1 de febrero de 2003. El Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid se encontraba abarrotado para celebrar la 17 edición de los Premios Goya. Un año en el que el morbo parecía estar en ver si Fernando León de Aranoa y su drama sobre el paro en España, Los lunes al sol, vencería a Almodóvar y su Hable con ella, que acabaría propulsada hacia el Oscar al Mejor guion original. Sin embargo, aquel año no fue un año normal. Días antes, José María Aznar había mostrado de forma abierta su apoyo a George Bush en su intención de invadir Irak. Una invasión que iba en contra de la posición común tomada por el resto de países y que no contaba con el apoyo de la Unión Europea, pero que Aznar rubricó posteriormente en la foto de las Azores.

El clamor contra una posible guerra ya circulaba por todo el mundo, pero en nuestro país se convertía en un punto caliente, ya que de la noche a la mañana España se veía en el centro de un conflicto cuyo argumento eran unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Fue la mecha que encendió una indignación que se mostró de forma explícita en una gala de los Goya que pasaría a la historia y de la que se cumplen 20 años. Los responsables de aquella ceremonia fueron los integrantes del grupo de teatro Animalario, con Alberto San Juan y Willy Toledo a la cabeza como presentadores. Ambos se encontraban en la cresta de su popularidad por el éxito de El otro lado de la cama, la comedia musical por la que ambos optaban ese mismo año a los galardones como Actor de reparto y Actor revelación respectivamente (ambos perdieron).

Poco tardó la ceremonia en descubrir esa indignación, que nació de forma improvisada. Si bien se repartieron pegatinas con el lema “No a la guerra”, no hubo ninguna petición a los asistentes para que sus discursos fueran políticos ni activistas, pero casi todos los que subieron aprovecharon su minuto de gloria para pedir que se evitara aquel conflicto bélico. Hasta la presidenta de la Academia, Marisa Paredes, aprovechó su discurso institucional para ello.

“Esta no es una noche tensa, sino libre. No hay que tener miedo a la cultura ni al entretenimiento, ni a la libertad de expresión, ni mucho menos a la sátira, al humor. Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo. Hay que tener miedo a la guerra”, dijo ante un público que aplaudió a rabiar cada intervención. Bardem, Tosar, León de Aranoa… pocos no se unieron al grito común. Lo que se vivió en aquella gala se materializó dos semanas después en las calles de toda España. Millones de personas salieron a la calle para pedir lo mismo. Sin embargo, el PP tomó aquella ceremonia como un ataque frontal del mundo del cine y les declaró también la guerra a ellos.

Aznar y el cine español

El Gobierno de Aznar se sintió traicionado. Para entender esa traición hay que viajar a su primera legislatura, cuando el presidente se empeñó en tener al sector cultural de su lado y romper un enfrentamiento clásico. Aznar organizó veladas culturales en la Moncloa y se ganó, al menos, el silencio de la industria. Lo cuenta Enrique González Macho en sus memorias, Mi vida en V. O. (Editorial Atticus). Macho, que posteriormente fue presidente de la Academia, era en aquellos momentos uno de los productores españoles más importantes y uno de los interlocutores de la industria con los políticos. 

“Resulta paradójico que el Gobierno de Aznar, abanderado de ese ultraliberalismo que tanto nos asustaba a los distintos sectores del cine, mantuviera al principio una actitud especialmente positiva hacia el cine español. Ello se debía a la propia intervención del presidente José María Aznar. Él fue el que promovió y asistió personalmente a varias reuniones en Moncloa con los diferentes sectores del cine español, desde los directores y actores, pasando por los productores, hasta los distribuidores y exhibidores, tuvimos acceso directo a los altos cargos de Hacienda y Economía, incluidos los ministros del ramo, lo que sin duda era síntoma de cierto interés por parte del Gobierno, por mucho que haya quienes no lo quieran reconocer”, dice en su libro.

Aquella paz se rompió con aquella gala. Aquel 1 de febrero. “¿Qué ocurrió para que el Partido Popular dejara de ser aliado del cine español y se convirtiera en su peor enemigo en los tiempos de la nueva democracia? Los premios Goya del 'No a la guerra'. Allí se rompió, se frustró todo de forma grotesca y comenzó otra guerra, y esa era y sigue siendo, desgraciadamente, más personal e ideológica que ninguna de las que ha vivido antes el cine”, añade Macho, que deja claro que en ese momento “el Partido Popular declaró la guerra abierta al cine español”.

Las consecuencias para el cine español se vivieron desde el día después. El presidente de la Asociación de Productores, Eduardo Campoy, pidió públicamente la destitución de Marisa Paredes, algo a lo que el sector se opuso radicalmente. Los políticos del PP y los medios de derechas comenzaron un hostigamiento para cambiar la opinión popular y crear en el imaginario un falso mito que consiguió calar: aquellos que habían gritado “No a la guerra” eran “los rojos subvencionados del cine”.

¿Qué ocurrió para que el Partido Popular dejara de ser aliado del cine español y se convirtiera en su peor enemigo en los tiempos de la nueva democracia? Los premios Goya del 'No a la guerra'

Enrique González Macho — Expresidente de la Academia de Cine

“Si algo hay que reconocerles es su eficacia propagandística, tan eficiente que llevaron a convencer a una buena parte de los españoles de que los profesionales del sector éramos unos aprovechados que chupábamos del bote del Estado y que vivíamos a costa de las subvenciones. Que éramos casi el único sector de este país que recibía ayudas públicas”, explica González Macho en sus memorias.

Una gala “histórica”

La prensa se cebó contra los actores, pero quienes más lo vivieron fueron aquellos que representaban aquella gala, Alberto San Juan y Willy Toledo. Al revisar la gala, uno se sorprende al descubrir que los presentadores fueron los más calmados y que, excepto en su intervención final, cuando sacaron aquellas míticas camisetas con las palabras “No más sangre por petróleo”, se habían mantenido bastante contenidos. Pero ellos tenían otro motivo para ser atacados, ya que apenas diez días después de aquella gala estrenarían Alejandro y Ana. Lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del Presidente, obra satírica sobre el enlace de la hija del presidente Aznar en El Escorial.

A pesar de todo, Alberto San Juan mantiene 20 años después “un recuerdo maravilloso de aquella gala por las intervenciones espontáneas de los premiados”. Su definición de lo que ocurrió en aquella ceremonia es clara: “Fue un ejercicio de libertad”. Su adjetivo para aquella edición es tajante: “histórica”. “No por la labor de Animalario de dirección y presentación de la gala, eso fue anecdótico. Lo histórico fue el uso libre y político de la palabra que hicieron las premiadas y premiados. Yo asistí como espectador a lo histórico de aquella gala y fue realmente emocionante”, cuenta.

La decisión de que la gala fuera política no fue unánime dentro de la propia compañía. San Juan reconoce que “hubo una discusión previa en Animalario”. “Parte del colectivo quería hacer una gala política, contra la guerra, de principio a fin, y parte pensaba que no podíamos posicionar al conjunto de la profesión, al que ha de representar la gala, sin saber previamente su opinión, cosa que no era posible. Así que, finalmente, lo único que había de posicionamiento político por parte de Animalario eran las camisetas, que estaban preparadas de antemano. Las intervenciones contra la guerra de Eduard Fernández y Rosa María Sardà, que entregaban premios, fueron aportaciones suyas”, matiza.

Recuerda claramente las palabras de la entonces ministra de Educación y Cultura del PP, Pilar del Castillo, que vivió la gala desde el patio de butacas. “Dijo que la gente del cine éramos el brazo armado de la oposición al Gobierno. Le contestó Willy Toledo diciendo que las únicas armas que había en este asunto eran las bombas que se lanzarían sobre Irak”. Su compañero al frente del evento declararía posteriormente que presentar aquella gala hizo que se le vetara de muchos sitios. “A los que más sacamos la cabeza se nos marca con una cruz, porque existen las listas negras, y no solo en las instituciones, sino también en las productoras. Hubo un acoso y derribo hacia mi persona. Fui el chivo expiatorio. En la gala de los Goya me marcaron la estrella judía en el pecho. Este ya está señalado. Y se decía a los demás: señores actores y actrices, aquí tenéis el ejemplo vivo de lo que ocurrirá si continuáis así, mirad lo que le ha pasado a Willy”, recordaba en una entrevista.

Si la respuesta fue ‘habrá consecuencias’, ¿eso es motivo para dejar de desobedecer? Creo que no. Hay que seguir desobedeciendo y permanecer unidos después para resistir las consecuencias

Alberto San Juan — Actor y presentador de la gala del 'No a la guerra'

Alberto San Juan no sabe si presentar en aquella gala tuvo una consecuencia directa sobre su carrera, pero sí cree que el PP mandaba un mensaje a las generaciones posteriores: si os manifestáis políticamente seréis señalados y habrá consecuencias pero, aun así, cree que ese no es motivo para dejar de hacerlo. “Si la respuesta fue ‘habrá consecuencias, el que desobedezca será castigado’, ¿eso es motivo para dejar de desobedecer? Creo que no. Hay que seguir desobedeciendo y permanecer unidos después para resistir las consecuencias”. Por eso cree que lo peor que le puede pasar al cine es caer en “la autocensura, asumir el papel de policía y reprimirse él mismo”. Sin embargo, es optimista y cree que el mensaje que se mandó fue claro y conciso: “Estamos vivos y despiertos, pensamos por nosotros mismos y podemos intervenir políticamente”.

La venganza política

Tras más de siete años de calma tensa (especialmente por el canon digital) con el Gobierno de Zapatero, el cine español viviría las consecuencias reales de aquella gala con la llegada al poder de Mariano Rajoy y, al Ministerio de Educación y Cultura, José Ignacio Wert. La crisis fue la excusa para materializar su ataque al cine español. “La represión que vive el cine español desde entonces no ha cedido y ha provocado males atroces”, escribe González Macho. Los recortes en los presupuestos afectaron de forma frontal al cine español. En los presupuestos de 2012 se recortó un 36,2% del dinero dedicado al cine. Las deducciones fiscales, que se habían prometido al sector en un 30%, se quedaron en un 18%, y por si fuera poco el IVA cultural subió del 8% al 21%. Ante todo ello, la directora del ICAA, Susana de la Sierra, dimitió al no poder llevar a cabo las medidas que tenía en su agenda.

El IVA cultural fue la estocada final. España se convirtió en el país con el IVA más alto de toda Europa. En Francia fue de un 5,5%; en Alemania se aplicó un 7%; en Holanda, un 6%; en Grecia, un 6,5%; en Finlandia, un 10%; en Irlanda, un 9%; en Italia, un 10%; en Portugal, un 13% y en Noruega se mantuvo al 0%.

Todas las industrias culturales se manifestaron en contra. La Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española realizó un informe alertando de las consecuencias que fue ignorado: 4.226 puestos de trabajo perdidos, cierre de 20% de empresas, pérdidas de 533 millones de euros de ingresos y 43 millones de espectadores menos. A cambio solo recaudarían unos pocos millones más de euros de los que recibirían si el IVA solo hubiera subido al 10%. Solo en el primer año de implantación se vio una pérdida de público del 30%, un 16,33% menos de recaudación bruta y un 22% menos de recaudación neta. 

El Gobierno recaudó con el IVA cultural 90 millones de euros en 2013, más de todo el dinero que aportaba a través de los presupuestos del Estado, que tampoco subieron gracias a la recaudación extra a base del impuesto. Ese mismo año se vivieron dos de los desplantes más grandes que se han hecho al cine español. Por primera vez en la historia no acudió el ministro de Cultura a la gala de los Goya; y meses después, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declararía que “los problemas del cine no tienen que ver solo con las subvenciones… tienen que ver también con la calidad de las películas que se hacen”, una declaración que fue respondida de forma tajante por la Academia de Cine, que le recordó al ministro que tenía “fecha de caducidad”, pero que “la creatividad, no”.

