Malas noticias para los 14 acusados de narcotráfico en el Puerto de València que fueron absueltos al cuestionar el tribunal la prueba clave de los chats encriptados de la aplicación SKY ECC, entregada por las autoridades judiciales francesas. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimado el recurso del fiscal antidroga, Ismael Teruel, contra la absolución, declarando nula la sentencia y obligando al mismo tribunal, sin necesidad de repetir el juicio oral, a dictar una nueva resolución que tenga en cuenta los comprometedores chats “excluidos so pretexto de su irregularidad”.

La resolución del alto tribunal autonómico, que es firme y cuyo ponente ha sido el magistrado Antonio Ferrer, recuerda que la investigación se inició antes de obtener los chats desencriptados por las autoridades policiales belgas, francesas y holandesas, con el hallazgo en un control rutinario (el 25 de agosto de 2020) de un contendor abierto en el Puerto de València con 117 kilos de cocaína en su interior. “No podemos ignorar los antecedentes del caso”, afirma el TSJ-CV.

Los investigadores se centraron en analizar los camiones que habían entrado al Puerto en aquellas fechas y las sospechas recayeron “particularmente” en dos vehículos que accedieron “para salir poco después sin haber recogido nada”, gracias a una orden de transporte emitida por la empresa Avanza Logistics SL y posteriormente anulada. El hallazgo, según las pesquisas policiales, podía formar parte de un envío “más amplio” de alrededor de 1.650 kilos de cocaína, que “pudiera haber llevado a cabo un grupo organizado con infiltraciones en el Puerto”.

Y, “unos meses después”, la investigación recibió la información de inteligencia policial francesa con los chats desencriptados de la aplicación SKY-ECC que los policías españoles pudieron acreditar que correspondían a los acusados (por referencias a asuntos personales como cumpleaños de familiares) y al alijo de coca.

La sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que absolvió el pasado 23 de enero a los 14 acusados, cuestionó de plano la validez de la principal prueba, aceptando los reparos de las defensas de los presuntos narcos por no haber podido acceder a los datos en bruto proporcionados por las autoridades francesas en el marco de una Orden Europea de Investigación (OEI). La absolución de los presuntos narcos, tal como informó este diario, propició cierto estupor entre las autoridades policiales y judiciales europeas, al haberse convertido los chats desencriptados en la prueba clave de decenas de procedimientos contra el crimen organizado en varios países.

Por el contrario, el TSJ-CV otorga plena validez a la prueba, en la línea mantenida por el Tribunal Supremo en casos muy similares relativos a la aplicación EncroChat.

“En contra de lo pretendido por las defensas”, afirma la sentencia, “no podemos hacer esa falta de acceso a los datos brutos por sí misma equivalente a una situación de indefensión, sino que deberemos valorar si en este caso concreto las defensas han tenido ocasión de debatir las pruebas obtenidas a raíz de la OEI librada”.

Aval a la “integridad” de los datos

El TSJ-CV avala la “integridad” de los datos aportados por las autoridades francesas, que las defensas deslizaban que podían haber sido manipulados “en origen”. La sentencia recuerda que los chats desencriptados afectan a unos 70.000 usuarios de distintos países (la aplicación supuestamente impenetrable se puso de moda en ambientes del crimen organizado), “cuyo acceso, tal como desarrolla la propia resolución, puede ser limitado al haberse declarado ciertos aspectos secreto de Estado”.

El alto tribunal cuestiona que un perito de la defensa pudiera haber accedido “de una forma amplia” a la totalidad de los datos en bruto. Además, sostiene que las defensas alegaron meras “objeciones genéricas” por una eventual pérdida de datos —“que no necesariamente debe producirse”— a la hora de transformar el formato original de los archivos en Excel.

“Para eludir los inconvenientes puestos de manifiesto a través de esa genérica exposición, obligaría a llevar a cabo un minucioso y amplio examen de la base de datos original, para contrastar que está todo tal como se obtuvo tras la intervención original llevada a cabo por las autoridades policiales francesas, belgas y holandesas, en busca de una posible merma que se ignora realmente se haya producido, ni que necesariamente ha de haberse producido”, argumenta la resolución, que considera “prácticamente inviable” el desarrollo de una prueba de tal calibre.

“Se alega la cuestión [por parte de las defensas] desde un punto de vista estrictamente formal y de una forma genérica, sin la más mínima concreción sobre qué datos les pudieran beneficiar, o qué datos se han omitido”, concluye.

Por otro lado, el servidor de la aplicación SKY-ECC, situado en Francia, “almacena una ingente cantidad de datos, no solo atinente a esta causa, lo que hace cuestionable que se permitiera un acceso incontrolado a la misma por las autoridades de dicho país, como de hecho se llegó a afirmar por alguna de las partes en la vista llevada a cabo durante la tramitación del recurso, o cuando menos haría exigible un mayor esfuerzo de precisión”.

La sentencia cuestiona de plano la absolución inicial de los acusados, entre los que figuran los dos presuntos jefes del cártel del Puerto de Valencia (Borja M. R. e Iván T. R.), además de Fernando M. S., actualmente en prisión cumpliendo una condena de 19 años por otra causa de narcotráfico y considerado el principal capo, y Onofre G. R., un conocido culturista propietario de un gimnasio en Quart de Poblet.

Una absolución “contradictoria”

El alto tribunal autonómico coincide con el fiscal en que la sentencia de la sección tercera de la Audiencia de Valencia “es contradictoria, dado que tras entender la intervención plenamente legítima desconoce completamente su contenido repeliéndola del proceso como si de una prueba nula se tratara”.

Por otro lado, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV también alude a las diligencias de investigación posteriores que permitieron la identificación de los acusados como usuarios de los chats en cuestión gracias a “menciones profesionales, personales y familiares de los interlocutores que igualmente permiten asociarlos a una persona concreta”.

“Sin olvidar”, apostilla la sentencia, “que se intervino en el Puerto un importante alijo de cocaína por lo que en el contexto de la conversación pueden igualmente aparecer datos y referencias, directamente relacionados con ese hecho objetivo que pueden así, junto a las demás referencias, importantes indicios de culpabilidad”.

La “necesaria colaboración” dentro del Puerto

Además, también consolida la prueba con el principio de no indagación, que impide que los distintos Estados y sus respectivas autoridades puedan entrometerse en la legitimidad de la normativa de otros países, ni fiscalizar sus investigaciones tomando como parámetro la regulación interna propia.

La sentencia abunda en que la medida de injerencia autorizada ante supuestos de especial gravedad o relacionados con la delincuencia organizada está plenamente acorde con el ordenamiento procesal francés, que la considera “constitucional y lícita”.

El TSJ-CV también arguye los “importantes indicios” contra los 14 acusados y describe el Puerto de València como un “ámbito cerrado” con entradas y salidas de camiones que requieren, en el caso del narcotráfico, la “necesaria colaboración de personas vinculadas” a la gigantesca infraestructura.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la empresa pública del Metro en València, ha contestado a la jueza que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, no recibió por parte de la Conselleria de Emergencias, que dirigía Salomé Pradas, ninguna “instrucción concreta o recomendación” ante la dana, más allá de las alertas meteorológicas de Fenómenos Atmosféricos Adversos y avisos especiales “dirigidos de manera global a organismos públicos”.

Así consta en un breve informe de FGV, firmado por el gerente de la empresa, Alfonso Novo, y remitido a la jueza instructora de la causa, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. La instructora citó a declarar como testigos a Novo, al secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, y a varios mandos de FGV.

