Una familia de tres generaciones, madre, hija y nieto, se quedaron en la calle este jueves en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Olga Jerez, de 35 años, y su madre Ángeles García, de 65, vieron como la comitiva judicial las echaba del que ha sido su hogar los últimos 13 años, y donde ha crecido el pequeño de la familia, Marcos (nombre ficticio), que en ese momento se encontraba en el instituto. 

El piso era propiedad del banco BBVA, que inició el proceso de desahucio. Pero cuando ellas lo alquilaron, en 2013, su casero era un particular. Un hombre que un día dejó de pagar la hipoteca y desapareció sin dejar rastro. Lo que derivó, años después, en el desalojo el pasado jueves de esta familia que asegura que siempre quiso pagar la renta: ya fuera con el casero en paradero desconocido, o más recientemente con la entidad financiera. 

A las 12:00 horas del pasado jueves, día del desahucio, Ángeles y Olga aguardaban en el piso junto a varias profesoras del instituto de Marcos y miembros del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat. En un corrillo improvisado en el salón donde la familia ha vivido más de una década, las mujeres aseguraban estar “agotadas” por la situación. Llevaban días sin apenas dormir ni comer, y lamentaban haber sufrido episodios de ansiedad en las últimas semanas e incluso haber detectado manchas en su piel asociadas al estrés.

En el portal, bajo un fuerte diluvio, les esperaban algunos vecinos del barrio, junto con otros activistas por la vivienda, que habían acudido para mostrarles apoyo. Entre ellos, otra madre del mismo instituto de Secundaria donde estudia Marcos, el Neus Català, que también estuvo a punto de ser desahuciada hace apenas unos días. Esa misma mañana, además, otra familia con hijos menores había sido desalojada.

Los vecinos denunciaban que este tipo de situaciones se han vuelto frecuentes en el barrio. “Los niños sienten vergüenza y lo pasan mal, y esto les repercute académicamente”, explicaba Alba Aguilar, profesora del instituto. Según contaba, en el centro hay varios alumnos que atraviesan situaciones similares.

Ejecutado el desahucio, puesto que la familia no opuso resistencia, abuela, madre y nieto durmieron en casa de una vecina del mismo bloque. En un primer momento, la idea era que Olga y Ángeles durmieran en el rellano del edificio, mientras que el menor se quedaría en casa de la vecina. Finalmente, los tres acabaron pasando la noche dentro del piso porque el rellano estaba lleno de sus pertenencias y “no había espacio para colocar el colchón”, explicaba Olga a elDiario.es la mañana siguiente. “No hemos dormido nada de la ansiedad”, añadía. 

Los servicios sociales les ofrecieron alojamiento en un albergue, pero la familia lo rechazó tras ver el estado de la habitación. “Había cucarachas, manchas de sangre, polvo y suciedad. Llevar a un niño a un lugar así no es fácil, es totalmente indigno para cualquier persona”, denuncia Ángeles, que tomó fotos del lugar.

Ya antes de verlo, tenían claro que ese no era un lugar seguro para Marcos, ya que padece graves alergias. “Le dan taquicardias y se queda sin respiración”, explicaba Olga. “Imagínate lo que pasaría si lo metemos en un sitio lleno de polvo o humedad”. 

La familia lleva meses buscando un alquiler que puedan permitirse, consciente de que tarde o temprano la iban a echar. Incluso Marcos les ayudaba a mirar anuncios cuando volvía del instituto. “Solo pedía un poco más de tiempo hasta encontrar un piso donde poder ir con mi hija y mi nieto”, lamenta Ángeles. “Cualquiera que haya intentado buscar un piso de alquiler sabe lo difícil que es, y más en tan poco tiempo”, subraya Alina Rodríguez, miembro del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat.

Once años sin noticias del casero

Olga y Ángeles detallan el rocambolesco papel de su casero. Durante los 13 años que han vivido en el piso apenas llegaron a verlo dos ocasiones. “Solo lo vimos el día que nos enseñó la vivienda y el día que nos entregó las llaves”, aseguran.

El problema comenzó en 2016, tres años después de entrar como inquilinas, cuando el propietario les pidió que cambiaran el número de cuenta al que ingresaban la mensualidad, alegando que había pasado del BBVA al Banco Sabadell. Sin embargo, nunca les llegó a facilitar esa nueva cuenta.

Tras varios intentos fallidos de ponerse en contacto con él, Ángeles acudió al Banco Sabadell para obtener información, pero le respondieron que no había cuenta alguna a ese nombre. Desde entonces, el propietario –identificado como Wilmer M.– desapareció, y la familia sospecha que pudo haberse marchado a otro país. Algunos vecinos aseguraban que debía dinero a varias personas del barrio.

Años después, en 2022, se enteraron de que en realidad el casero llevaba desde antes de que ellas entraran en el piso sin pagar la hipoteca. Aseguran que se lo comunicaron desde el juzgado, cuando acudieron a su domicilio a preguntar por el propietario y para informar que la vivienda había pasado ya a manos del BBVA. 

Durante los años de incertidumbre que pasaron entre 2016 y 2022, la familia asegura que intentó buscar formas para entender qué estaba sucediendo y seguir abonando el alquiler. Reconocen que no han pagado, pero defienden que es porque no podían y no sabían como hacerlo. “El problema nunca fue que no quisiéramos pagar las mensualidades, sino que no entendíamos qué pasaba y nadie nos hacía caso”, señala Olga.

Cuando empezaron a comprender la situación, en 2023, intentaron negociar con el banco un nuevo contrato de alquiler o incluso la compra de la vivienda, pero aseguran que no recibieron respuesta por parte de la entidad. 

Fuentes del BBVA confirman que no se plantearon negociar un alquiler, sino que iniciaron el proceso de desahucio. Sostienen desde la entidad financiera que el procedimiento se llevó a cabo “de acuerdo con la normativa”.

Sin vivienda pese a su vulnerabilidad

La familia ha recibido cuatro órdenes de desahucio desde que empezaron los problemas con la propiedad de su piso. La primera llegó en junio de 2024, pero lograron aplazarla hasta octubre de 2025. Posteriormente, se prorrogó hasta el 5 de febrero de 2025, fecha en que consiguieron retrasarla otro mes. Sin embargo, este jueves ya no hubo margen de negociación. “No encontrábamos ningún piso que pudiésemos pagar”, lamenta Olga. “No nos han escuchado ni han querido negociar nada”.

Ignasi Acosta, militante del sindicato, recuerda que hasta hace poco existía más margen para negociar gracias a la moratoria estatal de desahucios para hogares vulnerables, pero esta decayó a finales de febrero en el Congreso tras los votos en contra de PP, Junts y Vox.

“A nosotros, quien nos ha ayudado principalmente es el Sindicat. En los servicios sociales no nos escuchaban”, señala la mujer. En este caso, fue el propio instituto del menor quien les habló del sindicato de vivienda y les animó a acudir.

Los servicios sociales del ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, por su parte, responden que han intervenido “desde el primer momento” en este caso. Aseguran que las han asesorado y que han intentado intermediar con la propiedad en numerosas ocasiones.

También sostienen que han presentado al juzgado todos los informes que acreditan la situación de vulnerabilidad de la familia, aunque no hayan servido para paralizar la orden en ninguna de las 4 ocasiones. Y confirman los detalles del anterior casero: “Tenemos la información de que el propietario del piso, el que se lo alquiló, se fue y dejó de pagar la hipoteca”.

En estos momentos, la familia se encuentra en lista de espera de la Mesa de Emergencia Habitacional, pero aún no tienen ningún piso asignado. La única alternativa de la que disponen es el alojamiento temporal en un albergue durante 15 días.

Este viernes, los servicios sociales les propusieron trasladarse a otro albergue que, según asegura Olga, está “más limpio” que el que rechazaron el día anterior. Finalmente durmieron allí. Sin embargo, sin una vivienda asignada por la Mesa de Emergencia y con todas sus pertenencias todavía amontonadas en el rellano del antiguo edificio, la familia sigue sin saber dónde recalará en el futuro próximo.

Eran las 8:30 h de la mañana cuando Josefa salió por su portal. Allí la esperaban varios familiares y activistas por el derecho a la vivienda que se habían citado para intentar frenar su desahucio, previsto para a las 9 h. Después de cuatro intentos, la Comitiva Judicial logró expulsar este martes a esta anciana de 72 años y a su hijo Manuel, de 55, del piso en el que vivían como ocupas en el barrio barcelonés del Besòs.

Lo que diferencia a esta familia de muchos otros desahucios que se dan en la capital catalana es que el propietario de su hogar no era un fondo de inversión ni un gran tenedor, sino la Generalitat de Catalunya. Madre e hijo entraron al inmueble en 2018, después de abandonar un piso que compartían con otro de sus hijos con quien tuvieron problemas familiares. Debido a su situación económica, no encontraron más remedio que ocupar un piso que entonces era del banco Santander. Pero años después, lo compró la Agència de l'Habitatge de Catalunya para convertirlo en un piso protegido.

