El Tribunal Constitucional ha dictado una docena de sentencias que dibujan un nuevo escenario en el caso de los ERE de Andalucía. Resoluciones que amparan a casi todos los antiguos altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía y que adelgazan al mínimo las acusaciones, aunque no elimina la existencia de irregularidades en el sistema de ayudas ni las responsabilidades penales de varios de ellos. El balance, tras un mes de deliberaciones, es de diez recursos estimados, cinco excarcelados y la duda de cómo afectará esto a las decenas de piezas separadas pendientes de juicio por cada adjudicación concreta de dinero público salida de esas partidas presupuestarias.

Las resoluciones no han borrado por completo el fraude en la gestión del sistema de ayudas implantado en los años noventa en el seno de la administración andaluza: varios ex altos cargos de la Junta siguen condenados por malversación, y la mayor parte de ellos seguirán condenados por prevaricación aunque con sanciones inferiores. Pero sí descarta la existencia de una estrategia conjunta y coordinada de los gobiernos de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán para mantener el sistema de reparto descontrolado de ayudas sociolaborales hasta llegar a los 670 millones de euros.

Los argumentos para estimar los recursos, de forma total o parcial, han sido repetidos en casi todas las sentencias: no se puede sancionar por la vía penal un proceso legislativo, en este caso de la administración andaluza. No es “previsible”, dice el Constitucional, considerar prevaricación o malversación el anteproyecto de unos presupuestos que después aprobaba el Parlamento.

En otros muchos casos las condenas de prisión de malversación han quedado anuladas porque, además, según el Constitucional ni el Supremo ni la Audiencia de Sevilla argumentaron correctamente la razón por la que inculpaban a cada alto cargo más allá de adjudicarle la responsabilidad en función de su puesto en el organigrama.

El balance es de diez recursos estimados y dos desestimados: el del exconsejero José Antonio Viera y el del exdirector de Trabajo, Juan Márquez. Los dos condenados a siete años de prisión y cuyas sentencias se quedan intactas por defectos en sus recursos. El resto de encausados han visto modificadas sus penas: se eliminan las de prisión por malversación y, además, la Audiencia de Sevilla debe revisar a la baja las condenas de inhabilitación, que no implican la entrada en la cárcel.

Para el Constitucional no hubo delitos ni irregularidades en la cocina de los presupuestos donde estaban las partidas y las ayudas que se repartieron de forma fraudulenta. Pero no cierra la puerta a que se dicten condenas de inhabilitación, sobre todo en lo que tiene que ver con la adjudicación directa de algunas de estas subvenciones procedentes de partidas que no tenían ese objetivo.

Los argumentos de la mayoría progresista del Constitucional mezclan lo expresado por la Fiscalía en amparo con lo que dijeron dos magistradas del Tribunal Supremo, Susana Polo y Ana Ferrer, en sus votos particulares. “No se considera mínimamente motivado que Griñán hubiera realizado con conocimiento los hechos”, dice el tribunal de garantías sobre la sentencia del Supremo sobre su condena de malversación, la que le acarreó seis años de prisión porque todos “actuaron con conocimiento de las irregularidades”.

La vertiente más institucional del caso, que marcó la vida política en Andalucía después de décadas de gobierno socialista, se ciñe a actos más cercanos a la concesión concreta de cada ayuda: las modificaciones presupuestarias de finales de 2004 en el programa 3.2H, por ejemplo, sí pueden ser considerados prevaricadores, entre otros. “Los fines de dicho programa no eran la concesión de ayudas sociolaborales”. Las nuevas sentencias, que no tendrán cárcel y sí tendrán menos inhabilitación, vuelven a manos de la Audiencia de Sevilla.

“Hace tambalearse los pilares del Estado de Derecho”

Las sentencias del Constitucional no son las últimas resoluciones que los jueces españoles tendrán que dictar sobre el caso de los ERE de Andalucía. Los tribunales de la región tienen un centenar de piezas separadas pendientes de sentencia firme, analizando en cada una la gestión concreta de las ayudas que salieron de la partida presupuestaria que centra el caso: la 31-L. El conocido como “fondo de reptiles”. Juzgados y tribunales de Andalucía, por tanto, todavía tienen mucho que decir sobre la gestión irregular de millones de euros, a la espera de saber si estas decisiones del tribunal de garantías afectan de alguna manera a estas causas.

Esta misma semana, la Audiencia de Sevilla ha impuesto un año y dos meses de cárcel al exalcalde socialista de Los Palacios y Villafranca, Antonio Maestre, por prevaricación y malversación en relación con una ayuda de 750.000 que su ayuntamiento adjudicó de forma ilegal. Dinero que procedía, precisamente, de ese “fondo de reptiles”.

Son sentencias que ya no se pueden recurrir, pero que no han sido unánimes. Todas las deliberaciones han simbolizado una división profunda entre el sector mayoritario y progresista del pleno, que ha sacado adelante las ponencias, y el sector minoritario y conservador, que con sus cuatro votos no ha conseguido hacer efectiva su oposición a los argumentos que exoneran a los antiguos altos cargos de la Junta.

Existen argumentos transversales a los votos particulares que han firmado, a veces juntos y a veces por separado, los cuatro integrantes del sector conservador: Ricardo Enríquez, César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Por ejemplo, reprochan a la mayoría del pleno que hayan convertido al Constitucional en una nueva instancia penal ante la que recurrir condenas del Supremo, yendo más allá de sus límites habituales. Pero también acusan abiertamente a sus compañeros de estar atacando los cimientos de la democracia. “La sentencia hace tambalearse los pilares básicos del Estado de Derecho”, dijo Enrique Arnaldo en uno de ellos. César Tolosa, exmagistrado del Supremo, entiende que estas resoluciones afectan a “la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidos por el Gobierno o sus miembros”.

Son sentencias que no han gustado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que en septiembre de 2022 avaló en lo esencial las condenas y la existencia de la trama política de los ERE. Las acusaciones de sentenciar el caso de forma “imprevisible” o, directamente, ignorando la separación de poderes y sin argumentos suficientes, no han sentado bien en el parque Villa de París: “Cuesta creer que el Tribunal Constitucional pueda conceder legitimidad a ayudas que fueron tramitadas sin informe económico o el estudio de viabilidad que las justifican, o pagos por transferencias de financiación sobre los que no había control alguno”, dijo Juan Ramón Berdugo recientemente, uno de los jueces del Supremo que sentenció el caso hace dos años.

El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el primer recurso que ha estudiado sobre el caso de los ERE de Andalucía: el del exconsejero José Antonio Viera contra su condena de siete años de cárcel por un delito de malversación. El pleno explica que su recurso estaba escrito en “términos genéricos” y sin “explicación alguna o desarrollo argumental”. En los próximos días el tribunal de garantías tiene previsto estudiar el recurso de la exministra Magdalena Álvarez, inhabilitada por un delito de prevaricación, con el borrador de la sentencia proponiendo su estimación y anular su condena.

Se trata del primer recurso que ha estudiado el pleno del alto tribunal contra las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo que condenaron a integrantes de los gobiernos andaluces de José Antonio Griñán y Manuel Chaves por el sistema de ayudas que derivó en el descontrol de casi 700 millones de euros en subvenciones. Varios fueron condenados a penas de inhabilitación por prevaricación y otros, como es el caso de Viera, también a penas de prisión por malversación de caudales públicos.

El Constitucional ha rechazado el recurso de Viera pero sin entrar en el fondo de las alegaciones contra la condena por este delito que sí han realizado otros encausados. Su recurso, dice por unanimidad el tribunal, tiene un “defecto insubsanable”: especificar qué vulneración de derechos fundamentales denuncia. “La queja se expresa en términos genéricos, sin que vaya acompañada de explicación alguna o desarrollo argumental”, explica en un comunicado. El Constitucional, recuerda este mismo comunicado, no puede analizar cuestiones “de oficio” si no lo plantea la demanda.

El pleno tiene pendiente esta semana examinar uno de los recursos clave contra las sentencias de los ERE, al menos para los condenados por prevaricación: el de la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez. Condenada a nueve años de inhabilitación por ese delito, en su caso el pleno debatirá si haber participado en la fase prelegislativa de esas ayudas también se puede considerar prevaricación. En la tramitación del caso ante el Constitucional la Fiscalía ha apoyado de forma parcial algunos recursos y ha cuestionado una parte de las condenas por prevaricación.