La empresa pública de la Generalitat indica sitúa la falta de instrucciones “en el lapso temporal comprendido entre los días 24 y 29 de octubre de 2024”.

El Puesto de Mando de FGV, situado a tiro de piedra del barranco del Poyo, quedó completamente inundado. Siete trenes se quedaron aislados y un centenar de pasajeros refugiados, según un informe oficial de la empresa pública revelado por elDiario.es.

Si las cuatro plazas de refuerzo con las que cuenta la jueza de la dana no se pudieran cubrir en una comisión de servicios, mediante la bolsa de interinos “se intentaría” que fueran las mismas personas que han trabajado en el juzgado de Catarroja. Ese fue el condicional que usó este miércoles Nuria Martínez, consellera de Justicia del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca, tras su reunión con el presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja, David Castellá. Martínez acudió al Palacio de Justicia de la localidad de l'Horta Sud tras la polémica por la decisión de estabilizar las plazas de refuerzo del juzgado que instruye la causa de la dana, un movimiento que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra lamentó en un auto dictado el pasado 10 de abril por la “gran dilación en la instrucción” que podría suponer, al desmantelar el “equipo” formado por las funcionarias de refuerzo, muy familiarizadas con un procedimiento que acumula 56 tomos de sumario, 400 piezas de perjudicados y en el marco de la cual ya se han celebrado 555 testificales (además de un centenar de testigos pendientes de declarar).

Las cuatro funcionarias recibieron este pasado martes la notificación de su cese, según ha podido saber elDiario.es. Aunque la titular de Justicia arguyó el “firme compromiso” de la Generalitat de “garantizar” que la jueza instructora “siga contando con los mismos recursos materiales y humanos” y el “mismo número de funcionarios para poder llevar a cabo la instrucción en las condiciones y con los medios adecuados”, el hecho de que no asegure fehacientemente la continuidad de las mismas trabajadoras de refuerzo inquieta de cara a la continuación de la causa.

A pesar de que las plazas se ofertarán en comisión de servicios, “es muy probable” que no se cubran ya que, “entre otras cosas, no cobran guardias”, según indican fuentes judiciales. Por otro lado, en caso de que se recurriera a interinos, “con casi total seguridad serían otras personas, que no solo desconocerían la causa, sino que en muchas ocasiones no tienen formación”, apostillan las mismas fuentes.

La “conveniencia de mantener al mismo personal”

Y eso que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), en la comisión del pasado 15 de abril, acordó —por unanimidad— solicitar a la conselleria (que ostenta las competencias en la materia) que se mantuviera “al mismo personal” con el que ha contado la jueza Nuria Ruiz Tobarra.

El acuerdo de la Sala de Gobierno del alto tribunal autonómico, remitido “a los efectos oportunos” a la directora general de Justicia, María José Adalid, rezaba: “En cuanto al mantenimiento de los refuerzos de funcionarios actualmente existentes para la atención a la plaza 3 de Catarroja, y a la vista del comunicado recientemente emitido por la Conselleria de Justicia, por el que indica que el eventual cese de dichos refuerzos responde a una fase previa al proceso de creación y consolidación de los correspondientes puestos de trabajo con carácter estructural, y asimismo, el compromiso manifestado por la Conselleria de dotar al Juzgado de Catarroja de los medios materiales y humanos necesarios, esta Sala pone de relieve la especial trascendencia que la continuidad de los refuerzos tiene para el adecuado funcionamiento del órgano, por lo que confía en que se adopten las medidas necesarias para garantizar dicha continuidad, preferentemente mediante el mantenimiento del mismo personal, evitando interrupciones a partir del 30 de junio”.

Por otro lado, la Sala de Gobierno del TSJ-CV también consideraba “igualmente necesario asegurar la continuidad del servicio público sin interrupciones, en aquellos supuestos de mayor criticidad, para lo que deberá valorarse especialmente la conveniencia de mantener al mismo personal, en atención a la calidad del servicio y a la estabilidad organizativa”.

Si les quatre places de reforç amb què compta la jutgessa de la dana no es pogueren cobrir en una comissió de serveis, mitjançant la borsa d’interins “s’intentaria” que foren les mateixes persones que han treballat en el Jutjat de Catarroja. Aquest va ser el condicional que va usar dimecres Nuria Martínez, consellera de Justícia del Govern de Juan Francisco Pérez Llorca, després de la seua reunió amb el president del Tribunal d’Instància de Catarroja, David Castellá. Martínez va acudir al Palau de Justícia de la localitat de l’Horta Sud arran de la polèmica per la decisió d’estabilitzar les places de reforç del jutjat que instrueix la causa de la dana, un moviment que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra va lamentar en una interlocutòria dictada el 10 d’abril passat per la “gran dilació en la instrucció” que podria suposar, en desmantellar l’“equip” format per les funcionàries de reforç, molt familiaritzades amb un procediment que acumula 56 toms de sumari, 400 peces de perjudicats i en el marc de la qual ja s’han celebrat 555 testificals (a més d’un centenar de testimonis pendents de declarar).

Les quatre funcionàries van rebre dimarts passat la notificació del seu cessament, segons ha pogut saber elDiario.es. Encara que la titular de Justícia va argüir el “ferm compromís” de la Generalitat de “garantir” que la jutgessa instructora “continue comptant amb els mateixos recursos materials i humans” i el “mateix nombre de funcionaris per a poder dur a terme la instrucció en les condicions i amb els mitjans adequats”, el fet que no assegure fefaentment la continuïtat de les mateixes treballadores de reforç inquieta amb vista a la continuació de la causa.

A pesar que les places s’oferiran en comissió de serveis, “és molt probable” que no es cobrisquen, ja que, “entre altres coses, no cobren guàrdies”, segons indiquen fonts judicials. D’altra banda, en cas que es recorreguera a interins, “quasi amb total seguretat serien altres persones, que no sols desconeixerien la causa, sinó que moltes vegades no tenen formació”, postil·len les mateixes fonts.

La “conveniència de mantindre el mateix personal”

I això que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la comissió del 15 d’abril passat, va acordar —per unanimitat— sol·licitar a la conselleria (que deté les competències en la matèria) que es mantinguera “el mateix personal” amb què ha comptat la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra.

L’acord de la Sala de Govern de l’alt tribunal autonòmic, remés “als efectes oportuns” a la directora general de Justícia, María José Adalid, deia: “Quant al manteniment dels reforços de funcionaris actualment existents per a l’atenció a la Plaça 3 de Catarroja, i a la vista del comunicat emés fa poc per la Conselleria de Justícia, pel qual indica que l’eventual cessament d’aquests reforços respon a una fase prèvia al procés de creació i consolidació dels corresponents llocs de treball amb caràcter estructural, i així mateix, el compromís manifestat per la Conselleria de dotar el Jutjat de Catarroja dels mitjans materials i humans necessaris, aquesta Sala posa en relleu l’especial transcendència que la continuïtat dels reforços té per al funcionament adequat de l’òrgan, per la qual cosa confia que s’adopten les mesures necessàries per a garantir aquesta continuïtat, preferentment mitjançant el manteniment del mateix personal, evitant interrupcions a partir del 30 de juny”.

D’altra banda, la Sala de Govern del TSJCV també considerava “igualment necessari assegurar la continuïtat del servei públic sense interrupcions, en els supòsits de més criticitat, per a la qual cosa haurà de valorar-se especialment la conveniència de mantindre el mateix personal, en atenció a la qualitat del servei i a l’estabilitat organitzativa”.