Ese giro de guion ha sido el que ha hecho que ni Josefa ni su hijo tengan derecho ahora a ninguna alternativa. Como ambos cuentan con un informe de vulnerabilidad avalado por los Servicios Sociales, si hubieran estado ocupando un inmueble de titularidad privada, habrían podido acceder a un alquiler protegido. Pero el juez considera que, a pesar de su situación económica, el hecho de haber estado en un piso público les impide iniciar cualquier trámite en la mesa de emergencia.

“Estoy fatal, quien más me preocupa es mi hijo”, repetía Josefa durante la mañana de su desahucio. Ambos han pasado sus dos primeras noches en casa de un familiar, aunque la normativa dice que deberían tener acceso a un Alojamiento Temporal de Urgencia (ATU) para pasar los días después del desahucio. A Josefa se le ofreció unas noches en un albergue, pero las descartó porque nadie le pudo asegurar que fuera en Barcelona.

El caso de Manuel es más complejo. El centro al que acudió después de que le echaran de casa no le planteó la opción de hospedarse en un alojamiento temporal. Desde Servicios Sociales no han confirmado a este medio los motivos exactos debido a la política de protección de datos, pero desde el Sindicat d'Habitatge, entidad que ha acompañado a la familia, aseguran que le denegaron la opción debido a un problema de adicción al alcohol que sufre desde hace décadas. Por su parte, desde el Ayuntamiento niegan la mayor y aseguran que “el consumo de alcohol no es motivo de exclusión para acceder a un centro de acogida”.

Por ahora, ambos están en casa de familiares, pero Josefa sabe que es una solución temporal y teme que, próximamente, su hijo se quede sin alternativa. Manuel sigue viviendo con ella porque, debido a su adicción, no tiene ingresos y depende de la pensión de su madre, que apenas supera los 1.000 euros.

A pocos minutos del desahucio y mientras sonaban palmas al compás flamenco y gritos de “Josefa, escucha, tu lucha es nuestra lucha”, la anciana lagrimeaba sentada en la silla que bajó de su casa. Desde allí esperaba a que los mediadores de la comitiva judicial intentaran llegar a un acuerdo con su hija y con miembros del sindicato. “Si es que yo no quiero estar así, yo quiero tener mis cosas en condiciones. Yo soy una mujer digna”, expresó a elDiario.es.

No hubo acuerdo y poco después de que le comunicaran la noticia, los servicios de emergencias médicas tuvieron que intervenir y trasladar a Josefa a un centro de salud, donde quedó ingresada por varias horas. Su presión arterial había subido hasta 200 mmHg.

El informe de vulnerabilidad no sirvió para frenar el desahucio

El pasado lunes se cumplieron cuatro meses del fallecimiento de Antonio, el marido de Josefa, por un cáncer terminal. Siete días antes de su muerte, su abogada logró que pararan la primera orden de desahucio debido a que el hombre se encontraba “en situación terminal”. Aun así, en primera instancia, el juez había desestimado sus pretensiones, que ya incluían un informe de vulnerabilidad de los miembros de la familia y documentación sobre el estado de salud de los tres. 

Cuatro días después de la muerte del hombre, Josefa recibió una nueva carta de desahucio programado para el 15 de octubre, es decir, el miércoles pasado. El día coincidió con la huelga general a favor de Palestina y los Mossos decidieron aplazarlo seis días más. 

Según ha trasladado la Comitiva Judicial a portavoces del Sindicat d’Habitatge de la Verneda i el Besòs, el proceso ya no estaba abierto a negociaciones debido a la decisión del juez, que decretó que Josefa y Manuel no tenían derecho a una vivienda protegida por haber ocupado un piso de titularidad pública. Pero desde el Sindicat no lo ven así.

Recuerdan que la familia entró a ocupar el inmueble cuando todavía era propiedad de un banco, que lo había mantenido años vacío. Además, recalcan que hay una disposición transitoria en el reglamento de la mesa de emergencia que determina que, si una familia vulnerable lleva tiempo viviendo en un piso ocupado, el Ayuntamiento puede darles un contrato de alquiler social en lugar de echarlos, si cumplen ciertas condiciones y se demuestra que lo necesitan. A eso se acogerán para resolver la situación de esta anciana, pero reconocen que el camino no será fácil.

Ocho años en el mismo piso

Josefa y su marido Antonio ocuparon en 2018 el piso, el cual estaba vacío y pertenecía al Banco Santander. Lo vieron como la opción más viable ante su situación económica, teniendo en cuenta que se encontraban en riesgo de exclusión social. Únicamente contaban con la pensión por jubilación de Antonio, de la que dependían los tres. A esto se le sumaba el trastorno por alcoholismo de su hijo y varios problemas de salud de ambos progenitores. Ese fue el año en que les echaron de su anterior hogar y, en una ciudad en que los precios de la vivienda habían subido un 33%, no vieron ninguna otra alternativa. 

En 2019, la Agència de l’Habitatge de Catalunya compró el piso para destinarlo a una vivienda social y en 2020 empezaron a llegar las primeras cartas pidiendo el desahucio. Desde entonces, su abogada ha presentado varios recursos en el juzgado, no solo para intentar frenar la expulsión de la familia, sino también para garantizar una alternativa de alquiler social. 

Pero ninguno de los certificados que acreditan la situación de vulnerabilidad de la familia, así como los informes médicos que muestran el estado de salud de Josefa, Antonio y Manuel, ha servido para impedir el desahucio de este martes. “No me lo creía. Pensé que, al ser un piso de titularidad pública y al tener el certificado de vulnerabilidad, acabarían ofreciéndoles una solución de alquiler social”, expresa la letrada. 

De hecho, explica que, en su momento, habló con otras abogadas que habían llevado casos similares de familias vulnerables ocupando pisos públicos en los que finalmente se les acababa ofreciendo una vivienda social debido a su situación socioeconómica. elDiario.es ha intentado contactar con la Agència de l’Habitatge de Catalunya, pero no ha habido respuesta alguna por parte de la entidad pública. 

Desde el Sindicat explican que la administración decidió llevar a cabo el primer intento de desahucio porque la mesa de emergencia consideró que el informe de vulnerabilidad elaborado por los Servicios Sociales “no cumplía los requisitos para acceder a un piso público en ese momento”. La abogada explica que le pedían “acreditar información de la cual no disponía”, ya que esta no existía. Como por ejemplo, “los ingresos de Josefa o su declaración de la renta”, información imposible de acreditar debido a que la mujer no trabajaba.

Señala que aportó “los informes de los servicios sociales, los ingresos de la pensión de jubilación del marido, extractos bancarios e informes médicos”, pero no bastó. “Se está penalizando a estas familias vulnerables por el hecho de que no hay suficiente vivienda social, cuando no es su culpa”, señalan los activistas.

Josefa sufre de diabetes, hipertensión, ciática, depresión, hernia discal, artrosis y artritis, por lo que necesita una persona que la cuide constantemente, tarea de la que se encarga su hija Antonia. Aunque tiene derecho a acceder a un albergue temporal durante unos 15 días, teme que, si la trasladan a uno fuera del municipio, ningún familiar pueda venir a hacerse cargo de su salud. Además, reconoce que le provoca “pánico” verse, con 72 años, compartiendo espacio con desconocidos en un albergue. Todos estos impedimentos han hecho que Josefa haya optado por buscar a un familiar que la acoja, al menos, temporalmente.

Apenas habían pasado seis meses de la Marcha sobre Roma (1922) cuando Benito Mussolini impuso un decreto por el cual la celebración del 1 de mayo quedaba prohibida. En su lugar, Il Duce decretó que la nueva jornada festiva —que no reivindicativa— de los trabajadores pasaba a ser el 21 de abril, el mismo día en que se conmemora la fundación de Roma.

De esta manera, la dictadura tapaba con nacionalismo la celebración de los derechos laborales en Italia. Fue una respuesta rápida a la fuerte organización sindical en el país, que fue perseguida sistemáticamente por los Camisas Negras para evitar que repitieran hazañas del pasado. Como la del Biennio Rosso (191-1920), durante el que se generaron consejos de fábrica que tomaron casi todas las industrias del país.

“El fascismo teme a la organización de los trabajadores. Antes, el obrero era una figura importantísima en la lucha contra la extrema derecha”, asegura Andrea Malpassi, responsable de política europea de la Confederazione Generalie Italiana del Lavoro (CGIL), el sindicato más importante del país.

