La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, equiparó el derecho a manifestación con la kale borroka al acusar al BNG de adoptar esa estrategia tras una reunión con Bildu, a los que se refirió como “los herederos de ETA”. “¿Cuáles son las soluciones [de los nacionalistas] en materia de sanidad, de educación, de vivienda, de politica social...? Pues la conflictividad, la manifestación, la contestación social... en definitiva, la kale borroka”. Las acusaciones llegan en vísperas de la celebración de las dos jornadas de huelga en la educación, convocadas por el sindicato mayoritario, la central nacionalista CIG-Ensino, a la que Prado acusa de tratar de “adoctrinar” al alumnado en esa misma conflictividad.

La número dos de los populares gallegos pronunció esas afirmaciones en una entrevista en Onda Cero, donde le preguntaron por el documento aprobado el 15 de octubre por la UPG —la formación nuclear dentro del BNG— y en el que, tras el análisis de la “intensa conflictividad social y política, que se extiende a lo ancho y largo de Galicia” concluían que está “marcando” y la agenda política y por eso “debe ser tomada como prioridad en esta etapa y en este contexto”. Entre los ejemplos que es recogen en el texto aparecen las manifestaciones contra la gestión de los incendios forestales o el proyecto de macrocelulosa de Altri. También las marchas en repulsa del genocidio de Palestina o en defensa del idioma gallego y la huelga educativa.

Todas esas movilizaciones tuvieron un carácter pacífico y, en varias ocasiones lograron un respaldo masivo. Aún así, Prado insiste: “Ese documento sale después de que el BNG fuese al País Vasco a reunirse con Bildu, con los herederos de ETA, y adoptasen esa postura de traer la kale borroka a Galicia”. En su cuenta personal de X, la diputada remata esa afirmación con los emoticonos de una bomba y una explosión.

Acto seguido, la diputada acusó a la CIG —la central con mayor representación en Galicia— de “instrumentalizar” esas directrices. “Estamos viendo cómo está trasladando a los centros educativos un correo electrónico instando al profesorado a participar en una formación para adoctrinar a los chavales con materiales sobre esos asuntos que tienen en esos documentos en los que hablan de conflictividad social: Altri, Lumes Nunca Máis, la sanidad, la educación...”.

“Desde el PP vamos a combatir eso. No vamos a consentir que la CIG intente adoctrinar a nuestros hijos”, añadió, y apeló a la “conciencia” de padres y madres “cuando les digan que les están poniendo en el cole un vídeo o dándoles un material para instigarlos en esa conflictividad social”. Prado los anima a denunciar, “porque desde la Xunta ya se aprobó una normativa donde se habla de neutralidad ideológica”, un eufemismo bajo el que —tanto la oposición como las anpas como los propios sindicatos educativos— consideran que se oculta el intento del gobierno gallego de censurar los asuntos que le resultan incómodos.

Esa misma tentativa de “censura” fue la que denunció CIG-Ensino en un comunicado de respuesta a Prado por sus palabras “impresentables”. El sindicato negó que enviase cartas a los centros y aseguró que lo que mandó fue un correo al profesorado para poner a su disposición “ciertos materiales didácticos” que pueden usar en las aulas para abordar asuntos como “la situación del pueblo palestino o los efectos de los incendios y de industrias contaminantes en nuestro territorio”.

Todos los materiales están en la web de la central y pretenden “fomentar la perspectiva crítica del profesorado” dentro de los contenidos curriculares y los objetivos del marco legislativo. En concreto, argumentan, responen a los objetivos enunciados en el preámbulo de la LOMLOE: “mayor participación y reconocimiento en el currículo de los movimientos sociales que la crisis impulsó, así como atender el desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030, incardinándose en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria”. Eso incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la educación intercultural, la emergencia climática y la transición ecológica.

“Así pues, la CIG-Ensino se reafirma en que todos los materiales didácticos puestos a disposición del profesorado se enmarcan en la legislación educativa vigente y acusa a la secretaria general del PP gallego de querer enfrentar a las familias con el profesorado con unas declaraciones que son una absoluta irresponsabilidad”, concluye el comunicado.

A Jon Ruiz Sagarna le tocó ese día conducir la furgoneta de la Ertzaintza. Eran cerca de las ocho de la tarde y la jornada, una vez más, se preveía violenta en Errenteria (Gipuzkoa), feudo de la izquierda abertzale. Al acercarse a la “estación del Topo” –como se conoce al tren que lleva a Donosti–, el vehículo de la policía autonómica comenzó a recibir una lluvia de cócteles molotov, procedente de individuos que salían de entre los arbustos. Una de las botellas se coló por el hueco de una ventanilla. Las llamas provocaron temperaturas de 1.000 grados centígrados dentro de la furgoneta. Cuando Jon llegó al hospital el casco se le había fundido en la cabeza. Le dieron un 5% de posibilidades de sobrevivir. Pero lo logró. Las graves secuelas que aún sufre impidieron que se vistiera nunca más el uniforme. 

El ataque de Errenteria, ocurrido el 24 de marzo de 1995, es uno de los más brutales cometido por la ‘kale borroka’ (lucha callejera, en euskera), cuya dirección y organización los tribunales atribuyeron a la organización terrorista ETA. Durante más de 25 años, el País Vasco y Navarra sufrieron con intensidad una violencia que no utilizaba pistolas ni bombas activadas a distancia, algo reservado a los comandos de la banda, pero que amedrentó con el fuego a una sociedad. Primero fueron coches con matrícula francesa, luego autobuses de línea, sucursales bancarias, subestaciones eléctricas, cualquier local al que pudieran ponerle la etiqueta de “español”, negocios familiares, medios de comunicación…  

El pasado domingo, treinta años después del ataque en Errenteria, miles de personas se manifestaron en Madrid contra el genocidio en Gaza y en contra de la participación de un equipo israelí en La Vuelta a España, competición que pretendía acabar ese día en el centro de la capital. Algunos manifestantes tumbaron las vallas que protegían el recorrido de los ciclistas y la masa invadió la calzada. Hubo lanzamiento de objetos a la Policía, que cargó contra los concentrados.  

La Dirección General de la Policía reportó una cifra de 22 agentes heridos, sin precisar su consideración, y Podemos ha pedido una investigación por las imágenes de antidisturbios golpeando a manifestantes y lanzándoles vallas. 

El Mundo llevó a su portada que la Policía había identificado a nueve condenados en la Audiencia Nacional por terrorismo callejero. A partir de ese titular, el Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso al frente, se lanzó a hablar de “kale borroka” en el centro de la capital. El hecho de que Pedro Sánchez hubiera mostrado “orgullo” por las protestas propalestinas le colocó en el centro de la segunda conclusión de Ayuso: el presidente del Gobierno hace uso del terrorismo callejero para mantenerse en el poder. 

El número dos de Ayuso en el PP madrileño, Alfonso Serrano, llegó a decir que su partido tenía pruebas de los vínculos de algunos manifestantes con la kale borroka y con el yihadismo. Lo dijo con estas palabras: “Tenemos pruebas de que en esas algaradas, en esa violencia callejera había personas que habían sido detenidas por vinculadas con la kale borroka, personas vinculadas con yihadismo, cuando la Guardia Civil ha detectado autobuses que venían del País Vasco, eso no es Madrid”.

El Ministerio del Interior ha difundido los datos que le suministró la Policía: 97 identificados sin que conste entre ellos antecedentes por terrorismo, tampoco yihadista, como publicaron otros medios. De las 97 personas a las que se requirió su documentación, de entre los miles de asistentes, siete tenían antecedentes por delitos comunes y cuatro por desórdenes públicos relacionados con protestas de carácter político.

Cuando los periodistas preguntaron de nuevo a Serrano por si tenía el PP otra información, aseguró que cuando dijo tener pruebas de esos vínculos se refería a las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación y subrayó que a él le merecen más credibilidad que el Gobierno.  

