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Catalá indigna a toda la esfera judicial con sus insinuaciones sobre el juez del voto discrepante de 'la manada'

El ministro de Justicia logra ponerse en contra a un Consejo General del Poder Judicial con la mayoría de sus vocales propuestos por el PP 

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, exigen la dimisión de Catalá por su "intromisión" en el Poder Judicial

Catalá, ya reprobado por el Congreso, ha ido endureciendo sus declaraciones sobre la sentencia en los últimos días

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Catalá, sobre el voto particular a 'La Manada': "Todos saben que tiene algún problema singular"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Rafael Catalá ha vuelvo a suscitar el consenso en la esfera judicial, aunque otra vez sea para criticarle duramente. El ministro de Justicia se descolgó este lunes con unas insinuaciones sobre el estado personal o de salud en el que se encuentra el magistrado que firma el polémico voto particular de la sentencia a 'la manada' y en horas las siete asociaciones que representan a jueces y fiscales hicieron pública una nota conjunta pidiendo a Catalá que se vaya.

La espiral del ministro Catalá abre un nuevo frente al Ejecutivo al culpar directamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, de no haber tomado medidas antes para apartar de la carrera judicial a Ricardo González cuando "todos saben" que el magistrado tiene "algún problema singular". 

El Consejo General del Poder Judicial actual se conformó en 2013 bajo la mayoría absoluta del Partido Popular. Se trata del Consejo que avaló con algunas reservas las leyes de la primera legislatura de Rajoy, como la de Seguridad Ciudadana o la del Aborto. Y es el Consejo que ha posibilitado los polémicos cambios en la Audiencia Nacional, como la convocatoria de plazas por la que Pablo Ruz dejó el caso de la caja B del PP o el nombramiento de Concepción Espejel como presidenta de la Sala de lo Penal a pesar de haber sido apartada del juicio de ese mismo caso y del resto de Gürtel por su proximidad al partido del Gobierno.

Ayer, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo que designó el Gobierno, Carlos Lesmes, evitó salir a contestar al ministro. Pero el órgano que preside no estuvo quieto. Hasta tres vocales salieron a desmentir a Catalá. Uno de ellos, Juan Manuel Fernández, fue taxativo al afirmar que no había "ningún motivo" para apartar a González. Este vocal del CGPJ conoce bien la situación. No en vano es el presidente de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, cargo que ha abandonado en dos ocasiones desde 2013 para integrar la comisión permanente del CGPJ, la sala de mandos del órgano de gobierno de los jueces.

Otros vocales consultados por eldiario.es reconocían desconocer la situación de Ricardo González hasta las declaraciones del ministro. Todos prefirieron no hacer declaraciones públicas mientras decían sentirse cuando menos sorprendidos si no "estupefactos". 

A última hora de la tarde, el CGPJ hizo pública una medida nota fruto de una reunión de su comisión permanente. La misma apelaba a la "moderación, prudencia, mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia". El órgano de gobierno de los jueces reaccionaba así a unas declaraciones del ministro del ramo. Y pedía más, sin mencionar a Catalá, "dirigir los esfuerzos" por una sociedad más igualitaria "por los cauces de la reflexión prudente de los que se ha dotado la sociedad española, por cuyo respeto deben velar los responsables públicos".

La mecha de este último incendio de Catalá prendía el lunes por la mañana en una entrevista en la cadena Cope. "Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado”. Ni un detalle más sobre ese supuesto problema. Ni durante la entrevista, ni después, porque el Ministerio no ha querido dar más datos y se remite a las escuetas palabras de Catalá.

Catalá ha ido aumentando el nivel de las declaraciones desde que salió la sentencia, que ha provocado multitud de movilizaciones en contra por todo el país. Primero reclamó respeto a la sentencia, pero ya el pasado viernes, en otra entrevista en la cadena Ser, alentaba al CGPJ a actuar contra el juez que firmó el voto particular.

Con sus declaraciones, Catalá ha conseguido una reacción unánime de las siete  asociaciones de jueces y fiscales en tal solo unas horas,  algunas de las cuales habían sido críticas con la sentencia y el voto particular. Todas, conservadoras y progresistas, le han reclamado la dimisión por sembrar “públicamente dudas sobre la capacidad y condición de dicho magistrado”. Le acusan de “intromisión” en la labor del CGPJ y de crear una “confusión intencionada de intereses electorales”.

"Hoy es por el juicio de 'la manada' pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del Ministro o de su Gobierno”, dicen las asociaciones de jueces y fiscales. Recuerdan también que el Congreso ya ha reprobado al Ministro. Por tanto, ya son el poder legislativo y el judicial los que le reclaman que abandone un cargo que ha desempeñado entre polémicas constantes.

Una relación tensa con jueces y fiscales

Las declaraciones del ministro sobre el juez González han sido el último capítulo de un desencuentro con el Poder Judicial a raíz de la sentencia. Catalá fue cauto en un primer momento, cuando dijo que había que respetar las sentencias judiciales, pero luego se centró en el papel del juez del voto particular, sugiriendo que el CGPJ actuase contra él.

Jueces y Juezas para la Democracia pidió su dimisión por haberse sumado al “descrédito” contra los magistrados, al pedir que el CGPJ revisase el voto particular, cuando este órgano carece “de competencias al efecto”. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria y conservadora, criticó el desprecio a la labor de jueces y fiscales que subyacía de las declaraciones públicas a raíz de la sentencia, y ponían el foco en el Catalá, "que tiene como responsabilidad fomentar la confianza en las instituciones”.

Ademas, este desencuentro se produce en un momento especialmente delicado en la relación entre los integrantes del Poder Judicial y el ministro. Cuestiones como el recorte a los plazos de instrucción, el papel cero o los fallos de LexNET habían enfrentado a Catalá con jueces y fiscales, pero las reivindicaciones laborales de estos han llevado a una situación de confrontación con una amenaza de huelga para el 22 de mayo.

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