La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado en el Parlamento Vasco en respuesta a una pregunta de EH Bildu que, efectivamente, en las más recientes tarjetas de Osakidetza (TIS) se ha incorporado una nueva palabra, “España”. En los nuevos contratos de suministros, según se detalla, ya se añade como característica obligatoria que ha de constar, junto al logotipo y nombre del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), el rótulo “Sistema Nacional de Salud de España” en lugar del anterior “Sistema Nacional de Salud”, a secas. En un ejemplar recién emitido, el que acompaña a esta información, esa inscripción aparece en letras negras sobre un fondo azul oscuro, menos visible que el azul sobre fondo blanco de Osakidetza. Se repite también el cambio en euskera, ya que es un servicio enteramente bilingüe.

En realidad, el cambio tiene su origen en una medida aplicada años atrás por el Gobierno de Mariano Rajoy. El 4 de octubre de 2013, con Ana Mato de ministra de Sanidad, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un real decreto que modificaba las características de las TIS de todos los servicios autonómicos, reguladas por una norma anterior, de 2004, de la etapa de José María Aznar. Euskadi interpuso un contencioso-administrativo con esta disposición porque “regulaba en exceso las características” de los carnés. Dejaba “vacías de contenido las competencias” de las comunidades para “diseño, edición, distribución y gestión integral de las tarjetas sanitarias individuales que acreditan los datos de los titulares del derecho de acceso a las prestaciones del sistema sanitario de Euskadi”. Es más, recuerda que se pedía incluso que la frase apareciera a la derecha, en mayúsculas, en negrita y en “Arial Narrow” de 9 puntos.

La respuesta de Sagardui a la petición de información de la representante de EH Bildu Rebeka Ubera señala que el recurso se centraba precisamente en el “inciso” que añadía “de España” al “Sistema Nacional de Salud”. La batalla jurídica fue resuelta por el Tribunal Supremo el 2 de febrero de 2015, que dio la razón al Estado por tener las competencias generales de establecer las líneas básicas de la política sanitaria. “Por lo tanto, a partir de la firmeza del citado pronunciamiento judicial, procede el cumplimiento en todos sus términos del real decreto 702/2013”, asume la actual titular de Salud vasca. Menciona incluso que en 2016 se preparó ya un contrato de suministro con los nuevos rótulos, lo mismo que ha ocurrido en años más recientes cuando se han ido necesitando.

Efectivamente, en 2016, la entonces directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, firmó la adjudicación a la empresa Intaremit, S.A. para la compra de nuevas unidades. Se pagan a 0,245 euros cada una y se entregan en 24 horas. El presupuesto habilitado (casi 60.000 euros) suponía la previsión de necesitar más de 200.000 nuevas tarjetas para renovaciones o nuevos asegurados. La realidad es que, aunque algunas TIS tengan fecha de caducidad, no pierden en ningún momento su utilidad y la emisión de material nuevo es más por extravíos o robos, así para personas de fuera o recién nacidos.

Eso implica que convivan varios modelos antiguos de tarjeta junto con la reglamentaria del “Sistema Nacional de Salud de España”. Por ejemplo, quedan aún unidades de la denominada tarjeta ONA, impulsada en tiempos del lehendakari Juan José Ibarretxe como alternativa a la TIS pero, a la vez, como una suerte de DNI vasco. Además, ofrecía otros servicios electrónicos para hacer trámites con Hacienda o incluso sacar libros en préstamo de las bibliotecas. Se empezó a emitir en 2007 hasta que Patxi López la canceló en 2010. El proceso de implantación supuso 11 millones de euros, según publicó 'El Correo' hace una década. Ese carné es dorado y no del color azul corporativo de Osakidetza y recoge, en la parte trasera, que “esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud” en los dos idiomas oficiales. En el frontal, en cambio, solamente consta la inscripción ONA, Osasun Nortasun Agiria.

“Todos los gastos los he pagado porque los podía pagar. Nadie me los ha regalado”. Con estas palabras, la exministra de Sanidad Ana Mato ha defendido este martes su inocencia a pesar de haber sido condenada a título lucrativo en la sentencia de la primera parte del caso Gürtel. “Eran los gastos normales de una familia. O por lo menos de mi familia”, ha señalado sobre los regalos que según la Audiencia Nacional recibió de la trama. “He sido una persona independiente, también económicamente”, ha añadido sobre su relación con su exmarido Jesús Sepúlveda, también condenado. “Siempre he separado mi vida personal de mi vida profesional”.

Mato ha responsabilizado de todo a su exmarido: “Todos los supuestos regalos eran una parte que correspondían a una parte de la pareja. No tengo que hacerme cargo de los gastos ordinarios de la otra parte de la pareja”, ha dicho. También ha insistido que “dio por hecho” que Sepúlveda pagaba los gastos con sus “ingresos”. “El beneficiario ha sido él, no yo, porque mi parte siempre la he pagado. No hay un solo gasto que me hayan regalado”, ha sostenido. “Yo no he recibido ningún regalo”, ha insistido.

Además, se ha desvinculado de cualquier ilegalidad. “Nunca he estado imputada, investigada y nadie me ha achacado ninguna irregularidad a lo largo de mi vida política”, ha asegurado durante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la financiación ilegal del PP. “Jamás he tenido ninguna responsabilidad económica”, ha dicho, al ser preguntada por esa financiación. “Yo no he aparecido jamás en papeles que digan que he cobrado sobresueldos”, ha concluido, antes de señalar que “jamás” se ha lucrado por su actividad política.

La exministra de Sanidad también ha defendido la honradez del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ha dejado claro que “nadie” tiene que “rendir cuentas” o “asumir responsabilidad” por “lo que haya hecho otra persona”. “Mariano Rajoy es una persona honrada”, ha subrayado. “Ha hecho una magnífica labor” y ha “mejorado la vida de los ciudadanos”.

Anuncia un recurso ante el Supremo

Con la declaración de Mato, la citada comisión continua este martes sus interrogatorios sobre la caja B del partido. La exministra está condenada, como el PP, por lucrarse de la trama Gürtel. El pasado 24 de mayo la Audiencia Nacional condenó a su exmarido Jesús Sepúlveda a 14 años de cárcel y a ella le impuso una multa de 27.857 euros por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama.

Mato, que ha anunciado que recurrirá la sentencia, regresa a una Cámara de la que fue miembro durante 23 años, entre 1993 y 2016. Dejó el escaño tras las elecciones de diciembre de 2015 aunque había dimitido como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en noviembre de 2014, después de que el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz diera a conocer un auto en el que proponía juzgarla como partícipe a título lucrativo. La exdirigente popular, que fue vicesecretaria de Organización del PP entre 2008 y 2012, volvió después a trabajar para el partido como asesora, desde Madrid, de los eurodiputados del PP.

El PP negó desde el principio una supuesta financiación ilegal y tener algo que ver con Gürtel. Desde aquel “es una trama contra el PP” de 2009 pronunciado por un Mariano Rajoy flanqueado por toda la cúpula de su partido de entonces, la realidad y la justicia no han hecho más que desmentir las quejas y lamentos de destacados dirigentes del partido. La puntilla a esta versión la ha ofrecido Ricardo Costa, que este miércoles ha confesado que el PP valenciano se financió ilegamente por medio de Gürtel. Un testimonio de peso, ya que viene del que fue secretario general del partido cuando Francisco Camps era el líder y el president de la Generalitat.

La mayoría de los que rechazaron esa relación de la formación con la trama de Francisco Correa están o han estado imputados por corrupción, y algunos hasta han sido condenados. Otros han dejado la política, pero otros, como Rajoy o Cospedal, están en el Gobierno de España.

Mariano Rajoy

Cuando estalló la trama en 2009,  Rajoy compareció para negar con contudencia que el PP estuviese ligada a Gürtel. Tanto que habló de que este caso era una estrategia para ir contra su partido, y cargo contra el exjuez Garzón, el exministro Mariano Fernández Bermejo y la Fiscalía. Casi nueve años después, el presidente del Gobierno ha asegurado este mismo miércoles que a ellos nunca les han dicho que el partido en Valencia se financiase ilegalmente.

Rita Barberá

La fallecida exalcaldesa de Valencia insistió en la idea de Rajoy de que Gürtel era “una trama contra el PP”. Y dijo más: “Son una pandilla de golfos y delincuentes, que se han querido aprovechar de la confianza de la gente del partido”. Tampoco tuvo reparos en negar la financiación con dinero en B.

Francisco Camps

El principal aludido por la declaración de Ricardo Costa negó hace unos días las acusaciones de Álvaro Pérez, El Bigotes, de que “ordenó y creó” el sistema de financiación irregular del PP valenciano. También defendió que las campañas del partido que lideraba tuvo una gestión y unos gastos “totalmente” correctos. Camps llegó a amenazar con acciones legales contra todo el que le vinculase a las cajas B del partido.