Fuentes del tribunal explican a elDiario.es que no todos los condenados jugaron el mismo papel en la creación y desarrollo del sistema de ayudas, y que por tanto no todos los debates serán idénticos en torno a los diferentes recursos. Existen diferencias, por ejemplo, entre los que participaron en la creación de los anteproyectos o proyectos de presupuestos que posteriormente fueron aprobados en el Parlamento de Andalucía, y los que aprobaron modificaciones presupuestarias posteriormente, o gestionaron la adjudicación del dinero.

El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad la petición de siete condenados a penas de prisión por los ERE de Andalucía, que solicitaban quedar en libertad mientras el tribunal de garantías estudiaba el fondo de sus recursos y se analizaban las peticiones de indulto. En el caso del expresidente Griñán, retiró su petición de medidas cautelares y el tribunal le tiene por desistido tras estar en libertad para ser tratado de un cáncer.

El Constitucional estudiaba en pleno las peticiones cautelares de siete condenados, teniendo en cuenta que José Antonio Griñán decidió retirar la suya hace unos días tras suspender la Justicia su ingreso en prisión por el cáncer que padece. Recurrieron el consejero de empleo Antonio Fernández (condenado a siete años y once meses de cárcel), su antecesor José Antonio Viera (siete años), la viceconsejera Carmen Martínez Aguayo (seis años), el consejero Francisco Vallejo (siete años), el director general de Trabajo Juan Márquez (tres años), el viceconsejero Jesús María Rodríguez (seis años) y el director general de IDEA Miguel Ángel Serrano (seis años y seis meses).

El pleno, por unanimidad, explica que en casi todos los casos las condenas son mayores de cinco años de prisión, el límite habitual que impone el Constitucional para suspender una entrada en prisión de forma cautelar. También tienen en cuenta, además de las condenas de cárcel, “la naturaleza, gravedad y trascendencia social de los hechos enjuiciados”, ya que todos fueron condenados “por delitos continuados contra la Administración Pública cometidos a lo largo de un extenso periodo de tiempo y con incidencia en toda una comunidad autónoma”.

Todos los condenados a penas de prisión, a excepción de Griñán, se encuentran en distintas cárceles de Andalucía cumpliendo la sentencia desde el pasado mes de enero. Lo hicieron después de que el Tribunal Supremo decidiera, en septiembre de 2022, confirmar la mayor parte de las condenas dictadas por la Audiencia de Sevilla por el caso: un sistema fraudulento y sin controles instaurado durante años en la Junta de Andalucía que derivó en la concesión irregular de ayudas por un valor que rozó los 700 millones de euros.

La sentencia contó con el voto particular de dos magistradas que cuestionaban la aplicación a algunos acusados del delito de malversación de caudales públicos.

El exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, quien el pasado 2 de enero entraba en la prisión de Huelva para cumplir la pena de cárcel impuesta por la Audiencia de Sevilla, por un delito de malversación por el caso ERE, goza ya del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios.

Como ha adelantado El Español y han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, Viera, otrora secretario general del PSOE de Sevilla y condenado a siete años y un día de prisión por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, ha accedido al tercer grado penitenciario y está sujeto al centro de inserción social (CIS) de Huelva tras haber solicitado tal extremo esgrimiendo motivos de salud.

Nuevo providencia respecto a Griñán

Precisamente este martes, la Audiencia ha emitido una nueva providencia respecto al expresidente en la que insta al Instituto de Medicina Legal (IML) a emitir “el informe solicitado” con concreciones sobre su pronunciamiento previo sobre si Griñán puede seguir en prisión su tratamiento contra el cáncer de próstata, “sin que proceda solicitar la documentación de cada una de las revisiones” médicas.

La médico forense encargada del asunto había “solicitado nueva documentación médica de la última revisión por el servicio de Oncología y, en su caso, informe de urología”. Pero la Audiencia ha ordenado librar nuevo oficio al IML “para que emita el informe que le fue solicitado, que tenía por objeto no efectuar un nuevo informe, sino concretar algunos extremos” de su anterior pronunciamiento, “a fin de resolver sobre la suspensión de la pena” que solicita la defensa de Griñán por el cáncer de próstata que padece.

En ese sentido, la Sección Primera de la Audiencia precisa que la médico forense responsable de este caso “no puede solicitar la documentación médica de cada una de las revisiones que se realicen al penado, pues dada la enfermedad que padece y las continúas revisiones a las que será sometido, ello impediría a la sala resolver sobre la suspensión de la pena”, una decisión que como bien recuerda la Audiencia, “ya fue aplazada hasta que concluyera las sesiones de radioterapia”, extremo ya acontecido. La Sala acuerda en paralelo remitir “la documentación que ha sido aportada por la representación del penado, consistente en informe de radioterapia de 6 de junio y citas médicas”.

Los primeros exconsejeros se han sentado este martes en la comisión de investigación sobre el supuesto fraude con subvenciones de formación para el empleo desde 2002 hasta hoy creada en el Parlamento de Andalucía: José Antonio Viera (en el cargo entre 2000 y 2004) y Antonio Fernández (2004-2010), los dos investigados también por el caso ERE y que han coincidido en negar que dieran o recibieran cualquier orden para saltarse los controles con estos fondos públicos e incluso han cuestionado el trabajo de este órgano.

Lo ha hecho especialmente Antonio Fernández, quien ha comenzado su intervención criticando los criterios con los que se está desarrollando la comisión de investigación y su propia citación que conoció por la prensa, y pidiendo a los diputados que estén “a la altura”, les ha echado en cara que se haya insinuado por parte de algunos, con sus preguntas, que se ordenó flexibilizar los controles: “Es patético y ridículo porque significa una impresentable desconfianza de quien lo dice hacia los funcionarios y un desconocimiento absoluto de la administración”.

Su desprecio iba claramente dirigido a los pupulares como cuando más tarde se negó a responderles porque rechazaba cualquier “interlocución con gente tan falsa como la del PP”, un partido que no le merece “ningún respeto”, menos después de que Javier Arenas tuviera “la poca vergüenza” de decirle que no se preocupara y, después, “pedir” su ingreso en la cárcel.

Pero también, preguntado por la diputada de C's Marta Bosquet, se ha negado a hacer autocrítica: “Cuestiono la mayor, lo único acreditado a día de hoy es que teóricamente se han perdido 52.000 euros [en alusión a las prescripciones que confirma la Junta de Andalucía, que son algo más de 58.000 euros]. Yo parto del principio de que esto es un bluf generado por el nerviosismo que surge en 2011 o 2012 y que hace que se cuestione todo el sistema”.

En su opinión, “a los interventores les entran esos nervios por la presión social y mediática” y se genera “una crisis de ansiedad donde todo lo que había sido normal deja de serlo”. Para continuar: “No puedo hacer autocrítica y se verá cuando terminen los procesos judiciales (...). Lamentablemente esta comunidad autónoma ha entrado en una alteración de los biorritmos normales y todo es ilegal. (...). No hago autocrítica. Lo que hace falta es una autocrítica colectiva”.

El diputado de Podemos Juan Moreno Yagüe le ha preguntado entonces que por qué si es un bluf esto llevo a que en 2011 fuera la última convocatoria de subvenciones. “No creo que fuera porque no habría nada, porque entonces sería una irresponsabilidad”, le ha espetado, a lo que Antonio Fernández ha respondido que él hubiera hecho “lo mismo” si hubiera seguido como consejero porque había un “atasco de gestión”. De hecho, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no tiene previsto desbloquear estos fondos públicos hasta este mes, cuando están previstas tres órdenes con subvenciones.

Por otro lado, en respuesta a Elena Cortés (IU), ha expresado que nunca habló de formación con el entonces presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. “Que yo recuerde, ninguna (...). No tenga en sus alforjas la posibilidad de implicar a los presidentes”, le ha aconsejado a la parlamentaria.

Finalmente, el exconsejero se ha referido también a que lleva apartado de la política seis años y que este caso ha supuesto que le hayan estampado un “sello” que lo ha dejado fuera para siempre. “De la vieja y de la nueva política”. Lo ha lamentado “profundamente” por todo el “daño” que cree haber sufrido: “No me dejan los partidos acercarme a la política cuando ha sido mi actividad desde los 14 añitos”.