Malpassi recuerda la década de los 20 del siglo pasado, cuando Europa se enfrentó por última vez al auge del fascismo. Ve muchas similitudes con aquella época, pero también muchas diferencias: “Han sacado el trabajo de la agenda y ya no es un actor político importante, como sí lo fue hace 100 años. No nos identificamos como trabajadores, hemos perdido el sentimiento de clase y lo estamos pagando caro”, asegura este sindicalista, en referencia a los dos años de gobierno de extrema derecha en Italia, de la mano de Giorgia Meloni.

Han sacado el trabajo de la agenda y ya no es un actor político importante, como lo fue hace 100 años. No nos identificamos como trabajadores, hemos perdido el sentimiento de clase y lo estamos pagando caro

Andrea Malpassi — Responsable de política europea de la CGIL

Desde la CGIL aseguran que si el trabajo se hubiera puesto en el centro y los trabajadores estuvieran más informados de sus derechos y mejor asistidos, la extrema derecha no habría llegado a gobernar Italia. Ni estaría amenazando en otros países de Europa, donde se espera que ganen poder tras las elecciones europeas del 9 de junio.

En otras zonas de la UE, como España, la visión es la misma. “Representamos lo que odian: lo colectivo, la diversidad, la defensa del débil frente al capital”, asume Cristina Faciabén, secretaria de Internacional, Cooperación y Migraciones de CCOO. “Nunca se está preparado para el fascismo, pero somos conscientes de la amenaza porque tenemos compañeros que ya lo han vivido”.

Faciabén se refiere a miembros del sindicato italiano CGIL, pero también al CTA-T de Argentina, al CUT de Brasil y al CUT de Chile. Estos cinco sindicatos se unieron en REDES, una organización internacional que busca “elaborar una estrategia conjunta frente al fascismo desde el mundo laboral”.

La importancia del voto obrero

“Lo que estamos haciendo con España para frenar al fascismo en estas elecciones europeas es histórico”, asegura Malpassi, orgulloso de la colaboración con CCOO. Ambos sindicatos son conscientes de que la extrema derecha de cada país es muy diferente, pero tiene puntos en común. “Mientras Meloni es una populista que se aferra a las clases populares y a la pobreza, Vox es mucho más elitista”, analiza el sindicalista italiano. “Pero al final, todos son neoliberales de libro que se benefician del descontento y la abstención”, remacha Faciabén.

Una de las iniciativas conjuntas que han llevado a cabo estos dos sindicatos de cara a los comicios es una campaña de incitación al voto que se está desarrollando en la zona de Lombardía y en Catalunya. “Meloni ganó las elecciones gracias a la abstención”, asegura Malpassi, que recuerda que en las últimas elecciones ni la mitad de italianos fue a votar. “La extrema derecha arrasó, pero obtuvo un 20% de votos menos que cuando Berlusconi ganó los comicios”, explica.

Desde España también se identifica un “descontento generalizado” por la política y una desafección todavía mayor cuando se trata de las elecciones europeas. “Pero tenemos que hacer entender que muchas cosas del comer dependen de lo que se decida en Bruselas”, apunta Faciabén. Especifican que “incitar al voto” no significa invitar a votar a un partido en concreto, pero sí insisten en recordar que el fascismo “nunca es una buena opción para las personas trabajadoras”.

A pesar de eso, se muestran convencidos de que entre sus afiliados hay votantes de Vox y de Hermanos de Italia. Por ello, ambos sindicatos también realizan cursos de sensibilización entre sus afiliados para detectar y frenar discursos de extrema derecha en el lugar de trabajo. El primero que realizó CCOO fue en la fábrica de Mahou en Guadalajara, donde se organizaron charlas, pero también se trabajó con juegos de rol e, incluso, programaron el monólogo feminista No sólo duelen los golpes, de Pamela Valenciano.

“En el lugar de trabajo raramente salen a la superficie los discursos fascistas, se trata más de atajar comentarios discriminatorios que pueden salir en las típicas conversaciones de máquina de café”, reflexiona Álvaro Mora, presidente del comité de empresa de la fábrica de Mahou. Pone como ejemplo que, si bien no hay comentarios abiertamente racistas entre sus compañeros, sí considera que a las personas que están subcontratadas —la mayoría de ellas migrantes— se las trata peor.

Mora tiene claro que “hay que seguir con la labor de contención para frenar la deriva fascista”. Y cree que una de las claves para ello es recuperar el sentimiento de clase. “El sistema lo que hace es darnos migajas. Y en cuanto mejoran las condiciones, la gente enseguida tira de coche, de marcas y reniega de la clase obrera. Pero no se dan cuenta de que, por mucho Audi, no son uno de ellos”, apunta.

Lo que tenemos hoy fue conseguido con años de huelgas y protestas. Ni la empresa ni el sistema regalan nada. Debemos mantenernos unidos como clase, porque lo que pretende el fascismo es alienarnos

Álvaro Mora — Presidente del comité de empresa de la fábrica de Mahou en Guadalajara

Gran parte de las formaciones y charlas que estos sindicatos dan en los lugares de trabajo se basan en repasar la importancia del sindicalismo. “Explicamos que lo que tenemos hoy, aunque nos parezca una mierda, fue conseguido con años de huelgas y protestas. Que ni la empresa ni el sistema regalan nada”, sentencia el sindicalista.

“Nos hemos individualizado y debemos volver a lo colectivo. Lo primero es identificarnos con nuestros compañeros de oficio o de clase. Porque si no somos capaces ni de eso, no podemos esperar solidaridad con otros colectivos oprimidos a los que el fascismo también quiere destruir”, añade Malpassi desde Italia.

Ambos sindicatos advierten que, ya sea desde el populismo de Meloni o el elitismo de Abascal, la extrema derecha busca seducir al electorado prometiendo mejoras sociales, pero en ningún caso, avisan, serán para las clases populares. Y Malpassi pone un ejemplo claro: desde que Hermanos de Italia llegó al poder, no hay diálogo social con los sindicatos.

“Sólo se reúnen con sindicatos amarillos y uniones de trabajadores que no tienen representación real. Son todo agentes de paja que avalan la reforma laboral, el retraso de la edad de jubilación, el recorte de los servicios públicos o la eliminación de las ayudas sociales”, apuntan desde la CGIL.

Con todo, llaman a la movilización este domingo, a un voto consciente y colectivo, que piense en los recortes de servicios públicos que está llevando a cabo Milei en Argentina o las políticas migratorias de Meloni. Pero que también tenga en mente que las dictaduras de los primeros años del siglo XX se podrían repetir en el XXI. En otras palabras, hacen suya la consigna de Flora Tristan cuando dijo aquello de “proletarios del mundo, uníos”. 

El Sindicat del Barri del Cabanyal ha encetat una campanya per a denunciar els desallotjaments per part del Pla Cabanyal-Canyamelar SA, gestora que controla i gestiona l’Ajuntament de València.

El més recent va passar el 4 de març passat: una dona amb tres menors va haver de deixar el domicili ocupat, malgrat la impossibilitat a l’hora de costejar-se un habitatge de renda lliure i la negativa dels integrants del sindicat davant el dispositiu policial.

Inici de l’estudi de persones afectades

Tal com manifesta Julia Garrido, membre del Sindicat, el projecte està en fase d’execució, per la qual cosa encara necessiten recopilar dades concretes de persones afectades i amenaçades per l’empresa municipal.

“En les pròximes setmanes disposarem d’un cens i unes demandes més precises dissenyades en comú pels mateixos afectats”, explica Garrido.

Seguint en aquesta línia, la integrant del Sindicat subratlla que el propòsit de la campanya és “tractar d’arribar a la quantitat més gran possible de persones que estan en aquesta situació”.

“Des de l’associació sabem que hi ha centenars d’habitatges en aquest barri i que moltes famílies estan sent denunciades”, manifesta, i afig que es parlarà amb més exactitud del tema quan tinguen la mostra d’estudi de persones en risc de desnonament.

Amb això, informa que els cossos policials solen assetjar les persones independentment de si hi ha “una sentència per desallotjament”, un procés judicial obert o en quina situació laboral o social estan.

Mesures del Govern estatal per a frenar les desigualtats

El mes de desembre passat, el Consell de Ministres va estendre la paralització dels desnonaments i els llançaments d’habitatges per a membres o famílies vulnerables fins al final del 2024.

Aquesta mesura, que s’instaura dins del Reial decret llei 8/2023, del 27 de desembre, i que es va incloure en la Llei d’habitatge, s’aplica en els supòsits en què hi ha impagament de lloguer per a llars vulnerables que no tinguen alternativa residencial lligats a la Llei d’arrendaments urbans del 1994; per a les persones que habiten sense contracte i siguen víctimes de violència de gènere, dependents o amb dependents o menors a càrrec, i es troben en situació de vulnerabilitat en el cas que l’habitatge corresponga a persones físiques o jurídiques titulars de més de deu habitatges.