Fran tiene 23 años, es farmacéutico y vive en Alcalá de Henares (Madrid). No participó en la protesta. Fran cuenta que no está “muy puesto en el día a día de la política”, pero sigue a los principales periódicos en redes sociales y, cuando algo le interesa, busca información. Lo suficiente para escuchar a Isabel Díaz Ayuso mencionar estos días un término que no le suena de nada, “kale borroka”. Cuando conversa con elDiario.es, Fran dice que ya se ha interesado por él, aunque reconoce que no puede decir mucho del fenómeno, más allá de que consistió en “una serie de actos violentos y golpistas en el País Vasco”. “Pero tampoco me hagas mucho caso”, apostilla. 

Navarra realizó una encuesta en 2021 preguntando a los adolescentes de la ESO por ETA. Más del 40% desconocía qué era la organización terrorista y solo el 0,5% sabían quién fue Miguel Ángel Blanco, el joven concejal del PP en Ermua (Bizkaia) al que la banda asesinó el 13 de julio de 1997 tras un secuestro exprés que incluyó un ultimátum al Gobierno sobre sus presos. 

En 1985, hace cuarenta años, la kale borroka ni siquiera se llamaba así. La tarde del 29 de marzo de ese año se produjo uno de los grandes hitos en la lucha policial contra ETA. En un caserío de la población francesa de Bidart, la Policía de ese país, con información de la Guardia Civil, detuvo por primera vez a toda la cúpula de organización terrorista. Al entonces jefe del aparato político de la banda, José Luis Álvarez Santacristina, 'Txelis', se le incautó un documento que alumbraría el trabajo de los servicios de Información en años y décadas posteriores: el reparto de tareas dentro la actividad terrorista entre los grupos X, Y y Z. 

Los grupos Z eran los comandos de la organización terrorista. Asentados en un territorio o itinerantes fueron responsables de las casi mil víctimas mortales causadas por ETA en sus cuatro décadas de historia, ya fuera por el método del tiro en la nuca o el coche-bomba. Los otros dos grupos practicaban los que después se denominaría “terrorismo de baja intensidad”. 

Los grupos X actuaron entre 1984 y 1989 y se dedicaban a las algaradas callejeras tras las manifestaciones. Su actividad surgió a raíz de la decisión de Francia de comenzar a entregar a presuntos miembros de ETA que se escondían en el país vecino sin necesidad de abrir un procedimiento judicial de extradición.

Fueron los grupos Y (taldes, en euskera) los que dieron forma a lo que después se llamaría “kale borroka”. Documentos incautados a la organización terrorista identifican como “noche de los cuchillos largos” el ataque a más de 40 sucursales bancarias con motivo de las negociaciones de Argel, el 12 de noviembre de 1988. Mientras los comandos de ETA guardaban la tregua por la negociaciones con el Gobierno de Felipe González, la organización incendiaba las calles, canalizando los sabotajes a través de Jarrai, la organización juvenil. Así lo recoge la sentencia de 2007 que ilegalizó a Jarrai por ser parte de ETA y también a sus sucesoras, Segi y Haika.  

“Reforzar la actuación de la banda”

Quien habla a elDiario.es es un comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía destinado al combate a la organización terrorista durante 30 años: “La importancia de los grupos Y es que están dirigidos directamente por ETA. Actuaban en zonas para reforzar la actuación de la banda, donde ETA había perdido intensidad o había recibido golpes policiales. Si caía el comando Donosti se activaba la kale borroka en Gipuzkoa. Si los comandos recibían la orden de parar por la declaración de tregua, los grupos Y continuaban golpeando”.

En 1996, María José tenía 23 años y residía en su Pamplona natal. Su padre y su hermano trabajaban en un concesionario de Renault, que contaba con taller de reparación, en Burlada, localidad colindante con la capital navarra. Una noche de sábado, la Policía llamó a su casa. El negocio ya había sufrido una docena de ataques que consistían en la quema de la puerta del local, la rotura de los cristales de la exposición de coches… “De ese día, mi padre siempre cuenta cómo al salir a la carretera y ver el resplandor del fuego entendió que aquello no era lo de otras veces”, rememora María José.

Los daños fueron tales que hubo que demoler el concesionario y el taller. Catorce trabajadores se quedaron en el paro. El padre de María José acabó jubilándose y su hermano emigró a Extremadura, donde un amigo le ofreció trabajo. “Al desastre, a la injusticia, se unía la tremenda soledad que sentimos y la indiferencia de la sociedad. Con aquel atentado y con el resto”, explica María José treinta años después. 

Aquel 1996, en que José María Aznar llegó al Gobierno tras jubilar políticamente a Felipe González, fue el peor de la kale borroka. Se registraron 1.113 actos de terrorismo callejero. Entre 1987 y 2014, los sabotajes registrados ascienden a 9.370, según una recopilación de la ya desaparecida agencia VascoPress. ETA anunció el cese definitivo de la violencia el 20 de diciembre de 2011, pero aún se registraron en los años siguientes episodios de terrorismo de baja intensidad, probablemente al margen de las directrices de la dirección de la banda, que se disolvería por completo en 2018.

El ataque al concesionario de Renault en Burlada fue uno de los muchos que integraron la nueva “estrategia de desestabilización” por parte de ETA a mediados de los noventa. El periodista Florencio Domínguez, una de las voces más autorizadas en la disección de la organización terrorista, lo plasmó en su libro “De la negociación a la tregua. ¿El final de ETA?”, publicado en 1998. Así lo recogió el que hoy es director del Centro para la Memoria de las Victimas del Terrorismo: “Lo que comenzó como un intento de no dejarse arrebatar la calle por los pacifistas deriva en una estrategia sistemática para atemorizar y silenciar cualquier opinión que no coincida con la de los encapuchados. Se agrede por llevar un lazo azul, se amenaza en su propia casa al profesor que difunde análisis que no gustan y se va a realizar ‘la saca’ de un alumno pacifista en clase para darle una lección inolvidable. Aparte, claro está, de rociar de gasolina al conductor del autobús que se resiste, de abrirle la cabeza a quien no permite que le crucen al coche como barricada y agredir a la mujer que les recrimina por la calle”.

Los cócteles “químicos”

Una modalidad de la “lucha callejera” consistía en detener un autobús con pasajeros dentro, obligarles a bajar y prender fuego al vehículo. En ocasiones, los terroristas se precipitaban y lanzaban los cócteles molotov antes de que estuviera completamente vacío, o sacaban a golpes al conductor. “Es un milagro que no haya habido un muerto por la violencia callejera”, explica una periodista que trabajó durante décadas en uno de los medios de Euskadi señalados por ETA.

Los grupos Y y la kale borroka perfeccionaron sus métodos durante los años en activo. Los cócteles molotov pasaron de ser botellas de vidrio, con gasolina dentro y un trapo encendido, a incluir químicos que prendían al contacto con el oxígeno, cuando el artefacto se rompía tras ser lanzado. Los nuevos ‘ingredientes’ del cóctel molotov dificultaban apagar el fuego que provocaban. Es el tipo de artefacto con los que los violentos quemaron la furgoneta de Jon y sus cuatro compañeros ertzainas. 

También se depuró la preparación. Para que las Fuerzas de Seguridad no dieran con los ‘zulos’ donde se escondía el material, los grupos de kale borroka directamente prescindieron de ellos. “Compraban el material el mismo día del ataque o el anterior, y lo dejaban en la herriko taberna (locales de la izquierda abertzale) o en alcantarillas”, narra el comisario de la Policía Nacional. 

En el año 2000 se modificó el artículo del Código Penal para, entre otras cuestiones, elevar considerablemente las condenas a aquellos que participaran en sabotajes o ataques a intereses públicos y privados siempre que tuvieran por objeto “la finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”.

La reforma pretendía castigar con más dureza los sabotajes vinculados a la ‘kale borroka’ que a cualquier otra acción del tipo que no estuviera vinculada a ETA. En la nueva redacción del artículo se incluía que del tipo penal podía ser responsable cualquiera, sin necesidad de “pertenecer a banda armada”. También en 2000, la Ley del Menor hizo a los padres “responsables solidarios” de los daños causados por sus hijos. 

El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desempeñó su carrera de juez en Euskadi entre 1990 y 2003, trece años de intensa actividad de la organización terrorista ETA y su kale borroka. Marlaska es uno de los magistrados que cargó con el féretro de su amigo José María Lidón, el magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia al que un etarra mató a tiros una mañana de 2001 cuando salía de su casa. El propio Marlaska apareció en una lista de objetivos del comando Bizkaia desarticulado por la Guardia Civil en 2008.