Previamente había comparecido José Antonio Viera, en un turno que se ha desarrollado de manera más tranquila. El exconsejero ha defendido su “honestidad” y la de su equipo durante el tiempo que fue responsable de este departamento y ha subrayado que “nunca” dio instrucciones para que se diera “trato de favor” a ninguna persona o empresa ni tuvo conocimiento de que otros lo hicieran, contestando específicamente que ocurrió de esta manera también con los consistorios gobernados por socialistas.

Pese a que ha reconocido errores (...) lógicos en una dilatada actividad en la gestión de 18 centros directivos“ ha insistido en el ”buen trabajo“ de su equipo: ”El tiempo y la justicia pondrán en valor las manifestaciones que hoy realizo“. En este sentido, ha incidido también que nunca fue advertido por informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía de ”irregularidades, ni leves ni graves“, pese a que, mirado con perspectiva después de haber pasado 12 años desde que dejó el cargo, ve cuestiones que ”pueden ser revisables“ para haber mejorado los procedimientos para conceder estos fondos públicos.

En este caso, sí ha contestado a Jaime Raynaud (PP-A), quien entre otras cosas le ha preguntado si firmó resoluciones de subvenciones para sedes compartidas entre el sindicato UGT-A y el PSOE: “Tajantemente, no”. Igual que también ha negado que firmara resoluciones de exoneración.

También ha planeado sobre la sesión el plantón del lunes de la ministra Fátima Báñez, que ha sido echado en cara a los populares. Varias veces ha tenido que intervenir el presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz, para imponer orden, pero no por ello se ha librado tampoco él del enfado del PP-A, cuya diputada Teresa Ruiz Sillero le ha afeado nuevamente su labor. “Este presidente está cansado y harto. Le estoy dejando pasar demasiado, son ustedes los que están empujando los límites”, ha concluido Julio Díaz.

Distinto tribunal pero mismo argumento sin asunción de responsabilidades. José Antonio Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, ha negado que participara o interviniera en la concesión de ayudas públicas que se investigan en el marco del caso de los ERE, al menos en la de la extinta empresa pública Egmasa, derivada del ERE de 2003. Este martes, después de haber prestado declaración en el Tribunal Supremo en abril con parecidas alegaciones, ha comparecido por primera vez en los juzgados de Sevilla al haber perdido recientemente su condición de aforado. Como hizo la semana pasada su sucesor en el puesto, Antonio Fernández, ha señalado a su director general de Trabajo en aquella época, Javier Guerrero, como responsable y gestor directo de la concesión de ayudas a empresas y trabajadores.

La jueza Núñez Bolaños le ha tomado declaracion por espacio de una media hora por presuntos delitos de malversación y prevaricación por haber conocido y consentido un pago de 21,6 millones por parte de la Junta de Andalucía para la financiación del plan de prejubilaciones de la extinta empresa pública Egmasa, derivado del ERE aprobado en 2003 y que afectó a 373 trabajadores.

Ante el juzgado que investiga un presunto desvío de fondos públicos, Viera ha dicho queno participó ni en la ayuda ni en el ERE de Egmasa ya que no conocía la existencia de la misma, destacanado que la tramitación de las ayudas era competencia directa del director general de Trabajo, quien solo en ocasiones le daba cuenta de algunas ayudas dada su importancia, como en el caso de la Faja Pirítica de Huelva o Santana Motor, según han apuntado fuentes del caso.

El también exdiputado por Sevilla en el Congreso desde 2011, que abandonó el PSOE a finales de junio y se pasó al grupo mixto para continuar como aforado unos meses más, ha comentado además ante la jueza que ha sido ahora cuando se ha enterado de la cantidad de la ayuda a Egmasa, añadiendo que desconocía que hubiera problemas en esta empresa y que como presidente del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (actualmente agencia IDEA), tampoco se acuerda de que se diera cuenta de dicha ayuda a Egmasa en el consejo rector.

La declaración de Viera no se encuadra en la pieza separada del 'procedimiento específico', para la cual también podría ser llamado como uno de los firmantes en 2001 del convenio marco entre la Consejería de Empleo y el IFA que generó el sistema de ayudas que se investigan. Varios exdirectivos de Egmasa y un liberado sindical también han prestado declaración en el juzgado este miércoles.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha citado a 15 investigados para tomarles declaración en la causa abierta contra las irregularidades detectadas en el ERE de la empresa Egmasa (actual Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía), entre los que se encuentran los exconsejeros Jose Antonio Viera y Antonio Fernández, los exdirectores de Trabajo Francisco Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el sindicalista Antonio Márquez García. Los días fijados para que la juez reciba estas declaraciones son el 2, 10 y 11 de febrero.

Según informa el TSJA, estas 15 personas están siendo investigadas por su posible responsabilidad en un presunto desvío de fondos públicos de la Junta de Andalucía a la empresa Egmasa para la financiación de su plan de prejubilaciones derivado de la aprobación del ERE de 2003.

Según datos de la investigación, el importe total de la subvención concedida a Egmasa por la Junta de Andalucia para el pago de la indemnización por despido colectivo de sus trabajadores a través de un plan de rentas, asciende a más de 21 millones de euros, de los cuales consta que los pagos realizados desde 2004 hasta 2010 por la Agencia IDEA suman 16 millones, a los que habría que añadir la cantidad de 300.000 euros mediante los denominados “pagos cruzados” ordenados a IDEA por los sucesivos directores de Trabajo durante los años respectivos.

La magistrada atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción y cita a declarar al exconsejero el próximo día 10 de febrero, de manera que será la primera vez que comparezca en este Juzgado tras cinco años de investigación, pues únicamente ha declarado en el Tribunal Supremo dada la condición de aforado que poseía.

La jueza, asimismo, cita a declarar los días 2, 10 y 11 de febrero a otras 14 personas como investigadas --en la resolución alude también al sindicalista de CCOO Antonio Perianes, pero no lo cita a declarar--, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, o el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.

La instructora, que considera que todos ellos podrían ser responsables de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, acuerda dar traslado de las actuaciones a la empresa pública Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, como “sucesora universal” de la extinta Egmasa, en concepto de tercero civil responsable.

La juez relata en el auto que Egmasa, empresa pública dependiente de la Consejería de medio Ambiente “y cuyo socio único” era la Agencia de Medio Ambiente, presentó el 30 de junio de 2003 una solicitud de ERE para la extinción de 373 trabajadores por causas productivas y organizativas, basadas en la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan Infoca.

A este respecto, la instructora destaca que “todos los trabajadores incluidos en este ERE habían trabajado en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural, y tras cesar en sus puestos de trabajo pasaban a recibir prestaciones por desempleo o subsidios para mayores de 52 años, siendo entonces recolocados en Egmasa, en donde a la fecha del ERE llevaban trabajando una media de tiempo no superior a cuatro años”.

“CONSENTIMIENTO Y CONOCIMIENTO” DE VIERA

La magistrada añade que, “sin solución de continuidad”, Guerrero autorizó el ERE el 15 de septiembre de 2003, aprobando la extinción de las relaciones laborales de un total de 373 trabajadores, tras lo que, ya el 23 de octubre de ese mismo año, se firmó entre Guerrero y la empresa Egmasa, por medio de Javier Serrano Aguilar, un protocolo de colaboración por el que la Junta se comprometía al pago de las primas por una cantidad de 11.184.252 euros, mientras que Egmasa se comprometía a la aportación de 2.404.048 euros.

En fecha 4 de febrero de 2004, Guerrero suscribió con el entonces director general del antiguo IFA, Francisco Mencía, un convenio en el que, “con la finalidad de posibilitar la continuidad de Egmasa”, encomendaba al IFA “la materialización singular de las ayudas sociales concedidas”, comprometiéndose la Junta a transferir al IFA las cantidades desembolsadas como consecuencia de la encomienda recibida, con cargo a la partida presupuestaria 31L.

La juez asevera que la ayuda “se da con el conocimiento y consentimiento” tanto del entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, como del viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, quienes además en esta fecha eran, respectivamente, presidente y vicepresidente del IFA.

En este sentido, la magistrada precisa que, como consecuencia de todo lo anterior, se suscribió una póliza de rentas el 28 de noviembre de 2003 con Banco Vitalicio, siendo el tomador Egmasa y los beneficiarios los trabajadores afectados por el ERE, con una prima a pagar de 17,1 millones de euros y que fue “íntegramente satisfecha” por la Junta, salvo 2,4 millones realizado por Egmasa.

