España se ha situado en los últimos años como uno de los países europeos con mayor potencial para producir hidrógeno verde. La abundancia de sol, y de superficie disponible ha alimentado un discurso que presenta al país como el futuro gran exportador energético de Europa. A primera vista, la idea resulta seductora, España produciría el gas de forma competitiva gracias a nuestras renovables y lo exportaría para descarbonizar la industria europea. Sin embargo, convertirnos en el surtidor de hidrógeno del continente podría ser un gran error estratégico.

Las energías renovables poseen una limitación característica, su intermitencia. Dependen de las condiciones meteorológicas y, por tanto, no siempre generan electricidad cuando la demanda lo requiere. En España, especialmente durante la primavera y el verano, la producción fotovoltaica supera con frecuencia el consumo. En esas horas, el precio de la electricidad puede llegar a ser nulo e incluso negativo, una señal de que parte de la energía disponible no encuentra demanda suficiente y termina desaprovechándose. Es precisamente en ese punto donde el hidrógeno adquiere un enorme valor estratégico.

La electrólisis permite transformar ese excedente eléctrico en hidrógeno y almacenarlo para utilizarlo posteriormente, cuando la demanda aumente o cuando la generación renovable disminuya. Concebido de esta forma, el hidrógeno deja de ser un simple combustible para convertirse en el gran sistema de almacenamiento energético del país. Una red nacional que integre producción, almacenamiento y distribución permitiría aprovechar mejor nuestros recursos renovables, reducir la dependencia del gas natural y ofrecer a hogares e industrias un suministro más estable y competitivo.

Sin embargo, existe una dimensión que rara vez ocupa un lugar central en el debate: el agua. La electrólisis consiste en romper las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno mediante electricidad. Si España aspira a desarrollar una producción masiva de hidrógeno, el consumo de recursos hídricos debe necesariamente planificarse. Esta cuestión es especialmente sensible porque los mayores excedentes de electricidad renovable coinciden con los meses de verano, precisamente cuando el estrés hídrico alcanza sus niveles más elevados.

Desde esta perspectiva, exportar hidrógeno no supone únicamente vender energía, también implica destinar recursos hídricos nacionales al desarrollo industrial de otros países. La producción de un kilogramo de hidrógeno requiere aproximadamente nueve litros de agua, que al consumirse se recuperan. De modo que una estrategia basada en la exportación equivaldría a transferir indirectamente un recurso cada vez más escaso en buena parte del territorio español.

España no debe aspirar a convertirse en el surtidor energético de Europa, sino en el país donde la industria europea decida instalarse gracias a una energía abundante, competitiva y descarbonizada

Por ello, la estrategia nacional sobre el hidrógeno debería orientarse prioritariamente hacia el desarrollo de nuestra propia economía. La historia demuestra que las naciones más prósperas no son aquellas que exportan sus materias primas, sino las que las transforman en industria, innovación y empleo. España no debe aspirar a convertirse en el surtidor energético de Europa, sino en el país donde la industria europea decida instalarse gracias a una energía abundante, competitiva y descarbonizada. Esa es la verdadera oportunidad que ofrece el hidrógeno y la decisión estratégica que marcará nuestra posición económica durante las próximas décadas.

La federación local de València de CGT, junto con la Federación Estatal de Sindicatos de Espectáculos, Artes Gráficas, Audiovisuales y Papel (FEGAP) del mismo sindicato, reactivan este verano la campaña para denunciar los abusos patronales en los festivales de música y defender los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la industria cultural. “Estamos en verano y con él, festivales de música, festejos populares, ciclos de conciertos y todo tipo de eventos lúdicos y culturales se multiplican por todo el estado y detrás de estos hay muchos y muchas trabajadoras invisibles” explican fuentes de CGT de València.

La organización anarcosindicalista informa de que detrás de estos eventos culturales “hay jornadas maratonianas y sueldos ínfimos, en los que prima la productividad antes que los derechos laborales”. “Músicos, técnicos de sonido, montadores de escenarios, personal en las barras o de limpieza, que trabajan con contratos precarios, irregulares y, muchas veces, obligados a ser falsos autónomos o directamente cobrar en negro”, denuncia el sindicato, que incide en que “detrás de estos macrofestivales ya no solo hay productoras de música sino grandes fondos de inversión que hacen su agosto a costa de explotar a sus trabajadores y trabajadoras”.

CGT incide en que la intención de la campaña, además de denunciar los abusos laborales a Inspección de Trabajo, es “lograr una contratación adecuada para todo el personal aplicando el convenio correspondiente, sin recurrir a la figura de los falsos autónomos, conseguir unos salarios dignos, ya que las tarifas y salarios están prácticamente 10 años congelados, que se cumplan las normativas de seguridad e higiene necesarias en los festivales y se respete el derecho a la representación sindical”.

El sindicato ha habilitado un formulario en su página web para los músicos, técnicos de sonido, montadores de escenarios y personal en las barras o de limpieza que quieran participar de la campaña, que cuenta con el apoyo de grupos como Los De Marras o Manifa. CGT interpondrá las denuncias ante la Inspección de Trabajo sin revelar la información de las denunciantes, según indica en un comunicado.

À Punt, la televisión pública valenciana, tuvo más ojo que Emergencias de la Generalitat a la hora de prever lo que iba a suceder la tarde del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 231 fallecidos. “Se van a desbordar los barrancos y no tenemos a nadie para ir a cubrir esto”, le dijeron los responsables de la cadena a Paco Miguel, el reportero que cubrió la catástrofe en Catarroja junto con la operadora de cámara Maje Jorge. El meteorólogo Lluís Obiols “veía muy claro” que “parecía obvio” que se iban a desbordar los barrancos, “sobre todo el del Poyo”, a tenor de que “las lluvias habían sido en Chiva” (cabecera de la rambla del Poyo). Así lo relató Paco Miguel en su testifical del pasado 15 de julio, según reza el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El reportero, que trabajaba en otro programa, fue movilizado aquella tarde por los servicios informativos: “Se habían gastado todos los efectivos, todo el mundo estaba ya por ahí”, explicó ante la jueza instructora.

Además, en el departamento de Meteorología de la cadena autonómica, desde la semana anterior, preveía que la situación iba a ser “muy gorda”. “Los meteorólogos estaban muy asustados (...) porque esas cantidades de precipitaciones no les parecían normales”, dijo Paco Miguel.

Los responsables de la cadena decidieron enviar un equipo al barranco del Poyo ante su previsible desbordamiento. “Estuvimos viendo el recorrido del barranco del Poyo, que atraviesa la A3, cerca de donde está el polígono de Ribarroja (...)”, dijo el testigo. El reportero contactó con varios amigos suyos que viven a tiro de piedra del barranco y le recomendaron grabar desde el Camí Real, situado entre Massanassa y Catarroja (y con buena iluminación en caso de que se les hiciera de noche).

“Estábamos pensando en una salida en un barranco lleno, y que si se salía, pues se saldría de una manera más o menos civilizada”, matizó el periodista. De camino al Camí Real tuvo una “pequeña discusión” con la jefa de redacción, que prefería que fueran a grabar “desperfectos” en Chiva.

