En las turbulentas aguas políticas de la Transición, una infinidad de partidos trataban de hacerse un hueco en un sistema democrático que se configuraba de manera rápida y atropellada. Algunas formaciones de izquierdas partían de la base de haber mantenido una estructura estable, en la clandestinidad o en el exilio, sobre la que apoyar su nueva andadura. La derecha, por su parte, se encontraba con la única salida de dar un barniz democrático a quienes habían ostentado el poder político e institucional durante el franquismo.

El problema que se encontraron todos los que no encajaban en la Unión de Centro Democrático era, por un lado, que Adolfo Suárez copaba casi todo el espectro de la derecha. El resto eran asociaciones, sin hechuras de partido, con más líderes que bases y comandadas por antiguos ministros y altos cargos franquistas. La mayoría logró ponerse de acuerdo y fundirse bajo la siglas de Alianza Popular (AP).

La intención era llevar a la nueva formación a convertirse en una alternativa real de Gobierno, una tarea titánica cuyo punto de partida fueron las elecciones de 1977, en las que AP se hizo únicamente con el 8% de los votos y 16 diputados. Fue aún peor en las de 1979, donde el partido bajó hasta los 10 escaños. Es ahí cuando arrancó el periodo de Manuel Fraga como presidente de la formación con dos objetivos claros: limar la imagen franquista del partido y crear una infraestructura estable que sustentase su candidatura para las siguientes elecciones.

“Nosotros no ofrecemos una ideología rígida ni un activismo oportunista; aportamos un sistema de grandes principios”, clamaba Fraga en 1982. Todo esos discursos están en la hemeroteca, lo que no se contó entonces fue cómo se financió el proyecto para reunificar el centro-derecha en España. La confesión que Luis Bárcenas entregó en a la Fiscalía Anticorrupción ayuda a completar la historia. “Desde el año 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos”, describe el hombre que manejó las cuentas del Partido Popular durante décadas.

Bárcenas se retrotrae a mucho antes de que el PP fuese un partido. Su declaración apunta a que la iniciativa política de Fraga, que luego cristalizó en el PP, se apoyó desde su fundación en las donaciones en negro. Y que sus sucesivos tesoreros y dirigentes mantuvieron un sistema de caja B muy rentable que permitía sostener el enorme gasto electoral del partido, por encima de los límites legales, además de garantizar una remuneración extra para los altos cargos.

El relato de esos primeros años en los que había que conseguir dinero rápido lo hicieron dos extesoreros del PP cuando fueron llamados a comparecer en el Congreso de los Diputados. La suya no fue una asunción de responsabilidades en la creación de un sistema de donativos en negro, sino que lo presentaron como una práctica habitual y aceptada por todos.

"Yo organizaba cenas con amigos y recaudaba dinero para Fraga (...) Él se iba, y allí me quedaba yo pasando la gorra"

Ángel Sanchis — Extesorero del PP

Ángel Sanchis, tesorero entre 1982 y 1987, cuando la formación aún se llamaba Alianza Popular, contó en 2017 que su principal objetivo durante los primeros años era buscar financiación. “Yo organizaba cenas con amigos y recaudaba dinero para Fraga (...) Él se iba, y allí me quedaba yo pasando la gorra”, contó en el Congreso. Pagaban empresarios y “amigos” del partido.

Sanchis relató la precaria situación de una formación fundada por prebostes de la dictadura pero que no tenía apenas estructura ni militancia: “No teníamos un duro, estábamos en la indigencia, yo pagaba la luz muchos meses”. Los discretos resultados electorales de los primeros comicios de la democracia no ayudaron, las subvenciones no alcanzaban para pagarlo todo. “Entonces teníamos muy poco poder, quienes recibían dinero eran quienes estaban en el poder, el PSOE y otros”.

El partido optó entonces por la vía rápida de los donativos. Los invitados a sus cenas daban un sobre: “Eran favores que yo pedía, luego me pasaba años devolviendo esos favores”. Sanchis aclaró rápidamente que no se devolvían esos favores desde el partido. Relató también otro método arcaico para conseguir fondos: se enviaron “cientos de miles de cartas” a través de una agencia de publicidad pidiendo donativos y hubo “una muy buena respuesta”.

Sanchis tuvo que admitir durante su comparecencia en el Congreso que el partido había rebasado los límites de financiación para las elecciones -“como todos los partidos”- pero que no veía “ninguna deshonestidad” en ese grupo de políticos “que venían de la dictadura” y que “eran mejor que los actuales”.

Eso sí, Sanchis dijo no saber nada de una una caja B, como si cobrar donativos en metálico y no declarar gastos electorales no fueran efectivamente eso, una caja B ya en los tiempos de Alianza Popular. Lo mismo dijo su sucesor en el cargo, Rosendo Naseiro, que manejó las cuentas del partido entre 1987 y 1990, cuando Fraga refundó AP en el actual Partido Popular. En su caso, entre alusiones a la pérdida de memoria y encontronazos con los diputados, lo máximo que llegó admitir es que “a veces en un mitin, le daban un talón a Fraga”.

El problema para Naseiro es que los pasajes de los que no se acordaba quedaron plasmados en un caso que llevaba su nombre, la primera investigación por sospechas de financiación irregular en el PP. La trama de recalificaciones, acuerdos inmobiliarios, comisiones para el partido y mordidas para los intermediarios murió en el Supremo, cuando el tribunal tuvo que cerrar el caso porque las grabaciones a sus protagonistas, incluido el propio Naseiro, se habían obtenido en el marco de otra investigación (por narcotráfico) y no se podían usar para perseguir la financiación irregular.

Las conversaciones no sirvieron para condenar a nadie pero quedaron para siempre en la hemeroteca de la corrupción del PP. También las investigaciones posteriores, que han destapado el uso por parte de Naseiro de una cuenta opaca en el Banco de Fomento a nombre de Acciones y Programas del Partido Unificado de Alianza Popular (PUAP).

En aquella ronda de comparecencias en el Congreso, tras la naturalidad con la que Sanchis y Naseiro relataban el cobro de talones primero para AP y luego para el PP, le llegó el turno a la mesura de Carmen Navarro, entonces tesorera del partido tras la etapa de Bárcenas. Ella defendió la “total pulcritud” de las cuentas del PP, sin las concesiones de sus predecesores.

Entre Sanchis, Naseiro y Navarro transcurre la época en la que se consolidó la caja B, y que no pudieron relatar ninguno de sus protagonistas. El primero, Álvaro Lapuerta, aquejado de una demencia que ya le eximió de ser acusado en Gürtel; el segundo, Luis Bárcenas, inmerso en una maraña de causas judiciales que le aconsejaban no decir nada en el Congreso.

La versión de Lapuerta como verdadero impulsor de la caja B ya no podrá escucharse de su boca porque falleció el verano de 2018. El tesorero del PP entre 1993 y 2008 fue señalado por Bárcenas como el gran ideólogo del sistema de donaciones en negro, contratos amañados y sobresueldos. Hizo un amago de querer contar su verdad, pero no pudo concretarlo. El extesorero le dijo al director de elDiario.es que quería contarle “toda la verdad” sobre la caja B para que este la plasmase en un libro, algo de lo que había informado a Mariano Rajoy. Dos días después, el 28 de abril 2013 sufrió una “extraña” caída, según su familia, que le dejó en coma. Luego desarrolló la demencia que le acompañó hasta su muerte.

El sistema que creó para financiar al PP, que había tenido su germen en la época de Sanchis y Naseiro, y que luego heredó Bárcenas, ha quedado acreditado a través de informes policiales, confesiones de implicados y sentencias. El propio Bárcenas ya admitió en el primer juicio de Gürtel la existencia de una “contabilidad extracontable”, nutrida a base de donativos de grandes empresarios. Parte iba a pagar gastos de campaña y parte a sobresueldos que cobraron altos cargos, según la documentación del extesorero.

En aquel momento Bárcenas dijo que los empresarios no esperaban nada a cambio. La Audiencia Nacional no le creyó y en su sentencia dijo que las donaciones de los empresarios servían “para pagar favores” o como “contrapartida por adjudicaciones irregulares de contratos”. Los jueces se apoyaron en la confesión de Francisco Correa, que admitió que los empresarios donaban a cambio de adjudicaciones de obra pública del gobierno de José María Aznar.

Los distintos jueces tratan aún de buscar las pruebas de esa vinculación directa entre donación y adjudicación. Cada vez están más cerca. Por un lado, por las pesquisas en la parte de la investigación de la caja B que se centra en el posible delito de cohecho derivado de esa contabilidad opaca. Por otro, porque la confesión de Bárcenas confirma ese hecho. Sucede que el extesorero también ha dicho que algunas de las pruebas le fueron sustraídas en una operación presuntamente montada en el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para evitar que fueran aportadas en los juzgados o a la prensa.

“Estos fondos -caja B- se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”, dice el extesorero en el escrito enviado a la Fiscalía, y añade que Lapuerta era quien recibía el dinero como “la persona designada de poner en conocimiento -si fuera el caso- al ministro que fuera competente en razón de la obra o servicio al que pudiese afectar la concreta adjudicación pública”.

A la Audiencia Nacional no le ha sido fácil hasta ahora trazar esa conexión porque el Gobierno de Mariano Rajoy hizo todo lo posible por impedir que las pruebas de la caja B salieran a la luz. La Operación Kitchen, que se investiga en otro juzgado, tuvo como objetivo captar al chófer de Bárcenas para que este le robara (a cambio de un suculento sueldo con cargo a los fondos reservados y un puesto de funcionario en la policía) el material comprometedor para el partido. En la causa ya está imputado el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, y buena parte de la cúpula policial de la época.

Esa operación comenzó en 2013, poco después de la publicación de los papeles de Bárcenas. La investigación ha revelado el uso de fondos reservados y de recursos del Ministerio del Interior para tapar una caja B que se había gestado a la par que la fundación de Alianza Popular, y de la que el PP dispuso durante casi tres décadas.

Ángel Sanchis, Rosendo Naseiro y Luis Bárcenas. Tres hombres que han coincidido y se han dado el relevo en el núcleo de las finanzas de Alianza Popular y el Partido Popular desde 1981 hasta 2009. Los tres han sido fontaneros contables, y los tres se han visto salpicados por casos de corrupción. Es más: Bárcenas y Sanchis han sido condenados este jueves por la Audiencia Nacional por la primera época del caso Gürtel: el primero, a 33 años; el segundo, uno.

