El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha nombrado a nueve nuevos vocales de la Comisión General de Codificación, el órgano que le asesora en la realización de nuevas leyes o reformas legislativas y realiza dictámenes a petición del Gobierno. La incorporación de estos expertos —siete mujeres y dos hombres— supone que el órgano avance en paridad e incluya por primera vez a una persona trans entre sus miembros. Se trata de la catedrática de la Universidad de Valladolid y activista LGTBI Marina Echevarría Sáenz, que ha participado en la redacción de varias normas autonómicas de identidad de género y en la ley de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Echevarría Sáenz se incorporará a la sección de Derecho Mercantil. 

Tras los nombramientos realizados por el departamento que dirige Félix Bolaños, la Comisión General de Codificación queda integrada por 146 vocales, 69 de los cuales son mujeres (47,2%). Según la última relación de miembros, este órgano estaba formado hasta la actual renovación por 84 hombres y 65 mujeres. Esto es, ellas suponían el 43,6% del total. Desde el pasado agosto, la ley de representación paritaria impone el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40% en los órganos de decisión de la Administración General del Estado. Era una previsión que este órgano ya cumplía, aunque ahora con una representación más igualitaria. 

Fuentes del Ejecutivo destacan que la Comisión General de Codificación es un órgano que exige una transformación que debe ir paralela a la propia evolución y desarrollo de la sociedad. Y sostienen que por ello es el momento de incorporar perfiles que encajan con los procesos de transformación del contexto político, cultural, de los valores y principios sociales que nos mueven. “Personas que son reflejo de la sociedad moderna, feminista, comprometida con los derechos y los valores sociales que hacen crecer las sociedades”, dicen estas mismas fuentes. Todos ellos colaboran en la Comisión sin recibir ninguna retribución. 

En un mensaje en su cuenta de X, la Fundación Triángulo ha mostrado su satisfacción por la inclusión de Echevarría Sáenz en este órgano. “Alegría absoluta porque Marina Sáenz ha sido nombrada para la Comisión General de Codificación, órgano de enorme prestigio en el ámbito mercantil. Fue la primera mujer y trans Catedrática de Derecho mercantil, y ahora vuelve a ser pionera. Enhorabuena querida”, escribió la organización.

Así, además de la citada Marina Echevarría, a esa misma sección se incorpora María Victoria Petit, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Jaume I de Castellón, magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Castellón y vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. En la sección de Derecho Público ingresan cuatro nuevas juristas: Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público (UNED) especializada en Derechos Humanos y exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU; Carlos Javier Moreiro, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid; Javier García, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Complutense; y María Belén Cardona, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Valencia. 

Tres juristas más se incorporan a la sección de Derecho Procesal. Se trata de Mercedes Llorente, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, cuyos trabajos de investigación se centran en temas como la violencia de género; Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid y antigua secretaria de Estado de Empleo; y Mar Jimeno, catedrática de Derecho Procesal en la Universidad de Burgos.

En 2018, con Rafael Catalá (PP) como ministro de Justicia, este órgano estuvo en el centro de la polémica después que trascendiera que su sección de Derecho Penal estaba formada solo por hombres cuando recibió el encargo de estudiar una reforma de los delitos sexuales. La decisión de Catalá provocó una enorme polémica a la que el ministro reaccionó proponiendo que se incorporasen mujeres de forma temporal. Casi la totalidad de las catedráticas de Derecho Penal rechazaron esta opción y pidieron su incorporación como vocales permanentes. Los miembros de la comisión se negaron a comenzar los trabajos hasta que las expertas juristas no se incorporasen de forma definitiva, como finalmente ocurrió. 

El Consejo de Ministros ha recibido ya la propuesta de los expertos sobre cómo debería reformarse el delito de violación, un encargo que hizo el anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras la primera sentencia de la Manada. Esa propuesta incluye de forma explícita el término violación y acaba con la actual distinción entre agresión y abuso.

La sección Penal de la Comisión General de Codificación ha mantenido varias reuniones en los últimos meses para elaborar una propuesta de reforma. Esta ha pasado ya por la mesa del Consejo de Ministros, según ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, en rueda de prensa.

Cualquier “comportamiento sexual” hacia una mujer sin su consentimiento podría ser considerado un delito de agresión sexual y estar penado con prisión, ha indicado Celáa.

El texto recoge de manera más explícita la palabra violación, hasta ahora solo contenida en una frase referida a las penas. Ese delito quedará unificado en uno solo, en lugar de la actual distinción entre abuso y agresión. Ahora todo será un mismo tipo penal cuando haya penetración, que variará en función de los agravantes. Los comportamientos sexuales contra una mujer sin penetración y sin su consentimiento serán recogidos en otro delito.

Una de las cuestiones objeto de discusión era la de la pena máxima por violación, que ahora es de quince años, la misma que por un homicidio. Los penalistas han resuelto ese problema mediante la precisión de las circunstancias en las que se deberá aplicar esa condena máxima; es decir, siempre que concurran al menos dos consideradas muy graves, como por ejemplo el uso de armas que pongan en riesgo la integridad de la víctima o un trato degradante o vejatorio.

Se introducen matices necesarios para adecuar el Código a la realidad actual: por ejemplo, se distingue si una víctima ha tomado alcohol o drogas por voluntad propia o si ha sido drogada y su voluntad anulada, lo que implica una responsabilidad aún mayor para el autor de la agresión.

El texto también reconoce como agravante la violación en pareja. Será un agravante “cuando la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia”, según recoge El País.

La comisión de expertos penalistas encargada de revisar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal ultima un acuerdo según el cual todos los abusos sexuales serán considerados agresiones y las penas serán revisadas, pero la máxima por violación se mantendrá en 15 años.

Los expertos de la sección penal de la Comisión General de Codificación, que asesora al Ministerio de Justicia en esta materia, han avanzado este jueves en la adecuación de los artículos del Código Penal a la realidad actual, si bien no han cerrado el texto definitivo, según han informado a Efe miembros de este órgano.

Los aspectos que ofrecían más dudas están prácticamente resueltos por consenso, de acuerdo con estas fuentes, optimistas ante la previsión de cumplir el plazo de fin de año para presentar el documento definitivo. Una de las cuestiones objeto de discusión era la de la pena máxima por violación, que ahora es de quince años, la misma que por un homicidio.

Los penalistas han resuelto ese problema mediante la precisión de las circunstancias en las que se deberá aplicar esa condena máxima; es decir, siempre que concurran al menos dos consideradas muy graves, como por ejemplo el uso de armas que pongan en riesgo la integridad de la víctima o un trato degradante o vejatorio.

También hay acuerdo en cuanto a la idea de incluir en el capítulo de “agresiones sexuales”, lo que hasta ahora se consideran “abusos”. Las fuentes consultadas han indicado que se ha apostado por este modelo (en el que se diferencian las agresiones según su gravedad) a pesar de reconocer que es un cambio con pocos efectos en términos punitivos.

