La comisión de reconocimiento de víctimas de la violencia policial y de grupos de extrema derecha en Navarra está estudiando 41 solicitudes de reconocimiento, según ha señalado este miércoles el presidente de la comisión y director general de Memoria y Convivencia del Gobierno foral, Martín Zabalza. Algunas de ellas, según ha apuntado después la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera , Ana Ollo, se encuentran “muy avanzadas” y podrían reconocerse en “pocas semanas”.

Zabalza ha explicado que los expedientes “siguen abiertos, por lo tanto en fase confidencial”. De las 41 solicitudes, diez corresponden a personas fallecidas cuyas familias solicitan el reconocimiento de víctimas. Trece de las solicitudes responden a personas que solicitan su reconocimiento de víctimas “por haber sufrido torturas o malos tratos” y 18 solicitudes “se refieren a solicitudes de reconocimiento de víctima por haber sufrido daños físicos y o psicológicos”.

“Todos los expedientes que han tenido entrada en la comisión hasta la fecha se están tramitando, encontrándose en diferentes fases de procedimiento y dentro de plazo”, ha manifestado, tras destacar que se está “respetando, como no podía ser de otra manera, de forma radical, el mandato del alto tribunal”. “Reconocemos víctimas, sí, no identificamos victimarios”, ha dicho.

Según ha detallado Zabalza, las reuniones de la comisión han sido mensuales, salvando los periodos vacacionales. En cuanto a la metodología de trabajo, ha relatado que las solicitudes se registran en la Dirección General de Memoria y Convivencia, a través de la Oficina de Atención a Víctimas. Esta oficina da traslado de un expediente base formado por la solicitud y toda la documentación anexa a la misma a la Comisión de reconocimiento.

Recibida la solicitud, la comisión resuelve en el plazo de un mes sobre la admisión a trámite. En caso de ser positiva, la tramitación es notificada al solicitante. Una vez admitida a trámite, se realiza “como mínimo” una entrevista “a todos y cada uno de los solicitantes, entrevista que es grabada en vídeo con todas las protecciones legales”.

Tras la entrevista, los forenses y la psicóloga elaboran un informe que envían al ponente responsable del expediente que, tras estudiarlo, las propone al Pleno de la Comisión para su estimación o denegación. Finalmente, el informe elaborado se traslada al Director General de Memoria y Convivencia, que tiene un tiempo de tres meses para resolver desestimando o reconociendo la solicitud y un mes para comunicar la resolución al solicitante.

La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado.

Además, el texto recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral. De esta forma, la familia de Mikel Zabalza, navarro que fue torturado y asesinado por la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo (Gipuzkoa) en 1985, podría complementar la indemnización que le ha sido reconocida por el Gobierno vasco fijada en 135.000 euros hasta los 250.000 que contempla la ley navarra.

Con esta modificación se corrige el texto de la ley original que vinculaba las indemnizaciones a la ley foral de víctimas del terrorismo del año 2010, lo que complicaba el acceso a las prestaciones de las víctimas de la violencia policial y de la extrema derecha por no estar mencionadas en la norma. 

La Asociación de Familiares de Fusilados en Navarra va a reclamar por cuarta vez desde 2015 al Ayuntamiento de Yesa que cumpla con la Ley de Memoria Histórica y coloque una placa en el zaguán de la casa consistorial en reconocimiento del alcalde, concejales y trabajadores “asesinados en 1936 por defender los valores republicanos”.

Los finados fueron el alcalde Santos Orduña Les y los concejales Mariano García Ilazorza, Miguel Iriarte Gallues y Vicente Zozaya Belio. Además, otros nueve vecinos fueron también asesinados.

Jokin de Carlos, presidente de Affna36, explica que las peticiones tienen su origen en una campaña llevada a cabo por su asociación durante 2015 y 2016: “Nos dirigimos a los 72 ayuntamientos navarros que tenían cargos electos asesinados en el golpe de 1936 para que cumplieran con la Ley de Memoria Histórica y homenajearan y pusieran una placa para los cargos electos y trabajadores municipales.

Se refiere al artículo 18.3 de la Ley Foral 33/2013 de 26 de noviembre, que especifica que el Gobierno de Navarra impulsará junto con las entidades locales el reconocimiento público y permanente, a través de placas, monolitos o menciones específicas, de aquellos cargos públicos o funcionarios asesinados tras el golpe militar del 18 de julio de 1936.

Aunque la asociación de familiares de fusilados ha impulsado su cumplimiento con la campaña, varios ayuntamientos navarros se adelantaron y cumplieron “por iniciativa propia”, apunta de Carlos. Al menos Pamplona, Tudela, Lodosa y Estella. Otras localidades más pequeñas, como Lerín, Berbinzana, Allo, Aibar, Los Arcos cumplieron a raíz de la campaña. “Hicimos algunos actos muy bonitos con los hijos de los asesinados”, recuerda el presidente de Affna36.

Es el caso de Yesa. Un pueblo de 263 habitantes a 46,5 kilómetros de Pamplona, justo en la muga con Aragón. Es un Ayuntamiento formado por independientes, no afiliados a ningún partido político. En opinión de Jokin de Carlos, un lugar “muy conservador, con conexiones familiares por encima de las políticas”.

La fecha del registro municipal es del 15 de junio de 2017. La asociación recuerda en un escrito la Ley de Memoria Histórica vigente en Navarra, los cargos electos asesinados y se ofrece al municipio para ayudar en la gestión. Al mismo tiempo, recuerda que son muchos los ayuntamientos navarros que ya han cumplido y que la petición ya fue trasladada en septiembre de 2015 y marzo de 2016 “sin haber tenido respuesta”.

Junto con la misiva, entregan una moción tipo en la que animan a debatir en pleno aspectos de la “tragedia” del golpe de Estado de 1936 y recalcan que la de memoria histórica “no es una ley más, sobre todo porque trata de rectificar años de olvido oficial y porque supone una apuesta pública por la recuperación de la memoria democrática de Navarra”.

Los impulsores de la campaña destacan que la memoria histórica “es una responsabilidad pública, no solo es una memoria individual de los familiares, es nuestra memoria, es propiedad de todos”. La moción recuerda que en la Comunidad foral “3.400 personas fueron asesinadas por pensar diferente, solo por sus ideas y después de asesinarles fueron tirados a las cunetas, a una sima, al rio, o a un ribazo, los familiares de aquellos asesinados fueron ultrajados, les robaron las tierras, les quitaron todo, algunos tuvieron que marcharse de aquí para sobrevivir, las viudas fueron paseadas, los hijos señalados y las vidas fueron rotas”.

Y continúa: “El olvido de este ayuntamiento hacia esas víctimas fue como fue, es un pasado que no podremos cambiar, pero hoy tenemos la oportunidad de reconocernos en otra forma de encarar este asunto, aunque solo sea por la memoria de las personas que, como nosotros y nosotras, quisieron que nuestro pueblo fuera más justo, más equitativo, más igual… ”

Los dos puntos que la corporación municipal debe acordar, a juicio de Affna36, para cumplir con la Ley son: “El Ayuntamiento de Yesa declara que los corporativos, y vecinos de Yesa fueron vilmente asesinados sin juicio, sin nada que lo justifique, antes al contrario defendieron con sus vidas la libertad, el progreso, la justicia social y el orden constitucional. Por ello no dudamos en proclamar que forman parte de la selecta pléyade de navarros y navarras que mayores aportaciones ha realizado en favor del bien común de nuestra tierra. Murieron por la libertad y la justicia social y desde este Ayuntamiento les rendimos nuestro más sincero reconocimiento y homenaje”.

La placa tendrá como texto: El ayuntamiento y el pueblo de Yesa en memoria y homenaje al que fuera alcalde Don Carlos Orduña Les, concejales Don Mariano García Ilorza,Don Miguel Iriarte Gallues y Don Vicente Zozaya Belio asesinados en 1936 por defender los valores republicanos.

“En un principio nos pusieron mala cara y se negaron, pero sí que es verdad que al final hicieron algo que ellos pensaban que cumpliría con la Ley de Memoria Histórica, un acto de perfil bajo. En uno de los plenos se mencionaron los asesinatos. Y está bien hecho, pero nosotros también pedimos un homenaje público con una placa en el Ayuntamiento, para dar cierta satisfacción a los familiares. Un acto de reparación del pueblo”, explica de Carlos.

“Por eso ahora volvemos a la carga, ya les advertimos que no lo íbamos a dejar así, creemos que el homenaje público es necesario. Y si se niegan meteremos ruido y haremos un homenaje público nosotros en la plaza del pueblo”, adelanta. Su idea es lograr un consenso con los descendientes de los asesinados para crear un frente común y solicitar de nuevo al Ayuntamiento el cumplimiento antes de que termine el mes de abril.

“Fueron asesinados por defender la democracia y por opinar diferente. Un pueblo que reconoce su historia, tanto los momentos buenos como los malos, y que hace una reparación moral a las familias de los asesinados es un pueblo más ético, con más fondo”, subraya Jokin de Carlos.

La Asociación de Familiares de Fusilados en Navarra (Affna36) ha denunciado el boicot a tres de la decena de 'adoquines de la memoria' que instalaron el viernes 23 de marzo en las calles San Nicolás, San Gregorio y Lindatxikia de Pamplona. En concreto, son los que corresponden a los números 2, 4 y 9 de la calle San Nicolás, que arrancan justo en el acceso desde la Plaza del Castillo.

