“El clima lleva cambiando desde que la Tierra es tierra, negacionista es el rojerío español”. Este derroche de sabiduría no retumbó en su día en la Taberna de Platón, sino que la eructó el otro día el concejal José Gosálbez, de Vox, en un intento de echarle a la culpa a todos menos a él —que es quien más tiene— por el reciente incendio en la Dehesa de El Saler. Si sacamos de la ecuación al pirómano que le pegó fuego a tan singular paraje, es difícil encontrar en la Comunitat Valenciana —y somos unos cinco millones— a alguien más inepto para esta labor.

Lo peor es que su partido, casi seguro, no le encargó la tarea ‘a pesar de’ sino ‘precisamente por’. Si en algún momento de su carrera política se le hubiera ocurrido decir que eso del cambio climático pinta mal, hace tiempo que estaría de patitas en la calle. Desde luego, parece más preocupado de mantener su sueldo público que de El Saler.

En su descargo hay que decir que no todas las críticas que ha recibido han sido justas. Que se fuera a mitad de la Junta Local de Protección Civil del pasado jueves es normal. Si se ha quemado medio Saler, pues media reunión te quedas. De cajón. Y si, además, tenía kedada con la vicepresidenta Camarero para un bolo (que, encima, ni apareció) pues razón de más para pirarte. Lo que no se puede argüir es que había urgencia. La recuperación va para 20 años así que hay tiempo de sobra. Cuando le venga bien al señor, pues se vuelve a quedar. Y solucionado.

Gosálvez es de los que prefiere no enterarse para evitar asumir su ignorancia en la materia. Que el clima ha cambiado a lo largo de la historia es innegable. Y que desde siempre ha habido tontos, también. Luego está el debate de cuándo se creó la Tierra; hace 4.600 millones de años como dice la ciencia o 6.000 años, según la Biblia. El concejal tiene pinta de lo segundo, y de pensar que los dinosaurios y los hombres coexistieron porque ha sido fan de Yoshi desde que salió el Super Mario World. Y cuando tus marcos intelectuales parecen ser esos, pues el debate racional se complica.

Para que no tenga que esforzarse mucho en vacaciones —y en Vox siempre están un poco de vacaciones— vamos a darle un punto de ventaja al concejal y supongamos que el cambio climático es un fenómeno natural y la acción del hombre no tiene nada que ver. Por lo tanto, su objetivo como concejal debería ser paliar unas consecuencias que no puede negar (aunque la neurona no le dé para entender la causa). Eso significa que cada vez habrá episodios climáticos más extremos. Por ejemplo, olas de calor más largas y tórridas y mayor riesgo de incendios (que serán más devastadores). ¿Algo habrá que hacer, no? Pues su propuesta ha sido ejecutar el 5% del presupuesto que tenía asignado para invertir en El Saler, disfrutar de una plantilla de bomberos infradotada y no emplear un retardante químico que seguro que hubiera evitado que algunas de las 37 hectáreas que hemos perdido se hubieran salvado. Un crack.

Lo que redime a Gosálvez es su sentido del humor, porque si somos graciosetes, pasa como con las penas y el pan, que son menos. Ante un público tan agradecido como fue el que acudió a la conferencia Conservación y gestión de humedales frente al cambio climático —en el marco de los actos de València como capital verde europea— tiró de argumentario de parroquiano de bar de carretera para arremeter contra el cambio climático. Lo tildó de “alarmismo climático o religión climática” y, apostilló, era esa una hipótesis “de la que ya se han descolgado un buen número de científicos, y algunos de ellos premios Nobel”, en alusión, quizás, a sí mismo. La alcaldesa Catalá, por supuesto, no dijo ni mú, y le mantuvo en su cargo, como ha hecho ahora, y hará mientras necesite al partido ultra para mantenerse en el cap i casal.

Premios Nobel frikis siempre los ha habido y lo que opine un Nobel de la Paz o de Literatura sobre el cambio climático es irrelevante. Pero pocos terrenos hay en la ciencia sobre los que exista un mayor más consenso: el 97% (según la NASA) coincide en afirmar que el cambio climático, que ni el concejal niega, tiene origen antropogénico (eso sí lo niega). Pero aquí pasa como con la Covid-19, que la Ciencia decía una cosa y Miguel Bosé otra, y el respetable no sabía a qué carta jugar. En todo caso, es poco probable que todo ese 97% sean ‘rojitos’.

En menos de una década, las noches tropicales en València han aumentando un 24%

Supongo que Gosálvez habrá hecho su propia investigación en Google —mientras plantaba un pino, como dicta la liturgia— y a lo mejor tiene razón. Quizás el cambio climático no lo causa el ser humano. ¿Es importante? Pues, en realidad, no tanto. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles, cuidar más y mejor de la naturaleza, más jardines, transporte público, reciclar… todo eso es positivo per se. Si luego resulta que la Humanidad está equivocada y Gosálvez tiene razón el coste de oportunidad de haber implementado esas políticas no solo será nulo (no causa ningún daño), sino que sería incluso positivo (podremos paliar parte de los daños independientemente de su origen). Pero si la Ciencia tiene razón y el que se equivoca es el edil de Vox, que podría ser, vamos caminito del desastre por puta cabezonería.

En menos de una década, las noches tropicales en València han aumentando un 24%. A lo mejor, cuando llegue el día que tengamos que encender el horno para refrescarnos del calor de la calle, los Gosálvez del mundo hayan entrado en razón. Aunque probablemente habrá que esperar a la sexta extinción para que eso ocurra.

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, salió de su casa a primerísima hora del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabaría con 232 fallecidos, ataviada con chubasquero y botas. La primera edil del PP llevaba avisando a la población de los riesgos de la dana desde la víspera, cuando suspendió las clases en el municipio. También había convocado de buena mañana la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para el seguimiento de la situación. “Yo considero que es importante avisar a la población; de hecho, si no lo hubiésemos hecho, se hubieran quedado muchos [vecinos] atrapados en caminos”, dijo Sáez ante la jueza de la dana, según consta en el acta de su declaración del pasado 31 de julio, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La actuación de muchos alcaldes de cualquier color político, más apegados al territorio, contrasta con el papel del máximo dirigente autonómico durante el día de autos, el entonces president Carlos Mazón, quien permaneció prácticamente desconectado en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro. “Estuve todo el día pendiente y en la calle y mis concejales con chubasqueros y botas y todos en la calle”, declaró Sáez ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, describiendo un atuendo y una responsabilidad sobre el terreno muy alejados del entonces jefe del Consell durante aquella aciaga tarde. El Cecopal, afirmó la alcaldesa de Carlet, se convocó “por responsabilidad”.

La testigo, que también es diputada provincial, anuló su agenda en València para aquella jornada ante la situación que se avecinaba y el gradual empeoramiento de las alertas activadas. “Desde el día previo nos habíamos reunido, habíamos tomado decisiones, la noche anterior habíamos suspendido las clases para ese día, habíamos cerrado el cementerio, la zona deportiva, habíamos puesto vallas en todos los caminos y barrancos que tienen riesgo (...)”, detalló Laura Sáez.

Carlet, localidad de la comarca de la Ribera Alta situada entre el barranco de Benimodo y el río Magro, cuenta con dos institutos públicos y un tercer centro educativo privado al que acuden alumnos de otros municipios. “Hay líneas de autobuses y entendíamos que el riesgo del transporte también era importante ponderarlo y, por eso, decidimos suspender las clases con la información de la que disponíamos”, manifestó la testigo.

La primera edil popular, con tres años de experiencia en la Delegación del Gobierno, también se planteó el dilema del coste para cualquier alcalde de suspender las clases sin una alerta roja activada: “Tenemos que ponderar la situación y, al final, dejar a miles de niños sin colegio en una alerta amarilla no es fácil, porque les estamos complicando mucho la vida a las familias”. Sin embargo, la víspera de la dana percibió que “se daban los ingredientes” de una eventual catástrofe climática y que “había una posibilidad de riesgo”.

El caudal “muy alto” del barranco de Benimodo

El conductor de un camión de una empresa de Carlet permanecía desaparecido en el vecino término municipal de l'Alcúdia desde primera hora de la mañana. Se trataba de una información que el consistorio manejaba de forma “extraoficial”, aclaró la testigo.

La alcaldesa recibió la llamada de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, preocupada por la situación de la residencia de personas mayores. También recibió llamadas de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y habló con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo: “El motivo de mi llamada (...) era preguntarle por los riesgos que podíamos tener”.

El temor de la munícipe se centraba en el barranco de Benimodo, que “siempre está seco y alcanzó un caudal muy muy alto” y “estuvo a punto de desbordarse”. Aquella mañana, los Bomberos ya rescataron a un matrimonio de personas mayores que vivía en una casa aislada y pegada al barranco. “Conocemos el municipio y sabemos dónde están los puntos de riesgo”, manifestó la alcaldesa del PP.

La abogada de una de las acusaciones, Virginia Masiá, preguntó a la testigo:

—¿En todo momento la población estuvo informada desde el primer momento?

—Sí. A las 9.15, ya les decimos que no suban y bajen de las casetas de la montaña por las intensas lluvias y ponemos la foto de que hay caminos ya inundados. A las 9.45, comunicamos que la autovía está cortada en dirección Alicante. A las 10.25, que no va a haber gas. Actualizamos que Aemet informa que hasta las 18.00 está activada la alerta roja y que no salgan de casa y recomendaciones: de los pasos a nivel cortados, que se anulan en el centro de salud vacunaciones de gripe y Covid. Comunicamos prácticamente todo. Luego ya comunicamos las torres de la luz que han caído, que estamos sin luz a causa del tornado, prohibimos circular por un camino que era peligroso. A las 13.15, enviamos a los trabajadores del ayuntamiento que eran fuera de Carlet a casa [decisión similar a la que tomaría la Diputación de Valencia].

La llamada que precipitó la convocatoria del Cecopi

Poco antes de las 14.00, la jefa de gabinete de Salomé Pradas avisó a Sáez de que la consellera se iba a acercar a Carlet, acompañada por el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, con el “objetivo final” de “visitar a los bomberos forestales que estaban trabajando todo el día en el barranco”.

Cuando la alcaldesa acudió a la rotonda en la que aguardaban Pradas y Argüeso, “empezó a llover muchísimo” y ella propuso refugiarse en el Ayuntamiento para acudir posteriormente al barranco.

Tras explicarles la situación en Carlet durante la jornada, Pradas habló con el móvil de Sáez con el alcalde de l'Alcúdia en relación con el conductor desaparecido. A la testigo le dio la “impresión” de que la consellera, más que su 'número dos', estaba al frente de la gestión de la emergencia durante la visita a Carlet.

Sáez, además de sus llamadas y mensajes de WhatsApp, aceptó aportar al procedimiento las imágenes que se conservaban en el ayuntamiento de Pradas en la localidad (dos fotografías inéditas que ilustran esta información). La testigo también aportó un documento (reproducido al final de esta noticia) con la cronología de su actuación ante la dana y los avisos a la población en las redes sociales del Ayuntamiento.

La visita de Pradas y Argüeso coincidió con un recrudecimiento de la situación en Carlet. Poco después de las 15.00, hasta cuatro tornados afectaron al término municipal y a varias empresas del polígono industrial. “Cayeron más de 20 torres de la luz, algunas de alta y media tensión, que provocaron que nos quedáramos sin luz”, explicó Laura Sáez.

Tras visitar el barranco, poco después de las 16.00, y a consecuencia de una llamada relativa a la situación en Utiel (localidad del interior de la provincia completamente inundada para la que ya se había activado la Unidad Militar de Emergencias), Pradas convocó de cara a las 17.00 la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la sede de Emergencias de la Generalitat de l'Eliana, en la comarca del Camp de Túria. “Yo veo ya que la situación es un poco delicada y entonces abandono el despacho unos minutos”, relató la testigo.

La alcaldesa describió la llamada que, según declaró, desencadenó la convocatoria del Cecopi: “Yo escuché que dijo que, en Utiel, la situación estaba más complicada y que había llamado a alguien, no sé quién, pidiendo todos los recursos disponibles porque no quería que se le muriese nadie”. “Esa frase la recuerdo”, destacó Sáez.

Pradas “no estaba coartada por nadie”

Otro letrado de las acusaciones, Gabriel Rodríguez, trató de poner en un brete a la testigo:

—¿Sabe quién fue la persona responsable de las emergencias el 29 de octubre de 2024?

—En un principio, el secretario autonómico de Emergencias.

—¿Y, por encima, sabe quién se encontraba?

—La consellera.

—¿Y por encima?

—El presidente de la Generalitat.

—Ha quedado claro que disponía del problema de coordinación.

—Yo no he dicho eso. Yo no vi ningún problema de coordinación.

—Su impresión fue que Salomé Pradas actuó hasta donde la dejaron (...).

—(...) [Pradas] estaba dando instrucciones y no estaba coartada por nadie.

La testigo, al inicio de su testifical, declaró que conocía a Carlos Mazón y a Salomé Pradas como compañeros del PP, aunque no mantenía relación de amistad con ellos.

Laura Sáez consideraba, en todo caso, que el desplazamiento de la consellera Pradas a Carlet habría sido positivo “si no hubiese pasado lo que después pasó”. “Pero nadie sabía lo que iba a pasar”, contestó a preguntas del abogado José María Bueno Manzanares, que ejerce la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias investigado en la causa.

La alcaldesa no se sintió “abandonada por nadie”, según precisó en su declaración: “Los días posteriores, a mí me llamó desde el actual presidente de la Generalitat [Juan Francisco Pérez Llorca] al presidente del PP nacional [Alberto Núñez Feijóo]”.

