La imputación de un político suele ser el trámite judicial que pone en marcha la cuenta atrás de la dimisión y su salida de la vida pública. Los procesos judiciales, más aún si son por supuesta corrupción, son largos y pueden dilatarse hasta una década desde que arranca la investigación hasta que queda sentenciado en firme. Mónica Oltra ha quedado recientemente exonerada de la causa impulsada por la extrema derecha que forzó su dimisión, y en el aire queda su vuelta a la política como ya ha sucedido con políticos de todos los partidos: desde Jordi Cañas (Ciudadanos) hasta Xosé Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) y otros que fueron absueltos tras años de imputación como Antonio Rodrigo Torrijos (Izquierda Unida) o Salvador Victoria (Partido Popular) y que no han vuelto a los puestos que abandonaron.

Mónica Oltra, exvicepresidenta del ejecutivo valenciano por Compromís, dejó el cargo en junio de 2022. Imputada bajo la acusación de encubrir un caso de abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido cuando ella era consellera, abandonó el Govern entre fuertes tensiones con el PSOE y se enfrentó a una causa impulsada por diversas figuras de la extrema derecha valenciana. El caso que forzó su dimisión ha quedado archivado y ahora la incógnita es si volverá a la política y cómo lo hará.

La abogada, una de las caras más visibles de los gobiernos autonómicos progresistas que surgieron de las elecciones de 2015, no es la primera política que deja su cargo por una causa judicial que termina archivada o en una sentencia absolutoria. Prácticamente todos los partidos del arco parlamentario cuentan con ejemplos de representantes que han tenido que tomar una decisión después de quedar exonerados: volver o no a la primera línea de la vida pública.

Este mes de abril se cumplirán diez años de la dimisión de Jordi Cañas. Entonces número dos de Ciutadans y diputado en el Parlament de Catalunya dejó sus cargos tras ser imputado como colaborador de un fraude fiscal de un conglomerado empresarial del que era administrador. “No pretendo dar ejemplo, pero sí tener un comportamiento ejemplar”, dijo Cañas para oponerse a otros partidos como CiU o el PSC que, en ese momento, tenían varios imputados en sus filas.

Cañas fue juzgado una vez que el partido ya le había reubicado como asesor en Bruselas y fue absuelto en 2018. El que llegó a ser mano derecha de Albert Rivera tardó apenas una semana en anunciar que quería volver a la primera línea de la política. “Tengo plena confianza en que el partido también lo quiere”, afirmó unos meses antes de conseguir un escaño en el Parlamento Europeo con Ciudadanos.

Jordi Cañas volvió a la política, pero no a la misma política. En la actualidad es portavoz nacional de un partido en descomposición sin líder y con la vista puesta en unas elecciones catalanas y europeas en las que aspira, en el mejor de los casos, a retener algún tipo de representación en ambas cámaras.

El político de las seis imputaciones

Xosé Ramón Gómez Besteiro anunciaba en marzo de 2016 que dejaba de ser secretario general del PSOE gallego. Una decisión “personal, libre y responsable”, dijo, para afrontar un horizonte judicial que en pocos casos termina en regreso triunfal. Acusaciones de la jueza Pilar de Lara por supuestos sobornos en la Diputación de Lugo que llegó a presidir, por una recalificación urbanística supuestamente ilegal relacionada con un piso de su familia... y así hasta seis causas que terminaron en el archivo.

El último carpetazo judicial a las causas que le mantuvieron en el banquillo durante seis años llegó a finales de 2022. El final de la conocida como 'operación Pulpo' por falta de pruebas contra él dio el pistoletazo de salida al relanzamiento de su carrera política. Primero fue nombrado Delegado del Gobierno en Galicia y después candidato del PSdeG para las últimas elecciones, en las que el partido se hundió ante un nuevo triunfo del PP y una subida del BNG.

Cañas y Gómez Besteiro son dos ejemplos de políticos que dejaron sus sillones para concentrarse en sus imputaciones y que, a la vuelta, fueron recibidos de forma triunfal aunque el escenario que dejaron no era el que se encontraron años después. El primero es ahora la cara visible del partido que ha dejado en el recuerdo su victoria electoral en Catalunya en pleno procés en diciembre de 2017. El segundo llegó a conquistar la inexpugnable Deputación de Lugo y en su vuelta a la política fue la cara visible del descalabro electoral del PSOE gallego frente al PP de Alfonso Rueda.

José Torres Hurtado dejó en abril de 2016 la alcaldía de Granada que ostentaba para el PP desde 2003. En el marco de la bautizada como 'operación Nazarí', la Policía llegó a acusar al regidor de ser el cabecilla de una organización criminal destinada a cometer irregularidades urbanísticas desde la administración. En julio del año pasado, el caso quedó archivado contra él de forma definitiva y su rehabilitación política llegó el pasado mes de diciembre.

El mismo PP que se desmarcó de él y le dejó caer le dio un premio de gran carga simbólica hace unos meses, cuando todas las imputaciones ya formaban parte del archivo judicial. En la reunión navideña del PP granadino, Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP de Alberto Núñez Feijóo, le entregó la “granada de plata”, premio con el que el partido reconoce la trayectoria de sus miembros. Un homenaje con su grado de incomodidad, con mensajes cruzados por lo sucedido en 2016, pero traducido en una rehabilitación para él sin vuelta a la política activa a sus 77 años.

Indemnización por la pena de banquillo

“Aquí se ensayó una cacería política que ahora está en marcha contra el Gobierno de España”. Quien hablaba así a finales de 2022 era Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida. Primer teniente de alcalde de Sevilla entre 2007 y 2011, fue imputado en cuatro procedimientos judiciales de la interminable maraña andaluza de causas de corrupción política. El último, el caso Fitonovo de la Audiencia Nacional, terminó en absolución para él después de que la Fiscalía retirase la acusación.

“Han sido 13 años de auténtico calvario, inédito en la historia del municipalismo porque, que yo sepa, nadie ha sido imputado cuatro veces en lo que fue, en mi opinión, una operación de cacería política”, dijo en declaraciones a elDiario.es en Andalucía. Unos meses después una sala distinta de la Audiencia Nacional le dio la vuelta al asunto y le reconoció una indemnización de 2.000 euros por la pena de banquillo en uno de los cuatro casos que le mantuvieron alejado de la vida pública.

La cantidad, según el propio Torrijos, es “irrisoria” pero mostró su satisfacción por el reconocimiento, por parte de la administración, que en su caso existió un funcionamiento “anormal” de la Justicia. A sus 73 años, por el momento no ha revelado si volverá de alguna manera a la primera línea de la política.

