Medio año de parálisis judicial y política atascan la investigación del accidente de Angrois

Nunca como ahora la plataforma de víctimas del accidente de Angrois había avanzado tan lejos en la consecución de sus objetivos. Paradójicamente, pocas veces como en el último medio año se habían acumulado tantas demoras al mismo tiempo tanto en la vertiente judicial como en la política de sus reivindicaciones para aclarar lo ocurrido en el siniestro que el 24 de julio de 2013 dejó 80 muertos a las puertas de Santiago después de que el maquinista de un tren Alvia no frenase a tiempo antes de la curva de Angrois sin que hubiese activo ningún sistema de seguridad que evitase o paliase su error humano.

Estancamiento judicial

En el plano judicial, tras cuatro años de altibajos con errores y demoras, la investigación avanzó notablemente el pasado año, cuando fueron imputados y pasaron por el juzgado a declarar los directores de Seguridad en la Circulación de Adif y Renfe, Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares, a los que el juez instructor considera posibles responsables de delitos de homicidio imprudente por no disponer medidas correctoras del riesgo previsible de accidente que existía en la curva de Angrois. Junto con ellos también declararon tres técnicos de la empresa pública Ineco que ratificaron que Adif no les pidió evaluar los riesgos de la curva. Pero desde ese momento, a principios de noviembre, la causa judicial se ralentizó.

Para establecer la responsabilidad penal de la inacción de los cargos de Adif y Renfe implicados, el juez instructor pidió a la Agencia Ferroviaria Europea que aclare si era o no obligatorio según la normativa comunitaria evaluar el riesgo de la curva, pero el juzgado se confundió en la dirección a la que envió su petición y tardó cinco meses en remitirla de nuevo correctamente. Después, a principios de febrero, el juez instructor decidió aceptar varias peticiones que hacía tiempo que le habían formulado las partes presentes en la causa para tomar declaración a una docena de personas implicadas en el diseño y supervisión de la línea y a peritos. Sin embargo, el 7 de febrero el personal de la administración de Justicia en Galicia inició una huelga indefinida durante la que sólo han podido declarar tres de ellos. La huelga continúa sin visos de solución más de dos meses después y no hay fecha para retomar las declaraciones pendientes ni las partes saben aún nada del informe de la Agencia Ferroviaria Europea.

Estancamiento político

De manera paralela a las responsabilidades penales, las víctimas piden que se depuren también las responsabilidades políticas por el diseño de la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente así como por la gestión posterior del siniestro. La plataforma de afectados venía reclamando desde pocos meses después del siniestro la creación de una comisión de investigación política en el Congreso de los Diputados, pero la mayoría absoluta del PP primero y después la complicidad del PSOE impidieron durante cuatro años su creación. El cambio en la dirección del PSOE permitió que el Pleno del Congreso finalmente aprobase esa comisión el 28 de septiembre del año pasado, pero aún no ha comenzado a trabajar porque durante todo este medio año los grupos políticos no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre quién la debe presidir.

El pasado jueves la presidenta del Congreso, Ana Pastor, recibió al presidente de la plataforma de víctimas y le informó de que la sesión de constitución de la comisión está fijada para el próximo miércoles día 18 de abril. Pastor era ministra de Fomento cuando Adif y Renfe decidieron que los trenes Alvia circulasen entre Ourense y Santiago con el sistema de control de la velocidad desconectado, y con ella en el cargo su ministerio realizó una investigación oficial del siniestro que hizo responsable sólo al maquinista y que fue descalificada tanto por la Justicia como por la Agencia Ferroviaria Europea. Por esos y otros motivos las víctimas quieren que la propia Pastor dé explicaciones políticas en la comisión, al igual que su antecesor, el socialista José Blanco.

Más de seis meses después de su aprobación, la sesión de constitución de la comisión de investigación será este miércoles, pero con la incógnita de cuál será el resultado de la primera votación que tengan que realizar sus miembros, la de quién la va a presidir. Después llegará otra lucha política, la de cuántos grupos aceptan las comparecencias que reclaman las víctimas. Lucha similar a la que se desatará en el juzgado entre las partes implicadas cuando finalice la huelga de la justicia, comiencen las declaraciones pendientes y se conozca el informe europeo. Mientras, la fecha del 24 de julio, y con ella el quinto aniversario del accidente, sigue aproximándose sin que las víctimas tengan expectativas de pronta respuesta a todas sus preguntas pendientes tanto por parte de la justicia como de la política.

VÍDEO | Extracto de la entrevista realizada al presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, en el cuarto aniversario del accidente, en la que verbaliza las reivindicaciones de los afectadosentrevista realizada al presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, en el cuarto aniversario del accidente