Es el mantra de la década: la “presión demográfica” es una bomba de relojería. La lógica parece irrebatible y ha ganado una credibilidad férrea a fuerza de repetirse en editoriales y tribunas: si cada vez hay más ancianos y viven más años, mientras el número de jóvenes se reduce, el sistema será insostenible. Según la AIReF, hoy tenemos 1,9 afiliados por cada pensionista, y la previsión es que esa cifra caiga hasta el 1,0 en 2050. Bajo esta premisa, el gasto —que hoy supone el 11,5% del PIB y se proyecta hasta el 17,3% para 2050— se presenta como una carga inasumible.

Sin embargo, este discurso alarmista adolece de un error fundamental: asume que la productividad permanecerá estática durante los próximos 25 años.

La lección de la agricultura

Para entender por qué el catastrofismo demográfico puede estar equivocado, basta mirar al pasado. En 1984, el 17,5% de los ocupados en España trabajaba en el campo. Hoy, apenas el 3,6% se dedica a la agricultura, (según el Ministerio de Agricultura y datos de la EPA del INE). Si hace décadas alguien hubiera vaticinado este abandono del campo, muchos habrían predicho que el país moriría de hambre.

Nada más lejos de la realidad: gracias a la tecnología, un agricultor actual produce hoy lo mismo que cinco de antaño. Hemos sustituido cantidad de trabajadores por eficiencia. El reto actual es, simplemente, sustituir “alimentos” por “pensiones”.

Una tarta más grande

El miedo al gasto del 16% o 17% del PIB en 2050 ignora que el tamaño de la “tarta económica” será mucho mayor. Países como Italia ya destinan un 15,6% de su PIB a pensiones sin que el sistema haya colapsado.

Hagamos números: si hoy el PIB es 100 y dedicamos 11,5 a pensiones, quedan 88,5 para el resto de la sociedad. Si en 2050, gracias a un crecimiento moderado de la productividad (entre el 1,2% y 1,5% anual), el PIB sube a 180, dedicar un 16% a pensiones (28,8 puntos) dejaría 151,2 puntos para el resto de la población. Es decir, la sociedad sería mucho más rica que la actual incluso pagando más pensiones. 

El Nuevo Contrato Social: Fiscalidad en la Era de la IA

No es posible financiar el bienestar del futuro con las herramientas del siglo pasado. Ante un escenario donde la robótica y la Inteligencia Artificial (IA) asumen roles históricamente humanos, estas tecnologías deben integrar también su responsabilidad fiscal. En 2026, el debate sobre el impuesto a la robótica ha dejado de ser una teoría académica para convertirse en una hoja de ruta política destinada a blindar el Estado de Bienestar.

La digitalización es el motor de esta transición. Se estima que la adopción de IA podría quintuplicar la productividad en sectores clave, permitiendo que un trabajador en 2050 genere el doble de valor que hoy. Esta eficiencia no solo evita asfixiar la economía, sino que impulsa un círculo virtuoso de sostenibilidad:

·Salarios y Cotizaciones: Una mayor productividad permite elevar las bases salariales y, con ello, fortalecer la seguridad social.

·Compensación Demográfica: La capacidad de generar más valor con menos mano de obra mitiga el impacto del envejecimiento poblacional.

·Nuevas Vías de Ingreso: La creación de tasas sobre la economía digital y los sistemas automatizados permite capturar riqueza que ya no depende exclusivamente del esfuerzo humano.

Para que la tecnología no sea un factor de desigualdad, la política fiscal debe actuar como el puente que redistribuya los beneficios de esta revolución en favor de toda la sociedad. Es imperativo transitar hacia un nuevo modelo.

El verdadero desafío: ¿Demografía o Distribución?

Aunque España registra máximos históricos de población activa —superando los 24 millones de personas—, el éxito de nuestro sistema no vendrá determinado por el número de trabajadores, sino por nuestra capacidad de producción por hora trabajada. El verdadero peligro no reside en el aumento de la longevidad, sino en nuestra incapacidad para redistribuir la riqueza generada por la tecnología. Así, la supervivencia de las pensiones deja de ser un dilema de matemáticas demográficas para convertirse en una cuestión de ambición tecnológica y justicia distributiva.

Como advierte Thomas Piketty, si el rendimiento del capital tecnológico crece a mayor ritmo que la economía real, el riesgo no es la escasez de recursos, sino su extrema concentración. La solvencia del sistema depende hoy de una decisión política trascendental: ¿gravaremos la capacidad productiva de los activos digitales o seguiremos asfixiando exclusivamente las nóminas humanas? 

Es una deshonestidad intelectual agitar el fantasma de la natalidad mientras los beneficios de la automatización se filtran por las grietas del sistema

En definitiva, las pensiones no son víctimas de la biología, sino rehenes de la distribución. Es una deshonestidad intelectual agitar el fantasma de la natalidad mientras los beneficios de la automatización se filtran por las grietas del sistema. La hucha de las pensiones no se llenará con más cunas, sino con la riqueza que ya producen las máquinas. La pregunta crucial para 2050 no es cuántos seremos, sino de quién será esa riqueza: de la sociedad en su conjunto o de unos pocos dueños de algoritmos.

El president Juan Francisco Pérez Llorca ha renunciado “por interés público” al patrocinio a dedo de un evento ciclista privado que su antecesor en el cargo, Carlos Mazón, abonó durante dos ediciones seguidas con 404.000 euros. Se trata del contrato adjudicado al empresario y exciclista Javier Castellar Devís para la celebración de 'La Nucia Cycling 2025' en el municipio gobernado por el popular Bernabé Cano, el alcalde que acompañó a Pérez Llorca a la final del Mundial de fútbol en Estados Unidos.

Tras dos patrocinios a dedo por parte de Mazón, el Consell actual ha decidido dar marcha atrás. El subsecretario de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia firmó el pasado 13 de octubre la resolución de renuncia al contrato de patrocinio del evento. La Dirección General del Deporte, según explica, esgrime “razones presupuestarias y de interés público”.

También arguye la “proximidad” de la fecha de la carrera ciclista (prevista para los pasados 17 y 18 de octubre), que “impide materialmente culminar la tramitación del procedimiento de contratación y ejecutar el contrato en condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de las obligaciones que derivan del mismo, comprometiendo los principios de eficacia, eficiencia y buena gestión de los fondos públicos”.

Las “razones de interés público” aducidas “aconsejan no continuar con la tramitación del expediente, derivadas de la necesidad de preservar los recursos presupuestarios disponibles para atender otras actuaciones prioritarias y de garantizar una gestión eficiente de los fondos públicos”, concluye la resolución.

El Ejecutivo autonómico, en la etapa de Mazón, había adjudicado dos veces el patrocinio a la empresa Fran JCD Castellar SL, propiedad de Javier Castellar Devís, un exciclista profesional que preside el Club Deportivo Podium.

El Consell, tal como informó este diario, tramitó el patrocinio con la modalidad de urgencia y escudándose en que la mercantil “ostenta la propiedad exclusiva” de las pruebas de La Nucia.

La 'crème de la crème' de la conspiranoia digital a Espanya s'asseu aquesta setmana en l'analògic i incòmode banc dels acusats, davant la Plaça número 3 de la Secció Penal del Tribunal d'Instància de Castelló, per la mentida del 'cas Bar España'. S'enfronten a una petició de pena per part de la Fiscalia de set anys i mig de presó pels presumptes delictes contra la integritat moral i continuat de calúmnies amb publicitat contra autoritat i funcionari i contra particular.

Els dos investigadors de la Guàrdia Civil que van analitzar l'enorme rastre de la mentida a la xarxa, en la seua declaració com a testimonis en la cinquena sessió del judici, celebrada aquest divendres, van destacar l'efecte “imparable” de viralitat dels continguts amplificats pels acusats. “A mi me n'eixia moltíssim a Facebook, era terrible”, va afirmar un dels uniformats.

La falsa trama va nàixer a les acaballes del segle XX —a l'escalf de les desgavellades teories de la conspiració del 'cas Alcàsser'— com a venjança de Reinaldo Colás, un perruquer alcohòlic de Benicarló, contra la seua exdona i la nova parella d'aquesta, i després es va multiplicar sense fre a les xarxes socials. La mentida implicava, entre molts altres, càrrecs polítics de primera línia com Carlos Fabra, expresident de la Diputació de Castelló; la jutgessa que va arxivar la denúncia inicial de Colás, i enemistats personals del perruquer.

L'expresident Francisco Camps, que exercix una de les acusacions particulars, va definir la mentida com una “pandèmia d'horror” digital el “pacient zero” de la qual va ser Reinaldo Colás, condemnat finalment per denúncia falsa. Totes les víctimes han patit un suplici prolongat, descrit en primera persona en el judici.

Els agents de la Guàrdia Civil encarregats de la investigació van emmarcar les tòxiques bogeries dels acusats en fòrums conspiracionistes nodrits “del mateix ambient” i en nombrosos pòdcasts i pàgines web. Un dels fils al portal Burbuja va tindre “moltíssima viralitat” —fins a 49 milions de visites, segons va destacar el fiscal Javier Carceller—.

Els investigadors van confirmar que, actualment, queden a la xarxa “publicacions vigents” sobre la mentida. Un d'ells ho va “comprovar” personalment quan va rebre, fa un parell de mesos, la citació per a declarar en el judici. Encara que va afegir que més recentment, coincidint amb la celebració de la vista oral, s'havien esborrat “moltíssimes publicacions”.

No obstant això, segons van precisar els agents de la Guàrdia Civil, a la internet profunda (deep web) “no és possible” esborrar els continguts de la mentida del 'cas Bar España'.

Els dos agents van dur a terme les investigacions enquadrades en la Unitat de Delictes Tecnològics. Tanmateix, en la seua destinació anterior, havien format part de l'Equip de Dona i Menors (Emume) que va explorar les filles de Reinaldo Colás. Els investigadors recordaven perfectament com les dos xiques “es van ensorrar plorant i dient que el pare les induïa a declarar” les falses acusacions i que “havien sigut manipulades” quan eren menors d'edat. Totes dos, ja adultes, van reiterar en el judici en condició de testimonis que tot era un “deliri” del seu pare, tal com ha informat aquest diari.

Malgrat que la invenció de Colás feia aigües per tot arreu, els acusats es van dedicar en cos i ànima a difondre la mentida fins a l'infinit, especialment a les xarxes socials. Són alguns dels màxims representants del món conspiranoic d'àmbit espanyol, molts d'ells ja condemnats en relació amb les mentides del 'Bar España' o del 'cas Alcàsser'.

Ramón Valero Martín Consuegra, àlies Un técnico preocupado, va ser un dels majors difusors de la mentida a la xarxa, segons van destacar els investigadors. En l'escorcoll del seu domicili es van trobar “moltíssims documents” relacionats amb Reinaldo Colás i fins i tot correus electrònics en què l'inventor inicial de la falsa trama donava indicacions a l'acusat sobre “el que havia de dir i com” en les seues publicacions.

Els agents de l'Institut Armat també es van trobar en el mateix escorcoll amb una caixa forta amb 200.000 euros en efectiu, uns fons aparentment recaptats per a l'exercici de la defensa jurídica d'Un técnico preocupado, a més de “monedes de plata”, tal com va remarcar l'advocat d'una de les acusacions particulars.

Ramón Valero (treballador en una central nuclear, segons van afirmar els guàrdies civils) demana des de fa anys en els seus perfils públics ajuda econòmica per a abonar el cost de la seua defensa.

L'acusat, segons ha publicat en les seues xarxes socials i en la seua pàgina web, va fer el passat 15 d'octubre (la vespra de l'inici del judici) una “declaració personal de reconeixement de falta de certesa i retractació”. El document sosté que les afirmacions de Colás “mereixien ser conegudes”.

“Hui en dia, reconec expressament que no hi ha prou elements per a sostindre com a certes les imputacions que relacionaven les persones esmentades en les informacions difoses en el meu blog amb la pertinença a una suposada xarxa de pederàstia, la comissió o encobriment d'abusos sexuals o assassinats de menors o la participació en una organització de corrupció judicial, política o empresarial”, afirma.

Encara que en la seua retractació escrita Ramón Valero reconeix “expressament la falta de certesa” de la mentida i afirma que lamenta el “perjudici” a les “persones afectades”, Un técnico preocupado continua mantenint en la seua pàgina web un missatge de petició d'ajuda en què demana als seus seguidors que denuncien davant diverses institucions públiques “en particular, el cas Bar España”, defensa “el seu dret fonamental a la llibertat d'expressió” i es defineix com a “revelador públic” de la mentida.

També sol·licita la “reparació del dany i la sanció dels responsables”, en referència a les “represàlies judicials” que diu patir.

Al seu costat, al banc dels acusats, s'asseu Juan Lankamp Riaza, que compta amb més de 89.000 subscriptors al seu canal de YouTube. Es defineix com a “investigador i analista de l'abús ritual satànic”.

Nascut a Rotterdam el 1996, Lankamp va ser condemnat pel Tribunal Suprem per vincular el rei emèrit, Joan Carles de Borbó, amb el crim d'Alcàsser, un dels seus principals assumptes d'interés.

El youtuber, segons es detalla extensament en el pòdcast Edgar Luis conversaciones amenas —especialitzat en personatges conspiranoics—, va haver de retirar els seus continguts vinculats amb la desinformació del 'cas Alcàsser'.

Lankamp ja va ser condemnat el 2018, juntament amb la també acusada Pilar Baselga, per intromissió il·legítima en el dret a l'honor de la magistrada Sofía Díaz, segons una sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància número 4 de Castelló. Juan Lankamp va demanar la mort de Díaz, segons va recordar la magistrada en la seua declaració com a perjudicada.