La operación Púnica fue una de las últimas grandes macro operaciones de corrupción en la Audiencia Nacional, con decenas de detenidos e imputados por una trama que, poco a poco, va siendo llevada a juicio. Desde la financiación supuestamente irregular del PP madrileño de Esperanza Aguirre para sus elecciones de 2011 hasta la rama más local del caso, las distintas piezas van llegando a juicio mientras, como es habitual, la lista de imputados pierde efectivos por el camino.

Uno de ellos es Salvador Victoria. Consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Ignacio González de la Comunidad de Madrid hasta 2015, dimitió después de ser imputado en una de las múltiples ramificaciones de esta trama: acusado de participar en pagos en efectivo a empresarios y sociedades como Indra en un sistema que, según entendía entonces el juez instructor, mercadeaba con contratos públicos a cambio de encuestas y trabajos de imagen para los políticos del PP.

La causa se archivó contra él y otros imputados ocho años después del estallido de la operación, en 2022. Junto con Victoria, se fueron al cajón del archivo Esperanza Aguirre e Ignacio González, tres exconsejeros más y el empresario Juan Miguel Villar Mir. La causa, que investiga la financiación del PP en las elecciones de 2011 en las que arrasó Aguirre, será juzgada pero sin Salvador Victoria en el banquillo.

Su dimisión no llegó entre muestras de agradecimiento y aplausos, y el archivo de la causa contra él no se ha traducido en ninguna rehabilitación por parte del PP. Su salida del ejecutivo regional, habitual en casos similares, fue planteada por Ciudadanos como una necesidad para investir presidenta regional a Cristina Cifuentes en un momento en el que el partido de Albert Rivera hacía bandera de su lucha contra la corrupción.

Victoria, miembro por oposición de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, no volvió a su puesto de trabajo para evitar incompatibilidades con su imputación y se dedicó a ejercer como letrado de forma privada. Volver a la política, a día de hoy según su entorno, no está en sus quinielas.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se ha desvinculado este lunes del presunto amaño del contrato para elaborar la web del Canal de Isabel II. En su declaración en los Juzgados de Plaza Castilla ha dicho que no conocía a la empresa que ganó la licitación a pesar de que su oferta no era la más económica.

El titular del juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid imputó a González como presunto responsable de los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. También estaba citado el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria, pero el juez ha aplazado su comparecencia por problemas de agenda de su abogado.

González se ha desvinculado del amaño con el argumento de que cuando se produjo él ya no estaba en el Canal. El presunto delito se investiga tras la querella presentada por la empresa Take Away, que se presentó a un concurso de la empresa de aguas para realizar, entre otras, una web interactiva por un presupuesto de partida de 340.000 euros.

Aunque su oferta era más barata -y el criterio económico era el más valorado-, el contrato se lo llevó otra empresa, Imagen de Síntesis Digital. Durante su declaración, que ha durado apenas un cuarto de hora, González ha dicho desconocer a estas dos empresas. También se ha desvinculado de las acciones de Victoria porque, ha dicho, él no le nombró como sucesor en la empresa pública.

Ante las sospechas de que este amaño se hubiese utilizado para pagar una campaña de reputación online, González lo ha negado y ha dicho que el PP nunca le pagó a él trabajos para mejorar su imagen.

El juez tendrá ahora que tomar declaración a Victoria, en quien González ha descargado la responsabilidad, en una causa que el Tribunal Supremo no ve conectada con el caso Lezo que investiga la Audiencia Nacional.

El exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria se implicó personalmente en el trato al empresario encargado de mejorar la reputación online de Ignacio González y otros consejeros sin apenas conocerlo y siendo ajeno a la cantidad que la Comunidad le adeudaba, solo porque así se lo pidió la directora general de Medios Isabel Gallego. Esta ha sido la versión que ha presentado Victoria durante su declaración de este viernes en la Audiencia Nacional, en la que también ha negado que utilizara a empresas adjudicatarias de la Comunidad para que Alejandro de Pedro cobrara en negro por sus trabajos en la red.

El juez Eloy Velasco cree que Alejandro de Pedro se dedicó a tapar noticias negativas de González y Lucía Figar, entre otros, y que esos trabajos, no registrados así en las cuentas de la Administración, eran abonados por empresas adjudicatarias de la Administración, como Indra. El instructor cree que al frente de esa trama estaba Victoria, quien este viernes salió de la Audiencia Nacional como entró, sin pasaporte, e imputado por cuatro delitos de corrupción.

Fiscales y juez recurrieron en varias ocasiones a los pinchazos telefónicos, incluidos en el sumario, para enfrentarlos a la versión de Victoria, según fuentes presentes en el interrogatorio. El exconsejero de Presidencia ha asegurado que se limitó a dar largas a De Pedro por petición expresa de Isabel Gallego, también imputada en el caso Púnica. Conversaciones intervenidas denotan familiaridad entre ambos y mensajes de Victoria en el sentido de que hay instrucciones para pagarle. Victoria ha dicho que cuando saltó el escándalo de la Púnica ordenó paralizar los 140.000 euros que De Pedro aún reclama. En una de las conversaciones intervenidas, Victoria le llega a decir a De Pedro que los pagos a los que se refieren se habían hecho “toda la vida y nunca ha pasado nada”.

Fuentes de la investigación también han destacado que todo un consejero de Presidencia se implicara con un acreedor del tamaño de De Pedro –entre 1.800 y 2.100 euros al mes- y sin siquiera conocer qué cantidad se le debía. Victoria, añaden, ha acudido a la declaración sin un solo documento. Según ha dicho, él y sus colaboradores buscaron los contratos con De Pedro cuando estalló el caso Púnica, pero no encontraron nada.

La declaración también ha versado sobre el testimonio incriminatorio del consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, quién permitió conocer la presunta trama de los trabajos de reputación online y el papel que habría desempeñado Victoria. Este dijo que Martínez Nicolás pertenece al círculo de sus enemigos políticos, que tuvo muchos problemas con él por su actitud y que incluso tuvo que mentir para sacarle de algún apuro. Velasco le preguntó que por qué no le cesó y Victoria respondió que llevaba mucho tiempo en el puesto, antes de que él llegara, y que no dependía de él.

Salvador Victoria asegura que los contratos al considerado uno de los conseguidores de la Púnica, Alejandro de Pedro, no fueron idea suya y que solo conocía que tenían que ver con el seguimiento de noticias en la red sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El propio De Pedro ha confesado que un directivo de Indra le pagó 10.000 euros en metálico. Y ese directivo, Santiago Roura, declaró después que Victoria le presionó para hacer el pago en negro.