“Se comunica mejor”, han afirmado las fuentes sobre este asunto, que fue clave en el caso de la Manada, en el que los cinco acusados de violar a una joven en sanfermines de 2016 fueron condenados por abuso sexual y no por agresión al no apreciar el tribunal ni violencia ni intimidación en su actuación.

Fue precisamente la polémica generada por esa sentencia la que llevó al anterior gobierno a encargar a la comisión la revisión de los tipos relativos a la libertad e indemnidad sexual, unos trabajos que ahora están próximos a su final tras siete meses.

El acuerdo de los penalistas incluye cambios en la tipificación de las circunstancias en las que se producen las agresiones sexuales y, con ello, su incidencia en la pena.

Y se introducen matices necesarios para adecuar el Código a la realidad actual: por ejemplo, se distingue si una víctima ha tomado alcohol o drogas por voluntad propia o si ha sido drogada y su voluntad anulada, lo que implica una responsabilidad aún mayor para el autor de la agresión.

El grupo de expertos encargados de reformar los delitos sexuales en el Código Penal ha acordado este jueves recuperar el término violación e incluirlo de forma clara y expresa con una nueva redacción. En la reunión mantenida este jueves, la primera en seis meses y en la que han analizado un primer borrador de la reforma, los juristas han llegado al consenso de que ese término debe incorporarse de manera rotunda.

Así constaba ya antes de la reforma de Código Penal de 1995, que eliminó esa forma de referirse a una agresión sexual con penetración. En 1999, se reformó de nuevo ese texto para recuperar la palabra violación aunque de forma casi residual. La única alusión se hace en el apartado sobre las penas: “El responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años”.

Este jueves, la sección penal de la Comisión General de Codificación ha acordado que se definirá la violación de manera “rotunda” para evitar confusiones como la generada tras la sentencia de la Manada. “Hay acuerdo en que violación se llame violación”, apuntan fuentes de la Comisión.

Hasta ahora, la violación está dividida en dos delitos en el Código Penal. El abuso sexual, cuando no hay violencia ni intimidación y que se castiga con hasta nueve años de cárcel, y la agresión sexual, cuando sí hay violencia e intimidación, que se pena con hasta 12 años de prisión. Tan solo en este apartado, en el de agresión, se usa la palabra violación.

Sin más consensos

Los expertos reunidos solo han comenzado a trabajar en un primer borrador, casi esquemático, sobre el que ahora se irán incorporando las diversas aportaciones de los expertos. No ha habido un acuerdo global sobre cómo reformar esos delitos, así que el Ministerio de Justicia amplía el plazo -que terminaba este jueves- hasta el 31 de diciembre. La próxima reunión se ha fijado para el 13 de diciembre, aunque puede adelantarse.

El debate de este jueves ha girado en torno al borrador elaborado por el presidente de la comisión, Esteban Mestre, junto a un reducido grupo de la treintena de expertos. Este planteaba, como idea de partida, unificar todo en un mismo delito con distintos agravantes. Lo más grave sería la violación, llamada así de forma expresa. En esto es en lo único que ha habido una mayoría a favor, con pequeñas voces discrepantes.

Sobre unificar todo en un mismo delito no ha habido consenso. Lo ha dicho el propio Mestre a la salida de la reunión. Según fuentes presentes en la reunión, algunos expertos creen que es más sencillo abordar la reforma manteniendo los dos delitos -abuso y agresión-, pero otros apuestan que, de cara a que la ciudadanía entienda la reforma y para garantizar la seguridad jurídica, habría que unificar todos los abusos en un único delito con diferentes agravantes.

Ahora los expertos, además de abordar este punto, tienen que decidir si modifican o no las penas, uno de los temas más complicados. Hay voces dentro de la comisión que proponen elevar el castigo por cometer violación, pero otros advierten de que puede equipararse esa pena con la del homicidio, y por eso creen que no debe elevarse.

Una gran parte de la comisión también cree que hay que equiparar el uso de sustancias para doblegar la voluntad de la víctima con la violencia o la intimidación. Fuentes de la comisión apuntan a que uno de los puntos más complicados será el tema del consentimiento de la víctima.

Primera reunión en seis meses

El exministro de Justicia Rafael Catalá encargó el pasado mes de junio una revisión de estos delitos a la sección penal de la Comisión General de Codificación, un órgano asesor al que no había consultado nunca. Ni él, ni prácticamente ningún Gobierno de los últimos 20 años. Recuperar a ese grupo de juristas obligó a actualizar a sus integrantes, todos hombres.

La polémica que se generó por la nula presencia de expertas obligó a cambiar su composición antes de iniciar los trabajos y debido también a las presiones de los propios integrantes. Algunos de ellos dimitieron para ceder su sitio a mujeres.

Al final se optó por ampliar hasta el límite legal el número de componentes de la comisión, lo que permitió dar entrada a 12 mujeres que actualmente trabajan junto a 13 hombres. Además, se incorporó a tres expertas que trabajarían de forma puntual para esta reforma. Ese cambio en la composición se hizo el pasado 18 de mayo.

El encargo de Catalá se produjo justo después de la condena a la Manada, que generó una indignación en la calle canalizada a través de multitud de manifestaciones en toda España. El tribunal impuso una pena de nueve años de cárcel a los acusados al entender que hubo abuso sexual sin “violencia e intimidación”, y no agresión sexual. La Audiencia Provincial de Navarra revisa ahora esa sentencia.

En buena parte de las manifestaciones convocadas se escuchó el grito recurrente “No es abuso, es violación”, en referencia a ese fallo de la Manada. Varios expertos ya apuntaron entonces la necesidad de que la redacción del Código Penal fuese mucho más clara en este apartado.

El grupo de expertos al que el anterior Gobierno encargó reformar los delitos sexuales en el Código Penal -un encargo que mantuvo el actual Ejecutivo- se reunirá este jueves para analizar el borrador que han elaborado seis de ellos. Se trata de una propuesta “clara y sencilla”, según fuentes del grupo de expertos, pero cuyos detalles no han trascendido.

El exministro de Justicia Rafael Catalá encargó el pasado mes de junio una revisión de estos delitos a la sección penal de la Comisión General de Codificación, un órgano asesor al que no había consultado nunca. Ni él, ni prácticamente ningún Gobierno de los últimos 20 años. Recuperar a ese grupo de juristas obligó a actualizar a sus integrantes, todos hombres. La polémica que se generó por la nula presencia de expertas obligó a cambiar su composición antes de iniciar los trabajos y debido también a las presiones de los propios integrantes. Algunos de ellos dimitieron para ceder su sitio a mujeres.

Al final se optó por ampliar hasta el límite legal el número de componentes de la comisión, lo que permitió dar entrada a 12 mujeres que actualmente trabajan junto a 13 hombres. Además, se incorporó a tres expertas que trabajarían de forma puntual para esta reforma. Ese cambio en la composición se hizo el pasado 18 de mayo.

El encargo de Catalá se produjo justo después de la condena a la Manada, que generó una indignación en la calle canalizada a través de multitud de manifestaciones en toda España. El tribunal impuso una pena de nueve años de cárcel a los acusados al entender que hubo abuso sexual sin “violencia e intimidación”, y no agresión sexual. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra revisa ahora esa sentencia.