Al llegar a Catarroja, vieron el barranco del Poyo “muy, muy lleno” y un conductor les advirtió de que no entraran a la localidad porque se había “desbordado”.

“Y, efectivamente, en ese momento ya vimos que había como charcos, digamos que esto era de noche ya totalmente, y ahí no hay un sitio muy iluminado, (...) pero dijimos, fenomenal, vamos a grabar cómo se sale el barranco, y es cuando entramos (...) donde está el colegio Vil·la Romana”, rememoró el testigo. Aparcaron el coche con “un dedo de agua” y cogieron la cámara y el micro, dejando la mochila para la conexión en directo en el vehículo.

—En el asfalto ya flotaban algunos contenedores, pero la sensación en la acera era que todavía no estabas en peligro, hasta que, de pronto, la cosa fue subiendo, subiendo, subiendo. Empezó la gente como loca a intentar sacar los coches de allí. La cuestión es que, encima, cuando pasaban los coches te tiraban más olas; la cosa realmente estaba subiendo y se estaba colando el agua (eso sí que lo recuerdo muy bien) muy a lo bestia en los garajes, de los cuales estaban intentando salir los coches.

Un “gran palco para ver la tragedia”

Un vecino prestó refugio al equipo de À Punt, que grabó el resto de la noche desde su terraza: “De ahí ya no volvimos a bajar, porque lo que vimos desde arriba fue como subía, subía, subía el agua, cada vez subía más”. “Los coches empezaron a flotar, de pronto me di cuenta de que probablemente el coche no lo íbamos a volver a ver y efectivamente no lo volvimos a ver”, apostilló.

—Era bastante confuso todo, lo único que veías es que aquello subía, subía, subía (...) Es cuando se produjeron todas esas imágenes de que la gente que estaba en la calle intentaba subir a las casas, los portales se habían atrancado, entonces muchos empezaron a romper los cristales para poder entrar; los coches que flotaban (claro, los llevaba la corriente a los garajes), entonces era como que los coches que intentaban subir se chocaban contra los que caían. Las farolas también empezaron a recibir los golpes (...).

El testigo, según manifestó ante la jueza, vivió una “sensación muy extraña”, al estar situado en una suerte de “gran palco para ver la tragedia”. El equipo de À Punt, cuando se fue la luz, ya no pudo enviar las imágenes que estaba grabando. Luego, con el corte de las comunicaciones telefónicas, el reportero tampoco pudo seguir con las conexiones en directo con la radio.

Cuando sonó el Es-Alert en los móviles, el agua llegaba casi a la altura del “primer piso de enfrente, (...) todo lo que era la planta baja estaba hasta arriba”, dijo Paco Miguel.

À Punt, la televisió pública valenciana, va tindre més ull que Emergències de la Generalitat a l’hora de preveure el que anava a succeir la vesprada del 29 d’octubre de 2024, la tràgica jornada que va deixar 231 víctimes mortals. “Els barrancs es desbordaran i no tenim ningú per a anar a cobrir això”, van dir els responsables de la cadena a Paco Miguel, el reporter que va cobrir la catàstrofe a Catarroja juntament amb l’operadora de càmera Maje Jorge. El meteoròleg Lluís Obiols “veia molt clar” que “semblava obvi” que els barrancs es desbordarien, “sobretot el de Poio”, tenint en compte que “les pluges havien sigut a Chiva” (capçalera del barranc de Poio). Així ho va relatar Paco Miguel en la seua declaració testifical del passat 15 de juliol, segons consta en l’acta de la seua declaració, a la qual ha tingut accés elDiario.es.

El reporter, que treballava en un altre programa, va ser mobilitzat aquella vesprada pels serveis informatius: “S’havien gastat tots els efectius, tot el món estava ja per allí”, va explicar davant de la jutgessa instructora.

A més, el departament de Meteorologia de la cadena autonòmica, des de la setmana anterior, preveia que la situació anava a ser “molt grossa”. “Els meteoròlegs estaven molt espantats (...) perquè aquelles quantitats de precipitació no els semblaven normals”, va dir Paco Miguel.

Els responsables de la cadena van decidir enviar un equip al barranc de Poio davant del seu previsible desbordament. “Vam veure el recorregut del barranc de Poio, que travessa l’A-3, prop d’on està el polígon de Riba-roja (...)”, va declarar el testimoni. El reporter va contactar amb diversos amics seus que viuen a tocar del barranc i li van recomanar gravar des del Camí Reial, situat entre Massanassa i Catarroja (i amb bona il·luminació en cas que se’ls fera de nit).

“Estàvem pensant en una eixida en un barranc ple, i que, si es desbordava, es desbordaria d’una manera més o menys civilitzada”, va matisar el periodista. De camí al Camí Reial va tindre una “xicoteta discussió” amb la cap de redacció, que preferia que anaren a gravar els “desperfectes” a Chiva.

En arribar a Catarroja, van veure el barranc de Poio “molt, molt ple” i un conductor els va advertir que no entraren a la localitat perquè s’havia desbordat.

“I, efectivament, en aquell moment ja vam veure que hi havia com bassals. Era ja completament de nit i allí no hi havia un lloc massa il·luminat (...), però vam dir: 'Fenomenal, anem a gravar com es desborda el barranc', i va ser quan vam entrar (...) on està el col·legi Vil·la Romana”, va rememorar el testimoni. Van aparcar el cotxe amb “un dit d’aigua” i van agafar la càmera i el micròfon, deixant la motxilla per a la connexió en directe al vehicle.

—A l’asfalt ja suraven alguns contenidors, però la sensació a la vorera era que encara no estaves en perill, fins que, de sobte, la cosa va anar pujant, pujant, pujant. La gent va començar a tort i a dret a intentar traure els cotxes d’allí. La qüestió és que, a més, quan passaven els cotxes et llançaven més ones; la cosa realment anava pujant i l’aigua s’estava colant (això sí que ho recorde molt bé) d’una manera descomunal als garatges, dels quals els cotxes estaven intentant eixir.

Una “gran llotja per a veure la tragèdia”

Un veí va refugiar l’equip d’À Punt, que va gravar la resta de la nit des de la seua terrassa: “D’allí ja no vam tornar a baixar, perquè el que vam veure des de dalt va ser com l’aigua pujava, pujava, pujava, cada vegada pujava més”. “Els cotxes van començar a surar. De sobte em vaig adonar que probablement el cotxe no el tornaríem a veure i, efectivament, no el vam tornar a veure”, va postil·lar.

—Era tot bastant confús, l’única cosa que veies era que allò pujava, pujava, pujava (...) Va ser quan es van produir totes aquelles imatges en què la gent que estava al carrer intentava enfilar-se a les cases. Els portals s’havien encallat i, aleshores, molts van començar a trencar els vidres per a poder entrar. Els cotxes que suraven (és clar, el corrent se’ls emportava cap als garatges), de manera que era com si els cotxes que intentaven eixir xocaren contra els que queien. Els fanals també van començar a rebre els colps (...).

