El grupo municipal del PP de Carboneras (Almería) ha roto el acuerdo de gobierno que hasta ahora sostenía al alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos). El regidor, que lo era a pesar de ser el único de la lista de Ciudadanos que obtuvo acta en 2023, gobernaba los últimos meses en minoría con cuatro concejales populares, gracias a la incapacidad de los demás para ponerse de acuerdo. A partir de ahora liderará un gobierno aún más exiguo: solo dos integrantes: él mismo y la concejal no adscrita y ex del PP, Ángeles Carrillo.

El movimiento añade otro nudo al fenomenal embrollo de familias y rivalidades políticas amarrado con fuerza a la gestión del delicado asunto de El Algarrobico, el hotel ilegal construido entre 2003 y 2006 en una playa (en pleno dominio público) y que invade, además, parte del parque natural de Cabo de Gata. Los matrimonios de conveniencia y traiciones políticas entre los mismos protagonistas durante los últimos veinte años son tantos que resulta difícil seguir el hilo. En Carboneras, las siglas son vehículos de las personalidades que mueven el voto, y cualquiera puede ser apoyo o puntilla de cualquiera en ese Ayuntamiento.

El Algarrobico y sus consecuencias tienen una parte muy importante de culpa. En un vídeo publicado en Facebook, el secretario general del PP almeriense Francisco Bellido explica que la ruptura se produce por la “pérdida de confianza absoluta” en la gestión de gobierno que lideraba Hernández, y concreta que tenían una “opinión distinta” de “asuntos tan importantes como El Algarrobico”, lo que ha llevado a una situación , han hecho que la situación sea “insostenible”: “Lo mejor era abandonar”.

“Criterios diferentes”

Según Bellido, el PP mantiene un “compromiso firme con el cumplimiento de la legalidad y de las resoluciones judiciales” relativas al hotel ilegal, pero dentro del propio Gobierno municipal existen “criterios diferentes” al respecto, lo que pone en cuestión la voluntad real de Hernández por cumplir la resolución judicial que obliga a declarar la nulidad de la licencia y a avanzar en el derribo. El resto de motivos a los que alude Bellido son mucho más difusos, nada tan concreto como la discrepancia en relación con El Algarrobico, cuyo origen, sin embargo, no ha aclarado.

Por su parte, Hernández ha achacado la ruptura a la “sombra de las elecciones”, para la que quedan diez meses.

El Algarrobico ha sido protagonista reciente de la actualidad de Carboneras porque la semana pasada, el Pleno aprobó al fin anular la licencia de obras del hotel ilegal concedida en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol, para dar así cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2021, firme desde 2022. Votaron a favor el alcalde, los cuatro concejales que integran el equipo de gobierno y dos concejalas del PSOE, además de Hernández.

Era la segunda vez que se traía esa propuesta al Pleno. La primera, tres semanas antes, no llegó a votarse por una maniobra de última hora de los cinco concejales del PSOE y dos no adscritos, entre ellos los exacaldes José Luis Amérigo y Felipe Cayuela. Este fiasco generó una escandalera nacional y la advertencia firme de los magistrados del TSJA para que el Ayuntamiento ejecutara de una vez su sentencia.

El origen: un alcalde histórico y un turbulento triángulo político

La mole varada en la playa del mismo nombre explica una porción sustancial de los vaivenes políticos de este municipio del Levante almeriense, donde también juegan un papel las conexiones familiares y las manifiestas enemistades personales que tienen su origen en los roces acumulados por décadas en la política municipal. Una advertencia previa: no es fácil de seguir.

La historia moderna del poder municipal en Carboneras arranca con un histórico mandatario local, proveniente de una poderosa familia de poder durante el franquismo: Cristóbal Fernández fue alcalde desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011. Primero, con un partido local; después, se recolocó en el PSOE, desde donde en 2003 concedió la licencia de El Algarrobico a pesar de que incumplía lo previsto en la Ley de Costas y en el Plan de Protección de los Recursos Naturales de Cabo de Gata. En 2007 fue inhabilitado junto con su hermana Rosario por presionar a un conserje para que le votara, pero ambos fueron indultados 15 días después de empezar a cumplir la condena por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Salvador Hernández tomó el relevo de Fernández en 2011. Por entonces era el líder del partido local Grupo Independiente de Carboneras (GICAR), y allí tenía como hombre de confianza a Felipe Cayuela. Gobernó siete años, hasta que en 2018 fue inhabilitado por denegar información a los socialistas, que le habían denunciado, y cedió el testigo a su delfín Cayuela. El ejercicio del poder distanció a Cayuela de su antiguo jefe: a partir de entonces, los antiguos compañeros se convertirían en rivales irreconciliables, incapaces siquiera de mirarse a la cara. Esa rivalidad reventó el grupo popular desde dentro.

El primer mandato de Cayuela duró poco. En 2019, el PSOE volvió a ganar las elecciones y José Luis Amérigo alcanzó la alcaldía. Amérigo es hijo de Rosario y sobrino de Cristóbal Fernández, el histórico político local con 26 años de alcaldía, una condena y un indulto a sus espaldas. De 2019 a 2023 la cuestión de El Algarrobico se enmarañó con actuaciones inexplicables del Ayuntamiento, que generaron el convencimiento muy muy generalizado de que Amérigo, en realidad, no tenía ningún interés en que El Algarrobico se demoliera. Al contrario.

Tres gobiernos diferentes con un solo alcalde desde 2023

En los últimos años el juego de sillas se ha acelerado trazando un curioso reverso del periodo anterior. El PP y PSOE salieron de las elecciones de mayo de 2023 empatados a seis concejales. Hernández (Ciudadanos) tenía la llave: debía decidir si apoyar a quien lo denunció (Amérigo) o a quien le suplantó (Cayuela). O, ojo spoiler: trazar la carambola imposible que acabara con él mismo como alcalde.

Empezó gobernando Cayuela, para entonces fichado por el PP, que venía de fundar Carboneras Avanza tras su explosiva ruptura con Hernández. Por un breve periodo, consiguió el apoyo clave de su viejo enemigo Hernández, que a su vez había dejado GICAR para integrarse en Ciudadanos desde 2019, provocando de paso la implosión del grupo municipal naranja.

En cualquier caso, la reconciliación política de Cayuela y Hernández fue breve. Tres meses después de formar gobierno, volvieron a las andadas, y Cayuela expulsó a Hernández. Eso provocó una reacción en cadena: PSOE y Hernández se concertaron para echar a Cayuela con una moción de censura y entregarle la alcaldía a Hernández, el alcalde que no tenía más grupo político que sí mismo. El pacto era que sería alcalde hasta agosto de 2025, y Amérigo los dos años siguientes.

Esta alianza política duró algo más, pero tampoco mucho. En diciembre de 2024 rompieron acusándose mutuamente de deslealtad. Hernández se puso entonces otra vez en manos del PP, del que tuvo que salir Cayuela para no dar su voto a Hernández.

Lo había conseguido: había pasado de ser llave de gobierno a alcalde, y de paso había logrado defenestrar a Cayuela al grupo de no adscritos con otra concejala, Ángeles Carrillo. En el grupo popular quedaban cuatro de los seis ediles iniciales, que pasaron a conformar el equipo de gobierno de Hernández. Hasta este martes, que, bajo la tutela del PP provincial, se han desmarcado.

Un alcalde y una concejala en el gobierno; once ediles en la oposición

En la oposición les esperan los socialistas, y también sus antiguos compañeros en el PP Cayuela y Carrillo, ahora en el grupo de no adscritos, que podría recibir nuevas incorporaciones en breve si se convierte en definitiva la suspensión de militancia acordada por el PSOE-A contra los ediles que votaron contra la anulación de la licencia hace ahora un mes. Inicialmente, ese expediente se dirigía contra cinco de los seis concejales del PSOE, pero la dirección de los socialistas andaluces parece ahora dispuesta a “indultar” a las dos ediles que cambiaron el sentido de su voto y sí apoyaron la nulidad la semana pasada.

Fernández (tío) y Amérigo (sobrino), Cayuela y Hernández se han repartido el cargo de alcalde los últimos 30 años. Sólo Amérigo sigue en su partido, y no se sabe si por mucho tiempo. En los últimos diez años, los tres últimos se han alternado prestándose y retirándose su apoyo sin motivos claros. En los últimos tres ha gobernado un alcalde que integra un grupo político por sí mismo, y que ahora no tiene más gobierno que él y una concejala.

En este tiempo se han convertido en firmes las dos sentencias del TSJA que debían suponer la puntilla final a El Algarrobico: la primera, dictada en 2018 y firme desde 2021, obligaba a al Consistorio a clasificar la zona como no urbanizable en los planes municipales; no se ejecutó hasta febrero de este año. La segunda, dictada en 2021 y firme desde 2022, obligaba al Ayuntamiento a revisar la licencia concedida en 2003, y eventualmente declararla nula; el Pleno no ha acordado cumplirla hasta la semana pasada. De fondo está el temor de que declarar la nulidad de la licencia que concedió en su día exponga al Ayuntamiento a una imdenización millonaria a la promotora.

Las trabas, retrasos, omisiones y errores para ejecutarlas han llevado a los ecologistas a denunciar la situación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; a los magistrados a advertir retieradamente con multarlos e investigarlos penalmente si seguían ignorando sus sentencias (sin llegar a materializar nunca las múltiples advertencias); y a las administraciones (tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía) a convencerse de que el Ayuntamiento no sólo no colaboraba, sino que ponía en el camino todas las piedras posibles para evitar que El Algarrobico, la mole que nunca debió construirse, siga donde está desde hace 23 años.

La decisión del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras de declarar la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico y poner fin así expediente de revisión de oficio abierto por orden del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) ha provocado la reacción de la Junta de Andalucía, partidos políticos y organizaciones ecologistas, que han reclamado al unísono que se lleve a efecto el derribo del hotel ilegal “cuanto antes”. El único de los actores principales que ha evitado valorar este paso ha sido el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), que precisamente había pedido a los jueces que dieran un ultimátum al Pleno tras el fiasco del pasado 17 de junio, cuando se acordó postergar la decisión.

La consejera andaluza en funciones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado que la Junta de Andalucía pretende “impulsar de manera inmediata” los trabajos técnicos y administrativos para “hacer posible la restauración ambiental” del paraje protegido de El Algarrobico en Carboneras (Almería) una vez que el Ayuntamiento ha aprobado la revisión de oficio de la licencia de obras del inmueble para su nulidad, con el voto favorable de ocho de los 13 concejales: cuatro del PP, el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) y tres del PSOE. Dos concejales no adscritos y dos del PSOE (incluyendo su portavoz, José Luis Amérigo) han abandonado el salón de Plenos antes de votar.

También la portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha confiado este martes que “cuanto antes” se pueda llevar a cabo la demolición.

La demolición y restauración está prevista por un Protocolo firmado en 2011 por el Gobierno y la Junta de Andalucía, que distribuye las tareas: demolición y desescombro para el Estado, restauración para la Junta de Andalucía.

“Entramos en una fase en la que la colaboración entre las administraciones públicas y, sobre todo, la colaboración con el Gobierno de España será fundamental para culminar ese objetivo compartido: recuperar plenamente este entorno natural”, ha manifestado la responsable de la Junta en unas declaraciones remitidas a Europa Press.

Cargos y técnicos del Gobierno y la Junta de Andalucía mantuvieron una reunión hace apenas dos semanas para informarse de sus respectivas intenciones. Ambos dicen pretender la demolición del inmueble cuanto antes, si bien todo paso estaba condicionado a que el Ayuntamiento declarara la nulidad de la licencia que concedió en enero de 2003, o que si no lo hicieran los jueces. Ahora ese paso ya se ha dado.

Gobierno central y Junta mantienen hasta ahora otro punto de fricción: la expropiación, una vía abierta por sorpresa por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en febrero de 2025, y vista con recelo hasta ahora por el Gobierno de Moreno. Esta vía ahora está atascada en la falta de acuerdo que la Administración debería pagar a Azata del Sol por quedarse con los 32.000 metros cuadrados del hotel que están sobre dominio público. La promotora los valora en 44,5 millones y el Gobierno ofrece 16.500 euros. La discrepancia deberá resolverla un jurado provincial de expropiaciones.

Los ecologistas celebran el “fin del calvario”

Los ecologistas han celebrado el acuerdo de Pleno. Para Greenpeace, es el “fin del calvario” de las dos décadas que ha costado obtener la revisión de la licencia de obras. “Ya es ilegal”, señala en una nota la organización ecologista. “Esta anulación llega tras años de insumisión judicial protagonizada por el Consistorio y pone fin al calvario administrativo que ha acompañado a esta ruina urbanística”, ha trasladado el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

Greenpeace considera que esta decisión “abre un nuevo escenario” puesto que “con la licencia anulada, ya no hay obstáculos administrativos para derribar este mamotreto ilegal”. Por eso, Greenpeace exige la demolición “de forma inmediata ante el Ayuntamiento de Carboneras” puesto que es el Consistorio el que, según han avisado, “tiene la obligación de ordenar el derribo como única medida posible para restablecer la legalidad urbanística”. “No se trata solo de tirar un edificio, sino de recuperar la biodiversidad de una de las joyas del Mediterráneo andaluz”, han recalcado.