Los juristas de la sección penal de la Comisión General de Codificación se reunirán por primera vez en seis meses este para tratar este asunto. No han sido convocados durante este tiempo a pesar de que el plazo para presentar su propuesta de reforma acaba este jueves. Van a exceder ese límite, porque en este primer encuentro tan solo se analizará el borrador. Fuentes de la comisión aseguran que en esta primera reunión no se va a decidir nada todavía.

Las 15 mujeres y 13 hombres que se reúnen este jueves tienen orden expresa de no hablar sobre el contenido concreto de la propuesta que han recibido y deben estudiar. Fuentes de la comisión se limitan a señalar que se trata de un texto “muy breve y muy claro”, que simplifica mucho la redacción de los delitos de contenido sexual en el Código Penal y que “reorganiza” las penas para evitar confusión.

Algunos expertos consultados celebran la claridad y brevedad del texto -algo normalmente “inusual” en este tipo de procesos legislativos- pero coinciden en que hay algunas irregularidades en el trabajo. Varios expertos, por ejemplo, no saben de dónde sale este primer borrador, si de una subcomisión que se creó o del grupo de tres expertas a las que el actual Gobierno encargó una revisión general de todo el Código Penal con perspectiva de género.

Además, algunos de esos expertos se sorprenden de que la primera reunión haya tardado tanto tiempo en convocarse, y se haga el mismo día que acaba el plazo para culminar los trabajos. “Hemos estado parados durante todo este tiempo”, dice uno de los expertos. Otro hace hincapié en que todavía no saben de donde ha salido el borrador: “nunca he visto un proceso legislativo tan irregular”.

Fuentes de la Comisión indican que el texto lo ha elaborado la primera subcomisión de seis expertos a la que Catalá encargó un primer borrador. Apuntan que durante estos meses se ha trabajado junto a los asesores del Ministerio de Justicia, tanto del anterior Gobierno como del actual, para perfilar esta primera idea.

Según explican esas mismas fuentes, lo que se va a presentar este jueves a los expertos es tan solo una base sobre la que comenzar a trabajar. Los juristas tendrán un tiempo para analizar el texto y proponer mejoras, en un trabajo que durará todavía algún tiempo. No descartan que tengan que convocarse nuevas reuniones en el futuro para poner en común las impresiones de los expertos. Un experto consultado refrenda esta idea: “lo veo verdísimo”.

Aunque no ha trascendido la propuesta que se debate este jueves -por petición expresa a los vocales de Esteban Mestre, presidente de la sección penal-, el debate previsiblemente girará sobre la incorporación del un delito expreso sobre violación.

Cuando Catalá realizó el encargo, algunos vocales se mostraron partidarios de incluir ese término para adecuar el Código Penal al lenguaje de la “ciudadanía”. Otros consideraron innecesario añadir esa palabra a la actual redacción, pero apostaron por aunar el abuso y la agresión en un solo delito, cuyo castigo varíe según los agravantes.

La comisión de expertos que estudiará una reforma de los delitos sexuales en el Código Penal tendrá más mujeres que hombres. La sección Penal de la Comisión General de Codificación estará formada permanentemente por 12 mujeres y 13 hombres, pero incorporará tres expertas más para el encargo concreto que les hizo Rafael Catalá tras la sentencia de 'la manada'.

Según informa el Ministerio de Justicia, se incorporarán de forma permanente Avelina Alonso de Escamilla (catedrática de Derecho Penal en CEU San Pablo), Mirentxu Corcoy Bidasolo (catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona), Patricia Farraldo Cabana (catedrática de Derecho Penal en la Universidad da A Coruña), Pilar Fernández Valcárcel (fiscal de Sala del Supremo), Ana María Ferrer García (magistrada del Supremo), Piedad García-Escudero Márquez (catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense), Carmen Gómez Rivero (catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla), Myriam Herrera Moreno (profesora de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla), Carmen Lamarca Pérez (catedrática de Derecho Penal en la Universidad Carlos III), Pilar Martín Nájera (fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo), Susana Polo García (magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid) y María del Carmen Sánchez Morán (abogada penalista).

Además, como vocales temporales para el estudio de los delitos sexuales se unirán a la comisión Blanca Hernández Oliver (letrada de las Cortes Generales) y Lucía Pedreño Navarro (abogada del Estado), que han sido nombradas vocales adscritas, así como la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, que es vocal nata.

La comisión también la integrarán 13 miembros permanentes que ya formaban parte de ella: Esteban Mestre (que es el presidente de este grupo de expertos), Luis Arroyo Zapatero, Javier Boix Reig, Manuel Cancio Meliá, Juan Carlos Carbonell Mateu, Carlos García Valdés, Enrique Gimbernat Ordeig, José Luis González Cussac, Borja Mapelli Caffarena, Enrique Peñaranda Ramos, Miguel Polaino Navarrete, Gonzalo Quintero Olivares y Jesús Silva Sánchez.

La catedrática de Derecho Penal y exvicepresidenta del Constitucional Adela Asúa ha rechazado participar en la comisión. Asúa recibió el ofrecimiento la pasada semana pero lo rechazó, según ha confirmado ella misma a eldiario.es sin más explicaciones. Esta experta en delitos sexuales había sonado desde el principio como una de las incorporaciones a la comisión de expertos, por la extensa obra publicada que tiene sobre la materia, una de las condiciones que había puesto el presidente de la sección Penal, Esteban Mestre.

Además, Asúa fue una de las impulsoras del manifiesto firmado por la práctica totalidad de las catedráticas de Derecho Penal contra la exclusión de mujeres de este tipo de órganos. Bajo el título “A vuestra merced” señalaban que la falta de mujeres en la comisión de expertos había puesto de manifiesto “la falta de reconocimiento a esas y otras muchas mujeres penalistas de su saber académico”.

Catalá encargó hace unas semanas a la sección Penal que estudiase una posible reforma de los delitos sexuales. Lo hizo como respuesta a la ola de protestas contra la sentencia de 'la manada', que calificó lo ocurrido como abuso sexual y no como agresión.

La comisión de expertos que recibió este encargo llevaba décadas inactiva y estaba formada solo por 20 hombres. La decisión de Catalá provocó una enorme polémica a la que el ministro reaccionó proponiendo que se incorporasen mujeres de forma temporal. Casi la totalidad de las catedráticas de Derecho Penal rechazaron esta opción y pidieron su incorporación como vocales permanentes. Los miembros de la comisión se negaron a comenzar los trabajos hasta que las expertas juristas no se incorporasen de forma definitiva y no coyuntural.

El ministro de Justicia improvisó una respuesta a la riada de protestas que desencadenó la sentencia de 'la manada'. Cuando apenas habían transcurrido unas horas desde el fallo, Rafael Catalá anunció que se iban a revisar los delitos contra la libertad sexual. Para ello decidió recurrir a un grupo expertos penalistas con los que no había contado en las últimas reformas del Código Penal y entre los que no había ninguna mujer. Dos semanas después la comisión todavía no ha comenzado a trabajar.