“Como vasco, y no me gusta decirlo, como víctima de la organización terrorista ETA, como funcionario público que hizo frente a ETA, me parece una gravedad manifiesta calificar lo del domingo como kale borroka”, lanzó a los diputados del Partido Popular. “Dejen de frivolizar” con la violencia de ETA, les pidió. Ocurrió en un debate parlamentario en el que los conservadores volvieron a acusar al Gobierno de orquestar “un complot para sabotear” la última etapa de La Vuelta Ciclista a España.

“Las declaraciones del consejero son perfectamente comprensibles”, ha subrayado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), sobre las acusaciones vertidas este lunes por parte del titular de Salud, César Pascual, a sindicatos y partidos de la oposición, tildando su labor de “'kale borroka' sindical” y de “terrorismo político”, en relación a la situación sanitaria en Reinosa, que el pasado jueves volvió a estar sin médico de SUAP ni UVI móvil, en una noche en la que durante una emergencia hubo que recurrir al SUAP de Mataporquera, que no pudo hacer nada cuando llegó porque el paciente había fallecido.

La jefa del Ejecutivo cántabro ha respaldado así a su consejero de Salud y ha justificado el señalamiento que efectuó este lunes a través de los calificativos citados anteriormente --y que ha definido como “duros”-- en el “nivel de iniquidad, de miseria y de carroña política que se está viviendo con determinados asuntos en esta región”.

“Me parece que nada puede ser más insoportable, más injusto y más reprobable que acusar o tratar de acusar a un Gobierno y a un consejero del fallecimiento de una persona”, ha expresado Buruaga, cuestionada por los medios a este respecto durante una rueda de prensa celebrada tras reunirse con los partidos de la oposición para hablar sobre su reciente encuentro con Pedro Sánchez en Moncloa.

La presidenta de Cantabria ha defendido que “no todo vale” y que “hay cosas que no se pueden permitir”, haciendo hincapié en que la denuncia del sindicato CCOO “se fundamenta en una mentira”. “El hombre falleció de un infarto fulminante y no se hubiese salvado ni en un hospital rodeado de cien médicos porque fue una parada en asistolia irresoluble, fulminante y definitiva”, ha argumentado.

CCOO ha reclamado este martes a Pascual que se retracte de sus “graves acusaciones”, a lo que Buruaga ha respondido que a ella “también le gustaría que CCOO se retracte de su postura”. Para el sindicato, las palabras del consejero son “intolerables”: “No están a la altura de quien está al frente de uno de los principales cargos políticos del Gobierno de Cantabria”, ha señalado su secretaria general, Rosa Mantecón, advirtiendo de que estudiarán “posibles implicaciones legales”.

“No vamos a tolerar ni consentir este tipo de acusaciones que lo único que buscan es desprestigiar a una organización sindical que actúa con rigor y siempre en defensa de los profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y en beneficio de la ciudadanía de Cantabria, que es merecedora del mejor sistema de salud posible, y siempre en condiciones de igualdad”, ha sentenciado.

“Prepotente, faltón e inadmisible”

Los partidos de la oposición, cuestionados sus portavoces al respecto de este asunto, han criticado las acusaciones vertidas por el consejero. PRC y PSOE han sido especialmente duros con Pascual. El regionalista Miguel Ángel Revilla le ha recriminado “sus gravísimos insultos y descalificaciones” y ha pedido a Buruaga que le haga rectificar. “Nunca en Cantabria un gobernante ha sido más prepotente y faltón”, ha señalado, echando en cara al consejero que “trate de negar el desastre de la sanidad en Cantabria insultando gravemente a los que lo denuncian”.

El socialista Pablo Zuloaga se ha referido a “manifestaciones inadmisibles en un consejero”, al “insultar a los sindicatos y a cada uno de los grupos políticos que hemos puesto en tela de juicio la situación sanitaria”. Asimismo, ha acusado a Pascual de “perjudicar a todos los cántabros al convertir la sanidad en un business” y ha pedido a Buruaga que “cumpla con los servicios públicos de Cantabria”. “No puede ir a Madrid a decir que la sanidad pública en Cantabria cuesta más que en otros lugares de nuestro país si no la está prestando debidamente”, ha sentenciado.

Finalmente, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha considerado que las palabras del consejero no han sido “adecuadas”. “A la hora de explicar su posicionamiento en cuanto a las críticas, ya sea de partidos políticos o de sindicatos, podrá ser todo lo firme que considere, pero sin entrar en calificativos que tienen muy poco de constructivos”, ha explicado la diputada del partido de extrema derecha.

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa por posible terrorismo contra Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg por su papel en la plataforma Tsunami Democràtic y las manifestaciones masivas de 2019 contra la sentencia del procés. En su auto, los magistrados que han admitido la petición de Manuel García Castellón argumentan que el terrorismo no es solo ETA o el yihadismo y que la organización y los destrozos de Tsunami permiten, al menos por ahora, investigar por terrorismo. Otras resoluciones, como las de la Audiencia Nacional que no vieron terrorismo en los actos de violencia callejera de marzo de 2017 en Pamplona, fueron más restrictivas en considerar lo que es o no actividad terrorista.

En su auto de admisión a trámite, los jueces del Supremo explican que, además de detención ilegal, coacciones, atentado contra la autoridad, daños y falsedad documental se habría podido ejecutar un delito de terrorismo. El documento desliza que creen que Tsunami Democràtic y su organización cumplen los requisitos necesarios para ser considerados un grupo criminal o terrorista: buscó sus objetivos “con perfecta ideación y estrategia y distribución de funciones”, dice. Pero las opciones de menor intensidad, añade, también justifican una causa por terrorismo.

Las últimas reformas legales de 2015 y 2019, basadas en criterios de la Unión Europea, retiran esa exigencia: “Siendo indiferente que el delito se cometa por un grupo u organización o por personas de forma individual o colectiva aunque no estén integradas en aquellas organizaciones o grupos terroristas”. La clave, entiende el Supremo en este auto, es que persigan sus mismos fines.

Además, añaden, para ellos el terrorismo no es “un fenómeno estático”, sino que “se amplia y diversifica de manera paulatina y constante, en un amplio abanico de actividades”, tal y como dijo la Sala de lo Penal en 2015 para condenar a penas de hasta un año y diez meses a 20 personas por el caso de las 'herriko tabernas'.

Para la porción de la Sala de lo Penal que hace unos días admitió a trámite la exposición razonada de García Castellón, Tsunami Democràtic cumple los requisitos para ser investigado como un grupo criminal con todos sus componentes, pero también entiende que se podría recurrir al conocido como terrorismo de “baja intensidad”, presente en altercados y disturbios derivados de la kale borroka aunque la mano de ETA no estuviera directamente detrás de los hechos.

Así lo dijeron también en 2007, cuando confirmaron ocho años de presidio para un hombre implicado en altercados callejeros en el verano del año 2000 en Donostia. Con el objetivo de “contribuir a los fines de la organización armada ETA”, dijo entonces el Supremo, usaron cócteles molotov para quemar un cajero automático, dos autobuses y atacar a una dotación de la Brigada Móvil de la Ertzaintza. Fue condenado no por terrorismo como pidió la Fiscalía, pero sí por atentado a agente de la autoridad y tenencia de explosivos. Da el salto el Supremo a otra sentencia, esta de 2013 que afirmó que los actos de violencia callejera pueden ser llevados al capítulo de terrorismo del Código Penal.

También se basa en otra de sus sentencias, la que impuso condenas de hasta seis años de cárcel a dos personas con antecedentes que, en octubre de 2001, quemaron media docena de cajeros automáticos en Santutxu (Bilbao) con cócteles molotov. Tenencia de explosivos y daños terroristas, en ese caso. No hubo octavillas ni símbolos etarras, dijo el Supremo, pero “no se sostiene la hipótesis alternativa”.