“Un poco más adelante, en el 14, están los siguientes y no han sido vandalizados”, explica a eldiarionorte.es Jokin de Carlos, presidente de Affna36, que considera “una pena que en una sociedad desarrollada, en pleno siglo XXI, no seamos capaces de respetar homenajes que no van contra nadie, que son un recuerdo de unos vecinos nuestros que fueron asesinados”.

Ese es precisamente uno de los objetivos de esta campaña, “recordar a los vecinos asesinados en Navarra en 1936, un lugar donde no había un frente de guerra. No eran gente sin nombre, y sus hijos y sus nietos siguen viviendo con nosotros. Muchas veces se enfrentan a la incomprensión de la sociedad, ni siquiera han podido reconstruir la historia de por qué fueron secuestrados y asesinados y, en muchas ocasiones, de dónde están enterrados. Estamos buscando a muchos de ellos, como la semana pasada en Urdaniz”, apostilla de Carlos.

“Queremos que Pamplona, y Navarra en general, sean lugares más éticos, más reconciliados con su pasado. Para nosotros es incomprensible lo que ha ocurrido”, insiste el presidente, que adelanta la intención de “reponerlos en pocos días”: “Está claro. Ya los hemos encargado de nuevo. Ya veremos si duran o son nuevamente boicoteados”.

Reconoce que la asociación lleva ya puestos “ciento y pico adoquines tropezones desde hace tres años, y alguna vez hemos tenido algún problema, pero nunca un sabotaje tan claro justo después de colocarlos. Suponemos que será alguien que vive por la zona que le ha molestado este recuerdo a los asesinados”, explica.

Una invitación a la reflexión

El proyecto comenzó en junio del año 2015, en el número 3 de la calle La Merced. En este punto hay constancia de que vivieron 17 víctimas. La semana pasada se colocaron más. En la calle San Gregorio fueron tres: Alonso Caballero, Antonio García del Olmo y Lorenzo Yoldi Lacunza; en la calle Lindatxikia se instaló el recuerdo de Isidro Mencos Rosain; y en la Calle San Nicolás se recuerda a José María Goñi Villanueva, Manuel Goñi Villanueva, César Burguete Díaz, Gerónimo Julián Ruiz Lara, Benito Vallejo Hernández, Ildefonso Zabalardo López y Juan Pérez Marturet.

El adoquín de la memoria o el adoquín tropezón proviene del alemán Stolperstein, que  hace referencia a una piedra que hace tropezar a un caminante. Un accidente que es también una invitación a la reflexión. Ese es el objetivo de la iniciativa, originalmente desarrollada por el artista alemán Gunter Demnig en torno a víctimas de la persecución nazi, y que ahora se desarrolla en las calles navarras con financiación particular y la promoción de la asociación de familiares de fusilados de Navarra affna36. Se trata de colocar placas doradas en el suelo que llamen la atención de los viandantes en puntos donde vivieron víctimas de la represión franquista. En ellas figura el nombre de las personas afectadas, su año de nacimiento, la fecha de su desaparición y su destino final.

Por el momento, se instalan únicamente unas placas (de 10x10x10 centímetros) doradas, de ahí que a este tipo de iniciativas se les haya llamado en otros países europeos (hay experiencias, además de en Alemania, en Austria, Holanda, Francia o Italia) el 'adoquín brillante' (además de adoquín tropezón), en referencia al material de latón con el que habitualmente están hechas.

“En Europa es una cosa que se lleva haciendo desde los años 90. En Centroeuropa marcan no solo a judíos que fueron llevados a campos de concentración, sino también a otros tipos de represaliados de la II Guerra Mundial”, explica el presidente de Affna36, que destaca que Navarra fue pionera en esta importación. La entidad considera que la Comunidad foral cuenta con 3.452 víctimas de esta represión.

La asociación affna36 valora, tras su reunión con la consejera Ana Ollo, la disposición del Ejecutivo foral a cumplir las actuciones pendientes de la ley de memoria histórica

Eneko Arteta, integrante del colectivo, recuerda que quedan unos 1.000 cadáveres por recuperar en Navarra

La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, affna36, se ha reunido este jueves con el Gobierno Foral para trasladarle la necesidad de poner en marcha las exhumaciones pendientes en fosas comunes de la comunidad, para lo que sería necesario introducir una partida económica en los Presupuestos Generales de Navarra para 2016.

Representantes de la asociación han mantenido un encuentro en el Palacio de Navarra con la consejera de Igualdad, Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, para repasar los apartados que todavía no se han cumplido de la ley foral de reconocimiento y reparación moral de las víctimas del golpe militar de 1936.

Esta ley, aprobada el 26 de noviembre de 2013, todavía tiene pendiente la ejecución de varios de sus artículos, como por ejemplo el de la actuación directa de la Administración en la recuperación de los restos de personas desaparecidas, algo que la pasada legislatura no se materializó.

Eneko Arteta, representante de la asociación, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el trabajo de exhumaciones es una prioridad. Según ha señalado, habría todavía unos 1.000 cadáveres por recuperar en Navarra y ha citado por ejemplo que en Ibero está localizada una fosa con unas 20 personas en la que ya se podría intervenir.

Arteta ha explicado que la asociación está a la espera de que el Gobierno de Navarra designe al director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos para mantener una nueva reunión con más concreción y poder establecer un calendario de trabajo en esta materia.

El representante de la asociación ha señalado que para poder realizar las exhumaciones se debería incorporar una partida a los Presupuestos de Navarra de 2016 y ha apuntado además que querrían recuperar el dinero que la propia asociación ha ido adelantando para realizar otras exhumaciones previas.

A la espera de que se puedan concretar los hechos, Arteta ha valorado que la consejera ha mostrado “una muy buena actitud, abierta y sensible con el tema”.

Otros puntos pendientes

Arteta ha recordado otros apartados de la ley que se deberían ir cumpliendo, como la elaboración de una relación de lugares de memoria histórica de Navarra, señalizados y acondicionados, o la colocación de placas en los campos de concentración europeos donde hubo presos navarros.

Asimismo, la asociación también considera prioritario que la propiedad del fuerte de San Cristóbal, actualmente del Ejército, pase a manos del Gobierno de Navarra.

La ley aprobada por el Parlamento de Navarra prevé otras medidas, como por ejemplo habilitar los instrumentos necesarios para realizar un correcto acompañamiento psicológico a los familiares durante el proceso de localización y en su caso exhumación de los restos de las personas desaparecidas.

También contempla la ley la creación de un Banco de ADN, dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra, en el que se conservarán muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones llevadas a cabo en la Comunidad, con su secuencia de ADN.

Del mismo modo, cualquier persona que tenga víctimas en su familia podrá solicitar que le sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y compararlo con los datos que se almacenen en este organismo. Desde la asociación, apuntan que es “urgente” activar este medida debido a la edad de los descendientes.

De 53 presos, solo uno logró escapar de los fusilamientos de Valcaldera, en el municipio navarro de Cadreita. Con una herida de bala en una pierna, echó a correr aprovechando que se hacía de noche, se subió a un árbol mientras lo buscaban sus verdugos, logró remontar el río Aragón, llegar a los Pirineos y pasar la frontera a Francia. Fue Honorino Arteta Echarri, también acordeonista de la peña La Veleta entre los años 1931 y 1936, cuya historia ahora puede resultar más conocida para la ciudadanía navarra en general porque su nieta, Chantal Estrade, fue una de las lanzadoras del chupinazo de San Fermín de este año. Estrade afirmó antes del pasado 6 de julio que ese honor, el de prender la mecha del cohete festivo, era una forma de “honrar la figura de nuestros abuelos”. Algunos de ellos, de quienes perdieron la vida en torno a la Guerra Civil, aún no han sido exhumados.

La historia de Arteta no es la única que se conoce de aquella masacre, en gran medida porque fue un secreto a voces. “Las instituciones y la iglesia también sabían qué estaba ocurriendo aquel 23 de agosto de 1936 porque, por ejemplo, se movilizó a una cofradía para atender a los condenados a muerte”, cuenta Eneko Arteta, cuyo padre era primo carnal de Honorino.

Valcaldera, en cuya investigación han buzeado escritores como Galo Vierge o Miguel Sánchez-Ostiz, pasó a la Historia como el primer fusilamiento masivo en Pamplona tras el alzamiento. Quienes lo sufrieron eran personas asociadas a sindicatos, a la organización de huelgas o partidos de izquierda y, según relata Arteta, días antes de ser ajusticiados se les dijo que iban a ser liberados, que “no tenían de qué preocuparse si no tenían delitos de sangre o no eran comunistas”. Pero aquel día, casi al anochecer, cuando les sacaron de la cárcel de Pamplona y vieron que en el autobús les acompañaban falangistas, requetés y confesores, supieron que no sería así.