El testimoni, segons va manifestar davant de la jutgessa, va viure una “sensació molt estranya”, en estar situat en una espècie de “gran llotja per a veure la tragèdia”. L’equip d’À Punt, quan se’n va anar la llum, ja no va poder enviar les imatges que estava gravant. Després, amb el tall de les comunicacions telefòniques, el reporter tampoc va poder continuar amb les connexions en directe amb la ràdio.

Quan va sonar l’Es-Alert als telèfons mòbils, l’aigua arribava quasi a l’altura del “primer pis de davant (...) tota la planta baixa estava completament inundada”, va dir Paco Miguel.

Javier Bolinches, el alto funcionario de la Diputación de Valencia que mandó a casa a los empleados de la institución provincial, tomó la decisión por la alerta roja activada el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos, y tras consultar las previsiones de Aemet y ver la situación de la que informaba À Punt, la televisión autonómica valenciana. Ni siquiera consultó con la cúpula política de la Diputación ni con el Consorcio Provincial de Bomberos o con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Así lo ha declarado Bolinches este jueves ante la jueza de la dana, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical.

El exjefe de Recursos Humanos ha explicado que aquella mañana hubo “mucha urgencia” y no dio tiempo a elaborar un decreto, por lo que decidió enviar un correo electrónico “masivo” que llegó a las 14.00 a todos los empleados que cuentan con una cuenta corporativa de la Diputación. “El correo le llegó a todo el mundo, creo yo”, ha manifestado. También ha detallado que se suspendieron los cursos del servicio de formación.

El testigo ha especificado que tomó la decisión prácticamente por su cuenta, con el aval del jefe de servicio de Presidencia y de un asesor del diputado provincial de Recursos Humanos, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, cuya localidad ya estaba en esos momentos completamente inundada y que centraba todos sus esfuerzos en la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Javier Bolinches también ha especificado que, además de Aemet y À Punt, consultó “páginas de periódicos” antes de impulsar la decisión de mandar a casa a los empleados de la Diputación.

Por otro lado, el testigo ha afirmado que su sucesora en el cargo, María Escamilla, no le consultó para elaborar el informe que la institución provincial remitió a la jueza de la dana sobre la decisión tomada el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos.

L'aleshores president Carlos Mazón se'n va anar a dinar amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro, en plena dana del 29 d'octubre de 2024, una jornada tràgica que, a la fi, va deixar 231 víctimes mortals, tot i que els seus consellers compartien informes en el grup de WhatsApp de l'Executiu autonòmic en els quals es detallava la situació sobre el terreny, amb classes suspeses en 63 municipis de la província de València o desenes de carreteres afectades.

Així es desprén de la documentació, a la qual ha tingut accés elDiario.es, aportada aquest dimecres a la causa de la dana que instrueix la jutgessa de Catarroja per qui va ser portaveu del Consell de Mazón, l'actual secretària autonòmica Ruth Merino, després d'una testifical en què ha declarat que es va assabentar de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) en veure la televisió ja de nit. L'exportaveu també ha fet constar davant la lletrada de l'Administració de Justícia (LAJ) els components del grup de WhatsApp denominat “Consell PP”.

Merino ha entregat els documents en format PDF que els consellers van pujar el dia dels fets al xat de WhatsApp, els missatges del qual va aportar la vicepresidenta Susana Camarero (sense els arxius adjunts). La nova documentació incorporada al procediment permet conéixer el contingut dels informes dels consellers de Mazón.

El titular d'Educació, José Antonio Rovira, va reenviar a les 13.05 l'informe amb l'actualització dels centres educatius afectats per la dana (en 69 municipis de tota la Comunitat Valenciana, 63 dels quals a la província de València, la majoria a la comarca de la Ribera Alta). La situació dels centres afectats per la dana corresponia a les 12.30, segons indica el document.

Posteriorment, a les 15.29, el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, va compartir un document en format PDF sobre l'estat de les carreteres elaborat pel Centre de Gestió de Serveis de Suport a la Mobilitat (Cegesem).

L'informe assenyalava que 35 carreteres de la província de València (la majoria a les comarques de la Ribera Alta i la Foia de Bunyol), tant de titularitat estatal i autonòmica com provincial, havien patit inundacions o despreniments des de primera hora del matí fins a les 13.34.

Mazón, que actualment figura en la causa com una mena de preinvestigat, va allargar l'àgape amb Maribel Vilaplana fins a molt més enllà de l'hora de berenar. La parella de comensals va ser l'última que es va quedar a El Ventorro, els treballadors del qual ja havien marxat a casa, segons va declarar en seu judicial l'amo del restaurant. Mazón fins i tot va acompanyar Vilaplana fins a un aparcament pròxim on la comunicadora havia deixat el seu vehicle.

L'arribada nocturna al Cecopi

Una telefonada al cap del Consell d'un alt càrrec que presenciava la inundació del Lloc de Comandament de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), situat a tocar del barranc de Poio, va propiciar que Mazón activara el dispositiu d'escortes i del vehicle oficial per a acostar-se al Centre d'Emergències de la Generalitat a l'Eliana.

Diversos testimonis han relatat davant la jutgessa l'arribada de Carlos Mazón al Cecopi, a les 20.28 (quan ja hi havia desenes i desenes de víctimes mortals i centenars de ciutadans romanien atrapats per les inundacions). Un d'ells va dir que era com un “extraterrestre” que havia aterrat en un altre planeta i a qui va caldre explicar-li-ho tot.

Més recentment, el secretari autonòmic Ignacio Grande, alt càrrec tant en el Consell de Mazón com en l'actual de Juan Francisco Pérez Llorca, va dir davant la jutgessa que a l'aleshores president, en la seua arribada al Cecopi, se li va fer un “buidatge d'informació” del que havia esdevingut durant la vesprada.

El entonces president Carlos Mazón se fue a comer con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro, en plena dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que a la postre dejaría 231 fallecidos, a pesar de que sus consellers compartían informes en el grupo de WhatsApp del Ejecutivo autonómico en los que se detallaba la situación sobre el terreno, con clases suspendidas en 63 municipios de la provincia de Valencia o decenas de carreteras afectadas.

Así se desprende de la documentación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, aportada este miércoles a la causa de la dana que instruye la jueza de Catarroja por quien fuera portavoz del Consell de Mazón, la actual secretaria autonómica Ruth Merino, tras una testifical en la que ha declarado que se enteró de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) al ver la televisión ya de noche. La exportavoz también ha hecho constar ante la Letrada de la administración de Justicia (LAJ) los componentes del grupo de WhatsApp denominado “Consell PP”.

Merino ha entregado los documentos en formato pdf que subieron los consellers el día de autos al chat de WhatsApp, cuyos mensajes aportó la vicepresidenta Susana Camarero (sin los archivos adjuntos). La nueva documentación incorporada al procedimiento permite conocer el contenido de los informes de los consellers de Mazón.