La situación se tensó todavía más cuando el IVA se fue retirando de diferentes sectores culturales, pero se mantuvo para el cine hasta el último minuto. Primero fueron las transacciones de obras de arte, en 2014; y en marzo de 2017 se anunció la bajada del IVA para todo el sector… menos para el cine. El PP se fue del Gobierno sin bajar el IVA al cine español y con las ayudas al sector congeladas a 30 millones de euros. Aunque su anuncio fue realizado por el ministro cultural Íñigo Méndez de Vigo, fue el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura de 2018 quien defendió las cuentas anteriores y eliminaría la medida que cerraba el ciclo que comenzó en una gala de los Goya de 2003, cuando todo un sector alzó su voz contra la guerra.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene un equipo de asesores externos al margen de la estructura orgánica de su partido del que se desconocen la mayoría de los nombres y funciones que desempeñan. Uno de ellos es el exministro de Educación José Ignacio Wert, responsable del mayor recorte de becas de la historia y que ahora ejerce como asesor sociológico del dirigente gallego. Es, por ejemplo, quien “reestima” los barómetros del CIS para que Feijóo pueda luego decir que en realidad está 8,5 puntos por delante de Pedro Sánchez en la estimación de voto.

La labor de Wert (Madrid, 1950) era desconocida para el público hasta ahora, pero el PP movió este miércoles un documento con esa “reestimación” del CIS. Y en los metadatos del PDF aparece un nombre incontrovertible como autor: José Ignacio Wert Ortega. El Confidencial ya informó el pasado mes de noviembre de la incorporación del exministro al equipo externo de Feijóo, pero hasta ahora no había trascendido su ocupación concreta. Desde la dirección del PP aseguran que “Wert colabora con el partido aportando análisis, documentos, papeles. Igual que otros dirigentes de este y de otros partidos”.

El exministro, licenciado en Derecho, tiene un amplio currículum en el campo de la sociología, en el que ha desarrollado buena parte de su carrera tras pasar por el hoy denominado Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Fundó la empresa Demoscopia, trabajó para Sofres, y fue alto ejecutivo del Grupo Prisa o del BBVA, entre otros cargos. 

Pero el supuesto prestigio en el sector privado con el que llegó a primera línea política contrasta con la pésima valoración que cosechó en su paso por el primer Gobierno de Mariano Rajoy, del que se tuvo que marchar antes de tiempo tras concitar el rechazo de casi todo el mundo. Y no solo fuera del PP.

Los primeros problemas le surgieron precisamente en el partido para el que ahora trabaja. Pronto hizo gala de ser uno de esos versos libres que, en política, triunfan casi a la misma vez que su brillo se desvanece cuando patinan y, de repente, no tienen a nadie para protegerlos, cuidarlos o advertirles de que ese no es el camino. Ocurrió, por ejemplo, cuando en octubre de 2012 dijo aquello de “Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes”.

Hubo más. Wert despreció a la educación pública desde el Ministerio de Educación, negó la existencia de problemas económicos en las familias para pagar los crecientes costes de la educación universitaria, despreció el esfuerzo de quienes eligen una carrera por vocación y apostó por la “empleabilidad”, aplaudió la fuga de talento joven que marcó la crisis de hace una década, defendió la segregación de niños y niñas en la escuela o consideró una “fiesta de cumpleaños” las masivas y continuas protestas contra él. 

Esa “fiesta de cumpleaños” tuvo un nombre: Marea Verde. Una de las muchas expresiones de movilización social que nacieron al calor de las durísimas medidas de recortes en servicios públicos que pusieron en marcha los gobiernos en diferentes niveles administrativos: desde los de 2010 de Zapatero, a los de 2012 de Rajoy, pasando por otros que, con la excusa de la crisis, aceleraron en su agenda neoliberal de desmontaje del Estado de bienestar. 

La actual ley educativa, aprobada en diciembre de 2020 por el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, puso fin al régimen nacido de su predecesora, la ley Wert, aprobada únicamente con los votos de un PP al que luego se le llena la boca de reclamar “consensos” cuando está en la oposición. Entre los principales descalabros que provocó la gestión de Wert estuvo también un sistema de becas que dejó de servir como “ascensor social” para pasar a dar más peso a las notas del alumno frente a su situación socioeconómica. 

Sucesivas promociones universitarias sufrieron los nuevos baremos. En 2020, último año de aplicación de la ley Wert, 45.000 alumnos se quedaron sin la ayuda que les hubiera correspondido si se hubiera tenido más en cuenta su renta. No contento, también quiso legislar contra otros becarios, los que sostienen en buena medida la productividad de muchas empresas. La ministra Isabel Celaá acabó con el sistema nada más acceder al Gobierno, ese mismo 2020.

El ministro quiso eliminar la cotización social de las prácticas académicas curriculares remuneradas, por lo que aquellos jóvenes que encadenaban uno tras otro este tipo de contratos (en un momento en el que la precariedad laboral, y un 55% de paro juvenil, impedía rechazarlos) podían acumular años de trabajo con escaso sueldo y sin haber cotizado nada para su futura jubilación, o en caso de invalidez o enfermedad.

Wert llegó al Ejecutivo con la vitola de independiente, pese a que llevaba años trabajando para el PP, y muchas expectativas entre determinados sectores mediáticos y económicos con los que había tenido relaciones en el pasado. Pero ni siquiera llegó al final de la legislatura, aunque casi. Salió de noche, sustituido por un secretario de Estado de otro ministerio y con una nota bastante más baja de la que él exigía a los alumnos con problemas económicos para seguir estudiando: un 1,56.

Su salida, como unos meses antes la de Gallardón, se celebró como un triunfo del ciclo de movilizaciones sociales que comenzaron a finales de la primera década del siglo, confluyeron en el 15M y se expandieron por todo el territorio y sectores. Las elecciones estaban a la vuelta de la esquina y los augures demoscópicos vaticinaban un escenario inédito en España: la ruptura del bipartidismo, que llegó en diciembre de 2015.

Para entonces, Wert ya era exministro. Pero su salida por la puerta de atrás le deparó un destino de fantasía: embajador de España ante la OCDE. De fantasía porque, pese a su 1,56 de nota media final, suponía vivir en París con un sueldo de 60.000 euros anuales más complementos, gastos de representación, coche con chófer y residencia, con un coste de 11.000 euros al mes. Además, coincidencia, logró el puesto perfecto para acompañar a su pareja, Montserrat Gomendio, quien había sido su número dos en el Ministerio de Educación y que dimitió unos meses antes de la destitución de Wert. Su destino: la OCDE en París.

El sociólogo vuelve ahora a un puesto que ya ocupó. Antes de ser ministro, Wert pasó años junto a Pedro Arriola, el principal asesor en materia demoscópica de Mariano Rajoy (y de muchos otros antes), e incluso escribiendo los discursos al expresidente. Entonces, su labor fue secreta. Ahora, también.

El Tribunal Supremo ha decidido condenar a 45 días de cárcel al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un policía en una manifestación en La Laguna en 2014. Los jueces, con dos de ellos en contra apostando por absolverle, avalan la versión del agente y establecen que tendrá que pagar una multa de 540 euros en vez de cumplir la condena de prisión. Rodríguez, que ya ha anunciado que recurrirá y tendrá que indemnizar al agente con 50 euros, también queda inhabilitado para presentarse a unas elecciones y ahora el Congreso tendrá que decidir si le retira el acta.

La sala de lo penal da por buena la versión del agente de Policía Nacional que formaba parte del dispositivo de seguridad ese día. Miles de personas marcharon por La Laguna protestando contra la LOMCE mientras el ministro José Ignacio Wert visitaba una catedral en la ciudad. Los disturbios se produjeron en la puerta de la catedral cuando varios manifestantes quitaron las vallas de seguridad y se enfrentaron a los agentes antidisturbios.

El Tribunal Supremo entiende que Rodríguez sí estaba en esos disturbios y que pegó una patada al agente que no le causó más que una contusión en la rodilla. El diputado negó en el juicio haber estado en el lugar de los incidentes en ese instante pero los jueces dan por buena la declaración del agente de policía: dice la sentencia que la víctima “no expresó duda alguna respecto a que el acusado fue quien le propinó, voluntariamente, una patada en su rodilla izquierda”. Además, entienden los jueces, su declaración está corroborada porque fue “inmediatamente después” a ser reconocido por un médico y por “la temprana identificación policial del acusado como autor de los hechos”.

Los jueces también explican que la “apariencia física” de Rodríguez, muy alto y con rastas, “hace fácil su reconocimiento y el testigo manifestó, como ya se ha dicho, que lo conocía por haber asistido a otras manifestaciones con anterioridad”. 

Una opinión que no ha sido unánime. Dos magistrados de la sala - Susana Polo y Leopoldo Puente - han emitido un voto particular contrario en el que apuestan por la absolución. Cuestionan estos dos jueces que las declaraciones del agente y su superior sean suficientes para declarar probada la agresión: hay una “extrema parquedad del relato” que hace dudar. Dicen los discrepantes que “es posible que sucediera. No estamos en condiciones de descartarlo. Pero existen también otras múltiples posibilidades, igual o parecidamente probables. Es plausible, por ejemplo, que el agente pudiera haberse equivocado en la identificación”.

Rodríguez ya ha anunciado que recurrirá su condena y que, si hace falta, acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo aunque previamente debe agotar las vías judiciales nacionales ante el Tribunal Constitucional. Puede presentar también un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo. Su condena de cárcel lleva aparejada otra de inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo, lo cual abre la puerta a que tenga que dejar su acta de diputado en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife aunque esa decisión está en manos de la cámara baja. En la sala de lo penal entienden que incurre en inelegibilidad sobrevenida y además el artículo 21.2 del reglamento del Congreso especifica que “el Diputado quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria”.

Los vídeos presentados por la defensa para demostrar que Rodríguez no estaba en los disturbios en el momento de los hechos se han vuelto en su contra. El Supremo entienden que estas imágenes “no incorporan una grabación íntegra ni contienen una secuencia temporal ordenada de todo lo sucedido” por lo que no sirven para exculparle, pero sí para deducir que estuvo en el lugar de los hechos “cuando aún no habían finalizado los incidentes”.

Derecho de manifestación

Los jueces también rechazan una de las principales alegaciones de la declaración de Rodríguez durante el juicio: que fue identificado por los agentes como represalia a su activismo en diversas protestas del sector de la educación en Canarias en esa época. Explican que el policía no mostró ningún tipo de animadversión hacia él que pudiera sustentar una acusación falsa o imprecisa: “Estas afirmaciones del acusado no constituyen otra cosa que una creencia personal que no viene avalada por ninguna prueba, ni tampoco por indicios de su realidad mínimamente consistentes”.

También descartan que, como dijo Rodríguez en su derecho de última palabra, esta causa y acusación respondan a una represalia contra el derecho de protesta. Ese día, argumentan los jueces, “numerosas personas hicieron uso de ese derecho en aquella ocasión” y sólo se ha acusado a los que perpetraron actos violentos. Añaden los jueces que “la violencia no es inherente al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. La acusación sostenida en esta causa nada tiene que ver con el ejercicio de esos derechos fundamentales, sino con el empleo de violencia”.

Los jueces entiende que fue, por tanto, una “clara agresión” aunque sin consecuencias para el agente y declaran a Rodríguez culpable de un delito de atentado así como le absuelven de lesiones al haber quedado despenalizadas las faltas. También dejan en menos de la mitad la condena que pedía la Fiscalía al entender que su pena debe ser atenuada por los retrasos del proceso, incluso más de lo que alegaba su propia defensa. Establecen una rebaja en dos grados por haber tardado casi ocho años en quedar sentenciado en firme.