Todo lo que hicieron “coincide con particular exactitud” con la estrategia del terror que desarrollaba ETA en esos años en las calles del País Vasco. Finalmente, recuerdan los jueces que hace menos de un año se alinearon con la Audiencia Nacional para imponer cuatro años de cárcel a dos hombres responsables de un zulo de ETA encontrado en 2018 en Durana (Álava) con material explosivo y propaganda etarra. Una condena por terrorismo, dijeron entonces, “no procede de la pertenencia de sus miembros a un grupo, sino de la naturaleza de la acción, que coincide con los fines terroristas”.

Los disturbios de Pamplona

Un caso que no llegó a pasar por el Tribunal Supremo –la Fiscalía reconoció la derrota y nunca recurrió en casación– fue el de los detenidos por los disturbios y destrozos en Pamplona el 11 de marzo de 2017. Ese día, distintos grupos se manifestaron bajo el mensaje 'Errepresioari Autodefentsa' por las calles de la capital navarra, protagonizando graves disturbios que terminaron con enfrentamientos a pedradas con la Policía. La sentencia firme del caso no encontró terrorismo, tal y como afirmaba entonces la Fiscalía.

Antes de llegar a juicio el asunto pasó por el Tribunal Supremo, cuando tocó decidir si la causa sería instruida en un juzgado de Pamplona o en la Audiencia Nacional, por terrorismo. Los hechos, dijo la Sala de lo Penal en un auto, “ocasionaron una evidente alteración de la paz pública y pusieron en grave peligro la integridad de los funcionarios de policía y demás ciudadanos”. Se cruzaron con gritos a favor de ETA y, en conjunto según el Supremo, “al menos de forma indiciaria” los hechos podían ser “perfectamente subsumidos en el delito de terrorismo”.

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional no opinó lo mismo. Después de que el primer tribunal que juzgó el caso impusiera condenas de hasta dos años de cárcel a los cuatro implicados por desórdenes públicos, los jueces rechazaron el recurso de la Fiscalía al entender que las pruebas no hacían “ninguna referencia precisa a la participación de una organización terrorista o grupo concreto”. Tal y como dice el Supremo en el auto de Puigdemont, no hace falta que el acusado tenga carnet de pertenencia a un grupo terrorista, pero sí ponía el listón más alto: “Aquella ligazón requiere prueba”.

En ese caso, dijo la Audiencia Nacional, “no se actuaba con la protección o amparo de la banda terrorista ETA o cualquiera otra, lo cual niega no solo la falta de apoyo logístico, sino la ausencia de directrices u órdenes e incluso que la intención de los condenados fuera actuar en nombre o coadyuvando en algo a la organización ETA”.

Parte importante de la instrucción que ahora se abre en el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, por tanto, tendrá que incidir en si los disturbios callejeros que les acusan de promover tenían detrás un grupo terrorista o si, al menos, compartían sus objetivos. Ellos, según este primer auto del Supremo que da comienzo al caso, ejercieron además como “hombres de atrás”, que “pudiendo evitarlo” no lo hicieron.

Desconocidos han lanzado pintura de color azul y negro contra la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN) en la localidad de Burlada, según ha dado a conocer el propio partido en su cuenta de Twitter.

El PSN ha señalado que “actos como este no tienen cabida en una sociedad democrática” y ha mostrado “todo” su apoyo a los socialistas de Burlada.

Además, desde los socialistas navarros ha lamentado que haya quien “constantemente demuestra que no sabe vivir en una democracia, quien sigue anclado en el triste pasado. Y existe quien les alienta y señala al enemigo. No han aprendido nada. Lo único que consiguen es que sigamos con más fuerza trabajando por nuestras convicciones”.

David Urdín Pérez, al que se llegó a situar en la dirección de ETA al ser desmanteladas sus últimas cúpulas, ha decidido entregarse para someterse el jueves al único juicio que tenía pendiente en la Audiencia Nacional por varios actos de kale borroka en diferentes puntos de Navarra en 2006 y 2007.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Urdín, que figuraba en la lista de miembros de ETA en busca y captura, ha comunicado su entrega voluntaria por esta única causa contra él, que previsiblemente podría saldar con un acuerdo de conformidad con la Fiscalía el mismo día del juicio. Por estos hechos fueron procesados cuatro jóvenes junto a Urdín, que era el único que faltaba por juzgar del grupo, al haber permanecido varios años huido tras quedar en libertad dos años después de su detención en 2007.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide para él 27 años de cárcel por siete delitos de daños terroristas y otro de tenencia de sustancias incendiarias y explosivas, en relación a varios actos de vandalismo que los acusados perpetraron “guiados por la intención de colaborar con los fines de Segi-Jarrai”, la rama juvenil de ETA.

A Urdín se le acusa de haber participado el 25 de febrero de 2006, junto a otro acusado ya condenado, en un ataque en la estación de tren de Carrascal en Unzúe (Navarra) mediante el lanzamiento de dos artefactos incendiarios sobre una máquina de reparación de vías férreas a la que causaron daños.

El 24 de mayo de 2007 procedió, junto a otros de los procesados, a seccionar la línea férrea Alsasua-Tudela, a la altura del término de Oloriz, Navarra, lo que provocó la caída de la catenaria sobre la vía y la interrupción del tráfico ferroviario. Minutos después del ataque, se recibió una llamada en la Central de Emergencias SOS Navarra alertando de que el trayecto ferroviario había sido cortado en varios tramos. “Esto es una respuesta al pucherazo y en busca de solución al conflicto”, señaló el interlocutor, según recoge el escrito de Fiscalía. Los daños fueron valorados en 23.400 euros.

También se le atribuye haber participado en agosto de 2007 en otro sabotaje en la vía férrea Pamplona-Castejón cortando los cables de la catenaria, lo que causó daños valorados en 6.528 euros.

Los autores volvieron ese día a alertar a SOS Navarra: “Se han realizado varios sabotajes en la línea férrea de Navarra para parar los trenes, se han realizado para denunciar que Nafarroa, foral y española, siempre estaremos en manos de la derecha... y para reclamar un marco democrático en Euskalerria que permita defender todas las ideas en igualdad de condiciones. Gora Nafarroa libre eta socialista”, dijeron.

La Fiscalía le sitúa en otros ataques entre septiembre y noviembre de 2007: el lanzamiento de artefactos incendiarios contra una entidad bancaria y una oficina de Correos en Pamplona, otros sabotajes en vías férreas, y la colocación de un artefacto mixto (incendiario-explosivo) en la sede de UPN en Catarroso (Navarra).

Al ser sometido a vigilancias policiales antes de su detención en 2007, los agentes le observaron visitando ciertos establecimientos y depositando en la basura “una serie de restos, que una vez recuperados, hacen presumir que estaba confeccionado artefactos explosivos-incendiarios”. En el registro de su vivienda se encontró también material para la preparación de ese tipo de artefactos caseros, así como un panfleto con el anagrama de Jarrai, guantes sueltos, y una cuartilla manuscrita que empieza con el texto: “salir disfrazado de casa...”.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional –dedicada a revisar los fallos del tribunal especial– ha mantenido la condena a dos años de cárcel por un delito de desórdenes públicos a cuatro jóvenes por los disturbios ocurridos durante una manifestación en el casco antiguo de Pamplona en marzo de 2017. Los magistrados siguen sin apreciar terrorismo en estos actos, ya que consideran que los acusados no actuaron “al amparo de ETA”, informa Europa Press. 

La sentencia rechaza así el recurso de la Fiscalía, que pedía condena por un delito de desórdenes públicos terroristas y no genéricos al entender que los hechos se corresponderían con lo que se conoce como kale borroka. Frente a este argumento se habían opuesto algunos acusados, que pedían la confirmación de la sentencia de instancia, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal el pasado junio.

La Sala de Apelación examina en su resolución la evolución legislativa en cuanto al delito de desórdenes públicos de naturaleza terrorista y señala que para que se pueda condenar por dicho delito, éste debe ser cometido por una organización o grupo terrorista o bien cometerlo al amparo de estos.

De este modo, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique López, descarta que los acusados actuaran al amparo de ETA, “algo que, de contrario, requiere una prueba suficiente para poder calificar los desórdenes de terroristas”.