Los estibadores del puerto de Barcelona han decidido “no permitir la actividad de barcos que contengan material bélico”. Así lo han explicado en un comunicado que se ha hecho público tras una asamblea del comité de empresa.

La Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona (OEPB), el sindicato mayoritario entre los 1.200 estibadores barceloneses, apunta que han tomado esta decisión para “proteger a la población civil, sea del territorio que sea”.

Con todo, los trabajadores aseguran un “rechazo absoluto a cualquier forma de violencia” y ven como una “obligación y un compromiso” defender “con vehemencia” la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Unos derechos, dicen, que están siendo “violados” en Ucrania, Israel o en el territorio palestino.

De esta manera, los trabajadores se comprometen a no cargar, descargar ni facilitar las tareas de cualquier buque que contenga armas. Ahora bien, los estibadores no tienen “capacidad para saber de facto que hay en los contenedores”, han afirmado a este diario.

Los trabajadores se ponen en manos de ONG y entidades de ayuda humanitaria que sí puedan tener conocimiento sobre envíos de armas desde el puerto barcelonés. En esta línea, recuerdan el boicot que ya llevaron a cabo en 2011 en el marco de la guerra de Libia, durante la cual colaboraron con diversas entidades para entorpecer el envío de material bélico y, a su vez, se facilitó el envió de agua y alimentos.

A pesar de que el Gobierno ha asegurado que no prevé exportar a Israel armas letales que se puedan usar en Gaza, los estibadores son conscientes de que, sólo en 2023, España ha comprado material militar a Israel por valor de 300 millones de euros, unido a otros 700 millones comprometidos en adquisición de armamento para los próximos años.

Los trabajadores insisten en que con este comunicado no se están posicionado políticamente en el conflicto, simplemente abogan por el alto al fuego y la distribución de ayuda humanitaria. “No es un comunicado político, sólo queremos que se agoten todas las vías de diálogo antes de usar la violencia”.

Este argumento fue el mismo que estos trabajadores portuarios usaron para negarse a dar servicio a los cruceros en los que la Policía Nacional se alojó durante los días previos al 1 de Octubre. En aquella ocasión también aseguraron que tomaban la decisión “en defensa de los derechos civiles”.

Con este gesto, los estibadores se suman a otros colectivos de trabajadores portuarios, como los belgas, que también han anunciado que no permitirán el envío de material militar a Israel o Palestina. La del boicot es una estrategia que no es nueva: estibadores de diversos lugares del mundo ya la han llevado a cabo en momentos crudos del conflicto durante los últimos años. Por ejemplo durante el conflicto en la Franja de Gaza de 2008 y 2009, estibadores de Italia, Sudáfrica y Estados Unidos ya se negaron a a manipular cargamentos provenientes de Israel.

Los sindicatos ELA, UGT y LAB han convocado tres jornadas consecutivas de huelga para los próximos 18, 19 y 20 de abril en el sector de las residencias de Navarra para rechazar el “bloqueo” en la negociación del convenio colectivo. Según han explicado los sindicatos, desde que en mayo de 2021 comenzaron las negociaciones del primer convenio sectorial de Centros de la Tercera Edad de Navarra, ELA, UGT y LAB acordaron una propuesta conjunta que remitieron a las patronales y, “si bien nos hemos reunido en numerosas ocasiones, a día de hoy las patronales no han hecho una propuesta que cumpla con los mínimos exigidos” por los sindicatos.

Por su parte, ELA, UGT y LAB han afirmado que “el Gobierno de Navarra, que es quien financia este sector y tiene una responsabilidad pública, se ha alineado con la postura de la patronal”. Los sindicatos han reclamado que “se negocien unas condiciones laborales dignas en el marco de un convenio colectivo para las más de 4.500 trabajadoras navarras repartidas en más de 70 centros de la Comunidad foral”. Las tres centrales sindicales han exigido un convenio que “permita desarrollar a las plantillas un trabajo digno y que asegure una calidad del servicio para las personas usuarias de este sector de la tercera edad, un colectivo que requiere una atención y un cuidado especial”, según informa Europa Press.

El 26 de enero, la última reunión

La última reunión que mantuvieron los sindicatos con las patronales y el Gobierno de Navarra fue el pasado 26 de enero. “En ese encuentro, las patronales nos trasladaron una propuesta que fue rechazada por todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación, por lo que se emplazó a las patronales a que realizaran una propuesta que contemplara unas condiciones dignas para las trabajadoras del sector. Sin embargo, casi dos meses después de la ultima reunión, ni las patronales ni el Gobierno de Navarra han mostrado voluntad de dar respuesta a nuestras peticiones. Entendemos que esto demuestra que tanto patronales como Gobierno de Navarra tienen nulo interés en dar solución real a este conflicto”, han afirmado.

Por ello, “ante esta situación de bloqueo en la negociación y de falta de consideración hacia las trabajadoras del sector”, ELA, UGT y LAB han llamado a la movilización a las trabajadoras. Así, realizarán concentraciones el día 24 de marzo frente al Parlamento y el día 29 en Palacio de Navarra.

Además, han convocado huelga los días 18, 19 y 20 de abril, “a pesar de que los servicios mínimos impuestos nos complican ejercer el derecho de huelga”. Los sindicatos han señalado que “el convenio no puede esperar y no aceptaremos el bloqueo como respuesta”. “No podemos adaptarnos a los ritmos que marquen las patronales. Solo a través de tomar las calles, de mostrar nuestro hastío y enfado, podremos alcanzar un convenio digno”, ha dicho.

Siete trabajadores de la aerolínea Volotea en la base de Bilbao denuncian haber sido despedidos de la compañía por “organizar elecciones sindicales para negociar un convenio digno que regule su salario, derechos y condiciones laborales”. Los trabajadores, que forman parte de una plantilla de 110 personas, el 23% del total de la compañía, critican además, haber sido notificados de sus despidos tras un vuelo nocturno. “En pleno vuelo nos dieron el mensaje de que al llegar a Bilbao teníamos que ir a recursos humanos. Tuvimos el primer vuelo a medio día y llegamos a las 23.30. Cuando llegamos estábamos agotados y nos esperábamos lo peor. Nos recibieron con una carta modelo diciendo que nuestro rendimiento había bajado, cuando llevábamos todo el verano volando sin parar. Luego reconocieron que esas no eran las razones”, confiesa a este diario una de las personas afectadas, que tras la noticia asegura haber sufrido un ataque de ansiedad.

Cuatro de las siete personas despedidas estaban afiliadas al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y estaban organizando por primera vez elecciones sindicales, razón que consideran el desencadenante para los despidos. “Llevamos cuatro años trabajando en unas condiciones muy precarias y ahora que hemos decidido protestar por lo que consideramos que es justo nos hacen esto”, sostiene. Desde CCOO informan de que mantuvieron una reunión en julio con la dirección de la compañía para tratar de encauzar la situación desde la negociación. “En la misma, se valoraron varios asuntos como los tipos de contratos, la negativa de la empresa al disfrute de las vacaciones de sus trabajadores y trabajadoras o el salario. El sindicato entendía que se había abierto una vía de negociación que daría sus frutos a corto, medio y largo plazo, pero esta maniobra de la empresa nos coloca en posiciones totalmente enfrentadas”, denuncian.

“Después de esa reunión Volotea se sintió amenazada porque justo un mes después, cuando ya no nos necesitan porque los vuelos disminuyen al acabar el verano, nos echan”, sostiene otra de las personas afectadas. La mayoría de los trabajadores despedidos llevaban cuatro años en la compañía, pero hacía poco que los habían contratado como “fijos discontinuos”, es decir, puestos de trabajo con vacíos a lo largo del año en los que no recibían sueldo, pero sí podían pedir prestación por desempleo, algo que con los contratos anteriores no podían hacer. “Cuando estábamos fuera sin volar antes no cobrábamos ni el salario base de Volotea ni podíamos pedir el paro. Por eso protestamos con el tema, para que nos cambiaran el contrato y poder solicitar la prestación por desempleo los meses que ellos nos hacían no volar”, explica. Gracias a sus protestas, la empresa les cambió el tipo de contrato para poder pedir la prestación por desempleo, algo que los trabajadores consideraron una pequeña victoria en unas condiciones en las que aseguran que su salario base no asciende del Salario Mínimo Interprofesional.

“Cada año, cuando comenzamos a trabajar, nos pasa lo mismo. Al cobrar solamente el sueldo base el primer mes, no ganamos más que unos 500 euros, por lo que siempre tengo que pedir ayuda económica a mi familia o mi pareja. Hay mucha gente que cree que las azafatas cobran mucho, pero no es siempre así”, asegura otra de las trabajadoras, que en su caso lamenta que se enteró de su posible despido antes de salir a volar, algo que “pudo poner en riesgo la seguridad del vuelo” debido a su estado anímico.