Por su parte, el exconsejero de Presidencia ha asegurado al juez que una multinacional tecnológica como Indra no se dedica a hacer ese tipo de pagos. También ha negado que planeara involucrar en la trama al Canal de Isabel II porque, aunque hubiera querido, no tiene competencias en el organismo para ello.

El exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria ha solicitado voluntariamente declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tras conocer el contenido del sumario del 'caso Púnica', en el que se le imputan cuatro delitos por favorecer a uno de los 'conseguidores' de la red corrupta, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La petición de Victoria se produce después de que el que fuera número dos del Gobierno de Ignacio González se negara en dos ocasiones a declarar ante el juez Velasco y tras haber conocido el contenido íntegro de las pesquisas realizadas en el marco de esta investigación, cuyo secreto fue levantado el pasado 22 de julio.

Victoria acudió por primera vez a la Audiencia Nacional el 26 de junio aunque el juez instructor pospuso su declaración después de que su defensa, ejercida por el abogado José Javier Vasallo, planteara que había sido citado cuando todavía era miembro del Gobierno regional y diputado autonómico y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El magistrado le volvió a tomar declaración el 20 de julio aunque el exconsejero volvió a ejercer su derecho a no declarar. Tras la comparecencia, Velasco le prohibió salir del territorio nacional, ordenó la retirada de su pasaporte y le impuso comparecencias mensuales para asegurar su sometimiento al procedimiento judicial.

Antes de pronunciarse sobre la conveniencia de realizar esta declaración judicial, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 pedirá su parecer a las fiscales Anticorrupción encargadas del caso, María Teresa Gálvez y Carmen García.

Victoria, que dimitió de todos sus cargos en la Comuidad de Madrid el pasado 4 de junio, está imputado indiciariamente por los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos que habría cometido por el “trato de favor” que supuestamente habría dispensado al informático valenciano Alejandro de Pedro, uno de los presuntos 'conseguidores' de contratos de la red supuestamente liderada por el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados.

Según el juez, Victoria está relacionado con pagos en efectivo supuestamente ilícitos que habrían hecho varios empresarios y sociedades como la multinacional Indra a los que habría procurado contratación en la Administración regional a cambio de la realización de encuestas y otros trabajos de interés político.

Además, habría adjudicado a las empresas de De Pedro contratos de reputación 'on line' e influencia en redes sociales con el fin de favorecer la imagen de varios políticos así como contratos de publicidad otorgados de forma amañada. Todos ellos fueron sufragados con fondos públicos.

El juez sospecha que Victoria ordenó al exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, dependiente de su departamento, tres supuestos pagos en negro por valor de 120.00 euros que la empresa Indra debía realizar a De Pedro como contraprestación a sus trabajos de reputación 'on line'.

En su declaración como testigo, las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez preguntaron al expresidente de Indra Francisco Javier Monzón si ICM solicitó a la compañía tres pagos en B por valor de 90.000, 20.000 y 10.000 euros, respectivamente.

El compareciente aseguró que no le constaban los dos primeros y que el responsable de Operaciones de Indra, Santiago Roura, imputado en la causa, le había trasladado que existía “una situación un poco desagradable”, en referencia al último pago de 10.000 euros. Según su versión, Martínez Nicolás reclamó este dinero aunque nunca se llegó a pagar. A cambio, Indra le ofreció un trabajo a una de las empresas de De Pedro, según consta en la declaración.  

Sin embargo, De Pedro relató minuciosamente a la Guardia Civil los detalles de esta entrega, que realizó Roura invitándole a subir en un vehículo, “un Audi, Mercedes o BMW”, en el parque empresarial de La Moraleja. Dentro le dio un sobre con 10.000 euros y, tras preguntar qué sucedía, el exdirectivo le dijo que “se bajara del coche”.

Ante el juez Velasco confirmó que el pago se lo había anunciado Martínez Nicolás. “Pepe me dijo que fuera a un sitio, que me estaba esperando una persona de Indra y asistí. Cuál fue mi sorpresa que cuando asistí, tenía un sobre debajo del asiento. Me dijeron: 'Coge el sobre y abre la puerta'. Había 10.000 euros”, dijo.

Resulta casi enternecedor ver cómo le crecen las ojeras a Pablo Casado cada vez que tiene que salir a enjaretar mentiras con la penúltima entrega de la corrupción del PP.

Antes de darse un baño en las aguas del Jordán patrio, Rajoy nombró una flota de tertulianos jóvenes –por este orden–, para que fueran a las teles; pero a esta nueva efebocracia sin corbata le están saliendo, en tiempo récord, patas de gallo, Púnica tras Púnica, trola tras trola.

Ni los mariachis del PP son capaces de defender a un Granados (“volquete de putas”), a un José Miguel Moreno (“tocándome los cojones, que para eso me hice diputado”); siendo Granados hombre de máxima confianza de Esperanza Aguirre durante años y Moreno diputado en la Asamblea de Madrid cuando controladora Esperanza estaba en el cénit.

Ni los muy cafeteros del PP en los medios, que son multitud, son capaces de  defender con solvencia las conversaciones entre los miembros de esta enésima entrega de la trama corrupta –grasientas, chabacanas, matonas, seguras de que eran impunes– y que la Guardia Civil nos acaba de contar con palabras exactas: “financiación irregular” del PP. 

Esa chulería de uña del meñique larga, ese rematar los negocios sin “fijarse en las feas” (Granados); ese “bueno, tío, que me voy de vacaciones, prepárame la pasta”(Moreno, de nuevo), retrata de forma precisa la catadura de la gente de la que hablamos. 

Martínez el facha (Saza, ¡vuelve!) es una zapatilla al lado de estos truhanes en plantilla del PP, llenos de pulseritas, patriotas por la pasta y que, por orden del mismo  PP que ahora envía a jóvenes a las teles, se paseaban antes entre risas (Granados) por los platós difundiendo la buena nueva pepera.

No se puede negar que los corruptos del PP defienden la familia con uñas y confeti; con dientes y castillos hinchables, con medias lunas de Nocilla y payasos para que los niños rían. Así Mato, como Granados, no dejan sin amarrar ni un detalle para la fiesta de los niños; todo sin pagar, a cambio de supuestas licencias de obra.

Rajoy, que bastante hizo en su día con darle ánimos fuertes a Bárcenas, no sabe, no contesta; no le parece relevante que esta corrupción se haya producido después de las mil y una frases denunciando la corrupción, cuando se trataba de establecer que los tesoreros del PP eran del PP, pero se estaban quitando; cuando todo era una conspiración contra el PP.