Explica el Supremo que “la duración total de la causa ha sido de especial extensión, en relación con la escasa complejidad del asunto, sin que aparezca justificación alguna” al mismo tiempo que ponen encima de la mesa los tiempos en que la causa ha estado paralizada. Todo esto lleva a los jueces a tener en cuenta como atenuante muy cualificada y rebajando su condena en dos grados. Al ser inferior a tres meses de prisión la pena se sustituye por una multa económica.

El voto particular

La sentencia del Tribunal Supremo no ha sido unánime, algo poco habitual en la sala de lo penal del alto tribunal. Susana Polo y Leopoldo Puente, procedentes ambos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de las últimas incorporaciones al Supremo, entienden que tendría que haber sido absuelto porque la declaración del agente no es lo suficientemente precisa como para declarar probado que él le pegó una patada. La prueba del caso, dicen estos dos magistrados, está “muy lejos de resultar suficiente” para cimentar una sentencia condenatoria.

Estos dos jueces definen como “singularmente lacónica” la descripción que el agente ofreció en el juicio sobre la agresión, lo que “apenas otorga valor alguno· a su persistencia en el relato. Un tribunal puede condenar a alguien sólo con la declaración de la víctima pero en este caso no se cumplen los requisitos. El agente ”no ilustró al Tribunal ni acerca de la forma en que se produjo el ataque ni tampoco proporcionó dato alguno para explicar por qué considera que la patada fue voluntaria“, dice el voto particular.

Tampoco consideran una prueba que fuera al médico por haber sufrido un golpe en la rodilla. “El testigo afirma que fue agredido y es el testigo el que acude a recibir después asistencia médica e identifica a su supuesto agresor. Se corrobora a sí mismo”, zanjan los dos magistrados. Los documentos médicos y los testimonios de las peritos y forenses introducen, incluso, más dudas que certezas según el voto particular.

Cuestionan incluso el proceso de identificación del acusado y critican que los policías que también le identificaron, supuestamente, no declarasen en el juicio. “Su primera identificación resulta confusa”, dicen los magistrados discrepantes, dejando la puerta abierta a que incluso fuera agredido por otra persona. “Es posible que sucediera. No estamos en condiciones de descartarlo. Pero existen también otras múltiples posibilidades, igual o parecidamente probables”.

La vicepresidenta Yolanda Díaz se ha referido a la condena del diputado de su grupo parlamentario, mostrando su apoyo y también su respeto por la decisión del Supremo. Ha dicho que “en primer lugar, respetar todas las resoluciones judiciales. Me consta que el diputado va a interponer el recurso y, por tanto, quedaremos a resultas de lo que resuelvan. También me consta que existen votos particulares, respecto de esta sentencia. Si me permiten, al margen de la valoración de la resolución judicial, conozco muy bien al señor Rodríguez y, por supuesto, mi solidaridad con el mismo”.

El Gobierno pulveriza las carreras universitarias de tres años y determina que todas duren cuatro, a excepción de los estudios sanitarios, técnicos o títulos conjuntos con otros países europeos, que pueden extenderse más. Es lo que dispone el borrador del nuevo decreto de Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La cartera de Manuel Castells quiere poner fin al polémico sistema 3+2 (tres años de grado y dos de máster) que vio la luz junto al Plan Bolonia durante el mandato del exministro de Educación del PP, José Ignacio Wert. En consonancia con lo aplicado en otros países europeos, se permitió en 2015 que las universidades optasen de forma voluntaria entre 180 y 240 créditos (3 y 4 años, respectivamente) para facilitar supuestamente la internacionalización de los egresados españoles en Europa, ya que es donde está generalizado el sistema 3+2.

Ahora, los centros que los oferten (en su mayoría privados) tendrán un plazo de cuatro años para adaptar sus modalidades de Grado de 180 créditos ECTS a la de 240, de forma que no afecte a los alumnos que habían empezado a cursarlos.

Mayoría en Catalunya, donde critican la medida

Según ha informado el Ministerio de Universidades en rueda de prensa, estas carreras son minoritarias y apenas representan 70 -la mayoría en Catalunya- de las casi 3.000 titulaciones que se ofertan en España. Casi todas pertenecen a la rama de tecnologías y diseño digital, pero también se permitió establecer la fórmula en titulaciones de nueva creación como Gastronomía o Estudios Globales. Con esta medida, Castells pretende frenar la proliferación de grados cortos, centrados en la pronta incorporación al mercado laboral y que ofrecen formación básica de un área que luego se puede especializar durante dos años más.

La propuesta no ha gustado nada a la Generalitat, cuya Secretaría de Universidades puso las bases desde el principio para que los campus fuesen creando grados de tres años si así lo consideraban. Ahora mismo, en Catalunya son 17 de 180 las titulaciones que se imparten con solo 180 créditos –equivalente a tres cursos–, lo que supone un 9,5% sobre el total, aunque a nivel de alumnado sería un porcentaje mucho menor porque se trata de estudios todavía con pocas plazas.

“El borrador va en la dirección opuesta a la que deberíamos ir”, señalan fuentes de la Secretaría de Universidades catalana, que defienden que el sistema debería ser lo suficientemente “flexible” como para permitir la existencia de estudios de tres años siempre que cumplan “los requisitos de calidad”. También las mismas fuentes rebaten el argumento económico al señalar que en Catalunya trabajan para igualar los precios de máster y grado en el modelo 3+2. De momento, los estudiantes pagan lo mismo solo en el primer curso de máster.

El Ministerio ha pedido a los gobiernos autonómicos que reduzcan las tarifas de los másteres, que reclaman más financiación para compensar la bajada, sin lo cual este sistema beneficia a los estudiantes con más recursos.

El 3+2 ha sido una fórmula criticada debido a la diferencia entre el precio de las matrículas de los grados universitarios y los másters, que en este caso resultaban convenientes a efectos de completar la formación. Comisiones Obreras ha criticado a menudo un sistema que, en su opinión, “castiga a los estudiantes con menos recursos y favorece el mercado de títulos de posgrado en universidades privadas”. Así, el decreto de Universidades apuesta por el modelo '4+1', cuatro años de carrera y uno de máster voluntario.

Respecto a la estructura esencial del modelo universitario español, se mantienen las tres etapas, que consisten en Grados de 240 créditos; Másteres de 60, 90 y 120 créditos; y el Doctorado, al que se accede habiendo superado los 300 créditos en las dos etapas formativas anteriores.

Según el departamento de Castells, la experiencia acumulada por las Universidades durante los últimos años y el trabajo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y del conjunto de agencias de calidad de las comunidades autónomas, “ha guiado un replanteamiento procedimental con el objetivo de, asegurando la calidad de la oferta académica, simplificar los procesos administrativos y la documentación necesaria, para focalizarse en aquellos temas que efectivamente constituyen el núcleo del proyecto académico formativo que es un título oficial de Grado, Máster o Doctorado”.  

En este sentido, ha defendido que la evaluación institucional de los centros “se configura como una pieza esencial en el engranaje del aseguramiento de la calidad de la oferta formativa universitaria y de desburocratización de los procedimientos implicados en el mismo”.

CSIF critica los cambios de postura del Ministerio

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emitido un comunicado criticando la “política improvisada del Ministerio de Universidades” a la par que exige un “modelo de enseñanza universitaria homogéneo en todo el país”. Aseguran que el borrador de Castells “no introduce ninguna de las reformas más urgentes” del sistema y dicen no entender “sus continuos cambios de opinión que solo generan confusión e inseguridad en la comunidad educativa”.

El sindicato se refiere a que el año pasado el Ministerio no incluyó entre sus planes eliminar el modelo '3+2', sino todo lo contrario. “Mantener estos dos modelos en paralelo puede provocar desigualdad entre el alumnado de distintas comunidades autónomas y problemas de homologación” en los países de la UE.

“Desde CSIF, reclamamos una regulación unitaria, que garantice la igualdad de oportunidades del alumnado con independencia de la CCAA de la que proceda y un sistema de precios públicos que les permita completar sus estudios”, abunda el colectivo.

Información realizada con la colaboración de Pau Rodríguez, desde la edición de Catalunya.

En 1982, en Santa Coloma de Gramenet, un grupo de padres y madres iniciaron una movilización para reivindicar que el catalán se convirtiese en lengua vehicular en sus escuelas. Muchos de ellos eran nacidos fuera de Catalunya, vivían en una ciudad en la que todavía hoy se habla mucho más castellano que catalán, y en la que Lluís Hernández, un alcalde del PSUC conocido como el cura rojo, les apoyó en su petición. Hernández fue el primer alcalde que tuvo esta ciudad en democracia, un sacerdote que ocupó el cargo durante tres mandatos seguidos, que se enfrentó a la púrpura eclesiástica en más de una ocasión, y que luchó por la dignidad de muchos barrios de Santa Coloma donde las condiciones de muchas viviendas eran vergonzosas.

La Generalitat estaba ya entonces presidida por Jordi Pujol. Convergència no era partidaria de la inmersión lingüística. Prefería el modelo de líneas educativas en función del idioma. Clases en catalán y clases en castellano, o lo que es lo mismo, segregar a los alumnos en función de la lengua. El PSUC, entonces partido de referencia de la izquierda, el PSC y ERC consideraban que el modelo pujolista implicaba crear una división no solo en la escuela sino también fuera de las aulas. El objetivo era asegurar la convivencia y también garantizar que la lengua débil no siguiese retrocediendo en su uso. La Ley de Normalización Lingüística (1983), la de Política Lingüística (1998) y la Ley de Educación (2009), establecen que “los niños y niñas no serán divididos ni en aulas ni en escuelas diferentes en función de su lengua” y que el objetivo es que todos los alumnos conozcan y dominen tanto el catalán como el castellano. 

El expresident José Montilla, que conoce bien la realidad metropolitana, explicó de manera muy acertada que la inmersión debe entenderse como un método, no un objetivo. Como tal, puede ser revisado allí donde se considere que por el contexto social es necesario un refuerzo en catalán o en castellano. En Catalunya no existe un conflicto social por la lengua pese a que desde la derecha ya hace tiempo y últimamente desde algunos sectores radicales y minoritarios del independentismo se pretenda utilizar como munición partidista. 

Identificar lengua con nacionalismo es un error. El catalán es la lengua materna de muchos ciudadanos que no solo no se consideran nacionalistas sino que abominan de un movimiento político de este tipo. Es una confusión interesada que ha alimentado la derecha, primero el PP y después Ciudadanos, y que Convergència, el partido nacionalista y hegemónico durante más de dos décadas, nunca atajó porque ya le iba bien. El catalán sigue siendo la lengua débil y, por lo tanto, la que requiere mayor protección en las grandes ciudades, empezando por Barcelona y su área metropolitana. Eso no significa que en aquellas escuelas rurales o de municipios en los que el catalán sea la lengua más habitual no haya que reforzar el castellano si se considera necesario desde el punto de vista educativo. Los pedagogos así lo reconocen, más aún en una sociedad cada vez más multilingüe. Y no solo eso, puesto que la conselleria de Educación, controlada por ERC, ha abierto la puerta a flexibilizarlo en esta línea. También el PSC ha propuesto superar el modelo después de 40 años. Es un debate que hay que abordar pero con argumentos pedagógicos y lingüísticos y no con peleas partidistas y mediáticas.  