María Dolores de Cospedal

Cuando la secretaria general del PP salió a negar los papeles de Bárcenas, insistió en el mismo argumento: “Es una trama que trató de aprovecharse y se aprovechó del PP”. Tres años antes, en 2010,

Ana Mato

“Estoy absolutamente segura”. Esto respondió la exministra de Sanidad cuando le preguntaron en los pasillos del Congreso por una posible financiación ilegal del PP. Unas palabras de Mato cuatro años antes de que la Fiscalía pidiese su condena por recibir regalos de Gürtel. La exdirigente del PP cargó contra el ministerio público por esta decisión, asegurando que le había causado “un gravísimo daño”.

Carlos Fabra

El expresidente de la Diputación de Castellón, ahora en libertad tras pasar tres años en prisión por fraude a la Hacienda Pública, negó ante un juez que se hubiesen realizado pagos a Orange Market, principal empresa de Gürtel. También aseguró que solo había visto “una vez” a El Bigotes.

David Serra

El que fuese vicesecretario de Organización del PP valenciano con Francisco Camps negó en 2009 toda relación del partido con Francisco Correa. “Esas informaciones solo tienen un objetivo, desprestigiar al PP y a sus dirigentes por sus éxitos”, dijo Serra.

La abogada de la exministra de Sanidad Ana Mato ha reprochado este jueves a la Fiscalía Anticorrupción en el juicio por los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que ha alcanzado conclusiones basándose en “especulaciones y conjeturas”, lo cual ha causado un “grandísimo daño a su reputación”.

Así lo ha manifestado la letrada Julia Muñoz, durante su exposición de conclusiones finales, en la que ha destacado que la exministra es la “primera interesada” en demostrar que no ha obtenido un “beneficio alguno” de los hechos que se están enjuiciando. Lo contrario de lo que sostiene la Fiscalía, que concluyó el pasado mes que Ana Mato y el PP se beneficiaron de las comisiones de Gürtel.

La abogada de Mato ha recordado que su cliente nunca ha sido llamada para declarar en calidad de acusada, sino como partícipe a título lucrativo, lo que implica que “no conoce los hechos de los que se le pide que responda”.

La Fiscalía Anticorrupción reclama 28.467,53 euros para Mato, exmujer del exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda al beneficiarse, según dice, de los regalos, como una estola y un encharpe, y de la organización de eventos familiares como cumpleaños y una comunión que hizo la red corrupta.

La defensa ha insistido en que Mato y su exmarido tenían un régimen de bienes gananciales y que cada uno respondían a ciertos gastos familiares. En este sentido, ha reiterado que la exministra era la encargada de organizar los eventos familiares, mientras que Sepúlveda era quien los pagaba.

No obstante, Anticorrupción no dio credibilidad a esta explicación debido a un ingreso por parte del Senado en una cuenta bancaria que atribuyó a Ana Mato y concluyó que los gastos eran compartidos. “La señora Mato nunca ha sido miembro del Senado”, ha dicho la abogada y apuntado que el que fuera su pareja sentimental sí ocupó está condición.

“No resulta lógico recibir dos regalos el mismo día”

Su defensa ha indicado que en las empresas de la Gürtel que prestaron sus servicios tenían como persona de contacto a Sepúlveda. Sólo aparece Ana Mato en un evento relativo a 2004 y que no ha sido objeto de acusación porque se demostró que no generó ningún gastos en las sociedades de Correa: “Hubiera sido entendible que apareciera como persona de contacto porque es la madre de la familia”, ha agregado.

En relación a la estola y el encharpe, la letrada ha aludido a las declaraciones de su cliente, así como a la del exalcalde y el que fuera responsable de Orange Market Álvaro Pérez 'El Bigotes', que negaron estos regalos. “No resulta lógico que una persona reciba dos obsequios similares el mismo día”, ya que ambos artículos son para el cuello y, además, ha señalado que no se justifica su entrega ni porque fuese su cumpleaños, “ni santo, ni nada similar”.

Mato ha renunciado a su derecho a la última palabra y se ha adherido al informe del PP, también acusado como partícipe a título lucrativo, para “evitar reiteraciones innecesarias”.

El PP dice que Correa actuaba “al margen del partido”

El PP, por su parte, también ha expuesto hoy sus conclusiones finales ante el tribunal. El partido asegura que las actividades que realizó el líder de la red corrupta, Francisco Correa, en los Ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón eran “actos a escondidas” para la formación política.

Así lo ha manifestado el abogado de la formación política Jesús Santos durante su exposición, en la que ha insistido al tribunal que el PP que debe ser absuelto porque los supuestos “perjudicados”, los consistorios, “nada le han reclamado”.

El letrado ha precisado que en este procedimiento no se ha acreditado suficientemente quién es el “supuesto perjudicado” porque no se ha comprobado si el dinero utilizado para las actividades corruptas pertenecía a las arcas de los ayuntamientos.

Ha justificado que si no se determina al “potencial” perjudicado tampoco se puede acusar a alguien como partícipe a título lucrativo. “¿Cómo es posible que el Ministerio Fiscal siga manteniendo la acción civil contra el PP?”, se ha preguntado.

Anticorrupción reclama al PP un total de 245.492 euros por las actividades presuntamente delictivas que cometieron los exalcaldes de Majadahonda (133.628 euros) y Pozuelo (111.864 euros), Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente.

“No hacemos ningún reconocimiento de de culpabilidad”, ha enfatizado el abogado del PP, al mismo tiempo que ha lamentado que las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás utilicen su negativa a declarar en este juicio para asegurar que se da como “confeso” de los hechos.

Con el PP han terminado la exposición de los informes de conclusiones finales de las 37 defensas, así como de las empresas implicadas en este procedimiento y de los partícipes a título lucrativo. La sesión se reanuda esta tarde con el turno de la última palabra de los acusados que lo deseen.

Uno de ellos era el denunciante de la trama Gürtel, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, que finalmente ha tenido que renunciar a este derecho ya que no podía asistir esta tarde al juicio. Aunque ha solicitado poder ejercerlo este viernes, después del 'cabecilla' de la Gürtel, Franciso Correa –tal y como está previsto–, el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, ha recordado que ya anunció que el comienzo de esta última fase de la vista oral estaba señalado para hoy.

El primer gran juicio de Gürtel encara su final tras un año de sesiones. Acusaciones y defensas tienen que presentar ahora sus escritos de conclusiones antes de que el proceso quede visto para sentencia. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes las suyas, con las que deja claro que no se cree ninguna de las alegaciones exculpatorias de los principales acusados. Mantiene las peticiones de pena para los principales acusados e insiste en que el PP y Ana Mato deben ser condenados por lucrarse con los delitos de la trama.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás insisten en las peticiones de condena que figuran en el escrito de acusación que presentaron en enero de 2015. Solo una mínima rebaja para Luis Bárcenas y Alberto López Viejo, a quienes elimina un delito fiscal, pero que apenas tiene grandes consecuencias en su condena. Francisco Correa, cabecilla de la trama, no ha conseguido una reducción con su testimonio vestido de confesión.

Francisco Correa: Declaró durante tres días. “Voy a reconocer los hechos, pero voy a intentar esclarecer algunos hechos que no se corresponden con la realidad”, comenzó diciendo. Aunque se especuló con que aquella confesión respondía a un pacto con la Fiscalía -algo que su defensa siempre negó- las conclusiones de Anticorrupción lo descartan: mantiene una petición de 125 años de prisión.

Su declaración no le ha servido para obtener una reducción de la petición inicial, pero ha ayudado a consolidar los indicios que había contra otros acusados. Durante sus casi 12 horas de declaración reveló el sistema de cobro de comisiones a grandes empresarios junto a Bárcenas -sin dar más nombres-, explicó que había pagado de su bolsillo campañas electorales para el PP y detalló una larga lista de dádivas a cargos del PP como Jesús Sepúlveda.

Luis Bárcenas: Se sentó en frente al tribunal y a las fiscales el 16 de enero con dos objetivos. Librar de toda responsabilidad a su mujer y convencer a la sala que su ingente fortuna escondida en Suiza tenía un origen legal. La Fiscalía mantiene que su esposa, Rosalía Iglesias, debe cumplir 24 años de cárcel y a él solo le rebaja de 42 a 39 los años de prisión. Le quita uno de sus ocho delitos contra Hacienda.

El extesorero del PP, que se mostró en varias ocasiones desafiante con la Fiscalía, trató de justificar sus ingresos con negocios de compraventa de arte y préstamos verbales. Sacaba de aquí y de allí, pero la suma total de esos negocios quedaba muy lejos de los 48 millones que los investigadores localizaron en sus cuentas de Suiza. Su declaración sí dejó una confesión que ayuda a la Fiscalía a mantener su acusación contra el PP: reconoció que llevaba una “contabilidad extracontable”.

