Gobernar o agitar: dos formas de hacer política sanitaria

La sanidad pública atraviesa dificultades reales. Es indiscutible que faltan profesionales en determinadas especialidades, existen problemas de cobertura en zonas rurales, persisten listas de espera que preocupan a pacientes y profesionales y la organización de las plantillas sigue siendo uno de los grandes retos, si no el mayor, del Sistema Nacional de Salud. Precisamente por eso resulta preocupante que algunos pretendan convertir el legítimo malestar de los profesionales sanitarios en un instrumento de confrontación política permanente.

En los últimos meses hemos asistido a una intensa campaña contra la reforma del Estatuto Marco que ha impulsado el Ministerio de Sanidad. Como ocurre con cualquier negociación compleja, el texto es susceptible de crítica y mejora. Ningún acuerdo laboral de esta envergadura satisface plenamente a todas las partes pero, sin embargo, conviene recordar un hecho elemental y es que la reforma no ha surgido de una imposición unilateral, sino de un largo proceso de negociación con los representantes legítimos de los trabajadores.

Y aquí aparece una cuestión que merece una reflexión más profunda porque, en una democracia, la legitimidad no depende de que nos guste el resultado. Los sindicatos obtienen su representación mediante elecciones celebradas entre los trabajadores. Son los profesionales quienes deciden quién les representa, del mismo modo que los ciudadanos decidimos quién nos representa en los parlamentos.

Por eso resulta llamativo que algunos partidos políticos invoquen constantemente la legitimidad democrática cuando les favorece y la cuestionen cuando produce acuerdos que no encajan con su estrategia política. Si aceptamos la legitimidad de los parlamentos porque nacen de las urnas, también debemos aceptar la legitimidad de los órganos de representación sindical surgidos del mismo principio democrático.

Pero existe además otra contradicción difícil de ignorar, porque muchos de los que hoy presentan al Gobierno de España como responsable de todos los problemas sanitarios, gestionan la sanidad en sus comunidades autónomas, como una competencia exclusiva. La organización de las plantillas, la planificación de recursos humanos, la cobertura de plazas de difícil cobertura, la negociación de incentivos, la gestión de las listas de espera o la retribución de las guardias dependen de las administraciones autonómicas.

Es legítimo exigir mejoras al Estado, pero lo que resulta menos comprensible es reclamarle lo que no se está dispuesto a desarrollar dentro cuando tienes capacidad competencial y presupuestaria para hacerlo.

La política sanitaria exige algo más que declaraciones grandilocuentes. Exige asumir responsabilidades. Porque, desde luego, es mucho más sencillo participar en una manifestación, alimentar un conflicto o señalar a una administración ajena que explicar por qué siguen sin resolverse problemas que dependen directamente de uno mismo.

La sanidad pública no necesita que el descontento de médicos, enfermeras, técnicos o cualquier otro colectivo se convierta en munición partidista. Necesita acuerdos, planificación y voluntad de gestión. Necesita menos propaganda y más responsabilidad institucional.

Porque cuando se desacredita sistemáticamente a los representantes elegidos por los trabajadores, cuando se cuestiona cualquier acuerdo alcanzado en los espacios de negociación colectiva o cuando se presenta toda decisión pública como una imposición ilegítima, no solo se desgasta al Gobierno de turno. También se debilitan las herramientas democráticas que permiten resolver los conflictos y mejorar los servicios públicos.

La defensa de la sanidad pública no consiste únicamente en financiar hospitales o contratar profesionales. También exige proteger las instituciones que hacen posible el diálogo, la negociación y los acuerdos. Quienes pretenden convertir cada conflicto en una oportunidad de confrontación política quizá obtengan un beneficio partidista inmediato, pero contribuyen a algo mucho más peligroso que es alimentar la desconfianza ciudadana hacia lo público.

Y sabemos bien que, cuando la confianza en lo público se erosiona, siempre hay quien aprovecha para presentar la privatización como única alternativa. Por eso conviene recordar que la mejor forma de defender la sanidad pública no es utilizar sus problemas como arma política, sino trabajar para resolverlos.