Correligionarios, que han seguido compartiendo negocios, han sido protagonistas de otro sonado caso, el caso Naseiro, que estalló al poco de acceder a José María Aznar a la presidencia del PP, en 1990: se desveló que Sanchis y Naseiro, entonces tesorero del PP, idearon una trama de financiación. Sin embargo, las conversaciones telefónicas que lo destaparon fueron anuladas por el Supremo porque fueron grabadas en el curso de una investigación por narcotráfico entorno a Rafael Palop, hermano de Salvador Palop, concejal de Valencia implicado en la trama (fallecido en 2008 por un cáncer).

En aquellos días, Bárcenas también salió en las conversaciones de forma colateral (transcritas en losgenoveses.net). Unas conversaciones que daban a entender cierta complicidad de Manuel Fraga, fundador de AP y expresidente fundador del PP, así como del entonces máximo dirigente del partido, Aznar, además del vicesecretario de acción electoral y número cuatro del partido, Arturo Moreno, y del concejal de Benidorm en aquella época Eduardo Zaplana (quien anunció a Palop que se iba a Sevilla: “A ver si hago unas cosas con la Expo”).

En las conversaciones también se mencionaba al secretario de Estudios de la Ejecutiva, Gonzalo Aragonés y el diputado Miguel Ángel Cortés (miembro del clan de Valladolid de Aznar, llegó a secretario de Estado de Cultura y, posteriormente, de Cooperación). Pero todo quedó enterrado. Eso sí, Sanchis y Naseiro dejaron la primera línea política, al igual Moreno, cuyo lugar en la dirección del PP pasó a ocuparlo Mariano Rajoy. El autor de la investigación interna, que absolvía a Fraga y Aznar, fue el entonces portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y en el Senado, Alberto Ruiz-Gallardón, hoy imputado por el Caso Isabel II.

Sanchis, Bárcenas y Naseiro no dejaron de reencontrarse. Sanchis, que llegó a Alianza Popular en 1981 de la mano de Carlos Robles Piquer, cuñado de Fraga y coordinador general del AP, para llevar las cuentas del partido y recaudar fondos, metió en la organización a Bárcenas, con quien tenía una relación personal.

Sanchis llegó a ser elegido diputado en 1986 y en 1989, la primera encabezó la lista por Valencia y en la segunda fue como número 8 por Madrid. Pero el caso Naseiro acabó con su carrera política, aunque no con la económica. El estallido pilló a Sanchis en Argentina, no en vano hacía 12 años (desde 1978) que poseía unos terrenos allí.

Naseiro llegó a AP más tarde, en 1986. Nacido en Villalba, como Fraga, tenía el cometido de poner orden en las cuentas populares, con grandes desfases, y con la misión de elaborar un plan de reducción de gastos. Al principio fue mal visto por el anterior responsable económico, Sanchis, pero los intereses pecuniarios de ambos solventaron los recelos, tal y como descubieron las invalidadas grabaciones telefónicas.

Años después, en 2002, Bárcenas y Naseiro volvieron a hacer negocios. Bárcenas pidió un crédito de 325.000 euros para dárselos a Naseiro para comprar obras de arte -la afición por la pintura de Naseiro le ha llevado a tener obras en El Prado: 40 naturalezas muertas pertenecientes a una colección suya fueron adquiridas por 26 millones de euros gracias a la figura del pago por dación de impuestos-.

A los pocos días, Bárcenas reintegró el importe en el banco: ambos afirmaron que al final ese dinero nunca cambió de manos, si bien Naseiro le dio 5.000 euros a Bárcenas por las molestias. La policía, a la que le extraña pedir 350.000 euros a un banco para devolverlos un mes después, duda de esta versión y sospecha que fue una maniobra para blanquear capitales de la trama Gürtel. “Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas [6 millones de euros] por adjudicaciones de obras de la época de [Francisco Álvarez] Cascos”, decía el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, en una de las grabaciones.

El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge, que comandaba el partido cuando aterrizaron Sanchis y Bárcenas, desveló en eldiario.es las prácticas que se realizaban en aquella época para financiar el partido con dinero B de “eléctricas, bancos y empresas de la industria pesada” y cómo el Tribunal de Cuentas les pedía que falsificaran facturas para cuadrar las cuentas de las campañas.

Tres años después de que llegara Naseiro a la sede aliancista, en 1989, se descubrió un intento de soborno que le salpicó. El empresario Gustavo Durán, conocido como broker en aquella época por conseguir acuerdos entre empresas, políticos y administraciones, ofreció dinero para desbancar al socialista Joaquín Leguina de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Primero a Juan Figueroa, hombre próximo a Nicolás Piñeiro, diputado regional del Partido Regionalista Independiente de Madrid (PRIM), quien grabó la oferta de 100 millones de pesetas, y luego a Miguel Ángel Olmos, de Izquierda Unida, quien también grabó la conversación asesorado por la abogada Cristina Almeida.

Durán era conocido en AP desde 1984, cuando colaboraba con Sanchis para recaudar dinero y con diversas constructoras para conseguir contratos de la Xunta, en manos de AP, según el libro De Fraga a Fraga, de Carlos Dávila y Luis Herrero. Y en su conversación con Figueroa afirmaba actuar en nombre de la dirección del partido: “Me río de Rosendo ( ... ). Fraga, a la hora de hacer un asunto de los que yo hago, Fraga no se moja. ( ... ) Yo no me fío de Fraga en cuanto a lo que yo necesito. ( ... ) Rosendo sabe que estoy haciendo esto, y yo a ti no te lo oculto, que lo estoy haciendo por kilos ( ... )”. Durán afirmaba haberse reunido para hablar de estos asuntos con Naseiro, Federico Trillo (el hombre que ha dirigido la política judicial del partido de los últimos 30 años) y Sancho Rof (exministro de UCD que pasó a la historia por su descripción en 1981 del síndrome de la colza: “[El síndrome] es menos grave que la gripe. Lo causa un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata”).

El informe interno dirigido por el notario Félix Pastor Ridruejo, absolvió de toda responsabilidad, como suele ser habitual en estos casos, a los colegas de partido.

Naseiro salió indemne del caso. Hasta el punto de que cuando Fraga se marcha a Galicia y se convierte en presidente de la Xunta, Aznar lo confirma como tesorero en el congreso de Sevilla de la refundación, con un escalafón asimilado al de vicesecretario general y bajo la dependencia directa del presidente del partido. Pero dura poco.

Fue detenido con el concejal Palop acusado de un delito de cohecho (soborno a funcionario público, peaje para conseguir favores inmobiliarios y concesiones de obras públicas) en 1990. También estaban implicados un arquitecto y tres constructores, detenidos en Valencia y Alicante. La orden la dictó el Juzgado número 2 de Valencia, Luis Manglano. Los otros cuatro detenidos fueron Luis Latorre, arquitecto municipal de Cullera (Valencia); Carlos Bonet, delegado de la constructora Huarte; Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones, y José Balaguer, promotor de Cullera y gerente de una firma de mantenimiento de semáforos en Valencia, ETRA. En aquel caso también declaró como testigo el entonces concejal José Luis Olivas, más tarde presidente interino de la Generalitat valenciana y, posteriormente, de Bancaja, Banco de Valencia y vicepresidente de Bankia durante su proceso de quiebra y nacionalización.

En aquel 1990, Naseiro era el estratega y máximo responsable económico del PP, y Salvador Palop, el enlace y ejecutor de las dádivas reclamadas para la financiación del partido, que oscilaban entre el 2% y el 5%. En estas operaciones desempeñaban un papel decisivo sociedades de intermediación como Futuro Financiero, de miembros de la Ejecutiva del PP como Arturo Moreno, y el concejal Salvador Palop y el diputado Miguel Ángel Cortés.

Cortés era citado por Moreno en una de sus conversaciones con Palop como un miembro del “grupo” que el ex vicesecretario general pretendía promocionar para controlar mayores parcelas de poder en el PP:

“Tenemos que copar la tesorería, ¿eh? Tenemos que coparla de verdad”, decía Palop. “Sí”, contestaba Moreno. Y proseguía: “Al menos se queda muy contento, porque Aznar lo dice; oye, pues Arturo y sus amigos me están ayudando mucho y todo esto, ¿me entiendes? Me ponía por las nubes y tal, o sea, que ahora mismo tenemos muy buena relación con este tío, vamos a aprovecharla, macho”. Palop contestó: “Cuando puedas se lo comentas a José María lo que estamos consiguiendo”.

En las conversaciones aparecía principalmente Palop, quien negociaba las comisiones con Naseiro y Sanchis. Las empresas desconocían qué parte iba al partido y cuál a los intermediarios. El sistema era el que explicó Versrtynge en eldiario.es, que consistía en inflar las adjudicaciones para que las adjudicatarias pagar una retrocomisión al intermediario por el importe de la diferencia entre el precio real y el adjudicado. El fiscal acusó de conspiración para el cohecho a Sanchis, Palop y Naseiro, para cada uno de los cuales pidió tres meses de cárcel y 500.000 pesetas de multa (3.000 euros). Asimismo, solicitó una multa conjunta de 30 millones para los tres (180.000 euros), y nueve años de inhabilitación y cuatro de suspensión en sus cargos públicos para los dos primeros, así como cuatro de inhabilitación para Naseiro.

Las diligencias pusieron de manifiesto que en la negociación de comisiones para la financiación del Partido Popular se mencionaban más de 40 operaciones diferentes, y en las 10 de las que había detalles las comisiones alcanzaban los 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros). El 15 de julio de 1992 fueron absueltos.

Pero este jueves, la Audiencia Nacional ha dictado su sentencia por la mayor trama de corrupción de la historia del PP: condena al cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, a 51 años de cárcel, mientras que al extesorero del PP Luis Bárcenas le impone una condena de 33 años, y el PP es considerado en el fallo responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de 245.000 euros de la corrupción de Gürtel.

La sentencia es todo un catálogo de la corrupción. Los 29 condenados lo son por esta ristra de delitos: asociación ilícita, fraude a la administración públia, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

Bárcenas, Sanchis y Naseiro. Tres décadas de relación personal. Tres décadas de contabilidad bajo sospecha del PP, primer partido condenado “a título lucrativo” por corrupción.

