José Blanco ha fichado para su lobby al exconsejero de Presidencia del Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez, según han confirmado fuentes socialistas a elDiario.es. Martínez sustituye así en Acento a Antonio Hernando, quien se ha incorporado recientemente como número tres de la Moncloa, después de reconciliarse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuyo equipo ya estuvo durante su primer mandato como secretario general del PSOE.

El exministro y ex secretario de Organización socialista con José Luis Rodríguez Zapatero abrió una consultora tras su salida de la política institucional. Blanco ofrece a otras empresas, entre ellas las del Ibex 35, sus contactos directos con ministros y otros cargos, contactos que había logrado en sus tiempos en la primera línea. El régimen de incompatibilidades se lo permite.

Para afianzar ese perfil, Blanco contó con relevantes nombres no solo de sectores socialistas. Uno de los primeros en incorporarse fue Hernando, uno de sus principales apoyos durante su estancia en Ferraz. Hernando ha regresado ahora a la vera de Sánchez, con quien rompió en el convulso 2016.

Pero además del exportavoz socialista, Blanco también incorporó a Acento a la ex vicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano como Senior Adviser. Valenciano se quedó fuera, al igual que Blanco, de las listas socialistas a las elecciones europeas de 2019 en la candidatura que encabezó Josep Borrell. Junto a Valenciano se incorporó al equipo de la consultora el expresidente del PP vasco y exministro de Sanidad con Mariano Rajoy, Alfonso Alonso.

La salida de Hernando le ha abierto un agujero que Blanco ha taponado rápidamente, según adelantó Dircomfidencial. Guillermo Martínez fue consejero de Presidencia y portavoz del gobierno de Asturias durante los dos mandatos de Javier Fernández, quien fuera además presidente de la gestora que dirigió al PSOE tras el golpe de mano de octubre de 2016 que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez.

Martínez será ahora el director general de Acento, tal y como cuenta él mismo en su perfil de LinkedIn, donde se autodefine así: “Experiencia en liderazgo de equipos, planificación estratégica, comunicación y políticas públicas, habiendo desarrollado distintas responsabilidades en sus niveles local, autonómico y estatal. Gestión del cambio, mejora de procesos y resolución de conflictos”. Hasta ahora, era director de Proyectos y Relaciones Institucionales de LABE Abogados.

La normativa que regula el régimen de incompatibilidades de los servidores públicos permite que diputados, senadores o eurodiputados puedan utilizar sus contactos en las administraciones públicas para sus negocios privados nada más acabar sus mandatos o en el mismo momento que dejen sus escaños. Las leyes avalan, por tanto, que el exministro y 'exnúmero dos' del PSOE, José Blanco, eurodiputado socialista hasta 2019, venda los servicios de su consultora privada Acento a importantes empresas cotizadas, asegurando que tiene contacto directo con los ministros del actual Gobierno de Pedro Sánchez, una práctica que reveló este lunes eldiario.es. 

En las leyes españolas las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese solo están contempladas para los altos cargos de la Administración General del Estado como ministros, secretarios de Estado, subsecretarios o directores generales de empresas públicas. Pero no para exdiputados, exsenadores o exeuroparlamentarios como Blanco, ni tampoco para consejeros de compañías cuyo máximo accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Hace tres semanas, el exministro socialista fue precisamente nombrado consejero independiente de Enagás, una de las empresas participada por el SEPI, y lo fue a iniciativa del ente estatal, tal y como admitió el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero a pesar de que podría darse un conflicto de intereses –Blanco forma parte de una empresa pública dependiente del Gobierno con el que dice poner en contacto a sus clientes–, esa designación tampoco choca con ningún de régimen de incompatibilidades ni le impide ejercer al frente de su grupo de presión, Acento –fundada con el también exdiputado socialista Antonio Hernando y de la que recientemente ha sido nombrado presidente el exlíder del PP vasco Alfonso Alonso–, pese a gozar todavía de influencia en el Ejecutivo.

La normativa de 2015 establece que “los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”, ni “podrán celebrar por sí mismos o a través de entidades participadas por ellos directa o indirectamente en más del diez por ciento, contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la administración pública (...) siempre que guarden relación directa con las funciones que el alto cargo ejercía”.

Los casos de Tejerina y Escolano

Blanco, en todo caso, dejó de ser ministro de Fomento en diciembre de 2011, cuando aún no había sido aprobada la mencionada normativa que limita el ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese. Y en el caso de que hubiera estado en vigor, tan solo le habría impedido su actividad lobbista con la administración pública hasta dos años después, diciembre de 2013.

Recientemente, otra exministra, la popular Isabel García Tejerina, tuvo que esperar a que en junio se cumplieran los dos años de su salida del último Gobierno de Mariano Rajoy para poder incorporarse a otra consultora, EY, con vinculaciones con el sector público, precisamente por el citado régimen de incompatibilidades.

La ley de 2015 abre la puerta a que los altos cargos se incorporen a empresas privadas antes de esos dos años, aunque siempre con permiso de la Oficina de Conflicto de Intereses dependiente del Ministerio de Función Pública, que sí avaló, por ejemplo, que el exministro de Economía Román Escolano –que como Tejerina también dejó su cargo en junio de 2018– fichara por LLyC en 2019.

Acento, la consultora fundada por Blanco y por el también exdiputado socialista Antonio Hernando, ofrece como servicios a las empresas privadas “una interlocución permanente con los poderes públicos y otros stakeholders sobre la regulación y su influencia en las inversiones de la compañía”. En su actividad, Acento también propone como líneas de actuación “facilitar la interlocución entre la compañía y el Gobierno, teniendo en cuenta el valor añadido, las oportunidades y potencialidades de la empresa” o “establecer un diálogo permanente con los responsables de las Administraciones y Ministerios en las iniciativas normativas y legales que puedan afectar a los intereses e inversiones de la compañía”.

De hecho, en los dosieres de la consultora aparecen varios ministros actuales del Gobierno como los interlocutores a nivel estatal a los que tienen acceso tanto Blanco como Hernando, que aparecen como líderes del proyecto. Entre ellos se puede encontrar al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto o la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Las incompatibilidades de los diputados

Pese a que apenas ha transcurrido un año desde que Blanco dejó su escaño en Bruselas, la legislación actual no prohíbe en ningún caso que el exministro pueda utilizar esos contactos en el Gobierno para obtener clientes y realizar gestiones para su consultora privada. Las incompatibilidades de diputados, senadores y europarlamentarios solo están recogidas para el periodo en que los electos ejercen sus responsabilidades en las distintas cámaras.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) se limita a señalar que “el mandato” de los diputados del Parlamento Europeo “se ejercerá en régimen de dedicación absoluta”, y que los europarlamentarios “no podrán percibir con cargo a los presupuestos del sector público estatal, autonómico o local ninguna remuneración, salvo la que, en su caso, pudiera corresponderles por su condición de tales”, ni “formar parte de los órganos colegiados de dirección o consejos de administración de organismos, entes públicos o empresas con participación pública mayoritaria directa o indirecta”.

Asimismo, el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo de 1976, que sigue regulando la actividad de los eurodiputados, establece también incompatibilidades referidas exclusivamente al periodo de mandato.

Pero la normativa solo se refiere al tiempo en el que mantengan sus escaños. Una vez finalizado el mandato, como es el caso de Blanco, existe vía libre para realizar cualquier tipo de actividad privada utilizando la influencia en gobiernos, parlamentos o distintas administraciones públicas.

El ex ministro y ex número dos del PSOE, José Blanco, vende los servicios de su consultora de asuntos públicos Acento a importantes empresas cotizadas asegurando que tiene contacto directo con los ministros del actual Gobierno de Pedro Sánchez. En varios documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es, Blanco hace gala de su capacidad de interlocución con los responsables de las carteras del PSOE en el Ejecutivo de coalición. Hace tres semanas que Blanco fue nombrado consejero independiente de Enagás, cuyo máximo accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la misma vez que al expresident de la Generalitat José Montilla.

El ex ministro creó la consultora el pasado octubre de 2019 junto al ex portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso Antonio Hernando para ofrecer el servicio de lobby a empresas, nombrándose consejero delegado y director general respectivamente. En esta aventura también se embarcó como coordinador de proyectos Esteban González Guitar, hijo del eurodiputado del partido Popular Esteban González Pons. El martes pasado, Blanco anunció el fichaje del ex líder del PP vasco, Alfonso Alonso, como presidente de su consultora.

La documentación de Acento que han recibido varias empresas cotizadas va precedida de una carta firmada por el ex ministro aunque en otras ocasiones se trata de una misiva escrita a mano por el propio Blanco. En los documentos, la empresa ofrece como servicios “una interlocución permanente con los poderes públicos y otros stakeholders sobre la regulación y su influencia en las inversiones de la compañía” mientras que en otras presentaciones se propone como líneas de actuación “facilitar la interlocución entre la compañía y el Gobierno, teniendo en cuenta el valor añadido, las oportunidades y potencialidades de la empresa” o “establecer un diálogo permanente con los responsables de las Administraciones y Ministerios en las iniciativas normativas y legales que puedan afectar a los intereses e inversiones de la compañía”.

En los dosieres a los que ha tenido acceso elDiario.es, tras explicar las actuaciones que puede realizar la consultora frente a las Administraciones Públicas, aparecen varios ministros actuales del Gobierno como los interlocutores a nivel estatal a los que tiene acceso tanto Blanco como Hernando, que aparecen como líderes del proyecto. Entre ellos se puede encontrar al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto o la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, entre otros.

Aunque es cierto que varios ex políticos o personas que han tenido responsabilidades en Gobiernos han sido contratados por consultoras que se dedican al lobby como es el caso de LlyC (Román Escolano y José Luis Ayllón, procedentes de Gobiernos del PP) o Kreab (Eduardo Madina, del PSOE, Miguel Ferre, del PP), hasta ahora no había habido una empresa para ejercer como grupo de presión creada por ex políticos que todavía gozan de influencia en el Ejecutivo: Blanco fue nombrado consejero de la cotizada Enagás a iniciativa del ente estatal SEPI, como admitió el propio Pedro Sánchez.

Varias cartas de los servicios de Acento a empresas del Ibex fueron mandadas con la firma de Blanco pocos días antes de que se conociera su nombramiento como consejero de la compañía energética de gas. El ex ministro asegura que no hay ninguna incompatibilidad por su cargo de consejero independiente en Enagás y su labor como lobista al frente de su compañía.