“Ante la decisión de la plantilla de organizarse, la empresa ha respondido con la notificación de una serie de despidos en menos de 24 horas. Aún, es más, ha llegado a comunicar el cese de contrato con premeditación y alevosía, en pleno vuelo y después de una dura jornada de trabajo y tras aterrizar en el aeropuerto de Bilbao. Estas perversas maniobras solo pueden responder a prácticas antisindicales que pretenden dejar sin voz a los trabajadores y trabajadoras para imponer precariedad laboral y empleos sin derechos”, denuncian desde CCOO. Debido a esta situación, parte de la plantilla se ha manifestado en el Aeropuerto de Loiu en Bilbao este viernes y los trabajadores han anunciado que convocarán nuevas movilizaciones las próximas semanas.

Desde Volotea han informado a elDiario.es que “estas salidas han sido puntuales y corresponden a un número mínimo de personas que han causado baja por no haber superado el periodo de prueba o por incumplir los estándares de rendimiento de la aerolínea. Estándares que los empleados conocen y que son comunes a todo el personal de la compañía”. Misma justificación que recibieron en sus cartas de despido y que los afectados niegan rotundamente. “Hemos volado 95 horas en julio y 98 horas en agosto. Hemos tenido que hacer favores a la empresa como trasladarnos a Venecia para cubrir vuelos y nos dicen que nuestro rendimiento ha bajado. No tiene ningún sentido”, lamentan las personas afectadas, que no descartan tomar acciones legales contra la empresa por despidos improcedentes.

Mitxel Lakuntza ha sido reelegido este jueves como nuevo secretario general de ELA con el 90,69º% de los votos a favor. La lista para el nuevo Comité Ejecutivo que encabezaba Lakuntza era la única que se había presentado a este XV Congreso Confederal que se celebra desde este pasado miércoles en el Palacio Euskalduna de Bilbao, según informa Europa Press.

El resultado de la votación ha sido 624 votos (90,69%) a favor, 42 en contra (6,10%), 17 en blanco y cinco nulos. Además, los delegados reunidos han aprobado por aclamación la Ponencia que marca las líneas estratégicas del sindicato para los próximos cuatro años.

Entre las novedades que recoge el Comité Ejecutivo elegido, está la inclusión de tres nuevos integrantes que entran en el mismo: Alazne Mantxola Mintegi (Tesorería), Ane Miren Zelaia Arieta-Araunabeña (Sindicalización. Planificación. Plan estratégico de equidad de género) y Leire Gallego López de Goikoetxea (Acción Social. Inmigración. Políticas de igualdad de género).

Dentro del continuo proceso de transformación del sindicato y como consecuencia de esta elección, por primera vez ELA contará con un Comité Ejecutivo igualitario en cuanto a genero.

De esta forma, la Comisión Ejecutiva pasará a ser paritaria y consta de Mitxel Lakuntza Vicario (Secretario General), Amaia Muñoa Capron-Manieux (Secretaria General Adjunta. Internacional), Amaia Aierbe Beloki (Servicios Jurídicos), Xabi Anza Olarra (Formación. Iparralde) y Leire Gallego López de Goikoetxea (Acción Social. Inmigración. Políticas de igualdad de género).

Iván Giménez estará al frente de Comunicaciónl; Pello Igeregi Santamaría (Negociación Colectiva. Salud Laboral. Euskara), Alazne Mantxola Mintegi (Tesorería), Mikel Noval Fernández (Políticas Sociales. Gabienete de Estudios. Medio Ambiente), Leire Txakartegi Iramategi (Organización), Joseba Villarreal Olaizola (Elecciones sindicales. Afiliación. Acciones confederales), y Ane Miren Zelaia Arieta-Araunabeña (Sindicalización. Planificación. Plan estratégico de equidad de género).

Els treballadors valencians, per primera vegada des de la recuperació de les llibertats democràtiques, no podran manifestar-se aquest Primer de Maig als carrers. Els principals sindicats han convocat una manifestació en xarxes socials i balcons en homenatge als i les treballadores essencials, que han tingut un paper central en la crisi de la Covid-19. “Aquesta pandèmia ha posat de manifest la fragilitat i injustícia del model social i econòmic imperant en el món”, assenyalen Comissions Obreres (CCOO-PV) i la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV).

Al migdia se celebrarà un acte d'homenatge als i les treballadores essencials. La manifestació, en xarxes socials i balcons, començarà a les 13.30, després dels discursos dels líders sindicals a través de Youtube i de les seues respectives pàgines web. Els sindicats han fet una crida a penjar les fotos en les xarxes socials.

A les 17h se celebrarà un concert “virtual solidari” amb artistes com Rozalén, Ismael Serrano, Marwan, Sole Giménez, Luis Pastor, Efecto Mariposa, Marisa Valle Roso, Cristina del Valle, entre altres, i presentat per la periodista Olga Rodríguez i per l'actor Juan Diego Botto.

A les 20h05, després dels aplaudiments des de finestres i balcons, tancarà la jornada un concert internacional amb actuacions de Víctor Heredia, Inti Illimani, Tico Santa Cruz o Billy Bragg, entre altres.

La crisi de la pandèmia ha posat de manifest la feblesa del sistema públic de salut però també l'escassa capacitat de resposta de sectors estratègics que fa temps que van desaparéixer de l'economia espanyola. “Hem tingut problemes amb subministraments d'equips de protecció individual, que són fonamentals donada l'externalització de la producció i això cal intentar evitar-ho en el futur”, assenyala el secretari general de la UGT-PV, Ismael Sáez.

El manifest d'Intersindical Valenciana assenyala que si aquesta crisi sanitària i social està en vies de superació, ha sigut perquè “la societat s'ha pogut sustentar en dos pilars bàsics: en l'acció dels governs i de les administracions públiques i en la força de treball de la classe treballadora que ha mantingut en funcionament els sectors essencials, malgrat no disposar de les millors condicions de seguretat per a la seua salut”.

L'Agència Antifrau considera que l'acord amb els sindicats i l'EMT de Rita Barberá pel qual els jubilats parcials de l'empresa pública d'autobusos treballaven menys que la resta de treballadors podria ser constitutiu de fins a quatre delictes. Per aquest motiu, ha assegurat el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, l'entitat depenent del Parlament valencià els ha comunicat que trasllada la investigació a la Fiscalia perquè indague si s'haurien perpetrat delictes de malversació, prevaricació, frau en subvencions i falsedat.

Grezzi ha realitzat aquest anunci en un comunicat llegit en una roda de premsa en el Cabanyal, després d'inaugurar una exposició fotogràfica. El regidor de Comrpomís ha assegurat que un dels principals responsables d'aquest conveni va ser l'actual edil del PP i expresident de l'EMT, Alberto Mendoza. Grezzi ha afegit que la investigació de l'Agència Antifrau eximiria a l'actual direcció -per ser els denunciants-, així com els treballadors i els seus representants.

En la denúncia feta pública el passat 17 de maig, els gestors de l'EMT en el Govern de la Nau amb Grezzi al capdavant, van revelar que l'empresa pública va ocultar a la Tresoreria General de la Seguretat Social des de l'any 2001 que els treballadors que es jubilaven en l'EMT als 61 anys treballaren 65 dies fins als 65 anys en lloc dels 131 -el 15 % del total- que marca la normativa i als quals estan obligats per llei els altres treballadors.

El presumpte tracte de favor podria afectar un miler de prejubilats que s'haurien beneficiat d'aquest pacte de silenci que conculca la normativa laboral durant més de 15 anys. Una pràctica que es va mantenir en els anys de la crisi malgrat que el PP de Rita Barberá va voler acomiadar més de 200 treballadors.

“Ni aquella gerència ni les posteriors van rectificar la seua actuació malgrat els continuats advertiments de la Inspecció de Treball, la Sindicatura de Comptes i el ministeri sobre el caràcter públic de la gestió de l'EMT”, va afirmar Grezzi en la seua denúncia inicial.

Després d'aquesta denúncia pública del regidor de Mobilitat els sindicats van plantejar diverses manifestacions contra Grezzi i fins i tot, UGT va arribar a trencar l'acord per al nou conveni.

Ara serà la Fiscalia la que assumisca la investigació penal per quatre delictes greus.

Els secretaris generals d'UGT-PV, Ismael Sáez, i CCOO PV, Arturo León, al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra, i diversos membres del Consell han participat aquest dimarts en la manifestació del Primer de maig pels carrers de València en protesta per la precarietat laboral i en reivindicació de majors salaris i pensions dignes.