El programa

La asociación de familiares de fusilados de Navarra, affna36, ha organizado para este próximo domingo un acto en recuerdo de lo sucedido, una actividad que afronta ahora su segunda edición, tras la celebrada en 2014. Para rememorar estos fusilamientos (en la web de la asociación puede verse el listado de las 52 víctimas y el único fugado), el programa incluye un acto dividido en dos partes. Primero, a partir de las 18:00 horas, en el solar que antes albergaba la cárcel de Pamplona se recordarán los nombres vinculados a la masacre. La entidad también vuelve a reivindicar, como ya hizo el año pasado, que se investigue qué pasó con los restos, que fueron exhumados de Cadreita, trasladados al Valle de los Caídos y, después, supuestamente volvieron a Navarra en 1979 (en principio, tras un homenaje celebrado en Corella, pudieron ser enterrados en un cementerio próximo), aunque, según apuntan desde affna36, aún no está claro su destino final.

Además, este próximo domingo un autobús (para reservar plaza, las personas interesadas pueden apuntarse hasta el próximo 21 de agosto) trasladará a las personas asistentes hasta el corral de Valcaldera, aquel punto en el que, al parecer, se trasladó a los prisioneros porque se habían preparado las fosas para enterrarlos. Allí, sobre las 19:30 horas, finalizará el acto en una hora similar a la que, al parecer, se produjeron los disparos hace 79 años.

El colectivo iniste también en solicitar que Valcaldera sea reconocida por la ley foral de Memoria Histórica, esa que el nuevo Gobierno Foral se ha comprometido a cumplir (contempla acciones como promover exhumaciones y eliminar símbolos franquistas), como un lugar clave vinculado a la Guerra Civil. Como un entorno trágico que no hay que olvidar, sino destacar y señalizar.

Un banco de ADN con muestras de las familias de personas desaparecidas; impulsar las exhumaciones, especialmente de personas cuyos familiares más directos siguen vivos; señalizar lugares que están vinculados a sucesos de la Memoria Histórica; eliminar los símbolos relacionados con el franquismo y, por último, impulsar la investigación en torno a la memoria y, en concreto, el fondo documental que ya está en marcha en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Este es el listado de prioridades que maneja la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, affna36, en materia de Memoria Histórica y en la que espera novedades por parte del nuevo Gobierno Foral. Y el colectivo advierte de que esos avances “se nos deben, porque hemos esperado demasiado”.

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, hizo una referencia expresa en el discurso de su toma de posesión a las familias de las personas represaliadas por el franquismo. Lo cierto es que las menciones a las víctimas en general, ya fueran del terrorismo, del franquismo o de la extrema derecha y funcionarios han sido constantes tanto en el Gobierno Foral como en el Ayuntamiento de Pamplona tras los cambios de gobierno, unas palabras que también han levantado ampollas por hablar de las víctimas de la violencia en general, y no precisar las del terrorismo etarra (UPN, por ejemplo, lo echó en falta en el mencionado discurso de Barkos). Las familias de personas represaliadas a raíz de la Guerra Civil prefieren, en cualquier caso, evitar ese tipo de debates, pero sí reconocen que es un paso ser mencionadas en ese tipo de intervenciones porque sienten que “hemos estado olvidadas durante casi 80 años”.

Quien habla es Jokin de Carlos, integrante de affna36 (y de IU, uno de los partidos involucrados en el apoyo al programa del nuevo Ejecutivo), que reconoce la expectación de la entidad ante los cambios que puede traer la puesta en práctica del acuerdo programático. La Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria Amapola del Camino, en un reciente acto para pedir que los restos de Emilio Mola y José Sanjurjo (generales vincualdos al alzamiento) no reposen en la cripta del monumento a los Caídos de Pamplona, ya se pronunció recientemente de forma similar, al valorar que había muchos puntos de sintonía entre sus reivindicaciones y el proyecto acordado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E.

En él, entre sus más de 600 medidas (demasiado ambiciosas para los grupos de la oposición), se incluye un largo apartado en el que se habla de impulsar el mapa de fosas (ya creado), dar una mayor relevancia al trabajo de fondos documentales de la UPNA para crear un instituto sobre la materia (uno de sus responsables, Emilio Majuelo, reclamó esta medida) y mejorar la colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi. También se incluyen medidas como dignificar los lugares relacionados con la memoria, eliminar la simbología franquista (el antes mencionado monumento a los Caídos es el caso más sonado, dedicado solo a los caídos del bando nacional), promover las exhumaciones y crear el banco de ADN.

Facilitar la identificación

De Carlos reconoce esta última medida como un paso clave. Porque, si se recogen muestras de un o una integrante de cada una de las familias de personas desaparecidas, se puede facilitar su identificación ya que, en muchos casos, durante una exhumación se descubren más restos que los originalmente buscados. Un ejemplo de este tipo de hallazgos es la sima de El Raso, en Urbasa, un proyecto impulsado por familiares que buscaron apoyo entre instituciones locales y que, en principio, querían localizar tres cuerpos y, al final, lograron exhumar diez. De ellos, nueve ya han sido identificados y ocho, reinhumados en la propia sima.

En definitiva, desde colectivos como affna36 piden al nuevo Ejecutivo que cumpla de forma íntegra la Ley foral de Memoria Histórica, que contempla por ejemplo que sean las arcas forales las que costeen la investigación de fosas. En la actualidad, según affna36, hay cientos de personas en Navarra que “siguen esperando en las cunetas”. Y sus familiares o posibles testigos, lamenta De Carlos, están falleciendo sin poder cerrar el duelo o aportar información. Por ello, esperan desde el Ejecutivo pasos inmediatos. Diversos colectivos, como affna36 y la Amapola del Camino, ya han solicitado una reunión con representantes del nuevo Gobierno para abordar estos próximos pasos; “ya es hora de que un gobierno se ponga las pilas”, afirma, porque “del anterior había buenas palabras pero pocos hechos”.

Stolperstein hace referencia, en alemán, a una piedra que hace tropezar a un caminante. Pero el accidente también puede provocar, más allá de un juramento contra la torpeza, una invitación a la reflexión. Ese es el objetivo de la iniciativa, originalmente desarrollada por el artista alemán Gunter Demnig en torno a víctimas de la persecución nazi, y que ahora se pretende desarrollar en las calles navarras con financiación particular y la promoción de la asociación de familiares de fusilados de Navarra affna36. Se trata de colocar placas doradas en el suelo que llamen la atención de los y las viandantes en puntos donde vivieron víctimas de la represión franquista. En ellas figuraría el nombre de las personas afectadas, su año de nacimiento, la fecha de su desaparición y su destino final. Porque no haría falta decir mucho más.

Esta iniciativa, que por el momento, según apuntan desde affna36, cuenta con el visto bueno de la Alcaldía de Pamplona (la nueva Junta de Gobierno anunció que desarrollaría medidas en torno a la memoria, como la supresión de símbolos franquistas) para poder arrancar, necesitará de futuras conversaciones para dilucidar si pueden colocarse realmente en las calles de la ciudad adoquines dorados, que es el verdadero objetivo del proyecto. Por el momento, se instalarán únicamente unas placas (de 10x10x10 centímetros) doradas, de aquí que a este tipo de iniciativas se les haya llamado en otros países europeos (hay experiencias, además de en Alemania, en Austria, Holanda, Francia o Italia) el adoquín brillante (además de adoquín tropezón), en referencia al material de latón con el que habitualmente están hechas las placas.

Por el momento, este proyecto arranca este martes en Pamplona en un acto que tendrá lugar a partir de las 20:00 horas en el número 3 de la calle La Merced. En este punto hay constancia de que vivieron 17 víctimas. Quizá el caso más conocido sea el de la familia Dorronsoro (Jesús, Corpus y Jesús) entre quienes se incluye a Corpus Dorronsoro Arteta, que fue concejal socialista entre 1931 y 1936. En ese listado también figuran Pedro Alfaro Hernández (trabajador), Dámaso Arbizu Saralegui (comerciante de la UGT), Manuel Ayesa (panadero), Pedro Belloso García (albañil de la UGT), Constantino Eguia (mecánico), Francisco Escudero Berdonces (vendedor de periódicos), Román Ibero Hualde (afiliado al partido socialista), Jesús Irigaray Santos (recaudador de arbitrios), Basilio López Carcar (albañil del PSOE), Ángel Martínez Larrayoz (jornalero), Antonio Méndez Vela (obrero), José Robledo González (industrial de Izquierda Republicana), Ignacio Sampedro Chocolonea (administrativo y del PSOE) y Félix Martínez Castillo (albañil de la CNT).

Pero, según puntualizan desde affna36, hay calles donde esta enumeración es aún mayor, como Jarauta o Estafeta. Por el momento, se comenzará con la instalación de estas 17 placas, en un lugar céntrico de Pamplona, para dar visibilidad a la iniciativa, pero el objetivo es seguir. Para ello, se espera contar con financiación de particulares, de cada punto escogido, que puedan aportar dinero para costear la colocación de cada placa. Se trataría de reunir fondos a través de asociaciones vecinales, comerciantes, colectivos vinculados a la memoria o la propia ciudadanía.

Un monumento “descentralizado”

Desde la asociación destacan que, a diferencia de otros proyectos por la reparación de las víctimas, como puede ser el parque de la memoria de Sartaguda, a través de estas placas se consigue llevar la memoria a diferentes puntos integrados en el día a día: “No se encontraría en un lugar acotado, sino que se funde con el espacio público, la misma esfera en la que comenzó a desarrollarse el terror franquista, en nuestras calles y plazas. Se convertiría en el monumento recordatorio más descentralizado de Navarra”.