En la primera sessió del judici, l'acusat va expressar davant els mitjans de comunicació el seu “penediment” i les seues “disculpes” a les víctimes de la mentida, “davant la gravetat dels fets”. “No sabia l'abast que anava a tindre tot això”, va al·legar.

Al banc dels acusats també s'asseu una altra coneguda conspiranoica, Pilar Baselga, que va assolir certa fama en els darrers anys després d'haver sigut absolta en primera instància per anomenar “Begoño” Begoña Gómez, esposa del president Pedro Sánchez, i vincular-la amb el narcotràfic al Marroc.

Baselga, condemnada per intromissió il·legítima en el dret a l'honor de Sofía Díaz, va haver d'abonar una indemnització de 24.000 euros pels excessos contra la magistrada, de la qual deia que matava xiquets.

La dona, especialitzada en assumptes de satanisme, entre altres àrees de coneixement, és una de les acusades autoritzades a comparéixer al banc dels acusats telemàticament. La sessió del passat 21 d'octubre, en la qual la jutgessa Sofía Díaz va relatar extensament el calvari que ha patit durant quasi tres dècades, va estar a punt de suspendre's per la incompareixença inicial de Pilar Baselga.

Quan el fiscal sol·licitava la seua detenció i ingrés a presó provisional, Baselga es va connectar a la vista oral —amb una hora de retard, segons li va retreure el jutge—. L'acusada va adduir que estava “descomposta” i “fatal”.

Un altre dels acusats, el jove Gabriel Hernández Serrano —del canal Las cloacas del sistema— continua mantenint actius a les xarxes socials continguts —abjectes— de la mentida del 'cas Bar España', incloses imatges de la jutgessa difamada o vídeos dels menors obligats per Reinaldo Colás a fabular la falsa trama de pederàstia.

Tant les filles de Colás com altres testimonis, que mai van autoritzar la difusió de les imatges gravades quan eren menors, van desmentir les acusacions en la seua declaració en la vista oral.

Gabriel Hernández comparteix advocat amb Juan Lankamp. Tanmateix, l'acusat s'ha desviat de l'estratègia de defensa de Lankamp i no s'ha retractat al llarg de les primeres sessions del judici.

L'advocat Javier Fernández Torres, que es defensa a si mateix, ha intentat en diverses declaracions del judici oral traure a col·lació la seua tesi que les denúncies de Reinaldo Colás mai no es van investigar, malgrat que van ser arxivades per falta de proves.

L'acusat ha defensat que es va limitar a elaborar un informe pericial per indicació de Colás i va reconéixer que el perruquer li “va esmentar tangencialment” que havia sigut condemnat per denúncia falsa.

Fernández Torres va remetre a nombroses institucions públiques documentació relativa a la mentida del 'cas Bar España' en nom d'una fundació anomenada “Advocats contra la Corrupció”, entitat que mai no va arribar a constituir-se formalment.

Per la seua banda, Virginia Mota San Máximo va publicar dos articles en un digital anomenat Aquí Actualidad en els quals, segons el fiscal, “afirmava que quasi un centenar de xiquets van ser violats de forma continuada a Castelló per una xarxa de pedofília que implica polítics molt coneguts”, utilitzant “informació que li havia facilitat” per correu electrònic l'advocat Javier Fernández Torres. Santiago Cordido García figura en el judici com a acusat a títol de responsable civil, en haver sigut editor d'Aquí Actualidad, ja desaparegut de la xarxa.

Els difusors de la mentida, morts

Altres dels inicialment acusats han mort abans d'asseure's al banc dels acusats. Es tracta de José Eduardo Sánchez Juan, més conegut com a Josele Sánchez. Ja havia sigut condemnat el 2023 a tres anys de presó per vexar i difondre a La tribuna de España, web de la qual era editor, dades personals de la víctima de la violació de 'la manada'.

Josele Sánchez, d'ideologia ultradretana, va donar ales en la seua web a la mentida del 'cas Bar España', incloent-hi també “elements de ficció propis”, segons el fiscal. Sánchez, mort el 2024, va ser així mateix un gran propagador de les mentides del 'cas Alcàsser', que van servir per a amplificar la del 'cas Bar España'.

També va morir Carlos García Viejo, un individu que patia síndrome de dependència d'opiacis amb trastorn de personalitat, segons el fiscal, i que també va intervindre en la difusió de la difamació a YouTube, Facebook o Twitter. Encara que, segons precisava el Ministeri Públic en el seu escrit d'acusació, García Viejo “podria presentar alteracions conductuals” en el moment dels fets.

El documentalista Valentí Figueres, mort el 2025, preparava un documental sobre el 'cas Bar España'. Figueres era una persona pròxima a Reinaldo Colás. Fins i tot va filmar el seu enterrament, segons va declarar una de les filles del perruquer.

El documentalista va ser identificat per la Guàrdia Civil en un aldarull organitzat per alguns dels acusats el 2 de juny de 2017 a la Ciutat de la Justícia de Castelló, amb ocasió d'unes declaracions en el marc de la instrucció de la causa de la mentida. També van ser identificats Pilar Baselga i Juan Lankamp.

Nuria Carque Vera, també morta, celebrava l'“heroïcitat” de Reinaldo Colás i defensava la veracitat de les mentides del perruquer, segons l'acusació pública. Carque era presidenta d'una associació anomenada “Madres en Acción para el Desarrollo y la Prosperidad”.

Víctimes indefenses i “moralment molt trencades”

La sessió del judici d'aquest passat divendres va culminar amb les declaracions dels últims testimonis citats a declarar en la vista oral.

La primera testimoni, treballadora de les empreses del matrimoni de Benicarló difamat sistemàticament per la mentida, va confirmar que els seus ocupadors (Francisco R. B. i Soledad G. M.) van estar “molt angoixats” i “sense poder defensar-se” de les acusacions de pederàstia que escampava Reinaldo Colás i que van ser difoses a les xarxes pels acusats.

D'altra banda, un amic de tota la vida del matrimoni va manifestar que “acusacions molt fortes” i falses sobre la pederàstia circulaven “de boca en boca” a la localitat i a la xarxa. “Ells moralment estaven molt trencats”, va dir el testimoni.

Emissió del documental de La Sexta en el judici

La sessió d'aquest pròxim dilluns, segons va anunciar el jutge, se centrarà en la declaració dels acusats i, prèviament, en la reproducció de la prova documental.

El fiscal va sol·licitar que es reproduïsca a la sala íntegrament el documental del programa Equipo de investigación de La Sexta que va desmuntar la mentida del 'cas Bar España', així com la declaració en fase d'instrucció d'una víctima morta (Carlos Y. A. E. I.) i la lectura de l'informe forense de Juan Lankamp.

El president Juan Francisco Pérez Llorca ha renunciat “per interés públic” al patrocini a dit d'un esdeveniment ciclista privat que el seu antecessor en el càrrec, Carlos Mazón, va abonar durant dos edicions seguides amb 404.000 euros. Es tracta del contracte adjudicat a l'empresari i exciclista Javier Castellar Devís per a la celebració de 'La Nucia Cycling 2025' al municipi governat pel popular Bernabé Cano, l'alcalde que va acompanyar Pérez Llorca a la final del Mundial de futbol als Estats Units.

Després de dos patrocinis a dit per part de Mazón, l'actual Consell ha decidit fer marxa arrere. El subsecretari de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència va firmar el passat 13 d'octubre la resolució de renúncia al contracte de patrocini de l'esdeveniment. La Direcció General de l'Esport, segons explica, esgrimeix “raons pressupostàries i d'interés públic”.

També argumenta la “proximitat” de la data de la carrera ciclista —prevista per als passats 17 i 18 d'octubre—, que “impedeix materialment culminar la tramitació del procediment de contractació i executar el contracte en condicions que permeten el compliment efectiu de les obligacions que se'n deriven, comprometent els principis d'eficàcia, eficiència i bona gestió dels fons públics”.

Les “raons d'interés públic” adduïdes “aconsellen no continuar amb la tramitació de l'expedient, derivades de la necessitat de preservar els recursos pressupostaris disponibles per a atendre altres actuacions prioritàries i de garantir una gestió eficient dels fons públics”, conclou la resolució.

L'Executiu autonòmic, en l'etapa de Mazón, havia adjudicat dos vegades el patrocini a l'empresa Fran JCD Castellar SL, propietat de Javier Castellar Devís, un exciclista professional que presidix el Club Deportivo Podium.

El Consell, tal com va informar aquest diari, va tramitar el patrocini amb la modalitat d'urgència i escudant-se en el fet que la mercantil “té la propietat exclusiva” de les proves de la Nucia.

La 'crème de la crème' de la conspiranoia digital en España se sienta esta semana en el analógico e incómodo banquillo de los acusados, ante la Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castelló, por el bulo del 'caso Bar España'. Se enfrentan a una petición de pena por parte de la Fiscalía de siete años y medio de cárcel por los presuntos delitos contra la integridad moral y continuado de calumnias con publicidad contra autoridad y funcionario y contra particular.

Los dos investigadores de la Guardia Civil que analizaron el enorme rastro del bulo en la red, en su declaración como testigos en la quinta sesión del juicio, celebrada este viernes, destacaron el “imparable” efecto de viralidad de los contenidos amplificados por los acusados. “A mí me salía muchísimo en Facebook, era tremendo”, afirmó uno de los uniformados.

El infundio nació en las postrimerías del siglo XX –al calor de las disparatadas teorías de la conspiración del 'caso Alcàsser'– como venganza de Reinaldo Colás, un peluquero alcohólico de Benicarló, contra su exmujer y la nueva pareja de ésta, y se multiplicó luego sin freno en las redes sociales. El bulo implicaba, entre muchos otros, a cargos políticos de primera línea como Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón; a la jueza que archivó la denuncia inicial de Colás, y a enemistades personales del peluquero.

El expresident Francisco Camps, que ejerce una de las acusaciones particulares, definió el bulo como una “pandemia de horror” digital cuyo “paciente cero” fue Reinaldo Colás, condenado a la postre por denuncia falsa. Todas las víctimas han sufrido un prolongado suplicio, descrito en primera persona en el juicio.

Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación enmarcaron las tóxicas chaladuras de los acusados en foros conspiracionistas nutridos “del mismo ambiente” y en numerosos pódcast y páginas webs. Uno de los hilos en el portal Burbuja tuvo “muchísima viralidad” (hasta 49 millones de visitas, según destacó el fiscal Javier Carceller).

Los investigadores confirmaron que, actualmente, quedan en la red “publicaciones vigentes” sobre el bulo. Uno de ellos lo “comprobó” personalmente cuando recibió, hace un par de meses, la citación para declarar en el juicio. Aunque apostilló que más recientemente, coincidiendo con la celebración de la vista oral, se habían borrado “muchísimas publicaciones”.

Sin embargo, según precisaron los agentes de la Guardia Civil, en la internet profunda (deep web) “no es posible” borrar los contenidos del bulo el 'caso Bar España'.

Los dos agentes realizaron las pesquisas encuadrados en la Unidad de Delitos Tecnológicos. Sin embargo, en su destino anterior, habían formado parte del Equipo de Mujer y Menores (Emume) que exploró a las hijas de Reinaldo Colás. Los investigadores recordaban perfectamente cómo las dos chicas “se derrumbaron llorando y diciendo que el padre las inducía a declarar” las falsas acusaciones y que “habían sido manipuladas” siendo menores de edad. Ambas, ya adultas, reiteraron en el juicio en condición de testigos que todo era un “delirio” de su padre, tal como ha informado este diario.

A pesar de que la fábula de Colás hacía aguas por todas partes, los acusados se dedicaron en cuerpo y alma a difundir el bulo hasta el infinito, especialmente en redes sociales. Son algunos de los máximos representantes del mundo conspiranoico de ámbito español, muchos de ellos ya condenados en relación con los bulos del 'Bar España' o del 'caso Alcàsser'.

Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, fue uno de los mayores difusores del bulo en la red, según destacaron los investigadores. En el registro de su domicilio se hallaron “muchísimos documentos” relacionados con Reinaldo Colás e incluso correos electrónicos en los que el inventor primigenio del infundio le daba indicaciones al acusado sobre “lo que tenía que decir y cómo” en sus publicaciones.

Los agentes del Instituto Armado también se toparon en el mismo registro con una caja fuerte con 200.000 euros en efectivo, unos fondos al parecer recaudados para el ejercicio de la defensa jurídica de Un técnico preocupado, además de “monedas de plata”, tal como remachó el abogado de una de las acusaciones particulares.

Ramón Valero (trabajador en una central nuclear, según afirmaron los guardias civiles) pide desde hace años en sus perfiles públicos ayuda económica para abonar el coste de su defensa.

El acusado, según ha colgado en sus redes sociales y en su página web, hizo el pasado 15 de octubre (la víspera del inicio del juicio) una “declaración personal de reconocimiento de falta de certeza y retractación”. El documento sostiene que las patrañas de Colás “merecían ser conocidas”.

“Hoy en día, reconozco expresamente que carezco de elementos suficientes para sostener como ciertas las imputaciones que relacionaban a las personas mencionadas en las informaciones difundidas en mi blog con la pertenencia a una supuesta red de pederastia, la comisión o encubrimiento de abusos sexuales o asesinatos de menores o la participación en una organización de corrupción judicial, política o empresarial”, afirma.

Aunque en su retractación escrita Ramón Valero reconoce “expresamente la falta de certeza” del bulo y afirma que lamenta el “perjuicio” a las “personas afectadas”, Un técnico preocupado sigue manteniendo en su página web un mensaje de petición de ayuda en el que pide a sus seguidores que denuncien ante varias instituciones públicas “en particular, el caso Bar España”, defiende “su derecho fundamental a la libertad de expresión” y se define como “revelador público” del bulo.

También solicita la “reparación del daño y la sanción de los responsables”, en referencia a las “represalias judiciales” que dice sufrir.