Miguel Polo recomendó pedir refugio en altura

Tras la visita de la consellera, la tarde evolucionó a peor en Carlet. A las 17.00, Laura Sáez fue alertada por la Policía Local de que habían sido informados de que se iba a desaguar en pantano de Forata. La alcaldesa contactó telefónicamente con Miguel Polo, presidente de la CHJ. “El señor Polo, en aquel momento, me dijo que el agua que habíamos tenido hasta ese momento era de lluvia de los municipios más arriba, pero que el pantano iba a proceder a desaguar, algo habitual, y entonces nos iba a llegar muchísima, muchísima más agua”, explicó la testigo.

A consecuencia de la conversación con Miguel Polo, quien participaba en la reunión del Cecopi conectado telemáticamente, el Cecopal de Carlet tomó una serie de medidas, tales como colocar “impedimentos” como sacos de arena en las zonas potencialmente inundables. Por su parte, la Policía Local avisó a la población de las zonas próximas al río Magro de que “subieran a plantas altas”.

“Antes de las 18.30”, según presumió Laura Sáez, el consistorio de la Ribera Alta ya había pedido a la población situada cerca del Magro que buscara refugio en altura. Se trata de un acertado consejo transmitido más de una hora y media antes de que Emergencias enviara el primer Es-Alert, un mensaje automático a los móviles que ni siquiera solicitaba a la población que subiera a plantas altas. La medida fue recomendada por el presidente de la CHJ: “Yo le había preguntado al señor Polo y me había dicho que era correcta”, remachó Sáez.

El Ayuntamiento de Carlet también avisó a los vecinos para que quitaran los vehículos y tomó la decisión de cortar el puente, para evitar cualquier “desgracia”, según la expresión de la alcaldesa. “Eso fue antes de que nos llegara al Ayuntamiento a través del fax la alerta [de Emergencias] del 112 del riesgo de Forata”, señaló.

Tras recibir en su móvil el primer Es-Alert de las 20.11, Laura Sáez habló de nuevo con Miguel Polo por teléfono y el presidente de la CHJ le advirtió de la “situación complicada” en el río Magro y de que el Centro de Emergencias de la Generalitat iba a enviar otro mensaje masivo.

La “importante” labor de los medios de comunicación

Sáez intervino aquella tarde en À Punt, la cadena autonómica valenciana. En aquella conexión en directo, sobre las 18.35, la primera edil hizo referencia a sus conversaciones con Miguel Polo y desglosó las “medidas preventivas” activadas en la localidad.

“Yo soy de la opinión de que esos días los medios de comunicación hacen una labor muy importante, porque estamos en una situación que había que trasladarle a los ciudadanos los riesgos que había para que no saliesen de casa”, apostilló la alcaldesa del PP.

“En todos los medios de comunicación [en los] que ese día salí, yo lo que decía a los ciudadanos es: mucha precaución, porque una cosa es lo que llueve aquí y otra cosa lo que llueve aguas arriba”, explicó Laura Sáez ante la jueza.

La jueza de la dana considera que la “tesis exculpatoria” expresada en un reciente escrito por la defensa del expresident Carlos Mazón “se convierte en inculpatoria respecto de” la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa. El exjefe del Consell negó que hubiera un “nexo causal individualizado” entre su actuación y los fallecimientos en la catástrofe del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 232 fallecidos.

La magistrada, en un auto dictado este viernes, cuestiona abiertamente el argumentario del expresident, que figura personado en la causa como una suerte de 'preinvestigado'. La jueza considera que sus afirmaciones sobre el carácter consensuado del contenido del Es-Alert “implica desconocer” tanto la estructura del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) como la “secuencia” de la elaboración del texto de alerta a los móviles.

La resolución también destaca la “intervención y autorización directa” de Pradas en relación con el Es-Alert, “dadas sus competencias como gestora de la emergencia y directora del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones, en la situación 2 de emergencia”.

“No es solo que no se enviara ningún mensaje Es-Alert hasta las 20.11, retrasado con disquisiciones jurídicas absurdas sobre el confinamiento, por no decir de las lingüísticas, sino que previamente, de forma incomprensible, no se utilizaron otros medios de aviso a la población, absolutamente ajena a los riesgos, especialmente en las zonas donde no llovía”, afirma la jueza.

La magistrada refrenda que las medidas de protección a la población “jamás llegaron a tiempo” y que el contenido del Es-Alert fue “manifiestamente erróneo e incompleto”. El siguiente mensaje a los móviles, que sí que incluía la recomendación de buscar refugio en altura, “fue sumamente tardío”, apostilla la resolución.

Por otro lado, el auto rebate la tesis de la defensa de Mazón sobre los fallecimientos acaecidos tras el primer Es-Alert de las 2011: “El desconocimiento del gravísimo riesgo que estaban asumiendo las víctimas, la falta de avisos adecuados, y con antelación suficiente, es patente y común precisamente en todos los casos que se mencionan en el escrito”.

Además, también agrega que “a nadie se le escapa que la falta de avisos sobre el riesgo que asumía la población al bajar a los garajes resultó mortal”.

Sugerencia “en buena lógica” para que salga de la causa

La instructora incluso invita a Mazón a salirse de la causa y abandonar su llamativa personación. “En cualquier caso, si el aforado Sr. Mazón estima que no hay nada que se le pueda imputar, en buena lógica puede apartarse del procedimiento, nadie le obliga a ser parte de las presentes diligencias previas”, indica el auto.

La jueza, además, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), en la resolución que excluyó que se imputara a Mazón, también dijo que la magistrada de Catarroja debía “seguir investigando”, un aspecto “olvidado” en el escrito de la defensa del expresident del PP.

Además, el auto señala, en relación con los mensajes intercambiados entre Pradas y el jefe de gabinete de Mazón, que José Manuel Cuenca los borró y que el expresident no los ha aportado “voluntariamente” en ningún momento.

“En realidad, el escrito no es sino una extensa solicitud de sobreseimiento, dirigida a un órgano que no es competente, y formulada por una persona que no ostenta la condición de investigada”, manifiesta la jueza.

Una “afirmación hueca”

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra también rechaza el carácter prospectivo que le reprochaba la defensa de Mazón a su instrucción. “La afirmación de que se mantiene una investigación personal prospectiva contra el señor Mazón es una afirmación hueca, sin refrendo ni mención a diligencia alguna que tenga tal carácter. El Ministerio Fiscal ya rechazó la posibilidad de nulidad de cualesquiera diligencias que pudieran amparar la personación”, explica el auto.

Por otro lado, la instructora recuerda que no es su competencia “analizar cualesquiera hipótesis que pueda formular la representación” del expresident, “ni validar lo ya resuelto por el TSJ-CV y por la Audiencia Provincial de Valencia, ni sobreseer o confeccionar un auto de imputación frente a un aforado”.

El abogado del expresident instaba en su escrito a la jueza a que dijera si mantenía otras líneas de investigación relativas a Mazón. “La necesidad de que se expresen lo que se denominan líneas de investigación, es una pretensión que no tiene acogida en nuestro ordenamiento”, contesta en el auto.

La jutgessa del ‘cas Assut’ considera que la difunta alcaldessa de València, Rita Barberá, va donar un “empara personal” al seu cunyat, l’advocat José María Corbín, en el marc de la presumpta trama corrupta instal·lada en el si de l’Ajuntament de València, on va governar entre 1991 i 2015. Així figura en la interlocutòria de procediment abreujat notificada aquest dijous a les parts del procediment, que situa a un pas del banc dels acusats el lletrat i tres nebodes de l’antiga primera edil i també processa l’exvicealcalde de València Alfonso Grau i altres 33 investigats, entre càrrecs de l’oposició —com l’exregidor socialista Rafael Rubio— i més d’una desena d’empresaris, alguns de primera fila en el sector de la construcció i de la promoció immobiliària.

La magistrada defineix l’advocat, històric ultradretà de València, com un “aconseguidor de contractació pública mitjançant comissió” pel seu “parentiu” amb Rita Barberá i la seua “influència” en alguns funcionaris municipals per “raons del poder” que també exercia a l’Ajuntament la seua dona, Totón Barberá, com a cap de gabinet de l’alcaldessa del PP.

“Amb una vinculació familiar semblant”, aprofundeix la interlocutòria a la qual ha tingut accés elDiario.es, José María Corbín “intermediava per a aconseguir les adjudicacions sol·licitades per les empreses a canvi de comissions il·lícites que es canalitzaven a través del seu despatx professional, firmant-se contractes falsos de prestació de serveis jurídics inexistents”. Els diners obtinguts els desviava a “l’ús i gaudi principalment de la seua esposa i de les seues filles”, afegeix.

La resolució xifra en 3,6 milions d’euros la quantitat total de presumptes mossegades que es va embutxacar Corbín, qui “podia manipular les adjudicacions d’obra o contractes amb total llibertat” gràcies al vicealcalde Alfonso Grau i a la relació familiar amb la seua esposa i amb la germana d’aquesta última, Rita Barberá.

Juntament amb Grau i Corbín, l’empresari Jaime Febrer, també processat, completa el trio que conformava —gràcies a una “sòlida relació”— el nucli de la presumpta trama, en la qual el promotor “procedia a la remuneració econòmica i els altres investigats rebien els pagaments per les adjudicacions i contractes aconseguits amb l’Ajuntament amb la desvinculació, a efectes formals, de l’alcaldessa de València”. “De manera que els tres investigats obtenien un benefici patrimonial gens menyspreable”, postil·la la jutgessa Pepa Tarodo, titular de la plaça número 13 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de València.

Dos milions en mossegades per al vicealcalde

També al·ludeix a les comunicacions de José María Corbín —“recuperades malgrat els intents d’esborrament”— amb destacats regidors de l’equip de la seua cunyada —Cristóbal Grau, Félix Crespo, Alfonso Novo, Ramón Isidro o el processat Jorge Bellver— i amb alts funcionaris com el vicesecretari general, José Antonio Martínez.

La instructora assegura que Grau, ja condemnat en primera instància en el marc del ‘cas Taula’ per la caixa B municipal de les campanyes del PP de Rita Barberá, es va fer amb un presumpte botí de més de dos milions d’euros en comissions il·lícites.

La magistrada conclou, després de quasi una dècada instruint la complexa causa, que va ser Grau qui va posar en contacte Corbín amb Febrer. El bufet de l’advocat, malgrat els seus mitjans personals més aviat modestos, “va facturar quantitats desorbitades” durant el mandat de Barberá al capdavant del consistori, principalment a empreses adjudicatàries de contractes municipals.

El presumpte paper de la primera edil popular en operacions de Febrer apareix en alguns passatges de la interlocutòria: la jutgessa afirma que Barberá “es va implicar personalment” en el procés d’ordenació urbanística de la zona del Grau, en el context del nomenament de València com a seu de la Copa de l’Amèrica, un dels grans esdeveniments impulsats pel Govern autonòmic de Francisco Camps i una gran finestra d’oportunitat per al negoci immobiliari.

Mossegades per a la reforma del xalet a Xàbia

D’altra banda, la interlocutòria també al·ludeix al destí de les presumptes mossegades obtingudes per José María Corbín d’empreses contractistes de l’Ajuntament de València i al benefici per part de la seua descendència.

Corbín, segons la resolució, va abonar 172.000 euros en metàl·lic per a la reforma del seu xalet en una coneguda urbanització de Xàbia.

La jutgessa recorda que es tracta d’una residència en la qual “estiuejava habitualment” i de la qual també “gaudia” Rita Barberá. De fet, la segona residència de José María Corbín era coneguda com “el xalet de Rita”, tal com indica la interlocutòria.

Premis de loteria d’una falla de 360.000 euros

La instructora també emmarca en una “operativa habitual” de blanqueig de capitals l’abonament a Corbín de 360.000 euros —per 30 paperetes de loteria premiades d’una falla d’un barri popular de València amb la qual no tenia cap vinculació—.

Els diners presumptament blanquejats amb la loteria, després de diverses inversions en fons d’inversió, van acabar en mans de dues de les filles de José María Corbín i de Totón Barberá, les quals van rebre sengles donacions de 150.000 euros per cap per a l’adquisició dels seus respectius habitatges.

L’habitatge de la tercera filla processada, l’advocada Rita Corbín Barberá, també va ser adquirit a la constructora Cleop amb fons procedents de presumptes comissions abonades al seu pare. “No consta que les tres filles participaren en les activitats delictives del seu pare, però sí que se n’han aprofitat econòmicament”, afirma la jutgessa.

La difunta esposa de Corbín també apareix en la interlocutòria vinculada a les despeses d’una targeta d’El Corte Inglés, a la qual es van carregar càrrecs per un import de quasi 250.000 euros.

Regals de Louis Vuitton i vi de 1.520 euros per a Barberá

La resolució destaca la mossegada de 2,2 milions d’euros que es van repartir Corbín i l’advocat Diego Elum —amics íntims des dels seus temps de militància en l’extrema dreta de la Transició— procedent d’Acciona i corresponent a la mediació perquè la firma s’emportara el macrocontracte del sanejament de la ciutat. Corbín, assegura la interlocutòria, “era qui podria aconseguir i beneficiar els interessos” de l’empresa de José Manuel Entrecanales.

Luis Castilla, un directiu d’Acciona investigat en el ‘cas Assut’ fins a la seua mort durant la instrucció, “va manipular” una “ingent documentació” de l’empresa per a “documentar d’alguna manera” la presumpta assessoria jurídica per part de Diego Elum, amb la qual es va justificar la comissió ingressada.