La entidad ha recordado, a través de una nota, que la comunidad cuenta con 3.452 víctimas de esta represión y que, con este tipo de iniciativas, se pretende romper la rutina y obligar a cada viandante a recordar, a que los niños y niñas que vean esos adoquines hagan preguntas y a que se investigue para aclarar las respuestas.

Por el momento, siguen sin recibir la ayuda del Gobierno Foral para abonar las exhumaciones realizadas en la Sima de El Raso, en Urbasa, Navarra. La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, affna36, vuelve a denunciar las dificultades para recibir la ayuda del Ejecutivo, que según la Ley foral de Memoria Histórica tiene que financiar este tipo de investigaciones. La actuación se realizó a comienzos de 2013 y primero se alegó que no había partida para este tipo de actuaciones en el presupuesto prorrogado del Ejecutivo; después, que al no ser una intervención realizada en 2015 no puede optar, en teoría, a la convocatoria de ayudas (por valor de 25.000 euros) recientemente anunciada por el Gobierno foral y, en todo momento, desde el Ejecutivo se alegó que, con la crisis, las arcas navarras tenían poca disponibilidad económica.

Para Olga Alcega, presidenta de affna36, este caso es una muestra más de falta de sensibilidad por parte de UPN. “Nos dijeron que estamos en crisis, que no hay dinero, pero esta es una cuestión de voluntad y de sensibilidades personales. Y dentro del equipo de gobierno hay diferentes”, lamenta. No obstante, está convencida de que “la sociedad navarra está asimilando la necesidad de recuperar la memoria histórica. Así que al Gobierno, a este o al que venga, no le va a quedar otra que asumirlo. No van a poder mirar hacia otro lado; tenemos esperanza”.

La Sima del Raso es una operación que se llevó a cabo hace ahora dos años, el 22 de marzo de 2013, en principio para realizar una exhumación selectiva: se tenía constancia de tres cadáveres (Balbino García de Albizu, Gregorio García y Balbino Bados), pero únicamente se iban a extraer dos. Sin embargo, después se detectaron restos que se pensaba que eran de siete personas y, finalmente, se confirmaron diez. Nueve de estos cuerpos ya han sido identificados. Gran parte de esa labor, coordinada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se realizó mediante voluntariado y el presupuesto ascendió a unos 10.652 euros.

Esta fue la cantidad reclamada por la asociación al Ejecutivo el 15 de octubre de 2014 y, ya el 21 de enero de 2015, denunciaron públicamente que había sido denegada la posibilidad de financiar las pruebas de ADN. La entidad denunció entonces que “sin financiación, es imposible avanzar”, con el agravante de que en este caso la operación está realizada y los familiares estaban a la espera de poder recibir los restos. No obstante, según adelantó Diario de Noticias este pasado fin de semana, la financiación será costeada por ayuntamientos y familiares. En concreto, los cuatro consistorios de Améscoa, tres de Sakana y las familias de tres de las diez personas asesinadas. Cabe recordar que la propia Alcega se mostró en contra de que familiares asuman este tipo de costes, ya que “quitan la responsabilidad a quien la tiene”. En este caso, el Gobierno Foral.

“Se nos ha encendido una luz”

De hecho, Alcega considera incomprensible esta situación, porque “primero dicen que no había dinero, pero las partidas sobre memoria histórica no se han ejecutado del todo” y, después, el pasado 6 de mayo, el Gobierno Foral anunció que por fin habilitaba una partida de 25.000 euros para realizar exhumaciones, pero desde affan36 creen que El Raso vuelve a quedar fuera al remontarse a dos años atrás y a que en esa convocatoria se habla de los gastos de localización, exhumación, traslado de restos y sepultura, pero no de las pruebas de ADN necesarias para su identificación. Además, la asociación ya manifestó que esos 25.000 euros eran un paso adelante, pero también “un parche” que se queda lejos de los 120.000 euros que la entidad cree que son necesarios para financiar las investigaciones pendientes en Navarra. Preguntados por esta cuestión, desde el Ejecutivo Foral no han dado más explicaciones.

“Sí se nos ha encendido una luz, y puede que por fin haya investigaciones que salgan delante”, apunta la presidenta, quien no obstante alerta que la investigación de El Raso, que partía con la búsqueda de dos cadáveres y ha terminado con diez, es un ejemplo del carácter imprevisible de buscar en las fosas donde se ha ocultado la historia. De ahí la necesidad de fondos, y que se tramiten como un derecho y no únicamente como un ayuda.

“Acotar la investigación de las fosas a 25.000 euros podría provocar una competencia entre familiares y asociaciones que, al final, no resuelve el problema”. El coordinador de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (affna36) e integrante de Batzarre, Joseba Eceolaza, valora como un “parche” el reciente anuncio del Gobierno Foral de que, este año, destinará esos 25.000 euros para financiar exhumaciones de fusilados y represaliados tras la Guerra Civil. Affna36, por su parte, calcula que solventar todas las investigaciones de personas desaparecidas, sobre las que al menos consta denuncia en la asociación, conllevaría invertir unos 120.000 euros.

El pasado 14 de abril, al conmemorar el Día de la República, la presidenta de affna36 y nieta de un fusilado, Olga Alcega, criticó que no había ningún tipo de justificación posible para que el Gobierno Foral no cumpliera la ley. Porque la Ley foral de Memoria Histórica, de noviembre de 2013, recoge que sean las arcas forales las que costeen este tipo de pruebas. Sin embargo, tras las denuncias realizadas por grupos de la oposición en el Parlamento foral o de asociaciones vinculadas a la memoria histórica, llegaron decisiones como las de los ayuntamientos del Valle de Egüés y Berriozar, que han financiado la investigación de sendas fosas para, después, exigir el coste al Gobierno Foral.

Las críticas al Ejecutivo de Yolanda Barcina sobre su falta de diligencia al cumplir esta norma han sido constantes. Y eso a pesar de que el consejero portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, alegó que el Gobierno no regatería el cumplimiento de la ley ni, por ejemplo, con la retirada de símbolos. Con todo, ha habido avances por ejemplo al contar en el cementerio de Pamplona con un panteón para acoger restos de personas sin identificar y al haberse colocado una placa en el Parlamento foral en honor a los cargos electos fusilados en 1936. Sin embargo, también falta hacer lo mismo, por ejemplo, para homenajear a los funcionarios asesinados en la Diputación.

En cuanto a la financiación de las exhumaciones, la principal reivindicación de entidades como affna36 para que las familias puedan cerrar el duelo, la asociación estimó que 230 personas desaparecidas siguen a la espera de avances. De ahí que la medida ahora anunciada por el Ejecutivo se quede corta, aunque la valoren como un paso adelante. El consejero de Justicia, Presidencia e Interior, el regionalista Javier Morrás, ha explicado en conferencia de prensa que esta medida se deriva del cumplimiento de la Ley foral de Memoria Histórica, que era una obligación pero que se ha cumplido por el momento “en la medida de lo posible”, un paso en el que ha reconocido dificultades dado que este tipo de actuaciones no estaban presupuestadas. No obstante, ha recordado que en 2013 el Ejecutivo autorizó dos exhumaciones, que en 2014 fueron cuatro y que, en 2015, se espera hacer lo propio con entre seis y ocho actuaciones. Para ello, se ha reservado esa partida de 25.000 euros.

“Un avance”, al final de la legislatura

El representante del Ejecutivo ha asegurado que se trata de un paso más que, probablemente, no dé salida a todos los casos pendientes, que se resolverán mediante una evaluación individualizada “al ritmo en que se realicen”, pero que sí se trata de “un avance” en el cumplimiento de la ley. Está previsto que esos 25.000 euros se repartan a lo largo de este año y las posibles entidades beneficiarias son, según se ha explicado a través de un comunicado, asociaciones de familiares de fusilados o vinculadas a la memoria histórica legalmente constitutidas e inscritas en el Registro de Navarra, las personas físicas que sean descendientes directas de víctimas y los ayuntamientos que promuevan una exhumación de una fosa cuando no existan familiares de esas víctimas. La partida cubririría la localización de los restos, su exhumación, traslado y sepultura.

Eceolaza, por su parte, ha lamentado que con la partida prevista no se cubren todas las necesidades ni las demandas existentes y se ha preguntado por qué se ha llegado a esa cifra y no a otra. Este anuncio del Gobierno Foral llega, además, al final de la legislatura, como ya ocurrió con la retirada del título de Hijo Adoptivo de Navarra a Francisco Franco (título que ha mantenido 41 años), y después de que formaciones como Izquierda-Ezkerra (coalición de la que forma parte Batzarre) hayan intensificado sus movilizaciones y críticas contra el Ejecutivo en materia de memoria histórica. La última, por ejemplo, con la propuesta de la formación de demoler el monumento a los Caídos de Pamplona, lugar en el que aún descansan Mola y Sanjurjo, referentes del alzamiento.

“Yo soy una de las personas que ha encontrado a su abuelo y que ha podido enterrarlo donde ha querido, mucha gente no tiene ese privilegio”. Olga Alcega, que afronta su quinto año al frente de la Presidencia de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, affna36, insiste en que “no hay derecho, se mire por donde se mire” a que el Gobierno Foral no se ponga al día con la financiación de las exhumaciones y pruebas de ADN. Esta vecina de Pamplona cree que debería ser prioritario destinar fondos a un tema cuyas huellas las borra el tiempo, “y ya han pasado más de 78 años”. Pero, ¿por qué no se cumple una cuestión recogida en la ley foral de Memoria Histórica? Alcega, nieta de Antonio, un cartero que en 1936 fue fusilado en Bureta (Aragón) acusado de ser rojo, exige al Ejecutivo que, independientemente de su color, cumpla la ley. En su totalidad.