El titular de Educación, José Antonio Rovira, reenvió a las 13.05 el informe con la actualización de los centros educativos afectados por la dana (en 69 municipios en toda la comunidad autónoma, 63 de los cuales en la provincia de Valencia, la mayoría en la comarca de la Ribera Alta). La coyuntura de los centros afectados por la dana correspondía a las 12.30, según indica el documento.

Posteriormente, a las 15.29, el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, compartió un documento en formato pdf sobre el estado de las carreteras elaborado por el Centre de Gestió de Serveis de Suport a la Mobilitat (Cegesem).

El informe reseñaba que 35 carreteras de la provincia de Valencia (la mayoría en las comarcas de la Ribera Alta y la Hoya de Buñol), tanto de titularidad estatal y autonómica como provincial, habían sufrido inundaciones o desprendimientos desde primera hora de la mañana hasta las 13.34.

Mazón, que actualmente figura en la causa como una suerte de 'preinvestigado', alargó el ágape con Maribel Vilaplana hasta mucho más allá de la hora de merendar. La pareja de comensales fueron los últimos clientes que se quedaron en El Ventorro, cuyos trabajadores ya se habían marchado a casa, según declaró en sede judicial el dueño del restaurante. Mazón incluso acompañó a Vilaplana hasta un aparcamiento cercano donde la comunicadora había dejado su vehículo.

La llegada nocturna al Cecopi

Una llamada al jefe del Consell de un alto cargo que presenciaba la inundación del Puesto de Mando de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), situado a tiro de piedra del barranco del Poyo, propició que Mazón activara el dispositivo de escoltas y del vehículo oficial para acercarse al Centro de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana.

Varios testigos han relatado ante la jueza la llegada de Carlos Mazón al Cecopi, a las 20.28 (cuando ya había decenas y decenas de fallecidos y cientos de ciudadanos permanecían atrapados por las inundaciones). Uno de ellos dijo que era como un “extraterrestre” que había aterrizado en otro planeta y al que hubo que explicárselo todo.

Más recientemente, el secretario autonómico Ignacio Grande, alto cargo tanto en el Consell de Mazón como en el actual de Juan Francisco Pérez Llorca, dijo ante la jueza que al entonces president, a su llegada al Cecopi, se le hizo un “volcado de información de lo que había acontecido durante la tarde”.

La jueza de la dana ha inadmitido que se pida a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la aportación voluntaria de sus comunicaciones del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos, tal como solicitaba la defensa de la exconsellera Salomé Pradas. Por el contrario, la magistrada abre la puerta en un auto dictado este miércoles a que se le soliciten al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ); Miguel Polo.

La diferencia de criterio estriba en que Polo aportó voluntariamente la lista de sus comunicaciones a la comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes mientras que Bernabé declinó esa opción en su declaración como testigo del 14 de abril de 2025, alegando el “carácter personal del móvil” en el que consultaba sus llamadas en la testifical. Al ser un presunto delito de homicidio imprudente el que se investiga en el marco de la causa (no doloso), la aportación de las comunicaciones —cuya privacidad está reconocida constitucionalmente— reviste un carácter voluntario por parte de los testigos.

Se trata, por tanto, de “dos situaciones distintas”, afirma la jueza instructora. Polo aportó, en un informe de la CHJ remitido a la comisión de investigación de la cámara autonómica, la factura de las llamadas efectuadas con su teléfono el día de autos.

En el marco de la causa, a Polo “no se le pidió su factura en su declaración ni en otro momento, anterior ni posterior”, recuerda el auto. “Por agilidad procesal”, indica la magistrada, procede efectuar la solicitud de la factura “directamente al propio testigo”.

Ruth Merino, portavoz del Consell de Carlos Mazón durante la dana, ha declarado este miércoles ante la jueza de Catarroja que se enteró por “la tele” al llegar a su casa por la “tarde-noche” de que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos, se había reunido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Conoció la presencia de Mazón en la reunión por el mismo medio: “Yo solo soy consciente de que lo veo en el Cecopi cuando conecto la tele, nadie me informa antes”, ha especificado Merino, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de su testifical.

También ha manifestado que el pleno del Consell reunido aquella mañana no adoptó ningún acuerdo relativo a la dana, aunque “se habló de la situación meteorológica” y “se puso interés en tener la información actualizada de las agencias para informar en la rueda de prensa [posterior al pleno]”. “Se habló de la situación y entiendo que se habló sobre la alerta roja”, ha apostillado la testigo.

Merino ha detallado que la organización del orden del día del pleno le compete a Mazón y a la secretaria, que era la vicepresidenta Susana Camarero. A la entonces consellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa, la vio “proactiva” durante la reunión del pleno del Consell. “Daba información, yo la veía entrando saliendo y hablando por teléfono”, ha rememorado la testigo.

Pradas le hizo llegar información sobre la situación sobre el terreno para la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. “Empecé con eso y trasladé la información que nos hicieron llegar a nosotros o a mi equipo Pradas u otros jefes de prensa”, ha explicado Ruth Merino, actualmente secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca tras haber sido consellera de Hacienda durante la etapa de Mazón al frente del Ejecutivo autonómico.

Vio “algún vídeo” de la dana por la tarde

En la reunión que mantuvieron Mazón, Camarero y Merino con los sindicatos y la patronal para tratar sobre los presupuestos (el último acto de la mañana del president antes de su comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro), se comentó la suspensión de las clases decretada por la Universitat de València.

La testigo ha confirmado que ni Mazón ni Pradas hablaron con ella previamente al día de la dana sobre la emergencia. Sobre la comparecencia ante los medios de Carlos Mazón aquella mañana, en la que dio datos desactualizados, Merino ha dicho que desconoce “lo que dijo” y “qué información le dieron a él”.

Ambas comparecencias, la de Merino y la de Mazón, “se debieron solapar” prácticamente, según ha afirmado la testigo. Tras la rueda de prensa tampoco habló con la consellera o con el president “por ningún medio”.

Por la tarde, Merino se reunió con su equipo para preparar los Presupuestos, el asunto que centraba el trabajo de su departamento en aquella época. Le sonaba ver “algún vídeo” sobre la dana en aquel encuentro.

Tras aquella reunión interna de la Conselleria de Hacienda, se enteró de la convocatoria del Cecopi: “Cuando llegué a casa, puse la tele”, ha dicho.

El cese como portavoz: “No recuerdo lo que se me dijo”

Merino se ha remitido, en referencia a las conversaciones sobre la dana que mantuvo con el resto de consellers aquella noche, al chat del Ejecutivo autonómico, incorporado a la causa tras haberlo aportado la vicepresidenta Susana Camarero.

La jueza ha preguntado a la exportavoz del Consell si estaría dispuesta a aportar los archivos adjuntos del grupo de WhatsApp, que Camararo no había incluido. “Yo inconveniente no tengo, pero no sé si al haber más personas debo aportarlos o no”, ha manifestado la testigo. Sí que ha aceptado aportar los chats con su equipo de la Conselleria de Hacienda.

