“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

Las trabajadoras -ya que casi en su totalidad son mujeres- del único centro de menores penitenciario de Euskadi, el recurso de Ibaiondo, en Zumarraga, van a protagonizar este miércoles, 11 de febrero, una protesta frente a la sede del Gobierno vasco para denunciar el “empeoramiento” de sus condiciones laborales. Lo harán antes de que se celebre una mesa de negociación entre el comité de empresa, compuesto por los sindicatos ELA, LAB y CCOO y, por parte del Ejecutivo vasco, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, áreas de las que dependen los convenios laborales de estas trabajadoras.

Según critican las trabajadoras, la última propuesta del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y a través de la cual partirá la negociación de este miércoles, muestra un “retroceso” en cuanto a condiciones laborales. “En 2023, el Comité acudió al Parlamento Vasco en busca de apoyo ante el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de las condiciones laborales. Tras tres años el Gobierno vasco no ha tomado medidas, provocando que la situación sea aún peor. La nueva propuesta entregada por el Departamento de Justicia para el centro de Ibaiondo, no solo ignora las propuestas presentadas por los sindicatos, sino que propone una merma sustancial de las condiciones laborales que pone en peligro la salud del personal”, reconocen.

En este sentido, explican que el informe de riesgos psicosociales elaborado a finales de 2021 identificó “factores críticos con riesgo elevado o muy elevado, que provocan constantes situaciones de estrés, cargas de trabajo excesivas y desgaste psicológico-emocional”. “La falta de soluciones de Gobierno vasco está generando un aumento significativo en el número de bajas laborales de origen psicológico”, reconocen.

Aroa es una de las cerca de 65 trabajadoras que forman parte de la plantilla de Ibaiondo. Según detalla a este periódico, en estos momentos hay 38 menores internados en cinco módulos diferentes. En cada uno de los módulos, hay 10 educadoras sociales, cinco coordinadoras, dos trabajadoras sociales y dos psicólogas. Además, en el centro hay personal administrativo y de seguridad que cuenta con otras condiciones laborales. “Lo que pedimos es que la negociación parta de una base que sea justa. Tenemos jornadas semanales de 47 horas, con 12 horas seguidas por la noche y no contamos con acompañamiento psicológico después de las agresiones que sufrimos, que son frecuentes. Nos gusta nuestro trabajo, pero somos conscientes de que no es un trabajo que podamos hacer a los 60 años, por lo que solicitamos unos permisos por edad”, defiende Aroa, que a sus 46 años lleva 20 trabajando como educadora en Ibaiondo.

A pesar de que se trata de un centro de menores, algunos de los internos pueden llegar a tener hasta 23 años, según la fecha en la que fue impuesta su condena o declarado su internamiento. Por ello, uno de los módulos del centro es específico para mayores de edad. “Muchos se encuentran en una situación en la que ellos mismos piden ir a la cárcel porque aquí lo único que podemos hacer es contenerles emocionalmente, pero hay casos en los que los chavales pasan por episodios, problemas de adicciones, medicaciones psiquiátricas, descontrol, violencia y nosotras hacemos lo que podemos. En el centro tratamos de que tengan una vida cotidiana, tenemos aulas, talleres, actividades, dinámicas, desayunamos con ellos, comemos y cenamos, somos las que estamos con ellos las 24 horas del día. Nos gusta nuestro trabajo, pero consideramos que las condiciones que tenemos deberían ser mejores”, exige la trabajadora.

Los sindicatos denuncian que la plantilla se enfrenta a condiciones especialmente duras: nocturnidad, festivos, turnicidad, jornadas de hasta 47 horas semanales, imposibilidad de conciliación familiar o por causas relacionadas con la edad, carga psicológica, peligrosidad... Según sostienen desde el comité de empresa, esta situación se arrastra desde la legislatura anterior. Durante años, las reuniones con el Gobierno vasco se saldaron con respuestas evasivas como “se va a valorar, se va a estudiar”, hasta que al final del mandato la administración trasladó que “no iban a tomar decisiones que cayeran en el siguiente equipo de Gobierno”, lamentan los sindicatos, tras recordar que las trabajadoras del centro desarrollan “una labor educativa imprescindible” para la reinserción de menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad por delitos graves.

Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco explican que “se está negociando el acuerdo de condiciones de trabajo” y que, desde su departamento, están presentes en la mesa de negociación de este miércoles “para que se tengan en cuenta las necesidades” del sector, pero consideran que la decisión final corresponde a las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

La magistrada María Elvira Gutiérrez Fernández, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del Principado, ha acordado conceder el primer permiso de salida a Triana Martínez, condenada a 20 años de prisión como colaboradora necesaria en el asesinato de la presidenta de la Diputación Provincial y del Partido Popular (PP) de León, Isabel Carrasco, perpetrado por su madre Montserrat González, en 2014.

Su progenitora fue condenada a 22 años como autora del crimen y, al igual que su hija, lleva once años de cumplimiento efectivo de la pena.

Cambio de criterio judicial

La magistrada de Vigilancia Penitenciaria ha variado así su criterio al conceder a Triana Martínez sus primeros tres días en libertad tras haber denegado este beneficio penitenciario que la interna había interesado en al menos 15 ocasiones.

La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Asturias se había mostrado favorable por unanimidad a este tipo de salidas, pero su concesión no llegaba a materializarse en el juzgado.

Tres días sin fecha cerrada

En esta ocasión, la magistrada ha contado con el informe favorable también de la Fiscalía, por lo que ha decidido que la interna pueda disfrutar de tres días de permiso de salida, que se concretarán en la fecha que determine la reclusa.

De los once años que lleva en prisión, Triana Martínez únicamente ha salido en visitas programadas junto a otras internas y con monitores del centro penitenciario.

La Junta de Tratamiento, a favor

Su abogado defensor, Fernando Pamos de la Hoz, asumió su representación legal hace apenas 14 meses, tras la renuncia a continuar con la defensa de madre e hija de la abogada Anabel Prieto Torices por falta de confianza, al conocer que ambas habían contactado con otro abogado sin comunicárselo a ella.

En declaraciones a Eldiario.es asturias, el letrado Fernando Pamos ha asegurado que este permiso de salida de tres días a Triana Martínez era un beneficio penitenciario al que tenía derecho, teniendo en cuenta especialmente que la Junta de Tratamiento siempre se había mostrado favorable por unanimidad.

La antesala para el tercer grado

“No es ningún premio. Es un permiso de tres días y luego tiene que volver a la cárcel. Lleva once años en prisión y le han denegado ya este permiso en 15 ocasiones anteriores. Para que la reinserción funcione, tenían que dárselo”, asegura el abogado defensor.

Fernando Pamos resalta la importancia de que en este caso Triana Martínez pueda ir adaptándose a la vida en libertad de forma paulatina y este permiso podría ser incluso la antesala para una próxima clasificación en tercer grado penitenciario.

Encontrar un empleo

“Ella es ingeniera de Telecomunicaciones y si encontrara un trabajo podría conseguir el tercer grado, pero no es fácil buscar un empleo estando en prisión”, matiza.

En su opinión, lo único que ha cambiado para que la magistrada titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria haya accedido a concederle el permiso ha sido el tiempo transcurrido de cumplimiento de la pena.

“Yo no me arrogo ningún mérito. Lo único que ha cambiado es el transcurrir del tiempo”, corrobora.

15 denegaciones anteriores

De momento, no hay una fecha concreta para que Triana Martínez disfrute de esos tres días en libertad: “Me imagino que esperará a que pase un poco la alarma social que estas situaciones plantean, aunque ella tiene todo el derecho a tener ese permiso, después de 15 denegaciones anteriores”, subraya su defensa.

El pasado mes de enero, coincidiendo con el cambio de defensa, tanto la madre como la hija, mostraron públicamente su arrepentimiento por el crimen; una circunstancia que sorprendió en medios penitenciarios y judiciales y que el abogado defensor negó que fuera un subterfugio de cara a posibles beneficios penitenciarios.

Un arrepentimiento espontáneo

En aquella ocasión, Fernando Pamos incidió en que ese arrepentimiento había sido espontáneo sin que hubieran influido terceras personas y sin que mediara una recomendación suya: “Ellas son dos personas mayores en edad y en gobierno”.

“Han querido y han pedido perdón. Lo han hecho motu proprio, sin ninguna estrategia. No es un requisito que nadie se lo haya exigido. De hecho, Triana tiene muchos permisos aprobados por la Junta de Tratamiento”, afirmó en declaraciones a este diario.

La vuelta a la cárcel

Fernando Pamos puntualizaba un aspecto que creía que no se estaba teniendo en cuenta, como es la naturaleza de estos permisos.

“Parece que aquí los permisos son como la puerta a la libertad y, sin embargo, se trata de permisos de dos o tres días para estar con la familia y luego vuelves a prisión. Además, te tienes que presentar todos los días en la comisaría. No es la libertad. Es algo que ya se contempla”, añadía. Una frase que, diez meses después, vuelve a cobrar todo el sentido.

Según datos oficiales, en el año 2023 fallecieron un total de 212 personas que se encontraban bajo custodia de la Administración Penitenciaria, de las cuales 169 personas dependían de la Administración General del Estado, 33 de la de Cataluña y 10 de la del País Vasco. A finales del mes de noviembre de 2024 aún estaba pendiente determinar la causa del 36% de esas muertes (76 personas).

La doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de investigación de muertes bajo custodia es clara: «la investigación ha de ser exigente, suficiente y efectiva, debido a la existencia de una situación de especial vulnerabilidad».

Según los informes de mortalidad de Instituciones Penitenciarias, la principal causa de muerte violenta es el suicidio. Las entidades que trabajamos en el ámbito penitenciario llevamos años denunciando la conexión directa entre el uso del aislamiento y medios coercitivos y el riesgo de suicidio.

Por su parte, los organismos nacionales e internacionales alertan al Estado Español para corregir sus deficiencias en materia de prevención de suicidios. A modo de ejemplo: en el año 2022, el Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo de Prevención de la Tortura, formulaba una Recomendación sobre la “conveniencia de suspender toda situación que implique el aislamiento de una persona cuando se detecta riesgo de suicidio”.

Otro ejemplo lo tenemos con la Recomendación formulada por la misma institución en 2024, relacionada con “la importancia de mantener el seguimiento de las personas cuando cursan baja en el programa de prevención de suicidios, tratando de evitar que vuelvan a retornar a una situación de aislamiento, especialmente cuando se trata de personas que estaban en régimen cerrado” o la Recomendación formulada ese mismo año para “garantizar un reparto adecuado de la medicación cuando se haya detectado una situación de riesgo que haya determinado la inclusión de la persona en un programa o protocolo específico, como podría ser el de prevención de suicidios o sobredosis”.

El pasado 6 de julio la Coordinadora de Familias y pres@s nos trasladaba la fatal noticia del fallecimiento de J.R, preso en la cárcel de Huelva, tras sufrir un prolongado aislamiento

Sin embargo, los posicionamientos de los organismos nacionales e internacionales en la materia se limitan a meras recomendaciones o sugerencias, carentes de fuerza coactiva frente al no acatamiento de sus resoluciones.

Algo está fallando si el 93,5 % de las personas que se suicidaron en 2023 no se encontraban incluidas en el programa de prevención de suicidios y un 41,9 % habían estado en algún momento anterior en dicho programa, pero ya no lo estaban en el momento en que se quitaron la vida.