A su lado en el banquillo se sienta Juan Lankamp Riaza, que cuenta con más de 89.000 suscriptores en su canal de YouTube. Se define como “investigador y analista del abuso ritual satánico”.

Nacido en Rotterdam en 1996, Lankamp fue condenado por el Tribunal Supremo por vincular al rey emérito, Juan Carlos de Borbón, con el crimen de Alcàsser, uno de sus principales asuntos de interés.

El 'youtuber', según se detalla extensamente en el pódcast Edgar Luis conversaciones amenas (especializado en personajes conspiranoicos), tuvo que retirar sus contenidos vinculados con la desinformación del 'caso Alcàsser'.

Lankamp ya fue condenado en 2018, junto con la también acusada Pilar Baselga, por intromisión ilegítima del derecho al honor de la magistrada Sofía Díaz, según una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castelló. Juan Lankamp pidió la muerte de Díaz, según recordó la magistrada en su declaración como perjudicada.

En la primera sesión del juicio, el acusado expresó ante los medios de comunicación su “arrepentimiento” y sus “disculpas” a las víctimas del bulo, “ante la gravedad de los hechos”. “No sabía el alcance que iba a tener todo esto”, alegó.

En el banquillo también se sienta otra conocida conspiranoica, Pilar Baselga, quien alcanzó cierta fama en los últimos años al haber sido absuelta en primera instancia por llamar “Begoño” a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y vincularla con el narcotráfico en Marruecos.

Baselga, condenada por intromisión al derecho al honor de Sofía Díaz, tuvo que abonar una indemnización de 24.000 euros por los desmanes contra la magistrada (de la que decía que mataba niños).

La mujer, especializada en asuntos de satanismo, entre otras áreas de conocimiento, es una de las acusadas autorizada a comparecer en el banquillo telemáticamente. La sesión del pasado 21 de octubre, en la que la jueza Sofía Díaz relató extensamente el calvario que ha sufrido durante casi tres décadas, a punto estuvo de suspenderse por la incomparecencia inicial de Pilar Baselga.

Cuando el fiscal solicitaba su detención e ingreso en prisión provisional, Baselga se conectó a la vista oral (con una hora de retraso, según le reprochó el juez). La acusada adujo que estaba “descompuesta” y “malísima”.

Otro de los acusados, el joven Gabriel Hernández Serrano (del canal Las cloacas del sistema) sigue manteniendo activos en redes sociales contenidos –abyectos– del bulo del 'caso Bar España', incluidas imágenes de la jueza difamada o vídeos de los menores obligados por Reinaldo Colás a fabular la falsa trama de pederastia.

Tanto las hijas de Colás como otros testimonios, que nunca autorizaron la difusión de las imágenes grabadas cuando eran menores, desmintieron las acusaciones en su testifical en la vista oral.

Gabriel Hernández comparte abogado con Juan Lankamp. Sin embargo, el acusado se ha desviado de la estrategia de defensa de Lankamp y no se ha retractado a lo largo de las primeras sesiones del juicio.

El abogado Javier Fernández Torres, que se defiende a sí mismo, ha intentado en varias declaraciones del juicio oral sacar a colación su tesis de que las denuncias de Reinaldo Colás nunca se investigaron, a pesar de que fueron archivadas por falta de pruebas.

El acusado ha defendido que se limitó a elaborar un informe pericial por indicación de Colás y reconoció que el peluquero le “mencionó tangencialmente” que había sido condenado por denuncia falsa.

Fernández Torres remitió a numerosas instituciones públicas documentación relativa al bulo del 'caso Bar España' en nombre de una fundación llamada “Abogados contra la Corrupción”, entidad que nunca llegó a constituirse formalmente.

Por su parte, Virginia Mota San Máximo, publicó dos artículos en un digital llamado Aquí Actualidad en los que, según el fiscal, “afirmaba que casi un centenar de niños fueron violados de forma continuada en Castellón por una red de pedofilia que implica a políticos muy conocidos”, usando “información que le había facilitado” por correo electrónico el abogado Javier Fernández Torres. Santiago Cordido García figura en el juicio como acusado a título de responsable civil, al haber sido editor de Aquí Actualidad, ya desaparecido de la red.

Los difusores del bulo fallecidos

Otros de los inicialmente acusados han muerto antes de sentarse en el banquillo. Se trata de José Eduardo Sánchez Juan, más conocido como Josele Sánchez. Ya había sido condenado en 2023 a tres años de prisión por vejar y difundir en La tribuna de España, web de la que era editor, datos personales de la víctima de la violación de 'la manada'.

Josele Sánchez, de ideología ultraderechista, dio alas en su web al bulo del 'caso Bar España', incluyendo también “elementos de ficción propios”, según el fiscal. Sánchez, fallecido en 2024, fue asimismo un gran propagador de los bulos del 'caso Alcàsser', que sirvieron para amplificar el del 'caso Bar España'.

También falleció Carlos García Viejo, un individuo que padecía síndrome de dependencia a opiáceos con trastorno de personalidad, según el fiscal, y que también intervino en la difusión de la difamación en YouTube, Facebook o Twitter. Aunque, según precisaba el Ministerio Público en su escrito de acusación, García Viejo “podría presentar alteraciones conductuales” en el momento de los hechos.

El documentalista Valentí Figueres, fallecido en 2025, preparaba un documental sobre el 'caso Bar España'. Figueres era una persona cercana a Reinaldo Colás. Incluso filmó su entierro, según declaró una de las hijas del peluquero.

El documentalista fue identificado por la Guardia Civil en un alboroto organizado por algunos de los acusados el 2 de junio de 2017 en la Ciudad de la Justicia de Castelló, con ocasión de unas declaraciones en el marco de la instrucción de la causa del bulo. También fueron identificados Pilar Baselga y Juan Lankamp.

Nuria Carque Vera, también fallecida, celebraba la “heroicidad” de Reinaldo Colás y defendía la veracidad de los bulos del peluquero, según la acusación pública. Carque era presidenta de una asociación llamada “Madres en Acción para el Desarrollo y la Prosperidad”.

Víctimas indefensas y “moralmente muy rotas”

La sesión del juicio de este pasado viernes culminó con las declaraciones de los últimos testigos citados a testificar en la vista oral.

La primera testigo, trabajadora de las empresas del matrimonio de Benicarló difamado sistemáticamente por el bulo, refrendó que sus empleadores (Francisco R. B. y Soledad G. M.) estuvieron “muy angustiados” y “sin poder defenderse” de las acusaciones de pederastia que esparcía Reinaldo Colás y que fueron difundidas en redes por los acusados.

Por otro lado, un amigo de toda la vida del matrimonio, manifestó que “acusaciones muy fuertes” y falsas sobre la pederastia circulaban “de boca en boca” en la localidad y en la red. “Ellos moralmente estaban muy rotos”, dijo el testigo.

Emisión del documental de La Sexta en el juicio

La sesión de este próximo lunes, según anunció el juez, se centrará en la declaración de los acusados y, previamente, en la reproducción de la prueba documental.

El fiscal solicitó que se reproduzca en la sala íntegramente el documental del programa Equipo de investigación de La Sexta que desmontó el bulo del 'caso Bar España', así como la declaración en fase de instrucción de una víctima fallecida (Carlos Y. A. E. I.) y la lectura del informe forense de Juan Lankamp.

La mentida del 'cas Bar España' es va desfer com un terròs de sucre en la quarta sessió del judici als difusors de la falsa trama. Els xiquets que apareixien en les gravacions efectuades pel perruquer Reinaldo Colás —incloses les seues dos filles— afirmant que havien sigut víctimes d'una suposada trama de pederastes a l'establiment de la carretera de Benicarló ja són adults i van reiterar aquest dijous en la vista oral, en condició de testimonis —amb l'obligació de dir la veritat—, que tot va ser un invent tòxic. Les filles de Colás van desmentir les falsedats promogudes pel seu pare, mort el 17 de desembre de 2017. “Tenia un deliri, creia que estava vencent algunes forces ocultes”, va declarar T. C. A. “A canvi rebíem premis com a recompensa”, va afegir sobre els vídeos que gravava el seu pare quan a penes eren unes xiquetes de curta edat. La dona va precisar que Reinaldo Colás “odiava” la jutgessa Sofía Díaz, una de les principals víctimes de la mentida del 'cas Bar España'.

A. C. A., l'altra filla del perruquer, també va recalcar que l'acusació “no era veritat”. “Ens obligava a dir això i, si déiem que no era veritat, deia que estàvem mentint”, va explicar la testimoni. També va recordar que el seu pare les obligava a dibuixar “el que ell deia”, en referència a uns documents que els difusors de la mentida han utilitzat reiteradament durant aquestes últimes tres dècades, juntament amb els vídeos dels falsos testimonis.

D'altra banda, també van declarar Santiago Manuel M. R. i el seu germà, Francisco José M. R. Els testimonis van nàixer en una família desestructurada i mantenien una relació de veïnat amb Reinaldo Colás, qui, després del divorci i per pura venjança, va idear la mentida per a atacar la nova parella de la mare de les seues filles i diverses enemistats personals. Colás va ser condemnat per denúncia falsa.

Santiago Manuel M. R., interrogat pel fiscal Javier Carceller, va reconéixer que “clar que no” eren certes les acusacions que, quan a penes eren uns xiquets, van expressar en un vídeo gravat per Reinaldo Colás, un material audiovisual que ha sigut la matèria primera per als difusors de la mentida, que s'enfronten al banc dels acusats a una petició de pena de set anys i mig de presó.

Les gravacions es van fer amb la col·laboració de la mare dels xiquets, que “bé del cap no està”, segons va puntualitzar Santiago Manuel M. R. El testimoni va indicar que Reinaldo Colás els va amenaçar i els va obligar a manifestar les mateixes falsedats davant un “periodista d'aquests satànics” i davant un advocat —dels quals no recordava el nom—.

Els vídeos gravats per Colás: “Tot és mentida”

D'altra banda, el seu germà Francisco José M. R. va exposar un relat semblant i va ratificar que “tot és mentida”. A hores d'ara, a TikTok encara li apareixen els vídeos que Colás li va gravar quan era menor i la difusió dels quals no va autoritzar en cap cas. “Era tot mentida, jo era un xiquet”, va lamentar Francisco José M. R.

La cosina dels testimonis anteriors, María Jesús M. J., va assegurar que “el que va dir no és cert”, en referència als vídeos gravats per Reinaldo Colás.

D'altra banda, la sessió del judici també va incloure la declaració de diverses víctimes de l'enganyifa, totes molt afectades després de quasi tres dècades de sofriment. Francisco R. B., empresari jubilat de Benicarló, va responsabilitzar Colás d'haver-lo inclòs en la falsa xarxa de pederàstia i d'haver omplit la seua localitat amb pasquins amb el seu nom i cognom. El testimoni va descriure Colás com un “xoriço que ja és mort, gràcies a Déu”.

L'home, que es va definir com “una persona de bé” que ha patit “moltíssim mal”, va descriure l'impacte que la difamació va tindre en la seua esposa i en els seus fills. “Encara hui s'està difonent”, va lamentar. Francisco R. B., octogenari, continua suportant que el seu nom continue apareixent associat a l'enganyifa: “Encara ix això de pederasta i pedòfil per les xarxes socials, m'ho va dir ahir el meu fill”.

El plor d'una víctima: “No eixíem de casa”

El testimoni va demanar que “ho paguen” els acusats: “M'han destrossat la vida i també la de la meua família”. La seua esposa, Soledad G. M., va relatar que va tindre depressió, igual que el seu marit, a conseqüència de la mentida. “No eixíem de casa i vam deixar de fer vida social”, va dir la dona, també jubilada.

Els difusors de la falsa trama van arribar a publicar fotos del matrimoni i els seus negocis, entre els quals una acadèmia de formació, es van ressentir per la persecució a què els va sotmetre Colás en la primera fase de difusió analògica de la mentida, que després es multiplicaria fins a l'infinit amb internet i les xarxes socials. “Et sents impotent”, va afirmar la dona, que va plorar durant la seua declaració en rememorar l'enorme dolor que ha suportat la família.

També va declarar Juan M. C., propietari d'una agència immobiliària que coneixia Reinaldo Colás. El testimoni va manifestar que Colás “es va tornar boig” després del divorci i el va incloure en la falsa trama de pederàstia que va amplificar sense fre. La bajanada “va afectar moltíssim” la seua faena. “A la meua dona ni t'ho dic, que també va necessitar tractament psicològic”, va afegir.

Un difamat demana que els conspiranoics “vagen a presó”

L'home va demanar que “vagen a presó” els acusats que s'asseuen al banc dels acusats, entre els quals coneguts conspiranoics com Ramón Valero Martín Consuegra, àlies Un técnico preocupado, Pilar Baselga, Gabriel Hernández Serrano —del canal Las cloacas del sistema— o Juan Lankamp Riaza. També els va titllar de “gentussa”.

Per la seua banda, el fotògraf Rodolfo B. C., que també coneixia Reinaldo Colás, va ressenyar la “frustració” que va sentir en veure el seu nom associat a la verinosa fantasia del perruquer. “Crec que era per a desprestigiar-me i que el negoci s'enfonsara”, va dir en referència a l'estudi de fotografia que regentava a Benicarló. “Estava psicològicament molt afectat”, va afegir.

Tots els perjudicats van demanar que es retiren d'una vegada per totes de la xarxa els continguts relatius a la mentida que els persegueix des de fa quasi tres dècades. “Aquestes afirmacions injurioses no poden continuar estant-hi, a vegades repetint molt una mentida se li dona aquesta aparença de veritat”, va dir l'exconsellera Gabriela Bravo, també perjudicada per la mentida del 'cas Bar España'.