La decisión del ministro y los pasos que ha ido dando después solo han generado polémicas. La sección Penal de la Comisión General de Codificación ha vivido en los últimos días varias dimisiones, conflictos por la incorporación de mujeres penalistas y polémicas sobre el riesgo de “legislar en caliente”. Sobre todo ello sobrevuela el descontento de los vocales, ignorados durante décadas, a los que ha recurrido Catalá acuciado por la indignación que ha provocado el fallo, que considera a los miembros de 'la manada' culpables de abuso y no de agresión sexual.

Los vocales tienen un tiempo tasado que algunos consideran excesivamente breve. Deben tener lista su propuesta de reforma antes del próximo 15 de junio, un elemento que también ha provocado el enfado de los expertos penalistas. Dado que aún no hay fecha para que comiencen sus trabajos, será difícil que puedan cumplir con los plazos. Algún vocal ni siquiera pone la mano en el fuego porque la comisión consiga arrancar en algún momento.

La primera reunión se celebró este jueves y vino marcada por el rechazo de 25 catedráticas de Derecho Penal al ofrecimiento de que algunas de ellas formasen parte como vocales temporales. Solo ofrecerían sus conocimientos sobre delitos sexuales durante el tiempo que duren los trabajos. El rechazo entre las catedráticas ha sido prácticamente unánime. En una carta, pidieron a los vocales varones que dimitiesen en bloque para que la sección Penal se formase desde cero con paridad de integrantes.

La nueva solución no garantiza la paridad

Solo uno de los vocales, Javier Moscoso del Prado, accedió a esa petición. El resto han acordado una solución distinta, pero unánime: no comenzarán a estudiar la reforma del Código Penal hasta que Catalá no nombre a mujeres como vocales permanentes. El sistema que proponen es una ampliación a 30 miembros de una comisión que, tras las últimas renuncias, cuenta con 18 integrantes. Todos los nuevos nombramientos deben ser mujeres.

Sin embargo, ese resquicio que permiten los estatutos de la comisión no garantiza que vaya a ser paritaria. Si no se producen nuevas dimisiones habrá 18 hombres frente a 12 mujeres. Algunos de los asistentes a la reunión del jueves confían en que los vocales más veteranos renuncien y eso permita una composición más equilibrada de la comisión, porque no pueden ser destituidos.

La incorporación de mujeres penalistas llevará unos días. El Ministerio de Justicia ha aceptado la propuesta de ampliar la comisión a 30 miembros, pero ahora llega el trámite de elegir quién ocupará esas plazas vacantes. Durante la reunión del jueves salieron algunos nombres, pero entre los vocales acordaron que no era el momento y el lugar de proponer candidatas. Había que esperar a que Catalá aceptase.

Entre los nombres se escuchó el de una jueza y el de una fiscal. Ninguna de ellas se incorporará a la comisión porque mientras estén en el ejercicio de su cargo no pueden asesorar al ministerio a través de este órgano. Por eso la comisión está compuesta básicamente de catedráticos y algunos abogados.

En los próximos días se harán las propuestas. Habrá nombres de catedráticas de Penal, pero ahora ya no se restringirá a aquellas que sean expertas en delitos contra la libertad sexual. También se propondrá a abogadas. Entre esos nombres tendrá que elegir Catalá, que según los estatutos de la Comisión de Codificación es el único con potestad para nombrar a nuevos vocales.

El ministro deberá justificar muy bien su elección, porque las catedráticas que enviaron la carta no solo reclamaron paridad, sino también transparencia en la elección. Ese trámite durará unos días, y será una vez finalizado cuando la comisión podrá volver a reunirse para comenzar con el encargo del ministro. Pero eso no implica que vayan a acabarse los problemas.

Unir propuestas y dejar claro el descontento

Los vocales tienen hasta el 15 de junio para aunar en una propuesta posiciones que ahora mismo son muy dispares. Entre los vocales hay quien apuesta por no modificar los delitos de abuso y agresión, y centrarse tan solo en modificar los agravantes. Otro apuestan por unificar esas conductas en un mismo delito de violación que se castigue con distintas penas, dependiendo de las circunstancias. En lo que sí coinciden muchos es en el riesgo de abordar una reforma de este calado al calor de las protestas sociales por una sentencia que no es firme.

A todo esto se suma que algunos vocales no van a desaprovechar la oportunidad que les brinda una nueva reunión de la sección Penal. Quieren reclamar al ministro que adquiera el compromiso de contar con ellos en las reformas de calado, y no obviarles cada vez que se toca el Código Penal. Y es que este órgano asesor apenas se ha reunido en los últimos 30 años. Hay miembros que jamás han acudido a una reunión.

De hecho, a una de las mujeres que acudió el pasado jueves a la reunión (solo unas pocas aceptaron la propuesta del presidente de la sección Penal, Esteban Mestre) se sorprendió de que algunos vocales se presentaban entre ellos. A pesar de formar parte de la comisión no se conocían. Algunos han explicado que cayeron en el olvido en los años 90, y que salvo la ampliación de vocales de 2015, nadie se ha dirigido a ellos para buscar asesoramiento.

Todos los vocales que conforman la comisión encargada de estudiar una reforma de los delitos contra la libertad sexual han reclamado este jueves al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que incorpore a expertas de forma permanente a este órgano asesor. Hasta que no se resuelva este punto, no empezaran a trabajar. Al término de la reunión, en la que ha dimitido uno de los vocales, Justicia ha emitido una nota de prensa en la que afirman que Catalá “hace suya la propuesta”.

La sección Penal de la Comisión General de Codificación se ha reunido por primera vez este jueves, después de recibir el encargo de Catalá de estudiar una posible reforma del Código Penal tras la sentencia de 'la manada'. El presidente de este grupo de expertos, Esteban Mestre, y el ministro acordaron incorporar a penalistas de manera temporal, pero un grupo de 25 catedráticas se unieron para reclamar que se contase con ellas como vocales permamentes.

Este era el primer punto a resolver en la reunión de esta mañana. Uno de los vocales, Luis Arroyo Zapatero, el primero en intervenir. Ha propuesto que, dado que los estatutos lo permiten, la comisión se amplíe hasta 30 miembros , con la incorporación de 10 catedráticas de Derecho Penal como vocales permanentes. El resto de integrantes de la comisión ha secundado esta propuesta, que ya ha sido trasladada a Catalá.

De hecho, los vocales han acordado que no van a comenzar el encargo que les ha hecho el ministro hasta que no se resuelva este punto. Según los estatutos de la Comisión General de Codificación, solo Catalá puede nombrar a nuevos integrantes. Arroyo ha conseguido así apoyo a la propuesta que había plasmado en una carta enviada ayer mismo a Mestre.

Según fuentes presentes en la reunión, algunos de los vocales han empezado a sugerir candidatas para ampliar la reunión, pero otros han pedido esperar a hacer las propuestas hasta que el ministro acepte su petición. Los componentes de la sección han acordado por unanimidad solicitar del ministro de Justicia la integración en ella de vocales permanentes hasta el número máximo previsto en la regulación vigente.