A Victòria Rosselló, cap de Meteorologia d’À Punt, diversos espectadors de la cadena autonòmica li han agraït el seu treball del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts: “Gràcies a veure la informació de L’Oratge d’aquell dia al migdia van salvar la vida”. Així ho va explicar Rosselló en la seua testifical com a testimoni-perit davant la jutgessa de la dana del 15 d’abril passat, segons consta en l’acta de la seua declaració, a què ha tingut accés eldiario.es. “A les tres de la vesprada, jo mateixa pregue a la població que no isca de casa, perquè el pitjor està per arribar”, va relatar la veterana meteoròloga.

“Les persones que van estar pendents d’À Punt van salvar la vida i em consta personalment en molts casos. Però no tothom té per què veure À Punt ni ha d’estar pendent d’una situació que desconeix que l’afectarà”, va dir la testimoni-perit.

Rosselló va explicar que aquell matí ja es veia que es tractava d’un “temporal històric de pluges sense precedents”. I, de fet, almenys amb quatre dies d’antelació “es veia que passaria una cosa molt greu, perquè la pluja torrencial cauria en les conques mitjanes i altes dels rius, no en la costa”. “No és el mateix que caiguen 700 litres a Gandia que caiguen a Bunyol, perquè tota aquesta aigua haurà d’arribar a la mar, i sobretot si ho fa amb la intensitat que es preveia”, va postil·lar.

Aquella catastròfica jornada, en la televisió autonòmica, “no sols els informatius, sinó tota la programació d’entreteniment i altres, tots els efectius, es van dedicar a cobrir el temporal”.

La cap de Meteorologia va recordar davant la jutgessa les seues paraules en l’informatiu del migdia, quan van albirar que plouria encara dues o tres hores amb intensitat torrencial: “Estem en avís roig, la situació és crítica, no isquen de casa. Màxima precaució, estem davant un temporal històric, és molt probable que se superen els rècords de precipitació des que tenim registre. S’han superat els llindars, s’imposa la vigilància hidrològica, eviten els desplaçaments coste el que coste”.

D’altra banda, Rosselló va detallar que a partir de les 16.30 es va produir un “escenari summament preocupant” en la capçalera de la rambla de Poio. A les 17.00, l’hora en què s’havia convocat la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi), la situació ja era “molt greu”, amb unes quantes hores de pluja en la capçalera del Poio.

Quan, 20 minuts després, va caure la xarxa de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) a Torís, ja es registraven més de 340 litres , una “cosa inassumible” perquè l’aigua cau als barrancs de Gallego i l’Horteta, tributaris del Poio.

“Les persones afectades no saben res del que passa, però aquesta informació la tenim a les cinc de la vesprada, nosaltres i qualsevol que seguira la informació que es donava en aquell moment”, va declarar Victòria Rosselló.

A les 17.45, segons les dades del Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH) de la Confederació Hidrogràfic del Xúquer (CHX), una rambla de Poio “normalment seca” registrava un cabal a l’altura de Loriguilla de 493 hectòmetres per segon, que faria “saltar totes les alarmes a qui tinga idea de quin cabal va circulant i per on”. Cinc minuts després, va pujar a 584 hectòmetres per segon.

D’altra banda, la cap de Meteorologia d’À Punt va contextualitzar la dana en la seua llarga experiència informativa: “En els anys 90 i 2000 teníem temporals de pluja que, potser, registraven quantitats similars en tres o quatre dies. I ara això passa en tan sols unes hores”.

El “desemparament” per la falta d’avisos a la població

“Les dades estaven a l’abast de qualsevol”, va reblar la testimoni-perit. “No imaginàvem que en el Centre d’Emergències no estigueren informats de què passava. (...) Era inimaginable. No es pot ni imaginar el grau de frustració i de desemparament de no veure que s’avisava la població que seria afectada. Però és que era qüestió de dades i d’un coneixement mínim de la geografia”.

Victòria Rosselló va abundar que la informació que proporciona el SAIH ni està “encriptada” ni és accessible “només a determinades persones”. “Ho contàvem en directe. (...) És impensable, des de qualsevol punt de vista, que [en Emergències] no tingueren la informació que teníem nosaltres”.

A més, segons Rosselló, “és incomprensible que aquestes dades en obert no estigueren a l’abast dels responsables d’Emergències”. “Parlem de registres que no s’han mesurat mai, només això hauria d’haver posat actitud de màxima alerta als responsables”, va postil·lar.

Hi havia “hores” per a avisar de la catàstrofe

La meteoròloga va lamentar que es disposava d’“hores” per a avisar la població potencialment afectada per la riuada. “És inconcebible el 2024 aquesta xifra de morts, és inconcebible, perquè disposem de les eines, no per a evitar la catàstrofe, però sí per a avisar la població”, va manifestar.

A parer seu, la reunió del Cecopi s’hauria d’haver convocat al migdia a tot estirar:

—No és de la meua competència, però és evident. Un Cecopi a les 17.00, quan ja hi havia víctimes, no té cap sentit, perquè el Cecopi se suposa que té eines per a advertir la població i per a fer-ho ha d’estar operatiu abans que comence tot, no quan ja està en marxa. És incomprensible, de debò.

Encara que considerava que era difícil de precisar, va sostindre que hauria sigut adequat enviar l’Es-Alert a les 17.00. A més, el missatge massiu als mòbils “havia d’haver sigut molt més específic, perquè el que venia era un tsunami”. “El que calia haver advertit la població és que pujaren a les plantes superiors, que no baixaren pels cotxes, perquè seria una crescuda sobtada”, va afegir.

La meteoròloga va concloure: “230 morts són inassumibles el 2024, perquè tenim les eines per a fer arribar la informació adequada a la població perquè prenga mesures. I, evidentment, aquest nombre [de morts] indica que la informació no va arribar. És la meua opinió”.

A Victòria Roselló, jefa de Meteorología de À Punt, varios espectadores de la cadena autonómica le han agradecido su trabajo del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos: “Gracias a ver la información del Oratge de ese día a mediodía salvaron la vida”. Así lo explicó Rosselló en su testifical como testigo-perito ante la jueza de la dana del pasado 15 de abril, según consta en el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es. “A las tres de la tarde, yo misma estoy rogando a la población que no salga de sus casas, porque lo peor está por llegar”, relató la veterana meteoróloga.

“Las personas que estuvieron pendientes de À Punt salvaron sus vidas y me consta personalmente en muchos casos. Pero no todo el mundo tiene por qué ver À Punt ni tiene que estar pendiente de una situación que desconoce que le va a afectar”, dijo la testigo-perito.

Rosselló explicó que aquella mañana ya se veía que se trataba de un “temporal histórico de lluvias sin precedentes”. Y, de hecho, al menos con cuatro días de antelación “se veía que iba a pasar algo muy grave, porque la lluvia torrencial iba a caer en las cuencas medianas y altas de los ríos, no en la costa”. “No es lo mismo que caigan 700 litros en Gandía que caigan en Buñol, porque toda esa agua va a tener que llegar al mar, y sobre todo si lo hace con la intensidad que se preveía”, apostilló.

Aquella catastrófica jornada, en la televisión autonómica, “no solo los informativos, sino toda la programación de entretenimiento y demás, todos los efectivos, se dedicaron a cubrir el temporal”.

La jefa de Meteorología recordó ante la jueza sus palabras en el informativo del mediodía, cuando vislumbraron que iba a llover aún dos o tres horas con intensidad torrencial: “Estamos en aviso rojo, la situación es crítica, no salgan de sus casas. Máxima precaución, estamos ante un temporal histórico, es muy probable que se superen los récords de precipitación desde que tenemos registro. Se han superado los umbrales, se impone la vigilancia hidrológica, eviten los desplazamientos a toda costa”.