Sin embargo, el abogado de los ecologistas, José Ignacio Domínguez, se ha mostrado convencido de que la empresa recurrirá la decisión del Pleno de anular la licencia. “Presentará el recurso en el Contencioso-administrativo de Almería y luego, cuando le digan que la licencia es ilegal, recurrirá al TSJA, que nuevamente le dirán que la licencia no se debió de conceder”, ha aventurado el letrado ante lo que prevé como una “demora más” para este “interminable” asunto.

Por su parte, Salvemos Mojácar ha anunciado que va a solicitar “de inmediato” al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que “reactive” el pleito que inició en 2006 encaminado a derribar el hotel de la playa de El Algarrobico que, según han incidido, quedó pendiente de que se anulara la licencia de obras que el Ayuntamiento de Carboneras ha acordado este martes revisar de oficio conforme al mandato judicial.

En una nota, la organización que consiguió la paralización cautelar de las obras cuando el hotel se encontraba prácticamente construido ha explicado que la reactivación de dicho proceso supone “la única vía realista para llegar a la demolición del hotel” ante la “falsedad manifiesta del resto de administraciones en el caso”.

María Jesús Montero pide a la Junta que inste al Ayuntamiento a demoler

María Jesús Montero, que presentó la vía de la expropiación a pie de hotel hace ahora año y medio, prometiendo que se habría demolido el hotel antes de final de 2025, ha evitado hoy referirse a esa vía. Tampoco lo ha hecho el MITECO, que hace dos semanas desmintió que hubiese descartado la expropiación, y aseguró que el proceso expropiatorio seguía su “curso dentro del marco legal establecido”.

Montero, secretaria general del PSOE-A, ha pedido a la Junta que “inste de inmediato” al Ayuntamiento de Carboneras o la empresa constructora a comenzar con el derribo del hotel del Algarrabico: “Es lo que se quedó en la última reunión de coordinación Estado-Comunidad Autónoma y la Junta de Andalucía se comprometió a que lo haría. Se trata de hacerlo de inmediato, hoy mejor que mañana”.

Montero ha explicado que los expedientes a los cinco concejales socialistas que votaron en contra de la nulidad en la primera “siguen en curso”, aunque cree que habrá “un trato distinto” para los dos concejales expedientados que han votado este martes a favor de la nulidad.

Sobre unas futuras indemnizaciones a la empresa propietaria del hotel, Montero ha señalado que la petición de la compañía “no se corresponden con el alzamiento de un edificio en terreno rústico”. La secretaría general del PSOE-A ha asegurado que “todas las administraciones pueden ser subsidiarias” y ha afirmado que la parte compensatoria de indemnizaciones “la tendrán que determinar los tribunales”.

También Por Andalucía ha ha reclamado este martes que se avance “cuanto antes” hacia el derribo del hotel. “Después de más de 20 años de carrera judicial, legislativa y administrativa, ha llegado el momento de dejar de marear la perdiz. El Algarrobico tiene que pasar cuanto antes al derribo”, ha afirmado Ernesto Alba, diputado de Por Andalucía, quien ha insistido en que “la protección del territorio y del patrimonio natural andaluz tiene que estar por encima de cualquier interés privado”.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería, 8.458 habitantes) ha decidido poner fin al expediente de revisión de oficio de la licencia de obras de El Algarrobico declarándola nula, con el voto a favor de ocho de los 13 concejales, y la ausencia de los otros cinco.

El Pleno ha dado así cumplimiento al ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había ordenado que votaran nuevamente esta cuestión para cumplir una sentencia de junio de 2021, firme desde diciembre de 2022, y que el Ayuntamiento empezó a ejecutar en junio de 2023. Tres años ha costado. Los jueces advirtieron el pasado 24 de junio que desplegarían todo su poder si los concejales volvían a ignorarles: ejecución subsidiaria, multas y posibles responsabilidades penales.

De esta forma, los ediles han votado en Pleno Extraordinario a favor de dar cumplimiento al auto de 24 de junio, dictando resolución para poner “fin a la revisión de oficio” de la licencia que concedió el 13 de enero de 2003, declarando que aquella licencia es nula de pleno derecho. Queda para otro momento determinar si deberá indemnizar a Azata del Sol, la promotora a la que dio la licencia para construir en plena playa y parque de Cabo de Gata, y en cuánto.

Esta era la segunda ocasión en un mes en la que los ediles del municipio eran llamados a pronunciarse sobre una cuestión que marca el futuro del inmueble. En la primera votación, el pasado 17 de junio, Carboneras dio la sorpresa. Con todo a favor, incluyendo el informe del Consejo Consultivo favorable a la nulidad, el Pleno decidió posponer la decisión de revisar (y anular) la licencia con el voto a favor de cinco del PSOE y dos no adscritos.

El voto de dos concejales socialistas da la vuelta

En esta ocasión, ha sido el voto de dos de las concejalas socialistas el que ha provocado el volteo del resultado. Mariana Esteban e Isabel Hernández se han apartado de la postura del líder local del partido, el exalcalde José Luis Amérigo, y se han alineado con los cinco concejales del PP y el propio alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) para dar cumplimiento al auto de 24 de junio,

Con la voz entrecortada, Hernández ha insistido en varias ocasiones en que “lo que dicta la Justicia está para cumplirse”, asegurando que él nunca ha intentado poner palos en las ruedas, sino que ha intentado cumplir “sobre la base de los medios humanos y materiales de que disponemos”.

El regidor ha insistido en pedir ayuda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, a las que ha llamado “corresponsables” de autorizar el hotel y ha pedido “altura de miras”: “Somos un municipio de poco más de 8000 habitantes, al que se le crearon unas expectativas irreales e ilegales de desarrollo”, ha lamentado, antes de advertir de que el camino que queda es largo y que no ve que el pueblo pueda recorrerlo solo: “Mucho nos tememos, si no tenemos ayuda, que el hotel va a seguir su culebrón (...) Intentemos entre todos salir de la mejor manera posible de este embrollo”.

El “embrollo” es la presunta responsabilidad a la que podría tener que hacer frente el Consistorio, si bien los tribunales ya han determinado en tres ocasiones que Azata no tiene derecho a reclamar nada porque sabía que no podía construir ahí. Hernández ha lanzado un “mensaje de intranquilidad”, asegurando que quienes vaticinan la ruina para el pueblo lo hacen para “meter miedo” y seguir sosteniendo un hotel ilegal.

No le han escuchado ni Amérigo ni los otros tres concejales que no han votado a favor (otro socialista y dos no adscritos), que han abandonado el salón de Plenos antes de que el alcalde tomara la palabra.

Antes, Amérigo había asegurado que el mandato del TSJA (“poner fin al expediente de revisión de oficio”) no obliga a declarar la nulidad de la licencia, y ha defendido que el acuerdo que adoptó el pasado Pleno para posponer la votación hasta contar con tres nuevos informes sí es obligatorio y ejecutivo.

El portavoz socialista ha insistido en que al expediente le faltan informes y documentos. En su opinión, votar hoy a favor de la nulidad de licencia supone incumplir a la vez el mandato del TSJA y el del Pleno. En la misma línea han hablado Felipe Cayuela y la otra concejala no adscrita, mientras las dos socialistas que han revertido el resultado explicaban que votaban a favor para cumplir con el mandato judicial: “Si no se declara por el Ayuntamiento lo haría el TSJA, a riesgo de que seamos encausados judicialmente.”

Hernández no le ha comprado el argumento a Amérigo, subrayando que el mandato de los jueces es claro: “Si nos dicen que hay que anular, hay que anularla. (...) Esos supuestos informes que faltan, no faltan. (...) Este expediente lo único que lleva es la revisión de oficio: la orden del TSJA, informe del Consultivo y la información a las partes”.

El regidor ha apuntado a Amérigo, recordando que es sobrino del alcalde que concedió la licencia, Cristóbal Fernández: “El hotel tiene padre y madre, el PSOE de la familia Amérigo Fernández, que son los que concedieron la licencia y nos llevan por el camino de la amargura”.

Una decisión controvertida

La decisión del pasado 17 de junio había descolocado a todos. El Gobierno central, personado en el procedimiento judicial, presentó un escrito pidiendo a los jueces que dieran un (otro) ultimátum al municipio para que anulara la licencia, y si no, que la anularan ellos. La Junta de Andalucía y los ecologistas optaron por pedir directamente al TSJA que asuma la función prevista en la ley y ejecute la sentencia ante la constatada resistencia municipal a hacerlo, además de pedir que se investigue ya en vía penal a concejales y alcalde. Y el PSOE, cuyos ediles contribuyeron decisivamente a completar la nueva pirueta que dio aire a la mole, anunció la apertura de un expediente y la suspensión temporal de esos concejales por saltarse la disciplina de partido.

De fondo operan las mismas reticencias que han trufado de obstáculos, excusas y trabas la ejecución de la sentencia del TSJA, que es firme desde diciembre de 2022 y pese a ello, sigue sin aplicarse. Aseguran quienes evitan ejecutarla que Carboneras podría verse expuesto a una reclamación millonaria de la promotora si es el propio municipio el que declara la nulidad de licencia que concedió en febrero de 2023.

Es el argumento que oponen, antes de manera velada y ahora ya abiertamente, quienes se oponen a la ejecución, como José Luis Amérigo, exalcalde del PSOE y ahora portavoz de los socialistas. En el Pleno, Amérigo aseguró que carecía de “información esencial” sobre las consecuencias de la nulidad, una decisión de “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica”, y adujo la necesidad de recabar al menos tres nuevos informes: uno sobre el impacto económico, otro de intervención y otro jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial.

Nada más recibir el acta del Pleno y los escritos de los ecologistas, la Junta de Andalucía y el Ministerio, los jueces del TSJA resolvieron dar una nueva oportunidad al Pleno para que convocara y votara la revisión, bajo advertencia de que si no lo hacía, podría multar a los responsables y llevarlos a Fiscalía.

Eso es lo que se ha votado hoy, con un resultado esperado durante más de dos décadas: la licencia de El Algarrobico es nula de pleno derecho. Esto era solo el primer paso, aunque probablemente el más costoso. Ahora vendrá todo lo demás.

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) votará por segunda vez el próximo 7 de julio la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico de cara a declarar su nulidad conforme al último mandato dado por el TSJA el pasado 26 de junio después de que la mayoría de la corporación decidiera aplazar el asunto hasta recabar nuevos informes.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el asunto ha contado con el voto favorable en la comisión informativa de Presidencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), así como dos ediles del PP. Otros dos concejales del PSOE se han abstenido y el edil no adscrito Felipe Cayuela (que propuso dejar el asunto sobre la mesa en la última sesión) ha excusado su presencia y no ha acudido.

Será la segunda ocasión en un mes en que los 13 ediles del Ayuntamiento carbonero sean llamados a pronunciarse sobre la revisión de la licencia para construir un hotel en la playa de El Algarrobico, invadiendo servidumbre de dominio público marítimo-terrestre y un espacio integrado en el parque natural de Cabo de Gata. La licencia fue concedida a Azata del Sol por el Consistorio, liderado entonces por Cristóbal Fernández (PSOE) el 13 enero de 2003. Aunque el TSJA ordenó a Carboneras que la revisara, en una sentencia firme desde diciembre de 2022, el Consistorio (liderado sucesivamente por Amérigo, Felipe Cayuela (exPP) y Sálvador Hernández -Ciudadanos-) ha evitado desde entonces cumplir la resolución.

El último episodio ocurrió el pasado 17 de junio, cuando ya se contaba con el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y todo estaba previsto para completar el expediente administrativo para ejecutar la sentencia iniciado año y medio antes. Pero todo quedó nuevamente atascado. Aquel día, Cayuela presentó supuestamente por sorpresa una propuesta para aplazar la votación, alegando que era necesario recabar más informes para pensarlo todo mejor, y la propuesta obtuvo siete votos a favor, los de cinco ediles del PSOE y dos no adscritos.

El portavoz socialista en Carboneras, el exalcalde José Luis Amérigo, dijo necesitar al menos tres informes más sobre las consecuencias urbanísticas y particularmente económicas que para el municipio tendría declarar nula una licencia que concedió en su día. El temor que sobrevuela el municipio desde hace años es que Carboneras tenga que asumir una indemnización millonaria a la promotora. El PSOE anunció la suspensión de militancia de sus cinco concejales.

El alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) se desmarcó de este resultado nada más salir del Pleno: “Lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá”.

Peticiones de Gobierno, Junta y ecologistas

Aquel resultado motivó que el TSJA requiriera al Ayuntamiento de Carboneras el pasado 26 de junio para que la convocatoria inmediata de un nuevo Pleno en el que aprobar la propuesta de revisión de la licencia de obras del hotel concedida a Azata del Sol el 13 de enero de 2003 en un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles.

Los magistrados, que han advertido a los sucesivos alcaldes con imponerles una multa y dar cuenta a Fiscalía de su resistencia a ejecutar su sentencia (sin materializar nunca las advertencias), aceptaron así la solicitud del Gobierno central.

