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Catalá recurre a un grupo de expertos ignorado durante años como respuesta a la sentencia de 'la manada'

Rafael Catalá, durante la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros.

Marcos Pinheiro / José Precedo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, endureció su discurso sobre la sentencia de 'la manada' en cuestión de horas. Pasó de pedir respeto al fallo a cuestionar a uno de sus jueces, un giro que le ha enfrentado con jueces y fiscales. Además, apenas un día después de hacerse pública la condena el Gobierno anunció que, a petición del titular de Justicia, se van a revisar los delitos sexuales del Código Penal. Esa decisión se ha concretado en que Catalá ha reactivado un grupo de expertos, todos hombres, que ha sido ignorado por el Ejecutivo en las sucesivas reformas de las leyes penales.

Ese grupo de expertos finalmente incorporará a catedráticas, pero no será por orden del ministro, sino por iniciativa del presidente de este órgano asesor del Ministerio de Justicia, Esteban Mestre. Este abogado y catedrático de Derecho Penal preside desde 2015 la sección Penal de la Comisión General de Codificación. El viernes pasado recibió el encargo de revisar los delitos contra la libertad sexual, como respuesta a la sentencia de 'la manada'. Advirtió entonces que esos trabajos no se podían hacer sin la colaboración de mujeres juristas.

Estas mujeres solo participarán en la sección Penal de manera temporal, como expertas en delitos sexuales. El Ministerio ha dado un plazo tasado para los trabajos: comenzarán el 10 de mayo y terminarán antes del 15 de junio. En total, Catalá quiere que la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal esté lista en menos de 36 días.

Catalá ha recurrido a a estos expertos a pesar de haberles ignorado durante los últimos años. De hecho, la sección Penal de la Comisión General de Codificación ha estado prácticamente inactiva desde los años 80. En 2015 se incorporaron nuevos vocales -ya con Mestre como presidente- en lo que suponía la primera remodelación desde 1983. Sus integrantes, mayoritariamente catedráticos de Derecho Penal, insisten en que apenas se ha contado con ellos en las reformas cruciales de los últimos años.

Sin voz en los cambios del Código Penal

Uno de lo vocales que lleva varias décadas como integrante de la sección Penal afirma que él no ha sido convocado a ninguna reunión en los últimos 20 años. Otro, que se incorporó en la ampliación de 2015, cuenta a eldiario.es que solo ha acudido a la sesión constitutiva y a una reunión -convocada con mucha urgencia- para abordar la reforma del Código Penal de 2015, pero añade que nunca supieron nada más: ni hicieron aportaciones a la reforma, ni se les volvió a convocar.

Este vocal insiste en que no depende de ellos la celebración de reuniones. Es el Ministerio quien les convoca a través de la Comisión. Afirma que le consta que, con anterioridad a su entrada en 2015, la sección Penal llevaba muchos años sin reunirse, a pesar de que se habían acometido importantes reformas del Código Penal.

En los mismos términos se expresa Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal y vocal en este grupo de expertos juristas. Explica a eldiario.es que él también entró en la sección Penal en la ampliación de 2015 y afirma que solo ha participado en una reunión en 2017, convocada de un día para otro con el fin de tratar un tema técnico, la adaptación de una directiva europea. El asunto no se resolvió y no les volvieron a llamar. Asegura que la sección Penal ha estado prácticamente inactiva desde los años 80, a diferencia de las otras secciones, con las que sí se ha ido contando para recibir asesoramiento.

Aunque finalmente incluirá a mujeres por iniciativa de su presidente, el grupo al que Catalá encargó la revisión de los delitos sexuales está compuesto únicamente por 20 hombres. Mujeres juristas consideran que su composición es el reflejo del mundo de la judicatura, donde a pesar de la importante presencia de mujeres estas no alcanzan los puestos de poder cuando se trata de cargos de libre designación.