Desde elDiario.es nos pusimos en contacto con algunos de los ministros del actual Ejecutivo a los que aludía Blanco en sus cartas. La mayoría de los ministros han asegurado que desconocían que el ex número 2 del PSOE estuviera mandando cartas a directivos de empresas cotizadas asegurando que tenía contacto directo con ellos y niegan cualquier trato de favor hacia el ex ministro socialista. Ábalos ha precisado que “nunca ha recibido a nadie recomendado por Blanco” y que los empresarios del Ibex no necesitan intermediación de nadie para hablar con él.

Ante las preguntas de elDiario.es sobre la idoneidad de que un ex ministro de un Gobierno del PSOE y el ex portavoz del grupo socialista en el Congreso trabajen haciendo lobby para las empresas tratando de influir en las decisiones políticas, Blanco se defiende asegurando que “todas las consultoras están cargadas de ex cargos públicos, desde ex ministros del PP a ex altos cargos del PSOE. Los clientes te piden un proceso de negociación, si hay un problema de telecomunicaciones pues habrá que hablar con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, no se trata de decir que tienes influencia sino de quién puede ser el interlocutor”.

Cuando se le insiste sobre que en su caso son ex políticos montando una empresa para ejercer influencia y presentándose con capacidad para “mantener una interlocución permanente con los poderes públicos” o que tienen “contacto directo” con los ministros como se dice en los informes y cartas que envía su empresa, Blanco argumenta que “es mejor hacerlo de forma transparente que de forma opaca, es mejor ofrecer los servicios de una manera transparente que en los reservados de un hotel”, para posteriormente asegurar: “No decimos que tengamos contacto directo, decimos cuando hay un problema quiénes son los interlocutores con los que hay que hablar”.

Respecto al Congreso de los diputados, Blanco reconoce la labor de su empresa en todo el arco parlamentario. “Tenemos conversaciones con todos los grupos en el Congreso, si hay un problema legislativo vas a hablar con todos los grupos políticos, con más razón en estos momentos, porque no hay ningún grupo político que sea hegemónico o mayoritario”.

De hecho, el ex ministro se vanagloria de que su consultora es “muy transversal”, tras la contratación como presidente de la empresa a Alfonso Alonso, ex ministro de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy y ex portavoz del PP en el Congreso.

El último fichaje de Blanco ha sido la ex vicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano como “Senior Adviser”, según se puede leer en la página de la consultora. Valenciano se quedó fuera al igual que Blanco de las listas socialistas a las elecciones europeas del pasado año en la candidatura que encabezó Josep Borrell.

Pese a que Blanco insiste en que no se trata de señalar si se tiene influencia en el ámbito político, en la documentación aportada por Acento se destaca la trayectoria pública del ex ministro y Hernando para liderar los proyectos que se ofrecen a las compañías en bolsa.

Este es el currículum que se puede leer en la documentación de propuestas para las empresas de los dos principales directivos de Acento:

Blanco fue secretario de organización y vicesecretario general del PSOE. Coordinador de campañas electorales. Senador y diputado entre 1989 y 2014. Miembro del Parlamento Europeo especializándose en las áreas de Industria, Innovación y desarrollo tecnológico, energía y propiedad intelectual, siendo ponente de la Directiva de energías renovables. Entre 2009 y 2011 asumió la cartera de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esa etapa presidió el Consejo Europeo de Transportes, gestionando la crisis de controladores aéreos y la provocada por el volcán Eyjafjalla. Durante su último año en el Gobierno fue también ministro portavoz.

Hernando se presenta como licenciado en Derecho y máster en Comercio Internacional. Fue abogado de UGT, secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y asesor del PSOE en diferentes áreas, formando parte de los comités electorales entre 2003 y 2017. Miembro de la dirección del PSOE entre 2008 y 2014, ejerció como secretario de Política Municipal, y Relaciones Institucionales y Política Autonómica. Desde 2014 a 2017 fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Ha sido diputado por Madrid de 2004 a 2019, ejerciendo de portavoz de migraciones, interior y seguridad nacional. Imparte clases en escuelas de negocios y universidades sobre comunicación política, gestión de crisis y procesos de negociación.

El exministro y exnúmero dos del PSOE, José Blanco, ha anunciado este martes que ha fichado al exlíder del PP vasco, Alfonso Alonso, como presidente de la consultora Acento que él y el también exdiputado socialista Antonio Hernando crearon a finales del año pasado.

En una entrevista en Onda Cero, Blanco ha asegurado que Alonso es “una persona muy equilibrada, que analiza muy bien, moderado y que es una persona con la que se puede conformar equipo”. “Estoy muy satisfecho y ha tomado una decisión valiente”. Además, el exdirigente socialista ha señalado que Alonso no quería que se hiciera público su nombramiento hasta después de las elecciones en Euskadi del pasado domingo, en las que su partido, el PP, ha sufrido un fuerte batacazo pasando de los 9 escaños que logró él como candidato en 2016 a los cinco actuales.

Alonso dejó el PP vasco en febrero, cuando el líder del Partido Popular, Pablo Casado, decidió fulminar al que hasta entonces había confirmado como candidato de su partido a lehendakari. En sustitución del entonces líder de los populares vascos Casado recuperaba a Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco entre 1996 y 2004, que se convertía en el enésimo fichaje aznarista del líder de los populares. 

Pero la jugada no le salió bien a Casado, ya que la coalición PP+Cs en Euskadi, la gran apuesta del líder del PP encabezada por Iturgaiz, perdió en las elecciones del domingo cuatro de los nueve escaños que lograron los populares en 2016, cuando se presentaron en solitario y el candidato era Alonso.

Sin hacer un ápice de autocrítica, Casado lamentaba este lunes los resultados electorales de las elecciones vascas. “Hay cifras que hoy no se han escuchado. El parlamento vasco va a tener tres cuartas partes de nacionalistas y batasunos, que o bien piden beneficios penitenciarios o bien pasar página o no condenan 800 asesinatos”, afirmaba.

“Bildu tiene más parlamentarios que todas las fuerzas de representación nacional sumadas. Bildu tiene más diputados que PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox. Algo estará haciendo mal la sociedad española y desde luego algo debemos no empezar a hacer los que estamos en este acto, porque si no sería mejor dedicarse a otra cosa”, sentenciaba. No obstante, no es cierto que Bildu tenga más escaños que la suma de todas esas fuerzas políticas. La formación independentista logró 22 escaños, los mismos que suman las fuerzas no nacionalistas.

La junta de accionistas de Enagás, celebrada este martes de forma telemática en Madrid, ha dado el visto bueno a los nombramientos como consejeros independientes de los exministros socialistas José Blanco y José Montilla, así como el de Cristóbal José Gallego, miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y del El Observatorio Crítico de la Energía, afín a Podemos.

El trámite se ha solventado tras las preguntas de dos accionistas sobre los beneficios que implicará ampliar el consejo de administración de la compañía para dar cabida a sus nuevos vocales (se va a ampliar a 16 miembros, por encima del tope de 15 que recomienda la CNMV), así como por su “aportación específica”, dado que “no tienen experiencia previa en el sector del gas”, y por la reducción del peso de las mujeres en el máximo órgano de gestión que va a provocar su nombramiento, en contra de las recomendaciones de buen gobierno corporativo.

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha defendido que a los elegidos “no les falta experiencia y conocimiento del sector” y ha justificado su nombramiento por la actual crisis. “Nos encontramos ante unas circunstancias excepcionales y con consecuencias difíciles de prever” y esas incorporaciones al máximo órgano de gestión van a permitir “reforzarlo añadiendo al talento del que ya dispone nuevos perfiles adecuados a esta situación”.

Durante su discurso a los accionistas, Llardén ha explicado que, tras el fuerte descenso durante el estado de alarma de la demanda convencional, la que representa mejor la evolución de la economía e incluye el consumo de industria, hogares y pymes (llegó a desplomarse prácticamente un 24% durante el confinamiento), “se está iniciando una recuperación progresiva” y actualmente es un 10% inferior a la de hace un año, un nivel similar al de la electricidad. “Se está recuperando la economía del país a un determinado ritmo pero somos optimistas”.

El ejecutivo ha destacado que durante el estado de alarma el sistema gasista “ha operado con total normalidad a pesar de las condiciones adversas”, sin incidentes reseñables, en un periodo en el que se descargaron 74 barcos metaneros en las regasificadoras españolas, y se inyectó gas en los tres almacenamientos subterráneos que tiene Enagás aprovechando el entorno de precios bajos de esta materia prima.

Llardén ha remarcado el “compromiso con el empleo de calidad” de la empresa, con la incorporación de 83 nuevos profesionales en el primer semestre y la firma de un nuevo convenio colectivo que proporciona un marco laboral estable en un entorno de “incertidumbre”.

La asamblea de la compañía, cuyo mayor accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el 5%, han aprobado también el abono de un dividendo complementario de 0,9304 euros brutos por acción y de otro extraordinario de 0,0296 euros, que se abonará el próximo 9 de julio.

Los expolíticos van a ser mayoría en el consejo de administración de Enagás. La empresa que gestiona la red gasista, cuyo máximo accionista (5%) es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ultima el nombramiento como consejeros del expresidente de la Generalitat de Catalunya y exministro de Industria, José Montilla, y del exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE, José Blanco.

La incorporación en calidad de “independientes” de los socialistas Montilla y Blanco (respectivamente, senador y eurodiputado hasta 2019), junto con el científico Cristóbal Gallego, cercano a Podemos, fue aprobada por el consejo de administración de Enagás el martes y avanzada en la noche de ayer por Crónica Global. Enagás, que todavía no ha comunicado los nombramientos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no ha querido hacer comentarios al respecto.

Montilla era ministro de Industria cuando, en 2006, el actual presidente de esta compañía del Ibex, Antonio Llardén (considerado cercano al PSC), fue nombrado consejero de Enagás, entonces en representación de Gas Natural, de la que había sido alto directivo, si bien Llardén no fue nombrado presidente hasta 2007, cuando Montilla ya era presidente catalán y la cartera de Industria estaba en manos de Joan Clos.

Por su parte, Blanco fue desde julio de 2008 hasta febrero de 2012 vicesecretario general del PSOE, y entre abril de 2009 y diciembre de 2011, ministro de Fomento. Entre 2014 y 2019 fue diputado en el Parlamento Europeo, donde se encargó de dirigir la negociación de la Directiva de Renovables como miembro del equipo del Parlamento Europeo.