El Ministerio de Transición Ecológica, recientemente personado en la ejecución, había pedido a los jueces que forzaran al Ayuntamiento a ejecutar, y que si este volvía a fallar, fueran los propios jueces quienes asumieran la tarea. La Junta de Andalucía, por su parte, había pedido que entrasen ya, sin dar una nueva oportunidad al municipio. Lo mismo solicitaron los ecologistas, que llevan años reclamando una intervención directa de los magistrados que ponga fin a la actitud obstructiva del municipio.

El TSJA optó por dar una nueva oportunidad a los concejales, advirtiéndoles expresamente de que, en caso de incumplimiento, podría acordar la ejecución subsidiaria de la sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), ponerles una multa y deducir testimonio a Fiscalía.

Ahora, el Ayuntamiento cumple el mandato de convocar nuevo pleno para que la corporación vuelva a votar la propuesta, sin recabar los informes adicionales solicitados por los siete concejales que habían pedido posponer la votación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto por el que requiere de forma formal y directa al Ayuntamiento de Carboneras para que proceda en un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles a la anulación de la licencia de obras del hotel ilegal que se encuentra en el parque natural de Cabo de Gata.

El dictamen, adelantado por la Cadena SER y consultado por esta cabecera, va dirigido directamente al alcalde de la localidad almeriense Salvador Hernández y exige que el Consistorio ponga fin al procedimiento de revisión de oficio de la licencia concedida por la corporación a la entidad Azata del Sol S.L. del 13 de enero de 2003. Una vez realizado este trámite, se dará remisión de la resolución “de forma inmediata” a la Sala, expone el TSJA.

Asimismo, se establece que en caso de no darse cumplimiento al requerimiento, “podrá acordarse la ejecución subsidiaria de la Sentencia” conforme a lo dispuesto en la normativa. Es decir, el TSJA sustituirá las competencias municipales. Por tanto, se forzará la actuación administrativa y se invalidará la licencia de obras por sus propios medios jurídicos.

Esta resolución se produce días después de que se retrasara la votación en el Pleno municipal para desbloquear la situación y proceder a la demolición el pasado 17 de junio y, a su vez, tras el anuncio de la Junta de Andalucía en el que solicitaba al TSJA que anulara la licencia de obras del complejo. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Carboneras viene incumpliendo de manera reiterada la sentencia del TSJA desde el año 2021, que fue finalmente firme en diciembre de 2022.

23 años después

Más de dos décadas después, el hotel de 411 habitaciones y 20 plantas que se encuentra a 14 metros de la orilla del mar parece que tiene los días contados. El Ayuntamiento de Carboneras celebraba un pleno extraordinario el pasado 17 de junio para debatir y votar únicamente el acuerdo destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, lo que hubiera permitido avanzar en la anulación del permiso otorgado en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol para su construcción. Esto sucedía tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba el visto bueno a la propuesta de resolución del procedimiento.

El pasado miércoles, el pleno bloqueó el procedimiento gracias a una moción presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (ex del PP, ahora no adscrito) apoyada por los concejales del PSOE liderados por el exalcalde José Luis Amérigo (PSOE, que le ha abierto expediente) para retrasar el voto de revisión, y pedir en su lugar hasta tres informes sobre el posible impacto patrimonial y urbanístico de declarar la nulidad de la licencia para el Consistorio.

Fruto de este requiebro, se convocó este martes de urgencia la comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía, la primera que se da desde marzo del año pasado y por novena vez en una década, donde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) del Gobierno central y la Consejería de Sostenibilidad de la Junta coincidieron en el objetivo final: que el hotel a medio construir desaparezca de la playa del mismo nombre. La reunión bilateral constataba que ambas administraciones pretendían solicitar el amparo del TSJA.  

De momento, la línea de la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025, y que la Junta mira con recelo, ha quedado supeditada al resultado de las gestiones del TSJA para anular la licencia. Ambas partes transmiten que los esfuerzos ahora se centran en anular la licencia.

Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España confían en los tribunales para anular la licencia de obras de El Algarrobico, el hotel ilegal en plena playa de Carboneras (Almería), en el parque natural de Cabo de Gata. Sin embargo, también hay un matiz: mientras el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) ya ha pedido a los jueces que urjan al Ayuntamiento a anular la licencia, y si no, que la anulen ellos mismos, el Gobierno andaluz es partidario de pedir a los jueces que actúen por sí mismos ya.

Así lo han constatado ambas administraciones en la reunión de este martes, celebrada una semana después de que el Pleno del Ayuntamiento decidiera por sorpresa y con el voto de cinco ediles socialistas y dos no adscritos aplazar la votación para revisar la licencia, que concedió hace 23 años.

En la reunión de este martes, la primera de la comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía desde marzo del año pasado, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) del Gobierno central como la Consejería de Sostenibilidad de la Junta se han informado mutuamente sobre sus actuaciones y sus intenciones, aparentemente coincidentes en el objetivo final: que el hotel a medio construir desaparezca de la playa del mismo nombre. Además de técnicos y letrados, por parte de la Junta de Andalucía han participado dos veciconsejeros, la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático y dos directores generales; así como técnicos y letrados. Por parte del Gobierno central, han intervenido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán y la directora general de la Costa y el Mar.

Ambas administraciones dicen querer acabar cuanto antes con la mole, para lo cual es necesario que antes alguien declare que la licencia que sirvió para levantarla es nula. A priori, la tarea de anularla solo puede hacerla quien la otorgó, el Ayuntamiento, pero este lleva años demorando su obligación de hacerlo (consignada en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia firme desde diciembre de 2022) con todo tipo de requiebros. Para casos así, la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa prevé que los jueces tomen las riendas y ejecuten por sí mismos. Es lo que los ecologistas llevan años pidiendo, a la vista de lo que consideran una flagrante insumisión de los concejales de Carboneras.

El pasado miércoles, el Pleno volvió a dar largas, aprovechando una moción presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (exPP, ahora no adscrito) apoyada por los concejales del PSOE liderados por el exalcalde José Luis Amérigo (PSOE, que le ha abierto expediente) para retrasar el voto de revisión, y pedir en su lugar más informes sobre el posible impacto patrimonial y urbanístico de declarar la nulidad de la licencia para el Consistorio. Es decir, nuevos informes sobre si el Ayuntamiento podría tener que indemnizar a Azata del Sol, la promotora, en caso de anular la licencia que le dio en su día, y que los tribunales le han ordenado revisar.

Actuar ya o requerir otra vez al Ayuntamiento

Este nuevo regate provocó la reacción unánimente indignada, y la coincidencia entre Gobierno y Junta de que hay que echar mano de los jueces. Sin embargo, hay un matiz que diferencia la postura de las dos administraciones, y los jueces deberán decidir.

De un lado, el Gobierno ya ha solicitado al TSJA que dé una nueva oportunidad al Ayuntamiento, pero no más. En un escrito presentado el lunes, pide a los jueces que den 72 horas de plazo al Consistorio para que convoque un nuevo Pleno para que aborde la revisión de la licencia y, entonces sí, “para el supuesto de que no se dé cumplimiento a los requerimientos formulados por la Sala, acuerde proceder a la ejecución subsidiaria de la sentencia”, además de multar a los responsables e investigarlos por vía penal.

En cambio, la Junta de Andalucía no quiere dar más oportunidades al Ayuntamiento, y prefiere que los jueces ejecuten ya, sin esperar a otro Pleno. “Los servicios jurídicos de la Junta recibieron el encargo del Ejecutivo autonómico (…) de instar al TSJA a que directamente decrete la nulidad de la licencia (…) sin esperar a que el Consistorio vuelva a convocar sesión plenaria para tratar de aprobar la anulación, ante los reiterados incumplimientos y demora por parte del Ayuntamiento”, explica la Consejería en un comunicado.

Que los jueces ejecuten directamente es una vía que la Junta de Andalucía descartó hace poco más de un año, quizás porque todavía confiaba en que el Ayuntamiento cumpliría con la sentencia. Lo pidió la promotora y lo pidieron los ecologistas, con motivos opuestos (la promotora porque entiende que así podría exigir reclamaciones en otras instancias), y la Junta se opuso. Pero tras un año y medio comprobando que el Ayuntamiento alegaba motivos peregrinos (“prácticas dilatorias”, observó la Junta) para demorar una y otra vez el expediente, el Gobierno andaluz ahora se decanta por pedir la activación del botón judicial: que sean los jueces los que lo hagan.

En todo caso, la Junta ha dado instrucciones a sus letrados, pero aún no ha presentado su escrito, según confirman fuentes del procedimiento.

Expropiación, sin novedades

De momento, la línea de la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025, y que la Junta mira con recelo, ha quedado supeditada al resultado de las gestiones del TSJA para anular la licencia. Ambas partes transmiten que los esfuerzos ahora se centran en anular la licencia.

Este martes, Junta y Gobierno se enredaron en el matiz semántico del orillamiento de la vía expropiatoria. La Junta dijo en su comunicado que el MITECO había “confirmado la suspensión del procedimiento de expropiación”. De inmediato, el MITECO desmintió que “haya solicitado la paralización del procedimiento expropiatorio”. Fuentes del ministerio subrayan que la expropiación sigue siendo una vía “plenamente vigente”, “uno de los instrumentos disponibles” y que no ha sido descartada, sino que “sigue su curso”.

Poco se sabe de su evolución desde que Azata del Sol y el MITECO constataran la enorme diferencia entre el valor que cada una otorga a los 32.000 metros cuadrados de la promotora insertos en dominio público marítimo-terrestre. Azata los valora en 44,5 millones de euros; el Ministerio le ofrece 16.500. Esto fue en marzo. La discrepancia debe dirimirla ahora un jurado provincial de expropiación, que tiene seis meses (en teoría, hasta septiembre). Cuando dé su valoración, ambas partes podrán impugnarla ante los tribunales.

Entre tanto los esfuerzos se centran en lograr la nulidad de una licencia concedida en enero de 2003, hace 23 años. El dictamen del Consultivo favorable a la nulidad lo dejó todo preparado para que el Ayuntamiento la revocase, pero la nueva demora confirmó que El Algarrobico sigue envuelto en un ovillo de intereses que lo mantiene atado a la playa. También provocó la convocatoria de la comisión mixta, reunida por novena vez en la última década. Es un órgano bilateral previsto en el Protocolo de 2011, que contempla el reparto de tareas para cuando, al fin, se despeje la maraña jurídica de El Algarrobico; algo que, según Junta y Gobierno, sólo pueden hacer los jueces.  

El Gobierno ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dé un plazo de tres días al Ayuntamiento de Carboneras para que este convoque, otra vez, un Pleno para votar la revisión de la licencia de obras de El Algarrobico, según trasladan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. También solicita a los jueces que pidan con urgencia copia del acta del Pleno del pasado miércoles, donde la votación con ese mismo objeto quedó frustrada por sorpresa; que identifiquen ya a los responsables de hacer avanzar el procedimiento; y que les multe y traslade sus actuaciones al fiscal si incumplen. A través de la Abogacía del Estado, el Gobierno pide a los jueces que, si esto no ocurre, sean ellos quienes revisen la licencia y, eventualmente, declaren su nulidad.

En el Pleno celebrado el pasado miércoles dos ediles no adscritos y cinco del PSOE dieron al traste con la posibilidad de anular esa licencia, concedida en 2003, al proponer y votar una moción previa que pide el aplazamiento de la decisión hasta contar con nuevos informes jurídicos y económicos que determinen la posible responsabilidad económica para el municipio de anular el permiso de obras concedido en su día a Azata del Sol.

La nulidad estaba más cerca que nunca tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo andaluz, pero tras el aplazamiento de la votación en el Ayuntamiento, la situación jurídica de la mole ha entrado en una nueva fase del mismo impasse que la mantiene varada en la playa del mismo nombre en Cabo de Gata desde hace dos décadas: a pesar de los múltiples pronunciamientos judiciales en contra desde que un juez ordenara parar máquinas el 6 de febrero de 2006, el inmueble sigue en pie porque la licencia concedida por el Consistorio tres años antes es válida hasta que el Consistorio la declare nula.

Ejecución judicial subsidiaria

Subsidiariamente, el MITECO ha pedido a los jueces de que sean ellos los que ejecuten su propia sentencia, pero sólo para el caso de que el Ayuntamiento de Carboneras vuelva a incumplir los requerimientos judiciales (remitir el acta en 48 horas, convocar Pleno en 72 horas e identificar a los responsables).

De esta forma, el Gobierno se inclina por mantener abierta la puerta a una anulación de la licencia en vía municipal, a diferencia de los ecologistas y de la Junta. Nada más conocer lo que pasó en el salón de plenos el mismo miércoles, Greenpeace presentó un escrito pidiendo investigar a los ediles y reiterando que los jueces tomen las riendas del asunto. También el Gobierno andaluz anunció, por boca de la portavoz en funciones Carolina España, que pedirá que sean los magistrados quienes ejecuten su sentencia sustituyendo al Ayuntamiento, algo que el propio Gobierno andaluz descartaba poco más de un año.