Pablo Crespo: Considerado como el número dos de Correa, su estrategia fue diametralmente opuesta a la de su antiguo jefe. Negó todos los hechos y presentó su trabajo al frente del entramado de empresas de Gürtel como el de un mero transmisor de las órdenes de Correa. Se desentendió del diseño de la madeja societaria para difuminar el rastro del dinero, a pesar de que había plasmado ese diseño en distintos esquemas en su agenda personal.

Crespo se enfrentó a la Fiscalía y renegó de sus declaraciones anteriores. Dijo que una se había producido tras estar encerrado en un calabozo que definió como “una mazmorra de la Edad Media” y la otra por estar “viciada” por las grabaciones de juez Baltasar Garzón. Anticorrupción no se cree que no participase en la operativa diaria de la trama, así que mantiene la petición de 85 años y 6 meses de prisión.

Álvaro Pérez ‘El Bigotes’: Llegó al día de su declaración tras la definición que había hecho de él Pablo Crespo: “un artista capaz de arruinar una mina de oro”. Se negó a contestar a las preguntas de la Fiscalía y tan solo respondió a su abogado. “Yo al señor Bárcenas no le he entregado nada de nada, lo único que le he dado son los buenos días o las buenas tardes” o “Lo repetiré para ayudar a los ríos de tinta: soy un desastre en eso”, refiriéndose a la gestión empresarial, fueron algunas de las frases que dejó durante su declaración.

El escrito de acusación la Fiscalía señala que Pérez se encargaba de los regalos en efectivo y en especie, además de comandar los trabajos de la Gürtel cuando centró su actividad en Valencia. La petición de pena para él se mantiene en 5 años y dos meses de cárcel delitos de cohecho.

Jesús Sepúlveda: Se enfrentó al día de su declaración después de que Correa hubiese confesado todos los regalos que le hizo a él y a su mujer, la exministra del PP Ana Mato. Reconoció algunos de esos regalos y los enmarcó en la relación de amistad que le unía al cabecilla de la trama. Sin embargo, negó que Correa le hubiese regalado un Jaguar, para lo que ofreció una intrincada explicación. Negó el cobro de comisiones, pero la Fiscalía insiste en que se lucró con dinero negro de la trama y pide que sea condenado a 15 años y 4 meses.

Alberto López Viejo: Tenía una difícil defensa después de que Correa y otros integrantes de las empresas de Gürtel le acusasen de cobrar comisiones, fraccionar contratos y desviar dinero de la Comunidad de Madrid para pagar actos del PP. Enunció que la trama corrupta “no existía”, pero la Fiscalía, que sostiene todo lo contrario, solicita una condena de 39 años de cárcel, seis menos que la inicial al eliminar los delitos fiscales.

Ana Mato y el PP: Los dos acusados de ser partícipes a título lucrativo. El abogado del partido se negó a contestar a la Fiscalía cuando llegó su turno y con esa decisión arrastró a Mariano Rajoy al juicio. La exministra de Sanidad aseguró que nunca le llamó la atención que en su garaje hubiera coches de alta gama. “En lo personal de cada uno, no nos rendíamos cuentas”, dijo para justificar su presunto desconocimiento del alto nivel de vida de su marido.

La Fiscalía mantiene la petición de condena para ambos: 28.467,53 euros de multa para Mato y 245.492 euros para el PP.

Los arrepentidos: Hace un año, cuando comenzó el juicio, la Fiscalía pidió que se alterase el orden de la declaraciones para que comenzasen tres acusados con los que había alcanzado un pacto: el empresarios Jacobo Gordon, el constructor Alfonso García-Pozuelo y el exconcejal del PP en Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández.

Todos reconocieron los hechos y han obtenido importantes rebajas de condena. Gordon pasa de dos años a cinco meses, García Pozuelo de cuatro años y seis meses a dos años y Fernández de dos años y tres meses a 11 meses de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción ha hecho leves modificaciones en sus peticiones de penas de prisión a los 37 acusados en la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), que este lunes ha elevado a definitivas. Destaca la rebaja de tres años de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas al eliminar su acusación por un delito contra la Hacienda Pública. Para Francisco Correa, cabecilla de la trama, se mantiene la petición de 125 años de cárcel.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás solicitaron inicialmente a 42 años y medio de prisión para Luis Bárcenas por ocho delitos contra la Hacienda Pública. Ahora, tras atender a las periciales, retira el delito relativo al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2009, por lo que finalmente pide para él 39 años de cárcel.

Por otro lado, ha retirado todos los delitos contra la Hacienda Pública de los que se acusaba al exconsejero madrileño Alberto López Viejo. Si bien, mantiene la petición de que el PP sea multado con 245.492 euros y la exministra de Sanidad Ana Mato con 28.467 euros al ser partícipes a título lucrativo.

Rebaja a los arrepentidos

Además, la Fiscalía ha rebajado la petición de pena para los tres acusados que confesaron los hechos en el juicio, el empresario Jacobo Gordon, el exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández y el constructor Alfonso García-Pozuelo.

En concreto a Alfonso García-Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica, para quien pedía cuatro años y medio de cárcel, le ha rebajado la solicitud a dos años de prisión por cohecho sustituibles por multa. A Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, le rebaja de dos años a cinco meses de prisión por blanqueo de capitales, y a Roberto Fernández de dos años y tres meses a once meses por fraude y malversación.

La fiscal mantiene las peticiones de pena para el resto de acusados, entre los que destacan Pablo Crespo (85 años y seis meses), exsecretario de Organización del PP gallego y presunto número 2 de la red; Álvaro Pérez Alonso “El Bigotes” (5 años y dos meses), considerado el “hombre en Valencia” de Correa, y José Luis Izquierdo (45 años y dos meses), supuesto contable del entramado.

Igualmente para los exalcaldes de las localidades madrileñas de Majadahonda Guillermo Ortega (50 años y 10 meses) y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (15 años y 4 meses), este último exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato.

Estamos todos tan atareados cursando esta especie de máster nacional en derecho constitucional donde nos hemos metido, tan entretenidos siguiendo el carrusel de registros, decomisos e identificaciones efectuadas por la Guardia Civil en lugares tan peligroso como imprentas o empresas de mensajerías que, a veces, se nos pasan o despachamos como rutinarias otras cosas que también tiene su importancia.

Comparados con la supuesta quiebra de la soberanía nacional puede que para muchos sean cosa menor o incluso bastante pedestre. Pero que un inspector de Hacienda confirme en sede judicial que el Partido Popular se financió ilegalmente, o que las facturas presentadas en su día por la exministra Ana Mato para acreditar que ella se pagaba sus viajes no se corresponden con aquellos que le regaló la trama Gürtel, son algo más que pequeños detalles que no vale la pena ni comentar porque ya está todo dicho.

Cuesta trabajo decidir qué puede dañar más a una democracia: si reformular el concepto de soberanía nacional como sostienen desde el PP, o confirmar que la corrupción se ha convertido en una rutina diaria para el partido del gobierno, más frecuente y menos perseguida que ir a votar o formar parte de una mesa en un referéndum suspendido.

No quiero ser malpensado pero hasta me ha dado por sospechar que, a lo mejor, por eso tantos sobreactúan tanto en Catalunya y se pretende convertir el referéndum en una película de acción con buenos, malos, carreras y persecuciones; para que dejemos de hablar de una vez de la dichosa corrupción y nos centremos en “los temas que de verdad importan a la gente”.

De tanto oírle decir al PP que la corrupción era cosa del pasado y ya estaba amortizada parece que muchos se lo han acabado comprando. Pero lo cierto es que aún nos falta la parte más difícil de gestionar: la de su castigo. De su correcta implementación depende que la mayoría decida si vive en un país donde corromperse se castiga severamente y sale muy caro, o vive en un país donde corromperse sale muy barato y el olor a podrido y a corrupción se ha vuelto insoportable.

El actor que hizo de payaso en los cumpleaños de los hijos de la exministra de Sanidad Ana Mato y el anterior alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda ha reconocido ante el tribunal de la Audiencia Nacional que fue una sociedad del cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, la que le contrataron y pagó por actuar en la famosa fiesta. El relato de este artista que compareció en el juicio de Gürtel como testigo fue ratificado también por el gerente de la empresa de globos que participó en el atrezzo de la celebración familiar. A preguntas de la fiscal de Anticorrupción, Concepción Sabadell, ambos han declarado que ni Mato, ni el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', uno de los colaboradores de Correa también procesado en este caso, les dieron instrucciones.

El que fuera gerente de Interglobo, Pedro Miguel González, ha constatado que trabajó con Correa en eventos del PP para hacer “efectos de caída de globos y confeti” y que decoraba “muy pocos” eventos particulares. Así, ha reconocido que el líder de la Gürtel sí ha pedido alguna vez su participación para eventos de “un amigo o grandes clientes”, informa Europa Press. El relato coincide con lo que Sepúlveda y el propio Correa contaron en la misma sede judicial el pasado diciembre.