RENTA VITALICIA

A esta póliza se le añadió un suplemento en agosto de 2004 “que tuvo como fin dar de alta a un nuevo trabajador, con un coste de prima de 9.179,71 euros”, y un segundo suplemento en octubre de ese mismo año, mediante el cual “se modifican las prestaciones de 349 asegurados, introduciendo una renta vitalicia en concepto de complemento” y que “supuso una nueva prima, que fue pagada en su totalidad por la Junta y ascendió a 7,5 millones de euros”.

“Este cambio de las condiciones, mediante la introducción de una renta vitalicia, no estaba contemplado en la negociación del ERE entre empresa y sindicatos, y no tiene justificación alguna, pues las prestaciones pactadas finalizarían en todo caso cuando el trabajador prejubilado alcanzase la edad de 65 años, momento en el cual pasaría a cobrar la pensión ordinaria de jubilación” de la Seguridad Social, sostiene la magistrada.

La póliza, además, tuvo otros dos suplementos, el último en noviembre de 2006, que tenía “como exclusivo fin dar de alta como asegurado en la póliza a Antonio Márquez García, cuya prima asciende a 125.633,41 euros, y que fue pagada por la Junta”, punto en el que la juez señala que este trabajador “no figuraba en la lista de afectados por el ERE del año 2003”.

“SIMULACIÓN” DE UN DESPIDO IMPROCEDENTE

De este modo, “se trata de un liberado sindical” al que la empresa “no quiere readmitir” cuando cesa en el cargo en el sindicato en 2004, por lo que después de dos años, los directivos de la empresa María del Mar Espejo Tudela y Antonio del Valle Jiménez, junto con el “líder sindical” Antonio Perianes, “deciden buscarle una salida”.

Así, y según expone la magistrada, “simulan un despido improcedente y pactan” en el Cmac una indemnización por despido de más de 120.000 euros “que se articuló mediante la indebida inclusión del trabajador como asegurado en la póliza colectiva suscrita ya reseñada, indemnización que superaba en mucho la correspondiente a un despido y que fue pagada no por la empresa sino por la Junta”.

La juez concluye que el importe total de la subvención concedida a Egmasa por la Junta para el pago de la indemnización por despido colectivo de sus trabajadores afectados por el ERE asciende “al menos” a 21.673.680,62 euros, de los cuales consta que los pagos realizados desde el año 2004 hasta el año 2010 por la agencia IDEA suman 16 millones de euros conforme al desglose que se recoge en el informe pericial de la Intervención General del Estado.

A ello habría que añadir la cantidad de 300.000 euros “mediante los denominados pagos cruzados ordenados” por Guerrero, dice la juez, que considera que fueron Guerrero y sus dos sucesores, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, quienes dieron las órdenes de pago a IDEA.

Por todo ello, la juez ha citado a declarar el 2 de febrero al exconsejero Antonio Fernández, a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, a la exasesora de Empleo María José Rofa, y al ex director general de Finanzas del IFA Juan Vela.

El 10 de febrero, están citados el propio Viera, los que fueran directivos de Egmasa María del Mar Espejo, Antonio del Valle y Javier Serrano Aguilar, el ex viceconsejero de Medio Ambiente Juan Jesús Jiménez Martín, y el liberado sindical Antonio Márquez, mientras que el día 11 de febrero declararán como investigados el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano, el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, y los extrabajadores de Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín.

José Antonio Viera, exconsejero andaluz de Empleo imputado en el caso ERE por prevaricación y malversación, dejará de ser aforado al renunciar este jueves a su acta de diputado del Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados. En junio abandonó el PSOE tras su inculpación por parte del Tribunal Supremo, asegurándose continuar en el proceso judicial con el fuero especial, a diferencia de Chaves, Griñán y Zarrías, quienes renunciaron a continuar en las Cortes.

La causa relacionada con Chaves, Griñán y Zarrías seguía su curso en el Supremo al verse 'arrastrados' por la decisión de Viera en junio, ya que el hecho de manener él su condición de aforado le hacía seguir siendo investigado en el Supremo junto al resto (todos fueron imputados formalmente al tiempo en la exposición razonada del Supremo ya que, entonces, todos eran aforados). Pero ahora el caso volverá definitivamente al juzgado de Sevilla donde, paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir la declaración como imputados de otros cuatro exconsejeros que en abril dejaron igualmente de ser aforados autonómicos.

Según confirman fuentes del Supremo, si la causa estaba ya “prácticamente muerta” en esta sede, la decisión de Viera de renunciar como senador hará que la instrucción vuelva a la jurisdicción ordinaria, es decir, al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. “Ya no hay aforados, no tiene sentido”, añaden. A priori, el caso lo investigaría la jueza María Núñez, ahora titular del juzgado, o Mercedes Alaya, aún pendiente de la resolución posterior del CGPJ de quién se queda con el caso. Este jueves el TSJA, que viene manteniendo que debe ser Alaya la que siga instruyendo, tomará una decisión al respecto, a expensas de la decisión definitiva en el órgano de gobierno de los jueces, prevista para octubre.

El exconsejero, que recientemente había pedido más tiempo para defenderse en la causa, conoció esta semana que la Comisión del Estatuto del Diputado le concedía unos días más de margen al exconsejero Viera para que presentara alegaciones al suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder investigarle. El asunto, para que no se dilatase, se iba a votar la próxima semana en el Pleno del Congreso para su aprobación definitiva pero, según fuentes cercanas al caso, el exconsejero ha decidido no esperar y ha renunciado a su acta.

El primer plazo fijado por la comisión finalizó el pasado viernes 18 de septiembre y la comisión había decidido atender la solicitud del imputado para no perjudicarle, según explicaron a Europa Press asistentes al encuentro. El propio Viera explicó a Europa Press que no se oponía a perder el fuero y que ratificaría ante el Congreso la misma versión que ofreció el pasado mes de abril al juez Alberto Jorge Barreiro. La Sala de Admisión del Tribunal Supremo solicitó el suplicatorio contra Viera el pasado 9 de julio y dejó en suspenso las tramitación de las actuaciones que le afectan hasta que se pronunciase el Congreso.

Desde que dejó el PSOE, Viera compartía escaño y dependencias con los 18 diputados de la heterogénea formación parlamentaria que actualmente agrupa a Amaiur, ERC, BNG, CC, NC, Foro Asturias, UPN y Geroa Bai.

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha cuestionado este viernes si la decisión del exconsejero José Antonio Viera de no renunciar a su acta de diputado por los ERE esconde una estrategia del PSOE para que la pieza siga en el Tribunal Supremo y no vuelva a la juez Mercedes Alaya.

Moreno, que ha visitado hoy una aceleradora de empresas en Mairena del Alcor (Sevilla), ha dicho a los periodistas que detrás de la decisión de Viera podría haber una estrategia de los abogados y del PSOE “para proteger los intereses de todos los acusados”, por lo que ha exigido una explicación a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, y al líder nacional, Pedro Sánchez.

Ha recordado que Viera es “el padrino político” de Díaz y ha preguntado “por qué le protegió Díaz como número dos del PSOE andaluz” y “por qué, cuando había indicios de irregularidades, le propició la posibilidad de ser candidato en el Congreso”.

Moreno considera que Díaz debería exigir “de manera inmediata” la expulsión del partido de Viera, de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y del exconsejero Gaspar Zarrías, porque entiende que “han manchado de manera gravísima el buen nombre de Andalucía”.

Para el líder del PP-A, se ha demostrado que la autoridad de Díaz y de Sánchez en el partido es “bastante escasa, por no decir nula”, ya que ha recordado que ayer desde la dirección socialista se anunció que todos renunciarían a sus actas de diputado “y 24 horas después ya hay uno que no va a abandonar su escaño”.

“La autoridad de Díaz ha quedado claramente tocada, llevamos ya un año sabiendo que están clarísimamente señalados y solamente ha buscado excusas, jamás ha tomado una decisión valiente”, ha dicho Moreno, quien cree que la presidenta andaluza “ha optado por proteger a los señalados por la justicia”.

Rajoy reprocha los diferentes criterios del PSOE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido este viernes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que dé explicaciones sobre los expresidentes y exconsejeros de la Junta de Andalucía imputados por el Tribunal Supremo por el caso de los ERE fraudulentos, y le ha reprochado que tenga “diferentes” criterios según el partido al que pertenezcan los imputados.