Los magistrados ya reconocen expresamente esta posibilidad. En un auto dictado el pasado 2 de junio para desestimar un recurso de la promotora, recordaron que tienen “amplias facultades” para ejecutar la sentencia, “inclusive la declaración de nulidad de la licencia”. Y “sobre todo, tiene la obligación de remover los obstáculos de todo orden que encuentre dicha ejecución”, advertían.

El escrito del Gobierno a los jueces de El Algarrobico se produce sin esperar a la reunión con el Ejecutivo andaluz para abordar los próximos pasos a dar para demoler El Algarrobico, prevista para este martes. La comisión mixta, constituida para dar seguimiento a un reparto de tareas ya suscrito en 2011 (demoler para el Gobierno central; desescombrar y restaurar, para el andaluz) se ha reunido ocho veces desde 2016. Esta vez la presidirá la Junta.  

Los concejales expedientados por el PSOE: “Nos defenderemos”

Después de incorporarse a la vía judicial hace apenas un par de semanas, el Gobierno central trata así de impulsar un procedimiento administrativo eterno que ni los jueces, ni la Junta de Andalucía ni los ecologistas han sido capaces de acelerar, porque todo depende en última instancia de los ediles municipales. Consiste en ejecutar una sentencia del TSJA de 2021, firme desde diciembre de 2022, que obliga a Carboneras a revisar de oficio la licencia.

El Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por José Luis Amérigo (PSOE), Felipe Cayuela (exPP) y Salvador Hernández (Ciudadanos) ha puesto todo tipo de excusas para retrasar el cumplimiento de las sentencias que declaran la ilegalidad del hotel y lo abocan a su derribo: ha cometido errores absurdos, tramitado procedimientos innecesarios, votado mociones inútiles y ha alegado que no se tiene personal, para llegar al Pleno del pasado miércoles, en el que la votación final no llegó a producirse bajo el argumento de que, veinte años después, es necesario disponer de al menos tres nuevos informes que arrojen luz de las consecuencias que tiene anular la licencia.  

La nueva pirueta en el Pleno carbonero provocó un terremoto político, porque parece que esta vez sí, algunos contaban con que aquí se terminaba la historia. Pero no. La revisión quedó aplazada porque siete concejales, entre ellos cinco socialistas y dos exalcaldes (Amérigo y Cayuela) votaron por ello. Entre los ecologistas existe el convencimiento de que todo era un teatro del que también participó el alcalde Salvador Hernández, quien no mostró mucha sorpresa de lo que pasaba durante el Pleno pero se dijo muy sorprendido a la salida, y que en el pasado ha pedido que se estudie si al hotel se le podría dar otro uso.

El voto de los cinco ediles socialistas ha dejado en una posición muy incómoda al PSOE, que se apresuró a abrirles expediente disciplinario por no seguir las directrices del partido, mientras el PP les apuntaba con el dedo. No es la primera vez. Los intereses del PSOE, particularmente de su agrupación local, siempre están en cuestión desde que la construcción se impulsara con gobiernos socialistas en la Junta y el municipio.

En 2023 fueron los ecologistas de Greenpeace quienes hicieron pasar como propio del PSOE un gran cartel frente a la sevillana estación de Santa Justa donde juntaban a Amérigo (por entonces candidato socialista a la reelección como alcalde, y contrario a la demolición) con Juan Espadas. “Defiende lo que piensas, Algarrobico demolición”, decía el cartel, que irritó a Espadas, por entonces secretario general de los socialistas andaluces, quien se desmarcó de cualquier connivencia con las maniobras dilatorias de Amérigo replicando en X: “Las sentencias se acatan, no lo duden”.

Tres años después, Espadas ya no es secretario general del PSOE-A. El líder de la agrupación local del PSOE sigue siendo Amérigo, sobrino de Cristóbal Fernández (el alcalde socialista que en 2003 concedió la licencia), quien ha dicho que su expulsión sería injusta: “Nos defenderíamos donde tuviéramos que defendernos”. Y la sentencia, dictada hace cinco años, sigue sin acatarse.

El PSOE de Andalucía ha forzado, a través de su dirección provincial en Almería, la suspensión temporal de militancia de sus cinco concejales en el municipio de Carboneras, después de que este miércoles unieran sus votos a dos ediles no adscritos para forzar la suspensión del pleno municipal que debía dar un paso clave en la demolición del proyecto hotelero de El Algarrobico. En concreto, en la sesión tenía que aprobarse la anulación de la licencia que permitió levantar una mole que lleva dos décadas resistiéndose a la piqueta.

Fuentes socialistas han señalado que, al mantener sus concejales en el Ayuntamiento carbonero una posición “contraria al acuerdo de la dirección del PSOE-A”, optando por el aplazamiento del pleno sin una fecha definida, aunque desde el PSOE se da por hecho que será el próximo lunes. Esta suspensión, que llega horas después de que se les abriese expediente, afecta así a todos los miembros del grupo municipal socialista en el Consistorio, medida que será ejecutada este jueves por los órganos federales del partido.

Asimismo, el partido que lidera María Jesús Montero en Andalucía “ratifica su firme voluntad” de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico, que era lo que tenía que validar el pleno de este miércoles. “El hotel El Algarrobico se va a tirar sí o sí”, señalan en este sentido las mismas fuentes, que insisten en que “un atentado contra el medio ambiente de semejante envergadura trasciende el nivel de decisión político local y es una prioridad del PSOE andaluz y nacional”. 

Llamamiento a votar a favor

De paso, se “insta” a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Carboneras, incluidos sus hasta ahora concejales, a que en la próxima sesión plenaria voten a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento y ejecutar la sentencia. “Apoyamos y compartimos el llamamiento al acuerdo realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, que ha pedido también a todos los ediles que den el necesario paso de validar el fallo del TSJA.

El Ministerio, eso sí, ha anunciado que si el pleno no procede a la anulación de la licencia de obras, el Ministerio, solicitará a través de la Abogacía del Estado la anulación de dicha licencia con carácter subsidiario. Una petición similar ha hecho la Junta de Andalucía, que hace un año descartó de plano esta opción.

La Junta de Andalucía ha anunciado que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anule la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, sustituyendo así al Ayuntamiento de Carboneras, que es el primer obligado a hacerlo pero no lo hace. Con esta actitud, el Consistorio viene incumpliendo de manera reiterada la sentencia del propio TSJA de 2021, firme desde diciembre de 2022; la última vez este mismo miércoles, cuando volvió a retrasar la votación en el Pleno municipal para desbloquear la situación y proceder a la demolición.

La solución que pretende adoptar ahora el Gobierno andaluz es la misma que los ecologistas piden desde hace años, y a la que la Junta se opuso en marzo de 2025, pocos días antes de que el Gobierno central anunciase por sorpresa su intención de expropiar los terrenos de dominio público sobre los que se asienta el polémico hotel.

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha avanzado este miércoles que la Junta de Andalucía solicitará ahora a los magistrados que anulen la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. Es una posibilidad prevista por la ley de forma supletoria, para aquellos casos en que el obligado no cumple las sentencias. Los jueces tienen entre sus funciones “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, si es necesario y en última instancia, actuando ellos mismos.

En este caso, el obligado es el Pleno de Carboneras, que aprobó la licencia de obras en 2003 (delegando en una comisión), y debe ahora revisarla de oficio para cumplir con el mandato judicial. Es el último paso del expediente administrativo, después de que el Consejo Consultivo informara favorablemente a la nulidad de la licencia, por ubicarse el edificio en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.

La solución, “anular la licencia”

Sin embargo, el Pleno ha acordado posponer la votación, con el voto a favor de los cinco ediles del PSOE y los dos no adscritos, el voto en contra del alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) y los cuatro del PP, y la ausencia de uno de los ediles. Hernández ha asegurado que desconocía que esto fuera a suceder, mientras que el PSOE de Almería ha anunciado la apertura de un expediente a sus cinco ediles.

Los concejales que han secundado esta propuesta –cinco del PSOE y dos no adscritos– han justificado este paso en la necesidad de contar con informes sobre el impacto económico y patrimonial de la medida, alegando que puede poner en riesgo el equilibrio financiero del municipio. El Consistorio carbonero trasladará ahora al TSJA así como al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) la decisión municipal de aplazar esta votación. En varias ocasiones los magistrados han advertido al alcalde con multarle si el expediente no avanzaba.

La sorpresa de que este miércoles no se anulara la licencia, como estaba previsto, ha cambiado el paso al Gobierno andaluz, que ahora va a pedir que los jueces intervengan directamente. La portavoz del Ejecutivo andaluz, que se ha mostrado “enormemente” sorprendida por la decisión del Pleno del ayuntamiento carbonero, ha insistido en que la solución es anular la licencia, frente a la vía de la expropiación que abandera el Gobierno central, pero ya no se opone a que sean los jueces los que lo hagan, como ocurrió hace año y medio.

Tal y como contó entonces elDiario.es Andalucía, el 7 de febrero de 2025, tres días antes de que el Gobierno anunciara su intención de expropiar, los letrados de la Junta en el incidente de ejecución de la sentencia remitieron un escrito al TSJA subrayando que debía ser el Ayuntamiento de Carboneras el que tramitara el procedimiento de revisión que por entonces aún ni había arrancado. El letrado de la Junta defendía que sólo Carboneras puede acometer la revisión porque la sentencia impone la obligación al Consistorio, y subrayaba el principio de que las sentencias deben ejecutarse “en sus propios términos”.

La Junta se oponía así a un escrito de la promotora Azata del Sol que, coincidiendo con la reivindicación de los ecologistas, había pedido a los jueces que declararan ellos la nulidad de la licencia, previsiblemente para facilitar la interposición de una reclamación económica al Ayuntamiento.

La “traición” del PSOE

La postura favorable de los concejales socialistas al nuevo retraso en esta historia interminable en torno al símbolo de la depredación del litoral ha dado munición al PP andaluz. Para España, supone una “paradoja” que haya sido el propio PSOE –al que ha llegado a acusar de “traición”– “el que haya bloqueado este acuerdo en el Pleno” pese a sus manifestaciones para avanzar hacia el derribo del hotel. En este sentido, ha añadido que se está “estudiando” si existe alguna “responsabilidad penal” de los ediles que han obligado con su voto a aplazar el acuerdo de pleno.

También los ecologistas exigen abrir la vía penal. Greenpeace ha pedido ya a los jueces que deduzcan testimonio a la Fiscalía para que investigue a los responsables municipales, mientras que Salvemos Mojácar ha anunciado la interposición de una querella por prevaricación.

José Luis Amérigo, alcalde de Carboneras de 2019 a 2023 y actual portavoz del grupo municipal socialista, es sobrino de Cristóbal Fernández (el alcalde que concedió la licencia en 2003). Amérigo ha dicho que no se opone a cumplir las sentencias, pero ha argumentado su postura en que el expediente “carece de información esencial” sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de anular la licencia. Durante su mandato, el Ayuntamiento no avanzó en el cumplimiento de las sentencias que le obligan a declarar que el suelo es no urbanizable (algo que el TSJA no dio por cumplido el pasado febrero, a pesar de que la sentencia data de 2016 y es firme desde 2018) y a revisar la licencia.

“¿Por qué ha permitido la señora Montero y el PSOE-A que los concejales voten en contra del pleno para anular la licencia?”, se ha cuestionado España, quien se ha preguntado además si el PSOE tiene algo que esconder al haberse mostrado “en rebeldía con la justicia” a partir de esta decisión.

“Está claro que hay que acabar cuanto antes con ese atropello medioambiental y yo espero que los socialistas no vuelvan a poner más impedimentos para esa demolición”, ha añadido la consejera. “No solo crearon el problema en su momento, sino que ahora están evitando que se pueda solucionar”, ha añadido.

La Junta se abre a convocar una reunión con el Gobierno

No es el único viraje del Gobierno andaluz. La titular en funciones de Hacienda ha avanzado también que convocará en los “próximos días” la reunión de la comisión mixta Junta-Gobierno, creada en 2011 para repartir las tareas de demoler y recuperar el paraje natural de Cabo de Gata. Hasta ahora, el Gobierno de Moreno había dado largas a las prisas del Ejecutivo central para convocar a este órgano, argumentando que antes debía celebrarse el Pleno para revisar la licencia. Ahora, España dice que lo convocará para “exigir explicaciones”, “soluciones” y “responsabilidades” a los socialistas sobre lo ocurrido.

Por su parte, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este miércoles en la postura del Ejecutivo y del PSOE para avanzar en la demolición del hotel de El Algarrobico. “Desconozco exactamente de forma pormenorizada qué es lo que ha podido ocurrir”, ha manifestado Fernández en relación con la actitud de los concejales socialistas, ha esgrimido como argumento cuando ha sido preguntado por la cuestión en Sevilla.

No obstante, el delegado ha insistido en que el Gobierno y el PSOE apoyan con “absoluta contundencia” la nulidad de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003 –bajo mandato del socialista Cristóbal Fernández, tío del actual portavoz socialista– para dar cumplimiento a las sentencias que obliga a la revisión de oficio del permiso municipal que posibilitó la construcción en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

“La demolición tiene que llegar y tiene que llegar ya, lo antes posible, para que de una vez por todas borremos de nuestra imagen ese desmán urbanístico, ese auténtico atentado al patrimonio ambiental de ese espacio tan sumamente representativo de nuestras costas como es Cabo de Gata”, ha insistido Fernández.

