Cinco derrotas de ETA hasta la claudicación final
La primera y la última década de los sesenta años de existencia ETA son las únicas que escapan a su historial de violencia, la práctica criminal que le reservó un papel destacado el resto de su existencia, ya fuera en dictadura o democracia. En ambos periodos sin secuestros o asesinatos, la organización terrorista ha tenido un papel marginal, del que intenta salir estos días con un final hiperbólico para quien dejó hace casi diez años de condicionar los movimientos de la izquierda abertzale.
En 2009 se desencadenó una soterrada batalla entre la banda y Arnaldo Otegi y sus colaboradores que sorprendió a ETA en un momento de debilidad sin precedentes, fruto de los continuos golpes que le infligía el Estado. Este es un repaso a aquellos vertigiosos días de hace nueve años y al resto de fracasos que han conducido la organización terrorista hacia su disolución.
1. Matar en democracia y la escisión de ETA-pm
Sin capuchas ni armas sobre la mesa y custodiados por un retrato de José Manuel Moreno Bergareche, Pertur, y el emblema de ETA, una decena de dirigentes de ETA político-militar ofreció el 30 de septiembre de 1982 una rueda de prensa en el sur de Francia para anunciar su voluntad de dejar la violencia, cruzar la frontera y hacer política en el seno de Euskadiko-Ezkerra.
Su organización, ETA-pm, había sobrevivido a la escisión de ETA-militar en su V asamblea, celebrada en 1974. La desconfianza en el proceso de transición democrática llevó a los polimilis a seguir intentando influir en él con actuaciones violentas selectivas. Los que habían sido sus compañeros todavía tardarían 30 años en adoptar la misma decisión. En aquella rueda de prensa de 1982 se pronunciaron frases como “sólo si se produjera una involución política y la vuelta de la dictadura, reconsideraríamos, a nivel personal, nuestra postura” o “la práctica violenta constituye ahora un ingrediente negativo en la lucha de Euskadi por su autogobierno”.
2. Sokoa, Bidart, Santuario… los grandes golpes policiales
La primera gran operación policial contra la dirección de ETA no llegó hasta 1992, pero supuso un punto de inflexión en el combate de las Fuerzas de Seguridad a la organización terrorista. En aquel operativo cayeron por primera vez los jefes de los aparatos político, militar y logístico. José Luis Álvarez Santacristina, Txelis; Francisco Múgica Garmendia, Pakito y Joseba Arregi Erostabe, Fitipaldi, los componentes del colectivo Artapalo fueron arrestados en el caserío Xilocán de Bidart, a 20 kilómetros de la frontera. El Gobierno de Felipe González respiró aliviado. ETA se había fijado los fastos de 1992 como objetivo prioritario y el golpe de la Guardia Civil abortó sus planes. La banda tardaría años en reorganizarse.
Antes de Sokoa, otro golpe en los ochenta había advertido a ETA de que su facilidad para esconderse y operar en Francia algún día se vería definitivamente amenazada. La información obtenida en la cooperativa permitió conocer algunos aspectos internos de ETA totalmente ocultos hasta entonces. Ocurrió con el impuesto revolucionario, la extorsión a los empresarios vascos de la que apenas había datos. La información incautada en Sokoa permitió saber que solo entre 1980 y 1986, ETA había obtenido 1.200 millones de pesetas para su financiación por esta vía.
La ubicación del centro logístico de ETA fue posible gracias a la utilización de un dispositivo de seguimiento que los servicios de Inteligencia estadounidenses, en colaboración con los españoles, colocaron en un misil del mercado negro que acabó en manos de la banda. En el caso de Bidart, la información original partió de un confidente del coronel Rodríguez Galindo, después condenado por su participación en el terrorismo de Estado de los GAL.
Los dos son ejemplos extremos, pero ambos adelantan la especialización que durante décadas creció en CNI, Guardia Civil y Policía, tanto en la utilización de medios técnicos como en la captación de información de fuentes humanas. ETA se repondría, lograría que algunos de sus comandos se cobraran decenas de víctimas, pero una y otra vez, sus integrantes acabarían cayendo.
Un mando de la Guardia Civil implicado en esos dos operativos destaca un tercero, más reciente, la Operación Santuario de 2004. “Fue detenido Mikel Antza, el ideólogo de ETA desde la caída de la cúpula de Bidart. Y también Anboto, la gran pistolera. Pero lo más importante fue la desarticulación del sistema de zulos en Francia. La gente se repone. Caía uno y ponían a otro, pero la logística de la que se servían para matar ya nunca pudieron recuperarla al mismo nivel”, afirma a eldiario.es.
3. El asesinato de Miguel Ángel Blanco. La respuesta de la sociedad civil
La crueldad con la que se ha empleado ETA fue una de las bazas que jugaron distintos gobiernos para mermar los apoyos de los que gozaba la banda fuera de España en los años ochenta. El ministro José Luis Corcuera llegó a viajar por distintos países con una cinta de vídeo que recopilaba los atentados más cruentos de la banda, incluido el que supuso la mutilación de Irene Villa y su madre. “Pedía un reproductor para las reuniones y le ponía las imágenes a los ministros del Interior de Francia o Bélgica”, recuerda un alto responsable de Interior en esa época.