Entre “un vodevil” y una parodia, la comparecencia del extesorero del Partido Popular Rosendo Naseiro en la comisión de investigación de la presunta financiación irregular de su partido este jueves se ha convertido en un frontón donde los diputados de la oposición han lanzado preguntas a un octagenario que la mayoría de las veces no recordaba la respuesta o aseguraba no escuchar a los parlamentarios, entre las trabas e interrupciones que provocaban los miembros del PP presentes en la comisión.

Naseiro solo ha admitido que “a veces en un mitin, le daban un talón a Fraga” para luego tratar de reconducir la frase asegurando que “a lo mejor algún talón que tenía poco dinero se le dio a algunos de sus escoltas” y ha negado la existencia de una contabilidad paralela del partido: “La caja B no la he visto nunca, me enteré ahora”.

Posteriormente, sí ha admitido respecto a la caja B que “que siempre hay alguna provincia donde había algo que no había salido bien”, pero lo situó en el periodo posterior a su salida del partido cuando el secretario general del PP entonces Francisco Álvarez Cascos asumió las funciones de tesorería, según reconoció Naseiro.

El extesorero del PP entre 1987 y 1990 ha señalado que en los tiempos en los que ejerció el cargo “se recogía mucho dinero del Estado, administrándolo bien llegaba con ese dinero de sobra para mantener campañas. No había otro tipo de financiación”.

Ante las preguntas del diputado socialista Felipe Sicilia sobre el informe de que hizo el exdirigente popular Alberto Ruíz Gallardón en el que se especificaba que Naseiro había consentido que se pidiera dinero a empresas en nombre del partido, el extesorero ha asegurado que “no autorizo a nada, lo que diga el señor Gallardón lo dirá en su informe, pero yo no conocía que nadie estuviese autorizado por tesorería para pedir dinero. El señor Gallardón es dueño de lo que dice”.

El juez del caso Naseiro era “un rojo”

A pesar de la mala memoria que adujo el extesorero ante las cuestiones que planteaban los diputados, Naseiro sí tenía en mente al juez Luis Manglano, que lo procesó por cohecho aunque finalmente fue exonerado al anularse las grabaciones que le implicaban. Ha nombrado varias veces al juez, al que ha acusado de procesarle por su color político.

“El señor Manglano era un hombre de izquierdas, un rojo, de los que yo no quería que gobernaran nunca en España, por eso luche y me metió en la cárcel injustamente”, ha relatado Naseiro.

“Quiero dar una queja, me quejo de que no hay derecho a que se mencione el caso Naseiro, puede ser ilegal que pregunten de eso, que está muy bien aparcado por el Supremo, a eso no voy a contestar”, ha señalado.

El extesorero ha defendido que “renunció” al cargo en el partido porque “estaba procesado y debía marcharse y dejar campo libre”, a la vez que ha recriminado a los diputados: “Hice lo que no hacen ninguno de ustedes. Me fui a mi casa porque no necesitaba el sueldo de nadie, estaba en la política porque creía en ella. Era una persona centrada y liberal, si no fuera así no podía ser coleccionista de arte”.

El diputado de ERC, Joan Tardà, ha denunciado como “perverso por parte del PP” y “preocupante para la democracia que ante un problema que afecta al núcleo de la democracia, que tenemos la obligación política para que no se repita, lo reduzcamos a un asedio a una persona mayor. Esto está podrido. Se ha construido un marco en el que los diputados de la oposición aparecemos como los actores de un teatro con el peor papel. Renuncio a terminar mi tiempo de intervención”. La situación llegó hasta el punto que el diputado del PNV Mikel Legarda se negó a hacer el uso de la palabra.

Ha tomado la palabra entonces el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó. “El otro día tuvimos al tesorero mudo, hoy tenemos al tesorero sordo”, ha dicho al comenzar su intervención, durante la que Naseiro ha asegurado que en su etapa como tesorero “nunca se pagaron sobresueldos”.

Durante toda su comparecencia, Naseiro ha buscado la complicidad de los diputados del PP, y en especial del portavoz Fernando Martínez Maíllo, que asentía tras algunas de sus aseveraciones. El extesorero del PP no ha podido hacerlo durante la invervención de la portavoz de Unidos Podemos, Carolina Bescansa, que le ha pedido a Maíllo que le cediese el sitio para que Naseiro le escuchase mejor.

Desde el PP, Eloy Suárez ha tachado la intervención del resto de portavoces de “bochornoso espectáculo”. “Aquí vale todo contra el PP, el objetivo es derrocar, derribar, intentar conseguir lo que las urnas no le dieron”, ha añadido, al tiempo que advertía que apenas iba a hacer preguntas porque Naseiro “está cansado”.

Luis Bárcenas se mostró ante el tribunal de Gürtel como un marchante de arte barroco. De acuerdo con ese papel, sus inversiones en bodegones y tablas del Siglo de Oro multiplicaron sus ingresos, que escondía a la Hacienda Pública en sus cuentas en Suiza. De este y otros tratos comerciales vino su dinero, dijo a las fiscales, y no de negocios ilícitos. Pero la coartada que el extesorero del PP fabricó para justificar el origen de su fortuna fue echada por tierra dos testigos en el juicio la pasada semana.

Durante su declaración en enero, Bárcenas trató de detallar distintas fuentes de ingresos. Su objetivo era demostrar que los 48 millones de euros que llegó a acumular en Suiza salieron de sus negocios privados en distintas áreas, y no de las comisiones que se repartía con los cabecillas de Gürtel a cambio de adjudicaciones de obra pública, como señaló su antiguo amigo Francisco Correa.

Entre los negocios que detalló había aserraderos en Costa Rica y campos de soja en Argentina. Pero lo que más llamó la atención, el negocio al que le dedicó más tiempo durante su declaración, fue la compraventa de obras de arte con su amigo Rosendo Naseiro, extesorero de Alianza Popular y experto en arte sacro.

Con su asesoramiento se embolsó hasta 1,8 millones de euros. El método era sencillo: compraba cuadros por un precio bajo y multiplicaba su valor en la venta. El negocio perfecto. Por ejemplo, pagó 4.000 euros por una pintura de Antonio Ponce (1608-1677) para luego venderla por 278.000.

“Ves algo que te gusta, lo compras y luego te llevas la sorpresa de que tiene mucho valor”, dijo para intentar justificar la espectacular revalorización de sus bodegones. “El arte es así”, resumió a eldiario.es.

Esas operaciones con Naseiro eran una forma de pago entre ambos, que hacían otro tipo de tratos comerciales. En ocasiones no se pagaban la parte del otro en dinero, sino en obras de arte, según el testimonio de Bárcenas. En 2001 Bárcenas compró a Naseiro un “bodegón de flores y plato de metal sobre una mesa de mármol”, que este le dejó a un precio bajo para que pudiese sacar algo con su venta: pagó 21.000 y vendió por 278.000 euros.

Pero su imagen de marchante de arte se ha derrumbado. Su antiguo socio, con el que rompió relaciones tras el estallido del caso Gürtel, le ha dejado en la estacada. Durante su declaración como testigo, Naseiro ha sido tajante ante el tribunal: “Bárcenas ni es marchante ni entiende de cuadros”.

No se quedó ahí. Llegó a relatar ante la sala que Bárcenas le había pedido que fuese diciendo que él coleccionaba cuadros. Le contó al tribunal cómo quiso preparar su coartada. Naseiro dijo que puede que comprase alguna que otra obra para decorar su casa, pero que en ningún caso Bárcenas fue un marchante de arte que engordase su bolsillo a base de compraventas.

Terminó su declaración negando haber hecho otros negocios con Bárcenas, que ha visto así cómo su estrategia, sustentada únicamente en su palabra, se venía abajo. El extesorero del PP no aportó ninguna documentación que probase sus fuentes de ingresos, y lo fió todo a que la sala creyese su palabra.

El último recurso de la defensa de Bárcenas ha sido poner en duda las facultades mentales de Naseiro. Su abogado pidió al tribunal que le sometiese a una prueba para determinar la fiabilidad de sus respuestas. El presidente del Tribunal, Ángel Hurtado, se negó alegando que la credibilidad del testigo la resolverían los tres magistrados que componen la sala.

Luis Delso dice que no es 'Luis el cabrón'

No ha sido el único testigo que ha metido en problemas al extesorero esta semana. El apunte “Luis el cabrón” en la contabilidad B de Francisco Correa, junto a la cantidad de 72.000 euros, es otro de los misterios de la trama. La Fiscalía cree que bajo ese apelativo está Luis Bárcenas, y que esa cantidad es una entrega de dinero negro. Los principales acusados y el extesorero han asegurado que se trata del empresario Luis Delso, expresidente de Isolux.

Tal fue la insistencia de Correa y Pablo Crespo que las fiscales del caso pidieron que declarase como testigo. Se sentó frente al tribunal el pasado lunes, y desmintió la versión de los hechos que se había dado hasta ahora. No recibió 72.000 euros, nunca hizo tratos con Correa ni con la trama Gürtel, y solo prestó dinero a Álvaro Pérez 'El Bigotes', pero por un importe menor que el que aparece en la contabilidad B de Correa.

Además, Delso dijo que nunca escuchó que se refiriesen a él como 'Luis el cabrón'. Tenía una buena relación con los principales cabecillas de Gürtel, que cree que no tenían razones para referirse a él con ese apelativo: “Yo es una cosa que desconocía, nunca me había llamado así el señor Correa, con el que tenia buena relación”.

El extesorero del PP se enfrenta a una condena de 42 años en esta pieza de Gürtel, y por ahora su defensa solo se basa en su palabra, desmentida estos días por los testigos. 

El extesorero del Alianza Popular Rosendo Naseiro ha desmontado este martes ante el tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) la explicación del extesorero del PP Luis Bárcenas de que parte de la fortuna que tenía en Suiza procedía de operaciones de compraventa de arte, algunas de las cuáles realizaba con éste, según dijo en su declaración. “Bárcenas ni es marchante ni entiende de cuadros”, ha asegurado.

Naseiro, que ha destacado que no tiene relación con Bárcenas ni con nadie del PP desde que estalló en 2009 el 'caso Gürtel --aunque sigue siendo militante del partido -- ha asegurado que no compró a Bárcenas cuadros de gran valor porque éste “ni es marchante ni entiende de cuadros”.

A preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, el extesorero de AP ha concretado que él conocía a todos los marchantes de España y que Bárcenas no “se dedicaba a nada de eso” ni sabía “absolutamente nada” de las características de los cuadros, como por ejemplo la escuela pictórica a la que procedían los pintores.