Por otro lado, Rosselló detalló que a partir de las 16.30 se produjo un “escenario sumamente preocupante” en la cabecera de la rambla del Poyo. A las 17.00, la hora en que se había convocado la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), la situación ya era “muy grave”, con varias horas de lluvia en la cabecera del Poyo.

Cuando, 20 minutos después, cayó la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en Turís, ya se registraban más de 340 litros , una “cosa inasumible” porque el agua cae a los barrancos de Gallego y Horteta, tributarios del Poyo.

“Las personas afectadas no saben nada de lo que está sucediendo, pero esta información la tenemos a las cinco de la tarde, nosotros y cualquiera que siguiera la información que se daba en ese momento”, declaró Victòria Rosselló.

A las 17.45, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfico del Júcar (CHJ), una rambla del Poyo “normalmente seca” registraba un caudal a la altura de Loriguilla de 493 hectómetros por segundo, que haría “saltar todas las alarmas a quien tenga idea de qué caudal va circulando y por dónde”. Cinco minutos después, subió a 584 hectómetros por segundo.

Por otro lado, la jefa de Meteorología de À Punt contextualizó la dana en su larga experiencia informativa: “En los años 90 y 2000 teníamos temporales de lluvia que, a lo mejor, se registraban cantidades similares en tres o cuatro días. Y ahora esto sucede en tan solo unas horas”.

El “desamparo” por la falta de avisos a la población

“Los datos estaban al alcance de cualquiera”, remachó la testigo-perito. “No imaginábamos que en el Centro de Emergencias no estuvieran informados de lo que sucedía. (...) Era inimaginable. No se puede ni imaginar el grado de frustración y de desamparo de no ver que se avisaba a la población que iba a ser afectada. Pero es que era cuestión de datos y de un conocimiento mínimo de la geografía”.

Victòria Rosselló abundó en que la información que proporciona el SAIH ni está “encriptada” ni es accesible “solo a determinadas personas”. “Lo estábamos contando en directo. (...) Es impensable, desde cualquier punto de vista, que [en Emergencias] no tuvieran la información que teníamos nosotros”.

Además, según Rosselló, “es incomprensible que esos datos en abierto no estuvieran al alcance de los responsables de emergencias”. “Estamos hablando de registros que no se han medido nunca, solo esto debería haber puesto actitud de máxima alerta a los responsables”, apostilló.

Había “horas” para avisar de la catástrofe

La meteoróloga lamentó que se disponía de “horas” para avisar a la población potencialmente afectada por la riada. “Es inconcebible en 2024 esa cifra de muertos, es inconcebible, porque disponemos de las herramientas, no para evitar la catástrofe, pero sí para avisar a la población”, manifestó.

A su juicio, la reunión del Cecopi se debería haber convocado a mediodía a más tardar:

—No es de mi competencia, pero es evidente. Un Cecopi a las 17.00, cuando ya había víctimas, no tiene ningún sentido, porque el Cecopi se supone que tiene herramientas para advertir a la población y para eso tiene que estar operativo antes de que empiece todo, no cuando ya está en marcha. Es incomprensible, de verdad.

Aunque consideraba que era difícil de precisar, sostuvo que habría sido adecuado enviar el Es-Alert a las 17.00. Además, el mensaje masivo a los móviles “tenía que haber sido mucho más específico, porque lo que venía era un tsunami”. “Lo que había que haber advertido a la población es que subieran a las plantas superiores, que no bajaran a por los coches, porque iba a ser una crecida súbita”, agregó.

La meteoróloga concluyó: “230 muertos son inasumibles en 2024 porque tenemos las herramientas para hacer llegar la información adecuada a la población para que tome medidas. Y, evidentemente, ese número [de fallecidos] indica que la información no llegó. Es mi opinión”.

La jueza de la dana ha rechazado citar a declarar como testigos a los consellers de Educación (José Antonio Rovira) y de Agricultura (Miguel Barrachina) del Gobierno de Carlos Mazón, tal como solicitaba la acusación popular que ejerce Compromís. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, en un auto notificado este miércoles, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) descartó la responsabilidad del president Carlos Mazón “en la realización de actuaciones de coordinación, y la obligación de impartir instrucciones entre las distintas Consellerias durante la gestión de la emergencia”.

El auto argumenta que los dos testimonios solicitados “no podrían, en consecuencia, recaer sobre dichos extremos”. “El análisis de la referida coordinación ha de constatarse por la existencia de órdenes, comunicaciones que de forma expresa atendieran al riesgo derivado de la dana, con origen en quienes ostentaban la posición de garante, que eran los directores del Plan, en las respectivas situaciones de emergencia”.

Además, “ninguno de los dos propuestos como testigos participaron en la reunión del Cecopi [Centro de Coordinación Operativa Integrado], ni presencialmente, ni de forma telemática”.

Por otro lado, la jueza instructora recuerda que el testimonio de la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, “puede incidir sobre parte de dichos extremos, la coordinación, partiendo por otro lado de que lo relevante no es la deliberación que pudieran tener dentro de la reunión del Consell los miembros del mismo, sino las conclusiones a las que se llegó en dicho Consell y que de forma pública se pudieran exteriorizar por la citada portavoz”.

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, se ha reunido este miércoles con el presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja, que le ha expresado la “preocupación existente” sobre el proceso de estabilizacion de las cuatro plazas de refuerzo con las que cuenta la jueza instructora de la causa de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. La consellera ha garantizado que la jueza seguirá contando con el refuerzo, aunque no ha confirmado si serán las mismas funcionarias, muy familiarizadas con el complejo procedimiento. La fecha prevista para la finalización del refuerzo es el próximo 30 de junio. “El proceso tiene que ser hecho en un primer momento en una comisión de servicios y después, si no se cubre en una comisión de servicios, se recurrirá a la bolsa de interinos y, si no se cubre tampoco en la bolsa de interinos, iríamos al concurso de oposición”, ha detallado.

La jueza instructora de la causa se quejó, en un auto del pasado 10 de abril, de que la decisión de Justicia suponía una “gran dilación en la instrucción” al desmantelar el “equipo” formado por las funcionarias de refuerzo. Por su parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) también pidió la continuidad del refuerzo, “preferentemente” con “el mismo personal”.

Martínez, por su parte, ha expresado el “firme compromiso” de la Generalitat para “garantizar” que la jueza instructora de la macrocausa de la dana “siga contando con los mismos recursos materiales y humanos” y el “mismo número de funcionarios para poder llevar a cabo la instrucción en las condiciones y con los medios adecuados”.

La titular de Justicia ha aventurado que podría haber una transición para el “intercambio” de “un par de semanas”, por las “propias características de los procesos administrativos”. Sin embargo, en el caso de Catarroja, ha agregado, no se va a quedar una “silla vacía”.

“Es decir, la magistrada va a contar en todo momento con cuatro personas que son las que van a dar cobertura para que ella pueda seguir avanzando con la instrucción, porque lo que queremos es que ella cuente con todos los medios necesarios”, ha dicho Martínez.

La “sensibilidad del caso”

Sin embargo, la consellera ha matizado que, en caso de que no se cubrieran las plazas vía comisión de servicios, “se intentaría” que se quedaran “las mismas personas”. “Ahí no hay ningún problema en que se pueda hacer así. Lo que pasa es que primero hay que abrir a una comisión de servicios, porque es lo que está pactado con las organizaciones sindicales y lo que va a hacerse en el resto de partidos judiciales”, ha afirmado Martínez.