Al término del encuentro, Justicia ha emitido una nota de prensa al término de la reunión en la que afirman que el ministro “hace suya la propuesta”. “La cualificación y experiencia de los integrantes de la comisión que se conforme de este modo permitirá contar en las próximas semanas con una propuesta que ayudará al Gobierno y al Parlamento a abordar una posible reforma del Código Penal si existe consenso social y político suficiente”, reza el comunicado.

Además, la comisión ha perdido a un segundo vocal. Tras la dimisión de Francisco Muñoz Conde ha presentado su renuncia Javier Moscoso del Prado, uno de los vocales que integraban este órgano asesor desde los años 80. Según ha explicado, presenta su dimisión por la falta de paridad en la comisión, y para que con su renuncia haya un hueco más para incorporar a mujeres penalistas. Las dimisiones dejan la comisión con 18 vocales ahora mismo, lo que da un margen para incorporar a 12 mujeres.

A la reunión han acudido las dos catedráticas de Penal han aceptado la propuesta: Avelina Alonso de Escamilla (catedrática de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo) y Carmen Lamarca Pérez (catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III). Otras dos mujeres han participado en la reunión, invitadas como vocales externas: Blanca Hernández Oliver, letrada de las Cortes, y Victoria Ortega, vocal nata de la Comisión como presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

El catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz Conde no esconde el enorme enfado que tiene con la decisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de convocar a una comisión de expertos para estudiar una reforma de los delitos sexuales en el Código Penal. Él ha decidido no participar porque se niega a “cooperar” en lo que considera “un teatro para tapar las vergüenzas del ministro”.

Muñoz Conde, que fue profesor en la Universidad Pablo de Olavide, es vocal desde los años 80 de la sección Penal de la Comisión General de Codificación. Este órgano asesor del Ministerio de Justicia, ignorado durante décadas, ha recibido ahora el encargo de Catalá de proponer en apenas un mes una posible reforma de los delitos contra la libertad sexual. Es la respuesta del ministro a la polémica sentencia de 'la manada'.

“Es un puro adorno”, explica a eldiario.es este profesor ya jubilado, que hace un par de días envió una carta con su “dimisión irrevocable” a Esteban Mestre, presidente de la sección Penal. Por tanto, no acudirá a la reunión a la que están convocados sus integrantes este jueves y donde tendrán que resolver en primer lugar la incorporación de catedráticas de Derecho Penal. Solo dos han aceptado participar de forma temporal, mientras que otras 25 reclaman que en la comisión haya mujeres como vocales permanentes.

Este catedrático llama la atención sobre que Catalá se haya acordado ahora de una comisión “que lleva 30 años sin reunirse”. Lo califica de “grupo de amigos” en el que es sorprendente que no haya ninguna mujer, por eso se solidariza con su reivindicación de formar parte de la comisión como vocales permanentes y pide a sus ya excompañeros que sigan su ejemplo y dimitan.

Eso sí, Muñoz Conde deja claro que para él esta no debe ser la respuesta a la sentencia de 'la manada'. Se muestra muy crítico con que Catalá haya recurrido ahora a ellos, cuando les ha ignorado durante años: “De repente se acuerda de esta comisión. Esto es una farsa y yo no coopero con una farsa”.

Catalá solo quiere “sacar votos”

En su opinión, habría que formar una comisión 'ad hoc', pero no recurrir a la sección Penal, que en la actualidad “carece de importancia” y que no está pensada para este tipo de trabajos, sino para reformas integrales del Código Penal, cambios de mayor calado.

Señala que el ministro ha ido cambiando de discurso desde que se conoció el fallo. Primero mostró respeto hacia la decisión del tribunal y luego, cuando se produjeron las protestas, “se dio cuenta de que tenía esta comisión”. Para Muñoz Conde este es un movimiento propagandístico que busca “sacar votos” a cuenta de la indignación con la sentencia de 'la manada'. Es una decisión “de cara a la galería y con motivos electorales”, añade.

“Un ministro que nunca ha contado con nosotros nos llama ahora para tocar un solo artículo. No nos llamó para debatir sobre la prisión permanente revisable”, explica Muñoz Conde, que ha sido muy crítico con las reformas que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho en el Código Penal.

Además, se muestra muy crítico con que se anuncie la revisión de un artículo en respuesta “a un caso particular y al hilo de unas protestas”. Advierte, como han hecho otros vocales, de que la sentencia no es firme y quedan aún dos recursos que pueden cambiarla. En su opinión, recurrir a ellos en este caso es hacer un “uso indebido” de la sección Penal, una “manipulación para tapar las vergüenzas” de Catalá.

La comisión que revisará los delitos sexuales del Código Penal ha perdido a uno de sus vocales. El catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz Conde ha presentado su dimisión en una carta enviada hace unos días al presidente de este grupo de expertos, Esteban Mestre.

Muñoz Conde abandona así la sección Penal de la Comisión General de Codificación, a la que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, encargó que revisarán los delitos sexuales para proponer una reforma del Código Penal. Fue su respuesta a la sentencia de 'la manada', que ha generado protestas por todo el país.

Este catedrático formaba parte de la sección Penal desde la Transición. En la carta que ha enviado a Mestre, según publica El Periódico, este experto en Derecho Penal renuncia al considerar que la decisión del ministro es “demagogia punitiva”.

Muñoz Conde, ya jubilado, dio clases en la Universidad Pablo de Olavide, y ha sido muy crítico con algunas de las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy. En una entrevista a eldiario.es calificó la última modificación del Código Penal de “barbaridad innecesaria”. “Los males de nuestra sociedad no se resuelven a golpe de reforma de Código Penal”, dijo.

Mestre ha citado a los integrantes de la sección Penal a una primera reunión este jueves. La cita esta marcada por la falta de mujeres en la comisión, compuesta solo por hombres. Un grupo de 25 catedráticas de Derecho Penal han pedido a los integrantes de la comisión que dimitan para que el grupo se forme desde cero con transparencia y paridad.

El presidente de la sección ha querido incluir mujeres, pero únicamente como vocales temporales para estos trabajos sobre los delitos sexuales. Solo dos catedráticas de Penal han aceptado la propuesta: Avelina Alonso de Escamilla (catedrática de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo) y Carmen Lamarca Pérez (catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III). Dos mujeres más participarán en los trabajos: Blanca Hernández Oliver, letrada de las Cortes, y Victoria Ortega, vocal nata de la Comisión como presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

Mirentxu Corcoy (del departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona) había aceptado, pero ha renunciado al saber que su incorporación era temporal.

La comisión que estudiará una posible reforma de los delitos sexuales en el Código Penal por encargo del ministro Catalá ya tiene ante sí los primeros escollos. Las catedráticas de Derecho Penal, a las que se quería incluir en un grupo formado hasta ahora solo por hombres, reclaman que su participación sea habitual, como vocales permanentes, y no temporal. Este será el primer punto que tendrán que resolver los integrantes de la sección Penal de la Comisión General de Codificación, el órgano asesor de Justicia compuesto solo por hombres que se reúne por primera vez este jueves, y que tiene poco más de un mes para presentar su propuesta.