Los jueces subrayan que con la nueva regulación tan sólo se requiere que el delito lo cometa una organización terrorista o, de forma individual, al amparo de ésta, y que ya no se precisa aquella pertenencia o cooperación, de la tal suerte, indican, que ahora basta una ligazón más débil o menos intensa que no requerirá la concurrencia de una cooperación en sentido normativo.

“Ahora bien –puntualizan–, aquella ligazón requiere prueba, en primer lugar, de la existencia de organización o grupo criminal y, en segundo lugar, actuar bajo el amparo de aquella”.

Sin prueba suficiente 

De este modo, según la sentencia, los hechos probados demuestran que los acusados no actuaron “con la protección o amparo de la banda terrorista o cualquier otra, lo cual niega no sólo la falta de apoyo logístico, sino la ausencia de directrices u órdenes e incluso que la intención de los condenados fuera actuar en nombre o coadyuvando en algo a ETA, y ello no porque no hubiera ocurrido, sino porque a juicio de la Sala no se ha acreditado en el acto del juicio oral”.

La Sala remarca que en la sentencia inicial se declaró probado que desde la iniciativa de la izquierda abertzale radical autodenominada 'Errepesoari Autodefensa' se promovió una manifestación en el transcurso de la cual un grupo de individuos, con las tareas perfectamente distribuidas y que usaban guantes, embozados mediante capuchas y camisetas que ocultaban su rostro, actuando con el propósito de alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadanos, realizaron violentos incidentes de orden público y ataques perfectamente organizados.

También se consideró probado que durante la manifestación de Pamplona se gritaron consignas como “Borroka Da Bide Bakarra” (“la lucha es el único camino”), “Gora ETA” (“Más ETA” o “Viva ETA”) y “Euskal Presoak” (“Presos Vascos”).

Sin embargo, la Sala de Apelación cree que, con la prueba practicada, se puede concluir que “no existe en el atestado policial ni en las declaraciones de los agentes policiales” que investigaron los disturbios “ninguna referencia precisa a la participación de una organización terrorista o grupo concreto, más allá de que la manifestación se desarrolle en el contexto de unas jornadas de lucha bajo una iniciativa denominada 'Errepresioari Autodefensa', que engloba una serie de entidades vinculadas a lo que dichos agentes han definido como izquierda abertzale radical, disidente de la línea oficial”.

Recoge J.A. Marina en su “Despertad al diplodocus – una conspiración educativa para transformar la escuela…y todo lo demás.” unas palabras de Michael Fullan “La clave del éxito en todo el sistema está en situar la energía de los educadores y estudiantes como el motor central”. Su llamada a la movilización educativa para obtener en cinco años un cambio sustancial en el sistema educativo que garantice el éxito educativo del 90% de la población escolar y las competencias y condiciones necesarias para lograr la felicidad personal y colaborar con la felicidad social se le antojan a uno como objetivos sensatos y plausibles para el conjunto del estado. Pero en cuanto uno deja el libro y sale a la calle, los ve cargados de un exceso de ilusa utopía e ingenuidad.

El filósofo, autor entre otros del libro blanco de la educación por encargo del actual ministro de Educación en funciones, nos habla de una conspiración para el cambio educativo y que éste puede comenzar en cualquier lugar, “con independencia de las leyes, de los condicionamientos políticos o económicos, siempre que tenga libertad de enseñanza.” Marina nos dice que el “primer agente de movilización debería ser la escuela”. Lo comparto en su totalidad.

Reitera su ya conocido por enésima vez repetido proverbio africano “para educar a un niño hace falta la tribu entera” al que le ha añadido un pequeño corolario no tan conocido pero imprescindible para abordar la cuestión con una dosis de realismo “Para educar a un niño hace falta una buena tribu”.

Uno, a la luz de la última movilización del 16,17 de marzo en Euskadi y Navarra contra la aplicación de la LOMCE, el 3+2 y por un sistema propio, se pregunta cómo está la escuela en Euskadi y Navarra, cómo están los educadores y estudiantes. El éxito en cuanto a la respuesta dada por el estudiantado en los centros de secundaria y universitarios de las redes públicas vasco navarras es evidente: paró hasta el apuntador, aunque la incidencia en Araba fue superior. No así en los centros de la red concertada y de las ikastolas privadas concertadas donde, al parecer, o están al margen de estas normas, no les afectan o ya se rigen por un modelo propio satisfactorio para los convocantes. Es decir, quizá entienden los convocantes que con extender el modelo privado concertado y el universitario en vigor ya estarían satisfechos los convocantes. La red concertada en Euskadi es la más desarrollada de España en todos sus aspectos, representa el 50% del sistema educativo vasco es una de las características que hacen nuestro sistema educativo más propio y diferente de las 17 CCAA de España, con perdón, y de toda Europa. Esto es muy propio. Deberían aclarar los violentos estudiantes abertzales convocantes la razón de la no convocatoria en los centros de la privada concertada para evitar malentendidos o sarcasmos. Lo mismo se puede decir en el ámbito universitario: el alumnado de Deusto, Mondragón y la 'Napharrorum Unibertsitatea' del Opus Dei, no fue convocado a la lucha por un modelo propio y en contra del 3+2; o los adictos a los productos de la máquina herramienta convocantes han entendido que no se regirán, al parecer, por el 3+2 o están de acuerdo y lo que se está defendiendo es que el modelo propio nacional vasco que ellos defienden se vertebre en torno a estos centros privados previa destrucción de la EHU-UPV, empezando por la Biblioteca de Vitoria-Gasteiz.

¡Vaya tribu, señor Marina ¡¿ con éstos vamos a conspirar parar llegar a un acuerdo de Estado?

El 15 de febrero de 2013 la práctica totalidad de los agentes educativos firmaban por estas latitudes un manifiesto titulado LOMCE Ez, Gure Hezkuntza Bai; el manifiesto contrario a esta ley y por una “ Educación nuestra” lo firmaba también Ikasle Abertzaleak; estos años se han venido realizando charlas en centros y el pasado 16 de marzo, jueves, convocaron una “jornada de lucha” de infausto recuerdo… Es constatable, al margen de este manifiesto, que hay un acuerdo en contra de la aplicación de la LOMCE que abarca a todos los partidos políticos salvo el PP y a todos los sindicatos salvo algunos que apenas tienen representación en Euskadi, no así en Navarra. De hecho si en la última sesión de investidura Podemos hubiera votado a favor de Sánchez en estos momentos esta ley estaría paralizada y las reválidas pospuestas para el 2017 derogadas.

Ha sorprendido a propios y extraños, la saña y el alto nivel de violencia desplegado, la cantidad de tornillería incautada y los destrozos realizados en el campus de Alava, en especial en la Biblioteca del antiguo y precioso edificio del psiquiátrico de Las Nieves , en Letras y en Ingenieros así como en la calle Fueros y San Prudencio ( cajero de la Vital, fachada del Banco Sabadell-Guipucoano, Stradivarius, Punto Roma…edificio Opera...). Esta jornada de violencia nos ha recordado el quehacer de la kale borroka y, es curioso que allí donde el abertzalismo radical tiene más implantación apenas se ha sentido su incidencia ( Gipuzkoa ) y, sin embargo, en zonas como Vitoria ,por ser, quizá, territorio a conquistar por el mundo nacionalista radical, han echado el resto.

Hasta tal punto ha sorprendido que el portavoz parlamentario de EHBildu antiguo director de Innovación educativa con EA en la Consejería de educación les ha dado la enhorabuena por la “jornada de lucha” y a pesar de negarse a “condenar” los hechos ha tenido que “rechazarlos” pero poniendo el énfasis en el éxito de la convocatoria contra la imposición de la LOMCE y por la defensa de un sistema educativo “propio”. Algunos, especialmente del mundo nacionalista, se conforman con eso; lo han rechazado. Han seguido la misma táctica que con los comunicados de condena de los asesinatos de ETA; se negaban a condenarlos, a lo sumo los rechazaban no los consideraban apropiados… Todavía recuerdo a una parlamentaria de EH Bildu entonces sindicalista de STEE-Eilas negándose a condenar en 1995 el asesinato de Ordóñez, “no sirve para nada” decía , nos meten en el mismo saco con los que condenan..etc. (gran nivel ético para una maestra). Para ellos, no eran criminales terroristas sino gudaris haciendo política con las armas, igual entonces que ahora, el parlamentario Juanjo Agirrezabala afirmó que su formación rechaza sin ningún “género de dudas” y “con total contundencia” los incidentes, pero puntualizó que no está dispuesta su formación ( EH Bildu) a suscribir una declaración del parlamento vasco que “criminaliza” al movimiento estudiantil y obvia lo “más importante de todo: que miles de estudiantes salieron a la calle a reivindicar un sistema educativo de calidad y la derogación de la Lomce”.