La jutgessa també vincula amb la presumpta mossegada d’Acciona els regals de Nadal rebuts per l’alcaldessa Barberá procedents de l’empresa, que “pel seu valor —un total de 7.651 euros— excedeixen la simple cortesia” i que van ser entregats per Diego Elum, recorda la instructora de la causa.

Es tracta d’una bossa de Louis Vuitton valorada en 1.850 euros per al Nadal de 2004; un “lot de Nadal” de 1.696 euros l’any següent; una maleta i un moneder de Louis Vuitton de 1.585 euros el 2006, o una botella de vi negre de la Ribera del Duero —Pingus 2001— que va costar 1.520 euros. Els regals a l’exalcaldessa de la mateixa luxosa marca de moda han aflorat en diverses causes de corrupció, tal com va informar aquest diari.

La “funció de ser el cunyat de Rita Barberá”

La magistrada també destaca la presumpta mossegada de Corbín procedent de la UTE de la planta de fem de Los Hornillos.

“La realitat”, afirma la jutgessa Tarodo, “és que l’investigat José María Corbín no va efectuar cap assessorament a la UTE que motivara el pagament d’aquestes factures, no va emetre cap informe, ni va realitzar cap treball més enllà del contacte personal que tenia amb l’alcaldessa de València, Rita Barberá, que propiciava aquest tipus d’abonaments en les adjudicacions públiques al despatx” del seu cunyat, “i particularment en aquesta adjudicació per la qual es va interessar personalment”.

La jutgessa descriu Corbín com “una persona que no desenvolupava cap funció més enllà de ser el cunyat de Rita Barberá”.

Una vegada acabada la facturació amb la UTE de Los Hornillos, “comença cronològicament” la de la constructora Grupo CYES, que va abonar a Corbín un total de 491.694 euros “per la seua intermediació en l’adjudicació de contractes amb l’Ajuntament de València” entre 2006 i 2014 —l’any anterior al final del mandat de Barberá—.

La magistrada vincula els pagaments a Corbín amb els set contractes municipals que va obtindre la constructora, atés que “no existeix cap evidència de treball efectuat per l’investigat que motivara aquest desemborsament”.

El final de l’etapa de l’alcaldessa del PP al capdavant del consistori i l’esclat de causes de corrupció com ‘Taula’ o ‘Assut’ va coincidir amb el declivi econòmic del bufet de Corbín.

Una trama bipartidista darrere del “pacte” amb el PSPV

Tanmateix, la jutgessa també retrata una presumpta trama de caràcter bipartidista, estesa a part de l’oposició política d’aleshores arran d’una “operació immobiliària de magnitud considerable” empresa per Jaime Febrer, qui va recórrer a la “imprescindible i necessària participació” de l’advocat José Luis Vera, que exerciria la seua influència en el PSPV-PSOE per a aconseguir les finalitats de l’empresari davant ajuntaments i ens públics controlats pels socialistes.

El paper de Vera davant l’empresa pública Acuamed —el seu antic directiu Joan Navarro també ha sigut processat— per a obtindre recursos hídrics de cara a un projecte urbanístic a Xixona va contribuir “altament” als interessos de Jaime Febrer. Una participació “altament beneficiosa” per a l’empresari que la jutgessa relaciona amb el pagament de despeses electorals del PSPV-PSOE en la campanya de 2007 per un import de quasi mig milió d’euros, a través d’empreses pantalla.

Un entramat similar també va abonar a la firma Engloba quasi 100.000 euros per a la campanya del PP de la localitat, l’alcaldessa de la qual, Rosa Verdú, figura com a processada per haver-se embutxacat mig milió d’euros en relació amb l’operació urbanística. Verdú va rebre una bossa de Loewe per part de Jaime Febrer.

La jutgessa també considera que l’exportaveu socialista a l’Ajuntament de València processat en la causa, Rafael Rubio, va rebre diners “d’origen delictiu” per part de la trama després d’un “pacte” de Febrer amb l’advocat José Luis Vera i amb José María Cataluña, extresorer del PSPV-PSOE, perquè suposadament el regidor afluixara en el seu paper de fiscalització municipal des de l’oposició d’un de les morterades urbanístics en gestació.

“Lògicament, Jaime Febrer no estava disposat que aquesta operació poguera ser objecte d’informacions en premsa o d’investigació a l’ajuntament i la millor opció era arribar a un pacte amb ells”, conclou la magistrada, que al·ludeix als nombrosos ingressos en efectiu en comptes compartits amb la seua dona, també processada —per un import de 197.256 euros—, i a la contractació d’una caixa de seguretat en una entitat bancària per part del matrimoni.

La jueza del 'caso Azud' considera que la fallecida alcaldesa de València, Rita Barberá, dio un “amparo personal” a su cuñado, el abogado José María Corbín, en el marco de la presunta trama corrupta instalada en el seno del Ayuntamiento de València, en el que gobernó entre 1991 y 2015. Así figura en el auto de procedimiento abreviado notificado este jueves a las partes del procedimiento, que coloca al borde del banquillo al letrado y a tres sobrinas de la antigua primera edil y también procesa al ex vicealcalde de València Alfonso Grau y a otros 33 investigados, entre cargos de la oposición (como el exedil socialista Rafael Rubio) y más de una decena de empresarios, algunos de primera fila en el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria.

La magistrada define al abogado, histórico ultraderechista de València, como un “conseguidor de contratación pública mediante comisión” por su “parentesco” con Rita Barberá y su “influencia” en algunos funcionarios municipales por “razones del poder” que también ejercía en el ayuntamiento su mujer, Totón Barberá, como jefa de gabinete de la alcaldesa del PP.

“Con semejante vinculación familiar”, ahonda el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, José María Corbín “intermediaba para conseguir las adjudicaciones solicitadas por las empresas a cambio de comisiones ilícitas que se canalizaban a través de su despacho profesional, firmándose contratos falaces de prestación de servicios jurídicos inexistentes”. El dinero obtenido lo desviaba al “uso y disfrute de su esposa principalmente y de sus hijas”, agrega.

La resolución cifra en 3,6 millones de euros la cantidad total de presuntas mordidas que se embolsó Corbín, quien “podía amañar las adjudicaciones de obra o contratos con total libertad” gracias al vicealcalde Alfonso Grau y a la relación familiar con su esposa y con la hermana de ésta última, Rita Barberá.

Junto con Grau y Corbín, el empresario Jaime Febrer, también procesado, completa el trío que conformaba —gracias a una “sólida relación”— el cogollo de la presunta trama, en la que el promotor “procedía a la remuneración económica y los otros investigados recibían los pagos por las adjudicaciones y contratos conseguidos con el ayuntamiento con la desvinculación, a efectos formales, de la alcaldesa de Valencia”. “De tal modo que obtenían un nada desdeñable beneficio patrimonial los tres investigados”, apostilla la jueza Pepa Tarodo, titular de la Plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València.

Dos millones en mordidas para el vicealcalde

También alude a las comunicaciones de José María Corbín —“recuperadas pese a los intentos de borrado”— con destacados concejales del equipo de su cuñada (Cristóbal Grau, Félix Crespo, Alfonso Novo, Ramón Isidro o el procesado Jorge Bellver) y con altos funcionarios como el vicesecretario general, José Antonio Martínez.

La instructora asegura que Grau, ya condenado en primera instancia en el marco del 'caso Taula' por la caja B municipal de las campañas del PP de Rita Barberá, se hizo con un supuesto botín de más de dos millones de euros en comisiones ilícitas.

La magistrada concluye, tras casi una década instruyendo la compleja causa, que fue Grau quien puso en contacto a Corbín con Febrer. El bufete del abogado, a pesar de sus medios personales más bien modestos, “facturó cantidades desorbitadas” durante el mandato de Barberá al frente del consistorio, principalmente a empresas adjudicatarias de contratos municipales.

El supuesto rol de la primera edil popular en operaciones de Febrer aparece en algunos pasajes del auto: la jueza afirma que Barberá “se implicó personalmente” en el proceso de ordenación urbanística de la zona del Grao, en el contexto del nombramiento de València como sede de la Copa de América, uno de los grandes eventos impulsados por el Gobierno autonómico de Francisco Camps y gran ventana de oportunidad para el negocio inmobiliario.

Mordidas para la reforma del chalet en Xàbia

Por otro lado, el auto también alude al destino de las supuestas mordidas obtenidas por José María Corbín de empresas contratistas del Ayuntamiento de València y al beneficio por parte de su prole.

Corbín, según la resolución, abonó 172.000 euros en metálico para la reforma de su chalet en una conocida urbanización de Xàbia.

La jueza recuerda que se trata de una residencia en la que “veraneaba habitualmente” y de la que “disfrutaba también” Rita Barberá. De hecho, la segunda residencia de José María Corbín era conocida como “el chalé de Rita”, tal como indica el auto.

Premios de lotería de una falla de 360.000 euros

La instructora también enmarca en una “operativa habitual” de blanqueo de capitales el abono a Corbín de 360.000 euros (por 30 papeletas de lotería premiadas de una falla de un barrio popular de València con la que no tenía vinculación alguna).

El dinero supuestamente blanqueado con la lotería, tras varias inversiones en fondos de inversión, acabó en manos de dos de las hijas de José María Corbín y de Totón Barberá, quienes recibieron sendas donaciones de 150.000 euros por cabeza para la adquisición de sus respectivas viviendas.

La vivienda de la tercera hija procesada, la abogada Rita Corbín Barberá, también fue adquirida a la constructora Cleop con fondos provenientes de supuestas comisiones abonadas a su padre.

“No consta que las tres hijas participasen en las actividades delictivas de su padre, pero sí que se han aprovechado económicamente de las mismas”, afirma la jueza.

La difunta esposa de Corbín también aparece en el auto vinculada a los gastos de una tarjeta de El Corte Inglés, a la que se cargaron adeudos por un importe de casi 250.000 euros.

Regalos de Louis Vuitton y vino de 1.520 euros para Barberá

La resolución destaca la mordida de 2,2 millones de euros que se repartieron Corbín y el abogado Diego Elum —íntimos amigos desde sus tiempos de militancia en la extrema derecha de la Transición— proveniente de Acciona y correspondiente a la mediación para que la firma se llevara el macrocontrato del saneamiento de la ciudad. Corbín, asegura el auto, “era quien podría lograr y beneficiar los intereses” de la empresa de José Manuel Entrecanales.

Luis Castilla, un directivo de Acciona investigado en el 'caso Azud' hasta su fallecimiento durante la instrucción, “manipuló” una “ingente documentación” de la empresa para “documentar de algún modo” la supuesta asesoría jurídica por parte de Diego Elum, con la que se justificó la comisión ingresada.

La jueza también liga con la supuesta mordida de Acciona los regalos navideños recibidos por la alcaldesa Barberá provenientes de la empresa, que “por su valor [un total de 7.651 euros] exceden de la simple cortesía” y que fueron entregados por Diego Elum, recuerda la instructora de la causa.

Se trata de un bolso de Louis Vuitton valorado en 1.850 euros para las Navidades de 2004; un “lote navideño” de 1.696 euros al año siguiente; una maleta y monedero de Louis Vuitton de 1.585 euros en 2006, o una botella de vino tinto de la Ribera del Duero (Pingus 2001) que costó 1.520 euros. Los regalos a la exalcaldesa de la misma lujosa marca de moda han aflorado en varias causas de corrupción, tal como informó este diario.

La “función de ser el cuñado de Rita Barberá”

La magistrada también destaca la presunta mordida de Corbín proveniente de la UTE de la planta de basuras de Los Hornillos.

“La realidad”, afirma la jueza Tarodo, “es que el investigado José María Corbín no efectuó ningún asesoramiento a la UTE que motivase el pago de dichas facturas, no emitió ningún informe, ni realizó ningún trabajo más allá del contacto personal que tenía con la alcaldesa de Valencia, Doña Rita Barberá, que propiciaba este tipo de abonos en las adjudicaciones públicas al despacho” de su cuñado, “y particularmente en esta adjudicación de la que se interesó personalmente”.

La jueza describe a Corbín como “una persona que no desarrollaba función alguna más allá de ser el cuñado de Rita Barberá”.

Una vez acabada la facturación con la UTE de Los Hornillos, “comienza cronológicamente” la de la constructora Grupo CYES, que abonó a Corbín un total de 491.694 euros “por su intermediación en la adjudicación de contratos con el Ayuntamiento de Valencia” entre 2006 y 2014 (el año previo al final del mandato de Barberá).

La magistrada vincula los pagos a Corbín con los siete contratos municipales que obtuvo la constructora, dado que “no existe ninguna evidencia de trabajo efectuado por el investigado que motivase dicho desembolso”.

El final de la etapa de la alcaldesa del PP al frente del consistorio y el estallido de causas de corrupción como 'Taula' o 'Azud' coincidió con el declive económico del bufete de Corbín.

Una trama bipartidista tras el “pacto” con el PSPV

Sin embargo, la jueza también retrata una presunta trama de carácter bipartidista, extendida a parte de la oposición política de entonces a raíz de una “operación inmobiliaria de magnitud considerable” emprendida por Jaime Febrer, quien recurrió a la “imprescindible y necesaria participación” del abogado José Luis Vera, que ejercería su influencia en el PSPV-PSOE para “lograr” los fines del empresario ante ayuntamientos y entes públicos controlados por los socialistas.