El pasado 6 de julio la Coordinadora de Familias y pres@s nos trasladaba la fatal noticia del fallecimiento de J.R, preso en la cárcel de Huelva, tras sufrir un prolongado aislamiento. Un preso que padecía patologías mentales y que había tenido aplicado el protocolo de prevención de suicidios. Una vez más, el aislamiento tuvo consecuencias irreversibles a pesar de los esfuerzos realizados para alertar a la Administración de la desesperada situación en que se encontraba J.R.

La Coordinadora de Familias y pres@s, que actúa a nivel nacional, junto con el apoyo de diversas entidades del entorno penitenciario ha solicitado al Defensor del Pueblo Español que abra una investigación urgente e independiente para aclarar lo sucedido, así como la revisión del cumplimiento efectivo de los protocolos de prevención del suicidio en dicho centro penitenciario.

Es necesario acabar con el aislamiento penitenciario porque contribuye directamente al riesgo de suicidio y porque es contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Mientras tanto, es urgente revisar y limitar su uso especialmente en personas con riesgo de suicidio o con patologías mentales, como recomiendan los organismos nacionales e internacionales como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa o el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos Naciones Unidas, encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes vuelve a pedir a España la revisión del régimen cerrado.[3]

En España existen tres administraciones penitenciarias diferentes, la de Cataluña, la de Euskadi y la Administración General del Estado (AGE). La normativa básica se aplica en todo el territorio (Ley Orgánica General Penitenciaria y Reglamento Penitenciario), pero estas administraciones tienen capacidad de dictar reglas de organización propias (circulares e instrucciones) y gestionar sus prisiones y su personal. Esta división puede inducir a errores al analizar los datos y estadísticas, sin embargo brinda una excelente oportunidad para realizar estudios comparados y evaluar las políticas públicas.

Las fuentes para obtener datos e información sobre la pena de prisión y el sistema penitenciario son variadas, aunque presentan algunos problemas tanto en su contenido como en su usabilidad. Aun así, algunos datos los podemos analizar en función de lo publicado por estas tres administraciones y por el Consejo de Europa. 

Por otra parte, la normativa prevé diferentes tipos de establecimientos, siendo el más común actualmente es el llamado Centro Tipo, que son establecimientos muy grandes, con capacidad para más de mil personas y divididos en módulos independientes. Aquí encontramos una mejora en habitabilidad e infraestructuras, pero una limitación de los contactos físicos más cercanos entre presos y con los funcionarios.

La población reclusa a 31 de diciembre de 2023 en los centros de la AGE fue de 47.083 personas. El 92,8% son hombres y el 7,2% mujeres A estas cifras habría que sumar la población de Cataluña, 7.582 hombres (94,3%) y 459 mujeres (5,7%) y la del País Vasco, 1.440 hombres (91,5%) y 134 mujeres (8,5%). Por tanto, la población reclusa total en el estado español fue de 56.698 personas.

La tasa de encarcelamiento en AGE es de 120 presos por cada 10 mil habitantes, por encima de la mayoría de los países de nuestro entorno, a pesar de tener tasas de criminalidad relativamente bajas. En Cataluña, la tasa es de 110, más cerca de los valores de Europa occidental.

La causa fundamental de estas altas tasas de encarcelamiento no es que entre mucha gente en prisión, sino que está mucho tiempo. Tenemos una estancia media de 19,3 meses mientras que la mediana en el Consejo de Europa apenas supera los 10 meses.

Es importante poner el foco en la atención sanitaria, pues constituye uno de los más graves problemas del sistema penitenciario español

Por lo que respecta al tiempo de condena, y en relación con los países del Consejo de Europa, las administraciones penitenciarias españolas contienen un porcentaje menor de personas cumpliendo penas de prisión de menos de 1 año, así como entre 1 y 3 años. Por el contrario, en todas las categorías a partir de 3 años nos movemos en valores superiores tanto a la media como a la mediana europea. En nuestras prisiones encontramos sobre todo delitos sin violencia: más del 50% de la población reclusa cumple condena por delitos contra el patrimonio y salud pública (drogas). Además, los tres sistemas penitenciarios presentan preocupantes datos de envejecimiento de la población, por encima de los valores de los países del Consejo de Europa.

Nuestro sistema se configura como un sistema de individualización científica, dividido en tres grados de tratamiento. Sin embargo, en la práctica no suele haber un análisis individualizado de los internos ni estos progresan con facilidad a las formas más abiertas, siendo menos de un 20% los que se encuentran en alguna de las modalidades abiertas. Asimismo, tan solo el 12,6% de las salidas se producen desde una situación de libertad condicional, lo que nos sitúa en niveles por debajo de los países de nuestro entorno y de las cifras que teníamos hace unos años. La mayoría de los internos se encuentran en el régimen ordinario que supone generalmente pasar todo el día en un establecimiento cerrado y así terminan su condena. 

Es importante poner el foco en la atención sanitaria, pues constituye uno de los más graves problemas del sistema penitenciario español. En la AGE la gestión corresponde al Ministerio del Interior. En el País Vasco y Cataluña depende de sus departamentos de salud, lo que parece mejorar la atención. La dependencia jerárquica del Ministerio del Interior interfiere en la labor médica, la confidencialidad, la confianza paciente-médico y las relaciones con la asistencia especializada que suele darse en el sistema de salud extramuros. Por ende, esta situación contradice las recomendaciones internacionales en base a los principios de equivalencia e integración y la necesidad de independencia del personal médico. La falta de profesionales sigue siendo un grave problema que incluso se ha agravado en los últimos años y la comparativa con otros países europeos no nos deja en buen lugar, llegando la situación a ser denunciada por el Defensor del Pueblo y por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. 

Por último, hay que resaltar que en el año 2023 se produjeron 212 fallecimientos de internos. El Comité contra la Tortura alertó sobre el aumento de las muertes en prisión en los últimos años y lamenta la falta de información facilitada sobre estas muertes y sobre los resultados de las investigaciones realizadas. 

Fuentes:

Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (dependiente del Departamento de Justicia). Tiene las competencias desde 1984. 

La Comunidad Autónoma Vasca asumió estas competencias a finales del año 2021 integrándose en la Viceconsejería de Justicia.

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno de España.

Council of Europe anual penal statistics, Space I, annual reports, 2023.

Hace una semana todos los grupos parlamentarios votaron en el Congreso, y sin mayor controversia, a favor de una propuesta de Sumar para que los presos de ETA puedan convalidar en España el tiempo en la cárcel que hayan pasado en otros países. Las víctimas del terrorismo denunciaron entonces lo que implicaba esta reforma: unos cuarenta etarras van a estar en prisión menos tiempo de lo previsto. Se desató entonces una batalla política que movió a Feijóo y a Abascal a pedir perdón a las víctimas y a decir que no se habían dado cuenta de lo que estaban realmente aprobando. El PSOE, por su parte, tampoco había explicado ni defendido las consecuencias de una medida que había pactado hace años con EH Bildu. El PP intenta ahora dar marcha atrás usando su mayoría absoluta en el Senado para paralizar la Ley. 

¿De verdad el PP no se dio cuenta de lo que estaba aprobando? ¿Por qué el PSOE no anunció la reforma? ¿Qué pinta Sumar en todo esto? Intentamos responder a estas preguntas con los periodistas de elDiario.es Elena Herrera, Aitor Riveiro y José Enrique Monrosi.

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El día a día de las mujeres presas en los centros penitenciarios de Zaballa y Martutene en Álava y Gipuzkoa, es distinto al de los hombres. Para ellas, por ser menos, de un total de 1.577 personas en privación de libertad 127 son mujeres, es más complicado crear grupos para desarrollar actividades o talleres, son más sancionadas que los hombres -o eso es lo que dicen sentir- cuando les penalizan por “hablar mal” a alguna funcionaria de la cárcel y, además, son discriminadas cuando, por ejemplo, tienen que ir al ginecólogo. “Las cárceles se hicieron pensadas para hombres y eso supone una discriminación de base para ellas. No solo en lo relativo a la maternidad, sino en su día a día, la forma de tratarlas y cómo las infantilizan”, sostiene la antropóloga e investigadora Carmen Meneses autora de la investigación 'Mujeres en centros de hombres', un estudio realizado en estas dos cárceles vascas y presentado este lunes en el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 'Humanizar la prisión: esperanza y reto para el modelo penitenciario vasco'.

Para elaborar la investigación, la antropóloga se ha adentrado a los módulos de mujeres y ha desarrollado entrevistas a nueve mujeres privadas de libertad y a 17 profesionales de los centros penitenciarios y profesionales externos. Haciendo un total de 26 entrevistas. Además ha realizado una encuesta a aquellas presas que han aceptado. Como dato, el 40% de esas encuestas se han realizado en euskera.

Entre las principales conclusiones que ha extraído Meneses, está el hecho de que en comparación con centros del resto del Estado, la situación de las mujeres en las cárceles de Zaballa y Martutene en cuanto a instalaciones y trato “es más positiva”. “La situación de los centros penitenciarios mejoró indudablemente tras la transferencia de su gestión del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en 2021. Me he encontrado con ventajas por ejemplo en cuanto al sistema sanitario, aunque las propias mujeres no perciben que el acceso a la sanidad dentro de la cárcel sea correcto, no están muy a gusto con la atención médica”, sostiene.

Otro de los beneficios para las presas desde la transferencia es la posibilidad de residir en la unidad maternal de Martutene en el caso de ser madres. Antes de la transferencia, las reclusas que solicitaban convivir con sus hijos -una posibilidad hasta los tres años- debían ser trasladadas a otros centros del Ministerio del Interior. En 2022 se acondicionaron las instalaciones de la cárcel guipuzcoana para que las reclusas tuvieran esta posibilidad sin tener que ser trasladadas.

Algunos trabajadores entrevistados no son conscientes de la necesidad de la perspectiva de género en las cárceles ni la necesidad de una atención especial a las mujeres

En la otra cara de la moneda, una de las cuestiones negativas que más le han llamado la atención de las cárceles vascas a Meneses es el hecho de que las mujeres, al acudir al médico o al ginecólogo, lo hacen en su mayoría esposadas y durante todo el proceso siguen esposadas y con un Policía tras un biombo en la consulta. “Son situaciones discriminatorias y en ocasiones hasta violencia obstétrica. Cuando una mujer visita al ginecólogo y a la hora de realizarle alguna prueba debe limpiarse el líquido que le echan, pero como está esposada, dificulta mucho más una situación que ya de por sí es incómoda. Por no hablar de que un Policía está presente y escuchando toda la conversación. Es algo que nos debería hacer reflexionar porque atenta contra su dignidad, sobre todo, si están embarazadas. Además, es contradictorio, porque si damos por sentado que las mujeres privadas de libertad son menos peligrosas ¿por qué se considera necesario que estén esposadas incluso en el médico?”, se pregunta la investigadora.

En sus entrevistas a expertos y a trabajadores de los centros penitenciarios, cuando abordaba esta cuestión, muchos de ellos confiesan no saber que ocurría. Otros, según recalca, “no eran conscientes de la necesidad de la perspectiva de género en las cárceles ni la necesidad de una atención especial a las mujeres”. “Ellas, además sienten una percepción de discriminación y desigualdad en cuanto al control que tienen dentro de la cárcel en comparación con ellos. Dicen que lo hacen para protegerlas de los propios hombres, pero que ellas no necesitan ser infantilizadas. También aseguran ser sancionadas por cuestiones por las que los hombres no, como cuando hablan mal a una funcionaria de prisión”, explica Meneses.