El tercer fichaje de Enagás, Cristóbal Gallego, es doctor Ingeniero Aeronáutico, investigador en energía eólica y miembro del Observatorio Crítico de la Energía. Fue el experto designado por Podemos para el informe de la Comisión de Expertos sobre transición energética encargado en 2017.

Con el aterrizaje de Blanco y Montilla, los expolíticos van a ser mayoritarios en el consejo de administración de Enagás, cuyo número de miembros se va a incrementar hasta 15, en el límite que recomienda el código de buen gobierno de la CNMV. Ese elevado peso de antiguos altos cargos no tiene parangón en la bolsa española y coincide con un momento de elevada incertidumbre para el sector gasista ante el proceso de transición energética.

Otros cinco del PP

Esos dos ex pesos pesados del socialismo van a coincidir en el consejo de Enagás con otros cinco expolíticos del PP que recalaron en el grupo durante la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa. El consejero delegado de Enagás es Marcelino Oreja, hijo del excomisario europeo y antiguo eurodiputado popular, que fue fichado en 2012. Tras él se incorporaron en 2014 los consejeros independientes Antonio Hernández Mancha, ex presidente de Alianza Popular; la exministra de Exteriores Ana Palacio; la exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino; y la exviceconsejera de Hacienda del Gobierno canario Rosa Rodríguez.

A ellos se suma el economista Santiago Ferrer, ex diputado en el Parlamento de Baleares por Formentera y conseller de Hacienda en el Consell de Ibiza y Formentera, que se incorporó en 2018 y que hace años encabezó las listas de la Coalició d'Organitzacions Progressistes de Formentera (C.O.P.).

En el máximo órgano de gestión de Enagás hay otros dos vocales independientes que, sin haber ocupado cargos políticos, también son considerados muy cercanos al PP: el expresidente del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia Gonzalo Solana y el abogado del Estado Ignacio Grangel, que fue asesor en el Ministerio de Industria durante el primer gobierno de Mariano Rajoy y después fue recolocado por los populares, sucesivamente, en Red Eléctrica, Omel y Enagás.

“Hay dos tipos de comisiones de investigación, las que se reúnen con un esfuerzo para llegar a acuerdos y las que parece que esto es imposible”. Así presentó la semana pasada el trabajo que él mismo tiene por delante Feliu Guillaumes, diputado del PDeCAT, como presidente de la comisión de investigación política en el Congreso sobre el accidente de Angrois. En su intervención inicial en la constitución de la comisión, medio año después de su aprobación por el Pleno del Congreso, Guillaumes mostró su temor a que ésta sea una comisión de las primeras, por lo que apeló a todos sus integrantes a conseguir el mayor número de consensos posibles porque eso contribuirá a “salvar vidas” evitando que vuelva a ocurrir otro accidente como el que el 24 de julio de 2013 dejó 80 muertos y 144 heridos a las puertas de Santiago al descarrilar un tren Alvia.

Junto con Guillaumes, la comisión, que se dio un mes para que cada grupo aporte sus peticiones de comparecientes y documentación a estudiar, está formada por otros 15 diputados y diputadas, de los que 11 son hombres y 4 mujeres. Cuatro de ellos son gallegos, y también cuatro de ellos tienen formación en ingeniería o riesgos laborales, mientras que otros cinco son licenciados en Derecho. Pero no serán las cuestiones técnicas ni las penales las que se analicen en el Congreso.

Las cuestiones técnicas ya fueron analizadas por el Ministerio de Fomento en un informe que concluyó haciendo responsable del siniestro al maquinista, por no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois a pesar de que no había activo ningún sistema que evitase o paliase el previsible error humano. Tanto la Justicia como la Unión Europea concluyeron que aquella investigación técnica fue incorrecta. Las cuestiones penales están siendo dirimidas en el juzgado y tienen actualmente el foco sobre quienes eran directores de Seguridad en la Circulación de Adif y Renfe, Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares, respectivamente, como máximos responsables de habilitar medidas de seguridad en la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el siniestro.

Tras el accidente, cuando PSOE y PP rechazaban crear una comisión de investigación política por el miedo a que salpicase la gestión como ministros de Fomento de José Blanco y Ana Pastor, en el cargo respectivamente cuando se inauguró el AVE Ourense-Santiago y cuando ocurrió el siniestro, ya se celebró en el Congreso una subcomisión de análisis y mejora del sistema ferroviario en general que emitió sus conclusiones a mediados de 2015. En ella se realizaron todo tipo de recomendaciones, y en materia de seguridad se estableció que la red española es segura pero que aún lo podría ser más y sería deseable que el coste de sus mejoras se adecue al volumen de tráfico de cada línea.

Pero aquella subcomisión de estudio, en la que participaron dos diputados del PP también presentes ahora en esta comisión de investigación (el ourensano Celso Delgado y la granadina Concepción de Santa Ana) no ahondó en la gestación política del AVE Ourense-Santiago ni en la gestión posterior del accidente, que es lo que ahora tienen que abordar estos 16 miembros de la denominada “Comisión de investigación del accidente ferroviario ocurrido en Santiago”. En ella Guillaumes será el encargado de coordinar y poner orden en las sesiones, pero los votos de sus integrantes estarán ponderados en función del número total de diputados de sus respectivos partidos en el Pleno del Congreso.

Integrantes de la comisión

Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (1962): Presidente de la comisión. Diputado del PDeCAT por Barcelona integrado en el Grupo Mixto. Funcionario licenciado en Filosofía y Letras. Durante la subcomisión de estudio del sistema ferroviario CiU, antecesora del PDeCAT, representada entonces por Pere Macias, se había mostrado crítica con la investigación oficial de Fomento.

César Joaquín Ramos Esteban (1975): Vicepresidente primero de la comisión. Diputado del PSOE por Cáceres. Ingeniero técnico industrial con un máster en riesgos laborales.

José Alberto Herrero Bono (1978): Vicepresidente segundo de la comisión. Diputado del PP por Teruel. Ingeniero industrial con un máster en riesgos laborales.

Antonio Gómez-Reino Varela (1980): Secretario primero de la comisión. Diputado de Unidos Podemos-En Marea por A Coruña. Activista social.

María de la Concepción de Santa Ana Fernández (1973): Secretaria segunda de la comisión. Diputada del PP por Granada. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Fue vocal en la subcomisión de análisis del sistema ferroviario.

Celso Luis Delgado Arce (1958): Vocal. Diputado del PP por Ourense. Licenciado en Derecho. Fue vocal en la subcomisión de análisis del sistema ferroviario y presidente de la comisión de Fomento. Es desde hace años el diputado del PP gallego en Madrid a cargo de los asuntos relacionados con el AVE.

Miguel Barrachina Ros (1969): Vocal. Diputado del PP por Castellón. Economista.

Odón Elorza González (1955): Vocal. Diputado del PSOE por Guipúzcoa. Licenciado en Derecho. Fue alcalde de Donostia durante dos décadas y es uno de los principales responsables del cambio de postura del PSOE sobre la necesidad de la comisión de investigación.

Pilar Cancela Rodríguez (1967): Vocal. Diputada del PSOE por A Coruña. Licenciada en Derecho con un título superior en riesgos laborales. Fue secretaria de Organización y presidenta de la gestora del PSdeG y personificó la rectificación de su formación al aceptar la creación de la comisión de investigación.

Alexandra Fernández Gómez (1988): Vocal. Diputada de Unidos Podemos-En Marea por Pontevedra. Formación en arquitectura y urbanismo. Fue la encargada en su grupo de encabezar las reiteradas peticiones de las víctimas para crear la comisión de investigación, como en el pasado habían hecho BNG e Izquierda Unida.

Ana Marcello Santos (1984): Vocal. Diputada de Unidos Podemos por León. Trabajadora social.

Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (1962): Vocal. Diputado de Ciudadanos por Baleares. Licenciado en Derecho.

Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (1968): Vocal. Diputado de Ciudadanos por Murcia. Economista.

Gabriel Rufián Romero (1982): Vocal. Diputado de Esquerra Republicana por Barcelona. Diplomado en Relaciones Laborales.

Íñigo Barandiaran Benito (1959): Vocal. Diputado del PNV por Guipúzcoa. Licenciado en Derecho.

Isidro Manuel Martínez Oblanca (1956): Vocal. Diputado de Foro Asturias integrado en el Grupo Mixto. Diplomado en Enfermería.

“Yo sólo tomé una decisión política, la de garantizar los recursos necesarios para que se hiciese el AVE”. Esa fue la explicación que ofreció este martes en Bruselas el exministro de Fomento del PSOE y ahora eurodiputado, José Blanco, cuando fue preguntado por la reclamación de las víctimas del accidente de Angrois para que comparezca en la comisión de investigación política sobre el siniestro que se va a desarrollar en el Congreso de los Diputados. La pregunta partió de un grupo de periodistas desplazados a Bruselas por la Comisión Europea y el Eje Atlántico de ciudades de Galicia y el Norte de Portugal en el marco de una reunión con eurodiputados de la eurorregión para conocer su trabajo comunitario.

La argumentación que viene ofreciendo Blanco sobre sus posibles responsabilidades políticas en el accidente de Angrois es la de que, como ministro, él sólo decidió que el AVE gallego fuese una prioridad para el Gobierno. “Otro tipo de decisiones que se fuesen adoptando con criterios técnicos o no” sobre la concreción de esa decisión política, dice Blanco, no son responsabilidad suya sino de quien las tomase.

Sobre la propia creación de la comisión de investigación política en el Congreso, Blanco negó que viniera rechazándola hasta ahora “por temor” y aseguró que lo hacía “por coherencia”. Según el socialista, su postura, tanto en el caso de Angrois como en cualquier otro, es la de que “entre tanto haya un proceso judicial en marcha, no debería haber una comisión” política paralela.

Los propios socialistas argumentan de manera oficial que su cambio de postura se debió a la aparición de nuevos datos en la investigación judicial. Sin embargo, otras fuentes ligan el cambio a los cambios en la propia dirección del PSOE tras la vuelta a la secretaría general de Pedro Sánchez. Un argumento que se vería reforzado por el hecho de que no hay grandes novedades en la instrucción judicial en los últimos años sino que los defectos de seguridad que ya se conocían ahora sí son consideradas relevantes.

Hace año y medio, el mundo dio un paso adelante en su compromiso con la lucha contra el cambio climático. El acuerdo de París no solo logró poner de acuerdo en un objetivo común a casi 200 países, sino que lo hizo sumando a los mayores emisores mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) –China, Estados Unidos, la India– mediante contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, voluntariamente asumidas por las partes.