Nuria Martínez ha aludido a la “sensibilidad del caso” de la dana, una “causa muy importante”: “Todo lo que hasta la fecha se ha ido solicitando, se ha ido atendiendo. El proceso de estabilización, asegura Martínez, atiende a ”criterios objetivos de antigüedad“. Las cuatro plazas de refuerzo del juzgado de la dana ”sí que cumplían ese requisito“

La jutgessa que investiga l'escàndol de l'adjudicació d'habitatge protegit a Alacant ha citat a declarar en qualitat d'investigats (assistits per un advocat) l'exregidora d'Urbanisme, Rocío Gómez; l'excap del servei de Contractació de l'Ajuntament, María Pérez-Hickman, i l'arquitecte municipal, Francisco Nieto. Gómez va dimitir en destapar-se que havia estat agraciada amb un habitatge protegit. Per la seua banda, dos fills i un nebot de Pérez-Hickman posseeixen sengles habitatges a Les Naus mentre que l'arquitecte municipal també va ser agraciat amb un dels pisos.

Per altra banda, segons indica una provisió dictada aquest passat dimarts, la jutgessa instructora imputa Roberto Palencia, cap de secció de la Conselleria d'Habitatge, i a una desena de propietaris d'habitatges al residencial Les Naus. Palencia va validar els visats de les 140 vivendes que componen el complex residencial d'Alacant, entre elles la que va obtindre la seua dona, funcionària a l'Ajuntament d'Alacant.

A més, també ha estat citat a declarar com a investigat l'administrador únic de la mercantil Fraorgi SL (gestora de la cooperativa del residencial Les Naus), Francisco Ordiña. Tot plegat, a instàncies dels fiscals anticorrupció, Pablo Romero i Fran Marco.

La resolució cita en qualitat de testimonis quatre càrrecs de la Conselleria d'Habitatge: Juan Antonio Pérez Sala, director general de Planificació; Marta Vera, cap de secció d'emergència habitacional; María del Carmen García, tècnica en Arquitectura, i Marta Regina Jiménez, tècnica de gestió d'Administració General.

I, per part de l'Ajuntament d'Alacant, la jutgessa cita com a testimonis Paloma María Romero, cap del servei de Gestió Patrimonial; Pablo Torregrosa, tècnic del servei de Gestió Patrimonial, i Antonio Faura, arquitecte cap del departament tècnic de Control d'Obres.

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de vivienda protegida en Alicante ha citado a declarar en calidad de investigados (asistidos por un abogado) a la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; a la exjefa del servicio de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, y al arquitecto municipal, Francisco Nieto. Gómez dimitió al destaparse que había sido agraciada con una vivienda protegida. Por su parte, dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman poseen sendas viviendas en Les Naus mientras que el arquitecto municipal también fue agraciado con uno de los pisos.

Por otro lado, según indica una providencia dictada este pasado martes, la jueza instructora imputa a Roberto Palencia, jefe de sección de la Conselleria de Vivienda, y a una decena de propietarios de viviendas en el residencial Les Naus. Palencia validó los visados de las 140 viviendas que componen el complejo residencial de Alicante, entre ellas la que obtuvo su mujer, funcionaria en el Ayuntamiento de Alicante.

Además, también ha sido citado a declarar como investigado el administrador único de la mercantil Fraorgi SL (gestora de la cooperativa del residencial Les Naus), Francisco O. G. Todo ello, a instancias de los fiscales anticorrupción, Pablo Romero y Fran Marco.

La resolución cita en calidad de testigos a cuatro cargos de la Conselleria de Vivienda: Juan Antonio Pérez Sala, director general de Planificación; Marta Vera, jefa de sección de emergencia habitacional; María del Carmen García, técnica en Arquitectura, y Marta Regina Jiménez, técnica de gestión de Administración General.

Y, por parte del Ayuntamiento de Alicante, la jueza cita como testigos a Paloma María Romero, jefa del servicio de Gestión Patrimonial; Pablo Torregrosa, técnico del servicio de Gestión Patrimonial, y Antonio Faura, arquitecto jefe del departamento técnico de Control de Obras.

Críticas del PSPV y de Compromís

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha afirmado que las citaciones judiciales conocidas este miércoles con relación al caso de Les Naus ponen el foco en cargos políticos del entorno del alcalde, Luis Barcala, y que han formado parte de la estructura municipal.

“Las citaciones a declarar como investigados en la causa acreditan que el escándalo en Les Naus no ha sido una exageración de la oposición ni una polémica artificial, sino un pelotazo con vivienda pública de una gravedad extraordinaria”, ha señalado la portavoz, que ha recordado que el PSOE denunció este asunto en la Fiscalía Anticorrupción y está personado en la causa.

“Mientras el PP está tratando de boicotear la comisión municipal para esclarecer lo que pasó realmente, el juzgado está dando pasos adelante para arrojar luz y aclarar lo ocurrido con la adjudicación de viviendas públicas en Alicante”. En esa línea, ha señalado que algunos de los técnicos que se negaron a participar la semana pasada en dicha comisión, tendrán que declarar ahora como testigos.

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha comentado que es “curioso cómo la justicia ya va dando pasos, va imputando a personas por el escándalo de Les Naus con 15 imputados, dos de ellos de la máxima confianza del alcalde Luis Barcala, y mientras tanto la Comisión de Investigación municipal sigue con falta de documentación, se oculta información, se ocultan declaraciones de los de los comparecientes, no dan explicaciones”.

Según Mas, “por fin la justicia actúa” al tiempo que se ha preguntado “qué más le falta a Barcala, qué más datos le faltan para apartar de sus responsabilidades a una de las imputadas por este caso de presunta corrupción como es el caso de les Naus, qué más motivos le faltan”. El portavoz ha añadido: “Nos lo tendrá que explicar, lejos de amedrentar, lejos de amenazar, lejos de coaccionar a los concejales de la oposición tendría que estar ya el propio alcalde declarando de forma voluntaria ante la jueza”.

El Ministerio del Interior ha expulsado del cuerpo al agente de la Policía Nacional adscrito a la comisaría de Torrent que fue condenado a dos años y un mes de prisión por un delito de estafa en concurso ideal con un delito de falsedad documental cometido por funcionario público y otro de falsedad en documento oficial. También fue condenado a inhabilitación especial durante un año y un mes para empleo o cargo público.

Francisco Javier Z. M. alcanzó un pacto de conformidad y reconoció ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia que falsificó un atestado en el que denunciaba el robo de su motocicleta para cobrar 13.000 euros de indemnización del seguro.

El condenado cambió posteriormente las placas de matriculación de la moto y siguió usándola hasta que fue detectada por la Policía. El fallo reconoció la atenuante muy cualificada de reparación del daño al haber devuelto el importe de la estafa y la cantidad que la aseguradora pagó para cancelar el contrato de préstamo para la compra de la motocicleta.

El agente, según el apartado de hechos probados, “siendo plenamente conocedor de que tales hechos no habían sucedido y dicha motocicleta continuaba en su poder”, denunció el falso robo el 15 de enero de 2024, según informó el diario Levante-EMV. Todo ello, “con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito”.

El Ministerio del Interior ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que declara la pérdida de la condición de funcionario del agente Francisco Javier Z. M., por la pena de inhabilitación especial a la que fue condenado.