Asimismo, ha insistido en que Bárcenas le utilizó porque “no hace mucho” le pidió que dijese que coleccionaba cuadros con él para poder trasladárselo a sus “amigos”, algo que en un principio aceptó porque “confiaba” en él, según ha indicado. Ha añadido que escuchó de “gente en la calle” que el que fuera gerente y senador 'popular' decía que los cuadros “eran de él, que la colección era de él y no mía, cosas muy raras”.

En todo caso, ha dicho que posiblemente adquirió algún cuadro pequeño “de poca importancia” para decorar. Naseiro ha afirmado en numerosas ocasiones ante preguntas de la fiscal Concepción Sabadell que no recuerda las operaciones de compraventas que ha realizado.

Ninguna relación comercial con Bárcenas

Tras mostrarle varias facturas de estas inversiones, el extesorero de AP ha negado haber comprado a Bárcenas grandes obras de arte por gran valor, como bodegones de Recco, e incluso ha llegado a asegurar que no reconoce ni la letra ni la firma de algunos de los documentos que certifican estas operaciones, pruebas aportadas por la defensa de Luis Bárcenas. “No he tenido relaciones comerciales con el señor Bárcenas”, ha agregado.

“Ha pasado mucho tiempo, seis o siete años y con 82 años no se tiene la lucidez de lo que se ha hecho exactamente en seis años”, ha subrayado. El abogado de Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, ha expresado ante el tribunal su duda de que Naseiro esté en condiciones para declarar, ya que no “recuerda nada” de lo que se le ha preguntado.

Naseiro además ha dicho que es “totalmente falso” que él fuese el responsable de implantar la 'caja B' del PP. “Rosendo Naseiro fue el que implantó en ese momento el que se llevara una contabilidad a nivel nacional de todo el partido, no tengo nada que ver con eso”, ha concluido.

Publicamos esa noticia, y no pasó nada. La inmensa mayoría de los medios silenció la información. Muy pocos la recuerdan hoy. Ahí sigue Aznar, dando lecciones de moral a Occidente.

Hace unos meses, publicamos los papeles de Naseiro. De nuevo Aznar, como protagonista: acusado por su propio tesorero ante un notario de ser el máximo responsable de la caja B del partido. También probamos, con multitud de documentos, que el dinero negro en el PP existió desde su fundación. Tampoco pasó nada.

Hace dos años, contamos en exclusiva que los consejeros de Caja Madrid se repartían sobresueldos con unas tarjetas en negro, las tarjetas “black”. En su momento, tampoco pasó nada. Nuestra noticia fue ignorada por la mayoría de la prensa, pero provocó una auditoría interna en Bankia. Nueve meses después la Audiencia Nacional arrancó un proceso judicial que hoy sigue abierto y que probablemente acabará con condenas. Hoy no hay prácticamente nadie en España que no sepa qué son las tarjetas black. Lo saben porque eldiario.es lo contó, y nuestra investigación terminó en el juzgado. Pero durante meses lo contamos solo nosotros.

Hace unas semanas, contamos que el ministro José Manuel Soria pagó 70 euros al día por una suite presidencial con mayordomo privado y dos jacuzzi que al resto de los mortales les sale por 1.300 euros por noche. No era en un cinco estrellas cualquiera: casualmente, el dueño es también canario, amigo del ministro y tiene otro hotel ilegal pendiente de derribo donde el ministro también veranea. Aquella información nos ha costado una demanda, pero el ministro sigue ahí: sin explicar tal milagroso descuento. Incluso en el Congreso no da más explicación que insultar al periodista que destapó la información. Ni dimite, ni enseña la factura.

Ayer publicamos otra exclusiva que afecta al ministro Soria, un informe interno, secreto, que desvela cómo se manipula el sector audiovisual con criterios políticos. Sigue sin pasar nada. Solo ha pasado que el Ministerio de Industria ha amenazado con otra demanda.

Esta semana hemos contado que Mariano Rajoy cuida a su padre anciano con cargo a los presupuestos de La Moncloa. La cronología de acontecimientos es bastante clara. El padre del presidente tuvo un ictus, la familia contrató a unos cuidadores durante el mes que estuvo en el hospital y después dejó de pagar por sus cuidados. No fue porque ya no hiciese falta.

El propio jefe de los servicios médicos de Presidencia pidió presupuesto a esa misma empresa para continuar con los cuidados al padre de Rajoy en La Moncloa. El presupuesto se rechazó. Era un servicio día y noche que salía por unos 5.000 euros al mes. Y en su lugar se encargó la tarea de cuidar al padre del presidente a dos trabajadores eventuales –Pilar y Francisco– que pagamos entre todos.

El mismo presidente que recortó la ley de Dependencia utiliza fondos públicos para atender a su padre dependiente. Y sigue sin pasar nada. Comparen esto con la actuación del alcalde de Roma, Ignazio Marino, que dimitió por pagar unas cenas familiares con la visa del Ayuntamiento. O con la viceprimera ministra sueca, Mona Shalin, que dimitió por cargar al presupuesto público dos chocolatinas Toblerone.

Os confieso que a veces es frustrante, pero no nos vamos a rendir. Mientras contemos con el respaldo de todos los socios que nos apoyáis, si más lectores os animáis a ayudarnos, aquí seguiremos. Hasta que pase algo.

Manuel Fraga Iribarne recibía personalmente donaciones en sus encuentros con empresarios y particulares para la financiación del Partido Popular, implicándose directamente en tareas de recaudación. Tanto José María Aznar como él mismo aseguraron en multitud de ocasiones que nunca habían ejercido este papel, con el fin de desligarse de la actividad de los tesoreros del PP, implicados todos ellos en casos de financiación ilegal. Un cheque a nombre de Fraga demuestra que no fue así.

El documento forma parte de los papeles que durante 25 años ha escondido el primer tesorero del PP, Rosendo Naseiro, y que estos días está desvelando en exclusiva eldiario.es. La actividad como recaudador del PP de Fraga queda acreditada con el cheque cruzado a su nombre por el que recibió medio millón de pesetas en abril de 1989. Así lo atestigua también que dos días más tarde ese cheque fuera ingresado en la cuenta a nombre del Partido Popular en el Banco de Vitoria.

Según señalan fuentes conocedoras de los procedimientos de financiación en aquella época, aquella era una de las cuentas abiertas por la formación conservadora para acoger los dineros que se dedicaban a los pagos del gasto electoral de los comicios gallegos de diciembre de 1989, en los que Fraga resultó ganador. Unas elecciones, las primeras que ganó el PP en su historia, donde el partido incumplió la legislación electoral al gastar en su campaña más del doble del límite permitido.

La fotocopia del cheque de Banesto a nombre de Fraga y el recibo de ingreso fueron guardados por el entonces tesorero nacional, Rosendo Naseiro. Forma parte del lote de documentos desvelados estos días por eldiario.es. El tesorero guardó ambos documentos como prueba de que el mismísimo presidente del partido, Manuel Fraga, participaba en las tareas de recaudación de donativos. Naseiro, ante notario, también implicó en esas tareas al sucesor de Fraga, José María Aznar, al que responsabilizó de ser la persona que supervisaba y daba todas las directrices en materia de financiación del partido.

Estos documentos también hacen buenas las declaraciones realizadas ante el Congreso de los Diputados en 1990 por Ángel Sanchis, tesorero de Alianza Popular entre 1982 y 1987. “Hemos recibido dinero los partidos políticos de señores que lo dan”. Sanchis, imputado en su día en el caso Naseiro y ahora en el caso Gürtel, admitió haber enviado miles de cartas solicitando fondos y haber organizado cenas para “esquilmar a los amigos, a los conocidos y a los conocidos de los amigos”. “No sé dónde está el problema. Recibir dinero era perfectamente legal. No lo he negado nunca”.

Descontrol

A pesar de las reiteradas declaraciones de las sucesivas direcciones del partido prometiendo control y transparencia sobre los ingresos que recibían de particulares y empresas a través de donaciones, las sucesivas imputaciones de los tesoreros y las noticias sobre el uso de contabilidades alternativas demuestran que, si alguna vez hubo voluntad de hacer limpieza, los buenos propósitos nunca culminaron con éxito.

En las auditorías internas que encargó el tesorero Rosendo Naseiro en los primeros años del PP queda claro que la supervisión sobre los donativos era tremendamente laxa. En la de Barcelona se asegura que “se han recibido 6.136.425 pesetas de donativos en 1989. El control de la recepción es débil, ya que no se emplean documentos prenumerados con original y copia, para recibirles”.

En la auditoria realizada en la sede provincial de Vizcaya puede leerse: “Se han obtenido 522.256 pesetas por donativos en 1989. Es decir, un 8% de todos los ingresos. En nuestra opinión estos ingresos pueden incrementarse a pesar de las dificultades que se exponen en la sede (que se realizan en Madrid, que somos una minoría, etc…). No se emplean recibos prenumerados y duplicados para el cobro de los donativos”.

En abril de 1990, tras el estallido del caso Naseiro, el nuevo presidente del PP, José María Aznar, encargó a Alberto Ruiz-Gallardón, entonces responsable del comité de conflictos de la formación popular, que elaborara un informe en el que debía analizar los pormenores del caso y redactar una “Propuesta de Normas Éticas de la Actividad Política”. Fue el primer “código ético” con el que el partido intentó atajar un caso de corrupción, del mismo modo en que lo hizo años después cuando estalló el caso Gürtel.

El informe de Gallardón afirma que entre el 30 de mayo de 1989 y el mes de abril de 1990 el PP había recibido donaciones por 20,3 millones de pesetas y que estas cantidades “corresponden a donantes conocidos e identificados, que por evidentes razones de discreción no se relacionan en este informe”.

Los deseos de veracidad, regeneración y ética que debían impulsar el informe de Gallardón quedan en entredicho. Ahora sabemos por los papeles que guardó Naseiro que entre marzo de 1987 y diciembre de 1988 la dirección de Alianza Popular ingresó sin ningún tipo de control ni de identificación 140 millones de pesetas (la mitad de esta cantidad, en efectivo) en una cuenta opaca abierta en el Banco de Fomento.

También conocemos que en 1989 la Tesorería Nacional del Partido Popular envió a Manuel Fraga 500 millones de pesetas para financiar la campaña electoral de los comicios gallegos de ese año. Rosendo Naseiro, que en aquel ejercicio era el jefe de las finanzas del partido, aseguró en un documento titulado “Comentario al cierre del ejercicio económico de 1989” que había mandado “aportaciones por 500 millones de pesetas de la Tesorería Nacional al partido de Galicia para atender los gastos de precampaña y campaña Gallegas”.