La testigo no ha aclarado si su posterior destitución como portavoz del Consell de Mazón fue a consecuencia de la política comunicativa sobre la dana: “No recuerdo lo que se me dijo, que era una remodelación del Consell y que incluía la portavocía”. En todo caso, ha explicado Merino, la política comunicativa la controlaba Presidencia desde el Palau de la Generalitat.

A preguntas del abogado de Mazón, que figura en la causa como una suerte de 'preinvestigado', Ruth Merino ha asegurado que “no se ocultó información” y que el entonces president, con sus órdenes de aquella mañana en el grupo de WhatsApp del Consell, pretendía “mantener informada a la población”.

La jutgessa que ha processat el tinent coronel interventor acusat de corrupció en obres de casernes de la Guàrdia Civil ha detectat que Miguel Ángel E. T., excap de la Unitat de Gestió Econòmica (UGE) de la VI Zona de l’Institut Armat, va abonar un total de 18.000 euros en efectiu “sense traçabilitat bancària ni suport documental d’origen”, destinats a l’adquisició de tres immobles a la localitat de Siete Aguas.

La instructora, segons indica la interlocutòria de procediment abreujat, veu “opacitat financera” i conclou que el tinent coronel va utilitzar de manera recurrent empresaris que “resultaven adjudicataris d’obra pública” en casernes i altres instal·lacions de la Guàrdia Civil “mentre executaven les seues reformes privades” en els tres immobles.

La resolució també destaca una “desviació de recursos” i les evidències que es van facturar subministraments privats (com ara ferramentes o tovallolers) amb càrrec a l’erari. També al·ludeix a una “bretxa massiva” entre el valor de mercat peritat dels immobles i la despesa declarada o traçable.

“Mentre que els pagaments declarats per l’investigat amb destinació a l’obra i l’equipament de l’immoble van ser mínims o inexistents, les persones físiques i jurídiques involucrades en aquestes tasques van mantindre una relació contractual constant amb la Guàrdia Civil de València, a través de l’UGE, contextualitzada en el període analitzat, i van resultar beneficiàries de contractes públics per imports que van superar de manera sistemàtica el valor dels serveis prestats de manera privada a l’habitatge objecte d’estudi”, conclou la interlocutòria.

La investigació va trobar “increments especialment rellevants” en el valor de les obres públiques executades per les empreses que van reformar els habitatges de Siete Aguas en el mateix període temporal. La jutgessa es basa en els informes pericials elaborats per l’Agència Valenciana Antifrau, en funcions d’auxili judicial de la Fiscalia Anticorrupció.

Un “patró reiterat”

“Aquests percentatges podrien no constituir desviacions puntuals o errors tècnics menors, sinó un patró reiterat de facturació per damunt del valor real de mercat, generant un perjuí econòmic directe per a l’Administració pública, compatible amb una indeguda disposició dels fons públics per part del tinent coronel investigat”, postil·la la interlocutòria.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 3 del Tribunal d’Instància de València, en la mateixa línia que Afers Interns de la Guàrdia Civil, conclou que l’interventor militar liderava una suposada “xarxa de corrupció sistèmica”, sent la “confecció de documents falsos la ferramenta necessària per a assegurar que les adjudicacions recaigueren en les empreses i els empresaris investigats, dotant els expedients d’un vernís d’integritat que superara l’examen formal de l’Administració”, explica la magistrada.

Una mecànica que, en definitiva, “cercava la supressió total del mercat competitiu, cosa que permet a l’investigat un maneig absolut dels fluxos de caixa de la Comandància”.

El tinent coronel, per la seua banda, va declarar voluntàriament el passat 17 de juliol per negar els sobrecostos ressenyats per Antifrau.

La jutgessa, tal com ha informat elDiario.es, ha processat Miguel Ángel E. T. pels presumptes delictes de malversació de cabals públics, prevaricació administrativa, suborn, falsedat documental, tràfic d’influències i pertinença a grup criminal.

La jueza que ha procesado al teniente coronel interventor acusado de corrupción en obras de cuarteles de la Guardia Civil ha detectado que Miguel Ángel E. T., exjefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona del Instituto Armado, abonó un total de 18.000 euros en efectivo “sin trazabilidad bancaria ni soporte documental de origen”, destinados a la adquisición de tres inmuebles en la localidad de Siete Aguas.

La instructora, según indica el auto de procedimiento abreviado, ve “opacidad financiera” y concluye que el teniente coronel usó recurrentemente a empresarios que “resultaban adjudicatarios de obra pública” en cuarteles y otras instalaciones de la Guardia Civil “mientras ejecutaban sus reformas privadas” en los tres inmuebles.

La resolución también destaca que una “desviación de recursos” y las evidencias de que se facturaron suministros privados (tales como herramientas o toalleros) con cargo al erario. También alude a una “brecha masiva” entre el valor de mercado peritado de los inmuebles y el gasto declarado o trazable.

“Mientras que los pagos declarados por el investigado con destino a la obra y el equipamiento del inmueble fueron mínimos o inexistentes, las personas físicas y jurídicas involucradas en dichas tareas mantuvieron una relación contractual constante con la Guardia Civil de Valencia, a través de la UGE, contextualizada en el periodo analizado, resultando beneficiarias de contratos públicos por importes que superaron de forma sistemática el valor de los servicios prestados de manera privada en la vivienda objeto de estudio”, concluye el auto.

La investigación halló “incrementos especialmente relevantes” en el valor de las obras públicas ejecutadas por parte de las empresas que reformaron las viviendas de Siete Aguas en el mismo periodo temporal. La jueza se escuda en los informes periciales elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude, en funciones de auxilio judicial de la Fiscalía Anticorrupción.

Un “patrón reiterado”

“Dichos porcentajes, podrían no constituir desviaciones puntuales o errores técnicos menores, sino un patrón reiterado de facturación por encima del valor real de mercado, generando un perjuicio económico directo para la Administración Pública, compatible con una indebida disposición de los fondos públicos por parte del teniente coronel investigado”, apostilla el auto.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, en la misma línea que Asuntos Internos de la Guardia Civil, concluye que el interventor militar lideraba una supuesta “red de corrupción sistémica”, siendo la “confección de documentos mendaces la herramienta necesaria para asegurar que las adjudicaciones recayeran en las empresas y empresarios investigados, dotando a los expedientes de un viso de integridad que superara el examen formal de la Administración”, explica la magistrada.

Una mecánica que, en definitiva, “buscaba la supresión total del mercado competitivo, permitiendo al investigado un manejo absoluto de los flujos de caja de la Comandancia”.

El teniente coronel, por su parte, declaró voluntariamente el pasado 17 de julio para negar los sobrecostes reseñados por Antifraude.

La jueza, tal como ha informado elDiario.es, ha procesado a Miguel Ángel E. T., por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y grupo criminal.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil ha detenido este martes a ocho presuntos narcotraficantes vinculados a un alijo de coca en el Puerto de València. Entre los ocho detenidos, según ha avanzado el diario Levante-EMV, figuran Borja M. R. e Iván T. R., considerados dos de los capos del cartel en el Puerto y principales investigados en la macrocausa de la 'operación Spider'.