Como dijo Barack Obama tras ratificarlo, el acuerdo de París constituye un “avance significativo” y “la mejor oportunidad” para enfrentar la lucha contra el cambio climático.

Lamentablemente, la deriva en que ha entrado la Administración estadounidense bajo la Presidencia de Donald Trump no hace presagiar nada bueno. No se trata únicamente de que la visión de Trump sobre el mayor problema que enfrenta el planeta se mueva entre el negacionismo –cuando habla, por ejemplo, de “los cuentacuentos del calentamiento global”– y la conspiranoia –cuando afirma que “el calentamiento global fue creado por y para los chinos”–. Lo verdaderamente grave es que las decisiones del presidente Trump avanzan en la misma línea.

Y si preocupante era el hecho de haber nombrado a un negacionista como responsable de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, o que hace escasas semanas hubiera presentado unos presupuestos federales que recortan en casi un tercio los fondos de la misma, o sus medidas para desmantelar el “Clean Power Plan” de Obama, todas las alarmas han saltado tras la última cumbre del G-7, cuando se ha constatado que efectivamente, tal y como había prometido en campaña, está valorando retirar a Estados Unidos del acuerdo.

Causa escalofríos leer el párrafo 32 de la declaración de Taormina, en que se reconoce que “los Estados Unidos de América están en proceso de revisión de sus políticas sobre cambio climático y sobre el Acuerdo de París y, por tanto, no están en posición de unirse al consenso sobre esta materia”. Triste es tener que admitir que Merkel no se equivocaba al afirmar este fin de semana que Estados Unidos ha dejado de ser un socio fiable. Y nada menos que en un ámbito en el que el mundo se juega su propia supervivencia. Como si el cambio climático conociera fronteras…

Afortunadamente, el rechazo de Trump no ha impedido la ratificación del “fuerte compromiso” por parte de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y las instituciones europeas con una rápida implementación del Acuerdo.

Ese es el papel que debe jugar Europa. Si en algo hemos destacado ha sido, precisamente, en servir de ejemplo para el resto del mundo en materia de lucha contra el cambio climático hasta el punto de que podemos afirmar que la descarbonización de nuestra economía no es un sueño inalcanzable, sino una posibilidad al alcance de la mano.

Precisamente, el Parlamento Europeo y el Consejo nos encontramos en pleno debate de las propuestas sobre energía limpia presentadas por la Comisión Europea a finales de noviembre. Medidas que buscan diseñar el sistema energético europeo para la próxima década, y que deben conducir a la UE a liderar la transición energética, reduciendo nuestras emisiones de GEI en, al menos, un 40% para 2030.

Dentro de ellas, juega un papel clave la nueva directiva de energías renovables con la que Europa aspira a recuperar su liderazgo no solo en la promoción y desarrollo de potencia instalada, sino también en capacidad para proveer y exportar tecnología por parte de las compañías europeas. Sin embargo, hay que lamentar que el objetivo del 27% propuesto por la Comisión es a todas luces insuficiente para cumplir lo acordado en París.

Como ponente del Parlamento Europeo para la propuesta de Directiva de renovables, he propuesto, entre otras modificaciones, elevar la cuota de energías renovables al 35% para 2030. Y lo he hecho por varios motivos:

En primer lugar, porque el desafío de limitar el aumento global de la temperatura media a 1,5°C marcado en el acuerdo de París exige esfuerzos adicionales. En segundo lugar, porque el objetivo propuesto por la Comisión apenas varía del escenario tendencial, por lo que no incentivará la inversión en tecnologías renovables, ni ayudará a la Unión a cumplir sus metas de descarbonización. Y, en tercer lugar, debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda la bajada de costes de las tecnologías más maduras de producción de energía renovable, para que la Unión se abastezca de una energía más limpia segura, asequible, autóctona y generadora de empleo de calidad.

Pero de nada sirve un objetivo si no se vincula a quienes deben alcanzarlo. Si algo nos ha enseñado la directiva vigente es que la Unión está en vías de cumplir los objetivos marcados para 2020 precisamente por la existencia de objetivos vinculantes para cada Estado miembro. Por ello, he propuesto restablecer los objetivos nacionales vinculantes en el nuevo escenario a 2030, correspondiéndole a España una cuota del 36%. Desde luego, no reimplantarlos tendría un impacto lesivo en el fuerte crecimiento que han venido experimentando las renovables, reduciendo significativamente la seguridad, la confianza y los incentivos para invertir.

Y, hablando de seguridad, es necesario impedir cualquier tentación de retroactividad regulatoria, como ha sucedido en España, donde los cambios impulsados por el Gobierno no solo han provocado pérdida de confianza e inseguridad en el sector de las energías renovables y falta de acceso a la financiación para nuevas instalaciones, sino también un alto coste para las arcas públicas, que podría ir a más de continuar sufriendo varapalos como el reciente laudo del Ciadi.

Mi propuesta, por tanto, trata de fortalecer las previsiones introducidas por la propia Comisión Europea para evitar las fisuras por las que puedan continuar dándose cambios regulatorios retroactivos, estableciendo llegado el caso el derecho a recibir una compensación adecuada ante cambios como los sufridos en el régimen retributivo a las renovables, que ha llevado a la ruina a miles de ciudadanos en España.

Igualmente, es necesario fomentar el autoconsumo de energías renovables y, para lograrlo, debe impedirse que los autoconsumidores sean discriminados o se enfrenten a procedimientos o cargos desproporcionados de todo lo cual, nuevamente, el impuesto al sol del Gobierno es claro y triste ejemplo. Para evitarlo, mi propuesta incide en que los Estados miembros no deben someter la energía autoconsumida a impuestos o gravámenes de ningún tipo, siempre y cuando la energía producida permanezca fuera de la red.  

Son solo algunos ejemplos, ejemplos concretos, de lo que se puede poner en marcha para hacer realidad los acuerdos alcanzados en París. Acuerdos posibles, realizables, incluso sin el concurso de naciones tan poderosas como los Estados Unidos. No es, desde luego, lo deseable, pero nada de ello puede hacernos desfallecer en nuestros compromisos. Ni como europeos, ni como españoles. Y sí, España debe demostrar compromiso. El Gobierno debe demostrar si quiere ser motor del cambio hacia una energía limpia o freno, como ha venido haciendo en el Consejo.

Sinceramente, no nos lo podemos permitir ni ambientalmente –nuestro país está en primera línea de fuego de los efectos adversos del cambio climático–, ni económicamente –perderíamos la oportunidad de generar crecimiento y empleo en sectores de actividad de altísima cualificación–. No es momento de construir muros, sino de retirar barreras y abrir las puertas a la transición energética. El tiempo se agota.

El Tribunal Supremo establece que regalar botellas de 800 euros a políticos en ejercicio por parte de un empresario imputado en un caso de corrupción es una práctica que no comporta “ilícito penal alguno” y que debe enmarcarse en la “mera cortesía”. Lo acaba de poner por escrito la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en un auto dictado el pasado 17 de marzo y en el que rechaza la petición de una juez de instrucción de Lugo, Pilar de Lara, para investigar por cohecho impropio al exministro socialista José Blanco y al actual portavoz del PP en el Senado Xosé Manuel Barreiro, así como al compañero de partido de este en la Cámara Alta, José Antonio De las Heras.

En sus razonamientos jurídicos, la Sala del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, no duda de que estos tres políticos recibieron durante sucesivas navidades del empresario del transporte, Raúl López –propietario de la empresa Monbús, e involucrado en diversos casos de corrupción– varios lotes de vino de lujo, tal y como constató en un prolijo informe el Servicio de Vigilancia Aduanera. Pero el tribunal concluye –aunque Monbus recibiese contratos de distintas administraciones durante la década en que realizó estos regalos a distintos cargos institucionales– que no se puede probar una relación causal entre las concesiones de la empresa y las dádivas que su dueño, Rául López, realizó a diversos dirigentes políticos.

En el caso del político socialista José Blanco, quien recibió paquetes desde 2008 siempre durante las fechas navideñas, el lote que le llegaba mermó desde las cuatro botellas (por importe de 858 y 878 euros respectivamente) durante los ejercicios 2010 y 2011 cuando era ministro, al paquete de tres vinos (684 euros) que Monbús le mandó el año siguiente, una vez que el PP obtuvo mayoría absoluta. La caída del Gobierno de Zapatero rebajó la categoría de los obsequios a Blanco en la clasificación de Monbús que pasaron de regalo “vip” a regalo muy bueno en la lista de decenas de receptores que manejaba la empresa.

El auto del Supremo establece, en contra del criterio de la jueza instructora, que los envíos no constituyen “un delito de cohecho impropio” sino que se trata de “regalos navideños que responden a actos de cortesía y que no comprometieron la imparcialidad de los aforados en el ejercicio de las funciones públicas”.

El alto tribunal esgrime las concesiones que el empresario había recibido de Fomento antes de que José Blanco llegase al ministerio y deslinda los obsequios de los contratos recibidos durante su etapa al frente de esa cartera.

En el caso de Barreiro, Monbús remitió al cargo del PP botellas de Vega Sicilia cuando era portavoz de la oposición en la Diputación de Lugo y el ayuntamiento de la capital, donde la empresa de transportes gestionaba los autobuses urbanos. Sus lotes eran inferiores en valor: Vega Sicilia por 502,68 en el ejercicio 2010, así como otros paquetes que no identifica. El Supremo determina que por la naturaleza de los regalos y su valor no puede considerarse “excesivo, ya que se encuentra dentro del marco de la adecuación social en los regalos navideños y carece de entidad para influir en el ejercicio de la función pública”.

El mismo razonamiento lo emplea el tribunal para descartar cualquier atisbo de delito en la aceptación de otro paquete, cuyo contenido y precio se ignora, por parte del dirigente del PP José Antonio De las Heras, y lo desliga de la concesión del transporte que el Ayuntamiento de Guadalajara donde era concejal, otorgó a la empresa Monbús. El auto recuerda que al año siguiente del obsequio no le fue renovado el contrato para la gestión de los buses en Guadalajara.