Sota el lema “Temps de guanyar. Igualtat. Millor ocupació. Majors salaris. Pensions dignes”, la pancarta conjunta de tots dos sindicats ha encapçalat la marxa pels carrers de València, amb els seus dirigents al capdavant, en un ambient festiu, en el qual no han faltat crítiques contra la sentència de 'La Manada', amb cartells en els quals es llegia: “No és no”, “Nosaltres som la manada” o “Jo sí et crec”.

El secretari general de la UGT-PV, Ismael Sáez, ha denunciat que els treballadors estan “penalitzats” per una reforma laboral que “fa impossible que els salaris cresquen” i ha reivindicat a les patronals que siguen “receptives” i reconeguen “el sacrifici” dels treballadors en els convenis col·lectius.

El seu homòleg de CCOO-PV, Arturo León, ha demanat a les organitzacions empresarials i al Govern que siguen “sensibles” a les seues propostes “justes i raonables per a canviar la precarietat laboral” o en cas contrari, “hi haurà contestació general en el carrer” i ha defensat el camí cap a “la recuperació de drets i el canvi de model productiu”.

Tant Oltra com Puig ha assegurat abans d'iniciar la marxa que es tracta d'un dia “festiu i reivindicatiu” i segons el president, estan “molt lluny” de la plena ocupació, per la qual cosa la reivindicació i els sindicats són “absolutament necessaris”.

Que les empreses oferisquen un descompte a les seues treballadores per congelar els seus òvuls és “una invasió de la intimitat”. Els sindicats majoritaris valencians coincideixen en aquesta visió d’una pràctica que consideren inadmissible.

Cinc empreses valencianes han començat a aplicar una política pionera a Espanya: sufragar un 10% dels tractaments de vitrificació d’òvuls de les seues treballadores o de les parelles dels seus treballadors. Les empreses, que formen part del Club de Primeres Marques, van signar al novembre un conveni amb l’Institut Valencià d’Infertilitat per a promocionar aquesta pràctica que permet conservar els òvuls, amb un cost mitjà de 2.500 euros per a quatre anys.

Les representants sindicals no troben enlloc el benefici social en què s’escuden aquestes empreses. “El verdader benefici social seria impulsar mesures de conciliació i coresponsabilitat en les atencions”, argumenta Pilar Mora, secretaria de Formació, Ocupació i Igualtat de Gènere d’UGT.

Des de Comissions Obreres (CCOO), equiparen aquesta qüestió a les preguntes en les entrevistes de treball. “Tots entenem que és inconstitucional que a les dones se’ns pregunte si volem ser mares, perquè a partir d’ací pot haver-hi una vulneració de drets”, indica la seua portaveu d’Igualtat, Cloti Iborra. “A més, és la nostra vida íntima, nosaltres decidim quan volem ser mares”, afig.

Per a les sindicalistes, aquesta oferta –voluntària i anònima, segons les empreses que s’han adherit al conveni– té a veure amb la concepció de la maternitat –i per tant, les dones– com un problema per a les empreses. “Si no es veiera la dona com una trava en el mercat laboral, no es potenciarien aquestes fórmules”, considera la representant de les treballadores d’Intersindical, Beatriu Cardona.

Aquesta oferta “reforça la idea que la maternitat és un problema en el mercat de treball per a les dones, tant en el manteniment de l’ocupació com en la promoció interna”, afig Iborra, que ho considera una “invitació a postergar la maternitat”.

El mercat de treball a l’Estat espanyol és menys accessible per a una dona que per a un home, així com també en els salaris la bretxa és evident. A més, encara està estés que les dones són menys productives i rendibles per a una corporació, perquè es queden embarassades o necessiten temps per a la cura dels fills, ancians o persones dependents. Contra aquesta cultura patriarcal, les representants sindicals exigeixen als poders públics i als responsables de les corporacions que impulsen polítiques de conciliació laboral i familiar i que els permisos de paternitat i maternitat siguen obligatoris per a ambdós i intransferibles. “La societat hauria d’implicar-se en els treballs de criança, no continuar sent cosa de dones”, argumenta la responsable d’UGT.

De moment, les organitzacions no prendran mesures contra aquesta pràctica, atesa la seua novetat i que cap de les seues afiliades ho ha denunciat en els sindicats. Però avisen: vigilaran amb lupa que no es vulneren els drets de les dones.

Els milers de usaris de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) tant a València com a Alacant hauran d'armar-se de paciència.

El conflicte que impera entre la direcció de l'empresa pública i els treballadors i que ha donat lloc a la convocatòria d'aturades parcials des del passat mes de març, no té aspecte de resoldre's, almenys a curt o mitjà termini.

El gerent de FGV, Juan Andrés Sánchez, ja va anunciar el passat 16 d'octubre que suspenia les negociacions del conveni col·lectiu fins que es desconvocara la vaga, acusant fins i tot als sindicats convocants (CCOO, UGT, SIF i SCF) d'usar els viatgers d'“ostatges” en les negociacions.

Des de llavors, pràcticament no hi ha hagut converses entre les parts, la qual cosa ha motivat que el comitè de vaga haja presentat aquest mateix dilluns una ampliació del primer calendari d'aturs programat, en què quedaven tres jornades per a finalitzar.

En concret, els últims dies amb aturs parcials que estaven convocats en primera instància són aquest dimecres, dia de Tots els Santos, de 11.00 a 13.00 hores i de 18.30 a 20.30; dissabte 4 de novembre de 9.30 a 11.30 hores i de 19.15 a 21.15 hores; i diumenge 5 de novembre de 10.00 a 12.00 hores i de 18.45 a 20.45. Per a totes aquestes franges hi ha decretats serveis mínims del 50% en hora vall i del 60% en hora punta.

No obstant això, el nou calendari d'aturs presentat estableix 23 noves jornades de vaga, tot perllongant-se fins al 12 de gener, amb especial incidència en la nit de Reis, quan hi haurà aturs de 7.45 a 9.45 hores i de 20.00 fins a la mitjanit.

Sobre la postura de l'empresa de deixar en suspens les negociacions, el portaveu d'UGT, Antonio Soler, ha lamentat la situació en entendre que era possible “un principi d'acord de mínims per a desconvocar els aturs” i ha explicat que no és del gust dels treballadors fer vagues: “Quan es convoca és perquè no queda una altra eixida”.

Segons Soler, la direcció els va demanar “un document amb aquests punts imprescindibles per a desconvocar els aturs i seguir negociant, i just quan estava elaborat per a tractar-ho en una reunió, van anunciar la suspensió de les negociacions”.

Entre aquests punts, figura una exigència per part dels sindicats de més transparència en els processos d'habilitació dels maquinistes i respectar la regulació interna de les jornades de treball, així com el règim sancionador intern de l'empresa. “La nova llei de seguretat estableix sancions de fins a 30.000 euros als treballadors per aspectes que ja estan pactats al si de FGV i que es penalitzen amb dies d'inhabilitació, per tant, no és lògic que ara es vulga aplicar sancions econòmiques”, ha explicat Soler.

La manifestació no serà el 28 d'octubre sinó el 18 de novembre. La gran mobilització ciutadana que, convocada pels sindicats UGT i CCOO, pretén fer sentir la veu dels valencians per a exigir un finançament autonòmic just es retardarà uns dies per a donar temps al fet que s'intensifique la campanya preparatòria i les forces polítiques aproven mocions de suport a la convocatòria en els ajuntaments.

Així s'ha valorat aquest dimecres en una reunió de les centrals convocants amb representants dels partits que recolzen la manifestació. Una marxa de la qual es va despenjar el PP, malgrat les crides a mantenir una acció unitària realitzades des de l'àmbit polític i institucional. La negativa dels populars a participar va fer que la patronal CEV signara un manifest sobre l'assumpte però tampoc convocara.

La manifestació, que ara serà el 18 de novembre, i que s'ha anat allunyant a poc a poc de l'entorn del 9 d'Octubre, com es pretenia al principi, per a allunyar-la de les tensions que genera el conflicte pel referèndum a Catalunya, reivindicarà un canvi de sistema de finançament, “més just per als valencians”, que tal com reconeixen els experts llastra la prestació d'uns serveis públics adequats en sanitat, educació o benestar social i en la línia dels que reben els ciutadans d'altres comunitats autònomes.

Un major nivell d'inversions via pressuposats generals de l'Estat, “amb especial incidència en algunes tan prioritàries com el Corredor Mediterrani; així com un reconeixement del deute històric, són unes altres de les reivindicacions que arreplega la convocatòria. Es tracta d'una crida que ”no va contra ningú, sinó que afecta tothom, independentment de la ideologia que tinga cadascú, ja que és una demanda objectiva“, van argumentar els secretaris generals d'UGT i CCOO del País Valencià, Ismael Sáez i Arturo León, quan van presentar públicament la iniciativa.