Es más positivo para ellas enseñarles a convivir con hombres y que sean ellas mismas las que se defiendan en el caso de situaciones peligrosas

Sobre las actividades que realizan unos y otras, la antropóloga destaca que con ellas es más complicado encontrar un grupo dispuesto a realizar alguna actividad o taller debido a que son menos. “Con los hombres en seguida encuentras un grupo dispuesto a hacer cualquier actividad, mientras que para ellas es más complicado crear iniciativas y también que estas duren en el tiempo”, sostiene. Preguntada por si puede favorecer en estos casos la creación de grupos mixtos a la hora de llevar a cabo actividades, Meneses reconoce que sí y que en ocasiones se realiza, pero no lo suficiente. “Sucede un poco como en los colegios en la época de Franco. Se separan a chicos de chicas por protección sobre todo para evitar situaciones de peligro entre ellos o simplemente por miedo a que se embaracen. Es el celo de la institución penitenciaria. Aunque, en mi opinión, es más positivo para ellas enseñarles a convivir con hombres y que sean ellas mismas las que se defiendan en el caso de situaciones peligrosas”, reconoce.

El estudio ha sido entregado al Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y una vez publicado, la antropóloga se lo mostrará a las mujeres que han participado en su elaboración. “Para mí es importante que las personas que participan en las investigaciones se puedan beneficiar de ellas y no simplemente usarlas. Me interesa que conozcan la investigación y que opinen sobre el resultado”, concluye la antropóloga, que seguirá de cerca la situación de las mujeres en las cárceles vascas y de otros lugares del Estado para nuevas investigaciones.

Los sindicatos UGT y CCOO han pedido que se haga efectivo el traspaso de las competencias sanitarias del centro penitenciario de Asturias a la administración regional para paliar la escasez de profesionales que existe en la cárcel. Una demanda que han hecho pública, después de reunirse con la Delegada del Gobierno, y ante la “precariedad” de la sanidad penitenciaria en el Principado. Ambos sindicatos han coincidido en reclamar que esta asistencia sea una competencia autonómica, como está recogido en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003.

Mientras este traspaso no sea efectivo, han pedido que se realice un convenio con el Gobierno asturiano para garantizar una mejor prestación de este servicio. El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha denunciado que, actualmente, solo hay cubiertas dos de las ocho plazas de médicos con que cuenta el penal.

“Es imposible que los médicos puedan atender de una manera eficaz. Los enfermeros acaban haciendo de médicos”, ha denunciado y ha advertido de que esta situación acumula “demasiados años”, por lo que se ha convertido en “insostenible”. El dirigente sindical ha animado a buscar fórmulas para que este tipo de puestos de difícil cobertura sean más atractivos.

Por su parte, el secretario del sector de administración general del Estado de la Federación de Servicios Públicos de UGT Asturias, Juan José Villar, ha asegurado que abordar la mejora de la atención sanitaria en la prisión de Asturias “no admite más demoras y aplazamientos”, puesto que la falta de recursos humanos y materiales es “urgente”. Además ha acusado a la administración estatal y regional de “tirar la pelota de un tejado a otro” a la hora de hacer efectivo el traspaso de competencias.

A juicio de CCOO, el Gobierno Central es el “máximo responsable” de garantizar que población reclusa asturiana cuente con una atención primaria en igualdad de condiciones que el resto de la población. El sindicato ha recordado que lleva meses alertando de que la situación sanitaria del centro penitenciario de Asturias es crítica, con solo “tres médicos y médicas, por diez que tendría que haber”, ha dicho el responsable de la sección sindical de CCOO en esta cárcel, José María López.

En este sentido, el sindicato ha pedido que se refuercen las plantillas de enfermería y auxiliares, con ampliación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en dos personas en cada categoría, para tener un buen servicio de estas funciones y que se adecuen las condiciones laborales y retributivas del personal sanitario a las responsabilidades y condiciones de trabajo que realizan.

La delegada del Gobierno les ha trasladado la actitud “receptiva” del Ministerio del Interior para garantizar la calidad de la asistencia sanitaria en el centro y les ha asegurado que se trata de una “prioridad” del equipo al frente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que trabaja en “la mejora de la coordinación con los servicios de salud autonómicos”.

Un preso despedido de forma irregular de su puesto de trabajo dentro de la cárcel también tiene derecho a una indemnización. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia pionera en la que da la razón a un preso de Sevilla despedido después de dos años trabajando en las cocinas del centro penitenciario. Su despido fue anulado y ahora los jueces reconocen por primera vez que, en estos casos, un preso tiene derecho a ser indemnizado como cualquier otro trabajador despedido irregularmente.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, explica que el preso que ha llevado su caso hasta el Supremo cumplía condena en Andalucía y empezó a trabajar en las cocinas, como auxiliar, en el verano de 2017. Tres horas y media al día, un máximo de cinco días a la semana y con un sueldo de 11,02 euros por cada día trabajado.

El despido por parte de Trabajo Penitenciario, organismo dependiente del Ministerio del Interior, llegó en 2019, cuando un parte de dos funcionarios de la cárcel afirmó que su actitud laboral era “negativa” con respecto a sus funciones en las cocinas “haciendo caso omiso de las órdenes que se le dan” así como teniendo una relación “crispada” con sus compañeros, “perjudicando el buen funcionamiento del departamento”.

El preso recurrió y un juzgado de lo social Sevilla le dio la razón, declarando irregular su despido y reconociendo, además, su derecho a ser indemnizado con 6.012,93 euros. Un aspecto que, hasta este momento, el Tribunal Supremo no había dejado claro en dos décadas de sentencias sobre el tema: qué derechos laborales tienen los presos que trabajan en las cárceles y si una indemnización de este tipo forma parte de ellas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló esta cantidad y ahora ha sido el Supremo el que ha sentado su jurisprudencia sobre este asunto, especificando que un recluso que trabaja en la cárcel sí tiene derecho a este tipo de resarcimientos económicos su si despido es declarado irregular por un tribunal.

El Tribunal Supremo explica en su sentencia que ha estudiado hasta nueve casos similares en los últimos 23 años –como por ejemplo el de este preso de Murcia indemnizado– pero que ninguno cumplía los requisitos necesarios para forma una jurisprudencia que marcase el camino a las reclamaciones de otros reclusos despedidos de forma irregular. “Hasta ahora no puede considerarse que hayamos resuelto el interrogante que se nos traslada”, reconocen los jueces.

No hay una “desprotección absoluta” de los presos

Cuando un tribunal declara la improcedencia o la nulidad del despido de un trabajador, la obligación del empresario es readmitir al afectado y, además, pagar indemnizaciones tanto por los daños morales en función del caso y los salarios de tramitación que ha dejado de cobrar desde que tuvo que marcharse. En el caso de los presos, su relación laboral con la cárcel en la que cumplen condena es distinta: se regula por un Real Decreto de 2001 específico que solo invita a aplicar el Estatuto de los Trabajadores en supuestos concretos.

Por norma general, reconoce el Supremo, “en esta relación laboral especial no opera la legislación laboral”. Pero eso no significa, reconoce en esta sentencia, que exista una “desprotección absoluta” cuando un tribunal da la razón a un preso y declara que su despido fue irregular. Y el “respeto modalizado” de sus derechos debe ser la guía de “cualquier litigio” de este tipo, en este caso de un preso despedido ilegalmente que reclama una indemnización. “Resulta indudable que nos encontramos ante una terminación de la relación de trabajo por voluntad del empleador y que la misma no es ajustada a Derecho”, zanjan los jueces.

La solución, dice el Supremo, no pasa por reconocer sin más a los presos el derecho a cobrar un salario de tramitación como sucedería con cualquier otro trabajador del ámbito público o privado cuyo despido es declarado improcedente. “Pero sí debe compensarse los daños y perjuicios ocasionados a la persona privada de forma ilícita de su empleo”, recuerda, y que la cantidad coincida “de manera indiciaria y general” con el salario que dejó de cobrar “parece razonable”. En el caso de este preso que trabajó durante año y medio en las cocinas de la cárcel, en este caso cerca de 550 días a razón de 11,02 euros el día.

Según las últimas estadísticas de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo relativas al año 2021, en las cárceles españolas hay una media mensual de 11.539 presos trabajando de los más de 47.000 que completan la población reclusa española. La mayor parte de estos presos trabajan en tareas auxiliares (4.550), manipulados (2.145) y las cocinas (1.745) de las cárceles donde cumplen condena. Ese año, las estadísticas recogen un gasto de salarios de 823.000 euros, el más alto desde que hay registros de la última década.

De 1.577 presos en las cárceles gestionadas por el Gobierno vasco, las de Zaballa en Álava, Martutene en Gipuzkoa y Basauri en Bizkaia, 425 se hallaban en tercer grado. Son prácticamente el 27% del total. La proporción entre los presos de ETA es inferior, del 15,5%. De 142 reclusos totales por delitos de terrorismo hay 22 en alguna de las tres las modalidades legales del tercer grado.

Estas estadísticas sobre población penitenciaria, actualizadas a 1 de septiembre, llegan cuando están a punto de cumplirse dos años de la transferencia de Prisiones. A preguntas de la oposición, el lehendakari, Iñigo Urkullu, volvió a recalcar este jueves en el pleno de política general, la sesión de apertura del curso político, que no existe trato diferenciado favorable para este colectivo, estructurado tras la desaparición de ETA como EPPK.

Los 1.577 presos vascos están repartidos en 869 en Zaballa, el penal más moderno y amplio de la red autonómica, 385 en Basauri y 323 en Martutene. Ya están avanzadas de la nueva prisión de Zubieta en Gipuzkoa para sustituir el viejo presidio de Donostia. Como en el caso de los cuarteles del Ejército en Loiola, el plan pasa por destinar ese espacio a desarrollo urbanístico y así está acordado ya con el Estado, que sigue siendo el titular último de las instalaciones donostiarras. 1.353 de los reclusos lo son por condena firme, mientras que hay 222 preventivos y dos por otros internamientos judiciales.

En el caso concreto de los presos por terrorismo, después de cinco años de políticas de acercamiento desde que Pedro Sánchez es presidente, hay 142 presos de ETA, 80 en Zaballa, 39 en Martutene y 23 en Basauri. En los dos primeros centros suponen del orden del 10% del total de la ocupación. Hay dos sin clasificar, ninguno en primer grado -la mayoría lleva ya un largo tiempo entre rejas-, 110 en segundo grado y 22 en tercer grado. Los terroristas en tercer grado, con más flexibilidad en el internamiento, son un 5,1% del total, cuando los reos en esta misma situación representan el 9% de la población penitenciaria.