El papel de Vera ante la empresa pública Aquamed (cuyo antiguo directivo Joan Navarro también ha sido procesado) para obtener recursos hídricos de cara a un proyecto urbanístico en Xixona contribuyó “altamente” a los intereses de Jaime Febrer. Una participación “altamente beneficiosa” para el empresario que la jueza relaciona con el pago de gastos electorales del PSPV-PSOE en la campaña de 2007 por un importe de casi medio millón de euros, a través de empresas pantalla.

Un entramado similar también abonó a la firma Engloba casi 100.000 euros para la campaña del PP de la localidad, cuya alcaldesa, Rosa Verdú, figura como procesada al haberse embolsado medio millón de euros en relación la operación urbanística. Verdú recibió un bolso de Loewe por parte de Jaime Febrer.

La jueza también considera que el exportavoz socialista en el Ayuntamiento de València procesado en la causa, Rafael Rubio, recibió dinero “de origen delictivo” por parte de la trama tras un “pacto” de Febrer con el abogado José Luis Vera y con José María Cataluña, extesorero del PSPV-PSOE, para que supuestamente el edil aflojara en su papel de fiscalización municipal desde la oposición de uno de los pelotazos urbanísticos en gestación.

“Lógicamente, Jaime Febrer no estaba dispuesto a que esta operación pudiera ser objeto de informaciones en prensa o de investigación en el ayuntamiento y la mejor opción era llegar a un pacto con ellos”, concluye la magistrada, que alude a los numerosos ingresos en efectivo en cuentas compartidas con su mujer, también procesada (por un importe de 197.256 euros) y a la contratación de una caja de seguridad en una entidad bancaria por parte del matrimonio.

La jutgessa del ‘cas Assut’, la magistrada Pepa Tarodo, ha processat el cunyat de l’exalcaldessa Rita Barberá, l’advocat José María Corbín, per la presumpta trama de cobrament de comissions il·lícites a empreses contractistes de l’Ajuntament de València durant el mandat de la difunta primera edil popular.

La interlocutòria de procediment abreujat, dictada el passat 3 d’agost i notificada aquest dijous a les parts del procediment, també inclou com a processats un advocat pròxim a Corbín, el lletrat Diego Elum, i tres nebodes de Barberá —María José, María Rita i María Asunción Corbín Barberá— que, indiciàriament, es van beneficiar de les mossegades presumptament cobrades pel seu pare.

La jutgessa descriu l’advocat com un “aconseguidor de contractació pública mitjançant comissió” pel seu parentiu amb la família Barberá, segons indica en la interlocutòria, a la qual ha tingut accés elDiario.es.

La instructora ha processat un total de 38 investigats, entre ells l’exvicealcalde de València Alfonso Grau —condemnat en el marc del ‘cas Taula’—, dues de les seues filles, Sofía i María Ángeles Grau, i el seu gendre, Ken Lawrence Baker, a més de l’exregidor i ex alt càrrec de la Generalitat Jorge Bellver.

La magistrada, en referència a Grau, sosté que “des de la seua posició [de vicealcalde] es va encarregar de la posada en marxa i ús de tota l’administració de l’ajuntament per al seu enriquiment amb l’auxili d’altres alts funcionaris”.

La interlocutòria destaca el paper de Grau, de Corbín i de l’empresari Jaime Febrer, considerat el presumpte corruptor de la trama. El trio va mantindre una “sòlida relació” en la qual Febrer “procedia a la remuneració econòmica i els altres investigats rebien els pagaments per les adjudicacions i contractes aconseguits amb l’ajuntament amb la desvinculació, a efectes formals, de l’alcaldessa de València”.

També processa l’advocat José Luis Vera, històricament pròxim als socialistes valencians; l’exsubdelegat del Govern Rafael Rubio i la seua dona, María Amelia Quintana Trénor, i Joan Navarro, exdirectiu d’Acuamed i adscrit a les files del PSPV-PSOE.

D’altra banda, la interlocutòria inclou com a processada Esmeralda Orero, alta funcionària de l’Ajuntament de València.

La jutgessa situa també a un pas del banc dels acusats l’exalcaldessa popular de Xixona, Rosa Verdú, vinculada per la instrucció de la causa a una morterada urbanística de mig milió d’euros, i l’exregidor de la mateixa localitat i partit Francisco Doménech Asensi.

Constructors i promotors processats

La resolució incoa el procediment abreujat, pas previ al banc dels acusats, per als empresaris Carlos Turró, expresident de la constructora Cleop; Alejandro Serra Nogués, exconseller de la mateixa empresa; Federico Ferrando, fundador de les constructores Gesfesa i Edifesa; Marceliano Alfaro San Andrés, expresident d’Ocide Construcción; Manuel Setién Zuriaga, exdirectiu del Banco de Valencia; Vicente Prieto Año, expresident de Secopsa, i la promotora Mónica Montoro.

D’altra banda, també han sigut processats l’assessor fiscal Joaquín Pastor Rico i els empresaris Francisco Antonio Gigante Madrigal i Francisco José i David Gigante Navarro.

La jueza del 'caso Azud', la magistrada Pepa Tarodo, ha procesado al cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, el abogado José María Corbín, por la presunta trama de cobro de comisiones ilícitas a empresas contratistas del Ayuntamiento de València durante el mandato de la fallecida primera edil popular.

El auto de procedimiento abreviado, dictado el pasado 3 de agosto y notificado este jueves a las partes del procedimiento, también incluye como procesados a un abogado cercano a Corbín, el letrado Diego Elum, y a tres sobrinas de Barberá (María José, María Rita y María Asunción Corbín Barberá) que, indiciariamente, se beneficiaron de las mordidas presuntamente cobradas por su padre.

La jueza describe al abogado como un “conseguidor de contratación pública mediante comisión” por su parentesco con la familia Barberá, según indica en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La instructora ha procesado a un total de 38 investigados, incluyendo al ex vicealcalde de València Alfonso Grau (condenado en el marco del 'caso Taula'), a dos de sus hijas, Sofía y María Ángeles Grau, y a su yerno, Ken Lawrence Baker, además del exconcejal y exalto cargo de la Generalitat Jorge Bellver.

La magistrada, en referencia a Grau, sostiene que “desde su posición [de vicealcalde] se encargó de la puesta en marcha y uso de toda la administración del ayuntamiento para su enriquecimiento con auxilio de otros altos funcionarios”.

El auto destaca el papel de Grau, de Corbín y del empresario Jaime Febrer, considerado el presunto corruptor de la trama. El trío mantuvo una “sólida relación” en la que Febrer “procedía a la remuneración económica y los otros investigados recibían los pagos por las adjudicaciones y contratos conseguidos con el ayuntamiento con la desvinculación, a efectos formales, de la alcaldesa de Valencia”.

También procesa al abogado José Luis Vera, históricamente cercano a los socialistas valencianos; al ex subdelegado del Gobierno Rafael Rubio y a su mujer, María Amelia Quintana Trénor, y a Joan Navarro, exdirectivo de Acuamed y adscrito a las filas del PSPV-PSOE.

Por otro lado, el auto incluye como procesada a Esmeralda Orero, alta funcionaria del Ayuntamiento de València.

La jueza coloca asimismo al borde del banquillo a la exalcaldesa popular de Xixona, Rosa Verdú, vinculada por la instrucción de la causa a un pelotazo urbanístico de medio millón de euros, y al exconcejal de la misma localidad y partido Francisco Doménech Asensi.

Constructores y promotores procesados

La resolución incoa el procedimiento abreviado, paso previo al banquillo, para los empresarios Carlos Turró, expresidente de la constructora Cleop; Alejandro Serra Nogués, exconsejero de la misma empresa; Federico Ferrando, fundador de las constructoras Gesfesa y Edifesa; Marceliano Alfaro San Andrés, expresidente de Ocide Construcción; Manuel Setién Zuriaga, exdirectivo del Banco de Valencia, Vicente Prieto Año, expresidente de Secopsa, y la promotora Mónica Montoro.

Por otro lado, también han sido procesados el asesor fiscal Joaquín Pastor Rico y los empresarios Francisco Antonio Gigante Madrigal y Francisco José y David Gigante Navarro.

La Diputació de València reconeix en un informe remés a la jutgessa de la dana que el 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va deixar 232 morts, va avisar per correu electrònic tota la cúpula política de la institució, inclòs el president Vicente Mompó, del tancament de les seues instal·lacions davant el perill que podien suposar les inundacions.

La decisió, presa per alts funcionaris sense la intervenció dels polítics, va arribar al correu corporatiu de la vicepresidenta Natàlia Enguix, de tots els diputats provincials i dels assessors dels grups polítics, segons l’informe elaborat per l’àrea de Recursos Humans i Organització al qual ha tingut accés elDiario.es.

D’altra banda, la institució provincial també revela en l’informe que va anul·lar el dia de la dana fins a nou cursos de formació, previstos a la Fundació Universitat Empresa (ADEIT), al Centre Cultural Beneficència i a les aules del carrer d’Hugo de Montcada. La decisió va estar vinculada a la suspensió de l’activitat docent per part de la Universitat de València, en un dels centres externs de la qual —l’ADEIT— estava prevista la celebració de set dels cursos de la Diputació.

“La responsable del servei de Formació rep un avís telefònic per part de la Fundació Universitat Empresa a mitjan matí del 29 d’octubre i, amb caràcter previ a l’avís de la Diputació, que la Universitat de València havia suspés les classes. Per aquest motiu i de comú acord amb la Fundació, es decideix, seguint els criteris de la Universitat de València, suspendre immediatament les sessions que ja s’havien iniciat en aquest centre (ADEIT)”, explica l’informe remés a la magistrada instructora.

Posteriorment, la responsable del servei de Formació de la institució provincial va rebre una telefonada del seu mateix departament informant-la que la Diputació anava a remetre un correu electrònic avisant del tancament de totes les seues instal·lacions, inclosos el Centre Cultural Beneficència i les aules del carrer d’Hugo de Montcada. Així, la funcionària va decidir suspendre la jornada que es desenvolupava al centre cultural i el curs celebrat a les aules.

L’actuació de la Diputació de València contrasta amb la passivitat de la Generalitat Valenciana, tot i que les dues institucions estan controlades pel PP. L’alt funcionari que va prendre en última instància la decisió de tancar les instal·lacions de la Diputació ho va fer després de consultar Aemet i À Punt, segons va declarar davant la jutgessa el passat 23 de juliol.

La Diputación de València reconoce en un informe remitido a la jueza de la dana que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 232 fallecidos, avisó por correo electrónico a toda la cúpula política de la institución, incluyendo al presidente Vicente Mompó, del cierre de sus instalaciones ante el peligro que podían suponer las inundaciones.

La decisión, tomada por altos funcionarios sin la intervención de los políticos, llegó al correo corporativo de la vicepresidenta Natàlia Enguix, de todos los diputados provinciales y de los asesores de los grupos políticos, según el informe elaborado por el área de Recursos Humanos y Organización al que ha tenido acceso elDiario.es.

Por otro lado, la institución provincial también revela en el informe que anuló el día de la dana hasta nueve cursos de formación, previstos en la Fundación Universitat Empresa (ADEIT), en el Centro Cultural Beneficencia y en las aulas de la calle de Hugo de Montcada. La decisión estuvo vinculada a la suspensión de la actividad docente por parte de la Universitat de València, en uno de cuyos centros externos (el ADEIT) se tenía prevista la celebración de siete de los cursos de la Diputación.

“La responsable del servicio de Formación, recibe aviso telefónico por parte de la Fundación Universitat Empresa a media mañana del 29 de octubre y, con carácter previo al aviso de Diputación de que la Universitat de Valéncia había suspendido las clases. Por este motivo y de común acuerdo con la Fundación, se decide, siguiendo los criterios de la Universidad de Valencia, suspender inmediatamente las sesiones que ya se habían iniciado en dicho centro (ADEIT)”, explica el informe remitido a la magistrada instructora.

Posteriormente, la responsable del servicio de formación de la institución provincial recibió una llamada telefónica de su propio departamento informándola de que la Diputación iba a remitir un correo electrónico avisando del cierre de todas sus instalaciones, incluyendo el Centro Cultural Beneficencia como las aulas de la calle de Hugo de Montcada.

Así, la funcionaria decidió suspender la jornada que se desarrollaba en el centro cultural y el curso celebrado en las aulas.

La actuación de la Diputación de Valencia contrasta con la pasividad de la Generalitat Valenciana, aun estando ambas instituciones controladas por el PP. El alto funcionario que tomó en última instancia la decisión de cerrar las instalaciones de la Diputación lo hizo tras consultar Aemet y À Punt, según declaró ante la jueza el pasado 23 de julio.

Un juez ha prohibido a Mediterráneo Digital, una página web de extrema derecha especializada en bulos, la publicación de contenidos “que sean denigrantes, vejatorios, discriminatorios, con referencia directa o indirecta, a migrantes, mujeres, feminismo, pueblo judío/personas que profesan la religión judía, nazismo y exaltación de Hitler, a las personas de etnia gitana, al colectivo LGTBQIA+ en toda su extensión (lesbianas, gais, personas trans, bisexuales, queer, intersexuales, no binarias, asexuales)”.

La prohibición se hace “extensible” a las redes sociales del polémico digital y al propietario, Edgar Sánchez Agulló.

El auto del titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, al que ha tenido acceso este diario, recuerda al digital que debe cumplir el principio constitucional de igualdad “con el debido respeto en sus comunicaciones a todos los colectivos referidos, sin perjuicio de la libertad de expresión y de opinión”.

El juez ha acordado la medida cautelar, en una resolución dictada el pasado 24 de agosto y contra la que cabe recurso de reforma, tras una querella por un presunto delito de odio interpuesta por la entidad És País Valencià, representada por el despacho Olympe Abogados.