El bulo del 'caso del Bar España' se diluyó como un azucarillo en la cuarta sesión del juicio a los difusores del infundio. Los niños que aparecían en las grabaciones efectuadas por el peluquero Reinaldo Colás (incluidas sus dos hijas) afirmando que habían sido víctimas de una supuesta trama de pederastas en el establecimiento de la carretera de Benicarló ya son adultos y reiteraron este jueves en la vista oral en condición de testigos —con la obligación de decir la verdad— que todo fue un tóxico invento. Las hijas de Colás desmintieron los infundios promovidos por su padre, fallecido el 17 de diciembre de 2017. “Tenía un delirio, creía que estaba venciendo a algunas fuerzas ocultas”, declaró T. C. A. “A cambio recibíamos premios como recompensa”, apostilló sobre los vídeos que grababa su padre cuando eran apenas unas crías de corta edad. La mujer precisó que Reinaldo Colás “odiaba” a la jueza Sofía Díaz, una de las principales víctimas del bulo del 'caso del Bar España'.  

A. C. A., la otra hija del peluquero, también remachó que la acusación “no era verdad”. “Nos obligaba a decir eso y, si decíamos que no era verdad, decía que estábamos mintiendo”, explicó la testigo. También rememoró que su padre las obligaba a dibujar “lo que él decía”, en referencia a unos documentos que los difusores del bulo han usado reiteradamente estas últimas tres décadas, junto con los vídeos de los falsos testimonios.

Por otro lado, también declararon Santiago Manuel M. R. y su hermano, Francisco José M. R. Los testigos nacieron en una familia desestructurada y mantenían una relación de vecindad con Reinaldo Colás, quien tras su divorcio y por pura venganza ideó el bulo para atacar a la nueva pareja de la madre de sus hijas y a enemistades personales. Colás fue condenado por denuncia falsa.

Santiago Manuel M. R., interrogado por el fiscal Javier Carceller, reconoció que “claro que no” eran ciertas las acusaciones que, siendo apenas unos niños, expresaron en un vídeo grabado por Reinaldo Colás, un material audiovisual que ha sido la materia prima para los difusores del bulo, que se enfrentan en el banquillo a una petición de pena de siete años y medio de prisión.

Las grabaciones se hicieron con la colaboración de la madre de los chavales, que “bien de la cabeza no está”, según puntualizó Santiago Manuel M. R. El testigo indicó que Reinaldo Colás los amenazó y los obligó a manifestar las mismas falsedades ante un “periodista de estos satánicos” y ante un abogado (de los que no recordaba el nombre).

Los vídeos grabados por Colás: “Todo es mentira”

Por otro lado, su hermano Francisco José M. R. expuso un relato similar y refrendó que “todo es mentira”. A día de hoy, en TikTok aún le aparecen los vídeos que le grabó Colás siendo menor y cuya difusión en ningún caso autorizó. “Era todo mentira, yo era un crío”, lamentó Francisco José M. R.

La prima de los anteriores testigos, María Jesús M. J., aseguró que “lo que dijo no es cierto”, en referencia a los vídeos grabados por Reinaldo Colás.

Por otro lado, la sesión del juicio también incluyó la declaración de varias víctimas del bulo, todas muy afectadas tras casi tres décadas de sufrimiento. Francisco R. B., empresario jubilado de Benicarló, responsabilizó a Colás de haberlo incluido en la falsa red de pederastia y de haber llenado su localidad con pasquines con su nombre y apellido. El testigo describió a Colás como un “mangante que ya está muerto, gracias a Dios”.

El hombre, que se definió como “una persona de bien” que ha padecido “muchísimo daño”, describió el impacto que la difamación tuvo en su esposa y en sus hijos. “Aún hoy se está difundiendo”, lamentó. Francisco R. B., octogenario, sigue soportando que su nombre continúe apareciendo asociado al bulo: “Aún sale lo de pederasta y pedófilo por las redes sociales, me lo dijo ayer mi hijo”.

El sollozo de una víctima: “No salíamos de casa”

El testigo pidió que “lo paguen” los acusados: “Me han destrozado mi vida y también la de mi familia”. Su esposa, Soledad G. M., relató que tuvo depresión, al igual que su marido, a consecuencia del bulo. “No salíamos de casa y dejamos de hacer vida social”, dijo la mujer, también jubilada.

Los difusores del infundio llegaron a publicar fotos del matrimonio y sus negocios, entre ellos una academia de formación, se resintieron por la persecución a la que los sometió Colás en la primera fase de difusión analógica del bulo, que luego se multiplicaría hasta el infinito con internet y las redes sociales. “Te sientes impotente”, afirmó la mujer, que sollozó durante su testifical al rememorar el enorme dolor que ha soportado la familia.

También declaró Juan M. C., propietario de una agencia inmobiliaria que conocía a Reinaldo Colás. El testigo manifestó que Colás “se volvió loco” tras el divorcio y lo incluyó en la (falsa) trama de pederastia que amplificó sin freno. El dislate “afectó muchísimo” a su trabajo. “A mi mujer ni te digo, que también necesitó tratamiento psicológico”, añadió.

Un difamado pide que los conspiranoicos “vayan a la cárcel”

El hombre pidió que “vayan a la cárcel” los acusados que se sientan en el banquillo, entre ellos conocidos conspiranoicos como Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, Pilar Baselga, Gabriel Hernández Serrano (del canal Las cloacas del sistema) o Juan Lankamp Riaza. También los tildó de “gentuza”.

Por su parte, el fotógrafo Rodolfo B. C., que también conocía a Reinaldo Colás, reseñó la “frustración” que sintió por ver su nombre asociado a la venenosa fantasía del peluquero. “Creo que era para desprestigiarme y que el negocio se viniera abajo”, dijo en referencia al estudio de fotografía que regentaba en Benicarló. “Estaba psicológicamente muy afectado”, agregó.

Todos los perjudicados pidieron que se retiren de una vez por todas de la red los contenidos relativos al bulo que los persigue desde hace casi tres décadas. “Estas afirmaciones injuriosas no pueden seguir estando ahí, a veces repitiendo mucho una mentira se le da esa apariencia de verdad”, dijo la exconsellera Gabriela Bravo, también perjudicada por el bulo del 'caso del Bar España'.

Es tracta d'una de les mentides més greus i longeves de la història d'Espanya, nascuda en una era analògica a l'escalf de les teories de la conspiració del 'cas Alcàsser' i amplificada irremeiablement a internet i a les xarxes socials. La jutgessa Sofía Díaz, una de les principals víctimes de la mentida del 'cas Bar España', va relatar en la seua declaració com a perjudicada que la seua empremta digital, difamada sistemàticament, ja no podrà compensar-se mai. Els principals difusors de la mentida, per als quals el fiscal demana una pena de set anys i mig de presó, han perdut el control dels continguts que van pujar, frenèticament, a la xarxa.

Encara que alguns diuen —a través dels seus advocats— haver-se retractat, encara queda un rastre de les seues greus bogeries a les xarxes socials. La magistrada, actualment presidenta de l'Audiència Provincial de Castelló, va relatar en la vista oral el “calvari” patit durant quasi tres dècades, des que es va creuar el 1997, quan era jutgessa d'instrucció a Vinaròs, amb un perruquer alcohòlic anomenat Reinaldo Colás que denunciava els suposats abusos sexuals de la parella de la seua exdona cap a les seues dos filles, de tres i cinc anys.

La jutgessa, reconeguda professional del món judicial valencià, va complir perfectament la seua comesa i, amb els informes pericials a la mà que descartaven de ple els abusos, va acabar arxivant la causa denunciada per Reinaldo Colás, que anys després seria condemnat per denúncia falsa.

Una altra de les víctimes de la mentida, Gema R., exdirectora del centre de menors del Baix Maestrat, va definir amb senzillesa i claredat meridiana l'origen del lamentable infortuni: “Que un senyor anomenat Reinaldo Colás no va aguantar que el deixara la seua dona, [el cas] més absurd no pot ser”.

Colás, en qui s'escuda un dels acusats, va morir el 2017 deixant en herència la seua venjança contra la jutgessa, contra la seua exdona i contra qualsevol que se li posara a tir, incloent-hi enemistats personals diverses. La mentida que la magistrada i polítics tan diversos com Carlos Fabra, Francisco Camps o Mónica Oltra participaven o ocultaven una trama de pederàstia i fins i tot d'assassinats de menors, que només existia al cap del perruquer —i de qui se'l va voler creure—, encara cueja en l'actualitat.

La llarga declaració de Sofía Díaz va acotar el naixement de la mentida, que va tindre una enorme repercussió a Castelló i més enllà. La magistrada va recordar que, mentre instruïa la denúncia —que finalment va resultar falsa— de Reinaldo Colás, el pare d'una de les xiquetes assassinades a Alcàsser, Fernando García, que promovia una altra desgavellada teoria de la conspiració, va tractar de personar-se com a acusació popular en la causa del Bar España, juntament amb Reinaldo Colás.

“La seqüència del naixement, creació i posterior creixement del 'cas Bar España' cal veure-la en aquest context”, va explicar Díaz. El fiscal Javier Carceller, que exerceix l'acusació pública contra els difusors de la mentida, també va ratificar que “va ser Reinaldo qui va connectar la seua actuació amb el cas de les xiquetes, com si fora una ramificació d'Alcàsser”.

El programa de Telecinco Esta noche cruzamos el Mississippi, produït i presentat per Pepe Navarro, havia escampat cada nit en horari de màxima audiència les mentides de Fernando García, que posteriorment seria condemnat per això. En aquell món analògic en què les televisions privades tenien barra lliure, Reinaldo Colás va fabular la seua pròpia ficció i es va dedicar a penjar pasquins en fanals de Benicarló contra la jutgessa i les primeres víctimes de la mentida. “Se'ns va intentar relacionar amb el cas de les xiquetes d'Alcàsser”, va recordar l'exdirectora del centre de menors del Baix Maestrat. La cadena esmentada es va plantar als jutjats adduint que investigaven el 'cas Bar España', segons va rememorar Sofía Díaz.

Un disbarat sense fre: la vident Lola

El disbarat no tenia límits: la vident de Reinaldo Colás, una tal Lola, es va personar davant el jutge que investigava la mort d'una infermera a Benicarló per a acusar la magistrada del crim, segons va relatar Sofía Díaz durant la seua declaració testifical. La teoria impulsada per Colás i la seua vident era que la infermera morta formava part de la falsa trama del 'cas Bar España' i que, en voler desvincular-se'n, havia sigut assassinada per la jutgessa o pels seus col·laboradors de les elits judicials.

No va ser, ni de bon tros, l'únic crim que es va atribuir alegrement a la magistrada. “Estava en tots els assassinats que s'han produït a la Comunitat Valenciana”, va dir la perjudicada, pràcticament amb una barreja de tristesa i ironia.

La jugada de Colás d'incloure en la falsa trama de pederàstia Carlos Fabra, aleshores president de la Diputació de Castelló, va ser tot un èxit que va multiplicar l'efectivitat de la mentida, ja que el polític del PP estava immers en mediàtiques investigacions per corrupció en aquella època. Fabra, actualment un jubilat de 81 anys, va recordar aquest dimecres que els fets que se li atribuïen eren “gravíssims”. Igual que Francisco Camps, qui considerava que s'havia utilitzat el seu nom simplement per a “donar-li més ressò” a l'invent. L'expresident va definir l'espiral creada amb el 'cas Bar España' com una “pandèmia d'horror” el “calumniador zero” de la qual era Reinaldo Colás.

El banc dels conspiranoics

La raó és que ha sigut una mentida de llarga durada que es va amplificar de manera desmesurada i sense solució de continuïtat en una segona fase digital, amb internet i les xarxes socials. De la pederàstia es va escalar al satanisme, a obscures elits i a qualsevol bajanada que els passara pel cap. Els conspiranoics que s'asseuen al banc dels acusats davant la Plaça 3 de la Secció Penal del Tribunal d'Instància de Castelló, utilitzant els materials inicials de Reinaldo Colás i atorgant-los plena veracitat, van anar amplificant la falsa trama i incorporant-hi noves víctimes.

La magistrada va denunciar tots els continguts que va localitzar a les xarxes. També va destacar el paper de Ramón Valero Martín Consuegra, àlies Un técnico preocupado, de Pilar Baselga, de Gabriel Hernández Serrano —del canal Las cloacas del sistema— i de Juan Lankamp Riaza. Baselga i Lankamp, entre altres, van acudir el 2 de juny de 2017 a la Ciutat de la Justícia de Castelló amb una pancarta amb falses acusacions de pederàstia contra la magistrada, que va patir un dels seus molts atacs d'ansietat.

Tant Baselga com Lankamp ja van ser condemnats el 2018 pel Jutjat de Primera Instància número 4 de Castelló per intromissió il·legítima en el dret a l'honor de la magistrada. A més, i per a acabar d'embolicar-ho, Lankamp també va ser condemnat pel Tribunal Suprem per vincular el rei emèrit, Joan Carles de Borbó, amb el crim d'Alcàsser.

L'advocat que exerceix la defensa de Juan Lankamp ha insistit repetidament en el judici que el seu client s'ha retractat. Per contra, el mateix lletrat defensa Gabriel Hernández Serrano, artífex de l'actiu canal Las cloacas del sistema, qui “no ha parat” de difondre la mentida fins i tot estant acusat, tal com va recordar Sofía Díaz.

La mentida es va canalitzar també a través d'altres canals, entre els quals la magistrada va citar el de Rafael Palacios, veterà conspiranoic digital. “Són milers i milers [de difamacions]”, va dir Sofía Díaz, tant a X com a Instagram, Facebook, Telegram, en pòdcasts, en pàgines web o en vídeos de YouTube. “És diari, cada dia”.

D'altra banda, l'advocat d'Un técnico preocupado també insisteix en la retractació del seu client. La jutgessa va assenyalar que va ser “un dels majors difusors” i que, una vegada detingut en el marc d'aquesta causa, Ramón Valero es va dedicar a recaptar fons per a la seua defensa. La magistrada va recordar que en l'escorcoll del seu domicili se li van trobar 200.000 euros “en efectiu” —el seu advocat va adduir que, en un altre procediment, s'havia “determinat la legalitat dels fons”—.