El caso es que a pesar de la aquiescencia entusiasta de tantos medios por vendernos a Rajoy como Gran Timonel, como hacedor del gran milagro –milagro estructural, sin precedentes: cómo tener trabajo y estar en la fatiga de lo precario–, la salsa de ese relato no cuaja. Queda, tenaz, la evidencia de que el PP se ha financiado irregularmente que así en Valencia como en Madrid, altos dirigentes de este partido han formado una trama criminal de la que es imposible que, por ejemplo, Aguirre –que despidió a un periodista de Telemadrid (Germán Yanke) por hacerle una pregunta que a ella no le gustaba– no se haya enterado. Menos escenificación impostada de rasgado de vestiduras y más dimisiones.

Cinco años después de que la detención del empresario Francisco Correa provocara en 2009 el mayor terremoto en la historia del PP madrileño, otro hombre de negocios, también moreno y de barba cana, se convertiría en el epicentro de un nuevo temblor para el partido, con la corrupción otra vez como detonante. Alejandro de Pedro Llorca es la figura que condujo a los investigadores de la ‘Operación Púnica’ hasta el número dos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria. El político está hoy imputado por cuatro delitos de corrupción, en relación con los pagos en b al joven emprendedor que, como Correa en la trama Gürtel, un día se acercó al Partido Popular atraído por el aroma del dinero negro.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaba varias semanas escuchando las conversaciones telefónicas de De Pedro, al que habían llegado siguiendo el rastro de Francisco Granados y David Marjaliza. El 15 de septiembre de 2014, a las 18:25, sonó el teléfono móvil del empresario. Era un número largo perteneciente a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Una secretaria informaba Alejandro de Pedro de que Salvador Victoria quería hablar con él. Mientras aguarda que le pasen, De Pedro susurra a alguien que tiene al lado: “El consejero de Presidencia, el que me debe la pasta”.

El juez Eloy Velasco cree que De Pedro realizó trabajos de promoción en Internet del presidente de la Comunidad Ignacio González otros miembros de su gabinete, y que quienes pagaron fueron distintos contratistas de la Administración autonómica, entre ellos Indra, empresa que factura 20 millones de euros anuales solo a la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). Un mes y medio después de la conversación entre De Pedro y Victoria, la Guardia Civil detuvo a 35 personas. Uno de ellos era el director general de ICM, José Martínez Nicolás, quien confesó la trama.

El 15 de septiembre, Victoria responde a una primera llamada que le había hecho el empresario. “¿Qué pasa, que no te pagan?”, le comienza preguntando el político. De Pedro dice que no le llamaba “para eso”, pero Victoria insiste. Este es un fragmento de la conversación intervenida, incluida en el sumario de la Operación Púnica, al que ha tenido acceso eldiario.es:

Victoria: “No, pero yo te pregunto por eso. Yo estuve con Martínez Nicolás el viernes, y entonces no se muy bien por qué, estos que tienen que hacerlo, el día que lo tenían que hacer, está como un poco acojonado, es un poco gilipollas, porque esto se ha hecho toda la vida, nunca ha pasado nada. Y además está a huevo hacerlo contigo, a huevo, a huevo. Entonces…”

De Pedro: “Pero si ya lo he hecho…”

Victoria: “Yo he llamado, ya, ya, pero bueno, yo he llamado al consejero delegado y he quedado a tomar un café con él, para ver si lo desbloqueo, porque yo creo que ya Pepe no puede hacer más, ¿sabes?”

Cuando fue detenido, el propio De Pedro confesó que un alto directivo de Indra le entregó 10.000 euros en metálico en el interior de un coche sin mediar palabra. Cuando le preguntó qué sucedía, el hombre le conminó a bajarse inmediatamente. Entre los 92 imputados del caso Púnica se encuentran el consejero delegado del gigante informático, Javier de Andrés, y su director general, Santiago Roura, el hombre que presuntamente estaba aquel día al volante. A ese pago se sumarían otros dos procedentes de Indra por un valor total de 120.000 euros.

Pero la declaración que dio un vuelco al caso se produjo el 29 de octubre en dependencias de la Guardia Civil. Martínez Nicolás no se guardó nada ante los agentes cuando fue detenido. Su testimonio también figura en el sumario: “Manifiesta que ha llamado a empleados de Indra, concretamente a Santiago Roura, a instancia de Salvador Victoria, para que se realizaran pagos a Alejandro de Pedro (…) Manifiesta que pudiera ser que Indra, al ser adjudicataria de numerosos contratos en la Comunidad de Madrid, quisiera corresponder al consejero de Presidencia o a la Comunidad de Madrid por creer que esta persona pudiera tener en la adjudicación de contratos. Si bien el dicente quiere hacer constar que en ningún caso el consejero de Presidencia ejercía influencia en la adjudicación de contratos en la agencia del ICM”.

La implicación de la multinacional española Indra ya había trascendido por la imputación de dos miembros de su cúpula. Ahora, el levantamiento del secreto del sumario de la Operación Púnica devuelve a la primera plana un nombre que, asociado al PP y a Ignacio González, ha sido en el pasado objeto de polémica: el Canal de Isabel II. Hasta hace unas semanas, el presidente de la empresa pública era Salvador Victoria.

Victoria: (…) Espero desbloquearlo rápidamente, y luego está la otra vía que…

De Pedro: No me acordaba

Victoria: Por eso, que la otra es la que es más permanente y esa sí que parece que también está en marcha, ¿no? o ¿tienes algún contacto, no lo tienes?

De Pedro: No, es que no tengo nada, por eso te llamaba

Victoria: Pues no te preocupes que eso está en marcha, eso de donde se nutre ya está hecho desde el mes de agosto y debe de estar pendiente ya, que debe ser inminente el primer pago, o sea que eso tiene que ser inminente…

Los investigadores creen que esa otra vía de pago podría ser el Canal de Isabel II. De hecho, cuando el juez llama a Salvador Victoria a declarar el 20 de julio, una vez superado el impedimento de su aforamiento inicial, incluye en la cédula de citación los hechos por los que le va a preguntar. Uno de ellos hace referencia a “pagos ordenados por él y realizados con dinero en efectivo por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid”.

Sin embargo, en su declaración como detenido ante la Guardia Civil, Alejandro de Pedro dijo que ese pago se trataba de “la facturación a una adjudicataria de un contrato al Canal de Isabel II”, pero que nunca se llevó a cabo. De Pedro asegura que la Comunidad de Madrid aún le adeuda 140.000 euros.

Nombre en clave: 'Roberto'

El pasado 9 de junio, un hecho que hasta ahora había pasado inadvertido, terminó de perfilar los indicios contra Salvador Victoria. Ese día, seis después de que Velasco hubiera fijado la cita para la declaración como imputado del político, la Guardia Civil detuvo en secreto a Víctor Torres Martínez. Se trata de un informático que declaró ante la UCO al que el empresario Sergio Ortega, la presunta tercera vía de pagos en negro a De Pedro, le entregó dos sobres con dinero con destino al conseguidor de la Púnica. Con éste utlizaba un seudónimo para referirse a Ortega: ‘Roberto’.