Las notas de los alumnos de esta comunidad permiten comprobar que el problema no es la lengua. La media en Lengua castellana y Literatura en la Selectividad del 2019 fue de 6’61. Es una calificación superior a la media del conjunto (5’65) y mejor, por ejemplo, que la de los alumnos de Madrid, Navarra, La Rioja o Galicia. Si se mira en perspectiva, desde el 2015 la puntuación ha ido mejorando año tras año. Además, a finales de la ESO los alumnos terminan con un nivel similar de catalán y castellano y superan el número 70, que es el indicador que la Generalitat utiliza para certificar que se ha alcanzado la competencia necesaria.  

El texto acordado ahora entre PSOE, UP y ERC sobre la inmersión lingüística en Catalunya a través de la LOMLOE (la nueva ley de Educación destinada a sustituir a la llamada 'ley Wert' cuyo propósito fracasado era “españolizar” a los alumnos) elimina la referencia a que “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares” y establece que “las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”. No es ninguna barbaridad y se ajusta a la realidad de lo que ya sucede en las escuelas catalanas. A la derecha le parece una atrocidad mientras que una parte del independentismo considera que la norma se queda corta. La nueva ley ocupará de nuevo portadas, como viene ocurriendo desde hace años, más en los medios editados en Madrid que en las cabeceras catalanas, también en las que tienen doble edición, en catalán y en castellano. Otra vez aparecerá en los discursos políticos y más ahora con elecciones a la vista. 

Ojalá el debate fuese sobre el fracaso escolar, la falta de financiación de la educación pública o los conciertos (por fin eliminados) a los centros que segregan por razón de sexo. Según el Instituto Catalán de Estadística (IDESCAT) el porcentaje de abandono escolar es del 19%. La media española es del 17,3% y la de la Unión Europea es del 10,3%. Y sí, en Catalunya existe segregación en la escuela, pero no por el idioma sino por la renta familiar. El problema no es la lengua, es la pobreza. 

El Gobierno de Pedro Sánchez cesará al exministro de Educación José Ignacio Wert como embajador en París ante la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). La misma suerte le espera al exministro de Defensa Pedro Morenés, a quien Moncloa retirará de la embajada de España en Washington. La decisión está tomada, aseguran fuentes diplomáticas pero “el cuando no está decidido”. 

El relevo de Morenés en Estados Unidos deberá esperar a la visita oficial que los reyes harán a ese país esta misma semana (entre el 14 y el 19 de junio). Junto a los monarcas, en ese viaje estará el nuevo ministro de Exteriores, Josep Borrell. El cambio de embajador en Washington implicará que Sánchez tendrá que elegir a un candidato para liderar las relaciones diplomáticas de España con la Administración Trump.

Morenés fue nombrado por Rajoy en marzo de 2017, cinco meses después de abandonar el Ministerio de Defensa. El exministro llegó al Gobierno desde la empresa privada, relacionado con compañías armamentísticas como Instalaza o el Grupo Segur, especializado en servicios de seguridad. Tras abandonar el Gobierno, Morenés tenía muy complicado volver a sus anteriores ocupaciones por los dos años de incompatibilidad que marca la ley para las actividades privadas que tengan relación con las competencias del cargo ejercido. 

Durante los meses que esperó su nombramiento, Morenés estuvo cobrando la indemnización como exministro, hasta que llegó su designación para la embajada americana, que en breve deberá abandonar. Tras dejar Washington, Morenés no podrá volver de inmediato a la industria de las armas, ya que su periodo de incompatibilidad no finaliza hasta noviembre de este año. 

Wert también se cae 

El Gobierno de Pedro Sánchez también pondrá fin a la estancia del exministro José Ignacio Wert al frente de la embajada en París ante la OCDE. El nombramiento como embajador de Wert en agosto de 2015 fue uno de los movimientos más polémicos de Rajoy para colocar a sus allegados. En aquel momento se acusó al Gobierno de maniobrar para llevar al exministro a París, donde su mujer ejerce de directora general adjunta de Educación de la OCDE. Los alrededor de 10.000 euros mensuales de salario, además de la vivienda de 500 metros cuadrados de la que disfruta en ese cargo situaron a Wert como el ejemplo de las puertas que el Gobierno podría hacer girar con el único impulso del Boletín Oficial del Estado.

Respecto a la salida de Wert, fuentes del Gobierno aseguran que su cese se producirá “más o menos” al tiempo que el de Morenés. 

Ambos exministros forman parte de la cuota de los llamados “embajadores políticos”. No son los primeros que, sin formación diplomática son nombrados por el Ejecutivo para cargos de importancia. Ese fue el caso del también exministro del PP Federico Trillo, que encabezó la legación diplomática en Londres. El Partido Socialista hizo lo propio con el exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, quien fue nombrado tras una prolongada campaña para conseguir la Embajada de España ante la Santa Sede.

La Red Española de Filosofía (REF) nació unos meses antes de que se conociera el primer borrador de la Lomce. Su presidente, Antonio Campillo, no sabía entonces que el grupo iba a terminar entregándose a tiempo completo a batallar contra una ley que les interpelaba directamente al eliminar tres de cuatro de sus asignaturas.

Con algunos logros a la espalda, la REF continúa en la misma senda cinco años más tarde. En septiembre se inicia un nuevo curso, el segundo de implantación completa de la norma y de destierro de la Filosofía. En el horizonte, una promesa del PP de dar marcha atrás y recuperarla con el pacto educativo.

¿Los grupos políticos les han confirmado que habrá acuerdo para recuperar las materias de Filosofía que desaparecieron con la ley 'Wert'?

Antes de verano hicimos una ronda de contactos. En general la disposición de los grupos fue positiva hacia nuestras peticiones, incluido el PP.  No sé si habrá pacto pero en el caso de la Filosofía parece que ya hay un acuerdo en que tiene que recuperar al menos la presencia que tenía hasta que se la cargó la Lomce. Es decir, volver al escenario de que se imparta en los tres últimos cursos de instituto. Cuando haya que entrar a la letra pequeña nos gustaría también que contaran con nosotros. 

¿Y cuál es la actitud del Ministerio de Educación?

El nuevo equipo ministerial ha variado su sensibilidad sobre el tema. Hemos tenido una entrevista con ellos donde hemos apreciado ese cambio de actitud, de reconocer que se habían equivocado y que estaban dispuestos a modificarlo. Ahora hay sintonía entre el Ministerio y el Grupo Popular, algo que no existía en la era Wert. El grupo nos llegó a prometer antes de aprobarse la Lomce que presentarían una enmienda a la tramitación en este sentido y no lo hicieron.

El equipo de Wert era fuerte e ideológico. No pactaron con nadie, montaron su ley prefabricada. Consideraron que los contenidos de filosofía era contenidos ideológicos de izquierdas y se han utilizado como arma arrojadiza, como una especie de chicle para poner y quitar materias con el telón de fondo del debate sobre educación para la ciudadanía. Un gran error. En la Lomce se da una extraña mezcla de integrismo religioso, economía neoliberal y patriotismo español.

¿Por qué dice que la economía neoliberal ha inspirado la ley actual? ¿En qué se nota?

No es un problema solo del contexto español y tiene que ver con entender la educación como formación de capital humano, como formación de trabajadores cualificados. Si reduces la educación a eso, te sobra Filosofía, Dibujo, Música... Todo lo que se considera inútil para el fin último. Me preocupa mucho que PISA sea el estudio de referencia porque lo elabora una organización económica que enfoca desde el empleo y la preparación para el mercado. La Unesco, en paralelo, no para de decir en sus informes que la filosofía es fundamental para formar ciudadanos. Amuebla las cabezas, ayuda a afrontar el resto de materias.

¿Qué piden a los políticos para la ley que va a redactarse si hay pacto?

Que respeten la Filosofía como una materia básica, como un ciclo formativo que no se resuelve en un año, sino de manera secuenciada durante el último curso de ESO y los dos de Bachillerato. Igual que Matemáticas se llama todos los años Matemáticas, aunque su contenido curricular va variando.

¿Y en Primaria?

Para esos niveles proponemos la metodología de filosofía para niños. No es una materia propiamente dicha, sino una metodología de centros. Se han hecho experimentos en Reino Unido que demuestran que en los grupos donde se trabajó de este modo los niños y niñas obtenían mejores resultados académicos en todas las disciplinas. La Filosofía te hace mejor en Matemáticas. Te enseña a discutir, a reflexionar, a analizar, a trabajar en equipo. Te adiestra en el ejercicio del pensamiento y eso es transversal.

En dos semanas arranca el segundo año sin Ética ni Historia de la Filosofía, ¿se ha notado?

Hemos percibido dos cosas. La primera es que los chicos y chicas ya no cursan Ética en 4º de la ESO y llegan a Bachillerato con una formación nula, hay que partir de cero. Eso ralentiza el aprendizaje y sobrecarga mucho más a los profesores. La segunda cosa que nos preocupa es la enorme diferencia que hay entre comunidades autónomas. Andalucía, Asturias, Cataluña y Extremadura establecen la Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato como obligatoria en todas las modalidades, la han blindado. Y otras cinco solo en una o dos vías.

Esas nueve comunidades han blindado la asignatura total o parcialmente, pero ¿qué pasa en el resto? 

Dar o no filosofía ha terminado dependiendo del signo político y de la capacidad de movilización de los profesores. En esas estamos, y es penoso. Siete comunidades han aplicado a pies juntillas la Lomce y la mantienen como una optativa dentro de un cajón de un montón de materias. Son Galicia, Madrid, Euskadi, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha y, por ahora, la Comunitat Valenciana. En esta última las Cortes acordaron que se incluyera como obligatoria pero eso aún no se ha reflejado en ningún decreto autonómico.

¿Cada comunidad puede hacer lo que quiera con estas materias?

No del todo. Con la Ética de 4º de la ESO no se puede hacer nada. El PP la suprimió en su batalla con el PSOE al asociarla a Educación para la Ciudadanía. Los estudiantes que no continuaban los estudios tenían acceso a estos contenidos, probablemente los únicos que daría en su vida relacionados con el pensamiento crítico. Sin embargo, con Historia de la Filosofía las comunidades tienen un margen para añadir materias a los itinerarios.

En general las leyes educativas establecían, hasta que llegó la Lomce, unos mínimos de horas en todas las asignaturas, pero José Ignacio Wert se obsesionó solo con controlar unas cuantas asignaturas sin margen de maniobra y garantizar que se dieran en toda España con un número elevado de horas. Por ejemplo, HIstoria de España. Filosofía se quedó fuera, lo que origina un abanico enorme de situaciones.

Parte de la justificación del exministro Wert para implantar la Lomce era precisamente unificar los sistemas educativos de las comunidades. ¿Esto no lo contradice?

Estas desigualdades las reconoció la propia diputada de Educación del PP, Sandra Moneo. El PP quería evitar en teoría tener 17 sistemas diferentes y esto es lo que han conseguido. Ahora, perder la mayoría absoluta y el cambio político en muchas comunidades desde 2015 ha llevado al PP casi obligatoriamente a un pacto. Los gobiernos autonómicos están intentando minimizar los daños que está provocando esta ley, se están resistiendo. Y el resultado también de eso es un sistema educativo en estado de caos.

¿Temen que la desaparición de las asignaturas relacionadas con el pensamiento crítico haga caer el número de alumnos que estudian Filosofía en la universidad?

Curiosamente en la universidad, ahora que estamos en periodo de matrícula, han aumentado las matrículas. Ha pasado en mi facultad (Universidad de Murcia), en la Complutense, en Barcelona...  Las vocaciones filosóficas no han disminuido a pesar de la Lomce.

El Ministerio de Educación amplía sin margen a la negociación al menos un año más el sistema de becas que diseñó el exministro José Ignacio Wert. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el decreto de becas que se redacta anualmente y que recoge los umbrales económicos para acceder a las ayudas y las cuantías.