Amedrentar, acojonar a la población, aterrorizar debe ser y es objeto del código penal en cualquier estado que se precie de derecho, salvo para quienes hasta ayer se creían legitimados para imponer su proyecto por las armas y ahora por la kale borroka. Hemos avanzado, como se puede apreciar, pero poco.

El portavoz de EH Bildu – Juanjo Agirrezabala- es el mismo que durante la segunda legislatura de EA, con Ibarretxe de lehendakari y Tontxu Campos en Educación son de aquellos que deslizaron de manera obscena el sistema educativo vasco por la senda del adoctrinamiento nacionalista puro y duro con aquel currículo de 2007 cuyo objetivo manifiesto era implantar unos contenidos comunes para el conjunto de Euskal Herria entendida esta como el Zazpiak bat de Sabino Arana, el mismo que consideraba que la lengua preferente del sistema educativo vasco , al margen de lo que diga la Constitución y el Estatuto, debía y debe ser el euskera al margen de que en Alava o en zonas de Gipuzkoa o Bizkaia apenas lo use el 15% de la población o su nivel de conocimiento según los datos del propio gobierno vasco no lleguen al 33%...

Que la legislatura de los socialistas haya depurado estas marcadas huellas adoctrinadoras propias de quienes consideran la lengua y el sistema educativo los instrumentos fundamentales de su “nation building” no nos deben llevar al engaño de pensar que han desaparecido; más bien al contrario. En estos momentos, desechada la etnia, aparcada la lucha armada porque “resta o no suma” – llámese terrorismo- como instrumento para imponer su proyecto totalitario sólo les queda la lengua. Y en eso están tanto aquí como en Navarra. Hasta tal punto es así que ahí se centran todos los esfuerzos del movimiento nacionalista que quiere construir un estado propio en disputa permanente con otras fuerzas nacionalistas más moderadas a las que les ponen el ejemplo de Cataluña su Omnium Cultural, su Asamblea Nacional y su dinámica soberanista como recorrido similar a imitar (Gure esku dago) haciendo abstracción de que sus demandas están manchadas de sangre por la decisión de ETA, HB y sus marcas sucesivas hasta la actual Sortu coaligada en EHBildu con Aralar, Alternatiba.

El tridente nacional sindicalista de ELA-LAB y Stee-Eilas arrasa en los centros aunque luego la realidad es que más de un 40% del personal educativo pasa de ellos y en el ámbito universitario el nivel de desafección sindical en algunos sectores supere el 60% como lo demuestran los datos de participación del personal en las elecciones sindicales en el sector público universitario y no universitario.

Para educar es necesaria toda la tribu nos dice el filósofo, y uno mira a su alrededor, ve esto y se pregunta …, pero qué tribu, qué hacer? Salir corriendo. A nadie se le puede pedir que sea un héroe; me conformo con que en el ámbito de competencia de cada cual todo el mundo cumpla con su papel. Veamos; ¿debe o no debe entrar la Ertzaintza en la UPV-EHU si como es el caso el principio de autonomía universitaria debe conjugarse con otros principios como el principio de seguridad de las personas, su libertad de asistir a clase, su derecho al estudio, su derecho a disfrutar de la biblioteca del centro o al silencio para poder leer tranquilamente en clase? La utilización de espacios públicos para el estudio y la investigación en período de democracia, como en el que estos jóvenes tienen la suerte de vivir, no nos debe llevar a pensar que se puede hacer apología del fascismo, del nazismo o del terrorismo en los centros educativos ni que los comportamientos de auténtico abuso en cuadrilla, encapuchados y en actitud amenazante, de amedrentamiento, deban ser tolerados con indiferencia o permisividad. Deben ser castigados y de manera ejemplarizante para cortar de raíz unas malas prácticas que en los institutos vascos son la mala práctica de cada semana desde hace muchos años.

Se pasa el muerto al director o directora del centro que, para más inri, en algunos casos , coincide con los planteamientos de los convocantes, porque hace ya muchos años que los que no comulgan con los postulados nacionalistas más radicales se han puesto en retirada de cualquier responsabilidad de gestión, dejándoles todo el campo expedito a aquellos que comparten el Guk Geure HEZKUNTZA o, en el mejor de los casos, los que aún tienen la osadía de enfrentarse a ellos, se limitan a recoger los datos de las votaciones de la jornada y proceder a que se desarrolle de la manera más discreta posible; esta situación es insostenible pero muy difícil de reconducir. Está produciendo hace tiempo una gran degradación de los centros públicos. El servicio de inspección se limita a recabar los datos y a esperar la siguiente convocatoria para que el procedimiento sea todo lo democrático que se haya acordado en el Órgano Máximo de Representación del centro, en el que nadie quiere estar salvo los que quieren construir el país a su modo y semejanza. Por cierto qué piensa de estos hechos la red de directores de Primaria – Sarean- o de Secundaria, BHIE, …y otros como EHIGE. ¿Alguno de estos agentes ha condenado los hechos violentos de Vitoria?

Una vez que EH Bildu les ha dado la pauta, no se puede esperar “la condena” ni que vayan más allá del rechazo; es decir, estos organismos no comparten la condena de la mayoría del parlamento vasco, del Ayuntamiento de Vitoria o de sus Juntas Generales. ¿Tendrá algo que ver esto con el hecho de que están al servicio de la misma estrategia que EH Bildu?

No les parece que sería una buena pregunta para educar a toda nuestra tribu educativa responder a esta pregunta: ¿Cómo se llama a quienes quieren imponer sus ideas y su proyecto político y educativo por la fuerza tanto en el aula, en el centro, como en la ciudad? ¿Cuántos docentes han comenzado las clases de esta semana, antes de irse de vacaciones de semana santa haciéndoles esta pregunta a su alumnado? en especial, en aquellos centros donde más cerca se ha vivido la coacción. Estos chicos tan entusiasmados con la “tornillería pesada” y el comportamiento gregario para el ejercicio del amedrentamiento continuado de la Okupa-Ekintza o la Kale Boroka fuerzan la situación porque saben que si ocupan un aula y les cambian el bombín de la cerradura la pueden hacer saltar de una patada o pedir otra para otra actividad y terminar ocupándola, pues no les van a venir a desalojar los de la Ertzaintza porque eso es primera página en la prensa y daña la imagen del rectorado y la UPV-EHU…

También saben que el servicio de seguridad subcontratado no tiene capacidad ni está entre sus funciones proceder a los desalojos. Asistir a los estragos realizados en la Biblioteca e Ingenieros de Vitoria-Gasteiz por estos energúmenos cura contra toda idea benevolente de “por la paz un ave maría” en la que con mucha frecuencia se ha caído; es preciso cortar de raíz este estado de cosas; estado de impunidad. Hay que reconocer que la convocatoria ha tenido un seguimiento multitudinario. Qué pena que la kale borroka ha deslegitimado su movilización porque con sus tornillos, sus provocaciones, su violencia, en definitiva la han convertido en una jornada de violencia injustificada e injustificable.

Si la energía de algunos de nuestros educadores – los más sensatos y valientes- se nos va en domesticar el monstruo que anida en la juventud “alegre y combativa” de EH Bildu y en una parte significativa de su profesorado, que comparte sus planteamientos , y la energía de nuestros estudiantes se va en buscar la manera de justificar la utilización de“ su tornillería pesada” en su “kale borroka” contra nuestro sistema educativo vasco por su carácter español ante la indiferencia y el temor de la gran mayoría, que no quiere líos y que lo único que desea es vivir lo más felizmente su época de joven estudiante, estudiar y aprobar e interesarse por las cosas nuevas que le van surgiendo en la vida, cómo sobreponerse a esta situación para buscar la empatía suficiente para mejorar, acordar y pactar unas mejoras de nuestro sistema.