En una ocasión, según dijo a los agentes Torres Martínez, entregó el dinero en persona a Alejandro de Pedro, pero en otra hizo a un tipo “calvo, de unos 50 años y murciano, de Cartagena”. Se refiere a José Antonio Alonso Conesa, tan cartagenero que entre 1991 y 1995 fue alcalde de la localidad por el PSOE. En el organigrama de la Púnica figura como el más estrecho colaborador de Alejandro de Pedro. La entrega en el hotel Las Artes de Madrid fue de 3.600 euros, según trasladó después Alonso a su socio por teléfono.

Las cantidades le llegaban a Torres Martínez por mensajero, de parte de Sergio Alonso. Este empresario es adjudicatario de contratos con la Comunidad de Madrid, como Indra, a través de Imágenes de Síntesis Digital, con la que organizaba eventos para el Gobierno madrileño. Torres Martínez asegura que hizo los favores de recadero a Alonso porque éste le subcontrataba los encargos del Gobierno madrileño. El propio Alejandro De Pedro confesó tras su detención a los agentes que el dinero entregado por Martínez Torres procedía de órdenes de Salvador Victoria.

La conclusión de los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO no deja resquicios a la interpretación: “Por todo ello queda demostrado que Víctor Torres supuestamente habría hecho entrega de dinero en efectivo a favor de Alejandro de Pedro, por indicaciones directas de Salvador Victoria Bolívar, como parte de pago de la deuda contraída con la Comunidad de Madrid, con Alejandro de Pedro, por los trabajos realizados por éste, entre otros los de reputación realizados sobre su presidente, Ignacio González”.

Como si de un árbol se tratara, los pinchazos telefónicos de la Operación Púnica permitieron a los investigadores de la Guardia Civil ir descubriendo diferentes ramas de corrupción a partir de las conversaciones que escuchaban a Francisco Granados y su amigo, el empresario David Marjaliza, sobre los que había puesto el foco la aparición de una cuenta en Suiza en diciembre de 2013. Pero el nexo que permitió dar el salto entre la investigación principal y la que afecta al penúltimo Gobierno de la Comunidad de Madrid es Alejandro de Pedro Llorca, un joven empresario ligado al Partido Popular cuyo teléfono resultó una mina para los investigadores.

De Pedro Llorca estaba tan bien relacionado con el PP que hablaba por teléfono con el número dos del Ejecutivo madrileño, Salvador Victoria. Esas conversaciones acabaron ofreciendo los frutos más preciados de la investigación, al menos mediáticamente: Victoria está imputado de cuatro delitos de corrupción y el juez le ha prohibido salir del país. Imputada también se encuentra la que fue consejera de Educación, Lucía Figar, a la que aquellas conversaciones con De Pedro han terminado costando su carrera política.

Según el auto del levantamiento del secreto del sumario, que dictó el juez Eloy Velasco el pasado miércoles, De Pedro hablaba con Victoria y Figar y también con el director de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, y con la directora general de Medios, Isabel Gallego. Las conversaciones de Alejandro de Pedro con todos ellos versaban sobre cómo “conseguir adjudicaciones de nuevos contratos o bien para la realización de trabajos para alguno de ellos, relacionados con la mejora de la imagen en Internet”, según relata el juez.

La Fiscalía Anticorrupción acudió al juzgado de Velasco el 13 de junio de 2014 con una querella contra Francisco Granados y David Marjaliza y las esposas de ambos, al no haber podido comprobar el origen de los fondos ingresados en Suiza. Los cuatro, junto a las sociedades Sheraton Trading y Droz & Co, eran sospechosos de integrar una trama de blanqueo de capitales. Era solo el principio de una investigación sobre una red de redes de corrupción que ya va por 92 imputados.

Cuarenta y ocho horas después de la presentación de la querella, el juez Velasco dictó un auto con la autorización para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pinchara los teléfonos de los querellados. Las conexiones comenzaban a fluir por el cable. Durante las primeras horas de pinchazos, los agentes descubrieron que Granados y Marjaliza hablaban mucho con Alejandro de Pedro Llorca y que éste, a su vez, tenía una codiciada agenda de contactos políticos en su teléfono móvil.

La figura de De Pedro fue creciendo en importancia dentro del organigrama que los agentes de la UCO iban dibujando en su sede del madrileño barrio de Barajas. Hasta tal punto que cuando el juez Velasco envió a De Pedro a prisión el 30 de octubre de 2014, dijo de él en el auto que era la “cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias, alternativo en mucha parte al de David Marjaliza”.

Desde los primeros pinchazos, la cifra de sospechosos iba creciendo cada vez más y los agentes pedían continuamente prórrogas de las intervenciones telefónicas al juez. Hasta en siete ocasiones, la UCO se dirigió con ese propósito al juez y en las siete obtuvo una respuesta positiva. La última autorización es del 22 de octubre, tan solo cinco días antes de que reventara la Operación Púnica, bautizada así por la denominación en latín del árbol que coincide con el apellido del más conocido de los arrestados, Francisco Granados.

Los abogados personados en la causa de la Púnica tendrán acceso a esas conversaciones, al menos a los fragmentos que hayan resultado sustanciales para investigar la trama de corrupción, a partir del próximo lunes, cuando han sido citados por el juez para que puedan descargar el voluminoso sumario en un soporte digital.

Primeros contactos

A punto de cumplir 43 años, Alejandro de Pedro Llorca nació en Basauri, Vizcaya, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Valencia. Allí entró en contacto con responsables locales del Partido Popular, lo que le sirvió para dar el salto a Murcia, León y Madrid. Su oferta a los políticos parecía irrechazable: mejorar su imagen en la Red, en campaña electoral y fuera de ella, y verter basura sobre sus contrarios. Pronto hizo una cartera con docenas de cargos locales.

Para reforzar los indicios recogidos en los pinchazos telefónicos y los seguimientos, han servido algunas declaraciones en sede judicial, posterior a la redada de finales de octubre de 2014. En uno de esos interrogatorios, el jefe de la Oficina Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, aseguró que Salvador Victoria le había dicho que pidiera a Indra –la multinacional tecnológica adjudicataria de contratos con casi todas las administraciones- que realizara tres pagos en negro a De Pedro por un valor total de 120.000 euros.

El juez Velasco sospecha que Victoria podría estar cobrando una mordida a la empresa, que debía abonar los trabajos de Pedro para mejorar la reputación online del propio Victoria e, incluso, del presidente entonces de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En la lista de 92 imputados hasta ahora figuran el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, y su director general, Santiago Roura.