Además, durante esa primera reunión también se pondrá sobre la mesa precisamente este asunto, el tiempo tasado que les ha dado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Se hablará también de si es oportuno cambiar la ley en respuesta a una sentencia que aún no es firme y se tratará el ninguneo al que el ministro ha sometido a este grupo de expertos, que no participaron en las reformas del Código Penal.

Pero el punto clave de esa reunión, el primero a resolver, será la inclusión de mujeres en estos trabajos. Sin ese punto resuelto será complicado que pueda avanzarse en otros asuntos. Las catedráticas de Derecho Penal a las que se quería incluir han enviado una carta al presidente de este grupo de expertos, Esteban Mestre, en la que rechazan la pretensión del Ministerio de Justicia de incluirlas en las sesiones de la sección Penal de forma temporal, durante el tiempo que duren los trabajos para reformar los delitos sexuales.

Solo dos catedráticas de Penal han aceptado la propuesta: Avelina Alonso de Escamilla (catedrática de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo) y Carmen Lamarca Pérez (catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III). Dos mujeres más participarán en los trabajos: Blanca Hernández Oliver, letrada de las Cortes, y Victoria Ortega, vocal nata de la Comisión como presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Mirentxu Corcoy (departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona) había aceptado, pero ha renunciado al saber que su incorporación era temporal. De las 30 catedráticas de Derecho Penal que hay en España, 25 han reclamado a la comisión que la presencia de mujeres vocales sea de manera permanente y no circunstancial.

Para ello, proponen a los 20 hombres que dimitan. El Ministerio no puede destituirles, así que la iniciativa tiene que partir de los propios vocales. Así, explican, la sección Penal de este órgano asesor podrá formarse desde cero con principios de “transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género”. Este será el primer asunto que traten los vocales durante su reunión: ya están convocados para la mañana de este jueves. Hasta que este punto no se resuelva, algunos vocales se niegan a entrar en materia y comenzar a debatir para presentar una propuesta de reforma.

Dimitir o ampliar la comisión

Luis Arroyo Zapatero, catedrático de Derecho Penal, es uno de los vocales que acudirá a la reunión del jueves. La solución que planteará no pasa por la dimisión de los actuales integrantes de la comisión, sino por la ampliación a 30 miembros, con 10 mujeres penalistas, algo contemplado en los estatutos. Además, según explica a eldiario.es, reclama que algunos de los vocales más veteranos dejen de serlo, lo que facilitará equilibrar la composición.

Para Arroyo, que remarca la anormalidad de que la sección Penal sea la única sin mujeres, cree que esta es una buena oportunidad para “recomponer la vida institucional en lo que a paridad se refiere”. Otro vocal, que prefiere no dar su nombre, se muestra partidario de dimitir. Califica la comisión como “una antigualla” que debe ser actualizada con la presencia de mujeres penalistas. Afirma que si para ello es necesario presentar su dimisión, lo hará. Otros integrantes se reservan sus propuestas para la reunión. Los hay que creen que la dimisión en bloque no solucionada nada y que debe buscarse otro mecanismo para incluir a las catedráticas de Penal de forma permanente.

Durante la reunión también saldrá el tema del ninguneo al que Catalá ha sometido a este grupo de expertos. Hay vocales que no quieren dejar pasar esta ocasión, una de las pocas reuniones a las que han sido convocados -para algunos, la única-, para poner de relieve que el Ejecutivo les ha ignorado en las sucesivas reformas del Código Penal, algunas de enorme calado.

Así, plantearán que el Ministerio de Justicia debe adquirir cierto compromiso de contar con la sección Penal de la Comisión de Codificación de manera habitual, como hace con otras secciones. Arroyo llama la atención, por ejemplo, sobre el hecho de que no se les consultó su criterio para aprobar la prisión permanente revisable. Algunos se plantean dimitir si Justicia no se compromete a contar más con ellos.

Problemas con los plazos

Además se hablará sobre los tiempos acotados que ha dado Catalá para este trabajo. Su propuesta de reforma tiene que estar terminada antes del 15 de junio, lo que da poco más de un mes a los expertos para analizar, debatir y plantear una reforma. Arroyo cree que es tiempo más que suficiente, pero otros discrepan y creen que no puede abordarse una cuestión tan importante en un plazo tan corto.

También plantearán algunos vocales si tiene sentido abordar esta cuestión ahora, cuando aún quedan dos recursos más que aclararán una sentencia que aún no es firme. Hay vocales que no están dispuestos a sumarse a la estrategia de Catalá, quien creen que está legislando en caliente en respuesta a un fallo que ha provocado numerosas protestas.

Así, la comisión tendrá primero que resolver estas cuestiones antes de entrar en el fondo del asunto. Esa discusión también se antoja complicada. Arroyo, por ejemplo, es partidario de recuperar el término violación en el Código Penal para adecuarlo “al lenguaje de la ciudadanía”. Otros creen que no hay que hacer cambios en este sentido, pero plantean repensar el término “abuso” o algunos agravantes.

En ese debate no se entrará hasta que no se resuelva la incorporación de las mujeres, y algunos se muestran pesimistas. Dejan en el aire la posibilidad de que la comisión no sea capaz de asumir este encargo si finalmente no se consigue que se lleve a cabo con el trabajo conjunto de hombres y mujeres expertos en Derecho Penal.

La comisión se reunirá sin uno de sus integrantes más veteranos. El catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz Conde ha presentado su dimisión, en desacuerdo con la reacción de Catalá a la sentencia de 'la manada'.

Un grupo de catedráticas de Derecho Penal y magistradas han enviado una carta a los expertos designados por el Gobierno para reformar los delitos sexuales en el Código Penal. En ella les reclaman la dimisión para que ese grupo se vuelva a formar con mismo número de hombres que de mujeres, y que la participación de estas sea permanente, y no temporal como se ha propuesto.

En el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, este grupo de mujeres penalistas rechazan la propuesta del presidente de la sección Penal de la Comisión General de Codificación, Esteban Mestre, que acordó con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, incorporar temporalmente a seis mujeres juristas al grupo de expertos para participar en la propuesta de reforma del Código Penal.

La carta critica que la selección de mujeres penalistas para esa tarea se iba a hacer “a través de un método de selección arbitrario que permanece en la más absoluta oscuridad”. “No nos parece aceptable la solución que se ha propuesto desde el Ministerio de Justicia de incorporar de forma excepcional a seis de nosotras”, añaden.

Por ello, y ante la “rotunda aceptación” del manifiesto en el que denunciaban su “escandalosa exclusión” de ese grupo de expertos, este grupo de mujeres penalistas reclaman “la inmediata dimisión de todos los miembros de la mencionada comisión”. Así, se podrá volver a formar “conforme a los principios de transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género”.

La sección Penal tiene ahora mismo 20 vocales, todos hombres. Ellos recibieron el encargo de Catalá de estudiar una posible reforma de los delitos sexuales en el Código Penal, como reacción del Ejecutivo a la sentencia de 'la manada'. El presidente de esa sección, Esteban Mestre, propuso al ministro incorporar temporalmente a catedráticas de Derecho Penal con obra publicada sobre la materia, y dar audiencia a portavoces de asociaciones de mujeres juristas.