En una rueda de prensa en Bruselas, el jefe del Ejecutivo ha señalado que respeta las decisiones de los tribunales y ha recordado que, como cualquier ciudadano, Manuel Chaves, José Antonio Griñán, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías tienen “presunción de inocencia”.

Dicho eso, tras participar en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, Rajoy ha añadido que “quien debiera” dar explicaciones sobre estas imputaciones no es él sino el responsable del PSOE, Pedro Sánchez.

En ese sentido, el presidente del Gobierno ha reprochado al líder de la oposición que mantenga una posición diferente cuando los imputados son de su partido o cuando son de otra formación.

“Parece que no aplique el mismo criterio cuando habla de ellos que de personas de otras fuerzas políticas”, ha concluido Rajoy.

José Antonio Viera, exconsejero andaluz de Empleo e imputado en el caso ERE por prevaricación y malversación, ha decidido no entregar su acta de diputado, abandonar el grupo socialista y pasarse al grupo mixtO. De esta forma se asegura continuar en el proceso judicial como aforado. Su caso seguirá investigándose en el Tribunal Supremo y no por la jueza Alaya. Tras la decisión de Viera, el caso de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías continuaría en el Supremo, pese a haber renunciado estos a continuar en las Cortes y perder la condición de aforados.

“Ya no soy militante del PSOE ni miembro del Grupo Socialista y haré lo que estime oportuno”, ha dicho Viera en declaraciones a La Sexta. El diputado señala que necesita las próximas 48 horas para “meditar”. “Ya no soy militante del PSOE ni miembro del Grupo Socialista por lo que el PSOE está liberado de cualquier responsabilidad”, concluye José Antonio Viera.

José Antonio Viera anuncia también que se da baja de militancia del PSOE sevillano, donde fue secretario provincial. José Antonio Viera militaba por Coria y la baja ha sido automática. El PSOE anunció este jueves, nada más saber el auto del Supremo sobre el caso ERE, que tanto como Manuel Chaves, José Antonio Viera como Gaspar Zarrías abandonaban sus escaños en el Congreso.

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, en el auto publicado este jueves, inculpaba a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías por prevaricación administrativa. A José Antonio Viera le imputa el mismo delito y además el de malversación de fondos, mientras que archiva la causa contra Mar Moreno.

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, anunciaba este jueves, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo, que tanto el expresidente de la Junta Manuel Chaves como los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera habían renunciado a sus escaños en el Congreso de los Diputados al ratificarse sus imputaciones. El PSOE andaluz lanzó además un comunicado en el que confirmaba que los imputados abandonaban sus escaños, pedían respeto al proceso judicial y su esperanza en que los imputados puedieran demostrar su inocencia. Sin embargo, José Antonio Viera no había aceptado la renuncia.

Suana Díaz exige la marcha de Viera del Congreso

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha pedido este viernes a José Antonio Viera que entregue su acta como diputado en el Congreso de los Diputados “por higiene democrática” y por haber concurrido a las pasadas elecciones generales en una lista del PSOE. Díaz afirma que ha cumplido su palabra, “no habrá ningún imputado en el grupo Socialista”.

Tras mostrarse convencida de que Chaves y Griñán podrán ahora “demostrar su inocencia y defenderse”, ha dicho que “jamás” entra en el contenido de los autos ni los valora, al tiempo que ha puesto en valor que durante los 18 meses que lleva como presidenta de la Junta se han reforzado los controles sobre los fondos públicos. “Hoy no volvería a pasar lo que ha ocurrido”, ha remarcado.

Secretario general del PSOE de Sevilla entre 2004 y 2012

José Antonio Viera fue consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2004. Afiliado al PSOE desde 1981, se hizo cargo de la dirección provincial socialista en 2004, como hombre de confianza de Manuel Chaves. En 2012, tras un enfrentamiento con José Antonio Griñán, renunció a su cargo como secretario general del PSOE en Sevilla denunciando injerencias en la elaboración de las listas a las elecciones autonómicas. Susana Díaz le sustituyó al frente del partido en Sevilla.

José Antonio Viera era el número dos de la lista socialista por Sevilla en las elecciones generales de 2011, por detrás de Alfonso Guerra. Su actividad parlamentaria a lo largo de estos casi cuatro años se ha reducido a formular 74 preguntas para respuesta escrita. Como diputado percibe mensualmente del Congreso un sueldo que ronda los 5.700 euros, aunque en los casi cuatro años de legislatura sólo ha intervenido una vez, en un debate en comisión.

Empecemos por eso que a muchos disgusta pero es clave del Estado Democrático: todo el mundo tiene derecho a la defensa e incluso a mentir en ella. Acto seguido, añadamos que, sean los argumentos veraces o falsos, la clave para convencer a ciudadanos y tribunales es ser creíble. Los hechos y razones que los explican han de ser verosímiles.

El “yo no sabía nada, firmaba sin leer, por confianza” cuela mal lo diga la infanta respecto a su marido, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera sobre sus subordinados, su tocayo homólogo en Hacienda y luego expresidente de la Junta Griñán de los colegas de Gobierno -en particular Viera- o Rajoy y adláteres de Bárcenas.

Ni el más persuasivo actor, un Bardem, un Fassbender, podría hacer creer al más ingenuo espectador semejante monólogo. Más aún, a ningún guionista le permitiría un director, un productor, tales líneas. ¿Cómo se les consienten a asesores y a abogados?

No es casualidad que sólo Griñán haya salido mínimamente bien parado de su último testimonio público, la declaración por el fraude de los ERE como imputado ante el Supremo. Dos o tres frases sonaron auténticas: “fue una barbaridad”, “todas esas ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control merecen una responsabilidad política e incluso penal”, “hubo un gran fraude”. Lástima que no remate. Porque cuando señala que no había “un gran plan para defraudar” da a entender que todo fue fruto del azar de que dos altos cargos actuaran mal, como garbanzos negros que se cuelan en el puchero.

A la ficción -literaria, cinematográfica, televisiva- le pedimos, ¡le exigimos! ser creíble. No nos conformemos con menos en la realidad. Los protagonistas de series de éxito desde Los Soprano -The Wire, Mad men, True detective, House of cards...-, son controvertidos ética, moralmente, algunos depravados, muchos delincuentes y, aún así, el telespectador no es que empatice ni les justifique, pero puede llegar a comprender qué les lleva a actuar. No “Es la economía, estúpido”, que diría Clinton. “Es la complejidad”.

Quienes ocupan los puestos altos de las instituciones parecen empeñados en considerarnos eternos menores de edad, capaces de tragarnos el más burdo engaño. Están equivocados, van a tener que ser más sofisticados. Ojalá alguno, no necesariamente ante nuestra Ana Oprah Quintana, mejor ante un tribunal, se siente y a lo Lance Armstrong articule una contrición creíble.

Pongamos que la infanta explicara que su marido, guapo, campeón olímpico, era en el fondo un frustrado -además de grosero y homófobo como hoy es palmario-, con complejo de iletrado, que asumía mal la preponderancia intelectual, económica y social de su mujer, que pese a aparentar seguridad llevaba fatal la prematura jubilación -¡algunos ex-deportistas se drogan, otros se suicidan!-, que le entraron aires de grandeza, él se auto-engañó creyéndose un crack de empresario, ambos se sintieron, ¡en su Pedralbes! príncipes herederos paralelos. Que ella leía los papeles de Aizoon y sabía lo que firmaba, ¡sólo faltaba, empleada de La Caixa! Que reconoce el fallo, con la tipificación de delito o falta, y afrontará las consecuencias. Pero que había un contexto de Gürtel, Púnica, ERE, Pujol... y en las vacas gordas el dinero parecía llover. ¡Si hasta en su boda en Barcelona los ciudadanos esquilmaron las flores de los parterres también pagadas por el Erario!

Pongamos que Viera reconociera que los 40 años de gobierno del PSOE en Andalucía han alimentado inercias, malos hábitos, confusión entre administración y partido, empresarios que se brindan cuyos proyectos luego son mirados “con cariño” por quienes dan los contratos y ciudadanos, paisanos, que cuando uno vuelve al pueblo fines de semana y veranos ¡hecho todo un cargazo! presionan para que les eches una mano: “Anda, Jose Antonio, Pepe, Manolo, Gaspar, Mar, ¡si no os cuesta ná, en un ERE tan gordo, uno o dos nombres más!” Y sabes que luego son ellos los que tiran del carro para que ¡tras tantos años, pese a presagios anti-bipartidistas el PSOE arrase! Un error, peor, delito, fraude masivo y gran daño a la democracia, pero hubo auto-engaño, consideración de que todo se merecía por haber transformado Andalucía.