De Pedro combinaba sus sólidos conocimientos informáticos y de telecomunicaciones con un don para las relaciones públicas. Hasta el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido ante el juez Velasco, en calidad de testigo, para explicar los contratos del club con las empresas de Alejandro de Pedro. En sede judicial, Florentino Pérez declaró que el Real Madrid contactó con el empresario a través del director en España de Societé Generale, Donato González, quien se lo recomendó por trabajar el empresario con “otras empresas del IBEX-35”. Se da la circunstancia que esta es la entidad bancaria que contrató a Granados cuando el exconsejero de Presidencia de Madrid dejó la política.

El Real Madrid pagó 300.000 euros a De Pedro por un año de trabajo. Pérez dijo que su club tiene 175 millones de seguidores en las redes sociales y que, por tanto, se trataba de un tema trascendente. El juez Velasco no se anduvo con rodeos y preguntó a Florentino Pérez si De Pedro le había pedido dinero para el Partido Popular. Los momentos posteriores fueron tensos. Tras una pausa, el presidente del Real Madrid se atrevió a decir al juez: “Me molesta la pregunta. Tengo una empresa que emplea a 220.000 trabajadores en 60 países y factura 100 millones. No, jamás. Ni en negro ni en blanco ni nada”.

En cuanto a Figar, los cuatro contratos que investiga el juez Velasco entre la Consejería de Educación y dos empresas de Alejandro de Pedro Llorca están firmados entre 2012 y 2014 y suman algo más de 80.000 euros. Tres de esos contratos estaban destinados a que Madiva, una de las sociedades de De Pedro, mejorara presuntamente la reputación on line de Figar. La sociedad controlaba una red de 60 diarios digitales zombies que reproducían las notas del departamento de Educación y engañaban a los buscadores de Internet, apareciendo la propaganda en puestos preferentes de las búsquedas de los usuarios.

Pero la ambición de De Pedro no encontraba barreras ideológicas, ni se limitaban a los trabajos en la Red. Según los investigadores, el empresario tenía como estrecho colaborador al alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, detenido en octubre. Los trabajos en Internet “abrirían la posibilidad a De Pedro de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otros sectores, para sí, o para terceros, como sucede en Murcia, León y Madrid”, reza el auto de imputación que dictó el juez Velasco el 31 de octubre de 2014.

De Pedro está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude. El juez decretó contra él prisión eludible con una fianza de 50.000 euros que el empresario abonó a la semana de estar detenido.

El levantamiento del secreto del sumario de la Operación Púnica, que el juez decretará este miércoles, llega a tiempo para que el mes de agosto haga de colchón para el PP en el último trimestre de la legislatura. Los miles de folios que se conocerán en las próximas horas prometen jugosos pasajes de cómo la trama de corrupción ha mantenido durante años lazos con la misma Presidencia de la Comunidad de Madrid a través de dos de sus consejeros, Francisco Granados y Salvador Victoria, pero no permitirán extender indicios de responsabilidad penal a otros políticos, según informaron a eldiario.es fuentes de la investigación.

La relevancia de los indicios contra Victoria, hombre de la máxima confianza de Ignacio González, quedó de manifiesto el lunes cuando el juez Eloy Velasco impuso la retirada del pasaporte y la comparecencia en el juzgado al penúltimo consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, imputado por tres delitos de corrupción –cohecho, prevaricación y malversación de fondos- además de por fraude fiscal. Velasco considera que Victoria actuó coordinadamente con Alejandro de Pedro para beneficiarse de trabajos del presunto conseguidor y que pagaron empresas adjudicatarias de la Administración autonómica. Esos trabajos tendrían que ver con mejorar la reputación en Internet de miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, incluido su presidente, Ignacio González.

En cualquier caso, los investigadores descartan por el momento un caso de financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid y así se lo han hecho saber al juez Velasco, según las citadas fuentes. Se trata, creen, de desvío de fondos públicos a cambio de un beneficio concreto, pero que nunca fueron a parar a algo parecido a una caja B del partido. Entre los beneficiados, el propio Victoria, la exconsejera de Educación Lucía Figar y, según ha publicado infolibre.es, la presidenta del partido en la comunidad, Esperanza Aguirre. Su jefa de prensa, Isabel Gallego, está también imputada por destinar fondos públicos a contratar con las empresas de De Pedro servicios para la Comunidad de Madrid.

Pero al colchón de la época estival, el PP podrá sumar otro: la limpia que Cristina Cifuentes ha hecho de los protagonistas de los gobiernos de Aguirre y González en la Comunidad de Madrid. El levantamiento del secreto del sumario permitirá ahondar en las prácticas de la “organización criminal”, según definió el juez, que tenía entre sus líderes a Francisco Granados, ahora en prisión. Granados fue casi todo en los gobiernos de Esperanza Aguirre, pero Cifuentes ya intentó poner tierra de por medio con ese periodo antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Victoria y Figar fueron dos víctimas de esa purga que exigía el sumario de la Operación Púnica, cuyo secreto se levanta este miércoles.

Una de las incógnitas que desvelará el sumario será el grado de colaboración con el juez del exsocio e íntimo amigo de Granados, el empresario David Marjaliza. Desde que fuera encerrado por orden del juez en octubre de 2014, Marjaliza ha salido en cinco ocasiones de la cárcel: dos de ellas para presenciar registros, ordenados por el juez y relacionados con él, y otras tres para visitar el despacho de Velasco en la Audiencia Nacional.

También ha declarado ante Velasco durante su estancia en prisión Ana Ramírez, la secretaria de Marjaliza y considerada su mano derecha. Fue la semana pasada durante dos horas y media. Este lunes, el juez acordó la libertad bajo fianza de 40.000 euros para la mujer, en cuyo domicilio se encontraron escondidos documentos sobre cuentas de su jefe en Suiza y Singapur escondidos bajo los colchones, así como otra documentación que ponía de manifiesto el organigrama de la red de corrupción.

La operación Púnica arrancó con el descubrimiento de una cuenta sin declarar de Francisco Granados en Suiza a finales de 2013. Hacía más de dos años que Aguirre se había deshecho de él, pero el hilo de la investigación ha conducido a los tiempos en los que el político era la mano derecha de la actual jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Desde que comenzara el caso, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han pinchado teléfonos y realizado seguimientos, debidamente filmados. A los informes que den cuenta de ellos tendrán acceso las partes personadas en el caso en las próximas horas.