En cuanto a las progresiones, desde el 1 de octubre de 2021, cuando se asumió la gestión de Prisiones, ha habido 846 asignaciones a tercer grado, bien como clasificación inicial o bien como progresión. De ellas, han sido revocadas por los juzgados de vigilancia penitenciaria 16, el 1,89%. En el caso específico de los presos de ETA, han sido echadas para atrás 12 de 50, el 24%. Es una proporción abrumadoramente más alta. Algunas entidades de víctimas han denunciado que el Gobierno autonómico acelera estas mejoras de grado y el colectivo de presos de ETA Sare ha indicado que la Fiscalía recurre el 75% de las progresiones en el caso del EPPK por un 25% del resto, aunque ello no prefija la decisión judicial. “Las progresiones a personas vinculadas con ETA suponen un 5,9% del total”, indican los datos oficiales.

Según el último informe de Etxerat, asociación de familiares de reclusos del EPPK, hay otros seis presos de ETA en Pamplona, uno en el resto de la red del Gobierno de España y once en Francia. El EPPK excluye de sus listas a los exmiembros de ETA que renegaron de la organización, por lo que los datos no son coincidentes. En el caso de los centros del Gobierno vasco, por ejemplo, habla de 132 internos por 142 del recuento oficial.

En estos días se cumplen tres años desde que el Tribunal Constitucional reconocía el derecho de las personas presas a comunicarse libremente con periodistas. En aquella sentencia sin precedentes se amparaba a un interno de la cárcel de Córdoba al que se le negó que pudiera hablar con elDiario.es Andalucía por una vía formal. Durante 2022, una docena de presos en España han solicitado poder dar voz propia a su situación y han pedido una entrevista con un medio de comunicación, la mitad de los cuales (seis) han tenido respuesta favorable por parte de la dirección del centro penitenciario, que es quien decide acerca de la conveniencia del encuentro entre una persona privada de libertad y un periodista.

En enero de 2020, poco antes de que la pandemia de COVID-19 arrasara con casi todo, el Constitucional dictó aquella pionera sentencia, que se había se apoyado en un reportaje de elDiario.es Andalucía para reconocer el derecho de los presos a comunicarse con la prensa. Posteriormente, el Gobierno aprobó en junio de 2020 una nueva Instrucción que reguló en España, por primera vez desde 1979, las autorizaciones para que periodistas y medios de comunicación puedan entrevistar a población reclusa, recogiendo los argumentos sentados por el Tribunal Constitucional, que abordaba entonces por primera vez un asunto para el que no había doctrina. Desde entonces, el interno debe remitir una instancia a la dirección de la cárcel, que eleva la solicitud a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que propone una resolución para que luego el centro penitenciario acepte o no.

Fuentes de dicha Secretaría General informan que, de las doce propuestas, nueve fueron resueltas (seis de forma favorable). De las tres denegadas, una no fue concedida en virtud del Estatuto de la Víctima del Delito, otra por informes técnicos penitenciarios contrarios al encuentro (que un juzgado ha revocado) y otra porque un juzgado de vigilancia penitenciaria avaló la denegación. En cuanto a las otras tres peticiones que no terminaron de resolverse, una fue retirada por el propio preso, otra derivó en una entrevista pero fuera del recinto penitenciario y otra no se correspondía con una entrevista propiamente dicha, según comentan las fuentes acerca de las proposiciones de personas presas para dar a conocer su situación particular a través de la prensa para ejercer su derecho a la libertad de expresión.

¿Desinterés en comunicar?

Tanto la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA) como la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), con Rafael Rodríguez a la cabeza, denunciaron públicamente, en octubre de 2016, el “apagón informativo” en las cárceles españolas a raíz de aquel caso, que dio pie a la nueva doctrina constitucional. A Rodríguez los datos de la aplicación e incidencia real de los tres primeros años tras su entrada en vigor le producen “una sensación contradictoria”. “Por una parte, una sorpresa negativa, y hasta frustrante, por el irrelevante número de entrevistas solicitadas y realizadas entre presos y periodistas, y, por otra, de alegría, porque, aunque hayan sido pocos, buena parte de los reclusos y de los periodistas que han querido han podido ejercer, por fin, su derecho a la libertad de expresión, rompiendo el apagón informativo que el Gobierno y, en particular, Instituciones Penitenciarias, mantenía en las cárceles españolas”, explica.

El hecho de que en estos tres años, de una población reclusa de más de 55.000 personas solo se hayan producido 29 peticiones de entrevistas entre presos y periodistas (según la información recabada en este tiempo por este periódico) es “una cifra ínfima”, según Rodríguez. “Además de la pandemia, puede que exista desinformación entre los reclusos. Es probable que una mayoría, pese a que quiera contar cosas, desconozca que, a partir de la sentencia del Constitucional, que sentó doctrina, pueden solicitar el mantener una entrevista con un periodista o con un medio de comunicación, sea cual sea su situación penitenciaria. Y también puede que exista desinterés en comunicar y trasladar opiniones e historias. Es una cuestión para el análisis”, sostiene.

Al presidente de la APD le llama la atención “el elevado número de peticiones de entrevistas rechazadas por parte de los propios centros penitenciarios, pese a la sentencia del Constitucional. Desconociendo las razones, hay que pensar que se deben a motivaciones de mucho peso y no a una continuidad de las prácticas de censura de años anteriores, lo cual sería preocupante y denunciable”.

“Un espacio opaco”

Según Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional, “el acceso de los periodistas, como dijo el Tribunal, no solo es un derecho de los internos, sino una garantía de transparencia que asegura el respeto a todos los derechos fundamentales en el interior de las prisiones. Los rechazos a peticiones de entrevista impiden a la sociedad controlar si tenemos las cárceles propias de un país democrático”, opina.

Urías insiste en declaraciones a este periódico que “el Tribunal Constitucional lo ha reconocido como un derecho fundamental. El ejercicio de un derecho no depende ni de la voluntad de la administración del centro penitenciario, ni de las condiciones que fije el Gobierno. El hecho de que se sigan denegando peticiones de entrevista es una muestra de que las cárceles españolas en gran medida siguen siendo un espacio opaco donde el Estado de Derecho no rige con plenitud”.

Para Valentín Aguilar, el abogado de la APDHA que llevó el asunto hasta el final como representante legal de aquel interno de Córdoba, “no procede limitar bajo concepto alguno el derecho” ya que “no puede regularse mediante una instrucción una restricción de derechos fundamentales bajo ningún concepto”. Al letrado le llama la atención las “pocas peticiones de entrevistas” por parte de las personas presas, lo que denota “poco interés aún por medios”, y las “muchas desestimaciones e improcedentes” a las que hace alusión Instituciones Penitenciarias“.

Rafael Rodríguez apunta también que “desde el periodismo, la escasa apuesta por recabar opiniones y declaraciones de personas en prisión, condenadas o preventivas, quizá se explique por la precariedad y la debilidad que sigue viviendo esta profesión, sin tiempo para trabajos que requieren de tiempo, de mucho tiempo, y de mucha investigación. Los periodistas, con plantillas cada vez más menguadas y en peores condiciones, están condenados a la cantidad y no a la calidad informativa, al día a día, a la inmediatez estéril, y difícilmente pueden dedicarse a trabajos en profundidad como pueden ser los relacionados con el mundo penitenciario”.

“Lo importante es que exista la resolución del Constitucional y que se aplique. Si ha sido valida para que un solo periodista y un solo recluso hayan ejercido su derecho a la libertad de expresión, y para que la ciudadanía haya tenido su derecho a ser informada verazmente, ya ha merecido la pena. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asociación de la Prensa de Sevilla y elDiario.es Andalucía, lo mismo que trabajamos para lograr que el derecho a la libertad de expresión fuera reconocido en las prisiones, tenemos que seguir trabajando para que toda aquella persona que quiera, periodista o preso, pueda ejercer esa libertad”, dice.

Antonio, “una cadena perpetua de hecho”

Cabe recordar cómo se gestó esta nueva regulación. elDiario.es Andalucía dio voz a Antonio en esta información publicada el 18 de junio de 2016. Posteriormente, en enero de 2017, el centro penitenciario de Córdoba le denegó la solicitud formal para concertar un encuentro informativo “al no presentar motivación” que justificara “la necesidad de dicha comunicación” ya que no existían “garantías suficientes” que aseguraran “el mantenimiento de la seguridad y buen orden del establecimiento”. Con la prisión permanente revisable en pleno debate político por aquel entonces, este periódico quiso abordar un caso que ejemplificaba lo que desde el punto de vista penitenciario se venía considerando como una 'cadena perpetua de hecho'.

Aquella negativa al segundo encuentro entre preso y periodista fue respaldada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (en septiembre de 2017) y por la Audiencia de Córdoba (en diciembre de 2017), que añadieron que las referencias al contenido de la entrevista publicada eran suficientes para validar la denegación de la comunicación. Las tres resoluciones quedaron anuladas con la sentencia del Tribunal Constitucional dictada hace ahora tres años.

Quejas de APDHA y Asociación de la Prensa de Sevilla

La Audiencia de Córdoba había rechazado el recurso del interno argumentando que elDiario.es Andalucía “ya publicó sus impresiones y opiniones en el contexto carcelario y en relación con su concreta situación”, lo que le permitía concluir que no existía vulneración esencial del derecho a la libertad de expresión “porque la ejerció ya con anterioridad en este mismo asunto, sin que de sus alegaciones se infiriera ninguna variación en cuanto a los temas a tratar”.

El TC otorgó a Antonio el amparo solicitado por su representante legal, Valentín Aguilar, entonces coordinador general de la APDHA, Un juzgado había estimado el recurso y anulado la sanción al interno, pero sin entrar en el fondo de las libertades y derechos fundamentales, manifestando simplemente que no estuvo bien calificado el hecho. El TC abordó en 2020 de lleno la cuestión, amparando al preso y reconociendo su derecho a expresarse libremente a través de la prensa y el de la población en general a conocer su opinión.

Tanto APDHA como APS presentaron una queja al Defensor del Pueblo de España para que Instituciones Penitenciarias aclarara cuáles eran los criterios concretos en que se ampara la no concesión de entrevistas entre las personas privadas de libertad y los medios de comunicación. En octubre de 2018, el Defensor instaba al Gobierno a modificar la normativa de este tipo de entrevistas, si bien un año atrás el Gobierno rechazaba modificar la norma que le eximía de dar explicaciones para denegar entrevistas con personas presas. La sentencia del TC y la Instrucción del Gobierno en 2020 recogió el derecho de las personas presas a expresar su opinión ante la prensa.

El Estado tendrá que indemnizar con casi 2.800 euros a un preso de la cárcel murciana de Campos del Río. El motivo es que, según la Justicia, la dirección de la cárcel le apartó injustamente de su puesto de trabajo en la biblioteca de la prisión y le deben pagar todo el dinero que no cobró desde su 'despido' hasta que los tribunales le dieron la razón. El Tribunal Supremo, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, acaba de dar firmeza a esta decisión al rechazar el último recurso interpuesto la entidad pública Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, adscrita al Ministerio del Interior.

El interno que ha ganado este pleito se encuentra en régimen de tercer grado pero cumplía condena en ese momento en la cárcel de Murcia-II y desde abril de 2014 trabajaba como “responsable de la comisión de ayuda legal del Módulo 6” en la biblioteca. Un trabajo por el que cobraba algo más de 250 euros todos los meses. La Ley de 2001 que regula este asunto recoge que los internos de las cárceles tienen derecho a optar a un puesto de trabajo en la prisión, cobrar por ello y cotizar a la Seguridad Social. El trabajo en la prisión es otorgado en función de factores como la aptitud laboral del interno, su conducta en la cárcel, el tiempo que lleve allí o si tiene cargas familiares, entre otros.