Más tarde, el propio Naseiro remitió el balance oficial del ejercicio para su fiscalización por el Tribunal de Cuentas del Estado, en el que solo se consignaban 199 millones de pesetas para este gasto de esos comicios.

El expresidente de Alianza Popular (AP) Antonio Hernández Mancha insiste en que la cuenta opaca que desveló eldiario.es no era ilegal, puesto que no existía aún una ley de financiación de partidos. Según el expolítico, antes de que entrara en vigor esa normativa, en julio de 1987, las cuentas eran una “anarquía”, aunque ha alegado que las de AP estaban fiscalizadas por los bancos con los que había contraído deudas.

Hernández Mancha ha explicado en una entrevista en la Cadena SER que la ley de financiación de partidos políticos entró en vigor cuando él llevaba seis meses al frente de AP y ha defendido que tuvo que pasar por un “periodo transitorio” para adecuarse a la normativa.

Interrogado por la necesidad de que el partido conservador tuviera que cumplir con las obligaciones tributarias, el exdirigente ha dicho que “en aquel momento Hacienda no nos fiscalizaba”. “Las normas fiscales también han ido cambiando”, ha precisado. Además, ha señalado que eran los bancos con los que el partido había contraído deudas los que “fiscalizaron” los números del PP cuando entró en vigor la legislación“. ”El Banco Popular llevaba un control de las entradas y salidas, además de la contabilidad que llevaba mi tesorero“, ha explicado.

Cuando el PP abrió esa cuenta opaca, el Congreso de los Diputados estaba tramitando la Ley sobre financiación de los partidos políticos, que vería la luz el 3 de julio de 1987. El PP siguió operando con esa cuenta y moviendo cheques al portador incluso después de que la legislación les obligase a ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. La cuenta no se cerró hasta diciembre de 1988.

Sobre la anotación del entonces tesorero, Rosendo Naseiro, que describió la documentación sobre la cuenta corriente de AP como “confidencial” por tratarse del “movimiento de la cuenta corriente que no aparece reflejada en nuestra contabilidad”, Hernández Mancha no ha sabido contestar: “Pregúntele al señor Naseiro”, ha dicho. A pesar de desconocer por qué el extesorero se refería así a esos movimientos, ha asegurado que no podía ser una cuenta en la “clandestinidad” porque estaba en un banco a nombre de Alianza Popular.

El expresidente de AP ha asegurado que financió personalmente la formación al suscribir pólizas para pagar asuntos del partido, como la sede en Córdoba. Ha explicado que era Manuel Fraga el que le ordenaba que actuara de esa manera. Según el abogado, esas deudas siguen sin pagarse al Banco Santander. “Cada vez que me las pasan a cobro, tengo que recordar que era para el partido”, ha afirmado.

Hernández Mancha ha señalado que despidió al equipo de tesorería cuando se hizo con el poder del partido. Aunque ha asegurado que Mariano Rajoy no sabía nada de los movimientos de los extesoreros, no ha querido decir lo mismo de Aznar. Tampoco se ha pronunciado sobre la reincorporación de Sanchis, Bárcenas y Naseiro cuando él dejó la presidencia de AP. “El feeling mío de cómo gestionaban los dineros del partido no era el que se acomodaba a mis criterios éticos y de eficacia”, ha dicho el expolítico. Además, ha criticado que Naseiro organizara unas cenas a las que acudía Fraga con “la flor y nata” de los empresarios en las que estos pagaban una cantidad de dinero por asistir: “Eso no me gustaba”.

Sobre su descripción de eldiario.es como una “hoja parroquial que no lee nadie” ha dicho que no quería “ofender”. “Puedo compararles con el Wall Street Journal y así no se sienten ofendidos”, ha añadido. “El auto de Ruz justo dice lo contrario de lo que dice el informe de eldiario.es”, ha proseguido Hernández Mancha, que ha lamentado que la Cadena SER le diera importancia a la información e incluso que Iñaki Gabilondo, a quien ha llamado ínclito, le dedicara su videoblog.

También ha pedido una “última palabra” para defender a Rajoy. “La estabilidad de usted como periodista, de esta casa [Grupo Prisa] y de España depende de que siga gobernando Mariano Rajoy”, le ha espetado a Pepa Bueno. “El Grupo Prisa es una columna vertebral no solo de nuestro periodismo sino también de nuestra cultura y lamento las dificultades que atraviesa –ha proseguido–. Ustedes, que tienen que velar por la continuidad de una institución valiosa, tienen que saber que está garantizado si gana Rajoy y, si no gana, igual no está tan garantizado”, ha zanjado.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido al presidente del Gobierno que ofrezca explicaciones sobre la financiación de su partido desde su fundación. En un desayuno informativo organizado por la editorial Prensa Ibérica en Las Palmas de Gran Canaria, el secretario general de los socialistas ha dicho que Rajoy “tiene que salir a dar una explicación sobre las informaciones que están saliendo estos días a la luz que demuestran que el Partido Popular se ha estado financiando ilegalmente los últimos 30 años”.

En un desayuno multitudinario, con presencia de los principales empresarios de las islas, Sánchez ha señalado directamente a José María Aznar como conocedor de la contabilidad B desvelada este martes por eldiario.es.

“El PP no está legitimado para la regeneración política de España”, ha enfatizado el líder socialista al hacer repaso a la crisis institucional y política del país antes de postular al PSOE como el único capacitado para aportar soluciones.

Lista de beneficiarios de la amnistía fiscal

Pedro Sánchez ha vuelto a insistir en su petición a Mariano Rajoy para que “antes del día 24” de mayo haga pública la lista de contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal del Gobierno del PP, “para que todos los ciudadanos sepamos quiénes son los defraudadores”.

El líder socialista lanzó nuevamente esa exigencia al anunciar que no le gusta “ni la amnistía fiscal de Varoufakis ni la amnistía fiscal de Montoro”.

Ante un auditorio eminentemente empresarial ha anunciado que si gobierna acometerá “una profunda reforma” del impuesto de sociedades para evitar que “las grandes corporaciones se acojan a bonificaciones” que se traducen en que paguen menos que el pequeño y mediano empresario.

A diferencia del bronco y prolongado enfrentamiento mediático y legal que mantienen Luis Bárcenas y Mariano Rajoy a cuenta de la presunta financiación ilegal del Partido Popular, al responsable de las finanzas populares en el tránsito de las décadas del 80 al 90 del pasado siglo, Rosendo Naseiro, le fue suficiente un contundente gesto de amenaza para doblar el pulso de la dirección conservadora, en la que entonces se estrenaba como líder un político con fama de duro: José María Aznar.

Esta es la cronología de los hechos:

6 de marzo de 1989. Rosendo Naseiro firma la primera carta como tesorero nacional del Partido Popular que aparece entre sus papeles. Sucede en el cargo al diputado del PP Ángel Sanchis.

Septiembre de 1989. José María Aznar es designado candidato del PP a las elecciones generales.

28 de noviembre de 1989. Por orden judicial, la Brigada de Estupefacientes de Valencia pincha el teléfono de Rafael Palop Argente para investigar un supuesto tráfico de drogas.

12 de diciembre de 1989. En las escuchas se detectan conversaciones entre el concejal de Valencia Salvador Palop Martínez (hermano de Rafael Palop Argente) y Ángel Sanchis, extesorero de la formación conservadora y diputado nacional. Nace el caso Naseiro sobre presunta financiación ilegal del PP.

1 de abril de 1990. José María Aznar es nombrado presidente del Partido Popular. Manuel Fraga deja definitivamente el cargo y concentra su actividad en Galicia.

9 de abril de 1990. El magistrado Luis Manglano ordena la detención de Rosendo Naseiro, Salvador Palop, tres empresarios y un arquitecto municipal. Apoyado en las escuchas telefónicas, les imputa organizar una trama de concesión de licencias a empresas constructoras a cambio de comisiones para financiar al PP.

13 de abril de 1990. Tras cuatro días incomunicado, el juez Manglano pone en libertad con cargos a Naseiro.

13 de abril 1990. Aznar encarga a Alberto Ruiz-Gallardón (entonces presidente del Comité Nacional de Conflictos y Disciplina del PP) un informe sobre el caso Naseiro que incluya “las propuestas de medidas a adoptar”.

14 de abril de 1990. Aznar pide en el Congreso de los Diputados que se abra una comisión “que investigue hasta el final el caso Naseiro”.

16 de abril de 1990. El juez Luis Manglano remite al Tribunal Supremo el sumario del caso Naseiro tras encontrar implicaciones del aforado y diputado nacional Ángel Sanchis.

17 abril 1990. Naseiro entrega al notario de Alicante José Antonio Núñez de Cela y Piñol un sobre cerrado con documentación comprometedora. Al tiempo, Naseiro envía una carta a nombre del presidente del PP, José María Aznar, por fax. En ella le expresa “la conveniencia de poner a tu disposición” el cargo de tesorero del partido.

17 de abril de 1990. La Comisión Ejecutiva del PP emite una nota en la que comunica que acepta la dimisión del tesorero, Rosendo Naseiro. El portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, afirma que Naseiro mantendrá su militancia en el partido y que “aceptar su dimisión no significa reconocer la existencia de materia punible” en sus actividades. Añade que varios dirigentes del PP destacaron “la talla política y humana” de Naseiro “al poner su cargo a disposición”.

4 de mayo de 1990. Naseiro celebra una rueda de prensa con el objetivo de “exculpar públicamente al actual presidente del partido, José María Aznar, y a su antecesor en el cargo, Manuel Fraga, de cualquier responsabilidad en las irregularidades financieras que están siendo investigadas por el Tribunal Supremo”. “La responsabilidad de pedir dinero y de gestionar los fondos del partido era mía. Tanto Fraga como Aznar están limpios de toda sospecha”.

12 de mayo de 1990. Aznar niega que exista negociación con el Gobierno de Felipe González para limitar la dimensión del escándalo de los casos de Guerra y de Naseiro. “Me niego a cualquier chalaneo vergonzoso para pactos de silencio”. El caso Juan Guerra afectó al hermano del entonces vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, por utilizar un despacho oficial para negocios privados.

