Los delitos 'preimputados' al exconsejero Viera en los ERE podrían prescribir en un mes

La instrucción del caso de los ERE acumula 144 imputados y más de tres años de instrucción. Lo complejo del caso y la cantidad de personas, organismos, empresas, sindicatos o mediadoras que se están investigando provocan que el paso del tiempo pueda llegar a producir lo que algunas voces jurídicas han apuntado: la prescripción de delitos. Podría pasar dentro de solo un mes con uno de los 'preimputados' por Alaya, José Antonio Viera, que dejó de ser consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía el 25 de abril de 2004, justo hace ahora diez años.

Los delitos que se les vienen imputando a los exaltos cargos que ya han pasado por el despacho de la jueza suelen ser, principalmente, prevaricación y malversación de caudales públicos, el segundo de los cuales prescribe a los diez años. Las cuentas dicen que, dado que los supuestos delitos se habrían cometido con anterioridad a la fecha en que Viera dejó de ostentar el cargo de consejero, podrían prescribir una vez pasada la fecha del cese como cargo público en la Junta de Andalucía, según indican varias fuentes del caso.

Señalado por la jueza junto a los expresidentes Griñán y Chaves y a otros exconsejeros en los conocidos autos de septiembre y diciembre en los que les “preimputaba” (una figura que no existe) y les volvía a “preimputar”, a instancias de la Audiencia de Sevilla en el segundo caso, Viera dejó de dirigir el 25 de abril de 2004 la Consejería que gestionaba las ayudas sociolaborales investigadas, otorgadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), un organismo público del que también fue presidente desde enero de 2003.

A finales de 2013, en una de sus múltiples resoluciones relativas al caso, Alaya aludía a la “concentración inusitada de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, algunas de las cuales carecían de actividad”. Acerca de ese punto, concretaba que tanto Francisco Javier Guerrero como el exconsejero Antonio Fernández (ambos ya han pasado por la cárcel por los ERE fraudulentos) manifestaron que la decisión sobre “tal cúmulo de ayudas” fue tomada por el también exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Sobre dicha cuestión, decía Alaya a continuación que “se está a la espera de la aportación de un informe policial a fin de constatar y profundizar en su caso sobre tales extremos”.

El informe de las ayudas de la Sierra Norte, pendiente

Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción alertaba de esta circunstancia. Los fiscales han elevado un escrito a la jueza en el que le reclaman que libre un oficio a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que ésta establezca un “calendario previsible” para la entrega de los informes relativos al caso de los ERE que se encuentran pendientes de recibir. Entre ellos está, como avisaba Alaya, el de las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla.

Es decir, la parte del caso que podría afectar más directamente a Viera (y al exalcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, por ejemplo, imputado en la causa) está pendiente de una documentación policial derivada de la segunda fase de la Operación Heracles, desarrollada el pasado octubre, una de cuyas conclusiones advertía de que José Enrique Rosendo Ríos, hijo del mencionado ex alcalde y José María Sayago Lozano, empresario vinculado a la Sierra Norte, podrían haber obtenido de forma arbitraria el 39% del total de ayudas que se concedieron a las empresas andaluzas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

José Antonio Viera, diputado por Sevilla en el Congreso desde 2011, tiene la condición de aforado como el resto de exconsejeros y expresidentes “preimputados” (diputados en el Parlamento de Andalucía, en la Cámara Baja o en el Senado), una cuestión que levantó en su momento un debate jurídico aún sin cerrar en el sentido de si la jueza debe o no soltar la causa en favor de un tribunal superior cuando su investigación apunta a una posible participación de aforados. Así se lo ha hecho entender la Fiscalía Anticorrupción cuando anuló el auto de los “imputados provisionales”, apuntando que una jueza instructora no puede imputar ni investigar a aforados.

La figura del delito continuado

Las fuentes consultadas indican que, de cualquier forma, Alaya podría agarrarse a la figura del delito continuado, donde la prescripción no sería aplicable. Ya utilizó este argumento en 2010 en el 'caso Betis' que analiza la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el club de fútbol por delitos investigados entre 1993 y 1998. Alaya, cuando rechazó el recurso de la Fiscalía, que pedía la prescripción, destacó el contenido del artículo 132 del Código Penal, que señala que en los delitos continuados el cómputo de la prescripción “comenzará a correr desde el día en que se realizó la última infracción”.

“Los tribunales podrían declarar prescritos los delitos”, asegura una fuente del caso de los ERE, “pero a la jueza no se la va a escapar esta circunstancia” aunque “no haya una resolución de imputación concreta de unos hechos”. Igualmente ya habrían transcurrido más de cinco años (cuando se consume el delito de prevaricación), desde la presunta comisión de los hechos hasta la primera acción penal decidida por la jueza, que pudieran considerarse los autos de “preimputación” antes mencionados.

La presencia política de Viera siguió siendo importante después de marcharse de la Consejería de Empleo. Fue presidente del parque tecnológico Cartuja 93 entre 2004 y 2008, y delegado fugaz del Gobierno en Andalucía entre abril y agosto de 2008. Viera dejó de ser la referencia de Zapatero en la comunidad autónoma para dedicarse en exclusiva a la Secretaría General del PSOE de Sevilla, que venía ocupando desde 2004 y a la que renunció en febrero de 2012. Su puesto lo ocuparía meses después la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz. Viera también ha sido senador y parlamentario andaluz.

La magistrada recuerda en uno de sus autos que la investigación penal se refiere a la concesión de subvenciones por la Dirección General de Trabajo entre los años 2000 y 2011, “que habrían supuesto la aplicación de fondos públicos en una cantidad aproximada de 700 millones de euros” a través del IFA, que pasaría a ser luego la agencia IDEA, partidas que se concedieron “sin la fiscalización” necesaria y al margen de lo fijado por diferentes normas en materia de Hacienda pública y subvenciones.

Una parte de Mercasevilla ya prescribió

La prescripción, en cualquier caso, no es un término nuevo en las macrocausas que maneja la jueza. El pasado octubre, la parte del caso Mercasevilla en la que estaban imputados los hermanos de la ministra Fátima Báñez. Alaya declaró extinguida la responsabilidad penal contra los empresarios que pujaron por los suelos de Mercasevilla en un concurso público precedido de un “concierto previo”. La jueza les había tomado declaración en junio y ampliado la imputación en julio, pero luego consideró prescritos dos de los delitos en septiembre y archivaba definitivamente la causa en octubre.

En aquel caso, la jueza echaba la culpa a la Fiscalía de haber solicitado en abril de 2013 que declararan los empresarios como imputados. La misma Fiscalía es la que pidió que se declarara extinguida su responsabilidad de puesto, aludiendo la jueza a un “error de cómputo” por parte de la Fiscalía pues “los ilícitos estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones”, justificándole “por su asistencia a varias macrocausas” y lamentando “las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusión mediática”.

En el sentido de la posible prescripción de los hechos que se investigan el caso de los ERE ya recurrió su imputación la exconsejera Magdalena Álvarez, a quien se le achaca la aprobación de la Orden de 4 de junio de 2003 por la que, supuestamente, se habrían introducido las transferencias de financiación de las ayudas sociolaborales. El abogado argumentó que, “siendo ello así, y teniendo en cuenta la fecha del auto que ahora se recurre, tanto el delito de prevaricación administrativa como el de malversación estarían prescritos”.