Según el directivo de esta empresa para el entonces regidor de Pozuelo se montaron tres espectáculos: uno, cuya temática era el 'Jardín de las Maravillas de Alicia', y otro con dos columnas de globos-- y una comunión. Sobre esta última celebración ha dicho que no lo recuerda con certeza, aunque así lo concretase en su declaración durante la instrucción de la causa.

“A mí me pagaba quien me contrataba”, ha añadido, en referencia a que era Down Town Consulting la empresa que le requería los servicios y que trataba directamente la organización de los eventos con la administradora de algunas de las sociedades de la Gürtel, Isabel Jordán, a través de fax.

Además, ha recordado que una de las decoraciones con globos de una de estas celebraciones familiares de Sepúlveda nunca fue abonada por Correa, quien le pidió que se “portase bien” después de llevar tantos años trabajando juntos. “Recuerdo que hubo un cumpleaños que coincidía con un evento grande en Getafe, era un presupuesto de 200 euros aproximadamente, una chorradilla y decidí no facturar este evento”, ha contado.

“Paco Correa era muy pesetero, era muy buen cliente y pagador pero ajustaba mucho”, ha afirmado el dueño de Interglobo, al tiempo que ha asegurado que aceptó la sugerencia del 'cabecilla' de la Gürtel porque esta “atención normal” era como “mandar una cesta de navidad o invitar a comer a un cliente”.

Por su parte, el actor Luis Bermejo, cofundador de Producciones El Zurdo, ha precisado que Special Events contrató a su empresa para que hiciesen una actuación de payasos y títeres para dos cumpleaños de los hijos de Sepúlveda y Mato. Ha afirmado que siempre le pagaron sus servicios esta empresa de Correa, pues, según ha dicho, emitían la factura a la oficina de la calle Serrano de Madrid de esta mercantil.

Los vendedores no identifican al pagador del Jaguar

Este miércoles también han testificado dos comerciales de dos concesionarios quienes han explicado la forma de pago por parte de Correa y de Sepúlveda de los vehículos de alta gama que adquirieron. Uno de ellos, ha enfatizado que Correa contactó con él en una ocasión para arrendar un coche a través de leasing pero que no sabía a quién entregó después ese vehículo.

El otro testigo ha destacado que hizo un renting con Sepúlveda, con el cuál estaba “encantado” porque eso suponía hacer un negocio con “una persona pública” y ha asegurado que no sabe quien hacía los pagos de las cuotas mensuales del coche.

“Mi momento preferido del día es por la mañana, cuando veo cómo visten a mis niños”. La frase, pronunciada con toda la ingenuidad de la que es capaz uno de los dulces frutos de nuestra 'high society' -Ana Mato, a la sazón ministra de Sanidad en sus ratos de ocio- me dejó ojiplático y mesmerizado la primera vez que la leí. Y ahora que la transcribo siento cómo mi vieja armadura rechina y algo dentro de mí, caballero inexistente (tal vez el bazo o el epidídimo o alguno de esos adminículos misteriosos con los que salimos dotados de fábrica) se eleva y se desplaza, al tiempo que se me funden un par de fusibles.

Mi momento preferido del día es por la noche, cuando veo la almohada y mis fusibles se desconectan. Más que dormir, pierdo el conocimiento y entro en fase Rem en 0,3 segundos. Es lo que tiene haber conocido a la 'high class' en lontananza sin haber siquiera hollado el felpudo del umbral, cosa que tampoco me quita el sueño, la verdad sea dicha.

Recuerdo uno de esos viajes ansiolíticos con que las compañías aéreas regalan a sus pasajes en el momento de aterrizar en el aeropuerto Seve Ballesteros. El avión tenía todos los visos de aterrizar sobre el ala de babor mecido por un viento sur con tanta mala leche como solo se puede dar por estos pagos. Medio pasaje vomitaba sobre la moqueta el desayuno y la otra mitad simplemente rezaba (nada como un viaje en avión como para incrementar las vocaciones religiosas entre los ateos).

Solo una persona, impertérrita, leía el Abc en aquel gusano loco: mi vecina de asiento. En un momento dado, lentamente, cerró el periódico, se descalzó las gafas de leer, y mirándome bajo aquel cardado espectacular con una calma pasmosa, advirtió mi rostro verde, las luces de emergencia que se encendían y apagaban, como si estuviéramos en una discoteca, mis manos sudorosas convertidas en garras sobre el antebrazo del asiento, y me dijo:

“Ciertamente, es irritante no poder leer con esta agitación”.

Uno ha de guardar la compostura en todo momento y lugar, reprimir su vocación estranguladora y procurar no sentirse avergonzado por tener nervios danzarines y sangre correteando por las venas; pero ya en tierra, esperando el equipaje, no pude menos que reconocer que nuestra aristocracia burguesa tiene estilo y que, si a uno tienen que joderle desde la cuna a la tumba, duele menos si lo hacen con clase. Vamos, que si hay morir atropellado, que sea un Mercedes clase A. Con Wifi. Es un consuelo y luce más en la crónica de sucesos.

Hay que robar mucho y durante generaciones para disponer de toque chic y fair play. Proudhom decía que toda fortuna se ampara en el robo. Pero cuando uno nace en un barrio obrero, se tiene que contentar con conversaciones nocturnas de este pelaje en el lecho conyugal:

-Querido, ¿el Jaguar que hay en el garaje es tuyo?

-Querida, te recuerdo que no tenemos garaje.

Decepcionante, como verán, como decepcionante es que los niños se tengan que vestir solos porque no da la cosa para mucama ni doncella y el único que tiene chaqué es el cobrador del frac.

Pero es de agradecer que nuestra vida tenga esos momentos de solaz asistiendo al espectáculo de nuestra clase directiva. Y me alegro que nuestros grandes de España no solo pasen por el juzgado con gesto impertérrito, levemente incómodos con tanta citación judicial y no tengan que ingresar en prisión porque sería un desperdicio poner entre rejas tanto glamour, como sería un desperdicio tener un Jaguar en el garaje sin poder sacarlo rugiente y cascabelero a la calle. Es más, yo sugeriría que nuestros infantos consortes sean reivindicados públicamente y, mediante cuestación popular, sean pensionados. Levantemos helvéticas estatuas a tanto arte.

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Que nadie se sorprenda con los fallos judiciales en los casos de corrupción. Todos, salvo algún chivo expiatorio, se irán de rositas, pagando las multas con el producto de su expolio. Se requiere un juez y un fiscal con los atributos del héroe (o próximo a la jubilación), que anteponga el servicio público a su carrera profesional y la obediencia jerárquica, para que la administración de justicia se convierta en, eso, en Justicia, que hasta ahora ha reservado la dura lex para los pobres.

Cuando los dirigentes de Podemos, en un momento en que se fueron arriba antes de las elecciones, anunciaron que lo primero que reformarían al llegar al poder serían los servicios secretos y las cúpulas policial, militar y judicial, supe entonces que nunca alcanzarían el poder.

Los últimos cambios que se están produciendo en las fiscalías, y visto el CV de los elementos que se pone al frente, son un síntoma más de que el sistema se blinda. Solo mediante una reforma profunda de todos los estamentos del Estado, dado que su desmantelamiento es inconcebible, puede haber una oportunidad real de cambiar esta sociedad. Y no le arriendo la ganancia al que lo intente desde un gobierno, si es que lo alcanza. No le dejarán. Por las buenas o por las malas.

Así que desconectaré mis fusibles en tiempo de vigilia, viajaré en tren y asistiré impertérrito al enésimo seminario en alguna universidad de verano sobre el deterioro de la imagen de la Justicia. Ya saben: la prensa, la prensa, la prensa...

Ana Mato se ha desentendido este lunes de los regalos que supuestamente hizo la Gürtel a ella y a su exmarido, Jesús Sepúlveda. De hecho, ha responsabilizado a este último de la compra de coches, el pago de los viajes familiares y la contratación de la decoración de los cumpleaños infantiles que la Fiscalía cree que corrieron a cargo de la trama corrupta. El exalcalde de Pozuelo reconoció algunos de esos regalos, aunque los encuadró en su amistad con Francisco Correa.

“Nunca he contratado ninguna decoración infantil, me encargaba de pagar otras cosas diferentes”, ha dicho Mato como resumen de su relación con Sepúlveda. Ambos eran independientes económicamente y compartían los gastos de la casa, pero no el resto: “En lo personal de cada uno, no nos rendíamos cuentas”.

Tanto es así que nunca se interesó por el salario de su exmarido como alcalde de Pozuelo de Alarcón. “La verdad es que no, no sé cuál seria, pero me imagino que tendría un buen sueldo”, ha dicho Mato, que ha añadido también que nunca se sorprendió que que hubiese coches de alta gama en su garaje, como un Jaguar o un Range Rover: “No me llamó la atención”.

A preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, que ha protestado ante el tribunal por sus respuestas evasivas, Mato ha responsabilizado a su exmarido de todos los gastos sospechosos de ser dádivas por parte de Correa.

Sobre los coches, se ha limitado a decir que no compartían los gastos personales, y ante la insistencia de la fiscal, ha dicho que no podía aportar nada más. El tribunal le ha advertido de que si no da respuestas concretas, se podía considerar que está asumiendo los hechos de los que se le acusa.

“Las facturas las tendrá que tener él”

En cuanto a los viajes que la empresa Pasadena habría regalado al matrimonio, Mato ha dicho que eran responsabilidad de Sepúlveda. “Los viajes particulares míos, los abonaba yo, los viajes familiares que contrataba mi exmarido los abonaba él (...) Las facturas, en caso de tenerlas, las tendrá que tener él, nunca yo”.

La exministra de Sanidad dice que muchas facturas no ha podido encontrarlas porque cuando realizaron los viajes no existía internet. Ha insistido en que todos los viajes sospechosos fueron contratados por el exalcalde de Pozuelo, y que es este quien tiene que responder por ellos.

Mato ha asegurado que su exmarido nunca le dijo que  se tratase de regalos del cabecilla de Gürtel. “Doy por hecho que si él es el responsable de estos gastos es él quien los paga y no un tercero”, ha afirmado.

En cuanto a las celebraciones familiares, ha explicado que “lo que había que contratar fuera, que le era más fácil al señor Sepúlveda, se encargaba él de pagarlo”. “Lo que es la decoración de esos eventos se encargó Sepúlveda, él es responsable de pagarlo”, ha asegurado.

“A mí nunca nadie me ha pagado nada de lo que yo tenía que pagar”, ha añadido a preguntas de las acusaciones populares. Conocía a Francisco Correa, ha admitido, porque trabajaba para el partido.

En sus respuestas, siempre ha responsabilizado a su exmarido de los gastos que la Fiscalía sospecha que no se abonaron. Mato ha aportado a la causa algunas facturas para demostrar que ella pagaba ciertas cosas, pero no ha entregado toda la documentación. Solo ha aportado facturas a partir del año 2004: “Antes el banco tenía un sistema distinto, no he conseguido los pagos”.

El PP se niega a declarar

El abogado del PP, Jesús Santos, se ha negado a responder a las preguntas sobre la responsabilidad civil de su partido, que la Fiscalía cifró en 245.000 euros. Así lo ha advertido a la sala, argumentando que al PP no participó en los hechos delictivos y tiene “un total desconocimiento de los mismos”. Se ha remitido al escrito de defensa presentado al inicio del juicio y a las cuestiones previas, en las que pidió la nulidad del juicio: “Esta representación legal no tiene nada más que aportar”.

La fiscal ha recordado que si se negaba a dar información, sus respuestas podían ser consideradas como evasivas y al ser responsable civil, se podía considerar que asume los hechos: “Se le tiene como confeso”. Así se lo ha advertido el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, pero el abogado del PP no ha cambiado de postura.

La fiscal y otras acusaciones, así como el abogado del delator de la trama, José Luis Peñas, han consignado sus preguntas sobre la organización de los actos electorales del PP, el pago de esos eventos, quién se encargaba de contratarlos o cuál era el papel de Francisco Correa. El abogado del PP no ha contestado a ninguna de esas cuestiones.

Este lunes también ha declarado Gema Matamoros, mujer del Guillermo Ortega. Al igual que la exministra de Sanidad,  ha asegurado que separaban sus gastos, y nunca preguntó si los viajes que hacían los pagaba el exalcalde de Majadahonda o las empresas de Gürtel.

Matamoros se ha desentendido de todo y ha achacado su alto nivel de vida a los ingresos del matrimonio que, ha dicho, durante una época superaron los 12.000 euros mensuales.

“A mí nadie me ha regalado nada, yo ganaba bastante dinero, yo todo lo que me he comprado lo he pagado, tenía un sueldazo”, ha añadido. “En esa época era boyante hasta el fontanero”, ha afirmado, para justificar su alto nivel de ingresos como concejal y profesora de universidad.

Después de la primera de las sentencias recaídas en relación a la denominada “trama Gürtel” el próximo hito procesal, no menor, será el que tendrá lugar este lunes cuando comparezcan a declarar los, por ahora, presuntos partícipes a título lucrativo: Ana Mato y el Partido Popular. El morbo está servido y, especialmente, respecto a la declaración de la ex ministra; sin embargo, donde realmente hay que poner atención es en la declaración del representante legal del PP porque no es una declaración más, sino una que puede cambiar el curso del proceso y de las demás piezas separadas que están aún pendientes de enjuiciar.

Para comprender la relevancia de la declaración del representante legal del PP es necesario tener presente algunos puntos que resultarán esenciales tanto para valorar esa declaración como para el resultado final del juicio.

¿Por qué han sido citados de declarar Ana Mato y el Partido Popular?

Porque, dicho en un lenguaje sencillo, se les acusa como partícipes a título lucrativo, es decir, de haberse beneficiado del producto de unos determinados delitos sin haber participado directamente en la acción delictiva. Unos habrían cometido los delitos y ellos, Ana Mato y el propio partido en el Gobierno, se habrían beneficiado económicamente de esos, por ahora, presuntos actos criminales.

¿Existe alguna diferencia entre la declaración de Ana Mato y la del representante legal del PP?

Sin duda, la Ley establece unas claras diferencias para las declaraciones que prestan las personas físicas y las de las personas jurídicas. Si bien estamos en un proceso penal las normas que han de regir para estas declaraciones son las de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) –no son acusados de delitos sino solo como partícipes a título lucrativo– y, por tanto, si queremos comprender cómo habrán de practicarse los interrogatorios y cómo deberán ser las respuestas, y sus consecuencias, tendremos que fijarnos en los artículos 300 y siguientes de la LEC.

¿Pueden Mato y el representante legal del PP dar respuestas evasivas como las que venimos escuchando en estos últimos meses?

A diferencia de los acusados, que tiene una suerte de derecho a mentir, en este caso no. El propio artículo 307.1 de la LEC establece: “Si la parte llamada a declarar se negare a hacerlo, el Tribunal la apercibirá en el acto de que, salvo que concurra una obligación legal de guardar secreto, puede considerar reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en todo o en parte” y en su apartado segundo regula que: “Cuando las respuestas que diere el declarante fuesen evasivas o inconcluyentes, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, le hará el apercibimiento previsto en el apartado anterior”.

Traducido: si se tratan de ir por las ramas se les tendrá por confesos de los hechos sobre los que se les está interrogando, siempre y cuando el Tribunal o alguna de las acusaciones pida que se les haga el correspondiente apercibimiento.

¿Cómo puede afectar esta declaración al Partido Popular y al proceso en general?

La respuesta está, una vez más, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y, concretamente, en su artículo 309, cuya literalidad es lo suficientemente clara como para no necesitar mayor explicación y que dice:

¿Qué repercusiones puede tener esto en el Juicio actual y en los restantes?

El PP, en las cuestiones previas al juicio, no planteó nada respecto a esta norma, es decirj no alegó que su representante legal no hubiese participado directamente en los hechos y, por tanto, deberá soportar el interrogatorio y en el mismo – si así lo preguntan las acusaciones – deberá dar razón de quién o quiénes fueron los que participaron y una vez identificados habrán de ser citados a declarar por el Tribunal, al final del juicio.

Dicho en otros términos, aquí no pueden acogerse al derecho a no declarar, tienen obligación de hacerlo y, además, de responder clara y directamente a las preguntas que se les hagan con las consecuencias que ello tendrá.

¿A quiénes puede afectar estas respuestas directas y claras?

Obviamente a muchos pero, especialmente, a los Presidentes, Vicepresidentes y Secretarios Generales del PP en los años que en esta pieza se están enjuiciando. No olvidemos que es a ellos a quien Bárcenas ha identificado como los que tenían el pleno conocimiento de lo que él hacía y, también, así lo han manifestado otros acusados más. Si el representante legal del PP responde con evasivas se le tendrá por confeso.

Las normas están ahí, las consecuencias son claras y estamos seguros que la Fiscalía y las acusaciones, así como alguna que otra defensa, sabrán hacer uso de las mismas y conseguir lo que todos los ciudadanos esperamos: que se sepa la verdad y que cada cual asuma su responsabilidad. El partícipe a título lucrativo bien puede llevarnos a otros actores cuya condición, en otras tramas de este procedimiento, bien podría ser la de acusados.

Ana Mato trabaja para el PP en Bruselas desde el pasado 29 de abril, cuando el partido anunció que se le encomendaría la dirección de la Universidad Europa. En realidad no se trata de una universidad como tal sino que el nombre corresponde a un foro que organiza unos cursillos para “fomentar entre los jóvenes el conocimiento sobre las políticas de la UE y aportar el punto de vista del PP”.