El Ministeri de l’Interior ha expulsat del cos l’agent de la Policia Nacional adscrit a la comissaria de Torrent que va ser condemnat a dos anys i un mes de presó per un delicte d’estafa en concurs ideal amb un delicte de falsedat documental comesa per funcionari públic i un altre de falsedat en document oficial. També va ser condemnat a inhabilitació especial durant un any i un mes per a ocupació o càrrec públic.

Francisco Javier Z. M. va arribar a un pacte de conformitat i va reconéixer davant el tribunal de la secció primera de l’Audiència Provincial de València que va falsificar un atestat en què denunciava el robatori de la seua motocicleta per a cobrar 13.000 euros d’indemnització de l’assegurança.

El condemnat va canviar posteriorment les plaques de matriculació de la moto i va continuar usant-la fins que va ser detectada per la Policia. La sentència va reconéixer l’atenuant molt qualificat de reparació del mal per haver tornat l’import de l’estafa i la quantitat que l’asseguradora va pagar per a cancel·lar el contracte de préstec per a la compra de la motocicleta.

L’agent, segons l’apartat de fets provats, “sent plenament sabedor que aquests fets no havien passat i aquesta motocicleta continuava en poder seu”, va denunciar el fals robatori el 15 de gener de 2024, segons va informar el diari Levante-EMV. Tot això, “amb ànim d’obtindre un enriquiment il·lícit”.

El Ministeri de l’Interior ha publicat dimarts en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la resolució que declara la pèrdua de la condició de funcionari de l’agent Francisco Javier Z. M., per la pena d’inhabilitació especial a què va ser condemnat.

L’expresident Carlos Mazón gaudia dimarts al migdia d’un bany en una platja d’Alacant, segons diverses fotografies a què ha tingut accés elDiario.es. Mazón encara una nova etapa vital i política reclòs a la seua ciutat natal i abrigallat per la família i els amics, mentre la jutgessa de la dana espera que la decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de no imputar-ho siga ferma per a posar data i hora a la seua declaració com a testimoni.

A l’espera de la testifical, Carlos Mazón gaudeix de les platges alacantines allunyat de la capital del poder autonòmic. Sota un agradable sol de primavera, l’expresident, juntament amb una altra persona, feia una capbussada a la platja del Campello, pràcticament deserta per ser un dimarts del mes d’abril. De fet, les aparicions recents de Mazón en el parlament valencià mostraven un expresident notablement bronzejat, lluint barba i amb ulleres noves.

Fonts del grup parlamentari del PP expliquen que cada diputat “organitza la seua agenda” fora dels horaris de les comissions o dels plens de la cambra. L’activitat parlamentària, indiquen les fonts consultades, no va associada a un treball presencial amb un horari fix: “Hui no han estat en les Corts els 99 diputats ni per remei”.

Mazón, per part seua, no ha contestat les telefonades i els missatges d’aquest diari. L’expresident, després de la seua dimissió a conseqüència de la gestió de la dana del 29 d’octubre de 2024, que va deixar 230 morts, continua com a diputat autonòmic del PP, condició que li assegura l’aforament. Mazón exerceix de portaveu d’una comissió parlamentària sense gaire activitat, cosa que li permet assistir únicament als plens de la cambra autonòmica. El dimarts 21 d’abril no hi havia ple ni tampoc sessió de control al president de la Generalitat, dos dels pocs esdeveniments parlamentaris en què es deixa veure el polític després de la seua dimissió.

L’excap del Consell també té una oficina de suport a l’expresident a Alacant, sufragada per la Generalitat Valenciana i en què disposa de conductor i assessor (el seu ex-cap de gabinet, José Manuel Cuenca). El despatx triat per Carlos Mazón està en un pis de luxe de la Generalitat amb unes espectaculars vistes al port esportiu d’Alacant.

L’excap del Consell, molt afectat psicològicament arran de la dimissió i la substitució per Juan Francisco Pérez Llorca al capdavant de l’executiu autonòmic, es va refugiar a Alacant i va tancar els seus comptes en xarxes socials, malgrat haver sigut molt actiu durant la seua trajectòria política en Instagram o TikTok. Tampoc ha concedit entrevistes, ni tan sols a mitjans de comunicació afins.

La llosa d’El Ventorro en la dana

Mazón arrossega, a manera de llosa pesada, la seua polèmica actuació el dia de la dana, quan en plena catàstrofe va romandre en un reservat del restaurant El Ventorro amb Maribel Vilaplana i va allargar la sobretaula pràcticament tota la vesprada.

Tant el conductor del seu vehicle oficial com els seus escortes van desmentir davant la jutgessa que instrueix la causa de la dana la versió de Mazón i del Palau de la Generalitat sobre els seus passos en plena emergència.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra va elevar una exposició raonada a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en què sol·licitava la imputació de Mazón.

No obstant això, l’alt tribunal autonòmic va rebutjar de pla aquesta possibilitat. Ha sigut l’única vegada que Mazón ha contestat les preguntes dels periodistes. Posteriorment a la decisió del TSJ, la jutgessa instructora va citar com a testimoni l’expresident. Mazón, representat per l’advocat Ignacio Gally, ha tractat —sense èxit— de personar-se en la causa.

Mentre continua amb una vida tranquil·la gaudint dels plaers de la Mediterrània, Carlos Mazón espera data per al seu examen final: la seua declaració com a testimoni de la dana.

El expresident Carlos Mazón disfrutaba este martes a mediodía de un baño en una playa de Alicante, según varias fotografías a las que ha tenido acceso elDiario.es. Mazón encara una nueva etapa vital y política recluido en su ciudad natal y arropado por su familia y amigos, mientras la jueza de la dana aguarda que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) de no imputarlo sea firme para poner fecha y hora a su declaración como testigo.

A la espera de la testifical, Carlos Mazón disfruta de las playas alicantinas alejado de la capital del poder autonómico. Bajo un agradable sol de primavera, el expresident, junto con otra persona, se daba un chapuzón en la playa de El Campello, prácticamente desierta al ser un martes del mes de abril. De hecho, las recientes apariciones de Mazón en el Parlamento valenciano mostraban a un expresident notablemente bronceado, luciendo barba y con gafas nuevas.

Fuentes del grupo parlamentario del PP explican que cada diputado “organiza su agenda” fuera de los horarios de las comisiones o de los plenos de la cámara. La actividad parlamentaria, indican las fuentes consultadas, no va asociada a un trabajo presencial con un horario fijo: “Hoy no han estado en las Corts los 99 diputados ni por asomo”.

Mazón, por su parte, no ha contestado las llamadas y mensajes de este diario. El expresident, tras su dimisión a consecuencia de la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos, sigue como diputado autonómico del PP, condición que le asegura el aforamiento. Mazón ejerce de portavoz de una comisión parlamentaria sin apenas actividad, lo cual le permite asistir únicamente a los plenos de la cámara autonómica. Este martes 21 de abril no había pleno ni tampoco sesión de control al president de la Generalitat, dos de los pocos acontecimientos parlamentarios en los que se deja ver el político tras su dimisión.

El exjefe del Consell también cuenta con una oficina de apoyo al expresident en Alicante, sufragada por la Generalitat Valenciana y en la que dispone de conductor y asesor (su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca). El despacho elegido por Carlos Mazón está en un piso de lujo de la Generalitat con unas espectaculares vistas al puerto deportivo de Alicante.

El exjefe del Consell, muy afectado psicológicamente tras su dimisión y sustitución por Juan Francisco Pérez Llorca al frente del Ejecutivo autonómico, se refugió en Alicante y cerró sus cuentas en redes sociales, a pesar de haber sido muy activo durante su trayectoria política en Instagram o TikTok. Tampoco ha concedido entrevistas, ni siquiera a medios de comunicación afines.