Seguramente también al PP le parecía que sus sobresueldos B o no pagar impuestos por las obras de Génova eran poco al lado de los servicios patrios prestados.

Ojalá Griñán hubiera añadido que cuando supo lo que había pasado, ya su entonces amigo Manolo le había enmarronado. Que él no podía pensar, cuando veían juntos La guerra de Charlie Wilson en el cine de Plaza de Armas que su compañero de butaca en sus casi 20 años de mandato hubiera alentado o permitido tal estafa o infame laissez faire. Que cuando Chaves se fue de vicepresidente con ZP y le propuso a él presidir la Junta aceptó con la mejor intención y, quizá, algo de vanidad, debilidad extendida y perversa como escribía la hoy cinco veces centenaria Santa Teresa. Y que, aunque él ha afrontado su responsabilidad in vigilando dimitiendo, se arrepiente de tres cosas: de no haberlo dicho en su día expresamente, de perpetuar el dedazo al nombrar a Susana Díaz y de aceptar jubilarse en el Senado-cementerio-de-elefantes.

Chaves, Zarrías, Moreno aún tienen su oportunidad: Que sí, señores, que sí, que las pinzas se van, que cuatro décadas de poder omnímodo te pierden, que te acabas creyendo un genio -¡O el Rasputín de Jaén!- que tu nombre sale en las quinielas para primera presidenta andaluza antes de que la actual fuera ni concejala y es mucha la presión política... que se lo cuenten a Juan Fernando López Aguilar.

No tienen que ser estas hipótesis, se admiten sorpresas. Pero que suenen auténticas. Se harían acreedores de más dignidad, la que implica el respeto. Respetarnos a nosotros y respetarse ellos.

Ah, y una clave en lo que a verosimilitud respecta, desde en literatura a gags de stand-up: para que algo suene auténtico, que contenga buena dosis de verdad.

El eje central de la declaración de José Antonio Griñán ante el Tribunal Supremo consistió en explicar al juez Alberto Jorge Barreiro que la Consejería de Economía y Hacienda que él dirigió entre 2004 y 2009 no podía ser responsable de los fondos de ayuda a las empresas en situación de ERE que presuntamente se malversaron. Aunque Griñán evitó dar nombres en todo momento y aseguró que él no era quién para buscar responsables, su declaración puso la flecha en una dirección: la Consejería de Empleo e Innovación que dirigía José Antonio Viera, el primero de los imputados en declarar ante el Alto Tribunal el pasado martes.

En un momento de la declaración, y a preguntas del fiscal, Griñán aseguró que la Consejería de Hacienda no puede ser responsable de cómo se gestiona el gasto en otro departamento, y citó directamente a Empleo. A cada departamento se le autorizaba un gasto y las normas de su ejecución las elaboraba la consejería de turno, vino a explicar Griñán, según fuentes presentes en su declaración. “No es un problema de presupuesto sino de ejecución del gasto”, aseguró.

En la misma línea, Griñán insistió en eximir de responsabilidad a su departamento: “Velar por la ejecución del presupuesto no es lo mismo que velar por la ejecución del gasto”. Según su tesis, el grado de cumplimiento del presupuesto, competencia de Hacienda, no afecta a cómo se gasta sino “a cuánto se gasta y cuánto se ingresa”. “Hacienda no tiene capacidad para interferir en la gestión concreta del gasto”, reiteró.

Al mismo tiempo que señaló a la Consejería de Viera, el expresidente de la Junta exculpó expresamente al interventor, del que negó que hubiera hecho, a su juicio, dejación de funciones.

El fraude de los ERE se produjo a través del sistema de transferencia de financiación a los departamentos subordinados a las consejerías. “Cómo se aplica y cómo se gestiona esa transferencia corresponde al departamento concreto”, insistió.

Griñán admitió este jueves ante el juez Barreiro que el fraude en la concesión de ayudas es “una barbaridad” y que todos los fondos entregados de forma aleatoria merecían consecuencias políticas e “incluso penales”, pero añadió que la actuación de la Consejería de Hacienda que él dirigió fue “irreprochable”.

A diferencia de lo que hizo Viera durante su declaración, apuntando a departamento subordinados a su Consejería, Griñán dijo hoy que su Dirección General de Presupuestos actuó de manera “correcta”.

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera eludió este martes cualquier responsabilidad en la trama fraudulenta de los ERE porque, según dijo en su declaración en el Tribunal Supremo, su actuación era meramente “política” y las decisiones que pudieron provocar las irregularidades fueron adoptadas por subordinados suyos, entre ellos los directores generales de la Consejería que dirigió entre 2000 y 2004.

Viera abrió el turno de declaraciones de los cinco políticos socialistas que desfilarán por el Supremo hasta el próximo 21 de abril. Según fuentes presentes en la declaración, el exconsejero aseguró que él firmaba aquello que los directores generales le entregaban y que jamás sospechó ninguna actividad irregular, de la que se enteró por los medios de comunicación.

Distintas fuentes consultadas aseguran que, al inicio de la declaración, el juez Alberto Jorge Barreiro explicó a Veira que los hechos por los que declaraba son constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Viera era el consejero de Empleo en 2001 cuando se firmó el convenio marco que amparaba el pago de ayudas sociolaborales a empresas en crisis y con expedientes de regulación de empleo en marcha y a personas físicas prejubiladas. Las ayudas se realizaban mediante las denominadas transferencias de financiación, con el objeto de agilizar los trámites, en lugar de aplicar subvenciones extraordinarias.

Al término de la declaración, el abogado de Manos Limpias, Pedro Muñoz, aseguró que José Antonio Viera ha negado haber creado la estructura presuntamente delictiva, ha dicho que su función consistía en firmar y visar documentos y en visitar las empresas en crisis.

En su escrito ante el Supremo, la juez Alaya aseguró en agosto que Chaves, Griñán, los tres consejeros también citados y otros cuatro más que también integraron el Gobierno de la Junta participaron “en la instauración y mantenimiento” de la trama de ayudas. Se trataba, según Alaya, de un sistema que evitaba los controles realizando transferencias de financiación a empresas en lugar de subvenciones para pagar ayudas. La decisión para hacerlo fue “política”, según la jueza.

Viera se negó a contestar este martes al abogado de Manos Limpias, la organización que dirige la acción popular, también integrada por el PP andaluz y por una asociación creada por Emilio Rodríguez Menéndez. Aun así, las respuestas a las preguntas del juez, el fiscal y el resto de las defensas llevaron a Viera casi tres horas y media. Al término de la declaración abandonó el tribunal sin hacer declaraciones. Viera declaró en el Supremo por su condición de aforado, derivada de su actual acta de diputado.

El caso de los ERE llega a su punto más alto 263 imputados después. Su punto más alto en cuanto a que empiezan a ser los máximos responsables políticos de Andalucía los que deben responder ante la Justicia. Y es el mismo día, este martes, 7 de abril, cuando casualmente dos exconsejeros están citados a declarar como imputados: José Antonio Viera, en el Tribunal Supremo; y Antonio Ávila, en el TSJA. No son los primeros exconsejeros en pasar por los tribunales pero sí los que lo harán como aforados, nacionales o autonómicos, tras cuatro años de investigación.

Son dos casos bastante distintos. Ávila, fuera de las listas del PSOE en las últimas elecciones autonómicas y miembro de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz desde el pasado 26 de enero, fue consejero de Economía e Innovación entre 2010 y 2012. Antes fue vocal de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) desde 2001, secretario general de Economía (2002-2009) y también consejero de Presidencia (2009-2010). La jueza Alaya no le atribuye hechos determinados en la exposición razonada elevada al TSJA, también a finales de enero, así que habrá que ver en qué sentido concreto se le toma declaración.

Se da la circunstancia de que este mismo lunes la Fiscalía Superior se ha pronunciado respecto a una cuestión que es previsible pero de la que alerta el fiscal Jesús García Calderón. Ávila y otros tres exconsejeros (Vallejo, Recio y la también citada como imputada Martínez Aguayo –8 de abril–) perderán en poco tiempo su aforamiento al dejar de ser parlamentarios, una vez quede conformado el nuevo Parlamento.