L'advocat que exerceix la defensa de Juan Lankamp ha insistit repetidament en el judici que el seu client s'ha retractat. Per contra, el mateix lletrat defensa Gabriel Hernández Serrano, artífex de l'actiu canal Las cloacas del sistema, qui “no ha parat” de difondre la mentida fins i tot estant acusat, tal com va recordar Sofía Díaz.

La mentida es va canalitzar també a través d'altres canals, entre els quals la magistrada va citar el de Rafael Palacios, veterà conspiranoic digital. “Són milers i milers [de difamacions]”, va dir Sofía Díaz, tant a X com a Instagram, Facebook, Telegram, en pòdcasts, en pàgines web o en vídeos de YouTube. “És diari, cada dia”.

D'altra banda, l'advocat d'Un técnico preocupado també insisteix en la retractació del seu client. La jutgessa va assenyalar que va ser “un dels majors difusors” i que, una vegada detingut en el marc d'aquesta causa, Ramón Valero es va dedicar a recaptar fons per a la seua defensa. La magistrada va recordar que en l'escorcoll del seu domicili se li van trobar 200.000 euros “en efectiu” —el seu advocat va adduir que, en un altre procediment, s'havia “determinat la legalitat dels fons”—.

La “victimització secundària” de la magistrada

Totes les víctimes van deixar constància de l'afectació psicològica produïda a conseqüència de la mentida. La jutgessa, després de quasi tres dècades d'atacs d'ansietat, portava els deu dies anteriors a la seua declaració en el judici oral pràcticament sense menjar ni dormir. Gema R., l'exdirectora del centre de menors del Baix Maestrat, va rebre durant aquestes quasi tres dècades nombrosos “missatges d'odi” i fins i tot va perdre amics per la “forta pressió social” a Castelló. També va renunciar a exercir l'acusació en aquest procediment per por de possibles represàlies. “Ha sigut una carrera de fons per a mantindre la salut mental”, va dir davant el tribunal.

Quasi tots els lletrats de les defenses van expressar la seua “sincera empatia” i “comprensió” cap a les víctimes, especialment cap a Sofía Díaz. Encara que només el representant del Ministeri Públic va demanar disculpes a la jutgessa per la “victimització secundària” a què se l'havia sotmesa amb determinades preguntes dels advocats, amb el pretext del legítim exercici del dret de defensa.

El fiscal Javier Carceller afronta la titànica i complexa tasca de fer desaparéixer els continguts difamatoris penjats a la xarxa. No obstant això, hi ha batalles que es poden donar per perdudes. Poc després de la publicació de la declaració de la jutgessa Sofía Díaz, un home que assegurava haver sigut amic de Reinaldo Colás va escriure un missatge a aquest diari en què manifestava que “els alts comandaments judicials, policials i polítics eren i són intocables” i que el perruquer mort, per contra, era “una bona persona i molt valent”. És el que hi ha.

La jutgessa de la dana ha incorporat a la causa un informe de l'inspector en cap del Consorci Provincial de Bombers de València, Jorge Gil, que apunta a la “responsabilitat” del Centre d'Emergències de la Generalitat en la “coordinació” de la informació sobre el control del seguiment dels cabals de rius o barrancs, tal com estableix el Pla Especial davant del Risc d'Inundacions.

L'informe del passat 13 d'octubre, al qual ha tingut accés elDiario.es, enumera els serveis i organismes “col·laboradors cridats a participar en el seguiment de cabals en rius i barrancs, a petició” del Centre d'Emergències.

La llista inclou les confederacions hidrogràfiques, els municipis i els serveis d'intervenció desplegats al territori, especialment la Guàrdia Civil, el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat, la Policia autonòmica, els agents mediambientals, les brigades de la Diputació de València i fins i tot les comunitats de regants i els serveis del cicle integral de l'aigua.

No obstant això, segons precisa l'informe, “és el CCE [Centre de Coordinació d'Emergències] de la Generalitat el que defineix quins punts concrets han de controlar-se en cada episodi i la seua periodicitat”. “A més, també designa quin organisme d'entre els citats anteriorment ha d'ocupar-se de cadascun”, afig l'inspector en cap del Consorci Provincial de Bombers de València.

“Quant als punts assignats a les unitats de bombers forestals, si n'hi haguera, el Centre de comunicació i control del Consorci Provincial de Bombers de València designa una unitat atenent criteris de disponibilitat i proximitat”, abunda l'informe.

48 punts de control a la província de València

L'organisme precisa que els punts de mesurament d'escales, en fins a 48 punts de control a la província de València, “no estan assignats a unitats concretes de manera predefinida”.

La retirada del dispositiu de vigilància del cabal del barranc de Poio el 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va deixar 233 morts, va ser un dels principals errors operatius davant de la dana.

El departament d'Emergències de la Generalitat i el Consorci de Bombers, integrat en la Diputació de València, s'han anat culpant mútuament del greu error.

En episodis semblants posteriors a la catàstrofe de la dana, la Generalitat va reconéixer que sí que va controlar el cabal del barranc de Poio, tal com va informar aquest diari.

La jueza de la dana ha incorporado a la causa un informe del inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Jorge Gil, que apunta a la “responsabilidad” del Centro de Emergencias de la Generalitat en la “coordinación” de la información sobre el control del seguimiento de los caudales de ríos o barrancos, tal como establece el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones.

El informe del pasado 13 de octubre, al que ha tenido acceso elDiario.es, enumera los servicios y organismos “colaboradores llamados a participar en el seguimiento de caudales en ríos y barrancos, a petición” del Centro de Emergencias.

La lista incluye a las confederaciones hidrográficas, los municipios y a los servicios de intervención desplegados en el territorio, especialmente la Guardia Civil, el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, la Policía autonómica, los agentes medioambientales, las brigadas de la Diputación de Valencia e incluso las comunidades de regantes y servicios del ciclo integral del agua.

Sin embargo, según precisa el informe, “es el CCE [Centro de Coordinación de Emergencias] de la Generalitat el que define qué puntos concretos deben controlarse en cada episodio y su periodicidad”. “Además, designa también qué organismo de entre los citados anteriormente debe ocuparse de cada uno de ellos”, apostilla el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

“En cuanto a los puntos asignados a las unidades de bomberos forestales, si los hubiera, el Centro de comunicación y control del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia designa una unidad atendiendo a criterios de disponibilidad y proximidad”, abunda el informe.

48 puntos de control en la provincia de Valencia

El organismo precisa que los puntos de medición de escalas, en hasta 48 puntos de control en la provincia de Valencia, “no están asignados a unidades concretas de manera predefinida”.

La retirada del dispositivo de vigilancia del caudal del barranco del Poyo el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 233 fallecidos, fue uno de los principales fallos operativos ante la dana.

El departamento de Emergencias de la Generalitat y el Consorcio de Bomberos, encuadrado en la Diputación de Valencia, se han ido culpando mutuamente del estrepitoso fallo.

En episodios parecidos posteriores a la catástrofe de la dana, la Generalitat reconoció que sí que controló el caudal del barranco del Poyo, tal como informó este diario.

Se trata de uno de los más graves y longevos bulos de la historia de España, nacido en una era analógica al calor de las teorías de la conspiración del 'caso Alcàsser' y amplificado irremediablemente en internet y en las redes sociales. La jueza Sofía Díaz, una de las principales víctimas del bulo del 'caso del Bar España', relató en su declaración como perjudicada que su huella digital, difamada sistemáticamente, ya no podrá resarcirse nunca. Los principales difusores del bulo, a los que el fiscal pide una pena de siete años y medio de prisión, han perdido el control de los contenidos que subieron, frenéticamente, a la red.

Aunque algunos dicen (a través de sus abogados) haberse retractado, aún queda un rastro de sus graves chaladuras en las redes sociales. La magistrada, actualmente presidenta de la Audiencia Provincial de Castelló, relató en la vista oral el “calvario” sufrido durante casi tres décadas, desde que se cruzó en 1997, siendo jueza de instrucción en Vinaròs, con un peluquero alcohólico llamado Reinaldo Colás que denunciaba los supuestos abusos sexuales de la pareja de su exmujer hacia sus dos hijas, de tres y cinco años.

La jueza, reconocida profesional del mundo judicial valenciano, cumplió perfectamente su cometido y, con los informes periciales en la mano que descartaban de plano los abusos, acabó archivando la causa denunciada por Reinaldo Colás, que años después sería condenado por denuncia falsa.

Otra de las víctimas del bulo, Gema R., exdirectora del centro de menores del Baix Maestrat, definió con sencillez y claridad meridiana el origen del lamentable infortunio: “Que un señor llamado Reinaldo Colás no aguantó que lo dejara su mujer, [el caso] más tonto no puede ser”.

Colás, en el que se escuda uno de los acusados, falleció en 2017 dejando en herencia su venganza contra la jueza, contra su exmujer y contra todo aquel que se le pusiera a tiro, incluyendo enemistades personales variadas. El bulo de que la magistrada y políticos tan diversos como Carlos Fabra, Francisco Camps o Mónica Oltra participaban u ocultaban una trama de pederastia e incluso de asesinatos de menores, que solo existía en la cabeza del peluquero –y de quien le quiso creer–, colea hasta la actualidad.

La larga declaración de Sofía Díaz acotó el nacimiento del bulo, que tuvo una enorme repercusión en Castelló y más allá. La magistrada recordó que, mientras instruía la (a la postre falsa) denuncia de Reinaldo Colás, el padre de una de las niñas asesinadas en Alcàsser, Fernando García, que promovía otra disparatada teoría de la conspiración, trató de personarse como acusación popular en la causa del Bar España, en unión con Reinaldo Colás.

“La secuencia del nacimiento, creación y luego crecimiento del 'caso del Bar España' hay que verla en ese contexto”, explicó Díaz. El fiscal Javier Carceller, que ejerce la acusación pública contra los difusores del bulo, también refrendó que “fue Reinaldo quien conectó la actuación suya con el caso de las niñas, como si fuera una ramificación de Alcàsser”.

El programa de Telecinco Esta noche cruzamos el Mississippi, producido y presentado por Pepe Navarro, había esparcido cada noche en horario de máxima audiencia las mentiras de Fernando García, que posteriormente sería condenado por ello. En aquel mundo analógico en el que las televisiones privadas tenían barra libre, Reinaldo Colás fabuló su propia ficción y se dedicó a colgar pasquines en farolas de Benicarló contra la jueza y las primeras víctimas del bulo. “Se nos intentó relacionar con el caso de las niñas de Alcàsser”, recordó la exdirectora del centro de menores del Baix Maestrat. La citada cadena se plantó en los juzgados aduciendo que investigaban el 'caso del Bar España', según rememoró Sofía Díaz.

Un dislate sin freno: la vidente Lola

El dislate no tenía límites: la vidente de Reinaldo Colás, una tal Lola, se personó ante el juez que investigaba la muerte de una enfermera en Benicarló para acusar a la magistrada del crimen, según relató Sofía Díaz durante su testifical. La teoría impulsada por Colás y su vidente era que la enfermera fallecida formaba parte de la (falsa) trama del 'caso Bar España' y que, al querer desvincularse, había sido asesinada por la jueza y/o por sus colaboradores de las élites judiciales.

No fue, ni mucho menos, el único crimen que se le imputó alegremente a la magistrada. “Estaba en todos los asesinatos que se han producido en la Comunidad Valenciana”, dijo la perjudicada, prácticamente con una mezcla de tristeza e ironía.

La jugada de Colás de incluir en la (falsa) trama de pederastia a Carlos Fabra, entonces presidente de la Diputación de Castelló, fue todo un éxito que multiplicó la efectividad del bulo, al estar el político del PP inmerso en mediáticas investigaciones por corrupción en aquella época. Fabra, actualmente un jubilado de 81 años, recordó este miércoles que los hechos que se le imputaban eran “gravísimos”. Al igual que Francisco Camps, quien consideraba que se había usado su nombre simplemente para “darle mayor eco” al invento. El expresident definió la espiral creada con el 'caso del Bar España' como una “pandemia de horror” cuyo “calumniador cero” era Reinaldo Colás.

El banquillo de conspiranoicos

Y es que ha sido un bulo de larga duración que se amplificó a lo bestia y sin solución de continuidad en una segunda fase digital, con internet y las redes sociales. De la pederastia se escaló al satanismo, a oscuras élites y a cualquier tontería que se les pasara por la cabeza. Los conspiranoicos que se sientan en el banquillo de los acusados ante la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castelló, usando los materiales iniciales de Reinaldo Colás y otorgándoles plena veracidad, fueron amplificando el infundio y metiendo a nuevas víctimas.

La magistrada denunció todos los contenidos que localizó en redes. También destacó el papel de Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, de Pilar Baselga, de Gabriel Hernández Serrano (del canal Las cloacas del sistema) y de Juan Lankamp Riaza. Baselga y Lankamp, entre otros, acudieron el 2 de junio de 2017 a la Ciudad de la Justicia de Castelló con una pancarta con falsas acusaciones de pederastia contra la magistrada, que sufrió uno de tantos ataques de ansiedad.

Tanto Baselga como Lankamp ya fueron condenados en 2018 por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castelló por intromisión ilegítima del derecho al honor de la magistrada. Por lo demás, y para rizar el rizo, Lankamp también fue condenado por el Tribunal Supremo por vincular al rey emérito, Juan Carlos de Borbón, con el crimen de Alcàsser.

El abogado que ejerce la defensa de Juan Lankamp ha insistido repetidamente en el juicio en que su cliente se ha retractado. Por el contrario, el mismo letrado defiende a Gabriel Hernández Serrano, artífice del activo canal Las cloacas del sistema, quien “no ha parado” de difundir el bulo incluso estando acusado, tal como recordó Sofía Díaz.