La losa de El Ventorro en la dana

Mazón arrastra, a modo de pesada losa, su polémica actuación el día de la dana, cuando en plena catástrofe permaneció en un reservado del restaurante El Ventorro con Maribel Vilaplana y alargó la sobremesa prácticamente toda la tarde.

Tanto el conductor de su vehículo oficial como sus escoltas desmintieron ante la jueza que instruye la causa de la dana la versión de Mazón y del Palau de la Generalitat sobre sus pasos en plena emergencia.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra elevó una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) solicitando la imputación de Mazón.

Sin embargo, el alto tribunal autonómico rechazó de plano esa posibilidad. Ha sido la única vez que Mazón ha contestado las preguntas de los periodistas. Posteriormente a la decisión del TSJ, la jueza instructora citó como testigo al expresident. Mazón, representado por el abogado Ignacio Gally, ha tratado —sin éxito— de personarse en la causa.

Mientras sigue con una vida tranquila gozando de los placeres del Mediterráneo, Carlos Mazón espera fecha para su examen final: su declaración como testigo de la dana.

La cap de Protecció Civil de la Delegació del Govern, Patricia García, va alertar una alta funcionària del Centre de Coordinació d’Emergències sobre la situació del barranc de Poio mitja hora abans de l’enviament de l’Es-Alert el 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts. Això es desprén d’un missatge de WhatsApp aportat per García a la jutgessa de la dana, a què ha tingut accés elDiario.es. 

El WhatsApp, acarat per la lletrada de l’Administració de Justícia (LAJ), es va enviar a les 19.42 per García, que va declarar dilluns com a testimoni, a la funcionària Immaculada Piles. La responsable de Protecció Civil informava la seua interlocutora sobre una telefonada de l’alcalde de Picanya, Josep Almenar, en què alertava de la situació al carrer de l’Almassereta del municipi de la comarca de l’Horta Sud, situada “a prop [del] barranc de Poio”. Els veïns d’unes “cases baixes” no podien pujar en altura i el 112, el telèfon d’emergències de la Generalitat, “no els atén”. 

“Inma, intenteu respondre a això”, pregava la funcionària de la Delegació del Govern, que postil·lava que la Guàrdia Civil estava “desbordada”. “Doncs, estem tots desbordats, a veure què pot fer-se”, va contestar Inmaculada Piles. “Ja ho sé, Inma. El que es puga”, va intervindre Patricia García. 

Es tracta de la mateixa funcionària de la Delegació del Govern que va demanar que s’enviara l’Es-Alert amb una hora i mitja d’antelació, segons un missatge de WhatsApp que consta en el procediment. 

García també va declarar davant la jutgessa instructora que la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va advertir en la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) de la situació a Paiporta, una altra localitat afectada greument pel desbordament del barranc de Poio. 

Un Es-Alert “molt tardà” i “erroni”

La jutgessa, en una interlocutòria dictada dilluns, va reiterar que l’Es-Alert, enviat a les 20.11 (quan “ja hi havia un gran nombre de morts, i altres lluitaven per salvar la seua vida de l’ofegament que va arribar poc després”) va ser “molt tardà” i “erroni en el text”, que ni tan sols demanava a la població que es refugiara en altura.

De fet, Patricia García va explicar en la seua testifical que el Cecopi va acordar enviar un primer Es-Alert a les poblacions aigua avall de la presa de Forata i de l’Horta Sud, recomanant buscar refugi en altura, i un segon missatge als mòbils a tota la província de València, sol·licitant a la població que romanguera en els seus domicilis. 

“Jo sempre vaig pensar que aniria primer el de plantes altes i no vaig entendre que enviaren primer el de la província”, va manifestar García

El jutge que instrueix la causa contra la presumpta trama de narcotràfic a gran escala en el port de València insisteix que va haver-hi “corrupció” en l’accés a l’ús de l’estiba. L’instructor, en una interlocutòria del 17 d’abril passat a què ha tingut accés elDiario.es, recorda que en les comunicacions interceptades a la presumpta xarxa “s’observa com els investigats, per formar part del sindicat majoritari del port i utilitzar aquest càrrec per a introduir en l’estiba amb pagament previ membres de l’organització, es vanen d’utilitzar aquests guanys per a comprar roba de marques cares i fins i tot l’adquisició de vehicles”. 

En una de les escoltes policials, els investigats, després d’intentar que accedira a una de les cobejades ocupacions el nebot del presumpte narco Onofre G. R., “busquen obtindre beneficis que permeten l’adquisició d’un vehicle marca Lamborghini”, recorda el magistrat. A més, la resolució indica que continuen les perquisicions “referents als delictes detectats en relació amb la corrupció en el si del port de València”.

La interlocutòria al·ludeix a la pretesa “implicació” d’Óscar M., expresident del comité d’empresa de l’estiba, en diversos presumptes delictes en l’àmbit del port de València, “pel fet de ser peça imprescindible per a facilitar l’accés a l’ocupació portuària a diferents individus d’interés” per a Iván T. R. (un dels principals investigats en el procediment), “a través de la seua posició privilegiada com a membre del sindicat Coordinadora”.

La defensa d’Óscar M. va recórrer contra la interlocutòria que va acordar, provisionalment, l’ús policial de dos vehicles propietat seua intervinguts en el marc de l’operació Spider, un Range Rover i una motocicleta BMW. L’exlíder del sindicat Coordinadora, afirma el jutge, “adquireix, transforma i utilitza” els guanys “obtinguts pels delictes investigats”.

L’instructor, que ha desestimat el recurs en sintonia amb la postura del fiscal antidroga, argüeix els “nombrosos indicis” de la participació d’Óscar M. en la presumpta corrupció portuària, “beneficiant-se i augmentant el seu patrimoni amb compres de béns que en tot o en part provenen de l’obtenció de pagaments per facilitar l’accés a l’estiba de membres de l’organització criminal”, indica la interlocutòria.

D’altra banda, la parella d’un altre dels pretesos capos, Ramón B. P., també va recórrer contra la decisió d’atorgar l’ús policial a dos vehicles marca Audi a nom seu. La interlocutòria recorda a la dona, que figura com a investigada per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, que les vigilàncies policials van detectar que Ramón B. P. conduïa un dels dos Audi. 

L’altre vehicle estava assegurat a nom del mateix investigat (que figurava com a “conductor habitual”). La pòlissa es pagava des d’un compte a nom seu. “És per això que la possessió i l’ús ha sigut acreditat a la persona de” Ramón B. P.

Unes tanques publicitàries cridaneres poblen nombrosos espais públics a València. Es tracta, d’una banda, de tanques publicitàries de la Generalitat Valenciana, sufragades amb diners públics, que anuncien desgravaments fiscals. I, al costat, unes altres tanques del PP valencià, il·lustrades amb el rostre del president Juan Francisco Pérez Llorca i una senyera de fons, i el lema “complim abaixant els impostos”. La coincidència dels missatges —un d’institucional i l’altre partidista, malgrat no estar en període de campanya electoral— no ha passat desapercebuda. 

L’Agència Tributària Valenciana (ATV), que depén de la Conselleria d’Hisenda, dirigida per José Antonio Rovira, va adjudicar el 16 d’abril passat un contracte menor per a la creativitat, el disseny, la realització i la producció de la campanya d’informació de la nova deducció autonòmica de música en l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2025.