A veces, parece una estrategia diseñada para acabar privatizándolo todo, eso sí en nombre de lo propio, del euskera y de la construcción de la patria de todos los vascos, esa nuestra gran Euskal Herría que nunca ha existido pero que tiene como referencia el mapa lingüístico de algún estudioso Bonaparte: no hay melancolía más letal que aquella que se genera por la conciencia de haber perdido algo que nunca ha existido como muy bien nos explicó Jon Juaristi en “su bucle melancólico”. Esa melancolía tan triste que nos hace sentirnos víctimas por haber perdido o porque nos han arrebatado algo que nunca hemos tenido y, por tanto, nunca nos han arrebatado ni nos pueden arrebatar.

Estos melancólicos chavales parecen padecer el síndrome de abstinencia… tienen mono y nos anuncian una nueva ofensiva, como si no nos hubieran “ofendido” ya suficiente,; nos anuncian nuevas protestas para el mes de mayo; lo han hecho el miércoles, 23 de marzo, cinco días antes de la celebración del Aberri Eguna, la pascua de resurrección del nacionalismo vasco, a la que se suma este año la sucursal vasca de Podemos, siguiendo los pasos que años antes diera Oskar Matute de la antigua IU de Madrazo luego Ezker Batua y ahora integrado en Bildu que asume la tesis justificatoria del“ conflicto” (gatazka) .

En el fondo, no es descartable que la pérdida de votos de EH Bildu el 20D, a costa de Podemos esté en el trasfondo de este hiperactivismo bildutarra en todos los ámbitos sectoriales, así como en la ansiedad por recuperar el terreno perdido ante los del espantajo podemita, la fuerza más votada por los vascos el 20D para sorpresa de todos. A mí no me extraña, porque Podemos es, en mi opinión, la quintaesencia de la impostura en política. Bueno ellos lo llamarían, como Matute, que es un moderno de pro, “postureo”.

Esta es nuestra tribu educativa, o parte de ella, para ser justos. Ahí se va la energía de nuestros estudiantes y educadores; como se ve, con esta tribu, no hay motivo para el optimismo.

La potente imagen de ocho autobuses públicos ardiendo en lo que ha sido el mayor sabotaje cometido por los grupos disidentes de la línea oficial de la izquierda abertzale desde el final de la actividad terrorista de ETA hace cuatro años es en realidad una estampa debilitada de la capacidad real de este sector disidente de ETA y Sortu.

Los dos principales grupos que se han situado al margen de la estrategia de la izquierda abertzale de final del ciclo de la violencia son IBIL y ATA. Las siglas IBIL se corresponden con Iraultzak Bilguneak (comités revolucionarios), mientras que tras las siglas ATA está el grupo Amnistía Ta Askatasuna, que pretende representar la lucha histórica de los presos etarras frente a las vías abiertas por el colectivo de presos de la organización terrorista agrupados en el EPPK para aceptar la legislación penitenciaria española. Este último grupo ha convocado una manifestación para el próximo 28 de noviembre en Bilbao en favor de la amnistía de los presos de ETA.

Pero su capacidad para realizar sabotajes, casi siempre en apoyo a los presos de ETA, como el llevado a cabo el pasado domingo en Derio (Bizkaia), no tiene ni punto de comparación con una estrategia que sirvió de apoyo a la organización terrorista incluso en etapas de tregua como la de Lizarra (1998-99). La Fiscalía General del Estado, en su memoria de 2015, cifra en diez las acciones de “terrorismo callejero” ejecutadas en 2014. Exactamente el mismo número que las realizadas por estos grupos disidentes en 2013. En lo que vamos de año, en los delitos tipificados como terrorismo contra bienes materiales se han producido cuatro casos (tres en Álava y 1 en Bizkaia), cifras que coinciden con las recogidas en los primeros nueve meses de 2014, según datos facilitados por la Ertzaintza. Por contra, entre 1996 y 2000, los grupos de violencia callejera de apoyo a ETA realizaron un total de 4.858 actos de kale borroka. 

El pasado año, la mayor parte de los sabotajes se produjeron en Bizkaia (siete en total), tres en Álava y ninguno en Gipuzkoa, según la memoria del ministerio público. La mayoría, contra cajeros o instalaciones bancarias de Kutxabank. Pero los más graves tuvieron como objetivo autobuses públicos: el 20 de agosto cinco autobuses resultados calcinados en Loiu (Bizkaia) en un sabotaje en el que se lanzaron en los alrededores pasquines que hacían referencia a los presos de ETA y su situación sanitaria. Este sabotaje fue reivindicado posteriormente mediante un comunicado emitido por un grupo desconocido en el que se reclamaba las puesta en libertad de los presos etarras enfermos.

Al igual que en esta ocasión, Sortu rechazó los sabotajes y precisó que sus responsables se colocaban fuera de la estrategia actual de la izquierda abertzale.

“Proceso de extinción”

Un mes más tarde, el 27 de septiembre, coincidiendo con la celebración el Gudari Eguna (Día del soldado vasco), se quemaron tres autobuses de Bizkaibus en el barrio bilbaíno de Zorroza. En los pasquines lanzados en los alrededores del sabotaje se señalaba que “la lucha es el único camino”, se defendía a “los luchadores de ayer, mañana y de siempre”. Un grupo anónimo reivindicó el acto de violencia callejera y lo enmarcó en el Gudari Eguna.

Se da la circunstancia de que ETA, en un comunicado difundido precisamente ese 27 de septiembre arremetía, sin citarlos expresamente, contra los grupos disidentes que se situaban fuera de la estrategia de la izquierda abertzale, para recalcar que no contaban con su apoyo. A esos sectores críticos les envíaba este mensaje: “quienes están perjudicando la estrategia actual y quienes, con el objetivo de dividir el Movimiento de Liberación, utilizan con malicia la memoria de los combatientes vascos y los habituales símbolos y reivindicaciones de la izquierda abertzale no tienen el apoyo de ETA”. Y para que no hubiera posibilidad de interpretaciones, ETA añadió: “Más aun, ETA considera tales actuaciones muy perjudiciales”.

En cualquier caso, la Fiscalía General del Estado, en su última memoria, ya apuntaba que pese a que ETA no se había disuelto, “las organizaciones terroristas tradicionales de naturaleza marcadamente local o vinculada a planteamientos de segregación territorial han iniciado un irreversible proceso de extinción”. Y ese proceso es muy perceptible también en los casos de violencia callejera: mientras los grupos de kale borroka ejecutaron un total de 4.858 sabotajes y atentados callejeros entre 1996 y 2000, entre 2013 y 2014 esos atentados se han reducido a 20. Los sabotajes persisten, pero en niveles completamente residuales, y los expertos en terrorismo de todas las policías coinciden en señalar que cada vez es más complicado “diferenciar estas acciones de otras propias del ámbito social o laboral”.

“Se trata de acciones de escasa entidad”, se explica en un informe del Servicio de Información de la Guardia Civil, “en su mayor parte actos de propaganda, cometiéndose acciones de carácter mas cualificado con ocasión de hechos muy puntuales”, como el ocurrido el pasado fin de semana en Derio (Bizkaia), que va a suponer un coste al erario público superior a los dos millones de euros.

Más de 6.000 ataques contra las empresas. Ese es el balance de atentados de la historia de ETA y de la ‘kale borroka’ (violencia callejera) dentro de diferentes campañas contra empresas de la comunidad autónoma. Los datos figuran en el Informe Foronda, elaborado por expertos del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, de la UPV. El trabajo, dirigido por el historiador Raúl López Romo, detalla el contexto histórico del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas en el periodo 1968-2010. Entre otras conclusiones, constata el alto grado de abandono social que durante años sufrieron las víctimas de ETA. Pero también aporta datos de todo tipo sobre la actividad terrorista de aquella etapa que muestran la dimensión de la amenaza. Como la que sufrieron los empresarios, bien por medio de atentados directos, secuestros, extorsión o ataques a sus intereses. has Número de atentados

El trabajo documenta 19 atentados de ETA entre 1964 y 1984 debido a conflictos laborales; 218 contra las empresas que construían la autovía de Leitzaran entre 1989-1992 (18 de ETA, 200 de ‘kale borroka’); 320 contra intereses franceses (1979-1992); 225 contra intereses turísticos (1979-2009) y 5.113 ataques de la ‘kale borroka’ a empresas (1991-2013). La campaña de atentados contra intereses turísticos pretendía deteriorar un sector clave de la economía española y así presionar contra el Gobierno.