La asociación considera la decisión “una gran victoria y avance pionero en la defensa de los Derechos Humanos y en la lucha contra los discursos de odio e intolerancia”, según indica en un comunicado.

Titulares con loas a Hitler

El digital, según reseña la querella, ha publicado titulares tales como: “Hitler ha substituido a Jesucristo como la figura más importante de la civilización” o “Detenido un gitano en patinete por morder en la oreja a un hombre normal”, entre otros desmanes.

El propietario de Mediterráneo Digital, según reseña el auto, alegó que la querella se enmarcaba en una campaña de “cancelación” de determinados “medios de comunicación” importada desde Estados Unidos “para forzar la desaparición de estos diarios”. Por otro lado, también argüía que la querella pretendía una “limitación coactiva de la línea editorial de un Medio de Comunicación [sic]”.

Sin embargo, el juez, tras repasar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, concluye que los contenidos del digital de ultraderecha “pueden ser constitutivas” de un delito de odio, “pendiente de más investigaciones y valoraciones”.

La jueza de la dana ha elevado a 232 personas la cifra de fallecidos en la tragedia del 29 de octubre de 2024.

La magistrada, en un auto dictado este pasado martes, incluye como víctima a María Dolores M. G., una vecina de Guadassuar con insuficiencia respiratoria crónica grave que se quedó, tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico, sin el oxígeno que precisaba.

La mujer, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), falleció en el Hospital de La Ribera el 6 de noviembre de 2024.

El auto, al que ha tenido acceso este diario, relata que la víctima contaba con una botella de oxígeno de emergencia que se terminó la madrugada del 29 al 30 de octubre de 2026, cuando la luz aún no había vuelto a ser restablecida.

Al día siguiente de la tragedia la familia pidió ayuda mediante el botón de la teleasistencia de otra familiar, “pero como la conexión se cortaba” y “no llegaron a terminar de solicitarlo”, expone la resolución.

La mujer fue trasladada a una residencia de la localidad y posteriormente al Hospital de La Ribera. Los médicos, según declaró el hijo, “dijeron que estaba muy mal, que había estado muchas horas sin oxígeno”.

“El fallecimiento se produjo en el contexto de una pluripatología crónica grave preexistente, por lo que la interrupción de la oxigenoterapia y de la ventilación mecánica no invasiva domiciliarias debe considerarse un factor contribuyente o concausal en la evolución desfavorable, sin que pueda establecerse como causa directa, única e independiente del óbito”, afirma el informe forense.

La jueza considera que existe una relación de causalidad derivada de la interrupción de la oxigenoterapia y de la ventilación mecánica, “lo que conlleva ineludiblemente” la inclusión de María Dolores M. G. como víctima de la dana objeto de la investigación en las diligencias previas que instruye el juzgado de Catarroja.

La Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO) de la Policia Nacional investiga si un presumpte capo narcoestibador del Port de València i la seua esposa van sostraure les claus de cinc dels seus vehicles de luxe intervinguts en el marc de l’‘operació Spider’ i destinats tant a la seua venda anticipada com a l’ús provisional en investigacions contra el narcotràfic.

Així es desprén d’un ofici del passat 28 d’agost al qual ha tingut accés elDiario.es i que detalla la recent visita d’agents del Grup de Resposta i Suport Tècnic Especialitzat (GRATE) de la UDYCO de la Comissaria General de Policia Judicial al depòsit de Cheste (València), que alberga els vehicles d’alta gamma dels investigats en l’‘operació Spider’, en la qual van descobrir que faltaven les claus de cinc dels bòlids —un Lamborghini Huracán, un Porsche GT3, un Mercedes i dos BMW—.

Tot això malgrat que el jutge instructor de la causa, tal com va informar aquest diari, havia acordat la intervenció dels vehicles requisats a la presumpta trama per a la seua venda anticipada o per a l’ús policial d’alguns. Els cotxes les claus dels quals han desaparegut són propietat del presumpte capo Iván T. R. i de la seua dona, Luz María L. R. Tots dos, segons les dades de l’empresa que s’encarrega del depòsit, han acudit diverses vegades al recinte.

L’inspector en cap del GRATE de la UDYCO explica en l’ofici que els agents van acudir al depòsit el passat 19 d’agost en el marc d’un primer dispositiu de recollida de vehicles de cara al seu ús provisional per part de les unitats de la Policia Nacional dedicades a seguiments en investigacions sobre crim organitzat.

Els agents es van interessar per l’estat d’un Mercedes Brabus, que no estava inclòs en aquella primera tanda de retirada de vehicles. El responsable de l’empresa els va dir que el vehicle estava “tapat per ordre judicial i fins a la retirada no es podia destapar”.

Quina va ser la seua sorpresa quan els agents van tornar el passat 28 d’agost per a recollir el Mercedes i, en destapar el vehicle, van descobrir que faltaven les claus, que sempre romanien a l’interior dels vehicles oberts, segons el protocol de custòdia dels cotxes que aplica l’empresa. Un treballador del depòsit, identificat pels policies, va dir que “en diverses ocasions han acudit certes persones a observar l’estat del vehicle”, segons detalla l’ofici policial.

Els agents del GRATE de la UDYCO van comprovar que faltaven les claus de cinc vehicles. També van indagar sobre les visites als cotxes de luxe per part d’Iván T. R. i de Luz María L. R. Tots dos van acudir per primera vegada el 30 de desembre de 2025. En la visita següent, produïda el passat 29 de juny, es va personar sola al depòsit Luz María L. R. El passat 13 d’agost va ser el torn del presumpte capo Iván T. R. i, huit dies després, van tornar tots dos, segons figura en el registre d’entrada al depòsit.

Imatges de les càmeres de la “seqüència” de visites

Els agents van procedir, juntament amb els treballadors del depòsit, a la immobilització dels vehicles les claus dels quals havien desaparegut i van ordenar als empleats de l’empresa de seguretat privada que no s’esborraren les imatges de les càmeres de seguretat corresponents als dies en què els dos investigats van accedir al recinte, “ja que podrien ser útils per a la instrucció en el futur”, segons afirma l’acta elaborada el passat 28 d’agost, a la qual també ha tingut accés aquest diari.

L’ofici de l’inspector del GRATE de la UDYCO detalla la “seqüència” de visites al depòsit dels dos investigats, autoritzats per una interlocutòria del jutge instructor únicament a cobrir els vehicles de luxe per a protegir-los de possibles inclemències del temps. En l’última visita, del passat 21 d’agost, el presumpte narco i la seua esposa van dir que es disposaven a “canviar les cordes perquè estaven en mal estat”, segons va declarar el treballador del depòsit que els va acompanyar, qui també va manifestar que Iván T. R. i Luz María L. R. “van obrir les portes i van poder agafar la clau que es trobava a l’interior”.

La Policia sospita que els investigats es van fer amb les claus dels vehicles requisats. “Tot apunta que aquestes persones van ser avisades que el dia 19 [d’agost] la Policia Nacional va començar la retirada de vehicles i el 21 es van personar allí amb l’excusa de canviar les cordes de les mantes i van sostraure les claus del vehicle Mercedes Brabus amb la clara intenció d’evitar la retirada per part de l’Administració i fins i tot una possible sostracció posterior”, indica l’ofici policial.

Claus “sostretes sense cap autorització”

L’inspector destaca que “totes” les claus dels cinc vehicles “coberts i manipulats per aquestes persones” han sigut “sostretes sense cap autorització”.

La UDYCO, després de la “cadena de fets” que “fa inferir l’existència d’una coordinació per a la comissió d’un possible il·lícit penal”, conclou que “tot fa pensar que la trama criminal podria estar preparant-se per a la sostracció total dels vehicles”, segons afirma l’ofici.

La substituta del jutge instructor titular, el magistrat Vicente Ríos, va dictar una provisió el passat 30 d’agost en la qual ordena a l’empresa titular del depòsit de Cheste que informe dels fets l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius (ORGA). Es tracta de l’organisme estatal al qual el jutge va autoritzar perquè venguera anticipadament fins a una desena dels vehicles intervinguts a la presumpta trama.

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional investiga si un presunto capo narcoestibador del Puerto de València y su esposa sustrajeron las llaves de cinco de sus vehículos de lujo intervenidos en el marco de la 'operación Spider' y destinados tanto a su venta anticipada como al uso provisional en investigaciones contra el narcotráfico.

Así se desprende de un oficio del pasado 28 de agosto al que ha tenido acceso elDiario.es y que detalla la reciente visita de agentes del Grupo de Respuesta y Apoyo Técnico Especializado (GRATE) de la UDYCO de la Comisaría General de Policía Judicial al depósito de Cheste (Valencia), que alberga los vehículos de alta gama de los investigados en la 'operación Spider', en la que descubrieron que faltaban las llaves de cinco de los bólidos (un Lamborghini Huracan, un Porsche GT3, un Mercedes y dos BMW).

Todo ello a pesar de que el juez instructor de la causa, tal como informó este diario, había acordado la intervención de los vehículos requisados a la presunta trama para su venta anticipada o para el uso policial de algunos de ellos. Los coches cuyas llaves han desaparecido son propiedad del presunto capo Iván T. R. y de su mujer, Luz María L. R. Ambos, según los datos de la empresa que se encarga del depósito, han acudido varias veces al recinto.

El inspector jefe del GRATE de la UDYCO explica en el oficio que los agentes acudieron al depósito el pasado 19 de agosto en el marco de un primer dispositivo de recogida de vehículos de cara a su uso provisional por parte de las unidades de la Policía Nacional dedicadas a seguimientos en investigaciones al crimen organizado.

Los uniformados se interesaron por el estado de un Mercedes Brabus, que no estaba incluido en esa primera tanda de retirada de vehículos. El responsable de la empresa les dijo a los agentes que el vehículo estaba “tapado por orden judicial y hasta la retirada no se podía levantar”.

Cuál fue su sorpresa cuando los agentes volvieron el pasado 28 de agosto para recoger el Mercedes y, al destapar el vehículo, descubrieron que faltaban las llaves, que siempre permanecen en el interior de los vehículos abiertos, según el protocolo de custodia de los coches que aplica la empresa. Un trabajador del depósito, identificado por los policías, dijo que “en diversas ocasiones han acudido ciertas personas a observar el estado del vehículo”, según detalla el oficio policial.

Los agentes del GRATE de la UDYCO comprobaron que faltaban las llaves de cinco vehículos. También indagaron sobre las visitas a los coches de lujo por parte de Iván T. R. y de Luz María L. R. Ambos acudieron por primera vez el 30 de diciembre de 2025. En la siguiente visita, acaecida el pasado 29 de junio, se personó sola en el depósito Luz María L. R. El pasado 13 de agosto fue el turno del presunto capo Iván T. R. y, ocho días después, volvieron ambos, según figura en el registro de entrada al depósito.

Imágenes de las cámaras de la “secuencia” de visitas

Los agentes procedieron, junto con los trabajadores del depósito, a la inmovilización de los vehículos cuyas llaves habían desaparecido y ordenaron a los empleados de la empresa de seguridad privada que no se borraran las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes a los días en que los dos investigados accedieron al recinto, “ya que podrían ser útiles para la instrucción en el futuro”, según afirma el acta elaborada el pasado 28 de agosto, a la que también ha tenido acceso este diario.

El oficio del inspector del GRATE de la UDYCO detalla la “secuencia” de visitas al depósito de los dos investigados, autorizados por un auto del juez instructor únicamente a cubrir los vehículos de lujo para protegerlos de posibles inclemencias del tiempo. En la última visita, del pasado 21 de agosto, el presunto narco y su esposa dijeron que se disponían a “cambiar las cuerdas porque estaban en mal estado”, según declaró el trabajador del depósito que los acompañó, quien también manifestó que Iván T. R. y Luz María L. R. “abrieron las puertas y pudieron coger la llave que se encontraba en el interior”.

La Policía sospecha que los investigados se hicieron con las llaves de los vehículos requisados. “Todo apunta a que estas personas fueron avisadas que el día 19 [de agosto] la Policía Nacional comenzó la retirada de vehículos y el 21 se personaron allí con la excusa de cambiar las cuerdas de las mantas y sustrajeron las llaves del vehículo Mercedes Brabus con la clara intención de evitar la retirada por parte de la Administración e incluso una posible sustracción posterior”, indica el oficio policial.

Llaves “sustraídas sin autorización alguna”

El inspector destaca que “todas” las llaves de los cinco vehículos “cubiertos y manipulados por estas personas” han sido “sustraídas sin autorización alguna”.

La UDYCO, tras la “cadena de hechos” que “hace inferir la existencia de una coordinación para la comisión de un posible ilícito penal”, concluye que “todo hace indicar que la trama criminal pudiera estar preparándose para la sustracción total de los vehículos”, según afirma el oficio.

La sustituta del juez instructor titular, el magistrado Vicente Ríos, dictó una providencia el pasado 30 de agosto en la que ordena a la empresa titular del depósito de Cheste que informe de los hechos a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Se trata del organismo estatal al que el juez autorizó para que vendiera anticipadamente hasta una decena de los vehículos intervenidos a la presunta trama.

La defensa de Carlos Mazón ha presentado ante la jueza de la dana un escrito en el que descarta que el expresident ostentara la “posición de garante” durante la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos y en la que la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, mantenía el mando único en el seno de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Se trata del primer escrito de calado que presenta la representación jurídica del aforado, ejercida por el abogado Ignacio Gally, tras la personación de Mazón en el procedimiento en una suerte de condición de 'preinvestigado'.