“Nuevas acciones operativas”

El hecho de que se descarte la aparición de nuevos nombres en el sumario junto a indicios de delito no significa que eso no pueda ocurrir en el futuro. En el auto con el que el juez prolongó el secreto de sumario a principios de este mes, Velasco ya advertía de que habían surgido “nuevos objetivos con una fuerte ligazón de conexidad que exigen del juzgado nuevas acciones operativas relativas a Ayuntamientos, contrataciones públicas, etcétera…”

En la misma resolución razonada, el juez aclaraba que el análisis de correos y mensajes incautados había permitido describir “nuevos regalos y favores” de la empresa Cofely a los ayuntamientos que contrataron con la mencionada multinacional. Sin ir más lejos, seis alcaldes elegidos diputados autonómicos por el PP dirigieron ayuntamientos que contrataron con Cofely y otras empresas vinculadas a la trama de corrupción. Se trata de Pedro Rollán (Torrejón de Ardoz), Juan Soler (Getafe), Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas), David Pérez (Alcorcón), Daniel Ortiz (Móstoles) y Antonio González Terol (Boadilla). El avance de la instrucción determinará la legalidad de esos contratos y, en caso contrario, hasta donde llegan las responsabilidades penales.

Al medio centenar de detenidos hace 10 meses –cinco alcaldes del PP y uno del PSOE, entre ellos– se podrían sumar otros nuevos. Los investigadores creen que la Púnica era una red de redes de corrupción, entre las que figuran pelotazos urbanísticos, amaños en contratos de infraestructuras de eficiencia energética, adjudicaciones irregulares de conciertos para fiestas populares y los citados trabajos de reputación en Internet.

El 27 de octubre de 2014, la política madrileña y española se convulsionó con el arresto del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Presidencia Francisco Granados. Era uno de los 35 arrestados por una amplia trama de corrupción, que albergaba diferentes ramificaciones en su seno, y que afectaba principalmente a la Comunidad de Madrid, pero también a Murcia y Castilla y León. Saltaba la Operación Púnica.

En uno de los autos dictados en los días siguientes, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco enviaba a la cárcel al empresario Alejandro de Pedro Llorca como “cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo en mucha parte al de David Marjaliza –el amigo íntimo de Granados- y que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto”.

En esas pocas líneas del juez se adivinaba lo que ocurrirá el próximo 26 de junio en la Audiencia Nacional: la declaración como imputados del actual consejero de Presidencia en funciones, Salvador Victoria, y la consejera de Educación, también en funciones, Lucía Figar. Ambos habrían pagado con dinero de los presupuestos trabajos que revertían en su propio beneficio.

El gigantesco volumen de la investigación ha retrasado su citación, pero también ha influido el hecho de que ambos, como los otros tres citados para junio, gozan de la condición de aforados. La Guardia Civil puso en manos del juez la información necesaria para el interrogatorio el pasado mes de enero y el magistrado optó por esperar a después de las elecciones autonómicas y municipales para llamarles a declarar. De lo contrario, habría perdido la investigación en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

A pesar de ello no se puede decir que la Operación Púnica no haya afectado a la carrera política de los imputados. Las distintas informaciones periodísticas que iban detallando las sospechas sobre los políticos provocaron que el 27 de marzo Figar anunciara que dejaba la política. Tres semanas después, se conoció que Salvador Victoria no repetiría en las listas del PP a la Comunidad de Madrid. Ni el consejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz, ni el diputado en la Asamblea madrileña José Miguel Moreno, ni el alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid), Mario Utrilla, encontraron un hueco en las listas del Partido Popular.

El juez Velasco envió a prisión al empresario Alejandro de Pedro el 30 de octubre. El día antes, uno de los detenidos, José Martínez Nicolás, había permitido al magistrado abrir una nueva vía de investigación. En su despacho de la Audiencia Nacional, el entonces consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid, señaló a Victoria como el cargo que le ordenó reclamara 120.000 euros a Indra en tres partes. Al menos uno de ellos iría destinado a pagar una deuda con De Pedro.

Según la documentación que la Guardia Civil fue a buscar a la Comunidad de Madrid el 22 de enero, De Pedro hacía trabajos de reputación en Internet para Victoria, Figar y otros cargos de la Administración autonómica. Al mismo tiempo, Indra es contratista de la Administración. Fuentes de la investigación descartan a eldiario.es que se trate, con los indicios acumulados hasta ahora, de un caso de financiación irregular del PP. Sin embargo, hay indicios sólidos de que los políticos de la formación de Mariano Rajoy aprovechaban su responsabilidad en los contratos públicos para obtener prebendas, en este caso, trabajos para mejorar su reputación en Internet que no pagaban ellos.

Ante el juez Velasco también había declarado María José Gutiérrez Martínez, empleada de Eico Online, una de las empresas de De Pedro. Esta ingeniera informática desveló que lo que la Comunidad de Madrid quería hacer pasar como trabajos de ‘clipping’ (recopilar y resumir las publicaciones en Internet sobre un tema), eran en realidad de mejora de la reputación de políticos del PP.

Entre los trabajos que mencionó figuran los de contrarrestar las noticias sobre el origen del ático del presidente de la Comunidad, Ignacio González, o las del cheque guardería que recibía Lucía Figar. “Un hueso”, según declaró ante el juez. El trabajo de la empresa consistía en crear una especie de periódicos ‘zombies’ que solo publicaban noticias positivas de los políticos y que intentaban posicionarse por encima de las publicaciones reales que hablaban de las citadas informaciones. Esos trabajos se habrían camuflado en los contratos como de servicio a la Administración.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado al todavía consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y a la titular de Educación, Lucía Figar, en una nueva fase de la Operación Púnica. El magistrado ha iniciado una nueva fase de la operación contra el presunto amaño de adjudicaciones a cambio de comisiones dirigida por Francisco Granados que afecta a cinco cargos del PP en ejercicio.

El primero de los nuevos imputados en declarar será el diputado del PP Mario Utrilla, el 11 de junio. Su compañero de bancada, José Miguel Moreno, lo hará una semana después, el 18 de junio. El consejero murciano de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, se sentará ante el juez el 22 de junio. Los últimos serán Lucía Figar y Salvador Victoria, el 26 de junio.

Ninguno de ellos figuraba como candidato en las elecciones celebradas el pasado 24 de mayo. Sin embargo, los cinco imputados tienen la condición de aforados por los cargos que ostentan en funciones. En caso de que no hayan abandonado sus puestos para ese momento -tras la constitución de las nuevas cámaras y gobiernos-, la fecha será retrasada.

La sombra de la trama Púnica que lideraba Francisco Granados se alarga sobre el actual Gobierno regional. La investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco apunta al consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, a partir de la contratación de la empresa de uno de los implicados en la trama, Alejandro de Pedro Llorca, para el “seguimiento de noticias y posicionamiento online”. El magistrado investiga si esos contratos ocultaban otro servicio: la mejora de la reputación de Victoria y del presidente, Ignacio González.