Expediente por no cumplir lo que había marcado el partido. Los cinco concejales socialistas en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) serán expedientados después de votar este miércoles a favor de frenar el acuerdo para anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. Este trámite se considera necesario para proceder por fin al derribo del edificio.

Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE almeriense, José María Martín, quien ha apuntado que “no se han respetado las directrices que desde los órganos del partido se les habían facilitado” a los ediles. De paso, ha defendido que la posición socialista ante El Algarrobico es “inequívoca” y pasa por cumplir las resoluciones judiciales que obligan al Ayuntamiento de Carboneras a anular expresamente la licencia municipal.

Martín ha señalado que la anulación de la licencia “es una exigencia judicial” y “la condición previa para la demolición”, tras recordar que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como el Tribunal Supremo (TS) han dictaminado que el Ayuntamiento debe anularla “por ser contraria al ordenamiento jurídico” y por haber sido otorgada sobre “suelo protegido”. En este sentido, ha afirmado que el voto del grupo socialista en el pleno celebrado este miércoles “debía de haber sido favorable a esa anulación”, tal y como, según ha indicado, se trasladó “expresamente” a la dirección del PSOE de Carboneras y a su grupo municipal.

“No admite ni una sola demora más”

El dirigente socialista ha remarcado que “el derribo del hotel de El Algarrobico no admite ni una sola demora más después de más de dos décadas de pleitos en los juzgados” y ha añadido que, para el PSOE, “cuanto antes se proceda a la demolición, mejor, y si es posible, mañana mismo”. Preguntado en rueda de prensa por si los expedientes pueden derivar en la expulsión de los concejales, Martín ha indicado que “habrá que tramitar el expediente”, dar traslado a los interesados y aplicar “lo que estatutariamente corresponda por los órganos competentes del partido”.

La decisión llega después de que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras, José Luis Amérigo, junto con otros cuatro ediles socialistas, haya apoyado la propuesta del concejal no adscrito Felipe Cayuela para dejar sobre la mesa el expediente hasta recabar nuevos informes jurídicos y económicos sobre las consecuencias patrimoniales de la anulación de la licencia concedida a Azata del Sol en 2003. Esto vuelve

Previamente, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, se ha referido a este asunto en Sevilla, donde ha avanzado que la formación iba a adoptar “medidas reglamentarias” ante la actuación de los concejales de Carboneras, al tiempo que ha reafirmado la posición socialista a favor de anular la licencia del que ha considerado un “monumento a la barbaridad medioambiental”.

La organización ecologista Greenpeace ha dado un paso más en su batalla judicial contra el hotel de El Algarrobico, solicitando a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que exija responsabilidades penales tras el último movimiento del Ayuntamiento de Carboneras, en Almería. En un escrito presentado este 17 de junio , la ONG ha reclamado que se traslade el caso a la Fiscalía por el “reiterado y palmario incumplimiento” de la sentencia que obliga a revisar y anular la licencia de obras del polémico edificio.

La denuncia de Greenpeace se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) haya decidido aplazar este miércoles la votación prevista para este mismo miércoles, en la cual debía declararse la anulación de la licencia municipal concedida en el año 2003 a la promotora Azata del Sol.

El argumento esgrimido por el pleno para posponer la decisión ha sido la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, así como la supuesta necesidad de recabar nuevos informes jurídicos para evaluar las posibles responsabilidades patrimoniales a las que podría enfrentarse el municipio.

Que el TSJA anule la licencia de obras

Ante esta dilatación, la representación legal de Greenpeace exige que, conforme al artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se “deduzca testimonio” de particulares para depurar responsabilidades penales ante la Fiscalía. Asimismo, la organización ecologista solicita que, amparándose en el artículo 108.1.a de la misma normativa, sea la propia Sala del tribunal la que asuma y ejecute directamente el expediente de nulidad ante la inacción del consistorio.

Este aplazamiento supone un nuevo obstáculo en un proceso histórico que parecía encarar su recta final. El pasado 22 de mayo, el Consejo Consultivo de Andalucía había dictaminado que la licencia de construcción resulta “nula de pleno derecho” al invadir los cien metros de la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre y por ubicarse en el suelo no urbanizable protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Cabe recordar que la anulación oficial de esta licencia por parte del Ayuntamiento es el requisito indispensable que espera la Junta de Andalucía para poder convocar una comisión mixta con el Estado. Esta comisión tiene como objetivo materializar el derribo del inmueble de 20 plantas y proceder a la recuperación integral del paraje natural.

De forma paralela, el Gobierno central, que acaba de personarse en el proceso para anular el permiso, mantiene un pulso por la vía de la expropiación ofreciendo 16.500 euros a la promotora por los terrenos, cifra que choca con los 44,5 millones de euros que exige Azata del Sol al otorgar valor a lo ya construido.

La licencia de obras de El Algarrobico sigue en vigor. Con todas las miradas puestas en la posibilidad de que hoy, 23 años después de que se concediera, quedase anulada la licencia para levantar la mole, el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha pospuesto la votación hasta la próxima sesión debido a la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, que podría conllevar una responsabilidad patrimonial para el municipio.

Sin resistencia, el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) ha aceptado que antes de votar la revisión había que votar para que la revisión de la licencia “se quede sobre la mesa”. Él y los concejales del PP han votado en contra de posponer, pero la propuesta ha salido a favor con el apoyo de los concejales del PSOE y no adscritos. No hay fecha para el nuevo Pleno, pero se condiciona a contar con tres nuevos informes sobre el impacto para el municipio de anular la licencia.

A la salida del Pleno, Hernández ha asegurado que no contemplaba el escenario, lamentando lo ocurrido: “Lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá”.

Fuentes municipales señalan que no es posible saber ahora cuándo se convocará el nuevo Pleno. Los siguientes pasos son plasmar lo que ha ocurrido en el acta y elevar esta al TSJA que tutela los pasos que se dan para ejecutar su sentencia.

La revisión de la licencia, ordenada en sentencia del Tribunal Superior de Andalucía en 2021 (firme desde 2022), estaba más cerca que nunca después de que el Consejo Consultivo de Andalucía resolviera a finales de mayo que es “nula de pleno derecho” por ubicarse el edificio en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.

Era el penúltimo trámite en el expediente administrativo que tramita el Ayuntamiento para cumplir la sentencia que le obliga a ello, tras advertencia de los jueces. Tras este dictamen, el Pleno (responsable de conceder la licencia en su día, aunque delegó en otro órgano) debía pronunciarse para resolver el expediente, pero en lugar de eso, ha adoptado una moción para retrasar la votación, presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (PP), que ha obtenido el voto favorable de los cinco ediles del PSOE (liderados por el exregidor José Luis Amérigo) y de la otra concejala no adscrita antes en el PP, Ángeles Carrillo.

De esta forma, el Pleno ha aprobado por siete votos a favor y cinco en contra (los del alcalde Salvador Hernández -Ciudadanos- y los cuatro del PP) la propuesta de Cayuela, quien ha solicitado aplazar la deliberación hasta la próxima sesión debido a la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, del que se podrían derivar responsabilidades “patrimoniales”.

Minutos después de conocerse este nuevo retraso, Greenpeace ha solicitado al TSJA que se deduzca testimonio y dé traslado a Fiscalía para investigar a los miembros de la corporación por el “reiterado y palmario incumplimiento” de la sentencia. También ha reiterado una petición que lleva años formulando: que sean los jueces quienes ejecuten directamente, a la vista de que el Ayuntamiento siempre tropieza, queriendo o sin querer, con algún obstáculo.

También Salvemos Mojácar, la organización que logró en 2006 la paralización de la obra, ha anunciado que presentará “hoy mismo” una querella por prevaricación contra quienes han votado a favor o se han abstenido para posponer el Pleno, y ha pedido al PSOE que expulse a sus ediles en el municipio.

Los ecologistas llevan años denunciando las maniobras dilatorias del Ayuntamiento, sus alcaldes y concejales, hasta el punto de pedir el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También lo ha denunciado la Junta de Andalucía, y los propios tribunales han advertido a los sucesivos alcaldes por multas por retrasarse en esta sentencia y en la que obliga a clasificar el paraje como no urbanizable (firme desde 2021 y dada por cumplida el pasado febrero), sin llegar nunca a imponer sanciones. En marzo de 2025 dieron un mes de plazo al alcalde para ejecutar su sentencia, bajo advertencia de denunciarlo si no a Fiscalía.

Falta de “información esencial”

El expediente para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) de julio de 2021, firme desde diciembre de 2022, lleva tramitándose casi año y medio. El Ayuntamiento lo abrió a la fuerza en marzo de 2025, tras iniciarse un procedimiento de ejecución judicial por la falta de ejecución voluntaria. Desde entonces, se han acumulado retrasos y errores que han llevado a los magistrados con advertir de que impondrían multas a los responsables municipales si no se cumplía su sentencia. La pasada semana el Gobierno central se personó en este procedimiento de ejecución, al entender que guarda conexión con la expropiación de la parcela que impulsa desde el año pasado.

Tras la lectura del informe de la secretaria, favorable a votar la nulidad de la licencia, ha tomado la palabra José Luis Amérigo, portavoz del PSOE, alcalde de Carboneras entre 2019 y 2023, y sobrino de Cristóbal Fernández, el alcalde cuando se concedió la licencia. Amérigo ha insistido en que no se opone a cumplir las resoluciones, pero ha asegurado que no podía votar a favor porque el expediente “carece de información esencial” sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de anular la licencia. Amérigo echa en falta estimación económica, informe de intervención e informe jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial.

Ha sido Felipe Cayuela (no adscrito) quien ha pedido que “el expediente quede sobre la mesa” “hasta una próxima sesión”, una vez que los concejales tengan varios informes: uno económico-financiero sobre los riesgos patrimoniales; otro jurídico sobre las posibles responsabilidades de otras administraciones públicas que contribuyeron al impulso del edificio legal; y otro informe técnico para evaluar las posibles consecuencias urbanísticas de anular la licencia. El objetivo del aplazamiento sería, ha dicho, que la Corporación disponga de “toda la información necesaria” para valorar las consecuencias para el Ayuntamiento y los vecinos antes de votar una resolución definitiva.

La propuesta que debían votar contempla posibles responsabilidades económicas. Según Cayuela, el Ayuntamiento ni siquiera tiene medios para entrar a un estudio en detalle de estas cuestiones. A su salida del Pleno, ha resaltado que Carboneras no puede votar a favor de dar un “cheque en blanco”.

Sólo Lorenzo González Belmonte, concejal de Urbanismo (PP) ha defendido votar a favor de la nulidad de la licencia “por obligación y responsabilidad”, como “acto debido” obligado por la sentencia y el dictamen del Consultivo. González Belmonte ha cargado las culpas de El Algarrobico sobre el PSOE, que gobernaba la Junta y el municipio cuando se otorgó la licencia. “El grupo popular de Carboneras no se está posicionando a favor o en contra de El Algarrobico, sino siendo responsable y dando cumplimiento a la sentencia”.

La revisión de oficio de la licencia, que era el acuerdo propuesto inicialmente a Pleno, contaba con el informe favorable de la secretaria municipal, y había quedado fijada para un Pleno extraordinario este miércoles, que tenía esa cuestión como único punto del orden del día. La propuesta de resolución que finalmente no se ha votado declaraba el “vicio de nulidad” del acto administrativo que concedió la licencia de obras al Hotel Azata del Sol.

El acuerdo que se iba a votar también recogía un punto relativo a la “obligación de indemnizar” a la promotora que obtuvo la licencia, señalando que era “necesario deducir a posteriori” un procedimiento específico para “evaluar económicamente las cantidades que eventualmente pudieran derivarse”, asegurando que en este momento el Ayuntamiento no puede asumir ese estudio.

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia; un paso al que espera la Junta de Andalucía para convocar la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) celebra este miércoles el Pleno extraordinario para a debatir y votar únicamente el acuerdo destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico, lo que permitiría avanzar en la anulación del permiso otorgado en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol para su construcción.

La sesión, prevista a partir de las 9:00 horas, llega tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba 'luz verde' a la propuesta de resolución del procedimiento en relación al permiso de obras que posibilitó la construcción del inmueble de 20 plantas y 411 habitaciones en el paraje protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

El asunto llega tras la comisión informativa de Presencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía celebrada el pasado día 10, que contó con el voto favorable del alcalde, Salvador Hernández (CS), y dos ediles del PP así como con tres abstenciones: dos del PSOE y una del concejal no adscrito Felipe Cayuela.

El órgano validó el texto que se votará en la sesión plenaria con el fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el TSJA en julio de 2021, por la que se le imponía la obligación de realizar este proceso con el que se busca la restauración del paraje, ya declarado como no urbanizable en el planeamiento de Carboneras.