El criterio del Supremo contradice toda la instrucción de la llamada operación Cóndor en la que la juez del caso, Pilar de Lara, estableció un límite de 400 euros para distiguir lo que son meras cortesías de los sobornos. Por encima de ese importe, Pilar de Lara decidió imputar a 24 dirigentes, entre ellos el expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán, o el que fue máximo responsable de Aena con el PSOE José Ignacio Lema Devesa. Ambos siguen imputados por aceptar esas mismas dádivas de las sociedades de Raúl López.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aún debe pronunciarse sobre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo– que recibió en su domicilio particular envíos de Vega Sicilia también por parte de Monbús, un habitual de las concesiones de su Gobierno– y su vicepresidente Alfonso Rueda, por el mismo motivo.

La jueza de Lugo Pilar de Lara dejó la decisión en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el competente para juzgarlos, después de que la fiscalía cambiase de criterio y decidiese no acusar a ambos altos cargos del Gobierno autónomo.

El empresario lucense Raúl López, presidente del grupo de transportes Monbus, agasajó durante una década políticos de todo signo con vinos de alta gama. El principal punto en común entre los dirigentes obsequiados era estar relacionados, en diferentes grados, con Administraciones de todo el Estado que contrataban con sus empresas de transporte. En el marco de la Operación Cóndor, en la que el empresario es investigado por supuestos delitos fiscales, de blanqueo, tráfico de influencias y cohecho, la magistrada de los juzgados de Lugo Pilar de Lara consideró que algunos de los políticos receptores de los regalos, como el presidente de la Xunta, el exministro del PSOE José Blanco o el actual portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, podrían haber cometido también delitos de cohecho. Así lo trasladó, en el caso de Barreiro y Blanco, al Tribunal Supremo -ambos son aforados-, que acaba de archivar al asunto al no apreciar delito alguno.

En un auto dictado el pasado 17 de marzo la sala de lo Penal del Tribunal Supremo analiza la exposición razonada remitida por De Lara, apoyada a su vez en informes de Vigilancia Aduanera, según la cual Blanco, Barreiro y el también senador popular castellano-manchego José Antonio de las Heras, habían recibido envíos de vinos Vega Sicilia que superaban los límites de la “mera cortesía” por tener un importe superior a los 400 euros, en el que la jueza fijó el umbral de la “relevancia penal” de este tipo de conductas. Concretamente, indicaba, en las anotaciones de Monbús figuraban envíos de botellas por algo más de 1.700 euros, y para Barreiro, de más de 1.000.

El alto tribunal cita diversa jurisprudencia ligada a la aplicación del artículo 422 del Código Penal -el que tipifica el cohecho impropio- y concluye en su auto que los envíos de Monbus no encajan en el mismo. Estas botellas de vino, señala, eran “regalos navideños” que “responden a actos de cortesía y que no comprometieron la imparcialidad” de Blanco, actual eurodiputado, ni la de Barreiro, que en la fecha de los envíos era cabeza visible del PP en el Ayuntamiento y en la Diputación de Lugo.

Así, indica el auto, en las fechas del primer envío remitido a Blanco -de contenido “desconocido”-, el socialista todavía no era ministro de Fomento y Monbus ya había sido adjudicataria de contratos del Ministerio. Además, agrega, Blanco fue destinatario de botellas de Monbus también en 2012, cuando, “con independencia de que devolviera el regalo”, lo cierto es que ya no era ministro y carecía de competencias para adjudicar contratos a Monbus. En el caso de Barreiro los jueces del Supremo advierten que no existe “ninguna conexión causal” entre su papel en la oposición municipal y provincial en Lugo y los regalos.

Más allá de los casos concretos los magistrados del alto tribunal concluyen que los Vega Sicilia enviados “carecen de entidad para influir en el ejercicio de la función pública” y no hay más “indicios” de la “relación causal exigida” para poder apreciar un delito que el hecho “evidente” de que Blanco, Barreiro y De las Heras “eran cargos públicos cuando se remitieron las botellas de vino”. En este contexto, el Supremo concluye que procede “archivar las actuaciones” al no existir “hechos constitutivos de ilícito penal alguno” y agrega además que “carece de sentido” atender a la “pretensión” de la jueza De Lara, que pedía al Tribunal que fijara “una cuantía para establecer la diferencia entre ilícito penal y reproche ético”.

Los magistrados explicitan, de este modo, que se adhieren al criterio del fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, que tras pedir opinión a la Fiscalía Superior de Galicia y a la Fiscalía General del Estado concluyó que en el caso de los envíos de vino de Monbus a políticos no cabía “otra solución que el archivo de los procedimientos”, al tratarse de hechos “sin relevancia penal”. No concordaba, así, con De Lara ni con el parecer de otro fiscal de Lugo, Jesús Álvarez, que sí observó “indicios consistentes” de presunto cohecho y apoyó que De Lara siguiera adelante.

Una vez conocido el archivo de la causa referirda a Blanco, Barreiro y De las Heras en el Supremo resta saber el destino que correrán las peticiones de De Lara referidas a otros políticos en este caso. No en vano, la magistrada pidió al Tribunal Superior de Justicia de Galicia que investigue por el mismo motivo a, entre otros, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, así como al vicepresidente, Alfonso Rueda, y al exportavoz de infraestructuras del PPdeG en el Parlamento, Alejandro Gómez.

El exdirigente de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias, ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que nunca más asistirá a un Comité Federal del PSOE dirigido por un “tipo” que, según él, “zanja el debate así: ”los Estatutos los interpreto yo porque los hice yo“.

La persona a la que se refiere Pérez Tapias es el exministro José Blanco, presidente de la mesa del Comité Federal del PSOE y quien, según fuentes presentes en la reunión, habría impedido que se votase su propuesta de calendario, distinta a la de la dirección provisional del partido. El exdirigente de Izquierda Socialista pretendía adelantar la batalla por el liderazgo del PSOE a principios de marzo y celebrar el Congreso los días 8 y 9 de abril.

Finalmente, el PSOE ha aprobado este sábado que durante los días 17 y 18 de junio (tal y como había propuesto la gestora) se celebre el Congreso que resolverá la nueva dirección general.

El empresario lucense Raúl López, propietario del grupo Monbus, que controla más de la mitad de las rutas de autobús de España, envió durante la última década botellas de vino de alta gama y otros regalos por Navidad a más de un centenar de políticos de diversos partidos y con un punto en común: estar relacionados con Administraciones de todo el Estado que contrataban a sus empresas de transporte. Entre ellos figura el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el exministro socialista José Blanco. Muchos de los agasajados rechazaron los regalos cuando las empresas de mensajería se los fueron a entregar o los devolvieron poco después, otros los recibieron y en algunos no consta el destino final del obsequio.

Así lo plasmaron agentes de Vigilancia Aduanera en un informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, entregado el pasado abril a la jueza de Lugo Pilar de Lara, que instruye el caso Cóndor, en el que investiga a López por supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales, además de tráfico de influencias y el propio cohecho. La magistrada ya ha elevado exposiciones razonadas al respecto al menos ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por afectar los listados a algunos políticos aforados de ámbito autonómico y estatal sin que por el momento haya habido decisión sobre su admisión a trámite.

Según los agentes, entre 2006 y marzo de 2015, cuando fue detenido en el marco de la operación Cóndor, Raúl López encargó numerosos regalos a dos distribuidoras de bebidas, una de ropa y complementos y dos bodegas por importes que suman cerca de medio millón de euros. La media de 50.000 euros en regalos al año se vio superada especialmente en 2010 y 2011, mientras que decayó en los años iniciales y finales del período investigado. La mayoría de los obsequios eran botellas de vino de alta gama que López hacía llegar a través de empresas de mensajería no a los puestos de trabajo de los políticos y técnicos, sino a sus domicilios particulares, donde a priori resultan de más difícil aplicación los códigos éticos de partidos y Administraciones o incluso las cautelas al respecto de cada uno de los agasajados.

Los lotes de regalos presentaban una graduación según la importancia otorgada a cada político por el empresario quien, siempre según la investigación, llevaba personalmente el control de los encargos. De este modo, por ejemplo, en 2011 el denominado “Lote VIP” contratado por López con una de las distribuidoras de bebidas estaba compuesto por cuatro botellas de Vega Sicilia Único y otras cuatro de Alión valoradas en un total de 878,16 euros. Ese mismo año el lote de segunda categoría, denominado “Lote muy bueno”, estaba formado por tres botellas de Vega Sicilia Único valoradas en un total de 517,55 euros. Los investigadores reflejan también un denominado “Lote gallego” formado por doce botellas de vinos gallegos valoradas en 226,36 euros.

El informe de Vigilancia Aduanera recoge los nombres y cargos de más de un centenar de políticos y algunos técnicos y militares relacionados con administraciones que contrataban con Monbus a los que Raúl López remitió los regalos. Muchos de esos cargos no se dejaban agasajar y devolvían los regalos, pero el informe de Vigilancia Aduanera, como viene ocurriendo en muchas de sus investigaciones para la jueza Pilar de Lara -que suele emplear este cuerpo como policía judicial-, no es sistemático, no refleja el destino final de todos los regalos y ni siquiera certifica en todos los casos que llegaran a los destinatarios, sólo que López tenía intención de enviarlos.

En muchas ocasiones no se indica quién recogió el paquete, mientras que en otros casos sólo se indica que este fue recogido por algún familiar o asistente doméstico y no hay constancia de si le llegó finalmente al político al que iba destinado. Además, hay algún caso en el que el político devolvió el regalo días después de recibirlo y se aprecian, además, errores en referencias a algunas de las direcciones. Igualmente, en otros tramos del informe figuran nombres de políticos señalados por López encontrados en los registros que no aparecen en el listado de agasajados elaborado por Vigilancia Aduanera.

Gobernantes de signo diverso

Los listados de destinatarios de regalos anexos al informe de Vigilancia Aduanera recogen nombres de políticos de signo diverso que, según la documentación, entraban entre los objetivos de los regalos de López al ejercer ellos o sus partidos responsabilidades de gobierno. Entre los nombres más significativos del listado de Vigilancia Aduanera figuran el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el exministro de Fomento José Blanco, pero también altos cargos del anterior gobierno bipartito de la Xunta, así como antiguos miembros del Parlamento de Galicia y exediles de corporaciones municipales como Santiago y Lugo, tanto de sus gobiernos como de la oposición dentro del período investigado, que alcanza a tres mandatos municipales y otras tantas legislaturas autonómicas.