El contracte, per un import total de 18.029 euros, va ser adjudicat a l’agència Siberia Creatividad SL. La campanya de la Generalitat destaca les deduccions de despeses en instruments, partitures, conservatoris o quotes de societats musicals. 

Al costat d’aquestes tanques, el missatge del PP valencià incideix en la baixada d’impostos i cola la condició de “president” de “Juanfran”, en referència a Pérez Llorca. Tot això, a pesar que l’actual cap del Consell, que va substituir Carlos Mazón arran de la seua dimissió, no ha sigut designat oficialment com a candidat dels populars a les pròximes eleccions autonòmiques del 2027. 

Es tracta de tanques diferents, encara que situades braç a braç. Així s’evita incórrer en les prohibicions previstes en la llei autonòmica de publicitat institucional, que descarta l’ús partidista o personalista dels recursos públics.

El juez que instruye la causa contra la presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto de València insiste en que hubo “corrupción” en el acceso al empleo de la estiba. El instructor, en un auto del pasado 17 de abril al que ha tenido acceso elDiario.es, recuerda que en las comunicaciones interceptadas a la presunta red “se observa como los investigados, por formar parte del sindicato mayoritario del puerto y utilizar ese cargo para introducir en la estiba previo pago a miembros de la organización, se jactan de utilizar esas ganancias para comprar ropa de marcas caras e incluso la adquisición de vehículos”.

En una de las escuchas policiales, los investigados, después de intentar que accediera a uno de los codiciados empleos el sobrino del presunto narco Onofre G. R., “buscan obtener beneficios que permitan la adquisición de un vehículo marca Lamborghini”, recuerda el magistrado. Además, la resolución indica que continúan las pesquisas “referentes a los delitos detectados en relación con la corrupción en el seno del Puerto de Valencia”.

El auto alude a la supuesta “implicación” de Óscar M., expresidente del Comité de Empresa de la estiba, en varios presuntos delitos en el ámbito del Puerto de València, “al ser pieza imprescindible para facilitar el acceso al empleo portuario a diferentes individuos de interés” para Iván T. R. (uno de los principales investigados en el procedimiento), “a través de su posición privilegiada como miembro del sindicato Coordinadora”.

La defensa de Óscar M. recurrió el auto que acordó, provisionalmente, el uso policial de dos vehículos de su propiedad intervenidos en el marco de la 'operación Spider', un Range Rover y una motocicleta BMW. El exlíder del sindicato Coordinadora, afirma el juez, “adquiere, transforma y utiliza” las ganancias “obtenidas por los delitos investigados”.

El instructor, que ha desestimado el recurso en sintonía con la postura del fiscal antidroga, arguye los “numerosos indicios” de la participación de Óscar M. en la presunta corrupción portuaria, “beneficiándose y aumentando su patrimonio con compras de bienes que en todo o en parte provienen de la obtención de pagos por facilitar el acceso a la estiba de miembros de la organización criminal”, indica el auto.

Por otro lado, la pareja de otro de los supuestos capos, Ramón B. P., también recurrió la decisión de otorgar el uso policial a dos vehículos marca Audi a su nombre. El auto recuerda a la mujer, que figura como investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales, que las vigilancias policiales detectaron que Ramón B. P. conducía uno de los dos Audi.

El otro vehículo estaba asegurado a nombre del mismo investigado (que figuraba como “conductor habitual”). La póliza se pagaba desde una cuenta a su nombre. “Es por lo que su posesión y uso ha sido acreditado a la persona de” Ramón B. P.

Unas llamativas vallas publicitarias pueblan numerosos espacios públicos en València. Se trata, por un lado, de vallas publicitarias de la Generalitat Valenciana, sufragadas con dinero público, que anuncian desgravaciones fiscales. Y, al lado, otras vallas del PP valenciano, ilustradas con el rostro del president Juan Francisco Pérez Llorca y una Senyera de fondo, y el lema “cumplimos bajando los impuestos”. La coincidencia de los mensajes —uno institucional y el otro partidista a pesar de no estar en periodo de campaña electoral—no ha pasado desapercibida.

La Agencia Tributaria Valenciana (ATV), que depende de la Conselleria de Hacienda, dirigida por José Antonio Rovira, adjudicó el pasado 16 de abril un contrato menor para la creatividad, diseño, realización y producción de la campaña de información de la nueva deducción autonómica de música en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2025.

El contrato, por un importe total de 18.029 euros, fue adjudicado a la agencia Siberia Creatividad SL. La campaña de la Generalitat destaca las deducciones de gastos en instrumentos, partituras, conservatorios o cuotas de sociedades musicales.

Al lado de estas vallas, el mensaje del PP valenciano incide en la bajada de impuestos y cuela la condición de “president” de “Juanfran”, en referencia a Pérez Llorca. Todo ello, a pesar de que el actual jefe del Consell, que sustituyó a Carlos Mazón tras su dimisión, no ha sido designado oficialmente como candidato de los populares a las próximas elecciones autonómicas de 2027.

Se trata de vallas distintas, aunque situadas codo con codo. Así se evita incurrir en las prohibiciones previstas en la ley autonómica de publicidad institucional, que descarta el uso partidista o personalista de los recursos públicos.

La jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, Patricia García, alertó a una alta funcionaria del Centro de Coordinación de Emergencias sobre la situación del barranco del Poyo media hora antes del envío del Es-Alert el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Así se desprende de un mensaje de WhatsApp aportado por García a la jueza de la dana, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El whatsapp, cotejado por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), fue enviado a las 19.42 por García, que declaró este lunes como testigo, a la funcionaria Inmaculada Piles. La responsable de Protección Civil informaba a su interlocutora sobre una llamada del alcalde de Picanya, Josep Almenar, alertando sobre la situación en la calle de la Almassereta del municipio de la comarca de l'Horta Sud, situada “cerca [del] barranco del Poyo”. Los vecinos de unas “casas bajas” no podían subir en altura y el 112, el teléfono de emergencias de la Generalitat, “no les atiende”.

“Inma intentad responder a esto”, rogaba la funcionaria de la Delegación del Gobierno, que apostillaba que la Guardia Civil estaba “desbordada”. “Porque estamos todos desbordados, a ver qué puede hacerse”, contestó Inmaculada Piles. “Ya lo sé Inma. Lo que se pueda”, terció Patricia García.

Se trata de la misma funcionaria de la Delegación del Gobierno que pidió que se enviara el Es-Alert con una hora y media de antelación, según un mensaje de WhatsApp que consta en el procedimiento.

García también declaró ante la jueza instructora que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, advirtió en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la situación en Paiporta, otra localidad gravemente afectada por el desbordamiento del barranco del Poyo.

Un Es-Alert “muy tardío” y “erróneo”

La jueza, en un auto dictado este lunes, reiteró que el Es-Alert, enviado a las 20.11 (cuando “ya había un gran número de fallecidos, y otros luchaban por salvar su vida del ahogamiento que llegó poco después”) fue “muy tardío” y “erróneo en su texto”, que ni siquiera pedía a la población que se refugiara en altura.

De hecho, Patricia García explicó en su testifical que el Cecopi acordó enviar un primer Es-Alert a las poblaciones aguas abajo de la presa de Forata y de l'Horta Sud, recomendando buscar refugio en altura, y un segundo mensaje a los móviles a toda la provincia de Valencia, solicitando a la población que permaneciera en sus domicilios.

“Yo siempre pensé que iba a ir primero era el de plantas altas y no entendí que mandaran primero el de la provincia”, manifestó García.