Será la jueza Mercedes Alaya (o la persona que dirija entonces el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla) quien deba “formalizar” su imputación “en el momento procesal oportuno”, según opina la Fiscalía. Está por ver, por tanto, cómo se desarrollará la atribución de presuntos delitos al exconsejero y qué tribunal determinará su futuro judicial.

Lo que parece más claro, según la instrucción seguida por Alaya, es la presunta participación de José Antonio Viera, diputado por Sevilla en el Congreso desde 2011 y que tiene la condición de aforado, como el resto de los exconsejeros y expresidentes 'señalados' por la jueza desde septiembre de 2013.

Consejero de Empleo entre 2000 y 2004, hace justamente un año trascendió un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde destaca la acumulación de convenios suscritos (20 de 24) durante los escasos meses en que Viera fue presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y por haber propiciado importantes ayudas para la Sierra Norte de Sevilla con objeto de favorecer “desmesuradamente” a empresarios con los que se relacionaba y personas “con las que mantenía afinidades políticas”.

Según la UCO, Viera, que dejó de dirigir el 25 de abril de 2004 la Consejería de Empleo que gestionaba las ayudas sociolaborales investigadas, habría dado a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y uno de los principales inculpados, las “instrucciones oportunas para que la sucesión de estas subvenciones se materializaran de forma ininterrumpida, incluso para que las mismas continuasen cuando Viera abandonara la Consejería”.

El convenio de 2001 y la Sierra Norte de Sevilla

El exconsejero y otros once responsables públicos, según aquel atestado, podrían haber permitido o favorecido que un entramado de empresas de la mencionada comarca sevillana, la mayoría sin actividad comercial ni trabajadores, se beneficiara de 55 de los 85 millones de euros en ayudas sociolaborales concedidas en Andalucía entre 2001 y 2010. La mayoría de estas personas con responsabilidad pública ya habían sido nombradas en algún momento de la instrucción y varias de ellas estaban ya oficialmente imputadas hace un año.

Pero la presencia judicial de Viera no trasciende hasta este martes. Incluido en la lista de 'señalados' por Alaya pero sin haber sido imputado hasta ahora, cuando el Supremo le llama en esta calidad, su posición ha estado ensombrecida por la mayor visibilidad de los expresidentes Chaves y Griñán, si bien Viera fue uno de los firmantes del convenio marco que generó el sistema de ayudas en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA (IDEA desde 2004).

Mismas responsabilidades, entrada tardía en la causa

De hecho, el otro firmante de aquel convenio, Antonio Fernández, entonces viceconsejero de Empleo y presidente del IFA, consejero luego de Empleo entre 2004 y 2010 sustituyendo precisamente a Viera, dio con sus huesos en la cárcel por este caso. Salió de prisión preventiva en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza.

Fernández dijo ante Alaya que el sistema de ayudas implantado en 2001 “era legal” y defendió su operatividad para ayudar a trabajadores y empresas. Mismas responsabilidades, supuestamente, pero su llegada a la causa llega mucho más tarde. La Fiscalía Anticorrupción, ya entonces y durante todo este año en varias ocasiones, pedía que se elevara esta parte de la causa al Supremo.

En el caso de Viera, siempre según la UCO, se da una presunta circunstancia familiar y es que “parece inverosímil que desconociera que su hija estaba trabajando para el grupo de empresas que estaba siendo agraciado”. Sonia Viera tuvo el sueldo “nada despreciable” de 48.189 euros en los 14 meses que trabajó para la empresa Marco de Estudios, también dentro del ámbito de la Sierra Norte de Sevilla y vinculada igualmente al conocido como “tándem Rosendo-Sayago”, una estructura societaria compuesta por José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y José María Sayago Lozano, empresario vinculado a la Sierra Norte.

Las explicaciones de Viera serán solo las primeras de un mes de abril lleno de citas judiciales en el Supremo. El próximo 9 de abril llegará el turno de Griñán; el 14 de abril comparecerá Manuel Chaves; el 16 de abril, Gaspar Zarrías, y el 21 de abril, Mar Moreno. Chaves, Viera y Zarrías son diputados, y Griñán y Mar Moreno son senadores.

Su comparecencia será voluntaria para que se decida si existen motivos o no para pedir el suplicatorio contra ellos al Parlamento, de manera que los cinco aforados comparecerán voluntariamente utilizando la posibilidad que la ley otorga para que puedan despejar sospechas sin que sea necesario pedir el suplicatorio o que suceda lo contrario, que el Supremo decida abrir causa contra ellos.

Por otro lado, según informa Europa Press, el instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, cuenta ya de cara a esta ronda de declaraciones con diversa documentación entre la que se encuentran determinados documentos requeridos a la Junta y una ampliación del informe realizado por la Intervención General del Estado (IGAE) sobre la idoneidad de los instrumentos presupuestarios utilizados para dar las cuestionadas ayudas sociolaborales.

Doce responsables públicos podrían haber permitido o favorecido que un entramado de empresas de una comarca sevillana, la mayoría sin actividad comercial ni trabajadores, se beneficiara de 55 de los 85 millones de euros en ayudas sociolaborales concedidas en Andalucía entre 2001 y 2010. Es una de las principales conclusiones del atestado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho llegar a la jueza encargada de investigar el caso de los ERE. La mayoría de estas personas con responsabilidad pública ya han sido nombrados en algún momento de la instrucción y varios de ellos ya están oficialmente imputados.

Tres de los señalados son personas aforadas, destacando por encima de ellos el consejero de Empleo entre 2000 y 2004 José Antonio Viera, por la acumulación de convenios suscritos (20 de 24) durante los escasos meses en que fue presidente del IFA y por haber propiciado importantes ayudas para esta zona geográfica con objeto de favorecer “desmesuradamente” a empresarios con los que se relacionaba y personas “con las que mantenía afinidades políticas”. Asimismo, según la UCO, habría dado a Francisco Javier Guerero las “instrucciones oportunas para que la sucesión de estas subvenciones se materializaran de forma ininterrumpida, incluso para que las mismas continuasen cuando Viera abandonara la Consejería”.

Junto a Viera, quizá la persona más destacada por lo novedoso, también aforado como los exconsejeros Viera y Vallejo, es el parlamentario andaluz José Caballos, posible conocedor del “trato de favor” que estaban recibiendo los empresarios investigados por parte de la Consejería de Empleo, según el atestado. Como expresidente del parque natural de la Sierra Norte de Sevilla y como histórico dirigente del PSOE sevillano y andaluz, habría facilitado “contactos” entre el grupo empresarial y los responsables políticos.

La UCO ofrece un detallado estudio sobre las ayudas concedidas a la estructura societaria compuesta por José Enrique Rosendo Ríos, hijo del ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y José María Sayago Lozano, empresario vinculado a la Sierra Norte. Entre las personas con responsabilidad pública que podrían haber favorecido o permitido las ayudas investigadas están el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero (dos veces encarcelado en la causa de los ERE fraudulentos); su sucesor en el cargo, Juan Márquez; el también exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera; los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; así como los exdirectores del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego IDEA) Francisco Mencía Morales (2003-2004) y Miguel Angel Serrano Aguilar (2004-2008). Francisco Vallejo, consejero de Innovación entre 2004 y 2009 y actualmente parlamentario andaluz por Jaén, también aparece en el atestado ya que “podría haber conocido” la “sucesión” de ayudas en esta comarca sevillana. Incluso se dice que, durante el tiempo en que también presidió IDEA, se realizaron pagos por importe de 6,1 millones a las empresas investigadas.

Hay que recordar que, de todas estas personas, varias de ellas ya fueron imputadas en el auto del pasado junio, como en el caso de la exconsejera Magdalena Álvarez; otros ya prestaron declaración en los primeros meses de la instrucción, caso de los exconsejeros y exdirectores generales de Empleo; otros han sido señalados por la jueza Alaya junto a los expresidentes Chaves y Griñán (aunque no imputados ya que la jueza no tendría competencias al ser aforados); y otros exconsejeros que no estarían vinculados a esta parte del caso, centrada en la concentración de ayudas en la Sierra Norte y que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se eleve al Supremo por la presencia de aforados, en concreto tres (Caballos, Vallejo y Viera).