El escrito, al que ha tenido acceso este diario, sostiene que la responsabilidad por omisión del exjefe del Consell, actual diputado autonómico del PP de Juan Francisco Pérez Llorca, “ha quedado descartada al no ostentar la posición de garante necesaria” para su comisión.

“No consta prueba de que mi representado impartiera instrucciones para determinar o modificar el contenido del Es-Alert”, agrega el letrado de Mazón. El escrito vincula la “discusión técnica” sobre la inclusión en el mensaje automático a los móviles de instrucciones relativas a la recomendación a la población de refugiarse en plantas altas con el debate desarrollado “entre los responsables presentes o conectados” a la reunión del Cecopi, “sin intervención” del expresident.

También descarta que los mensajes de su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, a la entonces consellera Pradas, con órdenes sobre la posibilidad de confinar a la población, fueran instrucciones del propio Mazón, que permaneció gran parte de la jornada desconectado en una larga comida con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.

También arguye que, cuando se inició el intercambio de mensajes entre Cuenca y Pradas, “ya estaba materializada por escrito la configuración esencial de los dos mensajes y su distinto ámbito territorial”, en referencia al contenido del Es-Alert debatido en el Cecopi.

Sin “orden” de Mazón de “paralizar” el Es-Alert

Pradas, según el escrito, “ha negado que aquellos mensajes determinaran su actuación”. Por otro lado, tampoco “consta una orden de Carlos Mazón de paralizar ninguno de los envíos”.

“No consta acreditado un nexo causal individualizado entre una acción positiva de Carlos Mazón y ninguno de los fallecimientos investigados”, concluye la defensa del expresident, que ha analizado la cronología de los fallecimientos en relación con el envío del Es-Alert.

El abogado de Mazón solicita a la jueza instructora que identifique las hipótesis que justifiquen las diligencias sobre el exjefe del Consell en el marco de la causa. “El derecho de defensa no puede ejercerse contra una incógnita”, afirma.

La antigua empresa del director de Las Naves de València, Arturo Castelló, ha recibido en los últimos ocho años más de 1,4 millones de euros en subvenciones de la fundación municipal para eventos vinculados al sector del videojuego. El empresario se desvinculó de la mercantil una vez asumió la subdirección de la fundación, en la que actualmente ejerce de director. Fuentes del Ayuntamiento de València consultadas por este diario reconocen la “existencia de una vinculación profesional o societaria previa con una entidad beneficiaria”, aunque defienden que “no constituye, por sí sola, una situación de conflicto de interés”.

El último convenio firmado entre Las Naves y la empresa Encom Games SL, ya con Arturo Castelló en la dirección de la fundación pública, fue suscrito por la vicepresidenta de Las Naves, la edil Paula Llobet, “sin intervención del director en la formalización del convenio”, según apuntan las fuentes municipales.

Las mismas fuentes han desglosado los convenios con la empresa desde 2019 para la celebración del conocido festival de eSports Dreamhack. Entre 2019 y 2022, fue subvencionado con 100.000 euros anuales. En 2023 y 2024, el importe de la subvención aumentó a 150.000 euros. A partir de ese último ejercicio, tras una adenda de modificación aprobada por la Junta de Gobierno Local, el evento pasó a denominarse Open World Now (OWN).

Por otro lado, aquel mismo año nació la iniciativa València Game City, dirigida por el empresario y que también ha recibido una subvención de 150.000 euros anuales.

La concejala Paula Llobet anunció el 6 de marzo de 2025 que había propuesto a Arturo Castelló como subdirector técnico de innovación de la fundación municipal. Castelló fue revocado como administrador solidario de la empresa poco después (el 16 de abril), según los datos que constan en el Registro Mercantil. “De forma inmediata y progresiva, reduce su participación en Encom hasta la venta de las acciones en la sociedad”, apostillan fuentes oficiales del consistorio gobernado por María José Catalá.

Convenios suscritos por la concejala

Tanto la autorización para la concesión de la subvención de OWN en 2025, acordada por la Junta de Gobierno Local, como la formalización del convenio tuvieron “carácter previo” al nombramiento de Castelló como subdirector técnico.

En el caso de València Game City 2025, la autorización de la subvención nominativa fue igualmente acordada por la Junta de Gobierno Local el 4 de abril de 2025, “en aplicación del régimen específico previsto para las fundaciones del sector público, formalizándose posteriormente el correspondiente convenio de colaboración”, afirman fuentes municipales, que descartan cualquier tipo de conflicto de interés.

“Lo relevante”, afirman las mismas fuentes, “es determinar quién adopta las decisiones públicas, en qué momento se adoptan y bajo qué procedimiento”.

Los convenios reguladores de las subvenciones para los eventos de València Game City y OWN de 2026 fueron suscritos por Paula Llobet, en su condición de vicepresidenta de la fundación pública, sin intervención de Castelló, que cuenta con una retribución anual brutal de 82.239 euros como director de Las Naves.

Un presunto narco del cartel de la coca del Puerto de València vio arruinada su colección de coches y de relojes de lujo a consecuencia de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 231 fallecidos. Así se desprende de las conversaciones de WhatsApp del portuario imputado Máximo L. G., analizadas en un reciente informe del Grupo V la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los investigadores vinculan al supuesto narcoestibador con el alijo de 200 kilos de cocaína intervenido en el Puerto el 4 de mayo de 2024 y lo consideran como una “persona de la máxima confianza” de Borja M. R., presunto capo del cartel. La noche de la dana, Máximo L. G. informó a Borja M. R. de que Miguel Ángel S. P., alias Viola —“el amigo que tiene 20 coches”— estaba “amargadísimo” y que su casa había quedado “reventada”. Además, el presunto narcoestibador también apostilló que Viola tenía relojes “y otras cosas” en los coches.

El informe de la UDYCO destaca que el presunto narco, vecino de Sedaví, “guardaba relojes de alta gama en sus vehículos, los cuales fueron arrasados” por la dana sin que Emergencias de la Generalitat alertara con antelación a la población, una cuestionada gestión que investiga la jueza de Catarroja.

En la localidad de la comarca de l'Horta Sud y sus alrededores quedaron dañados varios vehículos de alta gama, tal como muestra la fotografía que ilustra esta información, tomada precisamente en esa zona al día siguiente de la catástrofe de la dana. Borja M. R. consiguió contactar con Viola la noche de la tragedia: “Arruinado, hermano. Me he buscado la ruina”, le dijo el supuesto narcoportuario. “A saber el panquemao que tiene”, comentó con Máximo L. G. el presunto capo.

“Es conocido por los investigadores que, en el mundo del narcotráfico, los implicados invierten en relojes de alta gama, los cuales son un valor seguro de difícil devaluación y una forma de blanquear los beneficios obtenidos”, explica el analista autor del informe.

La UDYCO concluye que, al guardar en los vehículos relojes de alta gama “y otros artículos de valor” provenientes de beneficios ilícitos obtenidos del tráfico de drogas, “las pérdidas debieron ser extremadamente elevadas”. En el registro de la vivienda de Miguel Ángel S. P., los uniformados hallaron un Rolex, además de dinero en efectivo.

Tres Rolex y un Bulgari en cajas fuertes

Por su parte, los investigadores consideran que Máximo L. G., además de al tráfico a baja escala —en el registro de su vivienda se intervino una báscula de precisión, 27 gramos de cocaína y más de 5.000 euros en efectivo—, “guardaría droga para un flujo constante en la organización” desmantelada y se encargaría de “mantener oculto” parte del patrimonio de Borja M. R., según deducen de las referencias a supuestos sobres con dinero que afloran en alguna que otra conversación de WhatsApp reproducida en el informe.

La posesión de relojes y joyas era común en la presunta trama. En el registro de la vivienda de Antonio B. L., el presunto narcoportuario atribuyó la propiedad de dos cajas fuertes a su amigo Borja. La UDYCO halló dentro cuatro relojes (tres Rolex y un Bulgari), además de joyas.

Los diálogos de WhatsApp entre Máximo L. G. y Borja M. R., aparentemente triviales en algunos pasajes, denotan la actividad de los presuntos narcoestibadores. El supuesto capo, rememorando las bromas en la grúa del Puerto con un tercer estibador, le decía: “Todas estas tierras son tuyas. ¿Ves aquello oscuro? No vayas nunca”, en alusión a “un plano con una calavera en revisión”.

“Un trabajador del entorno portuario al uso, no se referiría a la zona de revisión como un lugar a evitar, como sí lo hacen aquellos que forman parte del entramado criminal, que organizan la llegada de alijos de cocaína en contenedores marítimos para posteriormente llevar a cabo la extracción de los mismos y obtener un elevado beneficio”, expone el informe policial.

Por otro lado, la UDYCO destaca la “subordinación y fidelidad” de Maxi a Borja M. R. y esgrime las conversaciones en las que el presunto cabecilla del cartel agradece a su amigo su presencia una vez fue puesto en libertad condicional tras una detención a cargo de la Guardia Civil previa a la 'operación Spider': “Borja, no podía faltar”, contestó Máximo L. G.

“Viruta para mi colega, le pillaron 700 y metió 3 mil”

Los investigados, siguiendo la tendencia de la trama a cierta indiscreción telefónica, también aludían a otros conocidos narcotraficantes de la zona, tales como el culturista Onofre G. R., quien guarda una “estrecha relación” con Borja M. R., según la Policía (ambos fueron condenados recientemente en el marco de la causa por los chats desencriptados de Sky-Ecc). El también imputado Luis Israel A. L. informó a su primo Maxi de que al “grandote” Onofre le había dado una “pájara” (“un infarto o algo así”, aclaraba).

En otras conversaciones, los primos narcoportuarios comentaban noticias de la prensa sobre operaciones policiales. En uno de los chats entre Máximo L. G. y Luis Israel A. L., el primero enviaba al segundo un enlace a una noticia del diario Levante-EMV sobre un cargamento de más de una tonelada de coca intervenido en Tavernes Blanques. “Ahí va mi dinero”, decía Maxi. El informe de la Policía Nacional sostiene que “él mismo estaría confirmando haber invertido en el alijo de cocaína aprehendido” en el marco de una operación conjunta de la Guardia Civil, Aduanas y la Policía Nacional supervisada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vila-real.

En otra conversación Máximo L. G. compartió con César G. P. un enlace a una información de Las Provincias sobre una detención de Borja M. R. por parte de la Guardia Civil (previa a la 'operación Spider') en la que se hacía referencia a un alijo de 700 kilos de cocaína. “Viruta para mi colega, le pillaron 700 y metió 3 mil”. A Maxi, explica la UDYCO, la cantidad atribuida al presunto capo del cartel de la coca en el Puerto de València le “resulta ridícula” en relación con las tres toneladas con las que, según insinuaba, se habría coronado Borja M. R.

“Si te sale bien, pues ganas, si te sale mal, pues palmas”

Por otro lado, Maxi no escondía en una conversación telefónica con su primo ciertas críticas a Borja M. R. y a Miguel Ángel S. P., alias Viola, tras el “bocado importante” que suponía la incautación por parte de la Guardia Civil del alijo de marras: “Es que parece que son profesionales y luego... ¡Flipas las cagadas que pegan, mano!”, exclamaba

Sobre aquel mismo alijo, Luis Israel A. L. preguntó a otro presunto narcoportuario, Christian C. S. B., si había perdido “mucho”. “Al final eso es lo que hay. Si sale mal, eso no se devuelve. Si cae, cae. Si te sale bien, pues ganas, si te sale mal, pues palmas”, explicaba su interlocutor en tono realista.

Christian C. S. B., al que la Policía Nacional atribuye el papel de colaborador con la trama en la gestión de la flota de vehículos y de suministrador de anabolizantes, también mantuvo inoportunas conversaciones, según se desprende de los pinchazos telefónicos que constan en el sumario. En una llamada con Alejandro B. para “criticar a los estratos superiores” de la presunta organización criminal, éste último dijo que Borja M. R. “tiene infraestructura” y “conoce a un montón de gente”, mientras que Christian C. S. B. afirmó que Iván T. R. (el otro presunto cabecilla del cartel del Puerto, de quien, según la UDYCO, era “persona de la íntima confianza) ”no va a vivir tranquilo nunca“, por su estado de alerta constante a consecuencia de los seguimientos policiales, reales o imaginados.

Sobre las finanzas de los dos presuntos capos, Alejandro B. comentaba alegremente: “De todo lo que han tenido, no lo han hecho del todo bien (...). Tendrían que haber invertido, haberse hecho empresas o cosas así, de construcción o de tal, mano, estarían embilletadísimos hace años, si que es verdad que han tenido tanto y tienen tanto que ya realmente...”.

“Dinero tienen ya de sobra, les puede el reconocimiento”

Sobre el Viola, el indiscreto portuario relataba que, tiempo atrás, le había recomendado parar después de haberse coronado con “tres seguidas” y ganado “dos palos” (dos millones). “Sabes qué pasa”, apostillaba Alejandro B. en la misma llamada: “Ya no es el dinero, dinero tienen ya de sobra (...) Les puede el reconocimiento de 'mira este, es un puesto, mira como funciona, tal, este no sabe quién soy”.

A raíz de un whatsapp sobre una tercera noticia sobre la detención de un tal Pachi, que consta en el informe policial, Borja M. R. celebraba no ser él el “protagonista”. “A ver qué pasa en las páginas de sucesos mañana”, decía Máximo L. G. La UDYCO concluye que los presuntos “líderes” de la trama eran “conscientes de la probabilidad de caer en cualquier momento”, especialmente a consecuencia de la desencriptación de la aplicación Sky-Ecc, que abrió la puerta de par en par a policías de toda Europa para conocer las comunicaciones más comprometedoras del crimen organizado.