La ley foral de Memoria Histórica, aprobada en noviembre de 2013, fue un paso importante para financiar la investigación de fosas y la eliminación de símbolos en Navarra. ¿Ha cumplido las expectativas?la investigación de fosas

No. Para nosotros, todos los artículos de esa ley son muy importantes; se trata de una ley pionera, que recoge muy bien todos los derechos. Y nosotros lo que priorizamos son las exhumaciones, pero no hay una partida presupuestaria para ello. Los esqueletos y las demandas de búsqueda siguen pendientes.

¿A qué lo atribuye, si en la ley se recoge que esa investigación debe ser financiada por las arcas forales?

A que no hay voluntad de poner una partida presupuestaria.

¿A la voluntad del Gobierno Foral, se refiere?

La excusa ahora es que estamos en crisis, pero también hay que recordar que hubo años en los que se hablaba de bonanza económica y para estas víctimas nunca ha habido dinero, a pesar de que se trata de unan partida que pueden asumir los presupuestos de Navarra. Igual no en un año, pero sí la pueden asumir.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Es difícil concretar una cantidad. Porque, a veces, hay fosas y testimonios directos que las ubican en una zona y luego ya no están. A menudo no sabes qué te vas a encontrar. Por ejemplo, en Ibero se hablaba de 45 personas enterradas, pero sabemos que los de Larraga en 1978 se llevaron 21. Eso supondría que quedan 24, pero puede haber más. Por otro lado, una prueba de ADN cuesta unos 300 euros, pero no es lo mismo compararla con un familiar que con cinco, y por eso el precio sube. Yo, a menudo, hablo de cada prueba nos cuesta una media de 1.000 euros.

Es una cantidad que, quizá, las familias pueden asumir. Y quizá por eso algunas no esperan a la reacción del Gobierno Foral.

Las familias no deben financiar ese dinero, porque al final quitan la responsabilidad a quien la tiene. Esas familias ya han sido demasiado generosas, al esperar durante más de 78 años y saber convivir con los presuntos asesinos de sus familiares. Y, encima, ahora les vamos a pedir que costeen los gastos de una exhumación. No estoy de acuerdo. Agradezco a aquellos ayuntamientos que asuman estos costes, pero entonces cabe preguntarse para qué sirve la ley.

Ha habido ayuntamientos, como el del Valle de Egüés y el de Berriozar, que se han lanzado a financiar esta investigación para, después, exigir el coste al Gobierno Foral. ¿No cree que es una forma de obligar al Ejecutivo a actuar?el del Valle de Egüés y el de Berriozar

Es lo que, desde la asociación, hemos venido haciendo desde hace tiempo, siempre que se tratara de una fosa pequeña, de una o dos personas, porque no podemos afrontar un gasto mayor [affna36 cuenta, en la actualidad, con alrededor de 380 socios y socias]. Y siempre hemos registrado esa factura en el Gobierno de Navarra. Sí es una forma de presionar al Gobierno, y ojalá todos los ayuntamientos lo hubieran hecho cuando no estaba la ley.

Si desconfía de la voluntad de UPN por cumplir la ley, ¿cree que un cambio tras las elecciones forales puede afectar a esta investigación de las fosas?la voluntad de UPN

Espero que se produzcan cambios. El Día de la República ya solicité a todas las candidaturas que aclararan en sus programas cuál es su inquietud sobre este tema, porque no sabemos si le dan importancia.

Bueno, sí ha habido declaraciones de partidos como Izquierda-Ezkerra, EH Bildu, Geroa Bai, PSN…

Sí, todos se pronunciaron a favor también de la ley, salvo UPN, que se abstuvo, y el PPN, que votó en contra. Igual UPN con esa abstención quería hacer ver que su postura es la de que pase el tiempo, y por eso no se ha implicado con esta ley como ha hecho con otras.

Sí se ha estrenado el panteón para restos aún sin identificar en el cementerio de Pamplona, se ha colocado una placa en el Parlamento foral…el panteónuna placa

Hay cosas que se han cumplido, sí. Aquellas que no tenían un coste económico importante. Pero, mientras, hay fosas que se pierden porque los restos se llevan al Valle de los Caídos, porque se construyen nichos encima o porque una carretera de cabras se convierte en comarcal o nacional y las cunetas dejan de serlo.

Hablaba de la oposición del PPN a la ley. A menudo se ha argumentado que hablar de la memoria histórica es una forma de reabrir heridas.

Eso no es cierto y se dice de forma interesada. La única forma de cerrar heridas es conociendo la verdad. De lo contrario, los familiares van a la cama y siguen dándole vueltas a la cabeza, con la incertidumbre de qué será cierto, de no saber cómo investigar… ¿Por qué no avanzamos ahora, si tenemos los medios? No hay derecho, lo mires por donde lo mires. Una ley está para cumplirla, gobierne quien gobierne, eso no debe depender del partido que esté.

El viernes, participó en la 'performance' del artista Abel Azcona junto al Monumento a los Caídos de Pamplona. ¿Hay símbolos que nunca se eliminarán?del artista Abel Azconasímbolos

Es algo que va colando, va pasando el tiempo y así los responsables de las instituciones no se meten en jaleos. Solucionar el Monumento a los Caídos es algo complicado, porque unos se echan la pelota a otros, pero lo lógico sería retirar los restos de Mola y Sanjurjo y que las familias decidan a dónde llevarlos. Ahora mismo, la sala de exposiciones [función buscada para el monumento] tiene cubiertos los nombres a los caídos que lucharon en el bando nacional, pero cada día 19 siguen celebrándose misas en honor a quienes se alzaron contra un gobierno democrático. Quienes están ahí enterrados son verdugos, y a quienes nosotros recordamos en el Día de la República son víctimas.

Recientemente se ha conocido que el abogado Eduardo Ranz ha denunciado al alcalde de Pamplona y al arzobispo por dos casos de simbología franquista en la ciudad. ¿Es esta una vía a tener en cuenta?

Pienso que es una medida muy valiente, si se tiene el dinero para ello, pero creo que antes hay que agotar otras vías. Nuestra asociación no tiene grandes recursos, y nuestra línea ha sido la de esperar y denunciar los hechos.

Llama la atención que, habiendo diversas asociaciones vinculadas a la memoria histórica, no haya acciones conjuntas.

No las hay, no. Respeto las actuaciones de otras asociaciones pero, en nuestro caso, no nos une una ideología, sino que convivimos con todo tipo de ideologías, cada uno es de la que es.

Hay símbolos que no se pueden tapar. El Monumento a los Caídos de Pamplona es un claro ejemplo. Este homenaje a los Caídos en la Cruzada se ha convertido en tema de discusión habitual para los grupos políticos y en un referente para las reivindicaciones de las asociaciones vinculadas a la memoria histórica. Situado en un barrio de la capital navarra a menudo tomado como reflejo del diseño franquista, el Segundo Ensanche, se erige sobre una plaza dedicada al Conde de Rodezno (al título, para evitar suspicacias, pese a las claras referencias al que fuera ministro de Justicia con Francisco Franco) y junto a una cripta que alberga los restos de Mola y Sanjurjo y donde, cada día 19, la Hermandad de Caballeros de la Cruz dedica una misa al general Mola y a los protagonistas del alzamiento. Ahora, este monumento es una sala de exposiciones y muchos de sus mensajes se han tapado, pero no eliminado. Hay asociaciones como el Autobús de la Memoria que bromean, con indignación, sobre si el Gobierno Foral “está esperando a tiempos mejores”. Otras, como la Asociación de Familiares de Fusilados, affna36, se preguntan para qué podría servir este recinto, y sugieren que en él se deberían explicar los motivos de su construcción, y así darle la vuelta a su simbología.

Combatir este símbolo con otro es lo que se ha propuesto el artista navarro Abel Azcona, conocido sobre todo por sus performance, a veces controvertidas y a menudo vinculadas al cuerpo. En este caso, Azcona no plantea esta nueva muestra artística como una guerra entre símbolos, pero sí como una invitación a despertar sentimientos y, también, como una reivindicación. Para él, se trata de incitar a la memoria, la individual y la colectiva (y, por tanto, la histórica).

Por la mañana, la comitiva de familiares ha visitado el fuerte de San Cristóbal, conocido por la fuga en 1938 de 795 prisioneros, aunque, según han denunciado desde affna36, el candado de la puerta se había saboteado y cubierto con pintura para, al parecer, impedir el paso de la comitiva. Por la tarde, a pesar de la lluvia, se ha llevado a cabo la performance de Azcona en el entorno del Monumento a los Caídos.

Para ello, se han movilizado alrededor de 120 familiares, incluso llegados (alrededor de una treintena de personas) desde Toulouse (Francia). Uno de los asistentes era Isaac Casares Balduque, natural de San Sebastián, que “a los 15 años, un mes y veinte días”, se alistó en el batallón Azaña. Casares relata con precisión las fechas de su vida, cómo hizo la campaña de Gipuzkoa, combatió en Asturias, su madre le pidió que le mandaran a casa pero, al final, tuvo que exiliarse a Francia en dos ocasiones, “la última el 6 de febrero de 1939”, fecha tras la que le enviaron a dos campos de concentración. Ahora, recorre enclaves de referencia en la lucha republicana, motivo por el que este viernes ha acudido a Pamplona con una bufanda tricolor al cuello.