Sin embargo, estas 25 catedráticas rechazan esta solución, que implica que el grupo de expertos volverá a esta constituido solo por hombres cuando se acaben los trabajos sobre delitos sexuales.

La misiva está firmada por las mismas catedráticas que el pasado sábado lanzaron un manifiesto titulado “A vuestra merced”, en el que denunciaban que el Ministerio de Justicia les había ignorado a la hora de legislar. “No han entendido nada. No se trata de llamar a unas cuantas expertas, que sin duda hay de sobra, para maquillar una operación legislativa políticamente correcta”, afirmaba ese manifiesto.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, endureció su discurso sobre la sentencia de 'la manada' en cuestión de horas. Pasó de pedir respeto al fallo a cuestionar a uno de sus jueces, un giro que le ha enfrentado con jueces y fiscales. Además, apenas un día después de hacerse pública la condena el Gobierno anunció que, a petición del titular de Justicia, se van a revisar los delitos sexuales del Código Penal. Esa decisión se ha concretado en que Catalá ha reactivado un grupo de expertos, todos hombres, que ha sido ignorado por el Ejecutivo en las sucesivas reformas de las leyes penales.

Ese grupo de expertos finalmente incorporará a catedráticas, pero no será por orden del ministro, sino por iniciativa del presidente de este órgano asesor del Ministerio de Justicia, Esteban Mestre. Este abogado y catedrático de Derecho Penal preside desde 2015 la sección Penal de la Comisión General de Codificación. El viernes pasado recibió el encargo de revisar los delitos contra la libertad sexual, como respuesta a la sentencia de 'la manada'. Advirtió entonces que esos trabajos no se podían hacer sin la colaboración de mujeres juristas.

Estas mujeres solo participarán en la sección Penal de manera temporal, como expertas en delitos sexuales. El Ministerio ha dado un plazo tasado para los trabajos: comenzarán el 10 de mayo y terminarán antes del 15 de junio. En total, Catalá quiere que la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal esté lista en menos de 36 días.

Catalá ha recurrido a a estos expertos a pesar de haberles ignorado durante los últimos años. De hecho, la sección Penal de la Comisión General de Codificación ha estado prácticamente inactiva desde los años 80. En 2015 se incorporaron nuevos vocales -ya con Mestre como presidente- en lo que suponía la primera remodelación desde 1983. Sus integrantes, mayoritariamente catedráticos de Derecho Penal, insisten en que apenas se ha contado con ellos en las reformas cruciales de los últimos años.

Sin voz en los cambios del Código Penal

Uno de lo vocales que lleva varias décadas como integrante de la sección Penal afirma que él no ha sido convocado a ninguna reunión en los últimos 20 años. Otro, que se incorporó en la ampliación de 2015, cuenta a eldiario.es que solo ha acudido a la sesión constitutiva y a una reunión -convocada con mucha urgencia- para abordar la reforma del Código Penal de 2015, pero añade que nunca supieron nada más: ni hicieron aportaciones a la reforma, ni se les volvió a convocar.

Este vocal insiste en que no depende de ellos la celebración de reuniones. Es el Ministerio quien les convoca a través de la Comisión. Afirma que le consta que, con anterioridad a su entrada en 2015, la sección Penal llevaba muchos años sin reunirse, a pesar de que se habían acometido importantes reformas del Código Penal.

En los mismos términos se expresa Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal y vocal en este grupo de expertos juristas. Explica a eldiario.es que él también entró en la sección Penal en la ampliación de 2015 y afirma que solo ha participado en una reunión en 2017, convocada de un día para otro con el fin de tratar un tema técnico, la adaptación de una directiva europea. El asunto no se resolvió y no les volvieron a llamar. Asegura que la sección Penal ha estado prácticamente inactiva desde los años 80, a diferencia de las otras secciones, con las que sí se ha ido contando para recibir asesoramiento.

Aunque finalmente incluirá a mujeres por iniciativa de su presidente, el grupo al que Catalá encargó la revisión de los delitos sexuales está compuesto únicamente por 20 hombres. Mujeres juristas consideran que su composición es el reflejo del mundo de la judicatura, donde a pesar de la importante presencia de mujeres estas no alcanzan los puestos de poder cuando se trata de cargos de libre designación.

“No entiende que no tengan un 50% de mujeres”

Adela Asúa es magistrada del Constitucional desde 2010 y ha estudiado durante años los delitos contra la libertad sexual, sobre los que tiene mucha obra publicada. No entiende que en 2018 las comisiones de estudio no tengan un 50% de mujeres juristas y pide además que su constitución sea plural y se dé entrada a profesionales procedentes de la abogacía, de la judicatura, de la academia, para enriquecer el debate. Ella desde luego estaría dispuesta a participar si se le invita, asegura por teléfono a eldiario.es.

En sus escritos, Asúa ha defendido la necesidad de unificar bajo un mismo nombre “todo lo que suponga un ataque contra la libertad sexual, en lo que supone una agresión, una invasión sin consentimiento”. “Yo he defendido seguir el camino de la ley italiana. Es importante alejarse de la imagen clásica de la intimidación y la resistencia, que son conceptos antiguos. Algunas aprobamos lo que hizo el Código Penal del 95 en el que se suprimió el término violación. Aunque eso supuso un avance, hoy pensamos que no es adecuado distinguir entre abuso y agresión. Las dos cosas son igual de graves. Es claramente incorrecto diferenciar la forma de imposición, es antiguo hablar de la fuerza y la intimidación”, explica.

La magistrada del Constitucional lamenta que durante años la jurisprudencia de los tribunales a la hora de explicar dónde está el daño “ha recurrido a un relato corporal que se extiende en la descripción de las agresiones y sin embargo hace pocas referencias a lo verdaderamente grave que es el menosprecio a la persona, ya sean mujeres, hombres o niños”. “Hay que tomar conciencia de que los nombres importan y las clasificaciones también. Que más allá de los tecnicismos del código, es importante saber expresar la gravedad de unos delitos que atentan a la libertad y a dignidad”, reclama Asúa. 

Como ejemplo de lo que siguen siendo los estamentos más alto de la Justicia cita el caso de la Sala Segunda del Supremo, donde hay una sola mujer, Ana María Ferrer, entre 11 magistrados.

La Justicia reproduce “modelos machistas”

Noelia Igareda es profesora de Filosofía de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y forma parte del grupo de juristas Antígona. Da por hecho que el mundo de la Justicia reproduce los modelos machistas que proliferan en otros campos de la sociedad. “No se trata de un caso aislado, es representativo de lo que sucede en muchos órdenes. El ministro no ha entendido cuál es el problema de base, que está en la falta de perspectiva de género del Código Penal. Y eso exigiría de una representación de las mujeres en los órganos que asesoran para su modificación. El hecho de que no las haya es un indicio más de la segregación vertical y horizontal de nuestra sociedad”, señala.