La Junta General Extraordinària d'Accionistes celebrada a València ha aprovat aquest matí la fusió entre Bankia i Banc Mare Nonstrum (*MN), l'entitat sorgida de les antigues Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada i Sa Nostra. Del procés ja s'havien anunciant tots els avantatges que suposarà per als accionistes -el 67 % serà de l'Estat- i per a l'entitat, però la trobada d'avui 14 de setembre ha evidenciat que existeix una gran preocupació entre els empleats. Fins a set de les 15 intervencions han sigut dels sindicats o de representants de treballadors que estan aterrits davant un possible Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), com el que es va produir en la unió entre Bancaixa i Caja Madrid.

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha volgut calmar els sindicats i ha assegurat que el procés de fusió serà “modèlic”. El banc destinarà 334 milions d'euros per als ajustos d'ocupació, la integració informàtica d'ambdues entitats i el tancament d'oficines. “Avui és un gran dia per als empleats de Bankia i BMN, perquè naix un banc que té un futur més brillant que abans”, ha explicat Goirigolzarri.

Pilar Valldecabres, representant d'UGT en Bankia, ha apel·lat “a la integritat del Consell d'Administració” perquè “les plantilles que ara s'uneixen han patit ja processos de reestructuració”. Des de CGT han assegurat que preveuen un ERO després de la integració i han criticat que en la fusió “prevalga el benefici a curt termini a millorar la situació dels empleats”. “Tenim constància de la falta de personal”, ha apuntat.

El president de Bankia ha destacat que la fusió amb BMN, que es tancarà en el mes de desembre després de les aprovacions necessàries, permetrà a l'entitat elevar els ingressos bàsics del negoci bancari, al mateix temps que incrementarà un 25% la seua base de clients, fins als més de vuit milions, i possibilitarà “aconseguir posicions de lideratge en mercats de fort creixement” en els quals actualment tenen una presència“. L'entitat eixida d'aquesta operació es consolidarà com el quart banc d'Espanya.

Aurora Martínez, de la Plataforma per una Banca Pública, ha reclamat a Goirigolzarri que “no privatitze l'entitat”. Segons Martínez, “la venda de Bankia recuperarà poc dels diners que es deuen als contribuents” i, en canvi, “un banc públic no especularà amb els diners”. “Cal parar la seua privatització per a frenar l'oligopoli bancari que hi ha a Espanya”, ha assegurat.

Goirigolzarri ha explicat que té un mandat dels accionistes -el 67 % en mans del Govern- que “es basa a generar valor per a retornar les ajudes públiques”. En aquests moments l'entitat té una capitalització d'uns 13.000 milions d'euros i les ajudes que va rebre van ser de més de 22.000. A més, ha afegit el president de Bankia pel que fa als bancs públics: “Utilitzar un banc com a instrument polític de crèdit genera crisis financeres”.

Fonts de Bankia han explicat que després de l'estiu, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha manifestat la seua intenció de vendre part de l'entitat per a recuperar diners per a l'Estat i s'han reprès les converses. Segons fonts coneixedores de l'operació, “tècnicament, es podria vendre entre un 5% i un 12% de les accions”. Amb aquests percentatges, l'Estat continuaria controlant la majoria del banc. El 2014, el Govern va vendre el 7,5 % de Bankia per 1.304 milions, dels quals 134 van anar a parar als contribuents. Molt lluny dels diners rebuts amb el rescat.

La Generalitat i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), la societat que gestionarà la futura televisió pública valenciana, han defensat aquest dimecres en l’Audiència Nacional la legalitat de l’ERO que va acomiadar els 1.600 treballadors de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) el 2014, mesos després del cessament forçós de les emissions. La decisió es va prendre per causes econòmiques i de “força major”

El tribunal dirimeix el recurs de la CGT contra l’expedient de regulació d’ocupació impulsat pel PP al final del 2013. A la denúncia original –a què posteriorment es van adherir la resta dels sindicats amb representació en RTVV a pesar que van signar l’ERO– s’afig la de la successió d’empreses. Els sindicats creuen que la creació de la nova televisió pública vulnera la llei perquè, entre altres coses, no compta amb els empleats de Canal 9 acomiadats.

A més, creuen nul l’acomiadament dels treballadors i inconstitucional la llei que va permetre el tancament de la cadena. El fiscal, informa Efe, dubta que siga així, encara que una altra cosa, ha apuntat, és si es va optar pel “camí correcte” en l’extinció dels contractes. L’acusació pública només s’ha pronunciat en aquest punt.

Els advocats de CGT, CCOO, UGT o Intersindical han defensat que no hi havia motius econòmics per al tancament, que va ser un acte de rebel·lia contra una sentència que va anul·lar l’acomiadament de centenars d’empleats i que l’actual Govern valencià –format pel PSPV-PSOE i Compromís– va actuar de mala fe: va prosseguir amb l’ERO impulsat pel PP quan ja havia decidit crear una altra televisió.

Els advocats de la Generalitat i la CVMC defensen, per contra, que el tancament de RTVV i la creació del nou mitjà públic són legals. L’ERO va ser producte d’una llei aprovada per les Corts Valencianes i va tenir el suport del 70% dels treballadors, que van acceptar indemnitzacions de 35 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats.

Si hi haguera defectes en el procediment, com a màxim es podria declarar improcedent, diuen els lletrats del Govern valencià. La improcedència, a diferència de la nul·litat, la petició sindical, no força la recuperació d’un lloc de treball. Els extreballadors també creuen que la nova televisió va contra la llei: té el mateix propietari, usarà les mateixes instal·lacions, es veurà en la mateixa freqüència i té objectius idèntics. Una successió d’empreses de llibre, argüeixen.

En el costat contrari, els arguments són uns altres: tots els contractes de RTVV s’han resolt i han passat més de tres anys entre el tancament d’una televisió i l’obertura d’una altra. L’advocat de la CVMC ha negat que s’estiguen usant els mitjans tècnics i documentals de RTVV i ha demanat que es traga aqueixa empresa del procés perquè no va intervenir en la decisió d’executar l’ERO.

De fons, la Generalitat planteja que entre el PP –partit que va decidir liquidar Canal 9– i el Govern valencià actual no hi ha cap tipus de connivència per a danyar els creditors o els extreballadors de l’empresa, supòsits que es donen en moltes successions d’empreses.

Els treballadors contra el Consell del Botànic

El judici s’ha iniciat a les 9 del matí, ha quedat vist per a sentència cap a les 3 de la vesprada i ha tingut les declaracions dels negociadors de l’ERO, inspectors de treball, el president de la CVMC, Enrique Soriano o els liquidadors de RTVV. Desenes d’extreballadors de la televisió s’han desplaçat a Madrid, on han criticat el Consell per haver incomplit les seues promeses i no revertir l’ERO del PP.

Els sindicats han sortit als carrers de Barcelona aquest dissabte per reclamar al Govern que inclogui canvis fiscals progressius i més despesa social en els pressupostos que aprovarà el proper 29 de novembre. UGT i CCOO, amb el suport d'un centenar d'entitats socials i de partits com el PSC, Catalunya Sí Que és Pot i la CUP, han demanat a l'Executiu que gravi més a les rendes més altes i, en el capítol de la despesa, inclogui als comptes la Renda garantida de Ciutadania (RGC).

Tot i la demanda sindical, el Govern, pressionat per Convergència, s'ha negat a tocar l'IRPF i l'impost de successions i donacions en la llei de mesures fiscals que acompanya els comptes. Tampoc ha inclòs en els comptes el nou impost als béns de luxe, que es tramitarà al Parlament si la CUP dóna suport als pressupostos. El secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, va argumentar que els canvis fiscals progressius que reclamen, entre altres, els sindicats, no genereban consens suficient . Amb tot, des de l'Executiu han revelat que els comptes pel 2017 inclouran uns 1.000 milions més de despesa social que els del 2015.

Per contra, els sindicats consideren que el Govern podria fer més en els comptes –“Es pot fer ara”, era el lema de la manifestació–, especialment després dels anys de retallades. El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reclamat un “gir” en els pressupostos per “donar resposta” a l'emergència social de part de la ciutadania catalana. Ros ha demanat “fugir” de la prioritat per quadrar els comptes i que el Govern inclogui en els comptes una partida per a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

En la seva intervenció, el líder de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, ha reclamat al Govern que treballi per aconseguir més ingressos entre les rendes més altes, pujant l'IRPF a partir dels 60.000 euros, pujant Successions i Donacions i amb un impost especial a la riquesa. “És possible fer ara una fiscalitat més justa per la Renda Garantida”, ha sentenciat.

En el pla polític, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha considerat que el Govern pot fer “molt més tant en despeses com en ingressos” per afrontar la crisi social. Iceta ha considerat que als comptes catalans “hi ha marge” per alleugerir la càrrega fiscal a les rendes baixes i repercutir-lo en les altes. “Es pot fer ara, no cal esperar a la independència. Volem que el Govern passi de les paraules als fets i sobretot als números”, ha afegit Iceta.