El bulo se canalizó también en otros canales, de los cuales la magistrada citó el de Rafael Palacios, veterano conspiranoico digital. “Son miles y miles [de difamaciones]”, dijo Sofía Díaz, tanto en X como en Instagram, Facebook, Telegram, en pódcast, en páginas webs o en vídeos de YouTube. “Es diario, todos los días”.

Por otro lado, el abogado de Un técnico preocupado también insiste en la retractación de su cliente. La jueza señaló que fue “uno de los mayores difusores” y que, una vez detenido en el marco de esta causa, Ramón Valero se dedicó a recaudar fondos para su defensa. La magistrada recordó que en el registro de su domicilio se le hallaron 200.000 euros “en efectivo” (su abogado adujo que, en otro procedimiento, se había “determinado la legalidad de los fondos”).

La “victimización secundaria” de la magistrada

Todas las víctimas dejaron constancia de la afectación psicológica producida a consecuencia del bulo. La jueza, tras casi tres décadas de ataques de ansiedad, llevaba los diez días anteriores a su declaración en el juicio oral sin apenas comer ni dormir. Gema R., la exdirectora del centro de menores del Baix Maestrat, recibió durante estas casi tres décadas numerosos “mensajes de odio” e incluso perdió amigos por la “fuerte presión social” en Castelló. También renunció a ejercer la acusación en este procedimiento por miedo a eventuales represalias. “Ha sido una carrera de fondo para mantener la salud mental”, dijo ante el tribunal.

Casi todos los letrados de las defensas expresaron su “sincera empatía” y “comprensión” hacia las víctimas, especialmente con Sofía Díaz. Aunque solo el representante del Ministerio Público pidió disculpas a la jueza por la “victimización secundaria” a la que se le había sometido con determinadas preguntas de los abogados, so pretexto del legítimo ejercicio del derecho a la defensa.

El fiscal Javier Carceller afronta la titánica y compleja tarea de hacer desaparecer los contenidos difamadores colgados en la red. Sin embargo, hay batallas que se pueden dar por perdidas. Poco después de la publicación de la declaración de la jueza Sofía Díaz, un hombre que aseguraba haber sido amigo de Reinaldo Colás escribió un mensaje a este diario en el que manifestaba que “los altos mandos judiciales, policiales y políticos eran y son intocables” y que el fallecido peluquero, por el contrario, era “una buena persona y muy valiente”. Es lo que hay.

El expresident Francisco Camps ha declarado este miércoles como perjudicado en la tercera sesión del juicio a los difusores del bulo del 'caso del Bar España': “Usaron mi nombre para darle mayor eco”, ha afirmado. Camps ha definido como “pandemia de horror” y “barbarie de calumnia” la difusión del infundio, que lo vinculaba a una falsa trama de pederastia y asesinato de menores inventada por Reinaldo Colás, un peluquero alcohólico fallecido en 2007 que se inventó el dislate por venganza contra su exmujer. Los acusados, de la esfera conspiracionista, multiplicaron el bulo en internet y en redes sociales durante décadas.

Camps ha aludido a las “gravísimas imputaciones, dañinas en el sentido más brutal” que sufrió, junto con “un montón de gente más”. El expresident ha dicho que los calumniadores pretendían “darle la mayor difusión posible” al bulo, a partir del “calumniador cero”, en referencia a Reinaldo Colás. “Se ha hecho daño por hacer daño, y todo el daño posible”, ha remachado el expresident de la Generalitat.

“Es algo que queda en el imaginario de algún grupo de personas determinado”, ha apostillado. Francisco Camps ha aludido a una magistrada que “ha sufrido muchísimo”, en referencia a Sofía Díaz, actual presidenta de la Audiencia Provincial de Castelló, que también ha declarado este miércoles para relatar el tremendo calvario que ha sufrido estas últimas tres décadas.

Camps espera, según ha manifestado, que “el que difame o calumnie sepa que el peso de la justicia va a caer sobre él”.

Hechos “gravísimos”, según Carlos Fabra

Por otro lado, Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, ha asegurado que la expansión del bulo del 'caso del Bar España' fue una de las “razones de peso” que forzó su dimisión de los puestos políticos que ostentaba.

Las difamaciones “absolutamente disparatadas” también afectaron a su esposa, que necesitó atención psicológica. “Los hechos fueron gravísimos”, ha agregado.

“Esto me perjudica a mí y a cualquier persona decente”, ha concluido Carlos Fabra, que se ha retratado un “jubilado de 81 años”.

Mónica Oltra dice que sufrió una “presión insoportable”

Además, también ha declarado la ex vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, quien ha explicado que Reinaldo Colás y una pequeña tropa de adeptos hicieron llegar a su jefe de gabinete un dosier con las fabulaciones del 'caso Bar España'.

Oltra ha dicho que su departamento se limitó a trasladar las graves acusaciones al Ministerio Fiscal y que luego fue sometida por los difusores del bulo a “escarnio público” al incluirla en la falsa trama, al igual que a la exconsellera de Justicia, Gabriel Bravo y dos ex directoras generales.

“Esto es como una mancha de aceite, se va extendiendo”, ha relatado la perjudicada. Mónica Oltra también fue señalada por el bulo del 'caso Bar España': “Esto se lleva muy mal personalmente, hay una carga reputacional y profesional”.

Oltra ha vinculado los infundios sobre el bulo con la causa en la que figura como procesada por el supuesto ocultamiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por los que fue condenado su exmarido. También ha indicado que le causó “ansiedad” y perjuicio por daños morales y materiales. Como el resto de perjudicados, la dirigente de Compromís ha pedido el derecho al olvido en relación con el bulo.

Rosa Molero, ex directora general de menores del departamento que dirigía Mónica Oltra, ha expresado la experiencia “bastante doliente”. Molero también ha pedido que se ejerza el derecho al olvido y que se retiren definitivamente los contenidos en la red que la vinculaban con la falsa trama.

La jueza señalada desde hace casi tres décadas por los difusores del bulo del 'caso Bar España', que falsamente la han acusado de ser pederasta y asesina, ha relatado en la vista oral el “calvario” que ha sufrido y que ha afectado tanto a su salud como a su carrera profesional. “No se lo deseo a nadie”, ha dicho la magistrada Sofía Díaz, actualmente presidenta de la Audiencia Provincial de Castelló. Además de la afectación a su imagen, la persecución propició que tuviera que interponer numerosas denuncias, que temiera seriamente por su seguridad y que se ocultara en las fotografías oficiales en actos públicos, al estar en la diana de varios de los acusados, principalmente de los conspiranoicos Pilar Baselga, Juan Lankamp Riaza, Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, o Gabriel Hernández Serrano (del canal Las cloacas del sistema). La mujer ha afirmado que su huella digital jamás podrá ser reparada, al haber perdido los acusados el “control” del material que propagaron en la red.

La magistrada, que comparecía este miércoles en la tercera sesión del juicio en condición de perjudicada, ha explicado con pelos y señales el origen del bulo: tuvo la mala suerte de cruzarse en 1997, en una guardia mientras era jueza de instrucción en Vinaròs, con una denuncia de Reinaldo Colás, un peluquero con problemas de alcoholismo que había grabado a sus hijas de apenas tres y cinco años denunciando supuestos abusos sexuales por parte de la pareja de su exmujer, Giuseppe Farina. Colás se había divorciado de su exesposa y mantenía con ella un contencioso por la custodia de las niñas.

Sofía Díaz cumplió perfectamente con su cometido de jueza instructora: encargó análisis periciales a una psicóloga y una psiquiatra, que concluyeron que había una “interferencia del padre” y que descartaron de plano la veracidad de las denuncias de abusos sexuales. El peluquero consiguió reabrir varias veces el procedimiento, aportando nuevos testigos. Sin embargo, tras seguir todos los cauces procesales habituales, la causa se archivó definitivamente y Colás inició una venganza. A la jueza le espetó: “Esto no va a quedar así”.

Grave difamación “día tras día” y “año tras año”

El nombre de la magistrada empezó a aparecer en la red, sin freno, asociado a todo tipo de imputaciones en relación con una fabulada red de pederastia y de asesinatos. Reinaldo Colás incluyó también a otros personajes públicos, como el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entre muchos otros.

La mujer ha enumerado los calificativos que le han lanzado los acusados en redes sociales durante años: “Me han dicho asesina, pederasta, violadora de niños, torturadora, corrupta, traficante de armas, traficante de drogas, drogadicta, prevaricadora, perteneciente a una mafia satánica”. También ha precisado que la grave difamación fue “día tras día” y “año tras año”. “Siguen haciendo el daño a día de hoy, no han parado”, ha apostillado.

“Se me ha humillado de todas las maneras posibles, como persona, mujer, esposa, madre y como juez. Se ha ofendido mi dignidad, mi honra, mi honestidad y mi reputación personal y profesional. En todas las redes mi cara y mi nombre sale vinculado a los delitos más execrables y graves que existen en el Código Penal. Ustedes me han robado mi privacidad”, ha dicho en referencia a los acusados.

“Mi huella digital está marcada para siempre”

La magistrada Sofía Díaz ha explicado que los conspiranoicos “han perdido el control” de los contenidos que compartieron en la red, expandidos sin control. “Mi huella digital está marcada para siempre por las peores barbaridades del Código Penal, esto va a quedar hasta después de mi muerte”, ha incidido la perjudicada.

También ha destacado que los acusados —especialmente Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, y Gabriel Hernández Serrano (del canal Las cloacas del sistema)— expandieron el infundio en “todas” las redes sociales, incluyendo X, Instagram, Facebook o Telegram, además de en numerosos pódcast o vídeos de Youtube.

Sobre Juan Lankamp Riaza, ha recordado que el acusado pidió su “condena a pena de muerte” en un “zulo”. También quedó “muy asustada” por las manifestaciones en la red de otro de los inicialmente acusados, el ya fallecido Josele Sánchez.

La magistrada ha explicado que ha “gastado muchísimo tiempo en redes” buscando las difamaciones que sufría. También ha relatado la afectación a su vida familiar y profesional, al haber tenido que rechazar el ofrecimiento de determinados cargos en su carrera judicial por miedo a la persecución que sufría.

La persiguieron hasta la Ciudad de la Justicia de Castelló

Los acusados también se hicieron con una imagen de un acto académico privado de su hija y la divulgaron, de nuevo asociándola con la trama inventada por Reinaldo Colás.

Por otro lado, varios de los principales acusados (entre ellos Juan Lankamp Riaza y Pilar Baselga) se coordinaron para plantarse el 2 de junio de 2017 en la Ciudad de la Justicia de Castelló con una pancarta con falsas acusaciones de pederastia contra la magistrada. Sofía Díaz sufrió un ataque de ansiedad, una afectación constante en estas tres décadas de persecución, según ha detallado.

Los dos letrados que ejercen las defensas de Ramón Valero Martín Consuegra y de Juan Lankamp Riaza han alegado que sus clientes se han retractado en el marco de la vista oral en la que el fiscal les pide siete años y medio de prisión.

Sin embargo, la jueza ha pedido que hagan una retractación en redes sociales que tenga la misma repercusión que tuvieron los numerosísimos infundios que han propagado sobre ella.

El abogado que defiende a Lankamp también ejerce la defensa de Gabriel Hernández Serrano, quien en ningún caso se ha retractado. La magistrada ha recordado que, en el caso específico de Gabriel Hernández, “no ha parado” de difundir el bulo, a pesar de estar acusado.

Mensajes de Pilar Baselga “en 2025”

La víctima también ha enumerado los últimos mensajes de Pilar Baselga en su canal de Telegram vinculados al bulo: el 8 de junio de 2023 y el 6 de julio de 2025. En ese último mensaje, Baselga aludió al “pedosatanismo” y al “Bar España”. “Esto es el Telegram de Pilar Baselga en 2025”, ha remachado Sofía Díaz.

La acusada, por otro lado, ya fue condenada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castelló por intromisión ilegítima del derecho al honor de la magistrada, a la que tuvo que abonar una indemnización de 24.000 euros, según ha destacado el abogado que ejerce la defensa de Baselga.

Por otro lado, el letrado Javier Fernández Torres, acusado que se defiende a sí mismo, ha planteado varias preguntas declaradas por el juez como improcedentes.

Tras casi cuatro horas describiendo el calvario que sufrió Sofía Díaz a consecuencia de los desmanes de Reinaldo Colás, el acusado ha planteado a la magistrada perseguida por los difusores del bulo si estaba dispuesta a adherirse a que se investigaran las denuncias del peluquero. “Me está ofendiendo este señor”, ha contestado la víctima.

El jutge que investiga l'excomissionat del Govern per a la dana, José María Ángel, per la suposada falsificació del seu títol universitari ha demanat a la Diputació de València els expedients de les seues sol·licituds de pròrroga per al servei actiu com a funcionari i que informe sobre si “es va requerir, aportar o valorar alguna titulació acadèmica de l'interessat”. Així figura en una providència del passat 8 d'octubre a la qual ha tingut accés elDiario.es.

Les pròrrogues en el lloc de funcionari de l'expolític es constitueixen en un element clau del procediment. La secció tercera de l'Audiència de València va reobrir la causa —prèviament arxivada pel titular de la plaça número 4 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València en considerar que la suposada falsificació del títol universitari, en tot cas, estaria prescrita— emparant-se en el fet que “cada vegada que el funcionari demana la pròrroga, no es limita a continuar en una situació ni té el dret absolut a la continuació, sinó que ha d'al·legar que reuneix els requisits d'aptitud que en el seu moment el van facultar per a optar al lloc en què desitja continuar”. És a dir, les pròrrogues impedeixen la prescripció dels fets, segons la tesi de l'Audiència de València.