28 de mayo 1990. El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, manifiesta que las primeras comprobaciones sobre el caso Naseiro “no confirman los indicios delictivos” hallados por el juez Luis Manglano. Torres no descarta que “en el plazo de dos meses pida el sobreseimiento del caso”.

18 de junio de 1992. El Tribunal Supremo estima la petición de los abogados defensores de los acusados en el caso Naseiro para que se anulen como prueba de cargo los pinchazos telefónicos en los que se basaba la imputación, al considerar que “habían vulnerado derechos fundamentales”.

7 de julio de 1992. El fiscal y las acusaciones retiran todas las acusaciones del caso Naseiro. Una vez anulada la principal prueba, afirman que es imposible mantener los cargos.

15 de julio de 1992. El Tribunal Supremo dicta una sentencia absolutoria en el caso Naseiro, ya que por el principio acusatorio nadie puede ser condenado si previamente no existe acusación.

El PP ha reaccionado con aparente frialdad a las nuevas revelaciones que ha publicado este martes eldiario.es en las que se prueba que había contabilidad B en el PP desde su fundación, cuando todavía era Alianza Popular y el tesorero era Rosendo Naseiro.

Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP, cree que se trata de un asunto “viejo” que data de “hace 26 años” y que surge “de manera recurrente como si fuera una novedad”. En su opinión, hay una investigación en marcha desde “hace mucho tiempo” y “ha habido un auto clarísimo del juez Ruz que convino que no hay financiación del PP” y que ha sido ratificado con sendos informes por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Según el diputado conservador, en ese auto, aunque el juez “ha probado que es verdad que hay una caja B que manejaban dos personas”, ha dejado claro “que eso no es financiación ilegal del PP”. “Yo no voy a corregir al juez Ruz ni a la Fiscalía”, ha añadido Hernando.

Al ser preguntado por si alguien en el partido debería dar explicaciones sobre la documentación que ha desvelado eldiario.es, Hernando se ha mostrado sorprendido. “Es que no hay ninguna novedad. Toda la contabilidad que fue solicitada por el juez fue depositada en los juzgados”.

Tampoco considera que deba dar explicaciones Arturo García-Tizón, que por entonces era secretario general de AP y firmaba los cheques bancarios. “¿Pero de qué va a dar explicaciones? ¿De lo que pasó hace 26 años que él desconocía?”, ha insistido el portavoz del PP, que finalmente ha derivado el asunto al propio García-Tizón, que en la actualidad es diputado por Toledo y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso. “Pregúnteselo usted a él, usted dice que lo conocía. Yo no sé lo que él firmaba. Yo no conozco lo que hacía la gente hace 26 años”.

Hernando ha aprovechado para arremeter contra la oposición por “utilizar estas cosas con fines políticos”.

Celia Villalobos ha rehusado responder a nuestras preguntas. “No tengo absolutamente nada que decir sobre lo que vosotros escribáis”, ha afirmado, molesta, la vicepresidenta primera del Congreso.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se limitó a recordar que es un asunto que está en sede judicial “y es ahí donde tiene que seguir”.

Por el contrario, para la oposición son hechos que, aunque “no sorprenden”, sí confirman que la financiación irregular del PP es algo “histórico” que se remonta a la propia existencia del partido de Rajoy, desde que se denominó Alianza Popular, y que, por lo tanto, Bárcenas y Lapuerta –los dos extesoreros implicados hasta ahora en los hechos– eran dos “personas más de la cadena”.

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha ironizado con el asunto al afirmar que, cuando el PP creó sus estatutos, a la vez creó una “caja B” para pagos paralelos.

José Luis Centella, de la Izquierda Plural, ha sentenciado que ese problema en el PP es algo “estructural” y está en su seno “desde que Fraga parió” el partido. Centella ha vuelto a exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dé explicaciones en el Congreso, avisando de que, si no lo hace en esta legislatura, lo tendrá que hacer en la próxima, cuando pierda la mayoría absoluta.

Pedro Azpiazu, del PNV, cree que el PP, “evidentemente, debe salir a dar explicaciones. Es una vergüenza sobre la que los dirigentes del PP deben urgentemente rendir cuentas”.

Rosa Díez, portavoz de UPyD, cree también que son una vergüenza todas las informaciones que están aflorando sobre la financiación ilegal del PP y la caja B que manejaban sus dirigentes. “Ha quedado demostrado que [esos pagos] eran derechos ancestrales”, ha asegurado la dirigente magenta.

Tanto el juez Pablo Ruz como el fiscal anticorrupción Antonio Romeral dan por hecho en sus autos y escritos de acusación que el Partido Popular manejó una “contabilidad paralela” o caja B al menos entre 1990 y 2008. No fue solo durante esos años, con Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta como tesoreros. eldiario.es ha tenido acceso en exclusiva a una esclarecedora documentación en la que se demuestra que el manejo de dinero negro en el partido que hoy gobierna España existe en la derecha española desde mucho antes: desde los últimos años de Alianza Popular (AP) y la fundación del PP.  

eldiario.es ha tenido acceso a una copiosa documentación que Rosendo Naseiro ha ocultado durante un cuarto de siglo. Naseiro fue el primer tesorero del PP –entre marzo de 1989 y abril de 1990–, y también el protagonista de uno de los grandes escándalos de corrupción en España de la época.

En la documentación que guardaba Naseiro se da detalle y se aportan las pruebas sobre la existencia de una cuenta corriente opaca en el Banco de Fomento a nombre de Acciones y Programas del Partido Unificado de Alianza Popular (PUAP). La cuenta permaneció operativa entre el 12 de marzo de 1987 y el 7 de diciembre de 1988, coincidiendo casi exactamente con los cerca de dos años en los que el presidente del partido conservador fue Antonio Hernández Mancha. 

Junto a la advertencia de “Confidencial”, en la primera de las 53 páginas del documento conservado por Naseiro puede leerse que contiene el “Movimiento de la cuenta corriente que no aparece reflejada en nuestra contabilidad” y la “Documentación que se ha solicitado a la entidad en la que está abierta la cuenta corriente”.

En efectivo y al portador

La cuenta corriente fue abierta el 12 de marzo de 1987 con el número 0014 51 500 05632-2 en la sucursal de la calle Recoletos 22 de Madrid del desaparecido Banco de Fomento SA. En ese año, en junio, se celebraron elecciones municipales y europeas. Quien solicitó la apertura fue Arturo García-Tizón López, secretario general de Alianza Popular durante la presidencia de Hernández Mancha –hoy es presidente de la Diputación de Toledo–. Y en ella dio poderes al gerente de entonces: Juan Ávila González. 

Durante los 21 meses que la cuenta permaneció operativa se realizaron al menos 64 operaciones, según las copias de los extractos y fotocopias de cheques que conservó Rosendo Naseiro. De estas operaciones, 13 fueron ingresos por un importe de 140 millones de pesetas; 51 fueron pagos por una cuantía de 64 millones de pesetas.

De los 140 millones de pesetas ingresados, la mitad, 70,2 millones de pesetas, fueron entregados al banco en “billetes y metálico”, según se desprende de las copias de los extractos. Otros 18 millones de pesetas se consiguieron por “cancelación de pagarés” y 27,2 millones de pesetas más por “cesión de pagarés del Tesoro”. El resto de los ingresos tiene procedencias diversas: desde entregas de la sucursal del Banco de Fomento en Toledo hasta una cantidad, también en efectivo, de 12.470 francos franceses. En ningún papel se hace constar la identidad de quien hace el ingreso.

Los pagos documentados se realizaron todos mediante 51 cheques, de los que únicamente siete son nominativos. Los 44 restantes son “al portador”. Entre estos cheques “al portador” hay uno de 15 millones de pesetas, y otros de 8,1 millones de pesetas, 7 millones de pesetas, 4,1 millones de pesetas, etc., cantidades todas ellas extraordinariamente elevadas para la época y para ser entregadas a cambio de un título que oculta la identidad del destinatario.

El secretario general de Alianza Popular y solicitante de la cuenta, Arturo García-Tizón, firmó 39 de los 51 cheques. Los restantes llevaban la rúbrica autorizada de Juan Ávila González, entonces gerente de AP.

La documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es sobre la cuenta opaca de AP en el Banco de Fomento probablemente está incompleta: hay una diferencia entre los ingresos –140 millones de pesetas– y los gastos –64 millones–. La gran mayoría de los cheques siguen una numeración correlativa, pero faltan 27 cheques cuyo total presumiblemente suman 76 millones pero de los que eldiario.es desconoce por ahora el detalle. 

Lo cierto es que en el último cheque 'al portador' de la serie que se firma el 7 de diciembre de 1988, el mismo día en que se clausura la cuenta, la cantidad que se retira es únicamente de 8.108.115 pesetas. Es lo que entonces quedaba en la cuenta opaca de AP. Esa misma cantidad coincide con la primera cifra que aparece en los papeles de Bárcenas en su primer apunte, donde se registra un ingreso de ocho millones de pesetas aportados por R. N., las iniciales de Rosendo Naseiro.

Los papeles de Naseiro   

Tras la breve presidencia de Antonio Hernández Mancha, Manuel Fraga volvió a liderar la derecha española, que dejó de ser AP para refundarse como Partido Popular en un congreso celebrado el 20 de enero de 1989. Con la vuelta de Fraga, Rosendo Naseiro fue nombrado tesorero de la formación y uno de los primeros encargos que recibió fue el de auditar las cuentas de la anterior dirección: averiguar qué había pasado en esa cuenta opaca del Banco de Fomento que no aparecía en la contabilidad oficial. 

Como Naseiro era nuevo en el cargo y no tenía firma autorizada, Begoña Urquijo, vicepresidenta del partido, fue la encargada de solicitar los movimientos al Banco de Fomento. La carta de petición fue escrita el 3 de marzo de 1989 y en ella se exigían fotocopias “del poder que se entregó para la apertura” de la cuenta corriente 5632-2, de las “cartulinas de firmas autorizadas”, de los “comprobantes de ingresos”, de los “talones emitidos” y de los “extractos desde la apertura a la cancelación”.

Pocos días después, el 14 de marzo de 1989, el departamento de 'inspección del Banco de Fomento' envió esta documentación. Rosendo Naseiro fotocopió estos documentos; la copia a la que ahora ha tenido acceso eldiario.es.

Durante los 13 meses que Naseiro permaneció en la tesorería del PP, no perdió oportunidad de guardar todo documento de valor que cayó en sus manos. eldiario.es ha tenido acceso en exclusiva a esa documentación, que publicará al detalle en los próximos días.