En esta línea, el Consultivo concluía que la licencia resultaba “nula de pleno derecho” principalmente por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994; y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia; un paso al que espera la Junta de Andalucía antes de convocar la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

Posible procedimiento para abrir una vía de indemnización

La propuesta también instará al Pleno, entre otros aspectos, a declarar de facto la ilegalidad de la licencia así como deducir 'a posteriori' un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso, según informa Europa Press.

El Ayuntamiento acordará así “determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente” qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.

Precisamente, el Gobierno acaba de sumarse al procedimiento judicial encauzado por las organizaciones ecologistas y la Junta de Andalucía para obligar al Ayuntamiento de Carboneras a revisar el expediente dado que la licencia muestra “visos de nulidad”, según declaró el tribunal, para el que únicamente el Consistorio tenía capacidad de avanzar en este sentido.

Desde el Ejecutivo central han justificado su personación en el procedimiento ante la vía paralela iniciada en febrero de 2025 que busca la expropiación parcial de los suelos del hotel --en la mitad de su competencia-- para acelerar los trámites, si bien dicho proceso está recurrido por Azata del Sol ante el TSJA toda vez que sigue pendiente de fijar justiprecio por parte del tribunal provincial de expropiación.

El Gobierno ofrece 16.500 euros a la promotora por el valor de los suelos mientras que esta, en su hoja de apremio, fijaba la cantidad a percibir en 44,5 millones de euros al otorgar también valor a todo lo construido hasta el momento.

El acuerdo de la sesión plenaria también se sitúa como el 'pistoletazo' de salida para que la Junta de Andalucía convoque, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica, la reunión de la comisión mixta entre ambas instituciones en la que abordar los compromisos adquiridos en 2011 bajo protocolo sobre cómo proceder al derribo y restaurar el paraje.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado la petición del Estado para personarse en el procedimiento de ejecución de la sentencia que obliga desde 2021 a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería). La licencia fue concedida por el Ayuntamiento en 2003, y con ese permiso la promotora Azata del Sol levantó un hotel de 21 plantas y más de 400 habitaciones en la playa de El Algarrobico, en pleno parque natural de Cabo de Gata y en zona de dominio público marítimo terrestre. En febrero de 2006 un juez paralizó cautelarmente la obra, congelada desde entonces, pendiente de una resolución definitiva de los tribunales durante diez años, y de la ejecución de las sentencias que declaran su ilegalidad desde hace ya una década.

[Actualización: El Ayuntamiento de Carboneras aplaza la votación que debía desbloquear la demolición del Algarrobico]

En una providencia dictada el pasado 10 de junio, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada permite a la Abogacía del Estado, en nombre de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, sumarse ahora a la pieza destinada a ejecutar la sentencia que ordena revisar la licencia.

Si todo discurre como está previsto, ese proceso judicial debería estar a punto de cumplir su cometido. Es el Ayuntamiento, que concedió la licencia, el que debe cumplir el mandato judicial para revisarla y, eventualmente, declararla nula. Y eso podría ocurrir este miércoles 17 de junio, cuando está convocado el Pleno para dar cumplimiento del mandato judicial.

Además, en otra resolución dictada el 5 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el TSJA rechaza la pretensión de Azata de que los magistrados se abstengan de impulsar la nulidad y se limiten a tutelar la “revisión de oficio”, sin considerar el resultado de la revisión. “Esta Sala tiene amplias facultades en orden a la ejecución de Sentencia, inclusive la declaración de nulidad de la licencia, si procediera para dar cumplimiento al fallo”, recuerdan los magistrados a la promotora: “Y sobre todo, tiene la obligación de remover los obstáculos de todo orden que encuentre dicha ejecución”.

El tono abrupto de este inciso sugiere el hartazgo de los jueces y magistrados con este proceso, en el que cuesta años que el Ayuntamiento cumpla las sentencias firmes a pesar de las advertencias de multa a los alcaldes que han lanzado los jueces, nunca efectivas. Los ecologistas han llevado estos incumplimientos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la propia Junta de Andalucía ha subrayado las maniobras “claramente dilatorias” de Carboneras, gobernado en los últimos años por el PSOE, el PP y, ahora, Ciudadanos.

El temor de los sucesivos alcaldes es la posible indemnización que la promotora pueda reclamar al municipio cuando se anule la licencia. La semana pasada el actual regidor, Salvador Hernández (Ciudadanos), pidió “altura de miras” al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para dar una “solución definitiva” al “conflicto”, y dijo esperar que se “compense del daño” sufrido por el municipio. Hernández ha defendido en otras ocasiones un acuerdo con la promotora que permita dar a la mole algún tipo de uso.

Cinco años desde la sentencia

Han pasado cinco años desde la sentencia de julio de 2021 que ordena revisar la licencia. La sentencia es firme desde 2022. En vista de la resistencia del Consistorio a cumplirla, el mismo TSJA abrió un incidente para ejecutarla en 2023. Ahora, en un escrito presentado la primera semana de junio, la Abogacía del Estado en Andalucía subraya que la Administración central tiene un “evidente interés legítimo” para formar parte de este proceso, por dos motivos: de un lado, porque la anulación de la licencia está relacionada con la expropiación a Azata del Sol la mitad del hotel, iniciada por el Gobierno en febrero de 2025. Y, de otro, porque el Ministerio ya se ha personado en el expediente de revisión de oficio que tramita el Ayuntamiento de Carboneras.

El movimiento de la Abogacía del Estado, aceptado por los magistrados, tiene el efecto de unir las dos vías abiertas para la demolición efectiva del hotel. De un lado, la declaración de nulidad de la licencia y la revisión de las normas urbanísticas del municipio para declarar que los terrenos no son urbanizables, como obliga la Ley de Costas y la normativa de protección del parque natural. Esta vía tiene todas las sentencias a favor, pero ha estado empantanada durante casi una década por la escasa colaboración del Ayuntamiento. Ahora parece más expedita que nunca, sobre todo después de que el Consultivo de Andalucía se pronunciase a favor de la nulidad hace apenas un mes, y dejase la cuestión a falta del último y definitivo paso: que el Ayuntamiento declare la nulidad, lo que podría ocurrir este miércoles.

La otra vía es la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025. Esta vía está ahora atascada en la determinación del precio que debería pagar el Estado a Azata por la mitad de los terrenos en zona de dominio público: 44,5 millones pide la promotora, 16.500 euros ofrece el Ministerio.

El Gobierno defiende la estrategia de la expropiación, a la que ha evitado sumarse la Junta de Andalucía, que ha defendido la conveniencia de percutir en la nulidad desde mayo de 2024, cuando se personó en el procedimiento al que ahora se incorpora la Abogacía del Estado.

Aunque son vías separadas, están destinadas a encontrarse porque la eventual nulidad de la licencia facilitaría la expropiación al rebajar las expectativas de indemnización de la promotora. Así lo cree Greenpeace.

Además, la Abogacía recuerda que en la misma Sala del TSJA se sigue un recurso contencioso-administrativo impulsado por la promotora del establecimiento hotelero contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los suelos, con el objetivo paralizar la expropiación parcial de los terrenos.

El TSJA ya denegó el pasado diciembre las medidas cautelares que pidió Azata del Sol para suspender la resolución del Gobierno por la que se trazaba el camino destinado a recuperar la mitad de los suelos de la zona de servidumbre marítimo-terrestre, ya que la otra mitad es competencia de la Junta de Andalucía al asentarse en terrenos de especial protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La decisión del alto tribunal andaluz daba al Ejecutivo vía libre para continuar con los trámites encaminados a la expropiación, que se encuentra pendiente de que el tribunal provincial de expropiaciones de Almería fije un justiprecio.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha convocado para el próximo miércoles, 17 de junio, una sesión plenaria extraordinaria en la que se abordará únicamente la adopción de un acuerdo plenario destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico para avanzar a su anulación. Ante este paso, el alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que tengan “altura de miras” de cara a articular una “solución definitiva” al “conflicto”, sentido en que espera el “respaldo” de ambas administraciones así como que se “compense del daño” sufrido a este pueblo costero.

La sesión plenaria, prevista a partir de las 9 horas, llega tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba luz verde a la propuesta de resolución del procedimiento. En concreto, se centra en el permiso concedido en enero de 2003 a Azata del Sol para posibilitar la construcción del inmueble en el paraje protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Según han indicado a Europa Press fuentes municipales, el asunto ha sido examinado este mismo miércoles en comisión informativa de Presencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía, donde ha contado con el voto favorable del alcalde, Salvador Hernández y dos ediles del PP así como con tres abstenciones: dos del PSOE y una del concejal no adscrito Felipe Cayuela.

El órgano validó el texto que se votará en la sesión plenaria con el fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el TSJA en julio de 2021, por la que se le imponía la obligación de realizar este proceso con el que se busca la restauración del paraje, ya declarado como no urbanizable en el planeamiento de Carboneras.

El pueblo de Carboneras, “perjudicado”

Ante este nuevo paso que se va a dar, el regidor, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que “el Gobierno y la Junta de Andalucía son corresponsables de que el hotel se levantara y siga ahí desde hace más de 20 años. Perjudicado sólo hay uno, que es el pueblo de Carboneras”, ha valorado Hernández, quien confía en que ambas administraciones ayuden al municipio “a salir de esta situación de la mejor manera posible”.

“El Ayuntamiento de Carboneras cumple con lo que ordena la Justicia”, ha asegurado el alcalde, quien ha insistido en que la “obligación” municipal “es elevar a pleno la propuesta para declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel” concedida en enero de 2003 y sobre la que el TSJA ordenó su revisión en 2021 al haberse edificado en suelos no urbanizables de especial protección.

En esta línea, el Consultivo concluía que la licencia resultaba “nula de pleno derecho” principalmente por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994; y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

Convocatoria de la comisión Junta-Estado

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia. Tras este paso, la Junta de Andalucía ha anunciado que convocará la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

Cabe recordar que la propuesta instará al pleno, entre otros aspectos, a declarar de facto la ilegalidad de la licencia así como deducir a posteriori un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.

El Ayuntamiento acordará así “determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente” qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.

El dictamen del Consejo Consultivo andaluz que declara la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, concedida en 2003, acerca el fin de la mole y ha empezado a abrir la siguiente etapa, que en realidad está prevista desde hace 15 años: cómo se reparten la tarea de meter la piqueta y retirar los escombros las dos administraciones con responsabilidad para ello, Junta de Andalucía y Gobierno central.

Poco después de conocerse, el Ministerio de Transición Ecológica solicitó por escrito a la Junta una reunión para “abordar su demolición y la restauración del enclave”, según informaron fuentes ministeriales. Es la Junta quien debe convocar, porque ahora preside la Comisión en la que se dirime este asunto.

Según ha podido confirmar este medio, el escrito, dirigido al viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, insta a convocar una reunión extraordinaria de la Comisión del Protocolo suscrito entre Junta y Gobierno central, para analizar “el dictamen y sus consecuencias”. El Protocolo data de 2011, y en él se recoge la obligación del Gobierno de asumir los costes derivados de la demolición y de la Junta de Andalucía de hacerse cargo de las tareas de desescombro y restauración de la playa.

Pese a la urgencia del Ministerio, la Junta ha reaccionado pisando el freno. Rocío Díaz, Consejera de Fomento de la Junta, recordó que ahora el dictamen debe regresar al Pleno de Carboneras para completar el trámite que lleve a la nulidad de la licencia. “Una vez culminado este trámite, avanzaremos hacia la demolición del inmueble y la restauración de este entorno natural”, dijo, sin que en su departamento aclararan si eso significa que no convocará ninguna reunión hasta que el municipio complete su parte.  

La Junta se siente “reforzada” y el Gobierno subraya su “impulso”

La noticia de que el Consultivo daba un impulso al proceso fue celebrada tanto en Sevilla como en Madrid. El dictamen es un “paso decisivo” para dar carpetazo a la historia de El Algarrobico y que ese “monumento a la irregularidad urbanística y el destrozo ambiental” desaparezca, según Díaz. Con palabras parecidas lo saludaron desde el Ministerio: un paso “determinante”.

Al mismo tiempo, las palabras escogidas por ambas administraciones también dejan entrever la guerra por el relato que, más allá de los avances administrativos hacia la demolición, se ha instalado desde que el pasado febrero el Ministerio activara la vía alternativa de la expropiación de los terrenos y la ministra de Hacienda y candidata in pectore a presidir la Junta, María Jesús Montero, lo anunciara por sorpresa a los pies del hotel.

Díaz subrayó este viernes que el dictamen “refuerza” a la Junta de Andalucía en el camino que “escogió” para acabar con el hotel. Es una puya al Gobierno central, porque el Gobierno andaluz insistió en su apuesta por anular la licencia frente a las invitaciones del Ministerio a que se sumara a la vía de la expropiación. Ahora, el Gobierno andaluz saca pecho, mientras fuentes del Ministerio resaltan que la “determinación e impulso” del Gobierno central habría “obligado” a otras instituciones a actuar.

Lo cierto es que la Junta de Andalucía se personó en la ejecución judicial de la sentencia que obliga a revisar la licencia en mayo de 2024, y en esta última fase ha presentado múltiples escritos de impulso del proceso, tras años de inacción. Nueve meses después, en febrero de 2025, el Ministerio irrumpió como un ciclón anunciando su intención de expropiar a Azata los terrenos de dominio público (la mitad, unos 32.000 metros cuadrados). Prometió incluso que El Algarrobico estaría demolido en 2025.