José María Ángel va demanar quatre pròrrogues per al servei actiu, entre 2021 i 2024. El jutge instructor ha sol·licitat a la institució provincial precisament els expedients administratius íntegres relatius a aquestes pròrrogues i els informes vinculats, “en particular els d'aptitud i capacitat funcional”.

D'altra banda, la providència també ordena a la Diputació de València que “adopte immediatament les mesures necessàries de preservació per a evitar l'alteració” o la “pèrdua” de les dades contingudes en la pàgina web de l'Ajuntament de l'Eliana, localitat de la qual Ángel va ser alcalde.

La resolució també demana —“en cas d'existir”— la còpia certificada del “saluda” de l'alcalde durant l'etapa d'Ángel com a primer edil. “En cas de no existir o de no poder recuperar-se la informació sol·licitada”, l'instructor demana a la Diputació que certifique les “comprovacions efectuades”.

El juez que investiga al excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, por la supuesta falsificación de su título universitario ha pedido a la Diputación de Valencia los expedientes de sus solicitudes de prórroga para el servicio activo como funcionario y que informe sobre si “se requirió, aportó o valoró titulación académica alguna del interesado”. Así figura en una providencia del pasado 8 de octubre a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Las prórrogas en el puesto de funcionario del expolítico se erigen en un elemento clave del procedimiento. Ya que la sección tercera de la Audiencia de Valencia reabrió la causa —previamente archivada por el titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València al considerar que la supuesta falsificación del título universitario en todo caso estaría prescrita— escudándose en que “cada vez que el funcionario pide la prórroga, no se limita a continuar en una situación ni tiene el derecho absoluto a la continuación, sino que debe alegar que reúne los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto en que desea continuar”. Es decir, las prórrogas impiden la prescripción de los hechos, según la tesis de la Audiencia de Valencia.

José María Ángel pidió cuatro prórrogas para el servicio activo, entre 2021 y 2024. El juez instructor ha solicitado a la institución provincial precisamente los expedientes administrativos íntegros relativos a esas prórrogas y los informes vinculados, “en particular los de aptitud y capacidad funcional”.

Por otro lado, la providencia también ordena a la Diputación de Valencia que “adopte inmediatamente las medidas necesarias de preservación para evitar la alteración” o “pérdida” de los datos contenidos en la página web del Ayuntamiento de l'Eliana, localidad de la que Ángel fue alcalde.

La resolución también pide —“en caso de existir”— la copia certificada del “saluda” del alcalde durante la etapa de Ángel como primer edil. “En caso de no existir o de no poder recuperarse la información solicitada”, el instructor pide a la Diputación que certifique las “comprobaciones efectuadas”.

L'advocat Javier Fernández Torres es defensa a si mateix en el juí per la farsa del 'cas Bar España' i compareix al banc dels acusats en modalitat telemàtica, ja que resideix a Irlanda. L'acusat va declarar aquest dimarts, en la segona sessió de la vista oral, per a carregar el mort a Reinaldo Colás, el perruquer mort el 2017 que, per venjança contra la seua exdona, va crear inicialment la notícia falsa d'una suposada trama de pederàstia i assassinats a Castelló que implicava falsament la parella d'aquesta última, la magistrada que va arxivar la seua denúncia i càrrecs públics rellevants, amb una mentida amplificada en xarxes socials pel submon conspiranoic, per la qual el fiscal Javier Carceller sol·licita penes de set anys de presó pels presumptes delictes contra la integritat moral i continuat de calúmnies amb publicitat contra autoritat i funcionari i contra particular.

Fernández Torres va relatar davant del jutge de la plaça 3 de la Secció Penal del Tribunal d'Instància de Castelló que Colás li va fer un “encàrrec professional” i li va remetre un “document de 204 pàgines”, a més d'un “informe pericial” sobre les seues filles, que suposadament haurien sigut les primeres víctimes de la falsa trama del 'cas Bar España'. Tot això, segons va declarar l'acusat, “perquè s'investigaren els fets i es determinara si, efectivament, aquestes denúncies que figuraven en el document eren verídiques o eren falses”, segons va manifestar el lletrat a preguntes del representant del Ministeri Públic.

“Jo no vaig fer denúncies, vaig fer un dictamen jurídic”, va al·legar l'advocat, qui es va emparar en el “treball d'investigació de Reinaldo”.

L'acusat va dir que “no tenia coneixement” que un dels principals assenyalats per les denúncies de Reinaldo Colás era precisament Giuseppe Farina, la parella de la seua exdona, amb qui el perruquer mantenia un contenciós pel règim de visites de les seues filles.

Fernández també va assegurar, en un primer moment, que “no va tindre coneixement” que Colás havia sigut condemnat per denúncia falsa (el 2013 pel Jutjat Penal número 1 de Vinaròs).

Després va dir que havia sentit “comentaris” sobre el fet que el perruquer havia sigut condemnat pel bulo i va reconéixer que sabia que Reinaldo Colás “tenia procediments” per les seues denúncies falses. I, finalment, va precisar que el seu client “va mencionar tangencialment” que havia sigut condemnat per denúncia falsa.

Disbarats amb “aparença de veracitat molt gran”

No obstant això, l'acusat no va poder comprovar el contingut dels dossiers que elaboraven Colás i els seus col·laboradors, “per falta de mitjans econòmics”, segons va defendre. “Reinaldo no comptava amb mitjans suficients, vaig tractar de donar-li suport en tot el que vaig poder”, va rematar.

La documentació que li va aportar Colás, que sostenia que s'havien produït abusos a menors i fins i tot assassinats al Bar España, presentava una “aparença de veracitat molt gran” i era “molt profunda”, va dir Javier Fernández.

L'acusat també es va parapetar en un segon personatge pròxim a Colás, el també mort Joaquín Crespo Marqués. “Ara com ara aquest informe perd valor per la mort dels dos”, es va escudar Javier Fernández, a manera d'estratègia de defensa. L'advocat va afegir que “en absolut” sabia que Crespo també havia sigut condemnat per denúncia falsa.

D'altra banda, el lletrat va negar que es concertara o es coordinara per a amplificar l'engany amb la resta d'acusats, tots pertanyents al submon conspiranoic, incloent-hi Ramón Valero Martín Consuegra, àlies Un técnico preocupado, o Pilar Baselga, absolta en primera instància per anomenar “Begoño” Begoña Gómez, esposa del president Pedro Sánchez, i vincular-la amb el narcotràfic.

Javier Fernández va reconéixer que va remetre el 2016 un informe a una llarga llista d'institucions: la Fiscalia, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, la Casa Reial, el Consell General del Poder Judicial, la Generalitat o l'Agència Valenciana Antifrau.

També a càrrecs autonòmics com l'aleshores president Ximo Puig i la seua vicepresidenta, Mónica Oltra, o a representants polítics de l'època com Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Joan Baldoví, Rafael Hernando o Gabriel Rufián, entre altres. “Havien de saber que no s'estaven investigant un munt d'assassinats per part de cap administració pública competent”, va dir Fernández.

El fiscal va recordar que l'acusat, mentre enviava a mitja Espanya la bola, tenia una requisitòria de cerca i captura perquè no s'havia presentat davant del jutjat que l'investigava per la difusió de la desinformació.

Acusava “de manera expressa” Oltra o Camps

En els escrits, acusava “de manera expressa” càrrecs públics com Oltra o l'exconsellera de Justícia Gabriela Bravo, entre molts altres, “de l'omissió del deure d'impedir delictes”, segons va recordar el fiscal Carceller. També va implicar l'expresident Francisco Camps.

D'altra banda, l'acusat va reconéixer haver aportat el document elaborat per Reinaldo Colás a Virginia Mota San Máximo, a qui va elogiar com una “professional seriosa i rigorosa” i qui també s'asseu al banc dels acusats per difondre l'engany del 'cas Bar España' en el “periòdic digital” Aquí Actualidad, ja desaparegut de la xarxa i l'editor del qual, Santiago Cordido García, figura com a responsable civil.

Javier Fernández revestia els seus escrits amb el segell d''Abogados contra la Corrupción', una entitat que mai va arribar a constituir-se oficialment i que el lletrat va definir com una “firma privada” de la qual posseïa el “100% de titularitat”. “La fundació es va quedar en l'aire per falta de fons”, va indicar l'acusat.

El fiscal, per contra, considera que l'advocat va utilitzar “com a pantalla” l'entitat “amb l'única finalitat de donar aparença de serietat a les seues actuacions” relatives al bulo del 'cas Bar España'.

Les declaracions de les víctimes

Les sessions següents del juí inclouen la declaració testifical de diverses víctimes de la notícia falsa del 'cas Bar España', com Francisco Camps, Mónica Oltra o Carlos Fabra, expresident de la Diputació de Castelló.

També declararan com a perjudicats la magistrada que va arxivar per falta de proves la primera denúncia de la faula, que ha patit durant quasi dues dècades una persecució sistemàtica, o enemistats personals de Reinaldo Colás incloses en la mentida, a més de les filles del perruquer mort.

Cada vegada que la Generalitat respon davant d'una nova dana que assota el territori valencià queda en evidència la catastròfica gestió del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 233 morts. L'actual president, Juan Francisco Pérez Llorca, es va personar el matí d'aquest passat dilluns en la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi), acompanyant el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama. A diferència de l'anterior cap del Consell, Carlos Mazón, que va allargar un dinar i la sobretaula amb Maribel Vilaplana al reservat del restaurant El Ventorro i va arribar a la reunió quan ja hi havia morts i centenars de persones continuaven atrapades per les inundacions.

Pérez Llorca va estar “des d'abans de les 5.30 del matí” en “contacte permanent” amb el conseller Valderrama, segons va dir en xarxes socials. També a diferència del seu antecessor en el càrrec, l'actual president va contactar amb alcaldes dels municipis afectats, com el dels Poblets, a la comarca de la Marina Alta, “per a conéixer de primera mà com es troba la situació”.

Es tracta d'un contrast cridaner. Mentre que l'aleshores consellera Salomé Pradas va afrontar aquell desastrós Cecopi pràcticament sense més representació del seu mateix rang que l'acompanyara —la vicepresidenta Susana Camarero es va desconnectar de la reunió per a acudir a una entrega de premis—, l'última reunió d'emergència ha seguit l'episodi de pluges que ha afectat el litoral sud de la província de València i el litoral nord d'Alacant i ha deixat, almenys, quatre morts amb la presència destacada de Pérez Llorca i amb compareixences públiques del president per a alertar la població amb una certa antelació.

De fet, a més dels reiterats missatges ES-Alert enviats, la Generalitat activava davant la dana Adam el confinament de 142 municipis, en els quals s'ha restringit la mobilitat. Per contra, la vesprada del 29 d'octubre de 2024, José Manuel Cuenca, l'aleshores cap de gabinet de Carlos Mazón, va intentar frenar aquesta opció, que precisament manejava la consellera Pradas al Cecopi.

“Salo, de confinar res”, li va etzibar en un missatge de WhatsApp incorporat a la causa en la qual l'exconsellera Salomé Pradas figura com a investigada pel presumpte delicte d'homicidi imprudent, juntament amb el seu “número dos” en Emergències, Emilio Argüeso.

Limitacions “proporcionals”, addueix Emergències

El conseller Valderrama publicava aquest dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) l'ordre amb les mesures “temporals i excepcionals” de confinament. La resolució indica que l'evolució de l'emergència de la dana Adam “obliga a reforçar, amb caràcter immediat, per raons de seguretat de les persones i de les necessitats operatives dels serveis de resposta, el confinament i la restricció absoluta de la mobilitat de nombrosos municipis”.

“Aquestes limitacions són proporcionals a la finalitat perseguida, ja que les mesures adoptades són menys perjudicials per als drets de tercers, no es prolonguen especialment en el temps i són les úniques que es poden adoptar per a aconseguir la finalitat perseguida”, postil·la l'ordre.

El Cecopi d'aquest passat dilluns prenia la decisió a les 7.00 del matí, basant-se en la “base legal” de la Llei del Sistema Nacional de Protecció Civil i la norma autonòmica de Gestió d'Emergències, que “faculta per a l'adopció de les mesures” de confinament, segons postil·lava l'ordre publicada en el DOGV.

Cuenca a Pradas: “Lleva't això del cap”

Per contra, el Cecopi de la dana va debatre extensament la possibilitat de confinar la població, segons han confirmat diversos testimonis. La consellera Pradas va informar d'aquesta possibilitat el cap de gabinet de Mazón (davant dels problemes per a comunicar-se directament amb el president) i José Manuel Cuenca va plantejar serioses objeccions, fins i tot amb un cert to indecorós.

Cuenca considerava que per a prendre aquesta mesura feia falta “un estat d'alarma” i que aquesta decisió l'havia de prendre “la xica” que Pradas tenia al seu “costat” en el Cecopi, en referència a la delegada del Govern, Pilar Bernabé.

Mentre que el cap de gabinet demanava “calma”, Salomé Pradas adduïa que es podia acordar el confinament, d'acord amb la normativa autonòmica en matèria d'Emergències (precisament la mateixa que ha utilitzat aquest dilluns davant la dana Adam la Generalitat). “Lleva't això del cap. Tranquil·la, xe”, va insistir José Manuel Cuenca en resposta a aquest últim missatge de Pradas.

El cap de gabinet de Mazón, tal com va informar aquest diari, va ocultar en la seua primera declaració davant la jutgessa instructora de la causa de la dana l'existència d'aquelles ordres.

Pérez Llorca demana evitar “zones inundables”

D'altra banda, el president Juan Francisco Pérez Llorca demanava a la població des de primera hora del matí que se seguiren les indicacions de l'ES-Alert: “No eixiu de casa, eviteu qualsevol desplaçament i allunyeu-vos de zones inundables”, rematava l'actual cap del Consell.