En el caso de Blanco, los agentes identifican seis envíos de regalos por parte de Raúl López entre los años 2008 y 2013, de los cuales sólo tienen constancia de que fueran efectivamente entregados en su domicilio particular los de los años 2010 a 2012, valorados entre 684 y 858 euros. Sin embargo, el informe refleja que Blanco devolvió al menos el de 2012. López también hizo envíos similares al domicilio particular de Feijóo esos mismos seis años, por importes que oscilaron entre 517 y 670 euros. El informe refleja que los seis envíos  fueron entregados, pero en tres de ellos no figura el nombre del supuesto receptor y los otros tres fueron recogidos por dos familiares del presidente gallego y una tercera persona.

Contactado por este diario, Blanco no ha querido hacer declaraciones. Desde el equipo de Feijóo se ha señalado que no pueden corroborar la recepción o no de esos regalos argumentando que carecen de comunicación oficial sobre la investigación judicial. También señalan que, de haberse recibido, se encuadrarían bajo el concepto de cortesía protocolaria o institucional, pero no entran a valorar su importe ni el hecho de ser enviados al domicilio particular. El Gobierno gallego destaca que para evitar estas situaciones es por lo que aprobó en 2014 un código ético que limita a un valor de 90 euros los regalos que pueden recibir sus cargos y trabajadores dentro de lo considerado como “usos habituales y costumbres sociales de cortesía”, obligando a devolver o comunicar los que superen dicho importe.

Uno de los políticos agasajados asegura que mantiene amistad con López desde hace varias décadas y que ya le hacía regalos por Navidad mucho antes de conseguir ningún cargo político. En otro de los casos el regalo de Raúl López llegó al destinatario y este, según ha podido confirmar este diario, lo entregó como donación a una entidad social de Santiago. Estos consultados recuerdan que hasta los casos de corrupción vinculados a regalos a políticos de los últimos años era habitual que cargos públicos admitieran regalos. 

Lo que permite comprobar el informe es que, con independencia de que los políticos devolviesen o no los regalos, en los años siguientes López insistió en seguírselos enviando, de modo que el listado de agasajados crece de manera acumulativa hasta 2013 con nuevos nombres que se incorporan a los preexistentes de años anteriores. Así, por ejemplo, tras el cambio de gobierno en Galicia en 2009 desaparecen de los listados de regalos algunos de los gobernantes salientes y aparecen nuevos cargos. Además, en los listados más recientes proliferan, junto a los gallegos, cargos políticos y técnicos de Madrid y Catalunya.

Aunque no establecen relación alguna entre regalos y adjudicaciones, los agentes de Vigilancia Aduanera detallan en su informe los contratos firmados con las empresas del grupo Monbus por las diversas administraciones a las que estaban vinculados los políticos y técnicos a los que López intentaba remitir obsequios. Según el listado, el Ministerio de Fomento y las diversas entidades de él dependientes contrataron con Monbus por 71 millones de euros entre 2008 y 2014, el resto de la administración central del Estado (en particular el Ministerio de Defensa) lo hizo por 28,8 millones, la Xunta por 23,7 millones entre 2005 y 2014, la Comunidad de Madrid por 10,1 millones, la Generalitat y otras administraciones de Cataluña por 4,6 millones entre 2006 y 2014, la Junta de Castilla-La Mancha por 3,7 millones entre 2008 y 2014 y la Comunitat Valenciana por 0,8 millones entre 2010 y 2012.

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Los dos últimos ministros de Fomento, los gallegos José Blanco (de abril de 2009 a diciembre de 2011) y Ana Pastor (desde entonces hasta ahora), emplearon aviones oficiales de carácter militar para viajar a actos públicos en Galicia en siete ocasiones: cinco en el caso del primero y dos en el caso de la segunda.

Los datos los facilita el gabinete de Pastor en respuesta a una petición de información con amparo en la ley de transparencia. Fomento explica, sin que se le pida, a qué se debieron los viajes de Pastor, pero no hace lo mismo con los de Blanco.

Una petición similar formulada al Ministerio de Industria sobre los vuelos a Canarias de su último titular, el canario José Manuel Soria, obtuvo su negativa a facilitar los datos previos a diciembre de 2014, cuando entró en vigor la ley de transparencia, obstáculo temporal que no existió para Fomento. Por su parte, al solicitarse información de más vuelos al Ministerio de Defensa, este contesta que los datos sobre movimientos de aeronaves militares deben ser considerados secretos, lo que evidencia la disparidad de criterios del Gobierno en la aplicación de su propia ley de transparencia.

Los viajes oficiales a Galicia de los dos últimos ministros de Fomento, como miembros del Gobierno o como altos dirigentes de PSOE y PP, fueron más habituales que al resto de comunidades. Aunque ambos pasaban en Madrid la mayoría de la semana, los dos tienen también residencias en Galicia. En sus agendas dirigidas a los medios de comunicación eran especialmente frecuentes los actos públicos organizados en Galicia en las cercanías de los fines de semana o festivos (viernes por la tarde una vez finalizados los consejos de ministros de esos días, sábados, lunes a primera hora, etc.)

Este diario hizo uso de la ley de transparencia y preguntó de manera oficial al Ministerio de Fomento el detalle de los vuelos que los ministros realizaron a cualquiera de los aeropuertos gallegos desde abril de 2009, cuando tomó posesión Blanco, empleando alguno de los siete aparatos (dos Airbus A310 y cinco Falcon 900B) que la Fuerza Aérea Española tiene para transporte de autoridades.

Tras apurar al máximo el período de un mes (prorrogable por otro mes) que la ley le otorga, Fomento respondió con lo que denomina “información facilitada por el Ministerio de Defensa”, un listado con las horas de despegue y aterrizaje de los aviones oficiales en sus viajes tanto de ida como de vuelta del aeropuerto madrileño de Torrejón, de uso militar, a los aeropuertos gallegos.

En el caso de los dos vuelos empleados por Pastor, Fomento aclara que uno fue realizado “con motivo del accidente del tren Alvia ocurrido en Santiago” a última hora de 24 de julio de 2013 en el que fallecieron 80 personas y el otro, acompañando al ministro del Interior en un vuelo solicitado por su departamento, “con motivo del fallecimiento de tres policías nacionales en la playa de Orzán [A Coruña] al intentar rescatar a una persona”, suceso ocurrido en la madrugada de 27 de enero de 2012. Sin embargo, nada explica de los motivos de los viajes de Blanco. Preguntado posteriormente por ese hecho, Fomento responde que no queda en el ministerio nadie de aquella época con acceso a la agenda del ministro y que el uso de vuelos militares es una posibilidad legal de la que disponen los ministros.

Por su parte, un portavoz oficial del exministro y ahora diputado en el Parlamento Europeo indica que Blanco “utilizaba los servicios del Falcon en momentos en que la agenda no permitía utilizar servicios regulares o cuando el ministerio estimaba que resultaba más económico contratar esos servicios que un vuelo regular al desplazar más personal”. Ese portavoz añade que “lamentablemente, no es posible acceder a la agenda de su período como ministro debido a que no obra en su poder una copia de la misma”.

A pesar de las dificultades, tanto el entorno de Blanco como este diario buscaron los actos públicos que tuvo el ministro en torno a las fechas de los vuelos para intentar encontrarles una explicación. En la tarde del 31 de diciembre de 2009 el ministro ejerció de delegado del Gobierno en la apertura de la puerta santa de la Catedral de Santiago con motivo del Xacobeo 2010, al igual que participó un año después, en la tarde de 31 de diciembre de 2010, en su cierre. Ambas tardes de Nochevieja los aviones oficiales permanecieron en el aeropuerto de Santiago durante cuatro horas antes de volver a Madrid. El viernes 12 de febrero de ese año, al día siguiente de otro de los vuelos, A Coruña albergó una cumbre de ministros europeos de transportes. Igualmente, hay un cuarto vuelo el jueves 22 de junio de 2011, día en que el ministro supervisó el inicio de las obras de prolongación de la pista del aeropuerto de A Coruña, y al día siguiente participó en una visita con periodistas a las obras del AVE Ourense-Santiago.

Sin embargo, uno de los cinco vuelos de Blanco detallados ahora por Fomento, el realizado el sábado 16 de octubre de 2010 con salida de Torrejón a las 6:15 horas de la mañana, llegada a Santiago una hora después y vuelta hacia Madrid apenas media hora más tarde, no puede ser relacionado con ningún acto público en Galicia del ministro, cuyo portavoz indica que en esa fecha “estuvo en Pamplona” clausurando la Conferencia Política del PSOE navarro. Con estos datos, por lo menos cuatro de los cinco vuelos del ministro Blanco estarían relacionados con actos oficiales previstos con antelación en cuyos desplazamientos los ministerios suelen emplear las líneas aéreas comerciales.

Defensa los considera datos secretos

Después de que el Ministerio de Fomento, con la firma de su subsecretario Mario Garcés, facilitase la relación de vuelos según él proporcionada por Defensa y explicase los motivos solo de los de Pastor, este medio formuló al ministerio responsable de las Fuerzas Aéreas una nueva petición de información con amparo en la ley de transparencia solicitando el detalle de los vuelos en avión oficial de todos los ministros durante las dos últimas legislaturas, desde abril de 2008. En este caso Defensa agotó el plazo ordinario de un mes que tiene para responder y lo prorrogó por otro mes argumentando exclusivamente “el volumen y la complejidad de la información que se solicita”. Una vez alcanzado el plazo máximo de dos meses, Defensa respondió denegando por completo la petición de información,sin dar siquiera algún dato parcial, como permite la ley de transparencia.

Argumentó por una parte que no tiene los datos en un único soporte y tendrían que ser reelaborados por su personal, una de las excepciones de las que se dotó el Gobierno a sí mismo para denegar una petición de transparencia. El segundo argumento que ofreció Defensa es que la solicitud “versa sobre una materia clasificada de secreto”, esgrimiendo como justificación dos leyes preconstitucionales que el ministerio destaca que otorgaron “con carácter genérico la clasificación de secreto a los informes y datos estadísticos sobre movimiento de aeronaves militares”. Tras esta respuesta, este medio preguntó al gabinete de la actual ministra de Fomento si desveló algún secreto oficial al informar de los vuelos de los ministros. Fomento respondió que no entra a valorar los criterios de transparencia de Defensa y defiende que los suyos son lo más amplios posibles.

Industria niega los previos a 2014

Con la respuesta de Fomento y la negativa de Defensa, este medio formuló una tercera pregunta sobre vuelos oficiales, en este caso al Ministerio de Industria sobre los viajes realizados a Canarias desde 2009 (la misma fecha solicitada a Fomento), por sus dos últimos titulares, el socialista Miguel Sebastián y el popular canario José Manuel Soria, quien dimitió el pasado abril por su implicación en los Papeles de Panamá. Su respuesta no es ni la de Defensa ni la de Fomento.