Per la seva banda, el líder de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP), Lluís Rabell, ha aprofundit en les crítiques a Oriol Junqueras de la seva col·lega d'ICV, Marta Ribas, i ha demanat al vicepresident “que escolti el clam de sindicats i entitats socials”. Amb tot, ha assegurat que el seu grup “no té bones sensacions” amb el projecte de pressupostos del Govern, i ha recordat que JxSí i el PP han tombat els intents del Parlament per comprometre l'Executiu en matèria de fiscalitat progressiva. “La primera proposta democràtica és la lluita contra la desigualtat”, ha conclòs Rabell.

També ha participat en la manifestació la diputada de la CUP –el soci parlamentari del Govern–, Mireia Vehí. “Celebrem que el debat pressupostari desbordi el Parlament i els sindicats el portin al carrer”, ha afirmat. Així mateix, ha explicat que el seu grup intentarà acordar amb el Govern uns pressupostos “de ruptura i procés constituent” que incloguin “mesures clares de justícia social i distribució de la riquesa”.

Govern, patronals i sindicats han arribat a un acord aquest dimecres per posar en marxa mecanismes que reactivin l'economia catalana. A falta de disposar de diners, els agents socials i l'Administració han decidit crear tres grups de treball que estudiaran noves vies per reanimar l'economia. En tres mesos aquests grups haurien de presentar informes que serveixin per a marcar les línies estratègiques que ajudin a superar la crisi.

El primer grup de treball se centrarà en qüestions com les polítiques industrials, la recerca i el desenvolupament la manera de facilitar la liquiditat entre les empreses; el segon, girarà entorn a la formació professional i les polítiques actives per a desocupats, i el tercer, posarà la mirada sobre la protecció social dels aturats i, especialment, dels que ja no tenen cap prestació econòmica.

“Un gran acord social”

El conseller d'Ocupació, Felip Puig, ha definit l'acord com un mecanisme “per tirar el país endavant”. Puig n'ha destacat el clima d'entesa i ha assegurat que no busqun “un acord fàcil ni una foto ràpida” i que tampoc volen generar “falses expectatives”. Ha concretat que s'ha parlat del model industrial català, de formació professional i de la simplificació de la burocràcia, entre d'altres qüestions, i que l'objectiu és arribar a “un gran acord social” i que creu que s'ha aconseguit el clima necessari.

Al seu torn, els secretaris generals de CCOO, Joan Carles Gallego, i d'UGT, Josep Maria Àlvarez, han incidit a reclamar que s'han de trencar amb les polítiques de retallades, “l'austericidi”, i que cal avançar cap a polítiques d'inversió que reactivi l'economia. Àlvarez ha reconegut que s'ha produït un “procés d'acostament”, ha matisat que no en surten, encara, amb un paquet d'acords, sinó amb una coincidència en l'anàlisi.

En una reunió sense resultats concrets, els gestos en deixen entreveure el tarannà. Les patronals han sortit satisfetes de la cimera, han posat èmfasi en què cal aportar liquiditat a les empreses. Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball, ha explicat que el seu gran objectiu i compromís és“ crear riquesa i ocupació”.

Totes tres parts han estat plenament d'acord en la necessitat d'aconseguir un sostre de dèficit més ampli per a Catalunya.

Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors han decidit convocar una jornada de mobilització a Catalunya el 23 proper de juny per desbloquejar els convenis col·lectius. L’objectiu és aturar l’ofensiva de la patronal que, segons els líders sindicals, pretén una desregulació massiva de les condicions salarials i laborals.

Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO a Catalunya, ha quantificat en 150 convenis d’àmbit de català o menor i fins a 250 convenis d’àmbit general que afecten a grups de treballadors amb molta presència a Catalunya.

Per al 23 de maig sectors amb especial incidència laboral han convocat vaga: el conveni siderometal·lúric de Catalunya, el de neteja d’edificis i el del lleure educatiu. Aquesta aturada coincidirà amb accions d’àmbit sectorial i d’empresa que s’aniran decidint. “La forma com es realitzin les actuacions es decidirà sectorialment i en reunions unitàries”, ha indicat Gallego. La jornada no es limitarà a accions laborals. Els sindicats convocaran el mateix dia una manifestació per mostrar la repulsa dels ciutadans a la pèrdua de drets que la falta de convenis col·lectius pot suposar.

Abans del 23 de maig, el 16 del mateix mes, els sindicats han convocat una assemblea de delegats a Barcelona, que ha de fixar els detalls de la jornada d’acció decidida per les direccions.

De fet, si el 7 de juliol no ha canviat la situació de tancament de les patronals en relació amb la renovació dels convenis col·lectius, “uns 800.000 treballadors catalans veuran com les seves condicions de treball i de salari decauen de forma dràstica: passaran a cobrar el Salari Mínim Interprofessional i hauran de fer 40 hores. La resta s’hauria de negociar des de zero”, assegura Gallego.

Per la seva banda, Josep Maria Àlvarez, secretari general d’UGT ha remarcat que “la reforma laboral aprovada pel PP i CiU és la culpable de l’atur generalitzat i de la desregulació de contractes. També facilita que si no es negocien els convenis decauen les condicions laborals”. En aquest sentit, ha expresat que “hem intentat negociar un mecanisme que eviti la situació de tensió que ara es produeix. Hem ofert a Foment del Treball una solució que fes que aquells convenis on no hi hagués acord es poguessin tractar a través d’un arbitratge”.

La posició de les patronals sectorials fins ara és evitar la negociació “perquè confien en que quedi tot sense normes i s’obri la porta a una rebaixa brutal de salaris i condicions o es vagi a una individualització de les relacions laborals”.

Però aquesta posició no serà tan fàcil perquè els sindicats majoritaris han decidit que si finalment el 7 de juliol no hi ha convenis s’obrirà un procés de judicialització que pot col·lapsar, encara més, els jutjats.

Els sindicalistes han indicat que la situació de bloqueig també afecta a les persones sense feina. “La pèrdua de drets laborals afectarà, si no ho evitem, aquells que retornin a la feina quan canviï la situació de crisi”. Per tant, reclamen la solidaritat de la població, assalariada i en atur.

La manifestació del sector públic català el passat diumenge contra les retallades i els futurs pressupostos “antisocials” de la Generalitat podria haver estat un bon preludi del “mes de maig calent” que s'anuncia des dels sindicats. En aquest cas era Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO a Catalunya, qui emprava aquesta expressió, acompanyat del seu homòleg d'UGT, Josep Maria Álvarez, per alentar als treballadors catalans a que surtin al carrer el primer 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, per posar fi a les polítiques d'austeritat imposades per Europa i executades pel Govern central i la Generalitat.

Els dos dirigents sindicals han demanat al president Artur Mas que desobeeixi, si cal, el límit del dèficit fixat pel ministeri d'Hisenda, de cara a elaborar uns “pressupostos socials”, en paraules d'Álvarez. Pels sindicats l'única sortida a la situació crítica en què viu instal·lada l'economia catalana i estatal passa per canviar les polítiques de “l'austericidi” per polítiques expansives que serveixin per generar ocupació.

Una vegada més, tant Álvarez com Gallego no han desaprofitat l'ocasió per carregar contra la reforma laboral aprovada pel Govern de Rajoy el curs passat, una mesura que, segons opinen, ha elevat l'atur fins a les “xifres rècord” que es van donar a conèixer la setmana passada: més de 6 milions d'aturats a tot l'Estat; 900.000 a Catalunya.

Immersos en la reivindicació dels drets dels treballadors, i aprofitant el caràcter internacional del dia del treballador, els dirigents sindicals han recordat les “condicions laborals inhumanes” en què es treballa a països com Bangla Desh, on recentment es va esfondrar una fàbrica tèxtil on s'hi ubicava, entre altres, un taller d'una empresa catalana. Gallego y Álvarez han alertat de la importància de “conscienciar” els consumidors perquè evitin comprar en botigues subministrades per material elaborat en aquestes plantes.

Alerta davant la pèrdua de convenis col·lectius

Els secretaris generals d'UGT i CCOO han posat ènfasi en la pèrdua de cobertura del conveni col·lectiu que patiran molts treballadors a partir del 7 de juliol, quan passaran a l'empara únicament de l'Estatut dels Treballadors. Segons els càlculs dels sindicats, 800.000 treballadors seran víctimes d'aquesta mesura al juliol, i la xifra s'incrementaria fins a 1,5 milions finals d'any.

“Hem de desencallar la negociació col·lectiva”, clamava Álvarez, per qui la manifestació de l'1 de maig serà sols un pas més en una lluita que considera difícil, perquè la patronal no en vol saber res. “No estem disposats a perdre aquest dret”, sentenciava Gallego.