El encierro de parte del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado no ha impedido al Gobierno seguir adelante con su decreto, pero sí le ha obligado a comprometerse a crear una comisión mixta –compuesta por CRUE y Ceune– para analizar los umbrales, que no se tocan, como ha reconocido Íñigo Méndez de Vigo, desde 2012.

Estos máximos fijados un año más por el Ministerio y sin cambios desde 2013 son tres: el primero (incluye matrícula gratuita. beca de renta y residencia y cuantía variable) es de 14.613 para una familia de cuatro miembros; el segundo (que exime del pago de tasas y contempla la ayuda de residencia y la parte variable) está fijado en un techo de 36.421 euros para el mismo número de miembros; y el tercero (solo matriculación gratuita), accesible para unidades de cuatro personas que ingresen un tope de  40.796 euros.

No está sobre la mesa de ninguna manera, confirmaba el Ministerio de Educación tras disolverse el encierro de estudiantes, el cambio del sistema de becas en dos partes –fija y variable– y las notas exigidas para acceder a las ayudas: un 6,5 para las becas y un 5,5, para la exención de matrícula. El criterio, enducerido por Wert, “estimula la mejora del rendimiento académico de los estudiantes”, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros su sucesor Méndez de Vigo, quien ha insistido en “el esfuerzo y la responsabilidad” de los becarios.

El también portavoz del Gobierno ha presumido delante de los periodistas de dedicar “la cifra más alta de la historia” en el presupuesto de becas: 1.420,3 millones, lo que supone solo un 0,28% más que en 2016. Las ayudas llegan, según cifras del Ministerio, a 674.000 becarios de convocatoria general y 95.000 con necesidades educativas especiales. “Cumplimos con la dimensión social de la educación, que nadie deje de estudiar por motivos económicos”, ha señalado el ministro.

Los importes de las ayudas continúan como en 2013 y son 1.500 euros de la parte fija ligada a la renta familiar y un mínimo de 60 euros correspondiente a la cuantía variable, la que se ingresa en función de una fórmula muy compleja de calcular que tiene en cuenta el dinero restante una vez entregada la primera parte.

El resultado es que los becarios no conocen cuál será el total de su beca hasta muchos meses después del inicio del curso, lo que hace muy difícil la planificación, como ha denunciado año tras año desde 2013 el Consejo Escolar del Estado y ahora también el Congreso. La cámara baja aprobó en junio una Proposición No de Ley del PSOE para “modificar la normativa reguladora para recuperar el verdadero sentido como derecho subjetivo”. El Consejo Escolar también ha instado al Gobierno a revisar los umbrales de renta y las cuantías de las ayudas.

El real decreto del Gobierno solo ha introducido un cambio menor que permitirá que los estudiantes que han hecho ciclos de Grado Medio que después convalidan en enseñanzas de Grado Superior no vean reducidas sus ayudas al hacerlo, como ocurría hasta ahora por la interpretación que se hacía de la norma. En estos casos, para el Ministerio el estudiante no estaba matriculado del curso completo por lo que no podía recibir el importe íntegro de la beca.

El Congreso de los Diputados quiere que el Gobierno termine con el sistema de becas y ayudas al estudio que implantó el exministro José Ignacio Wert en 2013. La cámara ha aprobado con los votos a favor de PSOE y Unidos Podemos (147) y la abstención de Ciudadanos, PNV y PDCat (66) una proposición no de ley –aprobada a través de un texto transaccional con enmiendas de los tres grupos– que pide “modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar el verdadero sentido como derecho subjetivo”.

El texto definitivo, que ha contado con el rechazo del PP y Esquerra Republicana, pide al Ministerio de Edfucación que se establezcan criterios “claros, objetivos y ponderables para su obtención, de tal manera que el solicitante pueda conocer de antemano [...] la cuantía que percibirá”. También fija un periodo máximo de tres meses para la resolución de los expedientes de beca.

Esta proposición se aprueba justo cuando el Gobierno está a punto de dar luz verde al decreto de becas para el próximo curso, que no cambia “ni una coma” el sistema de los años anteriores, según el Consejo Escolar del Estado. El máximo órgano de representación de la comunidad educativa aprobó una enmienda de la asociación estudiantil CANAE para aumentar el importe y estudiar “la viabilidad de un nuevo modelo de gestión”. Y no es la primera vez que critican esta forma de repartir las ayudas, que ha hecho disminuir la cuantía media en un 27% respecto a 2011-2012.

Con el sistema actual, las becas –universitarias y no universitarias– se dividen en dos partes: una fija y una variable. La fija incluye cantidades concretas en función de si se cumplen o no determinados requisitos: por ejemplo, a un universitario que vive en la Península, no supera el umbral más bajo de renta y estudia lejos de donde vive su familia le corresponden 3.000 euros.

El estudiante puede saber de antemano cuánto debe recibir de la parte fija, según los requisitos que cumple. Esta parte se la conceden unos meses después, empezado el curso, pero sin saber cuánto recibirá en total porque hasta final de curso no recibe la resolución definitiva con el último pago correspondiente a la parte variable.

Esta segunda cuantía se calcula a través de una fórmula matemática prácticamente indescifrable. Tanto es así que el Ministerio apañó a principio de curso un “simulador” web para calcular el importe total. Una vez que se han asignado todas las cantidades fijas, Educación reparte el dinero que sobra en todos los becarios y de ahí sale esa parte variable. Este sistema provoca año tras año las quejas de los estudiantes, que denuncian que reciben la beca –de la que ni siquiera saben su cuantía– muchos meses después de empezar el curso.

Además de un sistema de pago diferente, el Gobierno incluyó novedades en los requisitos académicos. Se establecía en un 5,5 la nota mínima de selectividad que da derecho a la exención de las tasas de matrícula en primer curso de la universidad, pero subía a un 6,5 la calificación que permite acceder a las becas generales.

“Teatro” y “deslealtad” al trabajo por el pacto educativo

Los grupos reclaman también que “un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tengan en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar a la que pertenezca cada estudiante” y se insta al Gobierno a convocar “con carácter de urgencia el Observatorio de Becas”, creado en 2010. Sobre becas, se pide también la vuelta de las desaparecidas Séneca (ayudas para estudiar en otra universidad española) y una adaptación de las cuantías de las Erasmus en función del país de acogida para que sea “suficiente para la manutención del estudiante”.

El texto urge al Ejecutivo de Rajoy a “eliminar la obligatoriedad de devolución a posteriori de la beca a aquellos alumnos que no hayan superado los créditos exigidos”. El PSOE calcula que unos 120.000 han tenido que devolverla desde que existe el sistema, “aun endeudándose para hacerlo”, ha dicho la diputada María Luz Martínez Seijo, encargada de defender la PNL. “Se exige al súper becario un rendimiento superior al resto y eso genera inseguridad en un contexto de dificultades económicas”, ha añadido.

El PP y Ciudadanos han afeado al PSOE defender su propuesta desmarcándose de la subcomisión creada en el Congreso para alcanzar un pacto educativo. “Nos sorprende que traigan esta propuesta al pleno cuando la subcomisión es el foto adecuado, sin teatros”, ha afirmado Marta Martín, de la formación naranja. “Es muy inoportuno y una deslealtad porque esto se está trabajando en la subcomisión”, ha abundado el portavoz popular Miguel Lorenzo.

Este martes es una fecha marcada en el calendario de muchos estudiantes porque empiezan las pruebas de acceso a la universidad en seis comunidades. Las demás empezarán el miércoles o la semana que viene. A los nervios tradicionales, este año se han sumado otro factor: la incertidumbre.

Hasta el mes de febrero los institutos no recibieron ninguna información sobre la prueba, que ha ido cambiando de naturaleza y de estructura una y otra vez: la reválida que quiso diseñar el exministro José Ignacio Wert, idéntica para todo el alumnado del Estado y con preguntas tipo test, se ha convertido con la política de marcha atrás de Íñigo Méndez de Vigo en una evaluación muy parecida a la antigua Selectividad llamada Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU o EvAU, en algunas regiones) solo para las chicas y chicos con intención de estudiar un Grado.

La orden con el diseño básico de la prueba no se publicó hasta diciembre del año pasado, con un tercio del curso completado. Apenas un mes antes, Mariano Rajoy anunciaba que retiraba los efectos académicos de las reválidas tras una jornada de fuerte movilización de la comunidad educativa contra estas evaluaciones. Y una semana después el ministro de Educación concretó que la prueba no solo no era obligatoria para titular sino que además únicamente tendrían que presentarse los estudiantes que quisieran acceder a la universidad.

Profes y psicólogos

Para entonces, los estudiantes de 2º de Bachillerato ya estaban metidos en la vorágine del último curso del instituto, que obliga a los profesores a impartir clase contrarreloj con un adversario añadido este curso, además del tiempo.

“Ha habido asignaturas en las que han cambiado las indicaciones de modelo de examen varias veces. Los docentes hemos absorbido los miedos y las inseguridades que tenían los alumnos. Lo hemos sufrido y lo hemos compartido. Me he pasado clases enteras haciendo casi una terapia de grupo”, dice Ana Ojea, profesora en un instituto gallego de Cultura Audiovisual II, una materia hija de la Lomce. “Ha sido surrealista porque, al ser nueva, no teníamos ni modelos de años anteriores con los que ir tirando”, añade. Ojea dice que empezó diseñando pruebas tipo test “que no sirvieron de nada porque en febrero nos dijeron que el examen era diferente”.

Rubén, en Madrid, y Herminia, desde Sevilla, lo han vivido en primera persona. “Ha sido bastante estresante. Hasta bien avanzado el segundo trimestre no nos dieron indicaciones de nada”, explica él. Ambos hablan de los problemas para preparar Historia de España, una asignatura de la que hay que examinarse obligatoriamente por primera vez tras desaparecer Filosofía. Antes se podía elegir una u otra.

“El modelo en Andalucía ha cambiado bastante y ahora es necesario estudiarse a fondo una parte mayor del temario porque hay más preguntas cortas más variadas”, describe Herminia. Rubén cuenta que empezaron a resumir los temas pensando en esa pregunta larga que tenía el antiguo modelo “y a última hora hemos tenido que rehacer todo el temario adaptando todo”.

“La sensación de desprotección nos ha acompañado todo el curso”, reconoce Ojea. Dice que se disculpó ante sus alumnos y alumnas el último día “en nombre del sistema porque soy funcionaria pública”. “Nos han ninguneado a base de ignorarnos, no he visto una cosa igual en los 18 años que llevo como profe ni tampoco en mi etapa como estudiante”, afirma. La Confederacion de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), mayoritaria en la escuela pública, han denunciado en una nota la “idefensión completa del alumnado, sujeto a presiones y angustias que no deberían haber existido”.

Lo que impone el Ministerio y antes no

El Gobierno ha reducido por decreto el margen que tenían los estudiantes para elegir las materias de las que se examinan a partir de este martes. El Ministerio de Educación impone ir al examen de Historia de España y marca cuál es la asignatura de modalidad para cada rama de Bachillerato, cuando antes se podía elegir entre tres posibles. Si eres de Ciencias, haces Matemáticas; los de Sociales, Matemáticas Aplicadas; y si has cursado Humanidades, vas a Latín.

Los exámenes no serán iguales en todas las comunidades, como quería Wert, pero al menos un 70% de las preguntas tienen que evaluar unos estándares de aprendizaje fijados por el Ministerio en su orden de diciembre de 2016. ¿Cómo? Con preguntas abiertas y semiabiertas (que ocupen al menos el 50% de la prueba) y también de opción múltiple, según el real decreto que regula la EvAU.

Las comunidades autónomas puede plantear el otro 30% del cuestionario fuera de esos estándares obligados pero siempre respondiendo a los contenidos del nivel marcados por ley. Y todas, eso sí, deben pasar un cuestionario “de contexto” para conocer el nivel socioeconómico de las familias del examinado.