Borja M. R. e Iván T. R. también fueron condenados el pasado 30 de junio por la sección tercera de la Audiencia de Valencia —a 10 años y medio de prisión— en una causa por narcotráfico vinculada a los chats de la aplicación SKY.

Además, otros presuntos narcos condenados en ese mismo procedimiento (Jokin L. A., Daniel S. R. y Javier C. R.) han sido detenidos este martes por el EDOA de la Guardia Civil. Fueron condenados a algo más de 10 años de prisión por los chats de SKY, una sentencia pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.

Los agentes del EDOA también han arrestado a Jonathan G. C., otro de los investigados en el marco de la 'operación Spider' y considerado como el “máximo responsable” de la extracción del alijo de 1.160 kilos de cocaína intervenido el 18 de julio de 2025 en el interior de la terminal portuaria CSP.

Jonathan G. C. estuvo un mes escondido en una vivienda de Geldo (Castelló) y, según se desprende del análisis del teléfono que usaba, dirigió otras operaciones de narcotráfico mientras estuvo fugado.

Las detenciones de este martes están vinculadas a un cargamento de 348 kilos de coca intervenido en el Puerto de València el 20 de febrero de 2021, mediante el sistema del gancho perdido.

La Plaza número cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València se encarga del procedimiento. Se trata del juzgado que archivó inicialmente la causa al haberse tumbado la prueba de los chats de SKY. Sin embargo, el aval de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) a los chats desencriptados, obligando a la sección tercera de la Audiencia de Valencia a dictar una nueva sentencia condenatoria tras haber absuelto inicialmente a los presuntos narcos ha reactivado de rebote la investigación del alijo de 2021.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha procesado al teniente coronel interventor acusado de corrupción en obras de cuarteles de la Guardia Civil por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y grupo criminal. El auto, dictado por la jueza Elisa Fort, considera que Miguel Ángel E. T., exjefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, orquestó una presunta “red de empresarios y sociedades a través de las que pudo manipular la obra pública” del Instituto Armado.

La resolución alude a la “adjudicación reiterada” a firmas vinculadas al empresario Carlos G. M. (con quien el teniente coronel mantenía una relación de amistad); al “fraccionamiento indebido” de facturación para eludir controles administrativos; a la emisión de facturas con “importes notablemente superiores al valor real de los trabajos ejecutados”, y la inclusión de partidas “no realizadas o sobredimensionadas”.

La instructora reseña los informes periciales de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), que cuantificaron sobrecostes de hasta un 188,15% y que descarta que se trate de meras desviaciones técnicas o errores contables aislados. Antifraude, según recuerda la jueza, concluyó que se trataría de una “dinámica reiterada y estructural”.

“Las facturas objeto de análisis presentan de propósito deficiencias en la descripción y una vaguedad e indeterminación de los trabajos a realizar, así como el lugar concreto donde efectivamente se desarrollan los trabajos”, afirma la jueza.

Además, las empresas adjudicatarias eran “recurrentes”, con “vinculación personal” con Miguel Ángel E. T., “participando durante los contratos adjudicados de obra pública, en la construcción y acondicionamiento de viviendas particulares de investigado”, apostilla el auto.

El auto destaca el uso de los fondos supuestamente desviados para la adquisición y reforma de tres viviendas del teniente coronel en la localidad de Siete Aguas.

La jueza ha procesado al teniente coronel, a su esposa, a José Ángel M. M., (guardia civil de la UGE de la VI Zona de la Guardia Civil) y a siete administradores de empresas, entre otros.

El principal procesado declaró voluntariamente el pasado 17 de julio para negar los sobrecostes en las obras analizados por Antifraude. Por su parte, Asuntos Internos de la Guardia Civil considera que el teniente coronel interventor lideraba una presunta trama de “corrupción sistémica”, tal como informó este diario.

El secretari autonòmic Ignacio Grande, alt càrrec del Consell del PP tant en l’etapa de Carlos Mazón com en l’actual de Juan Francisco Pérez Llorca, va dibuixar davant la jutgessa de la dana un panorama amarg sobre la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb “231 morts”. Grande va titllar el Cecopi de la dana de “desorganitzat”, va dir que no tenia un fil clar i que hi va haver “moltes interrupcions” i certa “dispersió”, segons destil·la l’acta de la seua declaració del passat 16 de juliol, a la qual ha tingut accés elDiario.es.

D’una primera fase “més ordenada”, el Cecopi “canvia la dinàmica” quan la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) va alertar d’un “possible abocament” a la presa de Forata, una “circumstància que podia afectar milers de persones”, segons va explicar el testimoni.

Després d’un llarguíssim recés, en la segona fase del Cecopi, “la cosa pinta malament” i es viu una “situació de tensió” i “complexa” al si d’una reunió, sense un “fil” definit. Ignacio Grande va rememorar davant la jutgessa que hi va haver “moltes interrupcions” i “molta eixida i entrada de les persones que estaven a la sala”.

Grande va distingir entre els “recessos més allargats en el temps” i els “xicotets recessos” o “xicotetes parades”, segons les expressions que va fer servir en la seua declaració. “La gent s’alçava, eixia, entrava...”, va explicar. La jutgessa li va preguntar qui ordenava les pauses. No obstant això, el testimoni es va limitar a contestar: “És a dir, era la mateixa dinàmica del Cecopi, que hi havia moments de parada”.

Una reunió en què “no es prenien decisions”

L’alt càrrec de la Generalitat va reconéixer, a preguntes del fiscal, que “sorprén” que es feren aturades tan llargues en la reunió. “Però bé, entenc que des d’Emergències s’està actuant, s’està analitzant la situació, estan treballant”, va matisar Ignacio Grande.

També va dir que “hi havia converses creuades entre ells i hi havia moments en què era difícil seguir la conversa de manera nítida”, en referència als participants presencials en la reunió celebrada al Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana.

Per altra banda, l’alt càrrec també va relatar els “dubtes” de la llavors consellera Salomé Pradas, actualment investigada en la causa, i la “discrepància” que va sorgir amb el cap del Consorci Provincial de Bombers, José Miguel Basset, arran d’alguna de les mesures proposades en el Cecopi.

En la primera part del Cecopi, Pradas era “proactiva en determinades circumstàncies” (va proposar evacuar la població) i “anava donant torns de paraula”. “Després és veritat que, a partir de la segona part, la reunió adquireix un caire més desorganitzat” i “ja no es prenien decisions”, va dir l’alt càrrec.

El “abocament d'informació” a Mazón

També va descriure l’arribada nocturna de Carlos Mazón al Cecopi: “A partir d’ací se li trasllada per les persones que hi eren la informació del que estava succeint”.

En aquesta última fase de la reunió del Cecopi “ja no es prenen decisions, sinó que és un flux d’informació de les circumstàncies que estan passant”, va declarar el testimoni. Al president Mazón se li va fer un “abocament d’informació del que havia esdevingut durant la vesprada a la presa de Forata i del que s’estava veient en aquells moments”.