A esta relación hay que sumar otros 300 ataques contra bienes de Iberduero entre 1977-1984, la empresa promotora de la central nuclear de Lemoiz. “Las bombas de ETA”, explica López en su trabajo, “destrozaron decenas de torres de alta tensión, estaciones y subestaciones eléctricas, locales y vehículos de la compañía eléctrica. ETA se había erigido en abanderada de una causa, la antinuclear, que contaba de antemano con un gran apoyo social, lo cual le permitió mantener cierta imagen como luchadora por causas justas en un momento en el que la mística del antifranquismo iba quedando atrás y el recurso a la violencia comenzaba a perder respaldo”.

Capítulo aparte merecen los secuestros de empresarios. “Por una parte, se dan secuestros rápidos de empresarios con conflictos laborales. Al estilo de las acciones de los tupamaros uruguayos y de las Brigadas Rojas en Italia, estos rehenes solían ser puestos en libertad después de recibir un tiro intimidatorio en la rodilla. La autoría de los ataques solía corresponder a los ‘polimilis’. El objetivo era amedrentar a las víctimas para que se plegaran a las reivindicaciones que pretendían apadrinar los terroristas”. Los empresarios asesinados por motivos de conflictividad laboral en todo el periodo entre 1968 y 2010 fueron Luis Hergueta, directivo de la factoría Michelin de Vitoria, un crimen reivindicado por ETApm en 1980, y el director de la fábrica Moulinex de Usurbil, José María Latiegui, tiroteado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1981.

Secuestros largos y con rescate

Secuestros largos y con rescatePor otro lado, hubo secuestros más dilatados de empresarios a los que se exigía un rescate. “El efecto atemorizador que se buscaba era el mismo que en el caso anterior. Varios raptados por este motivo fueron asesinados, al considerar los terroristas que no se estaban satisfaciendo sus demandas económicas. El primero en correr esa suerte fue el simpatizante nacionalista vasco Ángel Berazadi, cuya muerte en marzo de 1976 provocó la reacción pública más contundente del PNV contra ETA hasta ese momento”.

Junto al incremento de los secuestros, señala López, ETA potenció en la transición la extorsión a los empresarios, “eufemísticamente denominada ‘impuesto revolucionario’, así como los atracos para financiarse”.

Todo ello, secuestros, extorsión, atracos y ataques contra el turismo y otros sectores empresariales, “aparte de tener un efecto psicológico al extender el miedo, tuvo también un fuerte impacto económico”. Entre 1973 y 1997, ETA y organizaciones terroristas afines obtuvieron mediante secuestros una cantidad de dinero que oscila entre 6.500 y 7.000 millones de pesetas de la época (entre 39 y 42 millones de euros). “Mediante la extorsión, iniciada de forma sistemática en 1975 y hasta 1986, ETA había obtenido, según investigaciones del juez Carlos Bueren, 1.163 millones de pesetas [unos siete millones de euros]”.

Una gran pancarta con el lema 'Un guardia civil si se suicida no se redime... pero algo es algo' y un dibujo que simboliza a un agente disparándose en la cabeza está colgada desde hace horas en el recinto de las txosnas de Vitoria, casetas de diferentes colectivos habitualmente cercanos a la izquierda abertzale. El plástico está sujeto entre dos mástiles y situado detrás de la facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Precisamente hace apenas dos semanas una agente de la Guardia Civil se quitó la vida en la capital alavesa.

Las txosnas engloban a distintos colectivos culturales, reivindicativos y políticos -Euskal Herrian Euskaraz, Askapena, Gazte Karpa, Fraking Ez Araba, Iraultza 1921, Presoen Lagunak, Sortu, Hala Bedi. Arabako Bertsozaleen Elkartea y Sukalde- Guerrila- y acogen a miles de jóvenes cada jornada que acuden a celebrar las fiestas de La Blanca y a disfrutar de conciertos y diferentes actividades.

ACTUALIZACIÓN

La Ertzaintza, personada en el lugar tras recibir un aviso, ha comprobado que la lona con el polémico mensaje ya no cuelga del recinto. “Han sido los propios responsables de las txosnas quienes la han retirado sin ser necesaria la intervención de los agentes”, han asegurado desde el Departamento de Interior.

Quinto episodio de violencia callejera esta semana, el último de madrugada con el lanzamiento de varios 'cócteles mólotov' contra la sede del PP en Barakaldo.

Todos los partidos emplazan a las organizaciones de la izquierda abertzale a realizar un pronunciamiento claro contra este tipo de violencia y a hacer pedagogía democrática entre sus seguidores.

Carlos Urquijo critica la "inacción" del Gobierno frente a los actos de violencia callejera y los homenajes a presos de ETA que están siendo excarcelados tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

Los episodios de violencia callejera no cesan en Euskadi. La pasada madrugada un grupo de personas ha lanzado dos 'cócteles mólotov' contra la sede del Partido Popular de Barakaldo sin que se hayan producido grandes desperfectos en la fachada del edificio. El ataque ha tenido lugar a las 4.45 horas. Las bombas incendiarias han ennegrecido la acera, la fachada del edificio y la persiana del local, que se encuentra en un primer piso, pero no ha sido necesaria la intervención de los bomberos.

Este es el quinto ataque de kale borroka en lo que va de semana, aunque supone un salto cualitativo por parte de los atacantes ya que se han usado cócteles incendiarios contra el objetivo elegido: de nuevo una sede del PP vasco. Los anteriores tuvieron lugar en diferentes barrios de la la capital vizcaína, con la quema de varios contenedores de basura, y en Getxo, con el lanzamiento de pintura roja contra la sede de los populares en ese municipio vizcaíno y con el lanzamiento de pintura roja contra la estación de metro en Algorta. Se da la circunstancia de que la moción de condena que se aprobó en el consistorio estuvo apoyada por todos los partidos, salvo por tres de los cuatro ediles de EH Bildu, los vinculados con la ilegalizada Batasuna. En algunos de los lugares donde se produjeron los ataques se lanzaron octavillas en solidaridad con los presos de ETA que estaban entonces en huelga de hambre en el centro penintenciario Sevilla II, protesta que finalizó ayer.

La portavoz del PSE-EE, Idoia Mendia, en una entrevista en Radio Euskadi, ha exigido esta mañana a la izquierda abertzale que se desmarque con claridad de estos sabotajes y que haga pedagogía democrática entre sus bases como una “lluvia fina” frente a estos tics “del pasado”. “Tiene que haber una máxima exigencia por parte de la izquierda abertzale”, ha subrayado la dirigente socialista, algo que ya había exigido también la víspera el portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Sémper. Los populares añadieron, además, que si los líderes de la izquierda abertzale no se desmarcan con claridad de estos hecho, se convertirán en “corresponsables de los actos de violencia callejera que se puedan producir”.

Queja del delegado del Gobierno

Por su parte, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha criticado “la inacción” de la Ertzaintza ante el rebrote de 'kale borroka' en Euskadi y ante los homenajes a expresos de ETA que se están produciendo tras su excarcelación en aplicación de la sentencia de Estrasburgo por la que se deroga la retroactividad de la 'doctrina Parot'. Urquijo ha denunciado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional seis actos conmemorativos a exreclusos y ha asegurado que en ninguno de ellos ha estado la Policía vasca, lo que complica imputar a las personas que han participados en ellos.

En una entrevista concedida a RNE, el delegado del Gobierno ha señalado que ha comunicado unos hechos que considera “que están vulnerando la Ley, tanto la de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo como el artículo 578 del Código Penal, que habla de enaltecimiento, y pedimos al fiscal valore si hay delito o no en esas conductas y comportamientos” porque entiende que el ministerio público es el que “debe instar a la acción de la Justicia”.