En un curso de transición marcado por los cambios de última hora, la mayoría de comunidades han optado por diseñar unos exámenes lo más parecidos posible a la antigua Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). El de Lengua y Literatura, por ejemplo, no ha variado nada en Madrid. “Nos han sacado de temario la literatura hispanoamericana y algunas cosas de morfología, pero la estructura es la misma”, explica Ana, docente de la asignatura en un instituto madrileño.

La nota cambia según la carrera

El número de pruebas y el peso que tiene cada una en la nota final no ha cambiado. Cada estudiante se presenta a tres o cuatro troncales –Lengua y Literatura, Lengua Extranjera, Historia y Lengua Cooficial en las regiones que la tengan– y una de modalidad. Todas ellas suman cuatro puntos que hacen una media ponderada con la nota de Bachillerato, que tiene un peso de seis. No es necesario llegar al cinco en la EvAU, a partir de un cuatro sirve para hacer esa media.

Entre una y otra salen 10 puntos como máximo, a los que se pueden añadir otros cuatro extra. ¿Cómo se obtienen? Presentándote a las llamadas asignaturas específicas. Un alumno o alumna puede examinarse hasta de cuatro pero solo se contará la nota de dos, las dos mejores.

Si no sacas al menos un cinco en las específicas, la posibilidad de subir nota se anula. Y si apruebas, la calificación puede aumentar más o menos en función de la carrera que elijas. Cada universidad publica unas “tablas de ponderación” con las que los estudiantes se tienen que calcular su nota final. La universidad en la que se presentan a la prueba solo les comunica una calificación sobre 10; el resto hasta 14 se lo calcula cada uno sobre la nota que sí les dan de las dos específicas por separado.

Toda esta maquinaria de evaluación tiene, además, poca vocación de futuro porque está condicionada a lo que se decida en el futuro pacto educativo que se negocia en el Congreso. “Se supone que esto será así hasta que haya pacto, que no sabemos cuándo será. La estabilidad que le damos a nuestros chicos y chicas es nula y los que lo sufren son ellos. Los que estamos en el día a día, lo vemos de cerca. Eso no lo sabe nadie”, concluye Ana.

El PP sigue desmontando su propia ley educativa. La portavoz de Educación en el Congreso, Sandra Moneo, ha admitido en un encuentro con periodistas que su partido se equivocó al permitir que se arrinconara la asignatura de Filosofía en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) –sólo obligatoria en 1º de Bachillerato cuando antes también lo era en 2º– y apuesta ahora por introducir esta materia tanto en la educación obligatoria como en Bachillerato.

En sus declaraciones, Moneo ha señalado algunas de las aportaciones que su grupo parlamentario quiere hacer de cara al Pacto Social y Político por la Educación, que pasan por la recuperación de la enseñanza de Filosofía. “Creemos que en este mundo, cada vez más tecnológico, es importante la formación humanística, con un replanteamiento de la Filosofía. Tenemos que entonar el 'mea culpa' en este sentido”, ha indicado la portavoz 'popular' sobre la ordenación académica que su formación quiere modificar de cara a un futuro pacto.

Moneo también ha indicado que la ordenación académica de la LOMCE, con asignaturas troncales, optativas y de libre configuración, no ha servido para “vertebrar” el sistema. Si bien señala que el Estado tiene las competencias “perfectamente definidas” y respeta las competencias autonómicas, la última ley educativa deja un amplio margen a las comunidades autónomas en cuanto a la configuración de las asignaturas. “Habría que replantearse si seguimos con la misma estructura”, ha apostillado.

Abiertos a enterrar las reválidas

Sobre las evaluaciones externas, la portavoz de Educación del PP ha subrayado que su grupo va a ser “flexible” con las propuestas que hagan el resto de fuerzas políticas, siempre que estas pruebas sirvan para hacer una “diágnóstico certero” del sistema educativo y no supongan “barreras” para los alumnos. De esta forma, ha admitido su apuesta por que no tengan efectos académicos, principal crítica a las llamadas 'reválidas' de la LOMCE.

“Hay que redefinir las evaluaciones y para nosotros es más importante que sirvan para garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado de las distintas comunidades autónomas, que el hecho de que pueda suponer una barrera para los alumnos”, ha indicado esta diputada, que cree que la evaluación de la ESO se puede hacer en 3º en lugar de en 4º para detectar antes los problemas. “Vamos a ser flexibles y vamos a estar receptivos”, ha apostillado.

Moneo ha mencionado también al profesorado y ha señalado que el pacto estaría “incompleto” si no se aborda su formación, acceso y carrera. En este sentido, ha dicho que el PP apuesta, como otros partidos, por un sistema similar al MIR de los médicos para todos los aspirantes, independientemente de su comunidad autónoma y de dónde vayan a ejercer la docencia e el fututo, si es la pública o privada. Los primeros deberán aprobar además una oposición.

Otros seis meses más

La portavoz 'popular' ha indicado que los trabajos de la Subcomisión parlamentaria para el pacto educativo van en el buen camino y que aunque existen notables diferencias entre los grupos que la integran, hay margen para el acuerdo. Asimismo, ha señalado que van a tener que renovar por seis meses más este foro porque hasta julio van a continuar las comparecencias de los expertos: quedan 16 propuestas por el PP y 20 por el resto de los grupos.

“A partir de verano nos tendremos que poner a trabajar sobre textos y analizar las comparecencias”, ha señalado esta diputada que confía en que en enero se presente el documento del Pacto Educativo. “Si va a ser una nueva ley o no, esto vendrá marcado por el acuerdo”, ha afirmado, para añadir que desde el PP no van a “poner barreras” a una reforma de la LOMCE.

La portavoz de Educación 'popular' considera que la nueva normativa que surja del pacto debe contener un “compromiso presupuestario”, una suerte de “fondo de cohesión territorial” para evitar las “diferencias entre comunidades autónomas” y garantizar así la igualdad de oportunidades de todo el alumnado. En este sentido, es partidaria de no medir la inversión educativa teniendo en cuenta el “gasto por alumno” y no respecto al PIB, como planteó este martes en el Congreso el experto Julio Carabaña.

La “línea roja” del PP

No obstante, ha subrayado que la “línea roja” para su grupo es el artículo 27 de la Constitución Española que garantiza el derecho de todos los españoles a la educación y la libertad de enseñanza y que la defensa del mismo pasa por garantizar la enseñanza concertada. “Nuestra postura es inequívoca en esta cuestión: los padres tiene derecho a elegir el centro educativo”.

Moneo ha reconocido que le “preocupa” que en estos momentos “se esté replanteando el propio derecho de los padres” en comunidades como la valenciana o Aragón, donde se están cerrando unidades (aulas) concertadas y que han llevado a miles de personas a protestar en las calles. “Hay que construir sobre los consensos ya alcanzados. Siempre vamos a estar en el lado de los padres y de la Constitución”, ha sentenciado.

La Comunidad de Madrid va a utilizar el margen de maniobra que le da tener las competencias educativas para seguir lo más cerca posible de la Lomce ideada por José Ignacio Wert. La Consejería de Educación ha decidido que todos los alumnos y alumnas madrileños de 4º de ESO y de 6º de Primaria –y no una muestra– hagan las pruebas previstas por la norma para estos cursos, pese a que las modificaciones acordadas entre el ministro de Educación y las comunidades autónomas no obligan a ello.

El decreto que regula las pruebas solo impone realizar la evaluación de final de la ESO, originariamente una reválida tumbada por el propio Gobierno y ahora una prueba que no cuenta para nota, a una muestra indeterminada de estudiantes que escoge cada región. Y lo mismo pasa con la de Primaria.

En 250 centros, todos los de la zona capital –una de las cinco direcciones de área territoriales (DAT) en las que se divide la región– y algunos más de otras, la prueba la hará personal externo, que también la corregirá y hará un análisis de resultados; una operación que va a costar a la Consejería 420.000 euros solo este curso. En los siguientes, pretende hacerla censal en cada una de las áreas para que “todos los centros sean evaluados por personal docente externo al menos una vez cada tres años”.

El resto de colegios e institutos tendrá que apañarse para hacer la prueba con recursos del propio centro porque la Consejería obliga a todos a realizarla de uno u otro modo. En otras comunidades, los centros que están fuera de la muestra obligatoria por decreto quedan liberados.

La región se perfila así como el único reducto de la aplicación más dura de la Lomce, tanto por la regulación de que la hagan todos los chicos y chicas de estos niveles como por el desembolso económico para analizar los resultados que no han presupuestado en otras regiones, excepto en La Rioja que, como Madrid, va a externalizar la realización, corrección y análisis de los exámenes sin concretar aún el presupuesto dedicado a este fin. Otras comunidades van a cumplir con los mandatos del ministro Méndez de Vigo con personal de las propias consejerías.

Según datos aportados por la de Madrid, el Gobierno de Cristina de Cifuentes va a pagar 420.000 euros en subcontratar a ODEC Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas, S.L. - 2E Estudios, Evaluaciones e Investigaciones, S.L, la empresa que va a poner al personal que estará en las clases durante los exámenes y luego los corregirá. Después, también tiene encargo de hacer un desgranar los resultados que, como prometió Méndez de Vigo, no serán públicos para evitar los ranking de centros.

En este presupuesto también se incluye los mismos procesos para el examen de 6º de Primaria, que este curso se realiza los días 31 de mayo y 1 de junio. El año pasado, previo a las enmiendas más duras a la Lomce de Wert, lo realizaron todos los centros y también se encargó una empresa a la que se pagó 300.000 euros, algo a lo que ya no obliga el decreto aprobado por el ministro Méndez de Vigo, que deja la puerta abierta a que las comunidades hagan lo que quieran con estas pruebas aunque siempre sobre dos premisas de mínimos.

La primera, que no tienen impacto sobre el expediente académico; la segunda, que deben realizarla al menos una muestra de los alumnos en esas edades escolares sin concretar el modo de seleccionarlas, lo que permite, por ejemplo, que puedan dejar fuera al alumnado de necesidades educativas especiales. En Madrid, la Consejería ha decidido que la nota que obtengan estos estudiantes no compute para la media de cada centro.

Estas directrices, que tampoco tocan ni el diseño ni las fechas de las pruebas, distan mucho de la concepción que tenía José Ignacio Wert del examen de final de Secundaria, una reválida tipo test igual para todas las comunidades que había que aprobar para poder obtener el título de ESO. En Madrid se realizará el 19 de mayo.

Costes “mínimos” en otras comunidades

Incluso comunidades tradicionalmente proLomce, como Galicia, han rebajado la puesta de largo de la prueba de Secundaria, cuya aplicación y corrección correrá a cargo de los profesores –ya sean o no del centro– sin empresas de por medio, del mismo modo que el análisis posterior. “Se hará con recursos propios del sistema”, confirma la Conselleria de Educación.

Se repite una organización similar en varias comunidades consultadas por eldiario.es, como Castilla La Mancha, Aragón o la Comunitat Valenciana. Preguntadas por el presupuesto que se volcará de las arcas públicas para su realización, todas ellas insisten sin dar más detalles en que los costes serán “mínimos”, entre ellos la impresión y la distribución de las pruebas por los colegios e institutos.

Que Madrid es una comunidad que aplica todo lo a pies juntillas que puede y más la Lomce se mide también a través de otros parámetros, como el diseño del currículo. El decreto que desarrolla el de Secundaria interpreta, de un modo distinto a otras comunidades, que no todas las materias del primer ciclo de ESO cuentan para pasar de curso, pero sí incluye en ese cómputo a la Religión.