“Hemos callado demasiado tiempo”

Casares ha sido uno de los participantes en este proyecto de Azcona, bautizado como Enterrados. Este básicamente ha consistido en tapar en el suelo a una treintena de familiares de fusilados y exiliados con tierra, procedente de una huerta de Miranda de Arga donde precisamente fueron asesinados familiares de un agricultor. En total, más de 300 kilos. Javier Iturbide ha sido uno de los participantes; nieto de un médico de la República, también llamado Javier Iturbide, este fue hecho preso en Godella (Valencia) y acabó en un campo de concentración. Para su nieto, participar en este acto era una forma de romper el silencio, porque “hemos estado callados demasiado tiempo. Son ya 80 años”.

Azcona, un día antes de llevar a cabo la obra, reconocía su implicación ideológica con este evento, la necesidad de visibilizar esta lucha, precisamente en una legislatura en la que grupos de la oposición han exigido al gobierno de Yolanda Barcina que cumpla la Ley foral de Memoria Histórica (aprobada en noviembre de 2013), que entre otras cuestiones exige que las arcas forales financien la investigación y exhumación de fosas (según los cálculos de affna36, alrededor de 230 desaparecidos siguen a la espera de avances) y la retirada de símbolos, como por fin ha ocurrido al revocar el título de Hijo Adoptivo de Navarra a Franco, tras 41 años vigente. “El arte es una herramienta para la acción y, al final, el resultado de esta performance podrá verse, por ejemplo, en Madrid, Estados Unidos, Cuba, Panamá o Guatemala”, explica el autor. Porque para recuperar la memoria no hay que echar tierra, sino empezar a hablar.

“Ellos perdieron poco en 1936. Perdieron la vida. Pero fueron ellas las tuvieron que salir adelante, viudas, con sus familias, en silencio, y tras haberlo perdido todo”. José Ramón Martínez, integrante de la asociación Pueblo de las Viudas, reconoce con estas palabras el papel de las víctimas femeninas tras el alzamiento. En el municipio navarro de Sartaguda saben bien esa historia porque se les ha llamado precisamente el pueblo de las viudas, después de que, de sus 1.200 habitantes de entonces, 84 fueran fusilados, 61 mujeres perdieran a sus maridos y los responsables se incautaran de sus propiedades. Pero, además, Martínez recuerda que esas mujeres (esposas, madres, hermanas e hijas) que pelearon para que el nombre de sus compañeros no se perdiera fueron “las primeras trabajadoras de la memoria histórica”.

La técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Estella e integrante de la lista de Podemos al Parlamento foral, Tere Sáez, escribió recientemente sobre esa lucha, en la que las mujeres tenían que hacer frente a los castigos con aceite de ricino, abusos, detenciones e, incluso, violaciones. Algo que se sospecha pero que, a menudo, se desconoce, porque muchas madres se negaron a contárselo a sus hijos e hijas.

Por estas razones, desde la Asociación de Víctimas del Franquismo, affna36, y desde la propia Pueblo de Viudas iniciaron un proyecto para que el Parque de la Memoria de Sartaguda contara con una escultura en honor a esta lucha en femenino. Este recinto, de más de 6.000 metros cuadrados (que ya luce esculturas de autores como Nestor Basterretxea, José Ramón Anda y Joxe Ulibarrena), inaugurado el 10 de mayo de 2008 y en el que han colaborado entidades como los gobiernos navarro y central, 90 ayuntamientos y diversos colectivos y sindicatos, tiene un muro en el que se ven a las personas asesinadas. La mayoría fueron hombres, aunque con los dedos se puede reconocer las marcas también de nombres de mujer. La escultura, no obstante, pretende ahora dar un paso más en el reconocimiento a su labor. El coordinador de affna36 y miembro de Batzarre, Joseba Eceloaza, explica que recordar ese “sufrimiento” de las viudas y las mujeres huérfanas era “algo que quedaba por hacer”.

Recaudación popular

De los veinte proyectos presentados al concurso de ideas para realizar la escultura, finalmente se escogió en marzo de 2015 la obra presentada por el escultor madrileño Rodrigo Romero Pérez, titulada Reconstrucción. Ya hay un presupuesto previsto, que ronda los 34.500 euros (el máximo se fijó en 36.000); para llegar a esa cifra, se inició una cuestación popular, con la venta de boletos a 5 euros. Así, por ejemplo, hace una semana, durante la celebración del acto de homenaje en la Vuelta del Castillo a las 308 personas fusiladas en 1936 en Pamplona, y alrededor de 3.450 en Navarra, se recaudaron 3.100 euros. Esa cifra se ha sumado, por ejemplo, a los 1.200 que ha aportado el Ayuntamiento de Carcastillo, 3.000 de Sartaguda, así como los 12.000 del Gobierno Foral.

Martínez, que precisamente fue alcalde de Sartaguda (entonces por el PSN, después fue expulsado del partido tras aceptar en 2007 el voto de ANV para poder gobernar), adelanta que el próximo 26 de abril se firmará el contrato y se espera que, este mismo año (en torno a otoño), pueda instalarse la obra, de la que ya se puede ver un diseño. El proyecto, por tanto, sigue adelante y el objetivo es llevarlo a cabo cuanto antes porque, como ya han insistido con anterioridad las asociaciones vinculadas a la memoria histórica, “los hijos e hijas de fusilados siguen cumpliendo años y no se puede esperar más tiempo”.

“No llegué a conocer a mi abuelo, pero en realidad sí que lo conozco”. Olga Alcega lleva “toda mi vida” acumulando información sobre Antonio, su abuelo paterno, vecino de Bureta (Aragón), cartero, campesino y dueño de la fonda El Comercio en Tudela, que el 1 de septiembre de 1936 fue apresado por la Guardia Civil después de sacar unas vacas al abrevadero, llevado al Ayuntamiento, torturado y, al día siguiente, fusilado. Uno de aquellos dos tiros acertó directamente en el cráneo, aunque en el certificado de defunción no constan las causas de la muerte. En realidad, a Antonio Alcega Lázaro le habían acusado de pertenecer a la Izquierda Republicana, y desde el propio Consistorio se pidió que fuera relevado de su puesto de cartero básicamente por rojo.

Olga cuenta con precisión y de seguido las fechas, los detalles de la muerte, y, por ejemplo, cómo vestía en el día en que fue hecho prisionero, con unos pantalones azul marino y una camisa blanca remangada. Habla con dolor de cómo su abuelo no pudo despedirse de sus cuatro hijos, que entonces estaban repartidos entre la escuela y Tudela, y de las marcas de golpes en las costillas que reveló la autopsia. Su abuela, Emilia Sarría Martínez, pidió un salvoconducto tras el arresto para buscar a su marido, pensando, como se recoge en esta carta de Olga a su abuelo, que seguía preso en el cuartel de la Guardia Civil en Magallón, municipio aragonés cercano a Navarra. Ella, Emilia, tendría que pelear después por el 50% de sus bienes gananciales, de los que se habían incautado.

Este recurso en el juzgado es uno de los documentos que Olga trasladó al juez Baltasar Garzón, durante su investigación sobre lo sucedido. La propia Olga ha descubierto muchos de esos detalles a través de documentos, de pruebas pero, sobre todo, los conoció de pequeña por el testimonio de una vecina. Y aquello se le quedó grabado, más incluso que a su hermana y hermano, y por eso siguió investigando. Entre 1977 y 1979, colaboró en la exhumación de numerosas fosas de la Ribera, cuando los restos se limpiaban con una esponja. En su caso, logró recuperar a Antonio en 2009, porque hasta entonces descansaba en una fosa junto a otras 81 personas, 79 hombres y dos mujeres. “Todo el mundo sabía que estaba ahí”, pero había que actuar para recuperar los restos y, por fin, permitir el duelo a la familia.

Su caso, con todo, es similar al de muchos otros. Ahora, Olga Alcega es la presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, affna36, e insiste en la necesidad de que el Gobierno de Navarra cumpla las acciones contempladas en la Ley foral de Memoria Histórica, que exige que las arcas forales costeen la exhumación y las pruebas de ADN de las víctimas. Lamenta, sin embargo, que a menudo se alegue que “no hay dinero” para cumplir un objetivo que debería ser prioritario, ya que “el tiempo se acaba, los hijos de los fusilados y fusiladas se mueren y los testimonios se pierden”.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Berriozar ha costeado (5.000 euros) esta semana la excavación en una fosa en el monte Ezkaba en la que se han encontrado dos cuerpos, según las investigaciones (de la Sociedad de Ciencias Aranzadi) correspondientes a prisioneros de la conocida fuga del fuerte de San Cristóbal, que tuvo lugar en 1938. Esta actuación, en cualquier caso, continuará, ya que los testimonios apuntaban a entre cuatro y cinco personas fusiladas en ese punto. Ahora, el Consistorio exigirá al Gobierno Foral que pague el dinero que las arcas municipales han adelantado.