Industria contesta indicando que facilita los viajes “a partir del 10 de diciembre de 2014”, fecha en la que entró en vigor la ley de transparencia en su apartado referente a las peticiones expresas de información por parte de los ciudadanos. Con ese requisito Industria facilita un solo vuelo de Soria, de ida y vuelta Gran Canaria-El Hierro-Gran Canaria el 21 de febrero de 2015, justificando que se debió a la inauguración de un centro de interpretación vulcanológico en El Hierro y que el ministro viajó acompañado del embajador de los Estados Unidos.

Pero no quedan aquí las disparidades de criterio del Gobierno a la hora de aplicar la ley de transparencia. El propio Ministerio de Defensa abre la duda de que los vuelos de los ministros en aviones oficiales no sean realmente secretos. A finales de 2015 el mismo alto cargo de Defensa que denegó la petición de este diario, el general segundo jefe del Estado Mayor del Aire Eduardo Gil Rosella, respondió con otros argumentos a un ciudadano que pedía conocer el procedimiento que sigue el Ejército del Aire para transportar a alguna autoridad.

Entonces el Estado Mayor del Aire consideró que procedía “conceder parcialmente el acceso a la información” y, antes de explicar cómo se gestionan los vuelos cuando los solicitan “el resto de autoridades del Estado”, argumentaba que “los datos relativos al transporte aéreo de autoridades del Estado, cuando se trata de Presidencia del Gobierno y Casa Real, están de por sí clasificados”, excluyendo de la categoría a los ministros. Los criterios de aplicación de la ley de transparencia no sólo parecen variar de un ministerio a otro sino también dentro de un mismo ministerio.

Dos años después del accidente del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela), el único imputado en la investigación abierta es el maquinista, pese a las dudas que todavía hay acerca de los sistemas de seguridad de las vías. Este ha sido el motivo que ha llevado a Aitor Rei (Ourense, 1980) a grabar el documental Frankenstein-04155. Una obra que, según su propio director, “se dirige al cerebro de los espectadores y no a sus vísceras”.

Financiado a través de crowdfunding y con la colaboración de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, Rei trata de verter luz sobre el caso “con la documentación propia de Renfe y Adif y con las declaraciones de técnicos, exdirectivos y personal de las empresas públicas”. “Procuro ser una mirada externa que sitúa y contextualiza todo lo que es el accidente, desde el momento en el que se inaugura la vía hasta lo sucedido después de aquel fatídico 24 de julio de 2013”, expresa el director.

El documental se estrena el próximo martes 27 a las 20 h en el LAVA (Laboratorio Visual de Valladolid), dentro de la programación de la Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci), y opta al premio a Mejor Documental Español de 2015. eldiario.es estrena para sus lectores algunos fragmentos de la obra y entrevista a su director.

¿Cómo surge la idea de rodar este documental?

Hace un año y medio iba a marcharme con Iván Prado, de Pallasos en Rebeldía, a grabar un documental en diferentes zonas en conflicto, empezando por Libia. Finalmente el viaje se anuló porque sube la tensión en la zona. Así que un día, trastreando por Internet, encuentro información sobre la plataforma de víctimas del accidente. Me pongo en contacto con ellos para averiguar más sobre algunas cosas que denuncian y me contestan al momento. De ahí pasamos a varias reuniones y empezamos a darle forma al proyecto.

¿Por qué el título de Frankenstein-04155?Frankenstein-04155

Frankenstein era el nombre con el que en el argot ferroviario se conocía al tren Alvia S-730. Los maquinistas, directivos y demás le llamaban así porque estaba construido a “trozos o retales”, y cito textualmente a un exdirectivo de Renfe, de otro producto, el tren Alvia S-130, al que se le incorporan dos furgones generadores llamados CET (Coche Extremo Técnico) donde va el gasoil para que el tren pueda circular por donde no haya vía electrificada. Y 04155 es el número de servicio que realizaba ese tren el día del accidente.

¿Se han encontrado con problemas para rodarlo? ¿Les han presionado para que no sigan adelante con el documental?

Sí, evidentemente sí. Lo suelen hacer de forma soslayada: te envían mensajeros, gente que dice que viene a colaborar pero que no viene a eso, sino a confundir, desviar del tema, a meter una punta por debajo. Y después hay gente que habla por detrás, pero que no se atreve a dar la cara porque los amenazan. Y no hablo de un caso o dos, sino de más.

Pero contábamos con estas circunstancias. Cuando nos embarcamos en este proyecto sabemos a lo que vamos, sabemos hacia dónde nos dirigimos y cómo nos dirigimos. Hacemos esto por los 81 fallecidos que no tienen voz, y por sus familiares, que solo pueden calmar su dolor con la verdad de lo que sucedió aquel día. Es un documental de denuncia, de investigación y de documentación. Se dirige al cerebro de los espectadores y no a sus vísceras.

Para el documental han contado con la colaboración de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, así como con sus testimonios. ¿Cómo se sienten ellos?

Están indignados, se suben por las paredes. Es muy triste. Cuando tienes a tu hijo, a tu madre o a tu padre entre las víctimas, para pasar página necesitas saber la verdad de lo que sucedió. Como me decía el otro día Rogelio, que perdió a su hijo en el accidente: “Ahora vemos que esto ha sido la chapuza nacional”. Ha perdido a su hijo y además ve que no se reconoce el error, que no se depuran responsabilidades.

¿Se han investigado todas las causas que hay detrás del accidente?

En lenguaje técnico hay tres tipos de causas para los accidentes: la causa inmediata, que en este caso sería sin duda el despiste del maquinista, que iba a más velocidad de la permitida; y después las causas básicas y las causas raíz. Curiosamente en este accidente lo que interesa es quedarse en la causa inmediata y no investigar la causa básica y la raíz. Para que un accidente de este tipo no se vuelva a repetir lo que hay que investigar son estas dos causas, y aquí no se hace.

Tampoco se hizo en el caso del metro de Valencia, ni en el del Yakolev, ni tampoco en el de Spanair, cuyas asociaciones de víctimas también hablan en este documental. Hay paralelismos entre estos cuatro casos y cómo se gestionan: se echa la culpa al maqinista para evitar que la cadena de responsabilidades circule hacia arriba. En los tres casos señalados los pilotos murieron en el accidente; echarle la culpa al muerto es muy fácil. En el del Alvia ha sobrevivido, pero desgraciadamente no quiere colaborar.

Aparte de los testimonios de familiares de víctimas, cuentan también con técnicos, exdirectivos de Renfe… pero ningún político. ¿Han intentado contar con su versión?

Hemos invitado a todas las partes, incluidos los políticos, pero no han querido participar. Nos hemos puesto en contacto con la actual ministra de Fomento, Ana Pastor; con José Blanco, responsable del Ministerio cuando se inauguró la vía; incluso invitamos al maquinista. Todos rechazaron la invitación. Y te pongo un ejemplo de los motivos: la plataforma de víctimas fue quien se puso en contacto con el exministro Blanco para que participase en el documental. Su respuesta fue que no quería participar “por respeto a las víctimas”. Es bastante curioso.

Cuando se inaugura la línea tanto José Blanco (Ministro de Fomento en ese momento), como Alberto Núñez Feijóo (presidente de la Xunta de Galicia) presumen de “alta velocidad”. Sin embargo, durante la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, se niega que esta línea cuente con esa calificación. ¿A qué cree que se debe este cambio de parecer?

Al 'business'. España se jugaba un contrato en Brasil por aquel entonces, y una de las cláusulas especificaba que los países que optasen a la construcción de vías en ese lugar no podían tener en sus vías de alta velocidad ningún tipo de accidente en los años anteriores. Rafael Catalá, por aquel entonces secretario de Estado de Infraestructuras, lo reconoció en una entrevista en el Faro de Vigo unos días después del accidente: “La industria ferroviaria podría quedar excluida de concursos internacionales”. Las víctimas me repetían que es curioso que el que era el segundo de la ministra de Fomento en el momento del accidente sea a día de hoy ministro de Justicia.

En el documental se revela que el tren soportaba una carga 32 toneladas superior a la permitida. ¿Qué otros fallos de seguridad han descubierto durante la investigación?

Esta es una de las líneas de la investigación, y los datos se encuentran en la propia documentación de Renfe y Adif. Nosotros hemos hecho los cálculos basándonos en información que está disponible en la documentación pública de Renfe: especificaciones técnicas, manuales de conducción... Y siempre haciendo los cálculos que más beneficiaban a esas empresas. Pero este tema ocupa 5 ó 10 minutos en el documental. Hay muchas cosas más, invito a los lectores a que vayan a descubrirlas.

En el documental hay técnicos que califican el tren como “un aborto de la ingeniería”. Si esto es así, ¿por qué circulaba con normalidad?

Pues porque la gente tiene que proteger su trabajo y la mayoría de las veces se calla. Hay políticos, ingenieros, directivos... que se pusieron en contacto con las víctimas y reconocieron que esto era “una chapuza”. Gente que iba a participar en el documental y que recibió amenazas de ser despedida.

La investigación del caso se ha cerrado con un único imputado, el maquinista. ¿Es el único responsable? ¿Deberían sentarse más personas en el banquillo de los acusados?

Está en propuesta de cierre, pero se va a presentar un recurso por parte de los abogados de las víctimas en el que se va a aportar más documentación, incluida la del sobrepeso del tren y más que aparece en el documental. Y no voy a opinar sobre si alguien más debe ser imputado, quiero que la gente vaya a ver el documental y saque sus propias conclusiones.

Tras las elecciones de 2011, Pedro Sánchez (Madrid, 1972) estuvo a punto de tirar la toalla y abandonar la política. Tenía sus motivos. Era la tercera ocasión consecutiva en la que, tras ir en unas listas electorales, no lograba salir elegido por el puesto en el que le habían colocado.

En la última ocasión, con pelea interna incluida, José Blanco lo situó en el número once en la lista de Madrid, pero los socialistas se quedaron en diez escaños. Al haber perdido el Gobierno, todo hacía presagiar que la candidatura no iba a correr y que nadie abandonaría su escaño. Pese a la depresión inicial, Sánchez encontró su hueco por un imprevisto: la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aceptó un puesto en el Consejo de Seguridad Nuclear, lo que le obligaba a abandonar su escaño en el Congreso.