Pero si un hecho removió a la sociedad española -que ya había asistido a la matanza de Hipercor, entre otras- y de forma definitiva, a la vasca, fue el secuestro en julio de 1997 de un joven concejal de Ermua (Bizkaia) y el ultimátum de la banda: el Gobierno de Aznar tenía 48 horas para comenzar a trasladar a los presos de ETA a Euskadi. El Ejecutivo no cedió y Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, quien luego se convertiría en jefe del aparato militar, le pegó dos tiros en la cabeza a Miguel Ángel Blanco, cuando lo tenía de rodillas, maniatado, por la espalda.
La respuesta de los españoles en la calle se incorporó de inmediato a la historia contemporánea del país. En Euskadi, ciudadanos llegaron a rodear las sedes de Herri Batasuna, protegidas por la Ertzaintza, escenas que pusieron a la izquierda abertzale contra las cuerdas. Nacía el “espíritu de Ermua”, además de un movimiento civil una amenaza política a la hegemonía del nacionalismo vasco. Al año siguiente, el Pacto de Lizarra entre PNV y HB permitió a la izquierda abertzale sobreponerse. ETA respondió al gesto con una tregua, la de 1998 a 1999. La ruptura de aquel alto el fuego se llevó por delante el Acuerdo (paz por derecho de autodeterminación) y abrió otro de los periodos más sangrientos en la historia de la organización terrorista.
4. La Ley de Partidos y el aval de Estrasburgo
En plena tregua de ETA, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó los recursos contra la Ley de Partidos Políticos que había permitido la ilegalización de Batasuna bajo el argumento de ser “un instrumento” a las órdenes de ETA. La máxima instancia europea en Derechos Humanos, el tribunal que enmendaría a España por sus excesos en el combate del terrorismo, respaldaba el texto legal que venía a situar a Batasuna como el “brazo político” de ETA.
La Ley de Partidos de 2002 fue la principal consecuencia del Pacto Antiterrorista que propuso Zapatero en la oposición y que el PP, sin mucho entusiasmo al principio, había firmado con el PSOE dos años antes.
La sentencia de Estrasburgo llegaba cuando Otegi, aún en secreto, ultimaba el golpe de mano que permitiría arrebatar el poder a ETA. Si salía mal, a los dirigentes de Batasuna no les quedaba más que abandonar o ir a la cárcel. “Fue un golpe brutal. Además, el recurso a Estrasburgo era un plano que siempre había cultivado la izquierda abertzale. Y en ese momento, el TEDH decía que ETA tenía un brazo político. En el final de ETA tuvo una importancia vital el asilamiento social y político y el aval a la ilegalización de Batasuna fue una gran contribución a la faceta política de ese asilamiento”, rememora para eldiario.es el ministro del Interior de la época, Alfredo Pérez Rubalcaba.
5. La derrota interna y el inevitable final
El 30 de diciembre de 2006, una potente bomba fabricada en un chalé de Tarbes, en el sur de Francia, destruía el aparcamiento de la moderna terminal T-4 del aeropuerto de Barajas y mataba a dos personas. Aquel estallido supuso el macabro sonido del final de la tregua que ETA había declarado nueve meses antes al aceptar la negociación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En un novedoso planteamiento, se habían formado dos mesas, una entre la propia banda y el Gobierno y otra que reunía a los partidos políticos.
En aquel momento, ETA no sabía que estaba sellando el principio de su fin. La ruptura de la tregua, una decisión unilateral de la banda que ni siquiera consultó a Batasuna, adentró a la izquierda abertzale en una travesía del desierto. Tres días después del bombazo, el Tribunal Supremo ordenaba el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi por participar en un homenaje al etarra Argala. Durante los 15 meses que estuvo en la cárcel, Otegi comenzó a madurar un nuevo proceso que no estuviera condicionado por la amenaza de la violencia de ETA.
Al salir de la prisión, Otegi se rodeó de un reducido grupo de colaboradores y comenzó a trabajar en él. Pero en octubre de 2009 todos fueron detenidos bajo la acusación de que estaban intentando reconstruir la dirección de la ilegalizada Batasuna. En ese momento había ya una batalla interna entre los posicionamientos de ETA -continuar como “vanguardia” de la izquierda abertzale sin renunciar a la “lucha armada”- y la renuncia a los métodos violentos para conseguir la independencia que había asumido la dirección de la izquierda abertzale.
Los arrestos precipitaron los acontecimientos. ETA intentó dar un golpe de mano en las asambleas a través sus emisarios de Ekin, pero la mecha de un tiempo nuevo ya había prendido. La ponencia Mugarri (hito, en euskera) fue derrotada por Clarificando la fase política y la estrategia. No fue sencillo. ETA bloqueó la distribución de ésta última en las cárceles y los presos, el colectivo más ortodoxo, resultaba vital para respaldar la nueva estrategia.
En la calle, el Ministerio del Interior, comandado por Alfredo Pérez Rubalcaba, allanaba el camino. Las operaciones policiales se dirigieron contra las organizaciones opuestas al cambio. La clave, la desarticulación del aparato H-Alboka, un grupo de abogados con el que ETA mantenía la cohesión del colectivo de presos. Segi, las juventudes con dependencia orgánica de la organización terrorista, también sufrieron un relevante golpe. En los registros a los jóvenes, los agentes encontraron los primeros ejemplares de Mugarri incautados en territorio español.
Al comunicado de final de la violencia le precedió otro del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) asumiendo las vías pacíficas como único método para conseguir los objetivos de territorialidad y autodeterminación.