La llegada de Mato, investigada por haberse lucrado de la trama Gürtel, se ha producido en el Parlamento Europeo de manos de Esteban González Pons.

Según confirman fuentes del PP, Mato figura como asesora porque para realizar sus funciones en ese foro educativo, “tiene que estar contratada por la delegación española”. Por ese motivo, la exministra figura como “asistente local” de todos los eurodiputados del PP menos de su hermano, Gabriel Mato. El concepto de asistente “local” figura porque sus funciones las realiza desde Madrid y solo se desplaza a Bruselas cuando es necesario.

El plan inicial era que este foro se celebrara dos veces al año y que empezara durante el pasado mes de septiembre aunque ha sido aplazado, según el PP, por la situación política. El foro tiene una dirección conjunta, de España y Portugal. La primera sesión, aplazada por el momento, se hará en colaboración con la formación homóloga del PP, el PSD.

El abogado de Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz Infante, fue el primero en pedir explicaciones a la Fiscalía por su solicitud de cambio de orden en la declaración de los acusados. Hoy, en la segunda sesión de cuestiones previas del juicio, otros letrados han mostrado su desconcierto con esta petición y han pedido a las dos fiscales que expliquen si tienen algún tipo de pacto con los acusados que prestarán declaración en primer lugar.

Uno de los que más ha insistido en este asunto ha sido el abogado de Jesús Sepúlveda, el exmarido de Ana Mato, para el que el Ministerio Público pide más de 15 años de cárcel. En su intervención ha criticado que las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás no hayan justificado ese cambio de orden, que afecta a Jacobo Gordon, Alfonso García-Pozuelo y Roberto Fernández.

El letrado de Sepúlveda ha alentado así la sospecha que cunde entre buena parte de los abogados defensores de que hay un pacto con algunos acusados del que no tienen detalles. Como él, también se han opuesto al cambio de orden el abogado de Alberto López Viejo y el letrado del que fue su asesor, Pedro Rodríguez Pendás.

Este ha ido un paso más allá y ha denunciado “este dislate, en el que se desprecia la inteligencia de todos los que estamos aquí”. Ha dicho saber que hay acuerdos de la Fiscalía con al menos uno de los acusados y ha pedido que se exponga “el contenido y alcance” de esos pactos, por si van a permitir a algún imputado pasar a la categoría de testigo. Aún más, ha dicho que en las negociaciones de estos acuerdos deberían estar presentes “todas las partes, para evitar la sospecha de que la acusación da ventajas indeseable sobre otros acusados”.

El de Pendás ha sido uno de los letrados más beligerantes en el segundo día de la vista. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le ha cortado en varias ocasiones cuando ha cargado contra el trabajo de las fiscales, cuando ha criticado las condiciones condiciones de trabajo de los letrados -que esperan largas colas, no tienen wifi o se les echa de la sala al terminar la sesión-. También ha querido denunciar la situación “de desigualdad” que sufre Luis de Miguel, acusado en esta pieza de la primera época de Gürtel y al que el tribunal ha permitido defenderse a sí mismo. “No se lo voy a permitir”, ha zanjado Hurtado.

Por lo demás, la sesión de la mañana en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares ha discurrido sobre el mismo cauce que la de ayer. El camino abierto por los abogados para frenar el juicio ha tenido continuidad hoy con sus compañeros de mesa, que han defendido, por ejemplo, la nulidad de las pruebas aportadas por Suiza y las grabaciones, que se permita a los acusados acceder a sus fondos para pagar la minuta de sus abogados o que se les exima, por diversas razones, de acudir al juicio.

El reverso de los años felices del PP con la mayoría absoluta de José María Aznar emergerá a partir del próximo martes en el primer juicio en la Audiencia Nacional a la red Gürtel, la trama de corrupción en la que convergían el empresario Francisco Correa y un grupo de políticos, valores entonces en alza del bastión que la formación tenía y conserva en las zonas más ricas de la Comunidad de Madrid.

De las 37 personas que se sentarán en el banquillo por la 'Primera Época’ de Gürtel, la mitad ocuparon cargos relevantes en aquel PP y en las instituciones locales, incluyendo de Castilla y León y Málaga. Uno de ellos hasta estuvo en el mismo corazón de la sede central, el gerente y después tesorero Luis Bárcenas, quien se enfrenta a una petición de cárcel de la Fiscalía de 125 años.

Malversación, fraude, apropiación indebida, tráfico de influencias... el rosario de delitos que se les imputa a los acusados en Gürtel completa el círculo de la corrupción. El que fuera alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, se arriesga a una condena de medio siglo, y el de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, a otra de 15. El exconcejal en Madrid y después mano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno autonómico, Alberto López Viejo, deberá responder a una petición de 45 años por los contratos adjudicados desde esos dos puestos. Aguirre declarará como testigo en la vista a petición de Anticorrupción.

El escrito de acusación de la Fiscalía hace hueco al PP nacional, que aparece con su NIF como uno de los 21 presuntos responsables civiles de los delitos que habrían cometido los que se sientan en el banquillo. En concreto de 245.000 euros procedentes de los chanchullos de Sepúlveda y Ortega con Correa, destinados a la financiación de campañas locales y otros gastos del partido. La formación tuvo que abonar una fianza por ese importe que no recuperará si se demuestran los hechos descritos por la Fiscalía.

En su misma situación está Ana Mato Adrover, la pieza política más importante que se ha cobrado el caso Gürtel. Su inclusión en la lista de los presuntos responsables civiles de la ‘Primera Época’ provocó su dimisión como ministra de Sanidad. A Mato, el juez Pablo Ruz le impuso una fianza de 28.500 euros, una cifra procedente del cálculo de lo que costaron los regalos en forma de ropa cara y fiestas infantiles por parte de la red de corrupción cuando ella estaba casada con Jesús Sepúlveda.

Aparece la caja B del PP

El juicio por esta ‘Primera Época’, como la bautizó Ruz en su auto de apertura de juicio oral, desborda una y otra vez con las manzanas podridas del PP de Madrid. Ocurre, por ejemplo, cuando Anticorrupción se dedica a describir la actuación de Luis Bárcenas, al que acusa de quedarse con 299.650,61 euros del Partido Popular, pero no de su contabilidad oficial sino de la caja B que la Fiscalía da por hecho que existía en la formación de Mariano Rajoy.

“Los fondos de los que se apoderó procedían de una contabilidad paralela o caja B del Partido Popular gestionada por ambos acusados que se nutría, con carácter general, de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”, escriben las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.

Por estos mismos hechos se iba a sentar también en el banquillo el antecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, pero el tribunal le ha eximido de hacerlo por la demencia que sufre, según han determinado los peritos de la Audiencia Nacional.

Las acusaciones populares del caso Gürtel, tanto en esta pieza como en la que investiga la caja B y la reforma en Génova con dinero negro, han llegado a la fase de juicio oral con la frustración de que la investigación no haya alcanzado algunos peldaños más altos en la jerarquía del Partido Popular. Solo pudieron interrogar como testigos a la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a sus predecesores Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, así como a Ángel Acebes, que llegó a estar imputado, todo ello en otra pieza que se juzgará más adelante, la de la caja B.

Sin embargo, un giro casi de última hora permitirá interrogar como testigos durante el juicio de la ‘Primera Época’ a los citados Arenas, Acebes y Álvarez Cascos, a Rodrigo Rato, a Jaime Mayor Oreja y a Gerardo Galeote; la plana mayor de José María Aznar, pero sin Aznar. Se debe a una petición de la defensa de Luis Bárcenas -anterior a que retirara su acusación del caso de los discos duros y el PP pudiera acogerse a la doctrina Botín- que provocó una profunda fractura en el seno del tribunal. Los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego votaron a favor, con la férrea oposición del presidente, Ángel Hurtado.

Correa y sus “estrechas relaciones” con el PP

El epicentro de la trama de corrupción juzgada es Francisco Correa, un empresario que empezó de botones en un hotel del centro de Madrid y que en la primera mitad de los noventa olió el dinero fresco que podía manar del Partido Popular, la formación de Aznar presta a dar el relevo en el Gobierno a los socialistas. Solo en esta pieza, Correa está acusado de haber conseguido 8,4 millones de euros de contratos amañados con las administraciones controladas por el PP y otros 2,85 por mediar para que los obtuvieran terceros.

Para todo ello se servía de sus “estrechas relaciones” con políticos del PP, asegura Anticorrupción. Para atestiguar esa proximidad a la cúpula del partido está la foto de Correa y su entonces esposa -también en el banquillo- en la boda de la hija de Aznar, a cuya celebración la trama de corrupción contribuyó con más de 30.000 euros. El yerno del expresidente, Alejandro Agag, era uno de los principales amigos de Correa en el PP.