En 2003 fue número 23 de la lista al Ayuntamiento de Madrid, que encabezaba Trinidad Jiménez. Aquel globo se pinchó muy pronto y el PSOE tampoco logró sacar los concejales esperados. De nuevo, tuvo que esperar a que corriera la lista y entró como concejal un año después de las elecciones, convirtiéndose en la mano derecha de la exministra de Sanidad.

Otro tanto le ocurrió en 2008 en el Congreso, donde tuvo que aguardar otro año a la marcha de Pedro Solbes de la política para poder ocupar el escaño.

Tras las malas esperiencias de 2003 y 2008, Pedro Sánchez estaba ya un poco abatido. Se separó del PSOE y se puso a preparar su doctorado en Ciencias Económicas, sin prever que podría volver a la Carrera de San Jerónimo. La inesperada marcha de Cristina Narbona le abrió ese espacio y acalló su malestar. En 2013 volvió a ser diputado y volvió a centrarse en la política, que es lo que más le gusta.

El precandidato a la dirección del PSOE lleva toda la vida en la política, aunque siempre en segundo plano pero con responsabilidades internacionales. Con 26 años trabajó en el Parlamento Europeo como jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia durante la guerra de Kosovo. Allí conoció a Óscar López, actual secretario de Organización del PSOE, y uno de sus mejores amigos.

Por su inquietud política, en el Congreso del PSOE del año 2000 ambos participaron como delegados, junto a Antonio Hernando. Se dice, incluso, que llegaron a convocar una conferencia de prensa, que tuvo poca repercusión, pidiendo el apoyo para José Bono, aunque los tres lo niegan y José Blanco siempre se lo recuerda públicamente para enfadarlos.

Tras la victoria de Zapatero, el número dos del PSOE les llamó a ambos para configurar su equipo más cercano. Pronto fueron conocidos como “los chicos de Blanco”: Óscar López, Pedro Sánchez y Antonio Hernando.

El trabajo menos lucido

Blanco tiraba de los tres para todo, especialmente en las campañas electorales. Sánchez generalmente hacía el trabajo menos vistoso: redactar propaganda electoral, contestar emails de los ciudadanos en nombre de quien hiciera falta, o encargarse de movilizar al partido en los sitios más pequeños.

No era la primera vez que le pasaba. Con Trinidad Jiménez, en su etapa en el Ayuntamiento y en las primarias frente a Tomás Gómez, o con Miguel Sebastián, con el que también mantiene una excelente relación personal. Con todos ellos, Sánchez actuó de hombre en la sombra, dispuesto al trabajo menos lucido.

Mientras Sánchez se amohinaba en los desapachos traseros del PSOE, sus compañeros de generación (Óscar López y Antonio Hernando) lanzaban su carrera política, entrando en los máximos órganos de dirección y en puestos de salida para los cargos públicos. Sánchez siempre esperó, siempre se quedó a las puertas.

El cambio fundamental llegó en la presentación de un libro. Sánchez presentaba su tesis doctoral y en el acto logró reunir a una amplia representación de dirigentes del partido de múltiples tendencias. Sonaba rara tanta expectación, tanto por el libro como por la figura del ya diputado madrileño. Sánchez ya había oído cantos de sirena para que diera el paso a la Secretaría General del PSOE, pero ahí se lo empezó a creer de verdad.

Desde entonces, se dedica en cuerpo y alma a intentar liderar a los socialistas, y este jueves, 12 de junio, lo anunció públicamente. Una vez más, intentará no volver a quedarse a las puertas.

José Blanco, el todopoderoso ex secretario de Organización del PSOE, ex vicesecretario general del partido, exministro de Fomento y exportavoz del Gobierno, se marcha al Parlamento europeo. Era su deseo y, con dificultades, estará en la lista en un puesto de salida.

Blanco se lo ha tenido que pelear, porque en Ferraz no gustaba la idea. Pero ha tenido el apoyo del PSdG, de muchos cómplices internos y de su trayectoria política en el partido. Aún dicen que no está del todo cerrado, en algunas fuentes del partido, pero es seguro que mañana estará en la candidatura que apruebe la Comisión Federal de Listas, que tendrá que ratificiar este sábado el Comité Federal.

El que fue el número dos del PSOE durante más de una década ha decidido refugiarse en Bruselas y usar toda su influencia política para conseguirlo. En el Congreso, apenas ejerece como diputado, más allá de acudir puntualmente a las votaciones y tener algún pequeño protagonismo en las comisiones a las que está asignado.

Fuentes de la dirección del PSOE indicaron que está “casi hecho, que Blanco esté en las listas”, aunque en la noche del jueves aún no estaba cerrada la candidatura socialista, por multitud de problemas en Madrid, Valencia e, incluso, en Andalucía.

La última duda está en quién será la “número tres” de la candidatura, que es la supuesta sorpresa que se guarda el PSOE. Y, sobre todo, articular los equilibrios terrritoriales y la “lista cremallera” que ya está garantizada por expreso deseo de Elena Valenciano y la secretaria de Igualdad, Purificación Causapié, que quiere regularlo estatutariamente en el partido.

A última hora de la noche del jueves, Andalucía no había puesto un nombre encima de la mesa como la tercera de la lista, y descartaban a Mar Moreno como candidata. Este viernes se sabrá todo.

El PSOE quiere hacer una lista de cara a las elecciones europeas de 2014 con importantes pesos políticos del partido y, a la vez, importantes pesos políticos del partido están deseando ser eurodiputados. Elena Valenciano, en declaraciones a eldiario.es, afirmó que, aunque los ciudadanos aún no son conscientes de ello, el futuro de España se va a jugar en los próximos años en Europa, “y tenemos que mandar a los mejores. Yo lo resumo en una frase: en la lista irán los que salen por televisión en España”.

Según la número dos del PSOE, que aún se está recuperando de una enfermedad pulmonar y que no regresará a primera línea política hasta principios del próximo año, todavía no se ha hablado de la candidatura que llevarán los socialistas ni de nombres concretos, pero el principio general es ir con una candidatura de nombres potentes. Pero más allá de esta lectura políticamente correcta, los nombres que se barajan, que se han propuesto o que quieren ir, dan a entender una auténtica huida al cómodo refugio del Parlamento Europeo. En ese refugio se gana mucho más dinero –en torno a 8.000 euros mensuales–, se sufre mucha menos presión mediática, se tienen unos privilegios que no se dan en España y uno se quita de muchas responsabilidades de la batalla diaria en el partido y en el Congreso.

Se da por hecho que Ramón Jáuregui –el artífice ideológico de la Conferencia Política– quiere acabar allí. Es más que probable que pueda ser el número uno, aunque por este puesto también pelea Juan Fernando López Aguilar, como declaró a eldiario.es la pasada semana. Posiblemente, entre ambos encuentren un acuerdo, con la mediación de Ferraz, para que uno vaya de cabeza de lista y el otro de tres, si se da este supuesto.

También quiere volver a Europa el que fuera secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, y aunque también tenía sus aspiraciones personales a encabezar la lista, parece que se conformará con estar en un puesto que le asegure el euroescaño.

Otro importante dirigente socialista que está pensando refugiarse en Bruselas es el exministro y exvicesecretario general del PSOE José Blanco. Fuentes cercanas al actual diputado indican que la decisión aún no la tiene tomada, y que será al final de año cuando lo decida. En este caso, Blanco se conforma con ir en un puesto digno en función de su trayectoria política en el partido y no peleará por encabezar la candidatura.

Pero suenan más nombres, que han sido piezas básicas del PSOE en la última década, como los exministros Jesús Caldera o Valeriano Gómez que, de momento, no han pedido ser eurodiputados, pero parece ser que Ferraz puede contar con ellos si aceptan el encargo.

A día de hoy, todo esto está pendiente de negociar con las federaciones socialistas, que también querrán hacer sus aportaciones de nombres. Pero la dirección federal del PSOE tiene muy claro que va a ir con una decena de nombres potentes al inicio de la lista. Y, además, hay otro factor muy importante a tener en cuenta. El PSOE debe hacer una lista cremallera y, hasta ahora, han sonado pocos nombres de mujeres.

El rumor de que podía ser la propia Elena Valenciano quien encabezara la candidatura despejaría, al menos, un puesto. Pero la vicesecretaria general del PSOE –que ya ha sido eurodiputada y que conoce bien las políticas europeas– también se está pensando mucho su futuro y, lo más probable, es que acabe su mandato en el partido en el actual cargo. En todo caso, nada está descartado, y aún deben producirse muchos acontecimientos en el partido.

Todos estos movimientos llevan a pensar que, si el equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba huye o se refugia en Bruselas, es porque el actual secretario general del PSOE le quiere dar una salida a su gente al haber decidido que no se va a presentar a las primarias del partido. Ferraz lo niega tajantemente y considera esta lectura una “elucubración sin sentido”. Los acontecimientos que le esperan al PSOE a primeros de año despejarán todas las dudas.

El Tribunal Supremo ha archivado definitivamente el caso Campeón. El instructor de la causa,José Ramón Soriano, ha dictado señala en un auto que no hay indicios de que el exministro José Blanco cometiera los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Esta decisión se produce dos meses después de que la Sala Segunda de este tribunal se negara a pedir el suplicatorio al Congreso al aceptar un recurso presentado por la defensa y resolver que el socialista no había cometido tráfico de influencias.

En esta ocasión, el magistrado deja sin efecto las actuaciones contra los demás imputados en el caso en el que se investigaba la supuesta intermediación del entonces ministro de Fomento en favor de un empresario amigo ante un alcalde para la tramitación de una licencia para construir una nave.

El magistrado constata así el pronunciamiento este julio de la Sala Segunda del Supremo, que determinó que no se había producido el delito de tráfico de influencias. “El aforado solicitó, a través de un secretario de Estado de su ministerio, que un alcalde, que no tiene competencia directa para la concesión de licencias de funcionamiento industrial de naves, recibiera” al empresario, que solicitaba una entrevista para acelerar unos trámites y subsanar unos errores en su expediente. “Estos hechos no son subsumibles en el tipo penal de tráfico de influencias”, afirmó entonces por unanimidad la Sala Segunda, rechazando de manera rotunda la tesis de fiscal e instructor.

En el auto, con fecha de 2 de septiembre y publicado este jueves, el magistrado recuerda que ya procedió anteriormente al sobreseimiento de los delitos de cohecho y prevaricación. Por ello, el magistrado cierra el caso con “el sobreseimiento y archivo de todo lo actuado”.