Per la seua banda, del secretari autonòmic d’Emergències, Emilio Argüeso (imputat en la causa juntament amb Salomé Pradas), no recordava cap participació en el Cecopi.

Quan es va comentar la situació a la residència de persones majors de Paiporta, algun dels participants (a qui no va saber identificar) va dir “de manera molt vehement” que “no s’emportaren qüestions concretes al Cecopi” perquè “estava havent-hi una afectació generalitzada en altres municipis”, segons va relatar Grande.

Protocol d'emergència de Càritas: “Primera notícia que tinc”

Per altra banda, el testimoni (exdirector de Càritas abans d’incorporar-se com a secretari autonòmic del Consell de Mazón) desconeixia que l’entitat de l’Església catòlica havia activat la vespra de la dana un protocol d’emergència. “No ho sabia, és la primera notícia que tinc”, va reconéixer Ignacio Grande.

També va justificar que no s’usara la teleassistència per a alertar els usuaris: “Nosaltres no som competents en matèria d’emergències (...), el missatge que podem llançar pot ser contraproduent”, va manifestar el testimoni.

El secretario autonómico Ignacio Grande, alto cargo del Consell del PP tanto en la etapa de Carlos Mazón como en la actual de Juan Francisco Pérez Llorca, pintó ante la jueza de la dana un panorama amargo sobre la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos. Grande tildó el Cecopi de la dana de “desorganizado”, dijo que no tenía un hilo claro y que hubo “muchas interrupciones” y cierta “dispersión”, según reza el acta de su declaración del pasado 16 de julio, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

De una primera fase “más ordenada”, el Cecopi “cambia la dinámica” cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) alertó de un “posible vertido” en la presa de Forata, una “circunstancia que podía afectar a miles de personas”, según explicó el testigo.

Tras un larguísimo receso, en la segunda fase del Cecopi, “la cosa pinta mal” y se vive una “situación de tensión” y “compleja” en el seno de una reunión, sin un “hilo” definido. Ignacio Grande rememoró ante la jueza que hubo “muchas interrupciones” y “mucha salida y entrada de las personas que estaban en la sala”.

Grande distinguió entre los “recesos más alargados en el tiempo” y los “microrecesos” o “microparones”, según las expresiones que usó en su declaración. “La gente se levantaba, salía, entraba...”, explicó. La jueza le preguntó quién ordenaba las pausas. Sin embargo, el testigo se limitó a contestar: “O sea, era la propia dinámica del Cecopi, de que había momentos de parón”.

Una reunión en la que “no se tomaban decisiones”

El alto cargo de la Generalitat reconoció, a preguntas del fiscal, que “sorprende” que se hicieran parones tan largos en la reunión. “Pero bueno, entiendo que desde Emergencias se está actuando, se está analizando la situación, están trabajando”, matizó Ignacio Grande.

También dijo que “había conversaciones cruzadas entre ellos y había momentos en los que era difícil seguir la conversación de manera nítida”, en referencia a los participantes presenciales en la reunión celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

Por otro lado, el alto cargo también relató las “dudas” de la entonces consellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa, y la “discrepancia” que surgió con el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, a cuenta de alguna de las medidas propuestas en el Cecopi.

En la primera parte del Cecopi, Pradas era “proactiva en determinadas circunstancias” (propuso evacuar a la población) e “iba dando turnos de palabra”. “Luego es verdad que, a partir de la segunda parte, la reunión adquiere un tinte más desorganizado” y “ya no se tomaban decisiones”, dijo el alto cargo.

El “volcado de información” a Mazón

También describió la llegada nocturna de Carlos Mazón al Cecopi: “A partir de ahí se le traslada por las personas que estaban allí la información de lo que estaba sucediendo”.

En esa última fase de la reunión del Cecopi “ya no se van tomando decisiones, sino que es un flujo de información de las circunstancias que están pasando”, declaró el testigo. Al president Mazón se le dio un “volcado de información de lo que había acontecido durante la tarde de la presa de Forata y de lo que se estaba viendo en esos momentos”.

Por su parte, del secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso (imputado en la causa junto con Salomé Pradas) no recordaba participación alguna en el Cecopi.

Cuando se comentó la situación en la residencia de personas mayores de Paiporta, alguno de los participantes (al que no supo identificar) dijo “de manera muy vehemente” que “no se llevaran cuestiones concretas al Cecopi” porque “estaba habiendo una afectación generalizada en otros municipios”, según relató Grande.

Protocolo de emergencia de Cáritas: “Primera noticia que tengo”

Por otro lado, el testigo (exdirector de Cáritas antes de incorporarse como secretario autonómico del Consell de Mazón) desconocía que la entidad de la Iglesia católica había activado la víspera de la dana un protocolo de emergencia. “No lo sabía, es la primera noticia que tengo”, reconoció Ignacio Grande.

También justificó que no se usara la teleasistencia para alertar a los usuarios: “Nosotros no somos competentes en materia de emergencia (...), el mensaje que podemos lanzar puede ser contraproducente”, manifestó el testigo.

Alfonso Novo, gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), empresa pública que gestiona el Metro, ha reconocido en un escrito remitido a la jueza, al que ha tenido acceso elDiario.es, que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos, “no recibió instrucción concreta o recomendación por la dana por parte de la Consellería de Emergencias en relación al Puesto de Mando”, ubicado en el complejo ferroviario de València Sud, a tiro de piedra del barranco del Poyo y completamente arrasado por la barrancada del día de autos.

El alto cargo de la Generalitat acota la falta de instrucciones concretas al periodo comprendido entre el 24 y el 29 de octubre de 2024. Novo ha repasado los “archivos y registros de FGV” y no ha hallado recomendaciones de Emergencias “más allá de los avisos recibidos por alertas meteorológicas de Fenómenos Atmosféricos Adversos y Avisos Especiales dirigidos de manera global a organismos públicos”, según indica en el escrito.

Novo vivió en primera personal, al igual que el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, la inundación del Puesto de Mando de FGV, que propició la paralización de todas las líneas de Metrovalencia.

Un informe oficial de FGV, revelado por este diario, reseñaba que siete trenes de la empresa pública se quedaron aislados y que un centenar de pasajeros se tuvo que refugiar en las instalaciones de València Sud, además del caos en las comunicaciones con el 112 de la Generalitat.

El maquinista que salvó a los pasajeros conduciéndolos al edificio de FGV declaró recientemente ante la jueza instructora que el gerente de la empresa pública “no hizo nada” a pesar de la grave situación.

La jueza de la dana ha rechazado en un auto dictado este lunes citar a declarar al concejal de Emergencias del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, tal como había solicitado la acusación popular que ejerce en la causa el PSPV-PSOE tras la testifical de la alcaldesa María José Catalá. La resolución sostiene que, de la declaración de Catalá “no se desprende” que los responsables municipales supieran por boca del Centro de Emergencias de la Generalitat la eventualidad de que “el riesgo del barranco del Poyo” pudiera afectar a la pedanía de La Torre.