El informe destaca otros indicios. Con ocasión de una detención previa del Viola, Máximo L. G. pidió a Borja M. R. que se encargara de conseguirle un abogado defensor de un conocido bufete de València. El primero también acompañó a la familia del detenido. En una conversación de WhatsApp, Maxi bromeaba con su primo Luis Israel A. L. a cuenta del arresto de Viola y decía de cachondeo: “Si has hecho algo mal, escóndete, creo que se ha chivado de toda València. Yo estoy haciendo las maletas” (aderezado con numerosos emoticonos de caritas hilarantes).

“Con ello, a pesar de denotar un tono jocoso en la conversación, a juicio de los investigadores, sale a relucir la desconfianza en aquellos que son detenidos, por si pudieran delatar a sus allegados que llevan a cabo operaciones ilícitas”, indica el informe de la UDYCO.

Las sospechas por la infiltración: “Me la ha liado que flipas”

Los whatsapps también reflejan las tensiones en el seno de la presunta red. En uno de los diálogos, Luis Israel A. L. se quejaba ante Máximo L. G. del “pequeño dandy” (el mote de Borja M. R.): “Tío, me la ha liado que flipas. Al final me voy a cagar en los muertos de todos ellos, es para chafarle el cuello”.

Los investigadores, por la fecha de la conversación, vinculan los lamentos con una reunión previa en el cementerio general de València a la que acudieron dos de los agentes encubiertos infiltrados en la presunta trama. “Se infiere que Israel estaría culpando a Borja M. R. de la involucración directa con los agentes encubiertos”, desliza el informe.

Las comunicaciones analizadas también describen los malentendidos en el submundo del narcotráfico valenciano. “¡Me ha llamado el cubano y me ha dicho que han jugado sin nosotros, sabes!”, exclamaba Luis Israel A. L. en una llamada telefónica con su primo Maxi. Sin embargo, luego recuperó la confianza en “su socio”, José Francisco B. R., tras averiguar que se trataba de un “malentendido cien por cien” propiciado por una confusión del “cubano”.

Atentos a las matrículas de vehículos policiales

La UDYCO también desvela en el informe que el presunto cabecilla del cartel requirió en varias ocasiones a Máximo L. G. que consultara una aplicación de matrículas de vehículos para comprobar si algún coche sospechoso que observaba a su alrededor formaba parte de la flota policial (en cuyo caso no aparecía ningún particular como propietario).

La tarde del 1 de junio de 2025, Borja M. R. detectó un coche estacionado que, tras la consulta de la matrícula, sí que resultó ser un vehículo policial.

Los investigadores destacan en el informe que el presunto capo “sospecha que está siendo vigilado y adopta medidas de seguridad”. En otra ocasión, un Peugeot 308 resultó ser un vehículo particular. “Estás a salvo”, le dijo Maxi.

Los agentes de la UDYCO, eso sí, destacan que aquella última consulta de la matrícula se produjo la víspera de las detenciones de la 'operación Spider'. El informe recuerda que los narcos de la presunta trama, tal como informó este diario, estaban al tanto de que iban a ser detenidos y, por tanto, “alerta” ante cualquier vehículo sospechoso.

Un presumpte narco del càrtel de la coca del Port de València va veure arruïnada la seua col·lecció de cotxes i rellotges de luxe a conseqüència de la dana del 29 d’octubre del 2024, la tràgica jornada que va deixar 231 morts. Així es desprén de les converses de WhatsApp del portuari imputat Máximo L. G., analitzades en un informe recent del Grup V de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO) de la Policia Nacional, al qual ha tingut accés elDiario.es.

Els investigadors vinculen el presumpte narcoestibador amb el comboi de 200 quilos de cocaïna intervingut al Port el 4 de maig del 2024 i el consideren una “persona de la màxima confiança” de Borja M. R., presumpte cap del càrtel. La nit de la dana, Máximo L. G. va informar Borja M. R. que Miguel Ángel S. P., àlies Viola —“l’amic que té 20 cotxes”—, estava “amargadíssim” i que casa seua havia quedat “rebentada”. A més, el presumpte narcoestibador també va postil·lar que Viola tenia rellotges “i altres coses” als cotxes.

L’informe de la UDYCO destaca que el presumpte narco, veí de Sedaví, “guardava rellotges d’alta gamma als seus vehicles, els quals van ser arrasats” per la dana sense que Emergències de la Generalitat alertara amb antelació la població, una gestió qüestionada que investiga la jutgessa de Catarroja.

A la localitat de l’Horta Sud i als voltants van quedar danyats diversos vehicles d’alta gamma, tal com mostra la fotografia que il·lustra aquesta informació, presa precisament en aquesta zona l’endemà de la catàstrofe de la dana. Borja M. R. va aconseguir contactar amb Viola la nit de la tragèdia: “Estic arruïnat, germà. M’he buscat la ruïna”, li va dir el presumpte narcoportuari. “A saber el panquemao que té”, va comentar amb Máximo L. G. el presumpte cap.

“És conegut pels investigadors que, en el món del narcotràfic, els implicats inverteixen en rellotges d’alta gamma, els quals són un valor segur de difícil devaluació i una manera de blanquejar els beneficis obtinguts”, explica l’analista autor de l’informe.

La UDYCO conclou que, en guardar als vehicles rellotges d’alta gamma “i altres articles de valor” procedents de beneficis il·lícits obtinguts del tràfic de drogues, “les pèrdues devien ser extremadament elevades”. En l’escorcoll de l’habitatge de Miguel Ángel S. P., els agents van trobar un Rolex, a més de diners en efectiu.

Tres Rolex i un Bulgari en caixes fortes

Per la seua banda, els investigadors consideren que Máximo L. G., a més del tràfic a xicoteta escala —en l’escorcoll del seu habitatge es van intervindre una bàscula de precisió, 27 grams de cocaïna i més de 5.000 euros en efectiu—, “guardaria droga per a un flux constant en l’organització” desmantellada i s’encarregaria de “mantindre ocult” una part del patrimoni de Borja M. R., segons dedueixen de les referències a presumptes sobres amb diners que afloren en algunes converses de WhatsApp reproduïdes en l’informe.

La possessió de rellotges i joies era habitual en la presumpta trama. En l’escorcoll de l’habitatge d’Antonio B. L., el presumpte narcoportuari va atribuir la propietat de dues caixes fortes al seu amic Borja. La UDYCO va trobar dins quatre rellotges —tres Rolex i un Bulgari—, a més de joies.

Els diàlegs de WhatsApp entre Máximo L. G. i Borja M. R., aparentment trivials en alguns passatges, denoten l’activitat dels presumptes narcoestibadors. El presumpte cap, rememorant les bromes a la grua del Port amb un tercer estibador, li deia: “Totes aquestes terres són teues. Veus allò fosc? No hi vages mai”, en al·lusió a “un plànol amb una calavera en revisió”.

“Un treballador de l’entorn portuari d’allò més habitual no es referiria a la zona de revisió com un lloc que cal evitar, com sí que ho fan aquells que formen part de l’entramat criminal, que organitzen l’arribada de carregaments de cocaïna en contenidors marítims per a, posteriorment, dur a terme l’extracció i obtindre un benefici elevat”, exposa l’informe policial.

D’altra banda, la UDYCO destaca la “subordinació i fidelitat” de Maxi a Borja M. R. i esgrimeix les converses en què el presumpte capitost del càrtel agraeix al seu amic la seua presència una vegada va ser posat en llibertat provisional després d’una detenció de la Guàrdia Civil anterior a l’operació Spider. “Borja, no podia faltar”, va contestar Máximo L. G.

“Menuts per al meu col·lega, li’n van agafar 700 i en va ficar 3.000”

Els investigats, seguint la tendència de la trama a una certa indiscreció telefònica, també al·ludien a altres narcotraficants coneguts de la zona, com el culturista Onofre G. R., que manté una “estreta relació” amb Borja M. R., segons la Policia. Tots dos van ser condemnats recentment en el marc de la causa pels xats desencriptats de Sky ECC. El també imputat Luis Israel A. L. va informar el seu cosí Maxi que al “grandot” Onofre li havia donat un “defalliment” —“un infart o alguna cosa així”, aclaria—.

En altres converses, els cosins narcoportuaris comentaven notícies de premsa sobre operacions policials. En un dels xats entre Máximo L. G. i Luis Israel A. L., el primer enviava al segon un enllaç a una notícia del diari Levante-EMV sobre un carregament de més d’una tona de coca intervingut a Tavernes Blanques. “Allà van els meus diners”, deia Maxi. L’informe de la Policia Nacional sosté que “ell mateix estaria confirmant haver invertit en el carregament de cocaïna aprehés” en el marc d’una operació conjunta de la Guàrdia Civil, Duanes i la Policia Nacional supervisada pel Jutjat d’Instrucció número 3 de Vila-real.

En una altra conversa, Máximo L. G. va compartir amb César G. P. un enllaç a una informació de Las Provincias sobre una detenció de Borja M. R. per part de la Guàrdia Civil, anterior a l’operació Spider, en la qual es feia referència a un carregament de 700 quilos de cocaïna. “Menuts per al meu col·lega, li’n van agafar 700 i en va ficar 3.000”. A Maxi, explica la UDYCO, la quantitat atribuïda al presumpte cap del càrtel de la coca al Port de València li “resulta ridícula” en relació amb les tres tones amb les quals, segons insinuava, s’hauria coronat Borja M. R.

“Si t’ix bé, guanyes; si t’ix malament, perds”

D’altra banda, Maxi no amagava, en una conversa telefònica amb el seu cosí, algunes crítiques a Borja M. R. i a Miguel Ángel S. P., àlies Viola, després del “mos important” que suposava la confiscació del carregament de torn per part de la Guàrdia Civil: “És que sembla que són professionals i després... Flipes amb les cagades que fan, mà!”, exclamava.

Sobre aquell mateix carregament, Luis Israel A. L. va preguntar a un altre presumpte narcoportuari, Christian C. S. B., si havia perdut “molt”. “Al final, les coses són com són. Si ix malament, això no es torna. Si cau, cau. Si t’ix bé, guanyes; si t’ix malament, perds”, explicava el seu interlocutor en un to realista.

Christian C. S. B., a qui la Policia Nacional atribueix el paper de col·laborador de la trama en la gestió de la flota de vehicles i de subministrador d’anabolitzants, també va mantindre converses inoportunes, segons es desprén de les punxades telefòniques que consten en el sumari. En una telefonada amb Alejandro B. per a “criticar els estrats superiors” de la presumpta organització criminal, aquest últim va dir que Borja M. R. “té infraestructura” i “coneix un munt de gent”, mentre que Christian C. S. B. va afirmar que Iván T. R. —l’altre presumpte capitost del càrtel del Port, de qui, segons la UDYCO, era “persona de la màxima confiança”— “no viurà tranquil mai”, pel seu estat d’alerta constant a conseqüència dels seguiments policials, reals o imaginaris.

Sobre les finances dels dos presumptes caps, Alejandro B. comentava alegrement: “De tot el que han tingut, no ho han fet del tot bé (...). Haurien d’haver invertit, haver creat empreses o coses així, de construcció o del que fora, mà. Estarien folrats des de fa anys. Sí que és veritat que han tingut tant i tenen tant que ja, realment...”.

“Diners ja en tenen de sobra, els pot el reconeixement”

Sobre Viola, l’indiscret portuari relatava que, temps arrere, li havia recomanat parar després d’haver-se coronat amb “tres seguides” i haver guanyat “dos pals”, és a dir, dos milions d’euros. “Saps què passa?”, postil·lava Alejandro B. en la mateixa telefonada: “Ja no són els diners, diners en tenen ja de sobra (...). Els pot el reconeixement de ‘mira aquest, és un individu, mira com funciona, aquest no sap qui soc’”.

Arran d’un missatge de WhatsApp sobre una tercera notícia relativa a la detenció d’un tal Pachi, que consta en l’informe policial, Borja M. R. celebrava no ser ell el “protagonista”. “A veure què passa demà en les pàgines de successos”, deia Máximo L. G. La UDYCO conclou que els presumptes “líders” de la trama eren “conscients de la probabilitat de caure en qualsevol moment”, especialment a conseqüència del desxiframent de l’aplicació Sky ECC, que va obrir de bat a bat la porta a policies de tot Europa per a conéixer les comunicacions més compromeses del crim organitzat.

L’informe destaca altres indicis. Amb motiu d’una detenció anterior de Viola, Máximo L. G. va demanar a Borja M. R. que s’encarregara d’aconseguir-li un advocat defensor d’un conegut bufet de València. El primer també va acompanyar la família del detingut. En una conversa de WhatsApp, Maxi feia broma amb el seu cosí Luis Israel A. L. a costa de la detenció de Viola i deia, de conya: “Si has fet alguna cosa malament, amaga’t; crec que s’ha xarrat de tota València. Jo estic fent les maletes”, un missatge acompanyat de nombroses emoticones de cares rialleres.

“Amb això, tot i denotar un to jocós en la conversa, segons el parer dels investigadors, ix a relluir la desconfiança envers aquells que són detinguts, per si pogueren delatar els seus pròxims que duen a terme operacions il·lícites”, indica l’informe de la UDYCO.

Les sospites per la infiltració: “Me l’ha feta que flipes”

Els missatges de WhatsApp també reflecteixen les tensions en el si de la presumpta xarxa. En un dels diàlegs, Luis Israel A. L. es queixava davant de Máximo L. G. del “xicotet dandi”, el malnom de Borja M. R.: “Company, me l’ha feta que flipes. Al final, em cagaré en els morts de tots ells. És per a esclafar-li el coll”.