La norma también recoge que un preso puede perder su trabajo en la cárcel por razones de seguridad o por tener que cumplir una sanción disciplinaria. Eso es lo que sucedió en este caso cuando, tres años después de empezar a trabajar, el interno se encontró con un parte disciplinario por una falta grave de desobediencia. El preso, que se expuso a una sanción de hasta un mes sin paseos ni actos recreativos, supuestamente había realizado sus funciones fuera del módulo 6 de la cárcel. El caso adelgazó a una falta leve y finalmente fue anulado por el juez de vigilancia penitenciaria: no sólo no había cometido ninguna infracción sino que “había cumplido con su obligación y no merecía reproche sino apreciación”, dijo el magistrado.

El recluso empezó entonces una batalla legal poco habitual ante la jurisdicción social: reclamó el dinero que había dejado de cobrar en esos 11 meses por un despido basado en un expediente disciplinario que había quedado en nada. Lo que en el caso de una relación laboral habitual se conoce como “salario de tramitación”. La cantidad que reclamaba rozaba los 2.800 euros y los jueces de lo social le dieron la razón: el juzgado 1 de Murcia anuló la decisión de Trabajo Penitenciario, el Tribunal Superior de Justicia de la región rechazó el recurso de la empresa pública y ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha certificado la firmeza de su indemnización.

La sala de lo social, con Concepción Ureste como ponente, ha estudiado el recurso de Trabajo Penitenciario, que pedía unificar doctrina y comparaba el caso de este preso de Murcia-II con el caso de otro preso de una cárcel andaluza. Los jueces, en contra del criterio de la Fiscalía que pedía estimar el recurso de la Abogacía del Estado, entienden que no son dos casos asimilables y desestima las alegaciones, lo que da firmeza a las distintas sentencias de los tribunales murcianos sobre el caso de este preso.

Una indemnización

La posibilidad de que un preso trabaje viene reconocida en los primeros artículos del Estatuto de los Trabajadores y desarrollada en un Real Decreto de 2001. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia dejó claro que, aunque estos asuntos fueran estudiados por los magistrados de lo social, no se trataba de una relación laboral normal sino “especial” y que, por tanto, no se podía anular el despido o declarar improcedente como sucedería con cualquier otro tipo de empresa y trabajador. Aquí, en todo caso, procede “restituir al trabajador en su puesto de trabajo” siempre que siga preso y sea posible.

En este caso la reclamación del recluso iba más allá y exigía cobrar el dinero que le tendría que haber pagado la cárcel de Murcia-II desde que fue apartado de su puesto hasta cuando, 11 meses después, un juzgado de lo social de Murcia le dio la razón. Esta cantidad, dijo el TSJ de la Región de Murcia, “no se realiza a título de salarios de tramitación ni en razón al tiempo de prestación de servicios (...) sino como consecuencia de los daños y perjuicios causados” por la decisión de la cárcel de dejarle sin trabajo por un expediente que acabó sin sanción.

Los jueces murcianos explicaron también en su momento que esta indemnización de casi 2.800 euros no venía ni por el Estatuto de los Trabajadores ni por las leyes penitenciarias. Venía por el artículo 106 de la Constitución Española que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a “ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Este artículo de la Constitución, unido a lo que dice la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, desemboca para los jueces en la obligación de indemnizar a este recluso.

La empresa pública no ha tenido mejor suerte con su recurso ante el Tribunal Supremo, en el que esgrimía una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía para alegar una contradicción doctrinal que, según los magistrados, no existe. “Aunque concurren puntos de conexión entre las resoluciones objeto de contraste, sin embargo, no puede afirmarse la existencia de una identidad esencial”, dice el Supremo. En la sentencia del tribunal andaluz, añade el Supremo, “no se examina en modo alguno eventuales daños y perjuicios que pudieran en su caso provocar una petición de resarcimiento” como sí planteó el preso de la cárcel murciana.

Este no es el primer caso de un preso que se queda sin trabajo y que llega hasta la sala de lo social del Tribunal Supremo. En 2012 la sala dictó su sentencia de referencia sobre este tipo de casos y dio la razón a un interno de la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca, despedido después de un tiempo en el taller de cableados porque, supuestamente, había fabricado piezas defectuosas por no seguir las indicaciones de su supervisor. En ese caso los tribunales entendieron que la administración penitenciaria estaba obligada a justificar este 'despido' y que no lo hizo, pero limitaron su fallo a ordenar que volviera a obtener un puesto de trabajo sin entrar a valorar una indemnización como en el caso de Murcia.

En ambos casos el Tribunal Supremo ha estudiado las alegaciones laborales de los presos y la administración penitenciaria a través de un canal que limita bastante los argumentos que pronuncia sobre el fondo del asunto: los recursos de unificación de doctrina. Esto ciñe el debate a si la sentencia que estudian se contradice con la que ha aportado la parte que recurre.

Tres años después de la disolución de ETA y diez después que cesara en su actividad, Euskadi tiene “asignaturas todavía pendientes” en esa gestión del posterrorismo pero enfoca ya su futuro a incorporar también nuevos retos que para la “convivencia” genera la “diversidad” de la nueva sociedad, incluso en lo sexual, en lo religioso o en lo identitario. El tercer plan de la tercera legislatura de Iñigo Urkullu ya no es un “plan de paz”, como se bautizó el primero, para el período 2013-2017, y pasa a ser un documento más amplio sobre “convivencia, derechos humanos y diversidad” en el que también se mencionan algunos cambios motivados por la COVID-19, como la situación de vulnerabilidad de las personas mayores. El documento, de 37 páginas, se llama 'Udaberri 2024', 'primavera' en euskera para resaltar también el “color” y el “brillo” de la nueva etapa. Ha sido presentado este viernes en Vitoria por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y por el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz. Y llega a cuatro días de que el Ministerio del Interior inaugure en Vitoria el Memorial de las víctimas del terrorismo, un acto que estará presidido por el jefe del Estado, el rey Felipe VI.

El texto parte de la “esperanza” que ha acarreado “el fin del ciclo de la violencia terrorista”. No obstante, identifica varios puntos todavía “prioritarios”. El primero es el del “reconocimiento institucional y social” de las víctimas. Y se habla de “todas” las víctimas. No puede haber “equiparaciones” pero tampoco “exclusiones”. Sobre las de ETA se toma como base un documento acordado hace unos meses en el seno del Consejo Vasco de Participación. Sobre las de la violencia policial, se incide en que a finales de junio, coincidiendo con el día contra la tortura, se realizará un primer acto público para el resarcimiento de las personas que la comisión de valoración surgida al amparo de la nueva ley de reconocimiento vaya ya considerando como afectados por la vulneración de derechos humanos. Se estima que serán una treintena del período de 1978 a 1999 y se sumarán a las 187 del período 1960 a 1978, ya amparadas por un decreto del Gobierno de Patxi López. Se incide en que el reconocimiento como víctimas ha de ser “legal” pero también “simbólico”, por lo que se propone la erradicación de los homenajes a presos de ETA cuando son excarcelados, los conocidos como 'ongi etorri'.

Se fija también como objetivo el de lograr una “memoria compartida sustentada en una reflexión crítica del pasado”. “Una memoria de memorias que incluya todas las miradas, todas las experiencias, todos los hechos, por muy duros que éstos sean. Una mirada no selectiva, de 360 grados. Una mirada que acoja el sufrimiento de 'los míos' y también de 'los otros'”, se puede leer en el documento, que cita experiencias positivas como los encuentros restaurativos de la 'vía Nanclares' entre víctimas y victimarios -que cumple su décimo aniversario- o foros que han reunido a familiares de asesinados por diferentes bandas terroristas. No obstante, la ponencia de paz creada en el Parlamento Vasco en pasadas legislaturas precisamente con este fin no ha terminado de dar sus frutos y lleva años encallada. En un primer momento se logró un 'suelo ético' pero el regreso de la izquierda abertzale a la Cámara hizo que planteara sus exigencias y que el PP abandonara esta comisión.

El Gobierno tiene depositadas muchas esperanzas en el Instituto de la Memoria (Gogora). En su consejo de administración se sientan representantes de los cinco grupos parlamentarios de la Cámara, PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs. Solamente no participa Vox, que forma parte del grupo Mixto en el Parlamento y no tiene derecho a ello. Artolazabal, Ranz y su equipo, además, se han esforzado en los últimos días -y continuarán haciéndolo en las próximas semanas- en presentar el documento a partidos, agentes sociales y medios de comunicación. Se insiste mucho también que la parte de víctimas viene consensuada ya del documento presentado en marzo con el consenso de AVT, Covite u otras asociaciones. En él, se plantea incorporar voces de terroristas arrepentidos en las aulas y retomar los encuentros entre presos y víctimas, entre otras medidas. Las fuentes consultadas destacan también que es un plan de Gobierno, es decir, avalado por los dos partidos de la coalición, PNV y PSE-EE, e inspirado en el programa conjunto. Sin elecciones en el horizonte en 2021 y 2022, se aprecia un clima “más propicio” para tejer complicidades en esta materia.

La tercera pata de este escenario de gestión del final de ETA es la “normalización de la política penitenciaria” que se aplica a los presos de esta organización. “Deconstruir la cultura de la excepcionalidad y el corpus penal, procesal y penitenciario de excepción” y dar pasos hacia la “humanidad, proporcionalidad y resocialización” supondría una puerta abierta a la “consolidación de la paz”. El plan entiende que “el Estado de Derecho está legitimado para hacer frente a los delitos de terrorismo” pero añade que “la lucha antiterrorista propició 'de facto' un endurecimiento de la legislación penal y penitenciaria”. Añade también que plantear que las personas presas sean “sujetos de derechos” no implica “en ningún caso” un “alineamiento con sus postulados ideológicos”.

En este debate se cuela la reciente firma de la transferencia de la gestión de las Prisiones vascas, que se hará efectiva desde el 1 de octubre. Fuentes del Ejecutivo indican que no pecan de ingenuidad y que conocen que hay sectores políticos que lo están interpretando como un paso más en los acercamientos de presos de ETA. El Gobierno vasco insiste en que la política penitenciaria como tal seguirá siendo legislada por el Estado y que los traslados tampoco serán potestad autonómica. Eso sí, se incide en que el “desarrollo” de la transferencia permitirá cimentar una “nueva estructura de oportunidad” para un “modelo penitenciario propio” con “enfoque restaurativo” y más “resocialización”. Euskadi ya plasmó sus objetivos -para todos los reclusos y no solamente para los terroristas- en otro documento.

A partir de ahí, el plan incorpora otros objetivos, como la asunción de que hay derechos humanos “emergentes” vinculados a lo social o lo medioambiental o que Euskadi tiene que estar bien posicionada internacionalmente en los foros sobre derechos humanos -se alude a que en 2021 se cumplen diez años del programa de protección y acogida de activistas perseguidos en sus países-. No se orilla la amenaza yihadista pero sí se critica el enfoque de “guerra contra el terror” o “securitización”. Se plantea la gestión de la diversidad también en materia de migraciones y religión o incluso en lo tocante a los derechos LGTBI, del pueblo gitano, de las personas mayores o de quienes tienen problemas de diversidad funcional. Hay iniciativas variadas como la reconversión del observatorio Ikuspegi -centrado en migraciones- para temas de diversidad, la redacción de ley integral de igualdad de trato y no discriminación -aunque no antes de 2023-, la estrategia vasca del pueblo gitano, la modificación de la ley de reconocimiento de las personas transexuales o, con carácter más inminente, la prometida desde hace años ley de centros de culto.