Todo fue bien hasta 2008, cuando uno de esos “amigos” políticos se revolvió porque no obtenía lo que quería y entregó a la Fiscalía y la Policía abundante información del funcionamiento de la trama, sazonada con jugosas grabaciones a sus protagonistas. Es así, con el testimonio del acusado José Luis Peñas y no por Esperanza Aguirre -la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid que acuñó la frase “yo destapé la Gürtel”- cómo los españoles tuvieron oportunidad de empezar a conocer, meses después, el complejo funcionamiento de la trama.

En febrero de 2009, el juez Baltasar Garzón, las fiscales y la UDEF decidieron que era el momento de explotar las investigaciones y comenzaron las detenciones. Emergió entonces la red de amaño de contratos y sus derivadas, como la ocultación de fondos en el extranjero a través de una madeja de sociedades que, pasando por paraísos fiscales, escondían la verdadera identidad de los titulares de los fondos procedentes de la corrupción. A su regreso a España eran convertidos en lujosos inmuebles, un valor seguro en los años anteriores a la crisis económica.

La simbiosis era tal que la estructura opaca creada por el abogado Luis de Miguel, hoy en prisión por otra condena, era compartida por Correa y su presunto lugarteniente, Pablo Crespo -exsecretario de Organización del PP gallego-, con algunos de los políticos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino y Jesús Sepúlveda.

El poder omnímodo que alcanzó el PP en Madrid y en la Comunidad Valenciana reproduce mecanismos de corrupción. La actuación de la trama Gürtel en Valencia es objeto de otras causas distintas a la que se comienza a juzgar este martes en la Audiencia Nacional, pero no tiene la relevancia de la penetración en Madrid porque según ha demostrado la Operación Taula, el PP valenciano tenía su propia Gürtel. El propio Correa así lo explicaba, casi a modo de queja, en la confesión que entregó a eldiario.es: “En cuatro o cinco años, a Orange Market (empresa Gürtel) se le adjudicaron muy pocos concursos, y a Engloba (Taula), en un solo año, unos sesenta con la Generalitat”.

Mariano Rajoy ha decidido estos días poner pegas a Ciudadanos y avisar de que la respuesta a Albert Rivera que se formalizará el próximo miércoles no será un sí o un no sin matices. Fernando Martínez Maillo, como antes Pablo Casado, adelantan que están a favor de aceptar las condiciones, pero que el documento de vuelta introducirá advertencias y más letra pequeña. El vicesecretario de organización ha confesado no tener ni idea de cómo se organizará el próximo miércoles el Comité Ejecutivo. También ha tratado de hacer pasar por un despiste de comunicación de su partido la ocultación de la baja de Ana Mato en el comité: “Dábamos por hecho que se sabía”

“No es solo una contestación, que se dará, es que hay algunas cosas que tienen importancia y calado y no son blanco o negro”, ha señalado durante una entrevista en la Cadena Ser. Ciudadanos, en cambio, exige que se le responda “sí o no sin matizaciones”. Entre las “repercusiones” de las condiciones de Rivera, el PP apunta la reforma de la Constitución y los estatutos de autonomía para reducir los aforamientos y el cambio de la ley electoral. De esta forma, ha vuelto a cargar la responsabilidad sobre Pedro Sánchez. “Tenemos que decir que eso no se podrá hacer sin el PSOE”.

Maillo ha reconocido que en el Comité Ejecutivo no están acostumbrados a votar las estrategias de Rajoy. Ante la novedad, ha quedado claro que el sistema que se seguirá el miércoles es decisión del líder. “Es difícil saber si se votará el documento o se dará un voto de confianza al presidente”, ha insinuado. La ausencia de Rita Barberá o Ana Mato a la reunión en Génova es segura. La dirección ha hablado con la exalcaldesa y ha acordado que no asista. “Así evitamos que se convierta en un circo”, reconocen en el PP. Tampoco está previsto que lo hagan Ignacio González, Vicente Martínez Pujalte o Lucía Figar, que aún figuran en la web como integrantes.

Aunque Ana Mato no forma parte del comité del PP desde el pasado 7 de julio, cuando pidió la baja por incompatibilidad, Maillo ha tratado de justificar que el partido se lo haya ocultado hasta ahora a los periodistas: “Dábamos por hecho que se conocía. Me sorprendió cuando algunos medios hablaban de que formaba parte. Es verdad que teníamos el error en la página web”.

Mato pidió reingresar en el PP como trabajadora del partido para no perder sus derechos laborales aunque no tenía claro si aceptar otras ofertas. Así la autorizó el Gobierno y recogió el Portal de Transparencia. Génova explicó entonces que estaba obligada a pedirla “en el plazo previsto por la ley” y que esa solicitud comportó también el abandono de los cargos internos en el PP.

La exministra de Sanidad Ana Mato, que dimitió el 26 de noviembre de 2014, justo después de un auto del juez Pablo Ruz que la relacionaba con la trama Gürtel, ya ha encontrado trabajo en el PP de la mano de Esteban González Pons. El portavoz de la delegación de los populares españoles en el Parlamento Europeo ha anunciado mediante una escueta nota de prensa este viernes la creación de una “Universidad Europea”. La nota de prensa termina así: “A tal efecto la ex-ministra Ana Mato ha aceptado dirigir la Universidad Europa para el próximo mes de septiembre”.

Que Ana Mato iba a ser recolocada en el PP ya se intuía. El pasado 15 de abril trascendió que el PP daba el visto bueno a su “reingreso en el partido”, una decisión que fue aprobada el 9 de febrero por la Oficina de Conflictos de Intereses. Pero no dónde. Ahora ya se sabe que su destino inmediato pasa por esta universidad que, según el comunicado, nace “para fomentar entre los jóvenes el conocimiento sobre las políticas de la UE y aportar el punto de vista del PP”. Mato llega para dirigir los cursos de septiembre.

“Mato no ha pedido volver”

Al conocerse la noticia de que el PP aceptaba la vuelta de mano, fuentes del partido citadas por Europa Press aseguraron que la ex ministra no trabajaría en la formación y que el visto era sólo de una formalidad para que Mato no pierda sus derechos laborales. “Mato no ha pedido volver”, dijeron. Pero no era cierto, a tenor de su reciente nombramiento.

Su nuevo puesto de trabajo, lejos de ser una facultad propiamente dicha, será una suerte de foro que “se celebrará dos veces al año con una duración media de una semana, tendrá una sede y un director diferente cada vez y recibirá a un número máximo de 90 alumnos que serán seleccionados teniendo en cuenta su formación y currículo y que no serán necesariamente afiliados a Nuevas Generaciones”.

La primera sesión de septiembre, que dirigirá Mato, “se hará en colaboración con el partido portugués PSD”, la formación homóloga del PP en Portugal. Comparará las políticas sociales y de igualdad en ambos países ibéricos. “Las jornadas incluirán conferencias, debates y mesas redondas sobre los grandes asuntos comunitarios, como la política económica y monetaria, o la política exterior y de seguridad común. Los ponentes invitados serán ministros, expertos, profesores y parlamentarios con acreditada experiencia en el ámbito de la UE”.

El auto del juez Ruz que provocó la dimisión de Mato como ministra proponía juzgarla como partícipe a título lucrativo por los supuestos regalos y viajes que la trama Gürtel hizo a su marido a través del que fue su marido, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda.

Tras su cese, Mato siguió como diputada rasa hasta final de legislatura. Renunció a ir en las listas para las elecciones del 20-D, pero fue una de los 64 diputados que pidieron una indemnización al Congreso por no encontrar trabajo, tal como adelantó eldiario.es. Este medio ha preguntado al PP cuál será su retribución en la Universidad Europea, sin obtener respuesta.

El Gobierno en funciones ha dado el visto bueno a la exministra de Sanidad y exdiputada del PP Ana mato para reincorporarse a su empleo en el PP, según datos del listado de autorizaciones a ex altos cargos publicado en el Portal de Transparencia y adelantado por Europa Press.

Fuentes del PP afirman, no obstante, que “Mato no ha pedido volver”.

La autorización para su “reingreso en el Partido Popular” fue aprobada el pasado 9 de febrero por la Oficina de Conflictos de Intereses, un año y dos meses antes de que Ana Mato dimitiera como ministra el pasado 26 de noviembre de 2014. Los altos cargos del Gobierno necesitan la autorización de la oficina para incorporarse a entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo que han desempeñado.

Ana Mato presentó su dimisión a finales de noviembre de 2014 después de que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, diera a conocer un auto en el que proponía juzgarla como partícipe a título lucrativo por los supuestos regalos y viajes que la trama Gürtel hizo a su marido a través del que fue su marido, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda.

Indemnización al Congreso

Después de su cese como ministra, Ana Mato siguió como diputada del PP en el Congreso hasta final de legislatura. Después de renunciar a ir en las listas para las elecciones del 20-D, cuando dejó su acta como diputada. Tal y como adelantó eldiario.es, Mato fue una de los 64 diputados que pidieron una indemnización al Congreso por no encontrar trabajo.