Els investigadors, per la data de la conversa, vinculen els laments amb una reunió anterior al Cementeri General de València a la qual van acudir dos dels agents encoberts infiltrats en la presumpta trama. “S’infereix que Israel estaria culpant Borja M. R. de la implicació directa amb els agents encoberts”, assenyala l’informe.

Les comunicacions analitzades també descriuen els malentesos en el submon del narcotràfic valencià. “M’ha telefonat el cubà i m’ha dit que han jugat sense nosaltres, saps!”, exclamava Luis Israel A. L. en una conversa telefònica amb el seu cosí Maxi. No obstant això, després va recuperar la confiança en “el seu soci”, José Francisco B. R., després d’esbrinar que es tractava d’un “malentés al cent per cent” propiciat per una confusió del “cubà”.

Atents a les matrícules dels vehicles policials

La UDYCO també revela en l’informe que el presumpte capitost del càrtel va requerir en diverses ocasions a Máximo L. G. que consultara una aplicació de matrícules de vehicles per a comprovar si algun cotxe sospitós que observava al seu voltant formava part de la flota policial, cas en què no apareixia cap particular com a propietari.

La vesprada de l’1 de juny del 2025, Borja M. R. va detectar un cotxe estacionat que, després de la consulta de la matrícula, sí que va resultar ser un vehicle policial.

Els investigadors destaquen en l’informe que el presumpte cap “sospita que és vigilat i adopta mesures de seguretat”. En una altra ocasió, un Peugeot 308 va resultar ser un vehicle particular. “Estàs fora de perill”, li va dir Maxi.

Els agents de la UDYCO, això sí, destaquen que aquella última consulta de la matrícula es va produir la vespra de les detencions de l’operació Spider. L’informe recorda que els narcos de la presumpta trama, tal com va informar aquest diari, estaven al corrent que anaven a ser detinguts i, per tant, “en alerta” davant de qualsevol vehicle sospitós.

L’antiga empresa del director de Las Naves de València, Arturo Castelló, ha rebut en els últims huit anys més d’1,4 milions d’euros en subvencions de la fundació municipal per a esdeveniments vinculats al sector del videojoc. L’empresari es va desvincular de la mercantil una vegada va assumir la subdirecció de la fundació, en la qual actualment exerceix de director. Fonts de l’Ajuntament de València consultades per aquest diari reconeixen l’“existència d’una vinculació professional o societària prèvia amb una entitat beneficiària”, encara que defensen que “no constituïx, per si mateixa, una situació de conflicte d’interessos”.

L’últim conveni signat entre Las Naves i l’empresa Encom Games SL, ja amb Arturo Castelló en la direcció de la fundació pública, va ser subscrit per la vicepresidenta de Las Naves, l’edil Paula Llobet, “sense intervenció del director en la formalització del conveni”, segons apunten les fonts municipals.

Les mateixes fonts han desglossat els convenis amb l’empresa des del 2019 per a la celebració del conegut festival d’esports electrònics DreamHack. Entre el 2019 i el 2022, va ser subvencionat amb 100.000 euros anuals. El 2023 i el 2024, l’import de la subvenció va augmentar fins als 150.000 euros. A partir d’aquest últim exercici, després d’una addenda de modificació aprovada per la Junta de Govern Local, l’esdeveniment va passar a denominar-se Open World Now (OWN).

D’altra banda, aquell mateix any va nàixer la iniciativa València Game City, dirigida per l’empresari i que també ha rebut una subvenció de 150.000 euros anuals.

La regidora Paula Llobet va anunciar el 6 de març del 2025 que havia proposat Arturo Castelló com a subdirector tècnic d’Innovació de la fundació municipal. Castelló va ser revocat com a administrador solidari de l’empresa poc després, el 16 d’abril, segons les dades que consten en el Registre Mercantil. “De manera immediata i progressiva, redueix la seua participació en Encom fins a la venda de les accions de la societat”, postil·len fonts oficials del consistori governat per María José Catalá.

Convenis subscrits per la regidora

Tant l’autorització per a la concessió de la subvenció d’OWN el 2025, acordada per la Junta de Govern Local, com la formalització del conveni van tindre “caràcter previ” al nomenament de Castelló com a subdirector tècnic.

En el cas de València Game City 2025, l’autorització de la subvenció nominativa també va ser acordada per la Junta de Govern Local el 4 d’abril del 2025, “en aplicació del règim específic previst per a les fundacions del sector públic, formalitzant-se posteriorment el conveni de col·laboració corresponent”, afirmen fonts municipals, que descarten qualsevol mena de conflicte d’interessos.

“El que és rellevant”, afirmen les mateixes fonts, “és determinar qui adopta les decisions públiques, en quin moment s’adopten i sota quin procediment”.

Els convenis reguladors de les subvencions per als esdeveniments València Game City i OWN del 2026 van ser subscrits per Paula Llobet, en la seua condició de vicepresidenta de la fundació pública, sense intervenció de Castelló, que compta amb una retribució anual bruta de 82.239 euros com a director de Las Naves.

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha revelat, en un informe incorporat al sumari del cas Assut, al qual ha tingut accés elDiario.es, que el cunyat de Rita Barberá, l’advocat José María Corbín, va invertir en dipòsits a tipus fix un total d’1,7 milions d’euros procedents de presumptes mossegades d’empreses adjudicatàries municipals. Els investigadors de l’Institut Armat recorden que el 80% dels ingressos del despatx de Corbín entre el 2005 i el 2017 provenien d’empreses que, “directament o indirectament”, van ser beneficiàries d’adjudicacions de l’Ajuntament de València, com Cyes, amb 752.700 euros; Axis, amb 599.110; Cleop, amb 407.402; Secopsa, amb 348.000, o Ocide, amb 197.290 euros.

La presumpta mossegada d’Acciona lligada al contracte de sanejament de València, per un valor d’1,7 milions d’euros, es va vehicular, segons l'UCO, mitjançant pagaments al bufet de José María Corbín procedents del despatx de l’advocat Diego Elum, amic veterà des dels temps de la Transició, quan tots dos militaven en l’extrema dreta. Elum, que també figura com a investigat en la causa, era el principal pagador de Corbín.

L’inici del transvasament d’aquests fons coincideix temporalment amb l’obertura d’un compte a Bancaja a nom de Corbín, un mes abans que s’abonara la primera transferència. El cunyat de Barberá feia servir aquest compte per a abonar-se la seua pròpia nòmina, de 3.600 euros.

L’anàlisi efectuada per l'UCO de la Guàrdia Civil conclou que el cunyat de Rita Barberá va contractar productes d’inversió amb fons “que es pressuposen de naturalesa delictiva i procedents de les diferents empreses investigades”.

Corbín va invertir en productes financers a termini fix de Bancaja per un import total de més d’1,7 milions d’euros entre el maig del 2007 i el setembre del 2008. La coincidència temporal entre els ingressos procedents del despatx d’Elum i els càrrecs per inversions en imposicions a termini fix “reforça la seua relació amb fons de naturalesa delictiva”, destaca l’informe.

També va destinar 70.001 euros d’aquell compte bancari al pagament, per part de la seua dona, María Asunción Barberá, coneguda com a Totón i ja finada, del préstec de l’habitatge familiar a València.

La “naturalesa delictiva” del 90% dels fons del bufet

El 2008, també va utilitzar un poc més de mig milió d’euros d’aquell compte per al pagament d’obligacions tributàries, a més de 9.600 euros per a un pla de pensions.

En els dos exercicis amb més volum d’activitat, el 2007 i el 2008, el 90% dels fons declarats pel bufet de Corbín haurien sigut “de naturalesa delictiva”, segons l'UCO.

Els investigadors també ressenyen la compra d’accions de Gas Natural, Telefónica, Iberdrola i Repsol el 2010 per un import total de 100.000 euros. Aquell mateix exercici, els comptes de l’advocat van registrar 60.500 euros en reintegraments de diners en efectiu i compres a El Corte Inglés per valor de 22.536 euros.

L’informe explica la presumpta mecànica utilitzada pel cunyat de Rita Barberá: “S’ha pogut comprovar que, una vegada es recuperen els capitals invertits en aquestes IPF [imposicions a termini fix], es fan servir per a ser transformats en altres actius patrimonials, com ara l’adquisició d’accions i altres actius financers, compres a El Corte Inglés i reintegraments de diners en efectiu, usant part d’aquells diners per al pagament de reformes en un habitatge”.

També el 2010, José María Corbín va destinar 750.000 euros d’imposicions a termini fix a invertir en la societat de gestió patrimonial Arcalia, la boutique financera de la burgesia valenciana vinculada a Bancaja.

La “naturalesa delictiva” del 90% dels fons del bufet

El 2008, també va utilitzar una mica més de mig milió d'euros d'aquell compte per al pagament d'obligacions tributàries, a més de 9.600 euros per a un pla de pensions.

En els dos exercicis de major volum d'activitat (2007 i 2008), el 90% dels fons declarats pel bufet de Corbín haurien estat “de naturalesa delictiva”, segons l'UCO.

Els investigadors també ressenyen la compra d'accions de Gas Natural, Telefònica, Iberdrola i Repsol el 2010 per un import total de 100.000 euros. Aquest mateix exercici, els comptes de l'advocat van registrar 60.500 euros en reintegraments de diners en efectiu o compres a El Corte Inglés per valor de 22.536 euros.

L'informe explica la suposada mecànica usada pel cunyat de Rita Barberá: “S'ha pogut comprovar que, un cop es recuperen els capitals invertits en aquestes IPF [Imposicions a Termini Fix],” s'utilitzen per a “ser transformats en altres actius patrimonials com són l'adquisició d'accions i altres actius financers; compres a El Corte Inglés, i reintegraments de diners en efectiu, utilitzant part d'aquells diners per al pagament de reformes en un habitatge”.

També el 2010, José María Corbín va destinar 750.000 euros d'imposicions a termini fix per invertir a la societat de gestió patrimonial Arcalia, la 'boutique' financera de la burgesia valenciana vinculada a Bancaja.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado en un informe incorporado al sumario del 'caso Azud', al que ha tenido acceso elDiario.es, que el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, invirtió en depósitos a tipo fijo un total de 1,7 millones de euros procedentes de supuestas mordidas de adjudicatarias municipales. Los investigadores del Instituto Armado recuerdan que el 80% de los ingresos del despacho de Corbín entre 2005 y 2017 provenían de empresas que, “directamente o indirectamente”, fueron beneficiarias de adjudicaciones del Ayuntamiento de València, tales como Cyes (752.700 euros), Axis (599.110 euros), Cleop (407.402 euros), Secopsa (348.000 euros) u Ocide (197.290 euros).

La supuesta mordida de Acciona ligada al contrato del saneamiento de València, por un valor de 1,7 millones de euros, se vehiculó, según la UCO, mediante pagos al bufete de José María Corbín provenientes del despacho del letrado Diego Elum, veterano amigo desde los tiempos de la Transición en que ambos militaban en la extrema derecha. Elum, que también figura como investigado en la causa, era el principal pagador de Corbín.

El inicio del trasvase de esos fondos coincide temporalmente con la apertura de una cuenta en Bancaja a nombre de Corbín, un mes antes de que se abonara la primera transferencia. El cuñado de Barberá usaba esa cuenta para abonar su propia nómina, de 3.600 euros.

El análisis efectuado por la UCO de la Guardia Civil concluye que el cuñado de Rita Barberá contrató productos de inversión con fondos “que se presumen de naturaleza delictiva y provenientes de las diferentes empresas investigadas”.

Corbín invirtió en productos financieros a plazo fijo de Bancaja por un importe total de más de 1,7 millones de euros entre mayo de 2007 y septiembre de 2008. La coincidencia temporal entre los ingresos por parte del despacho de Elum y los adeudos por inversiones en imposiciones a plazo fijo “refuerza su relación con fondos de naturaleza delictiva”, destaca el informe.

También destinó 70.001 euros de esa cuenta bancaria para el pago por parte de su mujer, María Asunción Barberá (conocida como Totón y ya fallecida), del préstamo de la vivienda familiar en València.

La “naturaleza delictiva” del 90% de los fondos del bufete

En 2008, también usó algo más de medio millón de euros de esa cuenta para el pago de obligaciones tributarias, además de 9.600 euros para un plan de pensiones.

En los dos ejercicios de mayor volumen de actividad (2007 y 2008), el 90% de los fondos declarados por el bufete de Corbín habría sido “de naturaleza delictiva”, según la UCO.

Los investigadores también reseñan la compra de acciones de Gas Natural, telefónica, Iberdrola y Repsol en 2010 por un monto total de 100.000 euros. Ese mismo ejercicio, las cuentas del abogado registraron 60.500 euros en reintegros de dinero en efectivo o compras en El Corte Inglés por valor de 22.536 euros.

El informe explica la supuesta mecánica usada por el cuñado de Rita Barberá: “Se ha podido comprobar que, una vez que se recuperan los capitales invertidos en estas IPF [Imposiciones a Plazo Fijo],” se usan para “ser transformados en otros activos patrimoniales como son la adquisición de acciones y otros activos financieros; compras en El Corte Inglés, y reintegros de dinero en efectivo, utilizando parte de ese dinero para el pago de reformas en una vivienda”.

También en 2010, José María Corbín destinó 750.000 euros de imposiciones a plazo fijo para invertir en la sociedad de gestión patrimonial Arcalia, la 'boutique' financiera de la burguesía valenciana vinculada a Bancaja.