Este sábado, homenaje en la Vuelta del Castillo

En este tipo de reivindicaciones, asociaciones como affna36 quieren contar con el apoyo de toda la sociedad. Por ello, este sábado vuelve a organizar su acto de homenaje anual a las 308 personas fusiladas en 1936 en Pamplona, así como a las 3.450 que corrieron la misma suerte en Navarra. El acto tendrá lugar, a partir de las 12:00 horas, en la Vuelta del Castillo de Pamplona, en una zona que se usó para realizar ejecuciones.

“El sábado es un día de homenaje, pero también de reivindicación”, apunta la presidenta de la asociación. “Al final, todos los días debemos luchar por esa financiación, y encontrar esos restos es muy importante. Los familiares tenemos derecho a que no estén en un cementerio cualquiera ni en una carretera, sino donde los depositemos. Muchos hijos dicen lo mismo a sus padres: Aquí te dejo y aquí vendré. Espérame”.

La asociación de familiares de fusilados de Navarra recuerda que mantener el reconocimiento de Hijo Adoptivo de Navarra al caudillo era “un agravio a las víctimas”.

El coordinador de la entidad, Joseba Eceolaza, advierte al Ejecutivo de que “no tenemos dudas” en exigir por los tribunales que se abonen las exhumaciones y otras pruebas.

Era una cuestión “de sentido común”, pero que ha tardado en cumplirse más de diez años. El Parlamento foral exigió hace una década que se retirase el título de Hijo Adoptivo de Navarra y la Medalla de Oro de Navarra a Francisco Franco, un paso que finalmente el Gobierno Foral ha cumplimentado este pasado miércoles. En total, el caudillo ha contado con esta distinción durante más de 40 años, tras su concesión a finales de 1974 y su entrega en 1975. Y, desde la asociación de familiares de fusilados de Navarra, affna36, valoran el paso por fin realizado, pero recuerdan que todavía quedan muchas actuaciones de la ley de memoria histórica aprobada en 2013 por realizarse. Y, advierten, no pararán; incluso, acudiendo a los tribunales.

El coordinador de este colectivo e integrante de Batzarre, Joseba Eceolaza, defiende que mantener el título de Franco era causar “un agravio a las víctimas”, en el que se ha ahondado al no haber actuado antes: “No debería costar tanto tiempo ni tanto esfuerzo que se pongan en la piel de los familiares de las víctimas”.

El Gobierno Foral ya había prometido que cumpliría la ley, pero hasta el momento desde UPN se había alegado que se estaba estudiando cuál era la fórmula adecuada para revocar una decisión de la propia Diputación, adoptada, eso sí, durante el franquismo. Este miércoles finalmente se produjo ese paso, que, sin embargo, el Gobierno Foral no anunció hasta una jornada después en comisión parlamentaria. El consejero de Presidencia, Javier Morras, adelantó que se habían revocado los títulos concedidos por órdenes de la Diputación en 1936, 1969 y 1974 a una decena de personalidades vinculadas al franquismo. La mayoría son militares, aunque también se encuentran entre ellos el conde de Rodezno y el propio Franco.

Para Eceolaza, este ha sido un paso más para que “la derecha rompa ese cordón umbilical con el franquismo”. Porque, reconoce, “es agotador tener que lograr avances a través de denuncias públicas y de los medios de comunicación”.

Sobre la memoria económica

No obstante, el portavoz de affna36 también ha recordado al Ejecutivo que quedan pasos por dar. Y, pese a que el consejero Morrás alegó que ha habido incumplimientos de la ley de memoria histórica (que, por ejemplo, exige la retirada de símbolos franquistas o que el Gobierno financie las exhumaciones de víctimas) debido a que esta carece de una memoria económica, Eceolaza ha asegurado que “es una falacia”, porque hay medidas que se pueden cumplir sin apenas un coste económico: como nuevas reuniones de una comisión de coordinación vinculada a la ley, la revisión de los libros de texto en torno a la memoria histórica o la anulación de las mencionadas distinciones.

Un punto pendiente de resolver es la crítica realizada por la propia asociación sobre la negativa del Gobierno a abonar las pruebas de ADN a los restos hallados en la Sima del Raso, en Urbasa; desde la asociación recaban ahora información sobre cuántos familiares han tenido hasta el momento que afrontar el pago de este tipo de pruebas, porque, según ha adelantado, “pediremos al Gobierno que cumpla la ley, y no tenemos ninguna duda en judicializar su cumplimiento”.

Clemente Ros era inspector de la Policía Municipal de Estella en 1936. Antes del alzamiento, detuvo a unos falangistas por un tiroteo que se había producido en este municipio navarro. Tras el golpe, “lo secuestraron, lo metieron en la cárcel, lo llevaron a San Cristóbal y, en agosto, junto a dos políticos, lo mataron en el monte del Perdón”. Su nieto, el psiquiatra Gregorio Armañanzas Ros, relata el suceso con entereza. Para este psicoterapeuta estellés, resulta clave hablar de lo sucedido, superar ese silencio que a menudo acompaña a la memoria histórica en España. Este jueves (19:00 horas, entrada libre) hablará precisamente sobre este silencio en la sede de la asociación de familiares de fusilados de Navarra, affna36, de la que forma parte.

¿En Navarra y en España se puede hablar sobre la memoria histórica?

Después de más de 70 años, las víctimas nos podemos permitir hablar y restaurar cierto honor y dignidad. Franco murió en 1975 y, desde entonces, quizá hemos necesitado ese tiempo para poder hacerlo. Ha habido quien ha necesitado menos, pero todavía hay gente mayor que muere sin poder hablar. Lo que creo que no se está pudiendo hacer es hablar desde la otra parte de los traumatizados, que son los perpetradores. Los descendientes muchas veces no saben que sus abuelos mataban, y ese silencio está provocando mucho sufrimiento emocional, sin que estas personas sean conscientes de ello. Este asunto es complejo, porque la sociedad que rodea a esos descendientes de perpetradores sí conoce esas historias.

¿Hablar es una liberación?

Hablar es el comienzo de una curación emocional. Las cosas empiezan a dolerte, ya sea porque mataron a tu abuelo o porque tu abuelo mató, y eso anima a procesarlo conscientemente, a superar esos sentimientos de culpa y de vergüenza.

Pero hablar también es exponerte a ser juzgado.

Sí (ríe), hablar conlleva muchos riesgos. Yo me he acostumbrado a ellos. Recuerdo que la primera vez que hablé de esto fue en una conferencia en Granada, y se me pasó por la cabeza que el público pensaría Oh, pobrecito, el nieto de un asesinado. Pero hay nietos de asesinados durante la Guerra Civil que todavía no saben nada, porque por ejemplo sus abuelas no les han dicho nada. ¿Por qué? Es vergüenza, culpa…

¿No es una forma de evitarles el sufrimiento?

También, sí. Pero el problema es que el silencia transmite de forma más eficaz el impacto emocional.

¿En su caso, cómo logró saber qué le pasó a su abuelo?

Siempre lo supe, pero me quedaba una herida emocional por curar. He tenido que tener cierta edad para poder vivirlo emocionalmente, no solo racionalmente. Uno ve los hechos como si fueran una película, pero no como algo que le pasó; esa distancia emocional puede protegerte, pero lo mejor es vivirlo emocionalmente. A mí, por ejemplo, para superarlo me ha venido muy bien escribir una novela [Fantasmas de nuestra guerra, que se publicará en abril], porque ayuda a integrar las emociones, porque mi madre se quedó sin padre.

¿Han logrado encontrarle?

No, no hemos conseguido localizar los restos.

¿Eso cómo afecta a los familiares?

De distintas maneras. Para los huérfanos es muy importante, porque, cuando el duelo no está hecho, supone lo que se intuye en tu pregunta: no se trata de encontrar unos restos, sino de encontrarle a él. Porque emocionalmente puede no estar muerto, y hay que hacer un trabajo suplementario para hacerlo, y encontrar los restos es como hacer un duelo, un entierro emocional. Los que tienen muertos en las cunetas tienen gente dormida esperando. Hay que encontrar a esos seres humanos.

Desde affna36, precisamente, se ha pedido al Gobierno Foral que avance en la financiación de la exhumación de fosas.affna36

En mi caso, creo que el Gobierno destinó dinero, no sé si fueron 12.000 euros, para dos intentos de exhumaciones, tras la que no conseguimos hallar esos restos.

Los testimonios de coetáneos a los fusilados resultan vitales para hallar estos restos. Sin embargo, también hay quien sabe y calla.resultan vitales

Claro. Hay muchos que aún tienen miedo, un trauma por un silencio que ha durado tantos años en España. Ese silencio incluso se percibe entre psicólogos que no exploran la historia familiar tras la Guerra Civil. No se pregunta qué paso, no sea que tengas algún muerto en el armario que no quieras ver.

¿Y a qué lo atribuye? Porque desde entidades vinculadas a la memoria histórica a menudo se pone como ejemplo a Alemania como una zona donde sí se han dado más pasos para repasar la historia.

Yo he tenido que leerme lo que han trabajado judíos, por ejemplo, y viajar fuera de España para poder volver aquí a explorarlo. Pero es algo que suele ocurrir con una guerra civil, en Grecia también pasa. La diferencia es que en el nazismo, ellos fueron los perdedores.