“Más bien al contrario, manifestó de forma clara no haber recibido ningún tipo de aviso destinado a alertar y asegurar la integridad física de los residentes en La Torre”, afirma el auto en referencia a la declaración de la alcaldesa del pasado 8 de julio. “Ha de deducirse”, apostilla el auto, “que en parecidos términos se encontraba” el concejal Juan Carlos Caballero.

La jueza considera que los mensajes del grupo de chat interno que aportó Catalá reflejan simplemente un “conocimiento de la situación general”, sin más.

Las medidas tomadas desde el ámbito municipal destinadas a atender a la población fueron “todas ellas posteriores a los momentos cruciales en los que se produjo al resultado mortal ya conocido”, recuerda la magistrada instructora, quien considera que la información que pudiera aportar Caballero sería “similar” a la que facilitó Catalá.

El auto también afirma que las ocho personas que fallecieron en la pedanía de La Torre, al bajar a un garaje a tratar de evacuar sus vehículos, lo hicieron “ajenas absolutamente al gravísimo riesgo en que se encontraban”.

La jueza recuerda que ya se acordó la testifical del alcalde pedáneo de La Torre, quien “puede proporcionar información directa sobre la situación de la pedanía”.

El chófer de Salomé Pradas ha relatado este lunes ante la jueza de la dana la visita de la consellera el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos, a Carlet antes de desplazarse a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). El conductor, Javier Cervera, ha descrito el regreso desde Carlet, localidad de la comarca de la Ribera Alta, al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, de camino al Cecopi: “Ahí fue más complicado, pillamos un tornado o algo…”, ha declarado el testigo, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de su testifical. Cervera también ha dicho que el barranco en Carlet “llevaba caudal” pese a que “suele ir vacío”.

Javier Cervera ha rememorado toda aquella jornada (su primer día de trabajo como chófer de Pradas). Recogió a la entonces consellera, actualmente investigada en la causa, en un hotel a primera hora de la mañana para dirigirse al Pleno del Consell.

A mediodía, horas después de la activación de la alerta roja, condujo a Pradas y a su jefa de gabinete, Silvia Soria, a una visita institucional al Centro de Emergencias de l'Eliana y, sobre las 14.00, partieron hacia Carlet, localidad en la que estuvieron en el ayuntamiento y departiendo con policías y bomberos. También visitaron un barranco en la localidad de la mano de los bomberos.

El testigo no recordaba ninguna de las conversaciones telefónicas que mantuvo Pradas en aquellos desplazamientos. Tampoco recordaba las horas exactas de los trayectos: “Las horas me bailan (...). Sé que comí tarde”.

Una vez en el Centro de Emergencias de l'Eliana, ya con el Cecopi en marcha, el hombre se quedó esperando a la consellera hasta aproximadamente la una de la madrugada. Anotó en el parte la 1.53 como hora de llegada al parque móvil, tras haber dejado a Salomé Pradas en su destino (el testigo no recordaba si en un hotel o en la casa que compartían dos de sus asesores, en la que pernoctó aquella noche).

El chófer no pudo volver a su casa de Paiporta, localidad de la que había ido recibiendo vídeos de la dana. No comentó con Pradas la situación en el municipio de la comarca de l'Horta Sud ni durante el Cecopi ni de madrugada: “Es que ella estaba dentro”, ha manifestado Cervera en referencia a la reunión.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia ha tumbado el veto de la Delegación del Gobierno a la petición de residencia temporal por circunstancias sobrevenidas (concretamente, por haber sufrido la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 231 fallecidos) de un ciudadano colombiano escudándose en un informe policial desfavorable al solicitante. El informe de la Dirección General de la Policía excluyó al hombre, vecino de Benetússer y con arraigo familiar, por sus antecedentes policiales contra la seguridad del tráfico y falsedad documental, concluyendo que su conducta podía suponer una amenaza al orden público y a la seguridad.

La defensa del ciudadano de origen colombiano, que ejerce el abogado Fran Raga, vincula el antecedente policial con el uso de un vehículo en un contexto laboral (de camino al trabajo). Una vez recurrida la resolución denegatoria, el titular de la Plaza número 9 de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de València concluyó que el informe policial desfavorable reseñaba una conducta que no evidenciaba la “entidad suficiente como para denegar la autorización de residencia solicitada”.

La resolución en primera instancia reprochaba a la Administración la falta de valoración de los demás requisitos para pedir la residencia y consideraba que el antecedente policial “no debe ser tenido en cuenta para denegar al recurrente la autorización solicitada”.

“Ninguna” valoración del informe policial

Tras un recurso de la Delegación del Gobierno, el TSJ-CV ha vuelto a dar la razón al solicitante, un hombre con hijos residentes legales en España. La sentencia, dictada el pasado 29 de junio, concluye que la subdelegación del Gobierno en València “no puso en práctica la más mínima (ninguna) actividad de valoración del informe policial desfavorable”. También afirma que las alegaciones contienen “afirmaciones erróneas”.

La resolución del alto tribunal autonómico, que no es firme, echa en falta una mínima ponderación de los antecedentes policiales e impone las costas procesales por un importe de 800 euros a la Administración del Estado.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat el veto de la Delegació del Govern a la petició de residència temporal per circumstàncies sobrevingudes —concretament, per haver patit la dana del 29 d’octubre de 2024, que va deixar 231 víctimes mortals— d’un ciutadà colombià, fonamentat en un informe policial desfavorable al sol·licitant. L’informe de la Direcció General de la Policia va excloure l’home, veí de Benetússer i amb arrelament familiar, pels seus antecedents policials contra la seguretat viària i per falsedat documental, i concloïa que la seua conducta podia suposar una amenaça per a l’ordre públic i la seguretat.

La defensa del ciutadà d’origen colombià, que assumeix l’advocat Fran Raga, vincula l’antecedent policial amb l’ús d’un vehicle en un context laboral, de camí al treball. Una vegada recorreguda contra la resolució denegatòria, el titular de la plaça número 9 de la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal d’Instància de València va concloure que l’informe policial desfavorable ressenyava una conducta que no evidenciava “prou entitat per a denegar l’autorització de residència sol·licitada”.

La resolució de primera instància retreia a l’Administració la falta de valoració de la resta de requisits per sol·licitar la residència i considerava que l’antecedent policial “no ha de ser tingut en compte per denegar al recurrent l’autorització sol·licitada”.

“Cap” valoració de l’informe policial

Després d’un recurs de la Delegació del Govern, el TSJ valencià ha tornat a donar la raó al sol·licitant, un home amb fills residents legals a Espanya. La sentència, dictada el passat 29 de juny, conclou que la Subdelegació del Govern a València “no va posar en pràctica la més mínima (cap) activitat de valoració de l’informe policial desfavorable”. També afirma que les al·legacions contenen “afirmacions errònies”.

La resolució de l’alt tribunal valencià, que encara no és ferma, troba a faltar una mínima ponderació dels antecedents policials i imposa les costes processals, per un import de 800 euros, a l’Administració de l’Estat.