Para Igareda, el problema surge cuando esos puestos de poder son de libre designación. “Cuando se trata de acceder por oposición o por méritos, las mujeres son mayoría, ocurre en casi todas las otras estructuras laborales que te puedas encontrar, incluso en empresas de sectores profundamente femeninos cuando uno llega a la cúspide de la pirámide o incluso en los mandos intermedio -donde abundan los cargos de confianza- las mujeres desaparecen y se perpetúan los estereotipos de que las mujeres no sirven para mandar. En el Poder Judicial ocurre lo mismo. No será que no haya expertas penalistas en España pero en esos órganos no aparecen”.

Mestre ha pedido a Catalá que le permita incorporar a catedráticas a los trabajos de revisión del Código Penal. El ministro ha accedido. El presidente del grupo de expertos comenzará a contactar con catedráticas expertas en delitos sexuales, que además tengan obra publicada sobre esta materia. Formarán parte del grupo como vocales 'ad hoc', una figura que recoge el reglamento de la Comisión General de Codificación. Aún no está claro quiénes serán ni cuantas. Además, la comisión también escuchará a portavoces de asociaciones de mujeres juristas con el fin de que en la revisión de los delitos se incluyan “todas las sensibilidades”.

eldiario.es ha intentado recabar la versión del Ministerio de Justicia sobre el encargo de la revisión de los delitos sexuales a un grupos compuesto únicamente por hombres. No hemos obtenido respuesta a pesar de los repetidos intentos. A última hora del viernes, el ministerio difundió una nota de prensa asegurando que “se ha optado por incorporar a vocales”.

La Comisión de juristas que estudiará una posible reforma del Código Penal en lo relativo a delitos contra la libertad sexual contará con catedráticas y contará con aportaciones de asociaciones de mujeres juristas. La respuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a la polémica sentencia de 'La Manada' fue hacer este encargo a un grupo de expertos compuesto solo por hombres, pero su presidente ha pedido permiso para incorporar también a expertas.

Mestre ya tiene una lista de nombres e iniciará los contactos para que se incorporen a los trabajos de la comisión. Según ha informado el Ministerio en una nota de prensa, este grupo de expertos comenzará sus trabajos el día 10 de mayo y tendrá que haber terminado antes del 15 de junio. En total, Catalá quiere que la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal esté lista en menos de 36 días.

Catalá hizo este encargo a la sección Penal de la Comisión General de Codificación, un órgano de asesoramiento adjunto al Ministerio de Justicia. El responsable de este grupo de expertos es Esteban Mestre, catedrático de Derecho Penal y abogado. Hasta ahora, la sección estaba compuesta solo por hombres del perfil de Mestre, además de algún exmagistrado y antiguos fiscales. Aunque se creó para asesorar al Gobierno en asuntos de Derecho Penal, apenas no ha jugado ningún papel en los cambios legislativos de las últimas décadas.

Después de recibir el encargo la semana pasada, Mestre trasladó al ministro la necesidad de contar con mujeres en el grupo de expertos para que los trabajos contasen con “todas las sensibilidades”. El ministro dio su visto bueno, según explica el propio Mestre a eldiario.es

Este catedrático de Derecho Penal, al frente del grupo de expertos desde 2015, señala que su intención es que se incorporen vocales 'ad hoc' para la revisión de los delitos sexuales, una excepción que preve la normativa de la Comisión General de Codificación. Así, comenzará a contactar con catedráticas expertas en la materia, que tengan obra publicada sobre ella. Afirma que ya tiene una lista, pero prefiere no dar nombres hasta que esté confirmado quiénes se incorporarán.

Además, Mestre quiere que el grupo de expertos también cuente con la opinión de presidentas de asociaciones de mujeres juristas, que serán recibidas en audiencia por los miembros de la comisión. Augura que los trabajos comenzarán en las próximas semanas.

La composición actual de la sección Penal de esta comisión no cuenta con mujeres. Además, en un primer momento los vocales que formaban esta última sección no figuraban en el listado de juristas de la web del Ministerio de Justicia. Una situación que desde la comisión atribuían a que la misma no solía reunirse habitualmente. Posteriormente han publicado el listado completo.

Ninguna mujer forma parte de la comisión que se encargará de estudiar la reforma del Código Penal centrada en cómo se recogen las agresiones sexuales. La sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, a la que el ministro de Justicia ha encargado el estudio, está formada por veinte hombres y ninguna mujer.

La Comisión General de Codificación es un órgano de asesoramiento adjunto al Ministerio de Justicia que funciona por secciones. El órgano cuenta con cinco secciones que se corresponden a los ámbitos del derecho -civil, mercantil, público, penal y procesal-. Cinco secciones dirigidas por hombres en un órgano presidido por Catalá y con un vicepresidente: José Amérigo Alonso, secretario general técnico del Ministerio.

Poco después de conocerse la sentencia de 'la manada', el ministro, Rafael Catalá, aseguró que había encargado a la Comisión General de Codificación un estudio sobre la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. Según explican a eldiario.es fuentes de la comisión, el órgano suele trabajar por secciones; cada una de ellas se encarga de las materias de su competencia. Por lo tanto, los estudios sobre el Código Penal dependen de la sección de Derecho Penal, de la que no forma parte ninguna mujer.

De los 120 vocales permanentes que forman la totalidad de la Comisión General de Codificación, solo 17 son mujeres. Diez mujeres componen las secciones de Derecho Civil y Derecho Mercantil, formadas por 29 y 26 miembros, respectivamente. Las secciones de Derecho Público y Derecho Procesal, que cuentan con 26 y 19 vocales, solo cuentan con 3 y 4 mujeres, respectivamente. La sección de Derecho Penal la forman veinte hombres, como adelantó Elboletin.com. Todos los vocales son nombrados por el ministro de Justicia.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se ha desentendido de la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No sé cuál es la composición de esa comisión. El ministro de Justicia se puso en contacto con las personas que componen la sección penal, pero yo soy un modesto portavoz e ignoro cuál es la composición de la misma”, ha respondido cuando eldiario.es le ha preguntado al respecto.

En un primer momento los vocales que formaban esta última sección no figuraban en el listado de juristas de la web del Ministerio de Justicia. Una situación que desde la comisión atribuían a que la misma no solía reunirse habitualmente. Posteriormente han publicado el listado completo.

El PSOE registrará este viernes una proposición en el Congreso de los Diputados para cambiar los estatutos por los que se rige esta comisión. Con esta modificación los socialistas solicitarán que se incorpore un nuevo artículo para garantizar la paridad del organismo, cumpliendo lo que establece la legislación española sobre “igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Según destaca la portavoz de Igualdad de los socialistas, Ángeles Álvarez, encargada de redactar la petición, el 100% de los vocales natos que forman la Comisión General de Codificación -entre los que figuran el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, el Presidente del Consejo General de Procuradores de España o el Presidente del Consejo General del Notariado, entre otros- son hombres.

Como destacan los socialistas en su petición, los informes sobre la carrera judicial detallan que las mujeres suponen el 53,2% de la carrera judicial, con “2.858 juezas y magistrados en activo”.