La ley en vigor desde 2014-2015 establece que la asignatura cuenta para nota y eso influye en las decisiones de los estudiantes, especialmente de la escuela pública, ya que es fácil de aprobar

En los centros estatales el porcentaje crece 9 puntos en ESO y 13 en Bachillerato, según los datos de la Conferencia Episcopal

No hay cambios significativos en los concertados/privados católicos, donde ya era la opción mayoritaria. En Primaria tampoco varían los datos

Evolución del porcentaje de estudiantes de centros públicos que optan por Religión en ESO y Bachillerato

Fuente: Conferencia Episcopal

Desde que entró en vigor la Lomce hay más estudiantes que eligen Religión en Secundaria y Bachillerato. Lo dicen los datos de la Conferencia Episcopal, elaborados sobre la información que aportan las diócesis y que muestran una evolución ascendente y sostenida desde el curso 2015-2016.

La ley, aprobada por el exministro Wert, concede a esta materia el estatus de evaluable. Y esto ha tenido su efecto en las decisiones de los estudiantes de los centros públicos: el porcentaje de alumnos que la eligen ha crecido desde 2015-2016 –curso que se implantó en estos niveles–nueve puntos en Secundaria (de 387.000 a 625.000)  y 13 en Bachillerato (de 68.000 a 130.000).

En esta última etapa postobligatoria, cuya nota media condiciona el acceso a la universidad, la asignatura está incluida en un paquete amplio de optativas más duras tradicionalmente, como Dibujo Técnico o Francés. Esto podría hacer que se elija más al considerarse más fácil de aprobar, como admite la propia Conferencia Episcopal. En Primaria, los datos permanecen estables.

No hay grandes cambios en las elecciones de los estudiantes de la escuela concertada católica porque en estos centros la Religión ya era antes de la Lomce la opción mayoritaria. Los que optan por la materia en concertados y privados no católicos han descendido, aunque la muestra es de muy pocos centros, algunos de innovación pedagógica.

Aquí puedes ver todos los datos, desglosados por años, niveles y tipos de centro:

Evolución de los matriculados en Religión y su alternativa por tipo de centro y curso

Fuente: Conferencia Episcopal

José Ignacio Wert ha vuelto al Congreso con un powerpoint lleno de datos para justificar su gestión educativa en la subcomisión que la está poniendo en cuestión y que pretende romper con su ley, la Lomce, para sustituirla por otra.“No tuve mayor preocupación como ministro ni negociación más dura que conseguir un incremento de las becas cuando las exigencias de consolidación fiscal era las más duras”, ha dicho el exministro, que ha sacado pecho del aumento del número de becarios obviando el recorte de las cuantías de las ayudas de hasta un 27%.

La mayoría de grupos, salvo el PP y un Ciudadanos conciliador, le han dedicado duros reproches por la Lomce, por los recortes y por la falta de diálogo durante sus años de mandato. Algunos, como los socialistas, le han acusado directamente de “maquillar las cifras”, procedentes en su mayoría de la fuente para la que trabaja desde que fue enviado a París como embajador, la OCDE.

Al finalizar la sesión, los periodistas le han preguntado qué le ha parecido que el Gobierno haya desmontado sus reválidas: “A mi edad no me siento desacreditado por nada”, ha respondido. “En política hay que tener flexibilidad intelectual y no tomarse las cosas como una cuestión personal”, ha añadido.

En su comparecencia había justificado sobre las evaluaciones que “han creado malentendidos respecto a los objetivos que perseguían”, lo que no ha impedido que se mantenga en su defensa férrea de ellas: “El uso está acreditado que produce efectos de mejora en el sistema educativa. Y la existencia de esas métricas permite dar autonomía a los centros escolares siempre que se mantenga esa definción del estado como garante de la equidad”.

Wert ha cerrado su paso por el Congreso advirtiendo que no pretendía parecer “triunfalista”. “La mejora de los indicadores no es atribuible a la gestión de mi equipo ni a la mía propia. Ni lo conseguido permite dar por resueltos los problemas del sistema. Pero es improtante anclar el debate en la realidad de los datos y no en estereotipos”, ha concluido.

“Hubo decisiones subóptimas que abordar”

Ante las peticiones de autocrítica, el exministro se he culpado al “periodo de extraordinaria dificultad” y ha dicho que “no se trata de hacer autocrítica o dejarla de hacer, sino que cada entorno político marca márgenes de actuación”. “Se toman decisiones subóptimas, y hubo muchas decisiones subóptimas que abordar”, ha reconocido, poniendo como ejemplo la desaparición de los programas de cooperación interterritorial por los que le había preguntado Ciudadanos.

Wert ha aguantado el chaparrón con un tono tranquilo, deseando “la mejor de las suertes al trabajo de la subcomisión”, sin bromas ni salidas de tono que eran habituales en su etapa al frente de Educación. Se ha ceñido en su lugar a los gráficos que llevaba recogidos en el power point, con los que ha querido tocar todos los palos: abandono escolar, ratios, profesores, universidad, FP...

En medio de esa exposición positiva de números, sí ha reconocido que se produjo una “contracción del gasto público” y que todavía no se ha recuperado si lo comparamos con niveles “anteriores a la crisis”. Y ha culpado a la coyuntura de esos recortes, reconociendo, eso sí, que se ha cargado a las familias con parte de esa inversión que no hizo el Estado y que la inversión media queda por debajo de la media de la OCDE y de la UE.

La petición de comparecencia de Wert, de parte de Unidos Podemos, ha sido muy cuestionada por grupos como el PP, Ciudadanos o PSOE. “Jamás pensamos que Unidos Podemos pudiera tener esta consideración con usted y escuchándolos nos ha quedado claro. Esta subcomisión ni juzga ni absuelve. No está usted ante un tribunal”, ha dicho la diputada popular María del Carmen González. El portavoz socialista Manuel Cruz ha manifestado, por su parte, que su grupo “nunca llamaría a un pirómano para apagar un fuego” y ha pedido al exministro que “no vuelva a poner sus manos sobre la educación de este país”.

La polémica sobre los 20.000 euros que nos cuesta el cuadro de Wert bien da para un retrato de esta España nuestra. Es pintoresco cómo despilfarramos en algunas partidas y en otras recortamos sin ponernos colorados. Suele ser cuestión de quién tiene la llave de la caja. Aquí, tienen derecho a que les paguemos sus retratos para la posteridad hasta los altos cargos de más infausto recuerdo, para satisfacción de su ego y esquilme de nuestros bolsillos.

¿Dónde está el criterio? 82.600 euros para un cuadro de José María Aznar, 69.600 euros para el de Felipe González, 81.200 euros para un expresidente de la Diputación de Sevilla o 59.400 euros para una expresidenta del Tribunal Constitucional. Hubo un presidente del Congreso, Manuel Marín, que optó por una fotografía y nos costó 24.780 euros, pagados a una Premio Nacional… Cada alto cargo elige y queda retratado a dedo, sin concurso público.

Aquí hemos pagado retratos de presidentes, ministros, presidentes del Congreso, del Senado, presidentes autonómicos, de parlamentos regionales, presidentes del Constitucional, del Supremo, del Poder Judicial, del Consejo de Estado, de Diputaciones provinciales, rectores, decanos, alcaldes… La lista sigue. Cada uno tiene su momento de gloria y algunos hasta permanecen escondidos en algún desván, porque todos no caben y, a este paso, tendremos que pagarles también un museo.

Puede ocurrir que le paguemos al alto cargo más patán un retrato más caro que el de un presidente del gobierno. También sucede que hay políticos a los que les hemos pagado el cuadro en varios organismos. Un buen ejemplo es Rajoy, cuyo cuadro hemos sufragado en varios ministerios. Lo mismo ocurre si el político en cuestión ha pasado por otras instituciones autonómicas, provinciales… ¡Ah!, sumemos a esto los diversos retratos de los reyes, que también cuelgan de distintos organismos públicos.

No se trata de hacer brocha gorda, pero sí de analizar por qué se nos va la mano con tanto retrato. Sin desmerecer el trabajo de los pintores, que también deben ganarse la vida: ¿a quién pintar?, ¿por qué?, ¿con qué presupuesto?, ¿cómo adjudicar la obra?, ¿hay límites?, ¿vale lo mismo para todos?, ¿por qué hay organismos públicos que muestran lo que hemos pagado en retratos y otros lo ocultan? Y, en definitiva, ¿es necesario? La gama de colores es tan amplia como que en un Ministerio, el de Educación, cuelga un autorretrato de la exministra Pilar del Castillo, que nos salió gratis y, al lado, ya está José Ignacio Wert, que vuelve a sacudirnos el parné.

Wert posaba con su retrato como exministro. Fue el peor valorado, pero ahora le pagamos 10.000 euros al mes como embajador ante la OCDE. El mismo día que Wert descubría su cuadro, este organismo nos decía que en España la tasa de pobreza infantil se acerca al 25%. El ministro “españolizador” se hizo la foto junto al retrato y volvió a París. Allí le seguimos pagando la vida padre con otros 10.000 euros al mes de palacete. No me dirán que no es suficiente cuadro. Algunos no necesitan lienzo, porque hace tiempo que quedaron retratados.

Unidos Podemos ha solicitado que el exministro José Ignacio Wert intervenga como compareciente el próximo 28 de marzo en la subcomisión del Congreso que sentará las bases para sustituir la ley que ideó, la Lomce, por otra de consenso.

El grupo ha incluido a Wert en su cupo de las 12 comparencencias que le corresponden, aunque aún no ha recibido respuesta del exministro, que ahora vive y trabaja como embajador de la OCDE en París.

“Queremos que Wert explique en sede parlamentaria por qué cree que la Lomce recibió tanto malestar y unió a toda la comunidad educativa en su contra. Y, si a la vista de este rechazo, nos puede señalar qué elementos de la LOMCE habría que superar para llegar a un pacto con la comunidad educativa”, explica el diputado Javier Sánchez, portavoz de Educación del grupo y miembro de la subcomisión.

En la subcomisión también han participado otros exministros como el socialista Ángel Gabilondo, quien puso a disposición del grupo de trabajo los documentos que elaboraron en 2010 cuando el PP bloqueó en el último momento un pacto casi cerrado por todos los grupos.

El exministro Wert reaparece este martes en Madrid en el acto de colocación de su cuadro en el Ministerio de Educación. Es una ceremonia que se hace tradicionalmente con todas las personas que ostentaron el cargo, pero esta vez el Gobierno ha vetado el acceso a periodistas y solo podrán entrar medios gráficos para hacer fotografías.

Se evita así que José Ignacio Wert, el ministro peor valorado del primer gobierno de Rajoy, haga declaraciones a la prensa. Su salida del Ministerio se produjo hace casi dos años tras tres y medio de conflicto permanente con estudiantes, docentes, familias, sindicatos y oposición por la aprobación de una ley educativa sin consenso y las políticas de recortes.

El retrato de José Ignacio Wert ya está en el Ministerio de Educación junto a las caras de otros antiguos ministros. El cuadro ha costado 20.000 euros y ha sido encargado a Rafael González Cidoncha. Solo han podido verlo los reporteros gráficos porque el Gobierno ha vetado el acceso al evento a los redactores.

El actual embajador ante la OCDE en París se ha evitado hacer declaraciones ante la prensa, como sí han hecho hasta ahora sus antecesores en la colocación de sus retratos. El propio José Ignacio Wert fue el encargado de presidir el acto de Ángel Gabilondo -ministro desde 2009 a 2011 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-, al que sí asistieron periodistas.

José Ignacio Wert pasó de ser el ministro peor valorado del Gabinete de Mariano Rajoy a ocupar el puesto de embajador de España ante la OCDE en París. La concesión de este destino llegó tres meses después de que su cónyuge y mano derecha como secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, fuera nombrada directora adjunta de Educación de esta misma institución. A pesar de que no contaba con experiencia en el cuerpo diplomático, cobra un salario de 60.000 euros anuales más complementos y gastos de representación.