A més, en una altra compareixença notablement allunyada del to de Carlos Mazón el 29 d'octubre de 2024, Pérez Llorca afirmava prop del migdia que, malgrat que el temporal anava “remetent”, continuava “havent-hi molt risc”.

Per la seva banda, Mazón, en la seva única compareixença del matí del dia dels fets, va transmetre dades desactualitzades (tal com ha acreditat la jutgessa instructora) i, pràcticament, va donar per finiquitada l'emergència.

El abogado Javier Fernández Torres se defiende a sí mismo en el juicio por el bulo del 'caso Bar España' y comparece en el banquillo de los acusados en la modalidad telemática, al residir en Irlanda. El acusado declaró este martes, en la segunda sesión de la vista oral, para echarle el muerto a Reinaldo Colás, el peluquero fallecido en 2017 que, por venganza hacia su exmujer, creó inicialmente el bulo de una supuesta trama de pederastia y asesinatos en Castelló que implicaba falsamente a la pareja de ésta última, a la magistrada que archivó su denuncia y a relevantes cargos públicos, con un infundio amplificado en redes sociales por el submundo conspiranoico, por el que el fiscal Javier Carceller solicita penas de siete años de prisión por los presuntos delitos contra la integridad moral y continuado de calumnias con publicidad contra autoridad y funcionario y contra particular.

Fernández Torres relató ante el juez de la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castelló que Colás le hizo un “encargo profesional” y le remitió un “documento de 204 páginas”, además de un “informe pericial” sobre sus hijas, que supuestamente habrían sido las primeras víctimas de la falsa trama del 'caso Bar España'. Todo ello, según declaró el acusado, “para que se investigasen los hechos y se determinase si, efectivamente, esas denuncias que figuraban en el documento eran verídicas o eran falsas”, según manifestó el letrado a peguntas del representante del Ministerio Público.

“Yo no hice denuncias, hice un dictamen jurídico”, alegó el abogado, quien se amparó en el “trabajo de investigación de Reinaldo”.

El acusado dijo que “no tenía conocimiento” de que uno de los principales señalados por las denuncias de Reinaldo Colás era precisamente Giuseppe Farina, la pareja de su exmujer, con quien el peluquero mantenía un contencioso por el régimen de visitas de sus hijas.

Fernández también aseguró, en un primer momento, que “no tuvo conocimiento” de que Colás había sido condenado por denuncia falsa (en 2013 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vinaròs).

Luego dijo que había oído “comentarios” sobre el hecho de que el peluquero había sido condenado por el bulo y reconoció que sabía que Reinaldo Colás “tenía procedimientos” por sus denuncias falsas. Y, finalmente, precisó que su cliente “mencionó tangencialmente” que había sido condenado por denuncia falsa.

Dislates con “apariencia de veracidad muy grande”

Sin embargo, el acusado no pudo comprobar el contenido de los dosieres que elaboraban Colás y sus colaboradores, “por falta de medios económicos”, según defendió. “Reinaldo no contaba con medios suficientes, traté de apoyarle en todo lo que pude”, remachó.

La documentación que le aportó Colás, que sostenía que se habían producido abusos a menores e incluso asesinatos en el Bar España, presentaba una “apariencia de veracidad muy grande” y era “muy profunda”, dijo Javier Fernández.

El acusado también se parapetó en un segundo personaje cercano a Colás, el también fallecido Joaquín Crespo Marqués. “A día de hoy ese informe pierde valor por el fallecimiento de los dos”, se escudó Javier Fernández, a modo de estrategia de defensa. El abogado apostilló que “en absoluto” sabía que Crespo también fue condenado por denuncia falsa.

Por lo demás, el letrado negó que se concertara o se coordinara para amplificar el bulo con el resto de acusados, todos pertenecientes al submundo conspiranoico, incluyendo a Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, o a Pilar Baselga, absuelta en primera instancia por llamar “Begoño” a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y vincularla con el narcotráfico.

Javier Fernández reconoció que remitió en 2016 un informe a una larga lista de instituciones: la Fiscalía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat o la Agencia Valenciana Antifraude.

También a cargos autonómicos como el entonces president Ximo Puig y su vicepresidenta, Mónica Oltra, o a representantes políticos de la época tales como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Joan Baldoví, Rafael Hernando o Gabriel Rufián, entre otros. “Tenían que saber que no se estaban investigando un montón de asesinatos por parte de ninguna administración pública competente”, dijo Fernández.

El fiscal recordó que el acusado, mientras enviaba a media España el bulo, tenía una requisitoria de busca y captura al no haberse presentado ante el juzgado que le investigaba por la difusión de la desinformación.

Acusaba “de manera expresa” a Oltra o Camps

En los escritos, acusaba “de manera expresa” a cargos públicos como Oltra o la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, entre muchos otros, “de la omisión del deber de impedir delitos”, según recordó el fiscal Carceller. También implicó al expresident Francisco Camps.

Por otro lado, el acusado reconoció haber aportado el documento elaborado por Reinaldo Colás a Virginia Mota San Máximo, a quien elogió como una “profesional seria y rigurosa” y quien también se sienta en el banquillo de los acusados por difundir el bulo del 'caso Bar España' en el “periódico digital” Aquí Actualidad, ya desaparecido de la red y cuyo editor, Santiago Cordido García, figura como responsable civil.

Javier Fernández revestía sus escritos con el sello de 'Abogados contra la Corrupción', una entidad que nunca se llegó a constituir oficialmente y que el letrado definió como una “firma privada” de la cual poseía el “100% de titularidad”. “La fundación se quedó en el aire por falta de fondos”, indicó el acusado.

El fiscal, por el contrario, considera que el abogado usó “como pantalla” a la entidad “con la única finalidad de dar apariencia de seriedad a sus actuaciones” relativas al bulo del 'caso Bar España'.

Las declaraciones de las víctimas

Las siguientes sesiones del juicio incluyen la declaración testifical de varias víctimas del bulo, tales como Francisco Camps, Mónica Oltra o Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón.

También declararán como perjudicados la magistrada que archivó por falta de pruebas la primera denuncia de la fábula, que ha sufrido durante casi dos décadas una persecución sistemática, o enemistades personales de Reinaldo Colás incluidas en el infundio, además de las hijas del peluquero fallecido.

Cada vez que la Generalitat responde ante una nueva dana que azota el territorio valenciano queda en evidencia la catastrófica gestión del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 233 fallecidos. El actual president, Juan Francisco Pérez Llorca, se personó la mañana de este pasado lunes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), acompañando al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama. A diferencia del anterior jefe del Consell, Carlos Mazón, que alargó una comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en el reservado del restaurante El Ventorro y llegó a la reunión cuando ya había fallecidos y cientos de personas permanecían atrapadas por las inundaciones.

Pérez Llorca estuvo “desde antes de las 5.30 de la mañana” en “contacto permanente” con el conseller Valderrama, según dijo en redes sociales. También a diferencia de su antecesor en el cargo, el actual president contactó con alcaldes de los municipios afectados, como el de Els Poblets, en la comarca de la Marina Alta, “para conocer de primera mano cómo se encuentra la situación”.

Se trata de un contraste llamativo. Mientras que la entonces consellera Salomé Pradas afrontó aquel desastroso Cecopi prácticamente sin más representación de su mismo rango que la acompañara —la vicepresidenta Susana Camarero se desconectó de la reunión para acudir a una entrega de premios—, la última reunión de emergencia ha seguido el episodio de lluvias que ha afectado al litoral sur de la provincia de Valencia y al litoral norte de Alicante y ha dejado, al menos, cuatro fallecidos con la presencia destacada de Pérez Llorca y con comparecencias públicas del president para alertar a la población con cierta antelación.

De hecho, además de los reiterados mensajes Es-Alert enviados, la Generalitat activaba ante la dana Adam el confinamiento de 142 municipios, en los que se ha restringido la movilidad. Por el contrario, la tarde del 29 de octubre de 2024, José Manuel Cuenca, el entonces jefe de gabinete de Carlos Mazón, trató de frenar esa opción, que precisamente manejaba la consellera Pradas en el Cecopi.

“Salo, de confinar nada”, le espetó en un mensaje de WhatsApp incorporado a la causa en la que la exconsellera Salomé Pradas figura como investigada por el presunto delito de homicidio imprudente, junto con su 'número dos' en Emergencias, Emilio Argüeso.

Limitaciones “proporcionales”, aduce Emergencias

El conseller Valderrama publicaba este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la orden con las medidas “temporales y excepcionales” de confinamiento. La resolución indica que la evolución de la emergencia de la dana Adam “obliga a reforzar, con carácter inmediato, por razones de seguridad de las personas y de las necesidades operativas de los servicios de respuesta, el confinamiento y la restricción absoluta de la movilidad de numerosos municipios”.

“Estas limitaciones son proporcionales a la finalidad perseguida, puesto que las medidas adoptadas son menos perjudiciales para los derechos de terceros, no se prolongan especialmente en el tiempo y son las únicas que se pueden adoptar para alcanzar la finalidad perseguida”, apostilla la orden.

El Cecopi de este pasado lunes tomaba la decisión a las 7.00 de la mañana, apoyándose en la “base legal” de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y la norma autonómica de Gestión de Emergencias, que “faculta para la adopción de las medidas” de confinamiento, según apostillaba la orden publicada en el DOGV.

Cuenca a Pradas: “Quítate eso de la cabeza”

Por el contrario, el Cecopi de la dana debatió extensamente la posibilidad de confinar a la población, según han confirmado varios testigos. La consellera Pradas informó de esa posibilidad al jefe de gabinete de Mazón (ante los problemas para comunicarse directamente con el president) y José Manuel Cuenca planteó serios reparos, incluso con cierto tono indecoroso.

Cuenca consideraba que para tomar esa medida hacía falta “un estado de alarma” y que esa decisión la debía tomar “la chica” que Pradas tenía a su “lado” en el Cecopi, en referencia a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Mientras que el jefe de gabinete pedía “calma”, Salomé Pradas aducía que se podía acordar el confinamiento, a tenor de la normativa autonómica en materia de Emergencias (precisamente la misma que ha usado este lunes ante la dana Adam la Generalitat). “Quítate eso de la cabeza. Tranquila, ché”, insistió José Manuel Cuenca en respuesta a ese último mensaje de Pradas.

El jefe de gabinete de Mazón, tal como informó este diario, ocultó en su primera declaración ante la jueza instructora de la causa de la dana, la existencia de aquellas órdenes.

Pérez Llorca pide evitar “zonas inundables”

Por otro lado, el president Juan Francisco Pérez Llorca pedía a la población desde primera hora de la mañana que se siguieran las indicaciones del Es-Alert: “No salgáis de casa, evitad cualquier desplazamiento y alejaos de zonas inundables”, remachaba el actual jefe del Consell.

Además, en otra comparecencia notablemente alejada del tono de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, Pérez Llorca afirmaba cerca del mediodía que, a pesar de que el temporal iba “remitiendo”, seguía “habiendo mucho riesgo”.

Por su parte, Mazón, en su única comparecencia de la mañana del día de autos, transmitió datos desactualizados (tal como ha acreditado la jueza instructora) y, prácticamente, dio por finiquitada la emergencia.

L'alcaldessa de Catarroja, la socialista Lorena Silvent, va aportar aquest dilluns a la jutgessa de la dana després de la seua declaració com a testimoni documentació sobre la gestió de la catàstrofe per part de la corporació municipal de la comarca de l'Horta Sud. Entre la documentació, a la qual ha tingut accés elDiario.es, figura un missatge del compte municipal d'Instagram publicat més d'una hora abans que el Centre d'Emergències de la Generalitat enviara el primer ES-Alert, en què s'alertava que el barranc de Poio s'havia desbordat “per diferents punts”.

“Preguem a la ciutadania que extreme al màxim les precaucions i que no circule pels marges del barranc. Cal evitar l'accés d'entrada pel polígon industrial. I evitar, en tot cas, desplaçaments innecessaris”, deia el missatge en la xarxa social.

D'altra banda, el compte d'Instagram, en el mateix missatge publicat a les 19.05, instava a “no eixir de casa ni agafar el cotxe”. El mateix missatge es va replicar en un canal de difusió municipal de WhatsApp.

El missatge següent es va publicar a les 21.06, després de l'enviament del segon ES-Alert per part d'Emergències de la Generalitat. Així, el compte d'Instagram de l'Ajuntament de Catarroja demanava, en la mateixa línia que el missatge automàtic als mòbils, que es buscara refugi en “zones elevades” i afegia: “La Policia Local i els agents de seguretat estan treballant activament al carrer”.

Reforç policial previ

Entre la documentació també figura un informe, elaborat dos dies abans de la dana per l'intendent en cap de la Policia Local de Catarroja sobre les zones inundables de la localitat. El document proposava “actuar”, especialment en matèria de neteja prèvia, per a “minimitzar els efectes” de les pluges provocades per la dana.

L'informe, firmat el 27 d'octubre de 2024, també ressenyava que, davant la dana, s'havia comunicat “a tots i cadascun dels agents policials” que estigueren localitzables “per si fora necessari requerir-los de manera urgent per a la prestació del servei”.

Tres dies abans de la catàstrofe, el compte d'Instagram del consistori ja recomanava “mantindre contacte permanent” amb les persones majors que visqueren soles i “evitar els desplaçaments amb vehicle”.

La suspensió de l'activitat docent

A més dels avisos genèrics que va rebre l'Ajuntament de Catarroja per part del Centre d'Emergències de la Generalitat, relatius a les alertes meteorològiques i hidrològiques al barranc de Poio, també figura la resolució amb la suspensió de l'activitat docent “de caràcter públic en tots els seus nivells educatius” a Catarroja, ordenada per Lorena Silvent per a la vesprada de la dana.

La documentació incorporada a la causa per la jutgessa instructora també inclou els missatges del consistori en un canal de difusió municipal de WhatsApp (amb 5.968 subscriptors en el moment en què es va capturar la imatge).