El Gobierno defiende esta amplitud de enfoques del plan, con temas muy variados, porque el “nexo común” son los derechos humanos y porque precisamente se ha creado una macrocartera con Artolazabal al frente que abarca materias muy diversas como Igualdad, Servicios Sociales, Familia, Juventud, Mayores, Migraciones, Justicia, Prisiones o Víctimas. “En los años 20 del siglo XXI, esto significa convivencia en la diversidad. Diversidad entendida no como un imperativo que estamos condenados resignadamente a aceptar y gestionar. Diversidad entendida hoy como fundamento de una sociedad plena de derechos, como un valor añadido. Diversidad más allá de la no discriminación, del respeto, de la tolerancia o de la coexistencia. Diversidad vivida en términos de garantía de derechos para todas las personas, de igualdad de oportunidades, de convivencia y de plena interacción social”, concluye el nuevo plan.

Este viernes se ha cumplido un año desde que trascendiera que el Tribunal Constitucional reconocía el derecho de las personas presas a comunicarse libremente con periodistas. En aquella sentencia sin precedentes se amparaba a un interno de la cárcel de Córdoba al que se le negó que pudiera hablar por segunda vez con elDiario.es Andalucía. La pandemia de Covid-19, como tantas otras cosas, ha provocado que la Instrucción de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que desde junio pasado recogía la nueva doctrina constitucional apenas haya sido utilizada por aquellas personas presas que tuvieran la intención de dar a conocer su situación a través de la prensa para ejercer su derecho a la libertad de expresión e información: solamente once internos han solicitado en este tiempo entrevistarse con profesionales del periodismo y medios de comunicación.

Según indican a este periódico fuentes de Instituciones Penitenciarias, desde que entró en vigor dicha Instrucción han sido once las personas presas que han querido ejercer el derecho a la libertad de expresión e información que le reconocía definitivamente hace un año el TC, que abordaba entonces por primera vez un asunto para el que no había doctrina. Para la resolución de las peticiones de los internos “se han tenido en cuenta todas las variables intervinientes en cada caso (condena, delito, trayectoria… etc.), por lo que las respuestas han diferido en función de las circunstancias de cada solicitante”, explican las fuentes, que no precisan cuántas se han atendido a favor y cuántas en contra. A ello hay que sumar “la situación epidemiológica de los centros, que hace que el acceso a los mismos esté muy restringido”, puntualizan.

Cabe recordar que elDiario.es Andalucía dio voz a Antonio en esta información publicada el 18 de junio de 2016 pero, posteriormente, en enero de 2017, el centro penitenciario de Córdoba le denegó la solicitud formal para concertar un encuentro informativo “al no presentar motivación” que justificara “la necesidad de dicha comunicación” ya que no existían “garantías suficientes” que aseguraran “el mantenimiento de la seguridad y buen orden del establecimiento”. Con la prisión permanente revisable en pleno debate político por aquel entonces, este periódico quiso abordar un caso que ejemplificaba lo que desde el punto de vista penitenciario se viene considerando como una 'cadena perpetua de hecho'.

Aquella negativa al segundo encuentro entre preso y periodista fue respaldada por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria (en septiembre de 2017) y por la Audiencia de Córdoba (en diciembre de 2017), que añadieron que las referencias al contenido de la entrevista publicada eran suficientes para validar la denegación de la comunicación. Las tres resoluciones quedaron anuladas con la sentencia del Tribunal Constitucional dictada hace ahora un año.

Quejas de APDHA y Asociación de la Prensa de Sevilla

La Audiencia de Córdoba había rechazado el recurso del interno argumentando que elDiario.es Andalucía “ya publicó sus impresiones y opiniones en el contexto carcelario y en relación con su concreta situación”, lo que le permitía concluir que no existía vulneración esencial del derecho a la libertad de expresión “porque la ejerció ya con anterioridad en este mismo asunto, sin que de sus alegaciones se infiriera ninguna variación en cuanto a los temas a tratar”.

El TC otorgó a Antonio el amparo solicitado por su representante legal, Valentín Aguilar, entonces coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Tanto APDHA como la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), con Rafael Rodríguez a la cabeza, denunciaron públicamente, en octubre de 2016 el “apagón informativo” en las cárceles españolas a raíz de este caso. Un juzgado estimó el recurso y anuló aquella sanción pero sin entrar en el fondo de las libertades y derechos fundamentales, manifiestando simplemente que no estuvo bien calificado el hecho. El TC abordó el pasado año de lleno la cuestión, amparando al preso y reconociendo su derecho a expresarse libremente a través de la prensa y el de la población en general a conocer su opinión.

Tanto APDHA como APS presentaron una queja al Defensor del Pueblo de España para que Instituciones Penitenciarias aclarara cuáles eran los criterios concretos en que se ampara la no concesión de entrevistas entre las personas privadas de libertad y los medios de comunicación. En octubre de 2018, el Defensor instaba al Gobierno a modificar la normativa de este tipo de entrevistas, si bien un año atrás el Gobierno rechazaba modificar la norma que le eximía de dar explicaciones para denegar entrevistas con personas presas.

Tras la pionera sentencia pionera del Constitucional, el Gobierno aprobó en junio una nueva Instrucción que ha regulado en España, por primera vez desde 1979, las autorizaciones para que periodistas y medios de comunicación puedan entrevistar a población reclusa, recogiendo la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional. De momento, principalmente por las limitaciones de la pandemia, ha tenido poco uso en los primeros meses desde su implantación.

El Foro Social Permanente ha dado por “superada la fase de inmovilismo que caracterizó al Gobierno de Rajoy” con respecto a los presos de ETA, pero ha advertido de que “no da por buenos” los acercamientos “a medias” a cárceles cercanas a Euskadi. En una rueda de prensa celebrada en Bilbao y recogida por Europa Press, integrantes del colectivo han presentado el documento 'Análisis sobre avances, bloqueos y retrocesos en la resolución de la cuestión de las personas presas', y han defendido que los cuatro centros penitenciarios de Euskadi y Navarra disponen de “suficiente espacio para acoger a todos” los reclusos de la banda.

En este sentido, Nazario de Oleaga y Teresa Toda han destacado que los primeros acercamientos de presos de la organización terrorista llevados a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez se produjeron en septiembre de 2018 a un “ritmo lento, de dos presos por mes”, lo que generó “frustración entre familias y allegados”. Tras destacar que desde julio de 2020 el Ejecutivo central ha mantenido una segunda fase de acercamientos a un “ritmo constante”, que se ha acelerado en el último trimestre del año una media de 5-6 presos por semana“, el Foro ha dado así por ”superada la fase de inmovilismo que caracterizó al Gobierno de Rajoy“.

No obstante, han lamentado que, a fecha de hoy, la mayoría del colectivo de presos que integran el EPPK todavía se encuentra cumpliendo condena en cárceles alejadas entre 600 y 1.100 kilómetros y continúa clasificada en primer grado penitenciario“. ”Aunque se están dando pasos en la buena dirección, aún estamos lejos de un escenario de resolución integral para esta cuestión“, han añadido. En esta línea, han denunciado que solo una minoría de los reclusos de la banda se encuentra en cárceles de Euskadi y Navarra, mientras que la mayoría de los traslados lo han sido a cárceles periféricas de La Rioja, Cantabria, Asturias, Aragón y Castilla-León. ”Desde el Foro Social no podemos dar por buenos esos acercamientos a medias, esos traslados limitados a reducir el kilometraje del alejamiento, difíciles de comprender en el escenario actual. Máxime cuando, como demuestran los datos, los cuatro centros penitenciarios de Euskadi y Navarra disponen de suficiente espacio para acoger a todas estas personas presas“, han añadido.

Asimismo, según han detallado, los acercamientos han afectado mayoritariamente a presos de segundo grado, o en primero con aplicación del artículo 100.2 que lo flexibiliza, mientras que los traslados de personas en primer grado son “los menos”. Por otro lado, han defendido que se dan mayorías y consensos “transversales institucionales, políticos, sindicales y sociales suficientes para que estas cuestiones entren en una fase integral y definitiva de resolución”. “Estos consensos deben ejercer de palanca hacia el Gobierno español y de apoyo frente a los sectores contrarios a dar solución a esta problemática”, han defendido, al tiempo que han lamentado que “no existe un plan explicitado públicamente por parte del Gobierno para esta cuestión.

“Sigue sin abordarse la cuestión de la excarcelación de las personas gravemente enfermas y mayores de 70 años; el acercamiento sigue sin tener a las cárceles vascas como únicos destinos y se sigue haciendo una lectura errónea de la clasificación penitenciaria”, han añadido. Por su parte, Agus Herran y Nekane Altzelai han incidido en la necesidad de que concluya la “excepcionalidad” y se defina lo que han llamado “un plan de reintegración” que permita el “acompañamiento” a los presos en su itinerario individual de reintegración, “tanto en el camino de acceso a la libertad condicional como en la posterior reintegración social”. Respecto a los acercamientos, los miembros del Foro Social se han cuestionado “bajo qué criterios no se puede acercar ya a los presos a las cárceles de Euskadi y Navarra” y han reiterado que es “necesario y urgente terminar con el alejamiento”.

Evolución de grados

Respecto a la evolución de grados, han insistido en que la mayoría de los presos de ETA se encuentra todavía en primer grado, “de ellos un cierto número con aplicación del artículo 100.2, que lo flexibiliza en cierta medida”. En este contexto, han destacado la “voluntad mayoritariamente puesta ya en práctica del colectivo EPPK para realizar ese camino” pero han advertido de que “existen numerosas cárceles en las que la evolución de grados se presenta como un camino imposible de transitar” por la falta de un “programa específico” y el “sesgo ideológico de muchos de los funcionarios responsables del acompañamiento”.

Por todo ello, se han marcado como objetivo para el curso político 2021-2022 que se puedan “comenzar a afrontar los retos encaminados a situar la cuestión de las personas presas en una nueva fase de resolución”. A su juicio, en la nueva fase se deberán afrontar la necesidad de definir “un plan de reintegración que, pilotado desde las instituciones públicas y consensuado con los diferentes agentes, permita el acompañamiento a las personas presas en su itinerario individual de reintegración”. Asimismo, han abogado por “afrontar una solución adecuada, y acorde con el nuevo tiempo político, a la cuestión de las personas condenadas con aplicación de la ley 7/2003”. “Una cuestión no exenta de complejidad donde se deberán seguir los estándares internacionales empleados en la resolución de conflictos, orientando todos los esfuerzos a dar una solución permanente al problema y a la consolidación de la paz y las garantías de no repetición”, han finalizado.