En el caso de los aforados Viera y Caballos, según señala la UCO, de la investigación se desprende que los hijos de ambos (Sonia Viera y Jesús Caballos) trabajaron en la empresa investigada Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI, también dentro del marco de la Sierra Norte de Sevilla y vinculadas igualmente al conocido como “tándem Rosendo-Sayago”. La Guardia Civil también apunta a la presunta participación de Manuel Enrique Rodríguez, exgerente provincial del IFA y exdirector de Área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla, destituido de su cargo el pasado octubre tras la segunda fase de la Operación Heracles en la que fue arrestado.

Los hechos que se vienen investigando por la UCO de la Guardia Civil son la concentración en la Sierra Norte de Sevilla de gran cantidad de empresas y personas físicas beneficiarias de subvenciones y ayudas con cargo a los fondos públicos andaluces “y con total ausencia de procedimiento”, según constaba ya en un auto de octubre de la propia jueza Alaya. La Guardia Civil, en una investigación paralela, ya ha examinado los datos dimanantes de la Agencia Tributaria, entidades financieras o de la Tesorería General de la Seguridad Social que descubrieron nuevas sociedades beneficiarias de otras ayudas públicas que permanecían ajenas a la investigación.

La instrucción del caso de los ERE acumula 144 imputados y más de tres años de instrucción. Lo complejo del caso y la cantidad de personas, organismos, empresas, sindicatos o mediadoras que se están investigando provocan que el paso del tiempo pueda llegar a producir lo que algunas voces jurídicas han apuntado: la prescripción de delitos. Podría pasar dentro de solo un mes con uno de los 'preimputados' por Alaya, José Antonio Viera, que dejó de ser consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía el 25 de abril de 2004, justo hace ahora diez años.

Los delitos que se les vienen imputando a los exaltos cargos que ya han pasado por el despacho de la jueza suelen ser, principalmente, prevaricación y malversación de caudales públicos, el segundo de los cuales prescribe a los diez años. Las cuentas dicen que, dado que los supuestos delitos se habrían cometido con anterioridad a la fecha en que Viera dejó de ostentar el cargo de consejero, podrían prescribir una vez pasada la fecha del cese como cargo público en la Junta de Andalucía, según indican varias fuentes del caso.

Señalado por la jueza junto a los expresidentes Griñán y Chaves y a otros exconsejeros en los conocidos autos de septiembre y diciembre en los que les “preimputaba” (una figura que no existe) y les volvía a “preimputar”, a instancias de la Audiencia de Sevilla en el segundo caso, Viera dejó de dirigir el 25 de abril de 2004 la Consejería que gestionaba las ayudas sociolaborales investigadas, otorgadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), un organismo público del que también fue presidente desde enero de 2003.

A finales de 2013, en una de sus múltiples resoluciones relativas al caso, Alaya aludía a la “concentración inusitada de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, algunas de las cuales carecían de actividad”. Acerca de ese punto, concretaba que tanto Francisco Javier Guerrero como el exconsejero Antonio Fernández (ambos ya han pasado por la cárcel por los ERE fraudulentos) manifestaron que la decisión sobre “tal cúmulo de ayudas” fue tomada por el también exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Sobre dicha cuestión, decía Alaya a continuación que “se está a la espera de la aportación de un informe policial a fin de constatar y profundizar en su caso sobre tales extremos”.

El informe de las ayudas de la Sierra Norte, pendiente

Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción alertaba de esta circunstancia. Los fiscales han elevado un escrito a la jueza en el que le reclaman que libre un oficio a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que ésta establezca un “calendario previsible” para la entrega de los informes relativos al caso de los ERE que se encuentran pendientes de recibir. Entre ellos está, como avisaba Alaya, el de las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla.

Es decir, la parte del caso que podría afectar más directamente a Viera (y al exalcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, por ejemplo, imputado en la causa) está pendiente de una documentación policial derivada de la segunda fase de la Operación Heracles, desarrollada el pasado octubre, una de cuyas conclusiones advertía de que José Enrique Rosendo Ríos, hijo del mencionado ex alcalde y José María Sayago Lozano, empresario vinculado a la Sierra Norte, podrían haber obtenido de forma arbitraria el 39% del total de ayudas que se concedieron a las empresas andaluzas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

José Antonio Viera, diputado por Sevilla en el Congreso desde 2011, tiene la condición de aforado como el resto de exconsejeros y expresidentes “preimputados” (diputados en el Parlamento de Andalucía, en la Cámara Baja o en el Senado), una cuestión que levantó en su momento un debate jurídico aún sin cerrar en el sentido de si la jueza debe o no soltar la causa en favor de un tribunal superior cuando su investigación apunta a una posible participación de aforados. Así se lo ha hecho entender la Fiscalía Anticorrupción cuando anuló el auto de los “imputados provisionales”, apuntando que una jueza instructora no puede imputar ni investigar a aforados.

La figura del delito continuado

Las fuentes consultadas indican que, de cualquier forma, Alaya podría agarrarse a la figura del delito continuado, donde la prescripción no sería aplicable. Ya utilizó este argumento en 2010 en el 'caso Betis' que analiza la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el club de fútbol por delitos investigados entre 1993 y 1998. Alaya, cuando rechazó el recurso de la Fiscalía, que pedía la prescripción, destacó el contenido del artículo 132 del Código Penal, que señala que en los delitos continuados el cómputo de la prescripción “comenzará a correr desde el día en que se realizó la última infracción”.

“Los tribunales podrían declarar prescritos los delitos”, asegura una fuente del caso de los ERE, “pero a la jueza no se la va a escapar esta circunstancia” aunque “no haya una resolución de imputación concreta de unos hechos”. Igualmente ya habrían transcurrido más de cinco años (cuando se consume el delito de prevaricación), desde la presunta comisión de los hechos hasta la primera acción penal decidida por la jueza, que pudieran considerarse los autos de “preimputación” antes mencionados.

La presencia política de Viera siguió siendo importante después de marcharse de la Consejería de Empleo. Fue presidente del parque tecnológico Cartuja 93 entre 2004 y 2008, y delegado fugaz del Gobierno en Andalucía entre abril y agosto de 2008. Viera dejó de ser la referencia de Zapatero en la comunidad autónoma para dedicarse en exclusiva a la Secretaría General del PSOE de Sevilla, que venía ocupando desde 2004 y a la que renunció en febrero de 2012. Su puesto lo ocuparía meses después la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz. Viera también ha sido senador y parlamentario andaluz.

La magistrada recuerda en uno de sus autos que la investigación penal se refiere a la concesión de subvenciones por la Dirección General de Trabajo entre los años 2000 y 2011, “que habrían supuesto la aplicación de fondos públicos en una cantidad aproximada de 700 millones de euros” a través del IFA, que pasaría a ser luego la agencia IDEA, partidas que se concedieron “sin la fiscalización” necesaria y al margen de lo fijado por diferentes normas en materia de Hacienda pública y subvenciones.

Una parte de Mercasevilla ya prescribió

La prescripción, en cualquier caso, no es un término nuevo en las macrocausas que maneja la jueza. El pasado octubre, la parte del caso Mercasevilla en la que estaban imputados los hermanos de la ministra Fátima Báñez. Alaya declaró extinguida la responsabilidad penal contra los empresarios que pujaron por los suelos de Mercasevilla en un concurso público precedido de un “concierto previo”. La jueza les había tomado declaración en junio y ampliado la imputación en julio, pero luego consideró prescritos dos de los delitos en septiembre y archivaba definitivamente la causa en octubre.

En aquel caso, la jueza echaba la culpa a la Fiscalía de haber solicitado en abril de 2013 que declararan los empresarios como imputados. La misma Fiscalía es la que pidió que se declarara extinguida su responsabilidad de puesto, aludiendo la jueza a un “error de cómputo” por parte de la Fiscalía pues “los ilícitos estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones”, justificándole “por su asistencia a varias macrocausas” y lamentando “las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusión mediática”.

En el sentido de la posible prescripción de los hechos que se investigan el caso de los ERE ya recurrió su imputación la exconsejera Magdalena Álvarez, a quien se le achaca la aprobación de la Orden de 4 de junio de 2003 por la que, supuestamente, se habrían introducido las transferencias de financiación de las ayudas sociolaborales. El abogado argumentó que, “siendo ello así, y teniendo en cuenta la fecha del auto que ahora se recurre, tanto el delito de prevaricación administrativa como el de malversación estarían prescritos”.