 38 años, militaba en el Partido Popular, tal como ha informado este diario, y mantenía una supuesta red clientelar dedicada a untar a policías y guardias civiles para facilitar trámites en materia de extranjería, protección e incluso cobro de deudas. En el sumario figuran varias llamadas de Shirokov con el edil de Seguridad del Ayuntamiento de Benidorm, Lorenzo Martínez, y con otros cargos municipales del PP en la zona. El detenido, según la magistrada, mantenía un "vínculo muy estrecho" con Jaime Sellés, exconcejal de Seguridad Ciudadana de Altea por el PP.

Experto en tiro olímpico, Shirokov era muy conocido en la zona (en su perfil de Facebook colgaba cientos de fotos de su vida de lujo en la costa, algunas en mítines del PP y en actos oficiales de la Policía), ejercía de mecenas y era miembro del Colegio de Abogados de Alicante. El auto desvela numerosas interacciones entre el presunto miembro de la red mafiosa y promotores y asesores fiscales de Alicante. En una de las llamadas, Shirokov habla con el empresario alicantino Antonio Pàmies Valero sobre una compra de 52 pisos que llevan entre manos y le pregunta sobre las opciones para ocultar la procedencia del dinero.

Pàmies, quien según los datos consultados por este diario en el Registro Mercantil mantiene cargos societarios en siete mercantiles localizadas en Alicante, Murcia y las Islas Baleares, contesta a su interlocutor que para ocultar el origen de los fondos han utilizado Bitcoins (criptomoneda de uso corriente en mecánicas de blanqueo de capitales). "Lo mejor sería hablarlo en persona", agrega el empresario. En otras llamadas intervenidas por la Policía, el presunto miembro de la red mafiosa habla con un tal Vicente de la Asesoría Marí & ACC SL, una empresa de Cullera, sobre "negocios de sus clientes que pueden resultar problemáticos al llamar la atención de las autoridades" y de cómo evitar el control sobre la procedencia del dinero de uno de sus clientes.

El constructor alicantino Vicente Marzal también aparece en una conversación pinchada por la Policía. Shirokov le dice que tiene que hablar con el asesor de un tal Dimitri y el promotor inmobiliario le contesta que "cuando le digan que se puede enviar el dinero a Rusia, él lo enviará y que lo que haga Dimitri con él en Rusia a él no le incumbe". Tras discutir sobre el concepto que debía figurar en una transferencia, Shirokov le comunica que no se siente cómodo "hablando estas cosas por teléfono". El promotor defiende que Shirokov era el abogado de su cliente ruso y que se limitó a gestionar una transferencia.

Otra inquietante conversación con un número de teléfono perteneciente a Asesoría Delgado del Albir SL de l'Alfàs del Pi (la Policía sostiene que el interlocutor podría ser Manuel Delgado Jordán, apoderado solidario de la empresa), se refiere la solicitud de residencia de un niño extranjero que se halla en España y que acaba de fallecer. "Ambos convienen en ocultar el fallecimiento del niño para que la madre pueda optar a la residencia en España", apunta el auto de la instructora.

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21 de diciembre de 2020 - 22:20 h

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