En plena polémica por la unidad didáctica elaborada por el Gobierno vasco para explicar en institutos el medio siglo de violencia en Euskadi, llamada 'Herenegun!' y que ha suscitado las críticas de partidos políticos no nacionalistas y asociaciones de víctimas de ETA, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado en su visita de este jueves a Bilbao y Vitoria su deseo de que el material para deslegitimar el terrorismo en las aulas elaborado por el propio Ejecutivo central y que ya imparten algunas comunidades autónomas se utilice también en la educación vasca. Gráficamente, Grande-Marlaska ha asegurado que la historia tiene que ser la misma para un joven “de Euskadi o de Extremadura” porque “sólo un relato fidedigno evitará un cierre en falso”. 

Cuidándose de evitar el cuerpo a cuerpo interinstitucional con el Gobierno de Iñigo Urkullu, el ministro sí ha dejado claro que le “gustaría” que el material educativo para deslegitimar el terrorismo elaborado por Interior se hiciera llegar también a los “escolares vascos”. El Ejecutivo central ha presentado alegaciones para modular el contenido de 'Herenegun!', si bien se optó por hacerlas llegar por escrito y no, como inicialmente se planteó, mediante una rueda de prensa.

“Si yo he firmado una unidad didáctica me gustaría que fuera la que también los escolares vascos tuvieran. En los elementos troncales no puedo entender que haya un interpretación distinta en Euskadi, en Extremadura, en Andalucía o en Cataluña”, ha zanjado. Ha añadido, frente las críticas de que minusvaloran otros terrorismos como el GAL, que es contrario a “todas” las formas de violencia.

Grande-Marlaska ha hecho estas reflexiones en Vitoria, adonde ha acudido por la tarde tras varios actos en Bilbao. En la capital vasca ha visitado el Memorial que se construye para honrar a las víctimas del terrorismo y, acto seguido, ha firmado un protocolo con el alcalde del PNV, Gorka Urtaran, para financiar desde el Estado la reforma de los exteriores del edificio, ubicado en pleno centro de la ciudad y que pasarán a llamarse plaza de la Memoria. Interior aportará 1,7 millones y el resto hasta completar la inversión total de 3 millones correrá a cargo de las instituciones locales.

El ministro ha destacado el papel del Memorial para honrar a las víctimas y para hacer pedagogía entre las nuevas generaciones. “Sólo un relato fidedigno nos salvará de un cierre en falso”, ha apuntado Grande-Marlaska, que ha pedido “proteger” a las víctimas y aplaudir a quienes desde el Estado de Derecho combatieron a ETA, en referencia a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Por su parte, el alcalde Urtaran ha agradecido la aportación de Interior para remodelar la manzana en torno al Memorial -cuyo edificio fue primero teatro y luego banco- y ha destacado que Vitoria está siempre “con todas las víctimas”.

Lo que aún no está clara es la fecha de apertura. Grande-Marlaska ha explicado a los periodistas que espera a que esté abierto al público “cuanto antes en 2019”. Tampoco Urtaran ha aportado más detalles. Sí han informado de que el próximo 7 de diciembre se reunirá el patronato del Memorial para dar el “empujón final” al proyecto museístico, que incluye un archivo y una zona expositiva en la que, por ejemplo, se recreará el zulo donde estuvo secuestrado José Antonio Ortega Lara.

Tal vez sea conveniente recordar que la Ley Orgánica General Penitenciaria fue la primera ley de la democracia constitucional española. La primera ley que aprobaron las Cortes Generales en la primera legislatura constitucional, es decir, la primera que aprobaron las Cortes Generales elegidas inmediatamente después de la entrada en vigor de la Constitución, fue la LO 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. Dicha LO se publicó en el BOE el 5 de octubre y entró en vigor el 25 de octubre de 1979.

La sociedad española era consciente de que en materia penitenciaria heredaba una situación terrible del régimen del general Franco y que no podía perder un solo minuto en empezar a corregirla. Porque el trato que se dispensa a las personas condenadas a penas privativas de libertad es uno de los indicadores clave para diferenciar una dictadura de una democracia. De ahí la urgencia en la aprobación de la ley.

No cabe duda de que, cuando el legislador aprobó la LO 1/1979, a pesar de que la presión terrorista era muy intensa, no pensó que tal presión se mantendría e incluso se intensificaría una vez que, iniciado el desarrollo del texto constitucional, España dejara atrás el pasado dictatorial e iniciara su andadura como un Estado social y democrático de derecho, en el que se reconocería además el ejercicio del derecho a la autonomía de las “nacionalidades y regiones”, cuya inicial puesta en marcha se haría inmediatamente después de la aprobación de la Ley penitenciaria. Entre octubre y noviembre se pactó el Estatuto de Autonomía Vasco, paso previo a la celebración de las elecciones autonómicas vascas que situaría al PNV al frente del Gobierno.

La LO 1/1979 es, en consecuencia, una ley generosa, la ley propia de una democracia constitucional. Desgraciadamente ha tenido que ser aplicada en unas circunstancias muy distintas de aquellas que previó el legislador. La presión terrorista no sólo no fue a menos, sino que fue a más y la política penitenciaria se convirtió en una pieza esencial de la estrategia antiterrorista. La LO 1/1979 ha tenido que ser reformada en varias ocasiones, la última de ellas en 2003, coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de Partidos con base en la cual se procedió a la disolución de Herri Batasuna.

La política penitenciaria que se ha puesto en acción con base en la LO 1/1979 ha sido la política de un país asediado por un terrorismo de una intensidad muy superior al conocido en los demás países europeos continentales. Ha sido la política penitenciaria de un Estado social y democrático de derecho sin ningún género de dudas, pero ha sido una política muy dura, porque las circunstancias lo eran.

Ya no es así, afortunadamente. El terrorismo, al menos el terrorismo interno que a lo largo de varios decenios condicionó la trayectoria de la democracia española en general y de su política penitenciaria en particular, ha dejado de ser una amenaza para la democracia española. ETA no sólo ha dejado de actuar, sino que se ha disuelto.

Es lógico, en consecuencia, que se diseñe una política penitenciaria que sea coherente con el “espíritu” que presidió la aprobación de la LO 1/1979. Y coherente también con la distribución territorial del poder contemplada en nuestra Constitución. La gestión de las prisiones está transferida a la Generalitat de Catalunya. Esa transferencia no ha podido hacerse al País Vasco como consecuencia de la actividad terrorista de ETA. Pero esa actividad ya no es un obstáculo.

Este es el horizonte coherente con lo que fue el otoño de 1979 en que se pusieron las bases de la democracia española. Ahora que tanto se recuerda la “legitimidad” de la Transición, conviene recordar que es lo que aquella Transición prometía en materia penitenciaria. No se puede seguir haciendo depender la política penitenciaria, que entonces se definió normativamente de la forma en que se hizo, de un terrorismo que ya no existe.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado una breve valoración del comunicado final de ETA en una entrega de premios sobre deporte adaptado prevista desde hace tiempo para la tarde de este jueves 3 de mayo de 2018 en el palacio Euskalduna de Bilbao. La disolución de ETA no ha modificado la agenda del presidente vasco, que en el Parlamento había declinado comentar las novedades con los periodistas, y Urkullu sólo se ha permitido una breve alusión a las víctimas y la convivencia futura en el País Vasco en un acto para nada relacionado con el asunto. Será este viernes cuando, de la mano de la presidenta navarra Uxue Barkos, las instituciones vascas doten de solemnidad al final de la pesadilla terrorista, ya una vez completada toda la escenificación tras el acto internacional programado en la localidad vascofrancesa de Cambo.

Urkullu, en Bilbao,  ha destacado que “el 3 de mayo de 2018 es un día importante de cara al futuro de este país”. “ETA ha dejado de perturbarnos para siempre”, ha apostillado. Ahora toca, según el mandatario nacionalista, “trabajar juntos por un futuro de convivencia normalizada”. Esa memoria ha de asentarse, según ha indicado, “en el compromiso ético, la dignidad humana y los derechos de todas las personas”.

Primera entrevista en meses

Antes, el lehendakari, Iñigo Urkullu, había asegurado en una entrevista en 'El País', la primera que concede en meses (la última en castellano fue en noviembre y en euskara en enero), que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es “sensible” a una modificación de la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA tras la disolución definitiva.

“Tanto el presidente como quienes gestionan la política penitenciaria son conscientes de lo que hablamos. Rajoy es sensible. El Gobierno siempre puso como condición para cambiar la política penitenciaria la disolución de ETA”, manifiesta Urkullu.

El lehendakari Urkullu mantiene un hilo de comunicación directo con La Moncloa en estos momentos cruciales de cara a la desaparición de ETA. Esas conversaciones incluyen una posición conjunta para fijar el mensaje de que “ETA nunca debió existir” pero el Gobierno vasco (apoyado también por el PSE-EE) defiende igualmente que “dentro de la legislación penitenciaria vigente” se atienda el “deseo mayoritario de la sociedad vasca” y singularmente de la izquierda abertzale de “gestionar de otra manera” la política penitenciaria.

Acto en Bertiz con Uxue Barkos

El plan de Urkullu, ya explicitado hace tiempo, supone limitar a 250 kilómetros el alejamiento máximo del País Vasco de los reclusos terroristas. “No supone un reagrupamiento”, aclara el presidente vasco, que demanda también que ETA y sus reos no sólo reconozcan el daño causado, sino que éste fue “injusto”. Urkullu hace extensivo también esa demanda a la izquierda abertzale, que durante décadas dio cobertura política la violencia.

El lehendakari también coordina esta gestión del final de ETA con el Gobierno de Navarra, dirigido por Uxue Barkos, de la coalición impulsada por el PNV Geroa Bai. Está previsto que ambos mandatarios valoren de manera conjunta la declaración de la organización terrorista, un hecho hasta ahora desconocido. Ese mensaje institucional será simbólicamente en suelo navarro y no en la sede de las instituciones vascas en Vitoria (o en Pamplona). El lugar elegido es el Palacio del Señorío de Bertiz a las 16.30, según han confirmado fuentes oficiales.

Como es conocido, recientemente se han publicado noticias relativas a la solicitud de traslado a una prisión cercana a su domicilio para Jordi Cuixart, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace más de 6 meses, acusado de un delito de rebelión, entre otros, en relación al referéndum sobre autodeterminación del llamado “proceso catalán”.

En el Dictamen que acompaña la solicitud que su abogado ha presentado a la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior, se señala un largo enunciado de normas, sentencias y opiniones tanto doctrinales como políticas, favorables a la petición formulada y que afirman tanto el derecho del preso a estar alojado en una cárcel cercana a su domicilio familiar, cuanto el derecho de su familia a tenerlo cerca, en especial, por aplicación del llamado “interés superior” del niño que debe presidir las decisiones administrativas y judiciales que protejan a la parte más vulnerable. A continuación, se indican sintéticamente los presupuestos internacionales y nacionales sobre los que se apoyan los derechos señalados que son, creo, claramente favorables a la petición formulada.

I. En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas.

Hace 3 años se aprobaron las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) que contienen disposiciones sobre ello de modo expreso.

La primera es la Regla 59 que establece que “(…) los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social”. Conviene recordar que esta disposición es aplicable tanto a los presos preventivos como a los penados, es decir a la totalidad de la población penitenciaria.

Por su parte, la Regla 106 indica que “se velará particularmente por el mantenimiento y mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia que redunden en beneficio de ambas partes”.

También en el ámbito de las Naciones Unidas, podemos citar el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisiónPrincipios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, que afirma que, que si lo solicita la persona detenida o presa, será mantenida en lo posible en un lugar de detención o prisión situado a una distancia razonable de su lugar de residencia habitual (Principio 20).