Hoy, la vía de la expropiación está pendiente de la resolución del Jurado Provincial de Almería, en la pantalla del justiprecio que debería recibir la promotora, que pide 44,5 millones de euros frente a los 16.500 que ofrece el Ejecutivo. Esta vía parece abocada también a la judicialización por esta amplia discrepancia económica.

Greenpeace pide reservar presupuesto

Greenpeace celebró como una “¡victoria!” decisiva el dictamen del Consultivo y vaticinó el fin de los “obstáculos administrativos” para la demolición del hotel, del que sería su “acta de defunción legal”. También pidió que se reserven ya partidas presupuestarias para acometer la demolición y desescombro, cuyo coste aproximado cifra en siete millones de euros. Los ecologistas creen que la decisión allana también el camino a la expropiación, puesto que con una licencia nula la promotora no puede exigir tanto dinero por entregar los terrenos.

Es indiscutible que es un paso que allana el camino hacia la demolición, pero esta es una historia tan larga, tan llena de vericuetos jurídicos, trampas procesales y voluntades dispersas, que es pronto para asegurar que el final está cerca. La piqueta aún debe recorrer terreno minado. La propia Consejera recordó que ahora el dictamen vuelve a Carboneras. “Ahora corresponde al Ayuntamiento llevar cuanto antes este asunto a pleno para oficializar la anulación definitiva de la licencia”, anunció, al tiempo que pedía al Consistorio “máxima celeridad y agilidad” para convocarlo.

Desde el Ayuntamiento no respondieron ayer a cuándo tiene previsto hacerlo, aunque el alcalde Salvador Hernández confirmó que llevará el asunto a Pleno: “Se someterá una medida a la que se nos obliga por sentencia a la deliberación y votación de todos los concejales”. El regidor llamó al Gobierno y la Junta “colaboración” y “lealtad institucional”: “No puede ser que el pueblo de Carboneras y los ciudadanos vengamos desde hace décadas este gran problema surgido por la responsabilidad todas las administraciones”. De fondo, está el temor a tener que indemnizar a la promotora por la licencia que le dieron en su día con unas arcas municipales muy escasas para la envergadura de esa posible reparación.

Durante años, el Consistorio (que inicialmente litigó del lado de la promotora) ha remoloneado para cumplir las sentencias que resuelven que el hotel es ilegal. Ha alegado falta de personal habilitado para tramitar el expediente, su complejidad, errores materiales, errores procedimentales y meros lapsus, o pedido nuevos informes (innecesarios, según el propio TSJA) que siempre tenían el efecto de devolver la ejecución de las resoluciones judiciales varias casillas atrás. En el camino, ha agotado la paciencia de los ecologistas (que han llevado al caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos), la Junta de Andalucía (que ha criticado las maniobras “claramente dilatorias”) y, aparentemente al menos, de los jueces, que han advertido varias veces a los alcaldes con multas, sin imponerlas nunca, y se han planteado intervenir directamente.

El alcalde ha dicho este viernes que todo esto son “interpretaciones malintencionadas” y que estas demoras se deben a la falta de recursos. Hace poco más de un año pidió negociar con la promotora y abrir la puerta a la conservación de la mole “como hotel o residencia”, advirtiendo de que la revisión de la licencia podría llevar hasta cinco años.

Además, el propio abogado de los ecologistas ve probable que la promotora y propietaria de los terrenos, Azata del Sol, busque la vía para torpedear la resolución con algún nuevo recurso.

El destino de la mole es claro desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró que el suelo era no urbanizable y la licencia debía ser revisada en sendas sentencias dictadas en 2016 y 2018, firmes respectivamente desde 2018 y 2021. Lo que ocurre es que el cumplimiento material de esas resoluciones depende en última instancia de un sistema garantista que permite recursos contra casi cualquier acto administrativo, y de la capacidad y voluntad de impulsar los trámites de la administración local, hasta ahora, y cuando se supere esa pantalla definitivamente, de la autonómica y el Gobierno central.

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen que resuelve la “nulidad de pleno derecho” de la licencia de El Algarrobico, el hotel inacabado en la playa del mismo nombre de Carboneras (Almería), paralizado por orden de un juez en febrero de 2006 por ubicarse en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. El Consejo resuelve que la licencia es nula por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido y por afectar a la servidumbre de costas.

La licencia fue concedida por el Ayuntamiento el 13 de enero de 2003 y sigue en vigor, lo que ha impedido su demolición durante más de veinte años, a pesar de que los tribunales han dictado en torno a medio centenar de resoluciones que constatan su ilegalidad. Entre ellas, sendas sentencias del Tribunal Superior de Andalucía, confirmadas luego por el Tribunal Supremo, que declaran que el suelo sobre el que se asientan debe declararse no urbanizable (algo que el Ayuntamiento cumplió hace apenas un año), y que debe revisarse la licencia, en lo que se está ahora. El Consultivo observa que esta dilación es “inadmisible”, aunque matiza que se debe a una actividad judicial que tiene su origen en la defensa legítima de los derechos del ayuntamiento y de las promotoras.

El dictamen, al que este medio ha tenido acceso, devuelve ahora la revisión al Ayuntamiento, al que el Consultivo pide que le comunique el fin del procedimiento en un plazo máximo de 15 días. El Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por alcaldes del PSOE, PP y, ahora, Ciudadanos, ha arrastrado los pies durante décadas para cumplir las resoluciones judiciales que declaran reiteradamente la ilegalidad del hotel. La propia Junta de Andalucía le ha acusado de “prácticas dilatorias” y los tribunales han advertido a sus alcaldes con multas reiteradamente, sin llegar a imponerlas nunca. Estas demoras han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Consistorio está obligado por los tribunales a revisar la licencia desde el verano de 2022, cuando el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia del TSJA dictada en 2021 que le obliga a ello. No inició el procedimiento hasta el pasado verano. El pasado 5 de diciembre, apurando el plazo máximo de seis meses que le da la ley, remitió el expediente al Consejo Consultivo, al que entregó un expediente incompleto, lo que obligó al Consultivo a requerirle para que lo corrigiera y demoró otros tres meses la resolución que se ha conocido hoy.

Ahora deberá terminar el procedimiento en los próximos 15 días, aunque el abogado José Ignacio Domínguez, que lleva todos estos años pleiteando en representación de las entidades ecologistas, desconfía: “Creo que el derribo ahora está más cerca por la vía de la nulidad de la licencia [que por la vía de la expropiación, que el Gobierno abrió en febrero de 2025], pero veremos por dónde salen. Es probable que ahora la promotora recurra, ya sea el dictamen, ya cuando el Pleno anule la licencia”, vaticina.

Licencia sobre un planeamiento “no adaptado”

El Consejo Consultivo asegura que su informe no sólo era preceptivo, sino también vinculante para el Ayuntamiento al tratarse de la revisión de un acto nulo. La licencia para construir ese hotel de 20 plantas y más de 400 habitaciones en plena playa de un parque natural sería un acto contrario al ordenamiento jurídico por el que “se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”, en la definición dada por la ley.

El órgano consultivo andaluz hace un repaso cronológico del polémico edificio, constatando que, aunque el suelo fuese urbanizable en las normas urbanísticas municipales y el propio Ayuntamiento concediera licencia para construir en él en 2003, estaba protegido desde 1994 por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata, y era servidumbre de protección de Costas desde 1988. A partir de entonces, debió aplicarse la Ley de Conservación de Espacios Naturales y la Flora y Fauna silvestres y la Ley de Costas, que impide construir en esos espacios protegidos o a menos de 100 metros desde la línea de ribera.

El Consultivo admite que eso no es obstáculo para que la promotora propietaria “en aquel momento” pudiese pedir una compensación por la desclasificación como suelo urbanizable. Pero no se hizo así, sino que se mantuvo el suelo como urbanizable y se acometieron obras “en una clara manifestación de política de hechos consumados” que ignoraba la protección del lugar. “Todas estas actuaciones posteriores (…) no dan validez a la licencia otorgada”, se resume en la resolución. Todo se hizo “sobre la base de un planeamiento no adaptado” a la protección ambiental y del dominio público marítimo-terrestre vigentes, incluyendo la licencia, que es nula.

Los ecologistas celebran el “fin de la impunidad”

Greenpeace, que ha impulsado durante todos estos años el derribo del hotel, ha celebrado el paso, asegurando que el dictamen es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento, que en este tiempo ha mostrado una actitud dilatoria de todo lo relativo a la construcción, supuestamente por el temor a tener que compensar económicamente a la promotora, Azata del Sol.

“Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas”, señala Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España. “Tras años de trampas y desobediencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras, ya no quedan más excusas: cada día que el hotel sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común. Es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle. El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel”, reclama Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

Los ecologistas consideran que con la licencia anulada (algo que, formalmente, aún no ha ocurrido mientras no se pronuncie el Pleno) se elimina el último obstáculo administrativo para demoler el mamotreto ilegal. “Greenpeace va a proceder a pedir la demolición de forma inmediata ante el Ayuntamiento de Carboneras”, advierte, antes de pedir que los próximos presupuestos reflejen las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original. Calcula que el derribo y la restauración costarían unos siete millones de euros.

Ya existe un protocolo de colaboración firmado en 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que establece un reparto de tareas: el Estado se encargaría de la demolición y el desescombro, mientras que la Junta asume la restauración ambiental y la gestión de los residuos.

En paralelo, discurre la vía de la expropiación activada por el Gobierno central en febrero de 2025, a la que por ahora no se ha sumado la Junta de Andalucía, y cuyo justiprecio ha sido recurrido por Azata. Greenpeace cree que la nulidad de la licencia es la “llave maestra” que permitiría acelerar este proceso sin que el Ministerio para la Transición Ecológica tenga que hacer frente a una “indemnización abusiva”.

Los ecologistas razonan que si la licencia es nula, Azata no podría exigir indemnizaciones millonarias basadas en una «licencia válida», “ya que esta fue ilegal desde su origen”. “Esto protege las arcas públicas de las pretensiones de la empresa”, que llegó a pedir más de 70 millones de euros en su día, una pretensión rechazada por la Audiencia Nacional. “La Justicia ha dejado claro que quien construye en suelo protegido asume su propio riesgo, y la nulidad de la licencia refuerza que el Ayuntamiento nunca debió otorgar ese permiso”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto la puerta a ejecutar de forma directa una revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para declarar su nulidad en caso de que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no avance en la ejecución del fallo judicial de 2022 que le obliga a realizar este trámite.

En una providencia dictada el pasado 20 de marzo, consultada por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada se plantea la adopción de medidas del artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que faculta al tribunal a ejecutar una sentencia si la administración a la que se le requiere incumple el mandato judicial.

La Sala no descarta así recurrir a estas u otras medidas que estime oportunas para la ejecución del fallo con el que se obliga a revisar la licencia de obras concedida a Azata del Sol en enero de 2003 por parte del Consistorio, inclusive aquellas otras “sobre la posible declaración de nulidad de la licencia objeto del procedimiento de revisión”.

Rechazo

En este sentido, la Sala dispone que se remita un oficio al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para que comunique al tribunal “cualquier decisión” que adopte ante el expediente iniciado en julio del pasado año por el Ayuntamiento para la revisión de licencia, el cual precisa de un dictamen del órgano consultivo andaluz.

El Consultivo ya avanzó el pasado 9 de marzo un posible “archivo” de la petición del dictamen si el Ayuntamiento de Carboneras no completaba el expediente remitido a finales de 2025, de modo que incluso ha brindado a petición del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), una ampliación de plazo al Consistorio para que culmine el mismo y determine su propuesta de resolución del expediente

La providencia vuelve a rechazar los argumentos del Ayuntamiento de Carboneras, que aseguró que carecía de secretario municipal en estos momentos para poder avanzar en los trámites, de modo que incluso pedía auxilio al tribunal para poder dotarse de esta figura.

Anular la licencia

Al respecto, el TSJA recuerda nuevamente que las excusas sobre la falta de secretario municipal “no justifican el incumplimiento de lo acordado, debiendo ser el municipio quien lleve a cabo los procedimientos de provisión de la plaza de secretario o para su sustitución”.

No obstante, el tribunal rechaza por el momento las peticiones realizadas por Greenpeace para que se impongan multas coercitivas al alcalde o se deduzca testimonio ante la Fiscalía por un posible delito de desobediencia en cuanto al cumplimiento de la sentencia.

La propia organización ecologista reclamó al TSJA la aplicación de medidas contenidas en el artículo 108.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para anular la licencia de obras al entender que ello “favorecería el principio de economía procesal” y, además, “evitaría que la promotora Azata del Sol y sus filiales recurrieran la decisión en la vía contencioso-administrativa”.

El futuro del macrohotel ilegal construido hace 20 años en primera línea de la costa almeriense -popularmente conocido como hotel Algarrobico- ha pasado a manos de un Jurado Provincial de Expropiación, después de que la promotora Azata del Sol S.L, dueña del inmueble, haya rechazado el justiprecio del suelo propuesto por el Gobierno.