Justamente, el Congreso le concedió una indemnización por 19 meses de trabajo solo tres días después de que el Gobierno autorizara a la exministra para volver a trabajar en el PP. Los datos publicados por el Congreso muestran que Ana Mato ya habría percibido la indemnización correspondiente a dos meses desde su cese. Los parlamentarios que la hayan solicitado percibirán 2813,87€ mensuales por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales.

Pedro Gómez de la Serna mantiene relaciones con el Partido Popular en lugares alejados de las miradas. El exdiputado del PP se reunió este viernes con la exministra Ana Mato en una cafetería de las afueras de Madrid. Ambos comparten el destino de haber sido tocados por la polémica y las sospechas de corrupción. La reunión se produjo este viernes, poco después de las 11 de la mañana, en la cafetería Vait de Pozuelo de Alarcón. El establecimiento se encuentra en las inmediaciones de la urbanización en la que reside la exministra del PP. 

eldiario.es se ha puesto en contacto con el exdiputado del PP que le quita importancia al encuentro. “Ana Mato y yo nos conocemos desde hace muchos años, somos amigos y hemos quedado a tomar un café”, ha señalado en conversación telefónica. “Ha sido un café entre dos amigos. Nos hemos preguntado por las familias y nada más”, asegura. 

Ana Mato y De La Serna comparten manchas en su currículum político relacionadas con los escándalos de corrupción. La exministra se vio forzada a dimitir después de conocerse el auto firmado por el juez Pablo Ruz en el que se la señalaba como “partícipe a título lucrativo” de los delitos presuntamente cometidos por su entonces marido, el excaldalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda.  

Gómez de la Serna atraviesa una situación similar. Tras obtener su acta de diputado se supo que la Audiencia Nacional le investigaba por el supuesto cobro de comisiones por intermediar para que empresas obtuvieran grandes contratos de obras en el extranjero. El escándalo tuvo tres efectos inmediatos: De la Serna pidió la baja en el PP y nunca se llegó a incorporar a la disciplina del grupo parlamentario popular, sus excompañeros dejaron de saludarle por los pasillos del Congreso.  

La imagen de ambos políticos conversando en una cafetería prueba que De la Serna no ha perdido todos sus contactos con el PP. Pese a su cese como ministra, Ana Mato mantiene muy buena relación con Mariano Rajoy, a cuyo círculo de confianza siempre ha pertenecido. La exministra aceptó no ir en las listas a las elecciones del 20D por la presión ejercida sobre Rajoy para que desvinculase su imagen de todo lo que recordase a los años de Gürtel.

La posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones pondría a Gómez de la Serna en una nueva situación, ya que perdería su aforamiento lo que haría más ágil el proceso judicial que se sigue contra él. El Partido Popular está decidido a mantener su distancia con el exdiputado a quien se trata ya como alguien ajeno a quien solo se puede visitar en cafeterías de extrarradio.  

“Ha sido una decisión muy meditada y totalmente personal. Ana ha sido una persona muy importante para el partido. Rajoy la tiene mucha estima y si ella hubiera querido, habría ido en las listas a pesar de todo lo ocurrido”. Así explican la retirada de la política de Ana Mato fuentes cercanas a la exministra del PP, después de que varios medios publicaran este fin de semana que no iría en la lista por Madrid como ha venido haciendo en las seis últimas legislaturas. Estas fuentes aseguran que Mato tomó esta determinación después de hablar dos veces con Rajoy, una a la vuelta del verano y otra hace unos días. El presidente del Gobierno entendió su decisión sin intentar convercerla para que continuara.

La situación de Ana Mato era muy delicada. De hecho, ese “todo lo ocurrido” que comentan las fuentes consultadas se refiere a su implicación en el caso Gürtel, motivo por el que tuvo que presentar su dimisión como ministra de Sanidad a finales de noviembre de 2014, justo la víspera del debate en el Congreso sobre las medidas anticorrupción que iba a defender ante el pleno el propio Rajoy. En aquella ocasión el presidente prácticamente tuvo que obligarla a que dejara el cargo. Su pésima gestión frente a la crisis del ébola tampoco ayudó a que sus compañeros de Gabinete salieran en su defensa.

La versión que dan estas fuentes sobre su retirada es que Mato se ha ido de forma voluntaria sin esperar a saber si Rajoy iba a contar o no con ella, algo que varios dirigentes del PP dudaban. No así los que conocen la gran amistad que el líder del PP ha mantenido con Mato durante los largos años en los que ha trabajado tanto en el partido como vicesecretaria General de Organización y de acción Electoral, como en el Gobierno como ministra. Estos dirigentes insisten en que si ella hubiera querido, habría continuado como diputada, o bien “le hubieran buscado otra salida”.

De hecho, nada más dejar la cartera de Sanidad, Rajoy ordenó a la dirección del grupo parlamentario que la hicieran un hueco en alguna de las Comisiones del Congreso. Mato fue nombrada entonces vicepresidenta de la Comisión de Cooperación, un cargo en el que cobra 1.046 euros mensuales extra a su nómina de diputada por Madrid, fijada en 2.813 euros, más otros los 870,56 euros para gastos.

A pesar de su anuncio de que no repetirá en las listas, Mato seguirá cobrando hasta mediados de enero su sueldo como diputada por Madrid y sus complementos como vicepresidenta de Comisión al ser vocal de la Diputación Permanente, al igual que los otros 102 diputados que integran este órgano de gobierno del Congreso.

Durante estos meses se ha especulado mucho con su continuidad mientras Mato guardaba silencio. La exministra decidió a la vuelta del verano hablar con Rajoy para tantear el terreno y dejarle caer que estaba dispuesta a dar un paso atrás. Pero no fue hasta hace unos días, después de escuchar y de “tener el apoyo de su familia” -Mato tiene tres hijos-, cuando le comunicó a Rajoy que se retiraba. El presidente se mostró “comprensivo”, según las fuentes, que no conocen muchos más detalles de la conversación al ser “personal”.

“Después de casi 25 años en política y de haber sido de todo, simplemente ha creído que había llegado momento de abrir una nueva etapa en su vida y dedicarse a otra cosa”, sostiene una de las personas muy cercana a Mato.

Lo que nadie discute es que su implicación en el caso Gürtel ha pesado mucho en su decisión, sobre todo después de que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, anunciara juicio contra ella al sostener en un auto que fue “partícipe a título lucrativo” de los delitos que se le imputan a su exmarido, el exalcalde de la localidad madrileña de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, acusado de malversación de caudales públicos, cohecho y prevaricación. La exministra, sin embargo, siempre ha mantenido que desconocía los regalos que aceptaba Sepúlveda -del que está separada- de las empresas de la trama.

Aunque se da por seguro que Mato recalará en breve en la empresa privada, no ha trascendido dónde irá. Las fuentes aseguran a eldiario.es que no tiene “en estos momentos” sobre la mesa ninguna oferta y que si la tiene no ha querido aún contarlo. Una de las posibilidades es que emprenda esa nueva etapa fuera de España, alejada del escándalo de corrupción que la persigue durante estos años. “Se va tranquila, porque siempre ha cumplido con sus responsabilidades”, zanjan las mismas fuentes.

Según su currículum, Mato es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y fue profesora tutora de la UNED. La ley de incompatibilidades prohíbe a los ministros y altos cargos recalar en la empresa pública durante los dos primeros años inmediatos a haber abandonado sus cargos.

Ana Mato, la ministra sacrificada por Rajoy por su relación con la trama Gürtel, renuncia a ir en las listas del PP en las generales y dejará la política. Así lo ha comunicado la que fuera titular de Sanidad, según publica el diario El País, a los dirigentes de su partido. Tras 23 años en las listas del Congreso, no quiere repetir como diputada en la próxima legislatura.

Mariano Rajoy dejó caer a Ana Mato en noviembre de 2014, justo unas horas antes de comparecer en el Congreso para hablar de regeneración democrática. La ministra de Sanidad comunicó su dimisión después de que el juez Ruz decidiese sentarla tras constatar que se lucró gracias a la trama Gürtel. En el auto que desencadenó su salida, se le consideraba responsable a título de beneficiaria de la trama corrupta, la misma situación procesal en la que se encuentra el PP.

Aunque dejó de desempeñar sus funciones en la cartera de Sanidad, Ana Mato se ha mantenido en su escaño, y continuará hasta el 13 de enero, cuando se constituya la nueva cámara. Durante este periodo, el Grupo Parlamentario Popular ha dado nuevas atribuciones a Mato y le ha aumentado el salario. Solo un mes después de presentar su dimisión, fue nombrada vicepresidenta de la Comisión de Cooperación, nuevo cargo que añade un plus de 1.046 euros mensuales a su nómina de diputada, fijada en 2.813 euros.