En ambas normas de las Naciones Unidas, cabe notar que, de modo expreso, el reconocimiento del derecho a ser mantenido en una prisión cercana a la residencia habitual, no distingue entre presos preventivos o penados.

II. En el ámbito del derecho penitenciario del Consejo de Europa. Las Reglas Penitenciarias Europeas (2006).

Las Reglas Penitenciarias Europeas, en su última redacción de 2006, constituyen el techo normativo más importante que existe en Europa, del cual deben descender las normas y las prácticas penitenciarias de los Estados Parte. Y es imprescindible recordar que en estas Reglas existen dos principios fundamentales de todo sistema penitenciario de un Estado democrático y de derecho que deben ser respetados escrupulosamente, en cuanto al tema que nos ocupa. Se trata de los siguientes:

El Principio 17. 1. Los internos deben ser destinados a prisiones situadas lo más cerca posible de su domicilio o de su centro de reinserción social.

El Principio 17. 3. En la medida de lo posible, los internos deben ser consultados en relación con su destino inicial y respecto a cada traslado posterior de una prisión a otra.

En el ámbito de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es importante destacar que el Alto tribunal europeo se ha pronunciado en diferentes ocasiones en relación con el artículo 8 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Así, entre otras y en un asunto referente a España, en el apartado 53 de la Sentencia de 24 de mayo de 2011 del TEDH dictada en el Asunto Saleck Bardi contra España, se estableció que:

“El Tribunal ha afirmado en numerosas ocasiones que el artículo 8 implica el derecho de un progenitor a medidas adecuadas para reunirse con su hijo y la obligación de las autoridades nacionales de adoptarlas (…)”.

III. El ámbito del derecho penitenciario de la Unión Europea.

Decisivo es el tratamiento que sobre el derecho a estar en prisión en lugar cercano al domicilio familiar, ha podido dar el Informe del Parlamento Europeo, de diciembre de 1998, en su “Resolución sobre las condiciones carcelarias en la Unión Europa: reorganización y penas de sustitución”, por el que –textualmente- se “Pide enérgicamente que se tome en consideración el entorno familiar de los condenados, favoreciendo, en particular el encarcelamiento en un lugar próximo al domicilio de su familia”.

IV. El ámbito del derecho constitucional y penitenciario español

También en el derecho penitenciario español se reconocen las disposiciones anteriores cuando el artículo 12.1 de la misma Ley Orgánica General Penitenciaria establece que “La ubicación de los establecimientos penitenciarios será fijada por la administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquellos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo socialevitar el desarraigo socia”.

Por todo ello, entre otros, señaló el Magistrado Ramón Vilar Badía (en la VI Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria del Consejo General del Poder Judicial) que hay que referirse a la normalización social como la adopción de medidas tendentes a evitar o paliar los efectos que produce sustraer o arrancar a una persona del entorno social del que formaba parte integrante antes de su ingreso en prisión. Entre esas medidas hay que señalar, como pauta general, la de respetar los derechos de los internos eliminado el sometimiento a condiciones infrahumanas de vida y, como medida de reinserción específica, la fundamental de conseguir que el penado no pierda contacto con el medio comunitario en que estaba inserto en la vida en libertad, siendo esencial para ello destinarlo al centro penitenciario más próximo al lugar de su residencia habitual, para mantener la comunicación con su entorno social sus amigos y familia.

Y es la propia Instrucción 11/2011 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, ésta referida a la pena de localización permanente en centro penitenciario, la que establece en el primer apartado de su “Plan de Ejecución”, la necesidad de que la Administración aúne a la hora de fijar el centro de cumplimiento, el criterio de proximidad al domicilio del internocriterio de proximidad al domicilio del interno.

Por todo cuanto se está diciendo, la política penitenciaria debiera ser utilizada, exclusivamente, sin hacer más diferenciaciones que las establecidas en la legislación correspondiente. Y es en este sentido, que la Magistrada (hoy Diputada del Partido Socialista en el Congreso), Margarita Robles, en entrevista concedida al diario Gara, en fecha 28 de mayo de 2000, señalaba expresamente que

“La Ley General Penitenciaria, sin exclusiones y para cualquier tipo de presos, prevé que estén lo más cerca posible de su lugar de origen. Por tanto, deben cumplir condena lo más próximo posible a su familia”.La Ley General Penitenciaria, sin exclusiones y para cualquier tipo de presos, prevé que estén lo más cerca posible de su lugar de origen. Por tanto, deben cumplir condena lo más próximo posible a su familia

Como se ve, la consideración como derecho de los presos/as a estar ingresados en una cárcel cercana a su residencia, tanto en la legislación como en la doctrina es claramente favorable a su configuración. Y ello desde hace ya muchos años como lógica deducción del derecho internacional, del propio derecho español y de importantes voces de la judicatura, la doctrina y la política penitenciaria.

Esperamos en consecuencia que el Ministerio del Interior dicte una resolución administrativa favorable, ahora que desde un punto de vista procesal la instrucción del procedimiento penal ha finalizado y no quedan diligencias pendientes hasta el momento de celebración del juicio, para el cual aún no hay fecha y puede tardar tiempo. Una medida puramente humanitaria como ésta, fundada en el derecho nacional e internacional podría, en parte, mitigar la profunda afectación que las familias padecen (parejas e hijos pequeños) y que ya llevan recorridos ya más de 35.000 kms con sus traslados constantes para las visitas a la cárcel. Negarlo, supondría no sólo un exceso de rigor y crueldad sino la negación de derechos fundamentales de las partes afectadas que deberán ser entonces recurridas a otras instancias.

David Pla, uno de los últimos dirigentes de ETA, acaba de confirmar a un periódico francés que el debate entre los activistas de la organización terrorista -la práctica totalidad en prisión, como el mismo Pla- sobre la desaparición del último grupo terrorista de Europa está prácticamente terminado. No hay ninguna duda de que la franquicia del terror en Euskadi, que ha perdurado 60 años, cerrará definitivamente “su ciclo y función”, como se detalla en el documento que se ha discutido durante los últimos meses. Los resultados de la votación por la que ETA echará la persiana definitivamente serán presentados previsiblemente en mayo.

Un año después del desarme etarra, lo que pretendía ser la palanca del cambio en la política penitenciaria para los casi 300 presos que tiene aún ETA en las cárceles españolas y francesas, únicamente ha tenido efecto en las prisiones galas. Francia ha acercado desde el pasado mes de febrero a un total de nueve reclusos a cárceles próximas a Euskadi, los dos últimos este pasado viernes.

Por contra, en España, la política penitenciaria del Gobierno de Mariano Rajoy no se ha movido ni un ápice en estos 365 días. Y todo hace pesar que las novedades puedan venir más de lo que pueda decidir el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, que de iniciativas políticas del Ejecutivo popular o de Instituciones Penitenciarias. Más del 90% de los reclusos (unos 230) está en primer grado y sin visos de modificar esta situación para poder acceder a otro tipo de beneficios carcelarios, tras el rechazo a las solicitudes para pasar a segundo grado de quienes lo habían solicitado (la mitad del colectivo). Es previsible que esas denegaciones acaben en la mesa del magistrado Castro.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras conocerse el anuncio anticipado de la disolución de ETA, ha descartado cambios en el régimen penitenciario de los reclusos etarras. “Hay mucho trabajo que hacer antes de poner el foco en los beneficios penitenciarios de quien tanto dolor ha causado”, ha indicado, en alusión a “la resolución de casos judiciales pendientes”, más de 300 en la Audiencia Nacional. Asediado por la corrupción, el empuje de Ciudadanos, el 'caso Cifuentes' y los reveses judiciales en relación al 'procés', el PP no puede permitirse enfadar a las siempre activas víctimas del terrorismo y abrir un nuevo frente de desgaste político.

ETA y el espejo internacional

En esta ocasión, ETA no ha querido mirarse en el espejo internacional, donde algunos grupos insurgentes se han mantenido vivos en la arena política tras abandonar las armas definitivamente. Es el caso reciente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia, que pasó a denominarse a Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (las mismas siglas, FARC), un nuevo partido conformado por excombatientes y colaboradores de la antigua guerrilla. En su estreno electoral, a mediados de marzo pasado, la formación heredera de la guerrilla sacó solo 52.532 votos (un 0,36% del voto) en el Senado. El partido ganador obtuvo 2,5 millones de votos (16,41%), la FARC, quedó penúltima.

La dirección de ETA tiene claro que es su desaparición la que va a permitir “fortalecer el proceso político en todos los ámbitos” y admite además que “nadie entendería que [ETA] se arrogase la dirección, dinamización o referencia del proceso independentista”. Por eso de manera mayoritaria sus militantes creen que les “corresponde cerrar el tiempo del conflicto armado y las situaciones relacionadas, para ofrecer todas nuestras fuerzas a potenciar el proceso político (...) Y la única forma de hacerlo es que tomemos directamente la iniciativa, sin esperar a nada ni a nadie”. Ese es uno de los principales extractos de la propuesta de la dirección de ETA que se ha sometido a debate y votación en estos últimos meses.

Que ETA no se mire en el espejo internacional no significa que, al igual que lo intentara hace ahora justo un año con la entrega de su arsenal en Francia, vuelva a internacionalizar su última escenificación como grupo terrorista. En aquella ocasión, Ram Mannikalingam, máximo responsable de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), verificó la entrega, que finalmente fue menor de la anunciada en la comparecencia pública. También participaron dos religiosos -Mateo Zuppi, miembro de la Comunidad de San Egidio y arzobispo de Bolonia, y el expresidente de la iglesia metodista, Harold Good, quien colaboró en el proceso de desarme del IRA. El CIV dio por “completado” su trabajo el 16 de julio de 2017 y, por lo tanto, dio “por finalizada su actividad” en relación a este proceso.

Descartada la participación de Mannikalingam -quien asesoró en su día al presidente de Sri Lanka durante las negociaciones con los Tigres tamiles-, todas las miradas se han posado en el Grupo Internacional de Contacto que lidera el abogado sudafricano Brian Currin, que presumiblemente puede contar con la colaboración de algunos de los referentes internacionales que ya estuvieron hace un año en Bayona en el desarme.

Pero más allá de los pormenores del acta de defunción de ETA, a las víctimas del terrorismo y los partidos políticos que llevan exigiendo a ETA su desaparición sin concesiones les preocupa más el epitafio que la organización quiera dejar para su historia. Y en el documento a debate y en su último comunicado, difundido durante el pasado Aberri Eguna (Día de la patria vasca), la organización terrorista no envía ninguna señal de autocrítica o de reconocimiento del daño injusto causado. Más bien todo lo contrario.

“La izquierda abertzale no abjurará de sí misma, ETA no renegará de su aportación, pese a estar abierta a la autocrítica, pero tampoco demandará su total legitimación a aquellos que están dispuestos a recorrer el camino de la construcción del Estado Vasco”, apunta en el documento a debate. Y en su ultimo comunicado, ETA ha glosado el “esfuerzo” y la “generosidad” de su militancia en estos 60 años de terror, sin hacer mención alguna a las más de 850 víctimas que ha dejado su actividad criminal. No parece la mejor carta de presentación para cerrar su “ciclo y función” y proceder a su “desmovilización definitiva” en junio.