La salida de Wert se produjo después de tres años y medio de conflictos con estudiantes, docentes, familias, sindicatos y oposición a raíz de la aprobación de la LOMCE sin consenso y la reducción del gasto total destinado a becas y ayudas.

El Ministerio de Educación presidido por Méndez de Vigo retiró el proyecto de orden sobre las reválidas el pasado noviembre y un mes después el Congreso dio los primeros pasos para trabajar en una futura ley de Educación que sustituya a la Lomce. La Comisión de Educación aprobó en diciembre la creación de la Subcomisión para la elaboración del Pacto Social y Político por la Educación con la abstención de Unidos Podemos.

Más novedades sobre la nueva Selectividad, el examen previsto por la Lomce que ahora, paralizados sus efectos académicos, se ha quedado en una prueba de acceso a la universidad. Según el borrador de orden ministerial publicado por El País y confirmado por este medio, habrá  un examen oral de Lengua Extranjera con un gran peso en la nota y todos los estudiantes, sea cual sea su especialidad, se examinarán de Filosofía, una asignatura impartida solo en 1º tras la eliminación de Historia de la Filosofía del último curso.

Estos cambios se incluyen en el texto en el que trabaja el Ministerio de Educación y que el ministro Méndez de Vigo debatirá con los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial del próximo 28 de noviembre. La orden ministerial, que tendrá que estar aprobada antes del 30 de este mes, no se verá afectado por el incipiente proceso parlamentario para frenar la Lomce. El texto regula únicamente los exámenes de este curso, que se harán pero no serán vinculantes para titular.

Llega la prueba oral de Inglés

Tras muchos años de intenciones frustradas, este año se implanta por primera vez la prueba oral de Lengua Extranjera en la prueba de acceso a la universidad. Será una parte del examen que contará un 40% de la nota; el resto se hará por escrito, como hasta ahora. Se reproduce el mismo esquema de examen en la prueba diagnóstica de Secundaria, lo que iba a ser la reválida de ESO que de momento está suspendida de efectos académicos para este curso.

Incluir un examen oral en la prueba de acceso a la universidad es una decisión que lleva posponiéndose antes incluso de que llegara el PP al Gobierno en 2011. Ya discutió sobre ello el anterior gobierno socialista en el marco de su propuesta de modernización de la PAU, pero no llegó a implantarlo.

La implantación inicial estaba prevista para el curso 2013-2014, pero el Gobierno –con José Ignacio Wert como ministro de Educación– lo retrasó por “la complejidad organizativa”. Hacer este examen exige la ampliación del personal de los tribunales. Después llegó la Lomce y muchos flecos que arreglar para perfilar las reválidas como para introducir en la PAU, que tenía los días contados, una prueba nueva.

Filosofía del curso anterior, obligatoria

El temario previsto para la evaluación final de ciclo no solo comprende contenidos del último curso, como pasaba con la selectividad, sino también del primero. Todos los alumnos y alumnas tendrán que examinarse de Filosofía, una asignatura que solo se imparte ya en el primer curso porque Historia de la Filosofía se ha eliminado del currículo con la Lomce. Es decir, se medirán sus conocimientos de una materia de la que no han impartido en el último año.

Esta asignatura es una de las cuatro troncales obligatorias para el conjunto de estudiantes junto a Historia de España, Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera. Los alumnos y alumnas irán a examen con una materia más troncal de su modalidad, dos optativas de su itinerario y una específica –un cajón de asignaturas disponibles independientemente de la modalidad–. Los chicos y chicas elegirán las optativas de un grupo de siete asignaturas entre las que hay materias de primero. Todos los exámenes tendrán una duración de 90 minutos y al menos habrá que dejar 20 minutos de descanso entre uno y otro.

Preguntas tipo test, en manos de las CCAA

Los exámenes, que tendrán un mínimo de dos y un máximo de 15 cuestiones, pueden incluir preguntas tipo test. El exministro José Ignacio Wert abogaba por que las reválidas tuvieran 350 preguntas y todas de este tipo, una decisión muy contestada pedagógicamente. Tras su marcha, su sucesor le corrigió y optó por una vía intermedia, que deja abierta la posibilidad de que hasta el 50% de las cuestiones sean tipo test; el resto tendrán respuestas abiertas o semiabiertas.

Las comunidades, encargadas de elaborar los exámenes, podrán decidir si incluyen o no estas preguntas tipo test, algo que previsiblemente no harán las “díscolas” con la Lomce. Las gobernadas por el PSOE apuestan, según manifestaron en octubre, por una prueba similar a la antigua PAU.

Las fechas

La convocatoria de los exámenes de Bachillerato para el curso 2016-2017 se realizarán antes del 10 de junio y los resultados deberían publicarse antes del 24 de junio. También habría una convocatoria extraordinaria anterior al 8 de julio cuyos resultados deben publicarse antes del 22 o, en el caso de hacerse en septiembre antes del 9 y cuyos resultados se publicarían antes del 23 de ese mes.

Se aprobará con un 4 y solo será necesaria para acceder a la universidad, es decir, solo tendrán que realizarla los estudiantes que quieran continuar los estudios en la facultad. A efectos prácticos, el sistema queda igual que con la antigua Prueba de Acceso a la Universidad, derogada con la implantación de la Lomce.

La nota de la reválida contará un 40% en la ponderación de la calificación media con la que los alumnos y alumnas acceden a las carreras universitarias. El 60% restante, como pasaba con la PAU, es la media de todas las notas de los dos años de Bachillerato. El estudiante reunirá solo los requisitos de acceso a la Universidad cuando el resultado sea igual o superior a 5 puntos.

Los estudiantes tendrán que realizar, además de las pruebas, cuestionarios anónimos de “contexto” para conocer su entorno social.

El Gobierno sigue enfrascado en la huida hacia adelante y aprobó en julio el decreto para implantar las reválidas que nadie quiere, que no va a poder armar porque está en funciones y que se celebrarán supuestamente el próximo mes de junio. Mientras, la vida real sigue en las aulas a pesar del ministerio y sus incertidumbres. Las reválidas son un invento reinútil, contestado y protestado, e incide aún más en esa educación vieja, mediocre, plana, de acumular exámenes y títulos que luego el PP –y su pacto con Ciudadanos– critica en público para ponerse a defender una educación de calidad y de “excelencia”.

Excelencia sería la educación personalizada que premia la creatividad y la participación. Esa cacareada calidad sería educar en valores y pensamiento crítico. En lugar de revalidar a los alumnos, revalorizar el sistema educativo y a sus profesores. Las reválidas solo significan poner más estrés, más memoria y más aros por los que hacer pasar. Eso lo saben ya hasta los religiosos jesuitas, que se han convertido en la vanguardia educativa de este país quitando pruebas, deberes y horarios. El PP va por detrás de la institución más vieja del mundo.

Cuando los países más punteros en educación vilipendian los exámenes, la cuadrícula y las asignaturas cerradas, el gobierno del PP –y Wert de cuerpo ausente– está mandando en contradirección a ocho millones de alumnos. Hay semáforos en rojo, señales de prohibido, luces deslumbrando de cara, pero la estrategia comunicativa del Gobierno insiste y consiste en cerrar los ojos y apretar los dientes.

Las reválidas de Wert no son más que un revival de las que se celebraban en la autárquica España de Franco. Inercia 10, imaginación 0. Tras el altisonante nombre se esconde un simple examen más -ahora, sí, el último, de verdad, nos juran- después de muchos otros exámenes durante muchos otros cursos. Si ese día sacas un 5, el Estado protector –que tiene el monopolio de dar títulos y certificar lo que uno sabe– te dará un papel que te acredite los años de estudio. Si no lo apruebas, retrocedes en la casilla, te vas a FP si eres de Bachillerato o, cansado te lo dejas y sales del sistema.

Con la incertidumbre de si se podrán llevar a cabo las reválidas, con la Lomce implantada en todos los cursos, el PP vende ahora un mayúsculo “Pacto por la Educación”, un eufemismo, una expresión blanqueada para prometer no manosear el sistema educativo que es, junto a la tele pública, el principal botín ideológico para amoldar el pensamiento dominante. Lo utilizan como joystick unos políticos cortoplacistas que se marchan, pero que nos dejan arrastrando los efectos de sus leyes. 

La colocación de Soria en el Banco Mundial no ha sido la primera que Rajoy ha brindado a miembros de su partido y su gobierno en la órbita internacional. El diputado Federico Trillo –y antes exministro de Defensa– fue enviado al codiciado puesto de embajador de España en Reino Unido, mientras que otro exministro, José Ignacio Wert, se convirtió en el más contestado y luego en embajador ante la OCDE en París. 

El nombramiento de Trillo llegó en 2012, después de que el ministro de Exteriores García-Margallo se comprometiera, al tomar posesión de su cargo, a reservar las embajadas a los miembros de la carrera diplomática, requisito que Trillo no cumple. No obstante, dejó la puerta abierta a realizar nombramientos políticos si concurriesen “personas extraordinarias en circunstancias extraordinarias”. El exministro de Defensa fue quien gestionó el desastre del Yak-42 y ordenó el asalto al islote Perejil. También fue conocido por darle un euro a la periodista que le preguntó por las inexistentes armas de destrucción masiva en Irak.

Rajoy decidió mantener en su puesto a Trillo a pesar de en abril de 2015 El País destapó que cobró 354.760 euros de una constructora en el contexto de una trama de comisiones a políticos por la autorización de parques eólicos en Castilla y León.  En octubre de ese mismo año, el Tribunal de Cuentas abrió una investigación en su embajada por la posible malversación de fondos de una empleada, como publicó El Mundo. 

La asignación anual de Trillo no tiene que envidiar a los 226.000 euros anuales que percibirá Soria. El Estado solo publica el salario bruto de los embajadores y se niega a hacer pública la cantidad final, pero ésta se multiplica al aplicarle unos criterios de corrección que dependen del  destino. El sueldo base de Trillo asciende a 65.885 euros al año, pero el monto total podría llegar hasta los 21.000 euros netos mensuales, según calculó El Confidencial.  A esa cantidad se llegaría después de aplicar  el complemento de destino, el complemento específico, el módulo de equiparación de poder y el módulo de calidad de vida. 

El Estado, además, se hace cargo de los gastos de residencia de los embajadores, les proporciona coche oficial y  personal de servicio en sus domicilios. La propia hija de Trillo se postuló el pasado mes de abril para optar a un puesto como consejera en la embajada que dirige su padre. 

Otro nombramiento discrecional, más reciente, fue el de José Ignacio Wert. Envuelto en polémicas, como el recorte en becas y la aprobación de la LOMCE, dejó de ser el ministro peor valorado para ocupar un flamante puesto como embajador de España ante la OCDE. La concesión de este destino llegó tres meses después de que su cónyuge y exsecretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, fuera fichada por la por la misma institución.

Al igual que en el caso de los embajadores,  el ciudadano choca con la opacidad del Gobierno si desea conocer el salario total que percibirá Wert. Lo que se sabe es que el sueldo bruto asociado al cargo que ahora desempeña es de 60. 846 euros, pero, al igual que ocurre en el caso de Trillo, esta cifra se multiplica cuando se le aplican unos complementos similares al de los embajadores. El Ministerio de Exteriores tampoco desvela datos relativos a la agenda del exministro. 

Wert disfruta de un apartamento de 500 metros cuadrados cuyo coste asciende a 11.000 euros al mes y en él trabajarán dos personas de servicio. El jardín de su embajada también está bien cuidado: el BOE publicó que va a invertir 331.825 euros en mejorarlo.