Rosendo Naseiro fue el último tesorero de Manuel Fraga y el primero de José María Aznar. Fue detenido el 9 de abril de 1990, acusado de cohecho. El juez ordenó su ingreso en prisión preventiva y durmió en la cárcel durante cinco días. El Tribunal Supremo le exculpó posteriormente por un defecto de forma en la investigación que anuló los pinchazos telefónicos de los principales implicados.

• Los papeles de Naseiro demuestran que el dinero negro y la caja B fueron la práctica habitual, no la excepción

No fue un hecho aislado. No fue una mala praxis de Luis Bárcenas, ese apestado al que hoy nadie conoce en el PP. Era el procedimiento habitual. Los documentos que hoy publica en exclusiva eldiario.es son de una extrema importancia, a pesar del tiempo que ha pasado, porque demuestran lo que hasta ahora solo intuíamos: que el dinero negro y la caja B existen en la derecha española desde antes de que naciese el Partido Popular; al menos desde los tiempos de Manuel Fraga, Antonio Hernández Mancha y Alianza Popular.

El método era otro, distinto al de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. La Agencia Tributaria no contaba entonces con las alertas antiblanqueo, que hoy obligan a los bancos a avisar si alguien mueve mucho dinero en efectivo. En vez de en una caja fuerte, el dinero B de la derecha española se guardaba en una cuenta corriente del ya desaparecido Banco de Fomento, una cuenta oculta en la que se depositaron al menos 140 millones de pesetas –una fortuna para la época– y que no estaba declarada en la contabilidad oficial del partido. Era una cuenta opaca donde el dinero entraba en efectivo y salía en cheques al portador. Una cuenta en 'black', cuyos detalles el tesorero Rosendo Naseiro escondió hace ya un cuarto de siglo –probablemente para protegerse, cosa que logró– y que hoy desvela en exclusiva eldiario.es.

La última cantidad de la cuenta 'black' del Banco de Fomento –ocho millones de pesetas– coincide con la primera anotación de los papeles de Bárcenas, una entrada en efectivo a nombre de R. N., las iniciales de Rosendo Naseiro. La exclusiva que hoy publica nuestro compañero Antonio Ruiz del Árbol es la precuela de una misma historia, de una misma forma de actuar.

Ha pasado más de un cuarto de siglo y todos los hechos están judicialmente prescritos. Lo estarían incluso si estuviésemos ante un asesinato; si no es por terrorismo, el delito caduca a los 20 años. No hay responsabilidad penal alguna en esta exclusiva, más allá de demostrar que Luis Bárcenas tenía toda la razón cuando contaba que todo esto no era cosa suya, que venía de muchos años atrás. Pero las responsabilidades políticas siguen ahí, más que presentes. Y no solo atañen a algunos de los nombres que aparecen en estos documentos –en los próximos días, el diario.es desvelará muchos papeles más, con más nombres que hoy siguen muy presentes en la política actual–. También a la actual cúpula del PP, que lleva años negando que el dinero negro, los sobresueldos y la caja B han sido la práctica común en la derecha española desde que el PP se fundó. La forma natural de actuar, con total impunidad.

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Rosendo Naseiro, el primer tesorero del PP, realizó movimientos por valor de 4,7 millones de euros en Suiza desde cuentas opacas, según la Cadena SER, que cita fuentes de la investigación judicial. La cuenta cifrada de Naseiro se denominaba 'Glotón', y según una carta citada por el canal de radio, se nutría con fondos procedentes de “una herencia” y de “actividades off-shore”.

La cuenta permanece inactiva durante la mayor parte del tiempo, hasta el verano de 2003, en el que, siempre según la información publicada por la SER, se empezaron a detectar movimientos de grandes cuantías. Centenares de miles de euros que procedían o acababan en cuentas denominadas 'Abordaje', 'Madurez', 'Shipper', 'Ganancia' u 'Obispado'.

Esta última, 'Obispado', pertenecía al fallecido empleado del PP Francisco Yáñez. Naseiro depositó en ella medio millón de euros que, según Bárcenas, procedían de la venta de cuadros. Precisamente estos movimientos fueron los que llevaron al juez Pablo Ruz a pedir el detalle de esta cuenta.

Del resto de cuentas no se conocen los titulares, como tampoco de los 'Depósitos Fiduciarios' en los que Naseiro depositaba y de los que recibía grandes sumas de dinero en los periodos analizados.

La documentación solicitada por Ruz ha llegado al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y ahora su nuevo titular, José de la Mata, tendrá que decidir si amplía las investigaciones. Naseiro ya estuvo en implicado en un caso de supuesta financiación irregular del PP, del que salió absuelto por un defecto de forma en el proceso.

El último informe de la UDEF incorporado al sumario del caso Gurtel establece que Luis Bárcenas heredó la caja b del Partido Popular de Rosendo Naseiro, extesorero del PP que fue juzgado por la financiación irregular del partido. “La detención de Rosendo Naseiro en abril de 1990 coincide con el inicio de la contabilidad manuscrita de Luis Bárcenas ese mismo mes tras una entrega de 8 millones de pesetas del propio Rosendo Naseiro”, asegura el informe, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Los investigadores afirman que no hay “correspondencia exacta entre las aportaciones” de los donantes del PP que aparecen en los 'papeles de Bárcenas' con los ingresos en efectivo que el extesorero hace en bancos de Suiza. Sin embargo, “sí hay una coincidencia en el espacio temporal desde el momento en que Luis Bárcenas se hace cargo de las cantidades que reflejan la contabilidad manuscrita, a petición de Rosendo Naseiro tras su detención en 1990 y que se extiende hasta los años 2007 y 2008”.

En este sentido, el informe policial detalla que Naseiro fue detenido el 9 de abril de 1990 y que las primeras anotaciones de la ‘caja b’ de Bárcenas comienzan ese mismo mes. Esos apuntes de Luis Bárcenas, que entonces era gerente, arrancan con una aportación de 8 millones de pesetas por parte de “R.N”, unas siglas que coinciden con las de su predecesor en tesorería del PP. Naseiro fue absuelto porque se consideraron ilegales unas escuchas practicadas durante la instrucción. El líder del partido, José María Aznar, encargó una investigación interna a Alberto Ruiz-Gallardón, que debería haber concluido con una limpia en las prácticas anteriores. La investigación de la contabilidad del PP apunta a todo lo contrario.

La ‘caja b’ de Bárcenas, añade el informe de la UDEF, es “una práctica continuista”. El extesorero es designado para que “controle las cantidades de dinero que entran procedentes de donaciones y las que salen según las necesidades de fondos, aplicándose a complementos salariales a personas del ámbito de la formación, entradas en la cuenta”, dice el informe de la UDEF.

Los agentes del Grupo XXI de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción aseguran que por el hecho de que Naseiro y Sanchís fueran imputados y la Tesorería del partido quedara “vacía” de 1990 a 1993, “la percepción de capitales aportados por donantes diversos y el destino dado a los mismos es realizado a partir de entonces por Luis Bárcenas en hojas confeccionadas por éste”. En 1993, prosiguen, fue nombrado tesorero Álvaro Lapuerta, quien, según declaración de Bárcenas, conocía la práctica.

“Si la apertura de esta contabilidad b la conocía alguien o distinto al señor Naseiro, o lo desconozco también. Yo simplemente recibí la instrucción de abrir una contabilidad en a que se iban a recoger los pagos que se hiciese con dinero en efectivo. Se me entregaron 10 millones –en las anotaciones figuran 8- y comencé a redactar en esas notas los apuntes que se me decían”, afirmó Bárcenas ante Ruz el 15 de julio de 2003, durante la declaración en la que detalló el mecanismo de financiación irregular del PP.

Sobre la llegada de Álvaro Lapuerta, Ruz pregunta quién informa al nuevo tesorero de la existencia de la ‘caja b’. “Yo me imagino que él hablaría con el presidente y con el secretario general (…) Se le explica que hay unos complementos salariales para distintas personas para compensar el nivel de retribuciones y la instrucción se la dan a él”, dijo en julio Bárcenas al juez.

Recientemente, Bárcenas remitió una carta al juez Ruz en la que se preguntaba cómo ninguna acusación había solicitado la declaración de Rosendo Naseiro habiendo él mencionado al extesorero en varias ocasiones. “Por cierto que, con relación a los testigos, sí me sorprende y no lo considere su señoría una digresión por mi parte, que habiendo citado yo profusamente al señor Naseiro, ninguna acusación haya mostrado interés en llamarle a declarar, aunque solo fuese por la curiosidad de conocer por qué transfirió fondos de sus cuentas en Suiza a las mías”, escribió Bárcenas. Ruz había solicitado a la UDEF el presente informe para que estuviera listo antes del interrogatorio a Bárcenas que tendrá lugar el próximo jueves.

No hay datos de Suiza anteriores a 2000

Los policías sospechan que al menos parte del dinero que ingresa Bárcenas en Suiza puede proceder de los fondos en negro que recibía el PP de empresarios adjudicatarios con la Administración, aunque precisan que al cruzar los datos que ha enviado las autoridades helvéticas con las fechas y cantidades que aparecen en los papeles de Bárcenas no se puede alcanzar con exactitud dicha conclusión. Los agentes se quejan de que Suiza no ha enviado documentación sobre las cuentas de Bárcenas con anterioridad al año 2000 cuando los ‘papeles’ tienen anotaciones desde 1990.

El juez Pablo Ruz se había interesado por dos aparentes coincidencias entre los ingresos de 30.050,61 euros y 120.000 euros que Bárcenas hizo en el Dresdner Bank y el Lombard Odier el 31 de enero de 2001 y el 30 de junio de 2003, respectivamente, y dos apuntes de los ‘papeles de Bárcenas’. En los apuntes de la ‘caja b’ había anotado un ingreso de 5 millones de pesetas a nombre de “Cecilio Sanch (Aguas)” y de 120.000 euros nombre de “M. Contreras”. Esas dos donaciones se habrían producido en enero de 2001 y el 25 de junio de 2003.

Tras el análisis de ingresos de donaciones y otros en las cuentas de Bárcenas, la UDEF encuentra “disonancia” entre unos y otros conceptos. Aún así, esa falta de concordancia “tampoco puede ser determinante a la hora de descartar de manera absoluta que el origen de los fondos de Luis Bárcenas en Suiza provenga al menos parcialmente de las cantidades que reflejan la contabilidad manuscrita”.