“No entiende que no tengan un 50% de mujeres”

Adela Asúa es magistrada del Constitucional desde 2010 y ha estudiado durante años los delitos contra la libertad sexual, sobre los que tiene mucha obra publicada. No entiende que en 2018 las comisiones de estudio no tengan un 50% de mujeres juristas y pide además que su constitución sea plural y se dé entrada a profesionales procedentes de la abogacía, de la judicatura, de la academia, para enriquecer el debate. Ella desde luego estaría dispuesta a participar si se le invita, asegura por teléfono a eldiario.es.

En sus escritos, Asúa ha defendido la necesidad de unificar bajo un mismo nombre “todo lo que suponga un ataque contra la libertad sexual, en lo que supone una agresión, una invasión sin consentimiento”. “Yo he defendido seguir el camino de la ley italiana. Es importante alejarse de la imagen clásica de la intimidación y la resistencia, que son conceptos antiguos. Algunas aprobamos lo que hizo el Código Penal del 95 en el que se suprimió el término violación. Aunque eso supuso un avance, hoy pensamos que no es adecuado distinguir entre abuso y agresión. Las dos cosas son igual de graves. Es claramente incorrecto diferenciar la forma de imposición, es antiguo hablar de la fuerza y la intimidación”, explica.

La magistrada del Constitucional lamenta que durante años la jurisprudencia de los tribunales a la hora de explicar dónde está el daño “ha recurrido a un relato corporal que se extiende en la descripción de las agresiones y sin embargo hace pocas referencias a lo verdaderamente grave que es el menosprecio a la persona, ya sean mujeres, hombres o niños”. “Hay que tomar conciencia de que los nombres importan y las clasificaciones también. Que más allá de los tecnicismos del código, es importante saber expresar la gravedad de unos delitos que atentan a la libertad y a dignidad”, reclama Asúa. 

Como ejemplo de lo que siguen siendo los estamentos más alto de la Justicia cita el caso de la Sala Segunda del Supremo, donde hay una sola mujer, Ana María Ferrer, entre 11 magistrados.

La Justicia reproduce “modelos machistas”

Noelia Igareda es profesora de Filosofía de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y forma parte del grupo de juristas Antígona. Da por hecho que el mundo de la Justicia reproduce los modelos machistas que proliferan en otros campos de la sociedad. “No se trata de un caso aislado, es representativo de lo que sucede en muchos órdenes. El ministro no ha entendido cuál es el problema de base, que está en la falta de perspectiva de género del Código Penal. Y eso exigiría de una representación de las mujeres en los órganos que asesoran para su modificación. El hecho de que no las haya es un indicio más de la segregación vertical y horizontal de nuestra sociedad”, señala.

Para Igareda, el problema surge cuando esos puestos de poder son de libre designación. “Cuando se trata de acceder por oposición o por méritos, las mujeres son mayoría, ocurre en casi todas las otras estructuras laborales que te puedas encontrar, incluso en empresas de sectores profundamente femeninos cuando uno llega a la cúspide de la pirámide o incluso en los mandos intermedio -donde abundan los cargos de confianza- las mujeres desaparecen y se perpetúan los estereotipos de que las mujeres no sirven para mandar. En el Poder Judicial ocurre lo mismo. No será que no haya expertas penalistas en España pero en esos órganos no aparecen”.

Mestre ha pedido a Catalá que le permita incorporar a catedráticas a los trabajos de revisión del Código Penal. El ministro ha accedido. El presidente del grupo de expertos comenzará a contactar con catedráticas expertas en delitos sexuales, que además tengan obra publicada sobre esta materia. Formarán parte del grupo como vocales 'ad hoc', una figura que recoge el reglamento de la Comisión General de Codificación. Aún no está claro quiénes serán ni cuantas. Además, la comisión también escuchará a portavoces de asociaciones de mujeres juristas con el fin de que en la revisión de los delitos se incluyan “todas las sensibilidades”.

eldiario.es ha intentado recabar la versión del Ministerio de Justicia sobre el encargo de la revisión de los delitos sexuales a un grupos compuesto únicamente por hombres. No hemos obtenido respuesta a pesar de los repetidos intentos. A última hora del viernes, el ministerio difundió una nota de prensa asegurando que “se ha optado por incorporar a vocales”.

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