¿Qué le parece que en Navarra aún haya símbolos relacionados con el franquismo?símbolos relacionados con el franquismo

Tengo la impresión de que la derecha, inconscientemente, se mantiene identificada con el franquismo. Y se tira piedras contra su propio tejado. Tal vez las víctimas también la identifican así, como si quienes están en la derecha fueran los asesinos de sus abuelos. Pero la derecha lo asume, entra en ese error y no quita esos símbolos. Aunque va habiendo cambios. Por ejemplo, el presidente del Parlamento [se refiere a Alberto Catalán, de UPN] se refirió a las víctimas, al colocarse una placa en recuerdo de los cargos electos asesinados en Navarra, como cargos fusilados asesinados. Y ese es un cambio cualitativo importante; antes ni las víctimas decíamos asesinados.

Cada día 19 se celebra una misa en honor al alzamiento en la cripta del monumento a los Caídos de Pamplona. La hermandad que lo organiza asegura que no entiende la polémica porque es un acto similar a, por ejemplo, la celebración del Día de la República.na misa en honor al alzamiento

No sé qué decirte... Es probable que debajo de algunas posiciones personales haya elementos de culpa inconscientes y, al final, se produce una huida hacia adelante, hacia posiciones más extremas.

¿Se sentaría a hablar con quien participa en esas misas?

Sí, me gustaría trabajar con ese tipo de situaciones. Y me sentiría cómodo si habláramos en el plano personal, y no en el ideológico, que es algo que me aburre.

El Gobierno de Navarra parece que, por fin, está dando los pasos para que Francisco Franco deje de ser considerado Hijo Adoptivo de la Comunidad Foral y de ostentar la Medalla de Navarra. El Parlamento foral ya exigió hace casi diez años que se retirara esta distinción otorgada en 1975, por lo que el grupo parlamentario de Izquierda-Ezkerra ha vuelto recientemente a la carga ante la falta de avances. La explicación del Ejecutivo navarro es que “se está tramitando el expediente correspondiente”, lo que da a entender que, por fin, se retirará al caudillo el que es “el máximo galardón de la Comunidad Foral”, según se lee en el decreto que lo rige.

La Medalla de Oro es una condecoración destinada a premiar a personas, instituciones o colectivos cuyos mérito ha sido la defensa de los intereses de Navarra. A lo largo de casi 30 años, el galardón ha recaído en figuras tan variopintas como Medicus Mendi (en 1995) Miguel Induráin (1996), las víctimas del terrorismo (2000), la Cruz Roja Española (2007) o la ONCE (2013). No obstante, esta concesión también ha generado polémica, sin ir más lejos en 2014, cuando se otorgó a los familiares de los impulsores del Programa de Promoción Industrial de Navarra en 1964, Félix Huarte y Miguel Javier Urmeneta, dos figuras discutidas por asociaciones como El autobús de la memoria o la asociación de familiares de fusilados affna36 por sus vínculos precisamente con el Franquismo.

Pero no era la primera vez que esta asociación entre la medalla y el Régimen levantaba ampollas. De hecho, la distinción nació muy vinculada al Franquismo, ya que Franco fue el primer galardonado con ella: el 28 de diciembre (y no fue, precisamente, una inocentada) de 1974, la Diputación distinguió a Francisco Franco como Hijo Adoptivo de Navarra y después, el 23 de abril de 1975, durante una visita oficial, se le otorgó tanto “un pergamino” como la mencionada Medalla de Navarra, según se recoge en el acta oficial. Pero el Parlamento foral decidió recovar estas distinciones el 11 de abril de 2005, cuando instó al Gobierno Foral a dar marcha atrás.

Pese a este paso, hasta este año no se habían conocido avances, y de ahí que el colectivo affna36 recordara que esta situación vulneraba la Ley de Memoria Histórica. De forma paralela, el grupo parlamentario de Izquierda-Ezkerra recogió ese guante y preguntó por las novedades al Gobierno Foral sobre estos trámites, en principio fáciles de resolver. La respuesta, firmada por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, ha llegado finalmente este pasado 9 de enero. En ella, el representante del Ejecutivo adelanta que “se está procediendo y tramitando el expediente correspondiente”, para cumplir efectivamente la Ley de Memoria Histórica.

“Sin regateos”

Este breve anuncio confirma que el Ejecutivo, por fin, está en ello, como aseguró en conferencia de prensa el consejero portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien aseguró que no habrá “regateos” para cumplir la ley y que retiraría el título a Franco, ya que reconoció que se trata de “una distinción anacrónica y que no procede en estos momentos”. “Sin ninguna duda se hará”, adelantó, por lo que solo faltaba por decidir cuál sería el procedimiento para lograrlo. El colectivo El autobús de la memoria ya ha recordado que, si durante la etapa de Barcina como alcaldesa de Pamplona se retiró este título a Franco en el Consistorio, ahora no tiene sentido que se dilate el proceso en Navarra.

Desde affna36 aguardan novedades ya que, mientras se sigue a la espera de que se destinen fondos para realizar exhumaciones en fosas y se coloca una placa en honor a los cargos públicos asesinados en el Franquismo, todavía quedan por resolver polémicas pendientes, como el hecho de que Pamplona acoja cada mes una misa en honor al alzamiento del general Mola o que Franco mantenga sus distinciones casi 30 años después de su muerte.

La memoria histórica no sólo requiere echar la vista al pasado, sino también actuar en el presente. La asociación de familiares de fusilados de Navarra, affna36, sigue a la espera de confirmar que se destina la financiación pública necesaria que permita investigar si diversas fosas repartidas por toda la Comunidad Foral esconden restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil en Navarra. Se trata de indicios guiados por testimonios de vecinos de la zona, que apuntan a ciertos lugares y, en algunos casos, incluso a un número de víctimas determinado. Cuatro personas desconocidas en el cementerio de Agorreta (en Esteribar), seis identificadas en Ballariain (Berrioplano), otras 51 identificadas en Etxauri… así hasta 61 puntos (que incluyen Viana, Peralta, Tudela, Pitillas, Funes, Egüés…) en los que podría haber unos 230 desaparecidos.

Esta guía forma parte del informe elaborado hace más de un año y facilitado al Parlamento foral, a raíz de la aprobación de la ley de Memoria Histórica, un paso en el que Navarra fue pionera y que contempla que el Gobierno Foral asuma la financiación de este tipo de investigaciones. Precisamente esta misma semana, desde el Ejecutivo han asegurado que no se regateará en el cumplimiento de la ley, aunque en este caso el consejero portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, se refería a la posibilidad de revocar el título de hijo adoptivo de Navarra a Francisco Franco.

En cuanto al informe sobre las fosas pendientes de investigar, se incluyen no solo los puntos y las posibles personas que descansan en ellos, sino también la viabilidad de actuar en la zona y el presupuesto que conllevaría realizar la prospección. En conjunto, suman 126.360 euros, una partida que en opinión de la asociación affna36 no resulta precisamente excesiva, teniendo en cuenta la gravedad del tema y que, además, las actuaciones a menudo surten efecto.

Los registros de la sociedad de ciencias Aranzadi indican que, desde 2005 y hasta 2012, en Navarra se ha actuado en un total de 17 puntos, en los que se han encontrado 121 restos, una labor que ha resultado especialmente efectiva durante los años 2010 y 2012. Solo en esos ejercicios se lograron recuperar 66 y 19 restos, respectivamente.

Sin embargo, desde affna36 lamentan que las partidas vinculadas a investigaciones en torno a la Memoria Histórica contempladas por el Gobierno Foral se han ejecutado únicamente a la mitad desde 2011. Ese año, según la información que maneja el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, se destinaron a esta cuestión 80.000 euros, pero se gastaron en torno a 40.000. Algo parecido ocurrió en 2012 (80.000 euros reservados, 39.894 ejecutados), mientras que en 2013 se previeron apenas 25.000 euros, de los que se invirtieron finalmente 15.553. Este año, a la espera de que se cierre el ejercicio, se habían reservado 20.000 euros.

Un mapa para consultar las fosas

La mayoría de estas partidas están vinculadas a la puesta en marcha de un mapa de fosas en Navarra (disponible en Internet), en el que cualquier usuario puede consultar el número de fosas identificadas en la comunidad, las intervenidas, las pendientes, etc. Para esta herramienta se destinaron las partidas de 2011 y 2012, mientras que ya en 2013 ese importe de 15.553 euros correspondió únicamente al servicio de alojamiento y hospedaje del portal, así como a la actualización de los datos del propio mapa. La misma partida se destinará este año para el mismo fin, aunque en 2014 también se contemplan otras acciones como la instalación de una placa en el Palacio de Navarra en homenaje a los 36 funcionarios asesinados durante la Guerra Civil. Estas últimas gestiones ya están muy avanzadas.

Desde affna36 consideran, en cualquier caso, que es el momento de dar un paso que permita avanzar en las investigaciones sobre el terreno. En este sentido, recuerdan cómo la intervención en 2013 en la Sima del Raso, en Urbasa, se empezó a trabajar pensando en que se encontrarían tres cuerpos y, finalmente, se identificaron 10. De estas siete personas, no reclamadas, se consiguió identificar a una a través del ADN. La asociación está convencida de que, si se destinan recursos, se lograrán resultados. De hecho, el panteón habilitado por fin en el cementerio pamplonés de San José, en el que el pasado día 12 se enterró a diez víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, puede albergar hasta a 60 personas sin identificar.