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) ofreció 16.496,67 euros por la expropiación parcial del terreno donde se erige el Algarrobico (16.432 metros cuadrados de superficie) en una zona de dominio público marítimo terrestre, declarada de “utilidad pública” en el Consejo de Ministrios del 11 de febrero de 2025. La promotora había exigido una indemnización muy superior, de 44,5 millones de euros, y hace unos días se ratificó en esa cifra, en un escrito dirigido al Miteco que pone fin a la negociación entre ambas partes.

El Algarrobico es un símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística del primer cuarto de siglo, una mole de ladrillo construida a pie de playa con el consentimiento de todas las administraciones, de todo signo político.

Seis meses se ha prolongado el proceso de expropiación desde que la promotora interpuso un recurso de alzada para frenar los planes del Gobierno, que pasaban por derribar el 50% del macrohotel a finales del año pasado, según anunció a pie de playa del Algarrobico la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Seis meses con interrupciones judiciales, porque la firma Azata del Sol acudió a los tribunales para exigir la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación, a lo que los jueces se negaron. La falta de entendimiento y la enorme distancia que hay entre la indemnización que ofrece el Miteco y el dinero que exige la empresa ha agotado todos los plazos posibles, y ahora tendrá que constituirse un Jurado Provincial de Expropiación para exponer la última palabra del proceso gubernativo.

Este órgano de arbitraje tiene ahora seis meses de plazo para analizar el caso y dar una resolución, que las partes podrán recurrir por la vía de lo Contencioso Administrativa, devolviendo el embrollo del Algarrobico a los tribunales.

El Jurado Provincial de Expropiacíon, compuesto por seis personas, podrá establecer una nueva cifra de indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”.

Este órgano de arbitraje lo preside un juez desigando por la Audiencia Provincial de Almería, y contará con cuatro vocales: un abogado del Estado, dos funcionarios técnicos designados por la Delegación de Hacienda de esta provincia, un representante de la Cámara de la Propiedad Urbana; un notario de libre designación por el Decano del Colegio Notarial correspondiente y el Interventor territorial de Almería.

Mitad Gobierno, mitad Junta de Andalucía

El Miteco, que coordina la ministra Sara Aagasen, sólo tiene competencias para expropiar la mitad del solar donde se levanta el Algarrobico, por estar ubicado en el dominio público marítimo terrestre. El edificio, de 20 plantas y 411 habitaciones, empezó a construirse en 2003, pero la Justicia paralizó las obras en 2006, cuando estaban al 94% de ejecución, y finalmente lo declaró ilegal.

La otra mitad del solar está dentro del Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que se descolgó desde el principio de la propuesta de expropiación del Gobierno, augurando que acabaría en los tribunales. En efecto, la empresa Azata del Sol S.L ha litigado desde hace 20 años para preservar su inversión.

En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal.

El 21 de febrero de 2006, el juez Jesús Rivera firmó la primera resolución de las muchas que se han dictado sobre el hotel inconcluso de la playa de El Algarrobico de Carboneras (Almería). “Suspendo las obras que se ejecutan para la construcción del hotel Azata del Sol en la playa denominada El Algarrobico de Carboneras”. Dos días después, a las cinco de la tarde del 23 de febrero, agentes de la Guardia Civil ordenaron a los obreros que pararan las hormigoneras.

Ni un ladrillo más se ha puesto desde entonces, pero tampoco se ha retirado ninguno. Poco podía imaginar el juez cuando estampó su firma al pie de aquel auto de medidas cautelares, por definición perecederas, que su resolución sería la más relevante y la única efectiva que cualquier juzgado, tribunal u órgano administrativo haya adoptado en relación a la inmensa mole de ladrillo, que sigue varada en la playa veinte años después. “Y gracias a que envió a la Guardia Civil. Si no, hubieran seguido con la obra”, observa José Ignacio Domínguez, el abogado que interpuso la solicitud de medidas cautelares, mandatado por la asociación Salvemos Mojácar.

Los ecologistas suelen tirar de un dato: hay 40 resoluciones judiciales que concluyen de forma consistente que el hotel no puede estar en ese lugar, porque se levanta sobre zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre e invade terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata. Hasta 14 sentencias ha dictado el Alto Tribunal, todas en la misma dirección.

Los tribunales no han hecho más que recordar lo que siempre estuvo en las leyes, pero han sido incapaces de trasladarlo a la realidad material, tal y como ordena la Constitución: “Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.

“Son terrenos protegidos por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata desde 1994, que es cuando tenían que haber modificado la norma urbanística de Carboneras”, lamenta Domínguez, que echa cuentas: “Llevamos 32 años de retraso para cumplir la normativa. Es un fracaso de las tres administraciones y también de la Justicia”.

Hace una semana el TSJA dio al fin por cumplida la obligación del Ayuntamiento de recoger en su PGOU que son no urbanizables. Pero sigue quedando lo más difícil: mover de allí la mole y reponerlos a su estado anterior a 2003.

Un sistema exageradamente “garantista”

La realidad a pie de playa sigue congelada en el 23 de febrero de 2006, apenas barnizada por la capa de pintura negra que un puñado de ecologistas le imprimió en 2014. Fueron juzgados y absueltos por ello. Con otro color, el hotel de 411 habitaciones y 21 alturas sigue desafiando al mar a 14 metros de donde rompen las olas mientras las grúas se bambolean de lado a lado los días de viento.

El Algarrobico es relevante en el catálogo español de aberraciones no por su cuestionable oportunidad estética, sino porque apunta al corazón de un sistema incapaz de garantizar que las leyes y sentencias se cumplen. “Creo que eso lo va a derribar el salitre”, vaticinó el juez Rivera a El País hace un año, en la única entrevista que ha concedido.

Es una declaración frustrante, sobre todo viniendo de un juez. Rivera (que ha declinado participar en este reportaje) habla de una “pléyade de recursos” y un problema “técnico-jurídico”: hay una licencia en vigor. “Es un sistema muy garantista para algunas cosas, que aquí es exagerado”, opina Domínguez, que lleva dos décadas luchando contra el caracoleo del Ayuntamiento y la promotora.

El Tribunal Supremo ha tenido varias ocasiones para acordar la demolición por sí mismo, pero evitó hacerlo. En lugar de eso, los magistrados entregaron la iniciativa al Ayuntamiento, que siguió arrastrando los pies. “Me consta que hubo discrepancias en la Sala”, desvela el abogado.

Un hotel que invade “totalmente” la playa

En realidad, todo está claro desde la primera resolución. El auto de 21 de febrero de 2006 recogía por qué había que parar la obra: estaba claro que la licencia para levantar un hotel invadiendo “totalmente” los 100 metros desde la orilla que marca la Ley de Costas desde 1988 debía ser ilegal.

Desde entonces, todo han sido variaciones sobre las conclusiones provisionales del juez Rivera, con una excepción: dos sentencias que en 2014 dieron un vuelco a la situación, contra el criterio de todas las resoluciones judiciales anteriores y posteriores. Las dictó una sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA presidida por Rafael Toledano, que aplicó unas novedosas normas de reparto, sustituyó a la ponente más allá del tiempo de baja de esta y celebró juicio sin los ecologistas por un error formal. Lo denunciaron en vía penal, pidieron la nulidad y llevaron el caso hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en vano.

El desaguisado lo corrigió años después el Tribunal Supremo, que las anuló, y luego el propio TSJA, que concluyó que los terrenos debían declararse no urbanizables en el PGOU de Carboneras en 2016 (confirmada por el Tribunal Supremo en 2018) y que la licencia debía revisarse en 2018 (confirmada en 2021). Aún quedará reactivar el pleito para que se ordene la demolición, suspendido hasta que se anule la licencia.  

Entre tanto, se habían dictado otro puñado de resoluciones que habían ido tumbando los intentos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía por sostener el hotel, Toledano había tomado posesión de una plaza como magistrado del Tribunal Supremo y otro de los jueces que dictó las sentencias controvertidas había fichado por el Ayuntamiento de Carboneras para ayudar a sostener el edificio.

La promesa de empleo

“La gente está aburrida de todo el proceso y ya no atiende a las noticias sobre El Algarrobico”, comenta Javier Nespral, miembro de diversas plataformas vecinales del municipio.

Aunque desde el pueblo no se ve, el hotel lo levantó Azata a la vista de todos y con la colaboración casi entusiasta de las administraciones, todas, incluida la Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, que llegó a presentar un plano que alteraba la clasificación de los terrenos: de C1 a D2, urbanizable. “A las bravas, sin expediente alguno”, recuerda el abogado, que alertó de la manipulación de la planimetría ya en su primera demanda. Aquello, recuerda, era un festival de irregularidades: se superaba la edificabilidad, no se había pagado la licencia…

“Yo estaba recorriendo la costa de Almería porque se planificaban muchos desarrollos monstruosos, y me encontré con esto”, rememora Jaime del Val, presidente de Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, quien dio la voz de alarma y contactó con Domínguez, quien puso la demanda que llegó a Rivera. La acción decidida de estas tres personas paralizó el engendro. Luego se sumaron Greenpeace y Ecologistas en Acción. Pocos más, recuerda Del Val: “Antes se había intentado la vía penal, pero no había prosperado”. Años después, el juez dedujo testimonio a Fiscalía porque veía que en aquella historia había indicios de delito, pero el fiscal metió sus sospechas en un cajón.

Durante años, la promotora y las administraciones (el Ayuntamiento siempre, la Junta de Andalucía hasta 2015) han hecho lo posible para evitar la demolición. Mientras a los carboneros les prometían que aquello sería la panacea, el pueblo apenas quedaba para fondo de pantalla. “Creo que, si preguntáramos uno a uno, la mayoría de carboneras querría que no se tirara y se hiciera algún tipo de uso, como hotel o residencia, argumentando que daría vida y trabajo, sin pensar lo que supone esa estructura y su mantenimiento”, señala Nespral.

El propio Ayuntamiento está instalado en esa hipótesis. “Frente a unas expectativas de empleo y desarrollo que se vieron frustradas, a pesar de que en su día el hotel contó con el beneplácito del Gobierno y de la Junta, lo único que Carboneras ha ganado ha sido una mancha reputacional”, ha señalado el alcalde en un comunicado esta misma semana. “Se ha manipulado a la opinión pública: esto no atrae empleo para la gente local: suele ser barato y para gente de fuera, basado en la destrucción para el futuro”, replica Del Val.

Tras el cierre de la central térmica y las limitaciones a la pesca, el turismo es el gran sostén de la economía local. Pero algo ha cambiado: ahora el parque natural ya no se ve como un freno, sino que ha pasado a ser el gran atractivo turístico del que depende la economía de Carboneras. “Ya no se piensa que no se pueda edificar de una determinada forma, sino que da unos ingresos directos por dejar las cosas como están”, cuenta Nespral.

“Un caso excepcional de rebeldía procesal” de un Ayuntamiento

Ya pocos dudan de la voluntad dilatoria del Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por José Luis Amérigo (PSOE, sobrino de Cristóbal Fernández, quien concedió la licencia), Felipe Cayuela (PP) y ahora Salvador Hernández (Ciudadanos). También la Junta de Andalucía se ha cansado de que siempre ocurra algo que evita que cumpla las sentencias: se equivoca, el secretario está de baja, se retrasa, entiende mal lo que debe hacer…

A todo eso se ha agarrado el Consistorio para explicar que haya tardado ocho años en cumplir una sentencia y cinco (más lo que queden) para otra. “No hay caso igual en España de Ayuntamiento con esta caradura. Es un caso excepcional de rebeldía procesal”, protesta Domínguez. El TSJA ha advertido repetidamente a todos los alcaldes con multarlos y denunciarlos, pero nunca lo ha hecho.

Ahora, para revisar la licencia hay que pasar por el Consejo Consultivo de Andalucía, pero Carboneras ha enviado el expediente tarde (cinco meses después de iniciarlo) y mal (incompleto). El Consultivo se lo ha devuelto, pero ya con el plazo de caducidad superado, así que los ecologistas temen que haya que empezar de nuevo. Domínguez va a plantear que sea el TSJA el que revise. “Nos ahorraríamos cinco años”.

Este jueves, Greenpeace entregó a Hernández una tarta con forma de hotel para pedirle que se deje de “argucias”. Y el alcalde, que hace un año sugirió que el hotel se reconvirtiera, replicó con un comunicado en el que dice que debe defender “el interés general del pueblo”, aventando el temor a una eventual indemnización a Azata que dejaría tiritando las cuentas municipales.

Dóminguez cree que la expropiación que ahora impulsa el Gobierno podría acortar el camino. La falta de acuerdo con el justiprecio (Azata pide 44,5 millones, el Gobierno ofrece 16.000 euros) aboca a otro pleito, pero este podría ser más corto porque no dependería del Ayuntamiento, “que es el principal obstáculo”, vaticina el letrado.

“No imaginaba que íbamos a tardar tanto”, concluye Domínguez. “Quizá lo tire el colapso climático”, observa Del Val, viendo la catástrofe más cerca que el cumplimiento de unas cuantas sentencias judiciales.