Ángel Sanchis, Rosendo Naseiro y Luis Bárcenas. Tres hombres que han coincidido y se han dado el relevo en el núcleo de las finanzas de Alianza Popular y el Partido Popular desde 1981 hasta 2009. Los tres han sido fontaneros contables, y los tres se han visto salpicados por casos de corrupción.

El último en estallar, el del extesorero y exsenador Bárcenas, ha sacado a la luz, por medio de la investigación de Gürtel en la Audiencia Nacional, una cuenta en Suiza que llegó a tener 22 millones de euros y los sobresueldos en dinero negro que supuestamente se repartía la cúpular popular. En septiembre de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había archivado una causa contra Bárcenas en relación con Gürtel: los delitos fiscales que se atribuían al extesorero habían prescrito y consideraba que no se había cometido cohecho por no ser funcionario público.

Correligionarios, con los que ha seguido teniendo negocios, han sido protagonistas de otro sonado caso, el caso Naseiro, que estalló al poco de acceder a José María Aznar a la presidencia del PP, en 1990: se desveló que Sanchis y Naseiro, entonces tesorero del PP, idearon una trama de financiación. Sin embargo, las conversaciones telefónicas que lo destaparon fueron anuladas por el Supremo porque fueron grabadas en el curso de una investigación por narcotráfico entorno a Rafael Palop, hermano de Salvador Palop, concejal de Valencia implicado en la trama (fallecido en 2008 por un cáncer).

En aquellos días, Bárcenas también salió en las conversaciones de forma colateral (transcritas en losgenoveses.net). Unas conversaciones que daban a entender cierta complicidad de Manuel Fraga, fundador de AP y expresidente fundador del PP, así como del entonces máximo dirigente del partido, Aznar, además del vicesecretario de acción electoral y número cuatro del partido, Arturo Moreno, y del concejal de Benidorm en aquella época Eduardo Zaplana (quien anunció a Palop que se iba a Sevilla: “A ver si hago unas cosas con la Expo”).

En las conversaciones también se mencionaba al secretario de Estudios de la Ejecutiva, Gonzalo Aragonés y el diputado Miguel Ángel Cortés (miembro del clan de Valladolid de Aznar, llegó a secretario de Estado de Cultura y, posteriormente, de Cooperación). Pero todo quedó enterrado. Eso sí, Sanchis y Naseiro dejaron la primera línea política, al igual Moreno, cuyo lugar en la dirección del PP pasó a ocuparlo Mariano Rajoy. El autor de la investigación interna, que absolvía a Fraga y Aznar, fue el entonces portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y en el Senado, Alberto Ruiz-Gallardón.

Sanchis, Bárcenas y Naseiro no dejaron de reencontrarse. Sanchis, que llegó a Alianza Popular en 1981 de la mano de Carlos Robles Piquer, cuñado de Fraga y coordinador general del AP, para llevar las cuentas del partido y recaudar fondos, metió en la organización a Bárcenas, con quien tenía una relación personal.

Sanchis llegó a ser elegido diputado en 1986 y en 1989, la primera encabezó la lista por Valencia y en la segunda fue como número 8 por Madrid. Pero el caso Naseiro acabó con su carrera política, aunque no con la económica. El estallido pilló a Sanchis en Argentina, no en vano hacía 12 años (desde 1978) que poseía unos terrenos allí.

Naseiro llegó a AP más tarde, en 1986. Nacido en Villalba, como Fraga, tenía el cometido de poner orden en las cuentas populares, con grandes desfases, y con la misión de elaborar un plan de reducción de gastos. Al principio fue mal visto por el anterior responsable económico, Sanchis, pero los intereses pecuniarios de ambos solventaron los recelos, tal y como descubieron las invalidadas grabaciones telefónicas.

Años después, en 2002, Bárcenas y Naseiro volvieron a hacer negocios. Bárcenas pidió un crédito de 325.000 euros para dárselos a Naseiro para comprar obras de arte -la afición por la pintura de Naseiro le ha llevado a tener obras en El Prado: 40 naturalezas muertas pertenecientes a una colección suya fueron adquiridas por 26 millones de euros gracias a la figura del pago por dación de impuestos-.

A los pocos días, Bárcenas reintegró el importe en el banco: ambos afirmaron que al final ese dinero nunca cambió de manos, si bien Naseiro le dio 5.000 euros a Bárcenas por las molestias. La policía, a la que le extraña pedir 350.000 euros a un banco para devolverlos un mes después, duda de esta versión y sospecha que fue una maniobra para blanquear capitales de la trama Gürtel. “Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas [6 millones de euros] por adjudicaciones de obras de la época de [Francisco Álvarez] Cascos”, decía el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, en una de las grabaciones.

El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge, que comandaba el partido cuando aterrizaron Sanchis y Bárcenas, desveló en eldiario.es las prácticas que se realizaban en aquella época para financiar el partido con dinero B de “eléctricas, bancos y empresas de la industria pesada” y cómo el Tribunal de Cuentas les pedía que falsificaran facturas para cuadrar las cuentas de las campañas.

Tres años después de que llegara Naseiro a la sede aliancista, en 1989, se descubrió un intento de soborno que le salpicó. El empresario Gustavo Durán, conocido como broker en aquella época por conseguir acuerdos entre empresas, políticos y administraciones, ofreció dinero para desbancar al socialista Joaquín Leguina de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Primero a Juan Figueroa, hombre próximo a Nicolás Piñeiro, diputado regional del Partido Regionalista Independiente de Madrid (PRIM), quien grabó la oferta de 100 millones de pesetas, y luego a Miguel Ángel Olmos, de Izquierda Unida, quien también grabó la conversación asesorado por la abogada Cristina Almeida.

Durán era conocido en AP desde 1984, cuando colaboraba con Sanchis para recaudar dinero y con diversas constructoras para conseguir contratos de la Xunta, en manos de AP, según el libro De Fraga a Fraga, de Carlos Dávila y Luis Herrero. Y en su conversación con Figueroa afirmaba actuar en nombre de la dirección del partido: “Me río de Rosendo ( ... ). Fraga, a la hora de hacer un asunto de los que yo hago, Fraga no se moja. ( ... ) Yo no me fío de Fraga en cuanto a lo que yo necesito. ( ... ) Rosendo sabe que estoy haciendo esto, y yo a ti no te lo oculto, que lo estoy haciendo por kilos ( ... )”. Durán afirmaba haberse reunido para hablar de estos asuntos con Naseiro, Federico Trillo (el hombre que ha dirigido la política judicial del partido de los últimos 30 años) y Sancho Rof (exministro de UCD que pasó a la historia por su descripción en 1981 del síndrome de la colza: “[El síndrome] es menos grave que la gripe. Lo causa un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata”).

El informe interno dirigido por el notario Félix Pastor Ridruejo, absolvió de toda responsabilidad, como suele ser habitual en estos casos, a los colegas de partido.

Naseiro salió indemne del caso. Hasta el punto de que cuando Fraga se marcha a Galicia y se convierte en presidente de la Xunta, Aznar lo confirma como tesorero en el congreso de Sevilla de la refundación, con un escalafón asimilado al de vicesecretario general y bajo la dependencia directa del presidente del partido. Pero dura poco.

Fue detenido con el concejal Palop acusado de un delito de cohecho (soborno a funcionario público, peaje para conseguir favores inmobiliarios y concesiones de obras públicas) en 1990. También estaban implicados un arquitecto y tres constructores, detenidos en Valencia y Alicante. La orden la dictó el Juzgado número 2 de Valencia, Luis Manglano. Los otros cuatro detenidos fueron Luis Latorre, arquitecto municipal de Cullera (Valencia); Carlos Bonet, delegado de la constructora Huarte; Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones, y José Balaguer, promotor de Cullera y gerente de una firma de mantenimiento de semáforos en Valencia, ETRA. En aquel caso también declaró como testigo el entonces concejal José Luis Olivas, más tarde presidente interino de la Generalitat valenciana y, posteriormente, de Bancaja, Banco de Valencia y vicepresidente de Bankia durante su proceso de quiebra y nacionalización.

En aquel 1990, Naseiro era el estratega y máximo responsable económico del PP, y Salvador Palop, el enlace y ejecutor de las dádivas reclamadas para la financiación del partido, que oscilaban entre el 2% y el 5%. En estas operaciones desempeñaban un papel decisivo sociedades de intermediación como Futuro Financiero, de miembros de la Ejecutiva del PP como Arturo Moreno, y el concejal Salvador Palop y el diputado Miguel Ángel Cortés.

Cortés era citado por Moreno en una de sus conversaciones con Palop como un miembro del “grupo” que el ex vicesecretario general pretendía promocionar para controlar mayores parcelas de poder en el PP:

“Tenemos que copar la tesorería, ¿eh? Tenemos que coparla de verdad”, decía Palop. “Sí”, contestaba Moreno. Y proseguía: “Al menos se queda muy contento, porque Aznar lo dice; oye, pues Arturo y sus amigos me están ayudando mucho y todo esto, ¿me entiendes? Me ponía por las nubes y tal, o sea, que ahora mismo tenemos muy buena relación con este tío, vamos a aprovecharla, macho”. Palop contestó: “Cuando puedas se lo comentas a José María lo que estamos consiguiendo”.

En las conversaciones aparecía principalmente Palop, quien negociaba las comisiones con Naseiro y Sanchis. Las empresas desconocían qué parte iba al partido y cuál a los intermediarios. El sistema era el que explicó Versrtynge en eldiario.es, que consistía en inflar las adjudicaciones para que las adjudicatarias pagar una retrocomisión al intermediario por el importe de la diferencia entre el precio real y el adjudicado. El fiscal acusó de conspiración para el cohecho a Sanchis, Palop y Naseiro, para cada uno de los cuales pidió tres meses de cárcel y 500.000 pesetas de multa (3.000 euros). Asimismo, solicitó una multa conjunta de 30 millones para los tres (180.000 euros), y nueve años de inhabilitación y cuatro de suspensión en sus cargos públicos para los dos primeros, así como cuatro de inhabilitación para Naseiro.

Las diligencias pusieron de manifiesto que en la negociación de comisiones para la financiación del Partido Popular se mencionaban más de 40 operaciones diferentes, y en las 10 de las que había detalles las comisiones alcanzaban los 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros). El 15 de julio de 1992 fueron absueltos.