La Comunidad de Madrid niega tajantemente que la consultora Eico Online Reputation Management SL, propiedad de De Pedro Llorca, se dedicara a mejorar la posición de los dirigentes del PP con dinero público: “Sería ilegal”, señalan fuentes del Gobierno regional que insisten en que los contratos con esa firma involucrada en la Púnica se limitaban a realizar el clipping de noticias (resumen de prensa) y el posicionamiento de las informaciones del Ejecutivo en la Red.

Los primeros contratos con la consultora especializada en reputación online son de abril de 2012 -cuando gobernaba Esperanza Aguirre-. El siguiente documento se firma ya en la etapa de González al frente del Ejecutivo regional. En esa ocasión se incluyó el concepto de seguimiento especial de las noticias relativas al presidente.

“El objeto de dichos trabajos es fundamentalmente el acercamiento de la Comunidad de Madrid a los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías”, figura en la memoria justificativa del contrato publicado por El Confidencial. La Comunidad se niega a hacerlos públicos porque se trata de “un asunto judicializado”. No obstante, la legislación mantiene en la opacidad los contratos menores.

¿Y esta campaña?

Un informe sobre una campaña de Eico para gestionar una crisis de comunicación del consejero de Presidencia tras la publicación de una información que le vinculaba con la trama Gürtel apunta a que la empresa hizo funciones más allá de las que establecían esos contratos.

En ese documento, publicado por El Mundo, la consultora asegura haber puesto “a disposición de la Comunidad de Madrid su red de usuarios de Twitter para apoyar la figura del consejero y atacar las informaciones ”vagas“ y ”manipuladas“ del periódico de Pedro J. Ramírez.

Una de las 150 cuentas que Eico aseguraba poner a disposición de Victoria era @TwitterosPP, que tenía más de 20.000 seguidores y que ha desparecido. Esa cuenta estaba gestionada por el propio De Pedro. Además, el informe incluía el número de comentarios positivos y negativos recibidos así como la incidencia creada en número de retuits.

Fuentes del Gobierno regional niegan que encargaran ese trabajo y cuestionan la veracidad de ese informe: “No está fundamentado en nada”, afirman esas fuentes que apuntan a que la firma pudo hacerlo para promocionarse ante otros clientes.

El propietario de la empresa, que fue detenido en la Operación Púnica, se puso en contacto directamente con el consejero de Presidencia para reclamarle una deuda de 10.000 euros. Victoria le dijo que encontraría la forma de pagarle, según una grabación que maneja el juez a la que alude El País. El exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones, un organismo público que preside Victoria, dijo ante Velasco que su jefe le ordenó saldar esa deuda a través de Indra.

Según las investigaciones llevadas a cabo por el juez Velasco, el número dos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, podría estar implicado en la trama Púnica. Así lo ha relatado El País, que asegura que el juez instructor posee grabaciones y mensajes que implicarían a Victoria.

El rotativo asegura que en su declaración del 29 de octubre del pasado año José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), señaló que fue Victoria quien le pidió que llamase a la empresa Indra para que se hiciese cargo de una deuda de 10.000 euros con el empresario Alejandro de Pedro Llorca.

Este empresario, considerado uno de los cabecillas de la red y que continúa en prisión, habría realizado trabajos para la Comunidad de Madrid para la mejora de la imagen en redes sociales e internet de diferentes cargos de la Comunidad de Madrid. Así consta en el sumario, que recoge pruebas de que, entre otros, la firma de Llorca hizo trabajos para el propio Victoria y para el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, algunos de los cuales fueron con cargo al erario público.

La investigación apunta a que Indra, proveedor habitual del ICM y que había recibido contratos millonarios de este instituto, efectuó el pago de dicha factura por valor de 10.000 euros a través de facturas falsas y/o camufladas en contratas del Gobierno regional, siempre según fuentes de El País.

En la investigación han aparecido también indicios de la implicación de otros dos aforados en la trama Púnica. Se trataría de los diputados José Miguel Moreno Torres, quien sustituyó a Granados al frente de la alcaldía de Valdemoro, y Mario de Utrilla Palombi, quien también ocupa la alcaldía de Sevilla la Nueva.

La Comunidad de Madrid ha emitido en la mañana del lunes un comunicado negando la implicación de Victoria, consejero de Presidencia, en la trama de la Operación Púnica. Aseguran desde el Gobierno madrileño que los contratos a los que apunta la información son trabajos relacionados “con el seguimiento de informaciones y de 'clipping' de noticias” de la Comunidad y su presidente.

Victoria también se ha referido a estas informaciones durante una rueda de prensa de esta mañana. El número dos de la Comunidad ha negado “rotundamente” y “de manera tajante” su implicación en la trama, asegurando que él mismo ordenó que no se efectuasen más pagos de adeudos a la empresa en cuanto conoció la detención de Llorca.

Hoy todo el mundo sabe ya que Salvador Victoria, un tipo con esa responsabilidad política, fue autor el sábado de los siguientes tuits: “La marea antisistema y antidemocrática de esta tarde es un tsunami contra las libertades y la democracia parlamentaria. No nos engañan”; “Los grupos antisistema que invaden las calles esta tarde solo aspiran a torpedear un sistema democrático y de libertades q no les conviene”; “Necesitamos democracia, no que hoy, como hace 32 años, los enemigos de las libertades tomen el Congreso y las calles”; “Es tiempo de trabajar por el empleo y los emprendedores, no de que los enemigos de la libertad y los antisistema amedrenten en las calles”.

Estos tuits filofascistas se referían a la convocatoria de Marea Ciudadana, una plataforma que aglutinó a tal efecto a más de 200 colectivos (por la Sanidad y la Educación públicas, por una Justicia justa, por la urgente protección del medio ambiente, por los Derechos Animales), convirtiéndose así en la más numerosa de la historia de lo que se viene llamando democracia, y que en la calle resultó multitudinaria. En Madrid, cuatro columnas confluirían en la plaza de Neptuno, donde habría batucada, coros de la Solfónica, pañuelos al viento de diversos colores, montaje teatral simbólico y gritos mudos.

De quienes participaran de un programa de esta naturaleza (casi naif) Salvador Victoria dijo que “lo único que reclaman es el fin de la democracia, el fin de la convivencia”. Dijo que las manifestaciones suponían un “daño económico a la Comunidad de Madrid, un daño lamentable al turismo y a la imagen de España”. Dijo, literalmente: “Este tipo de manifestaciones y, más ésta que lo que pretende es saltarse los resultados de las urnas y pretender imponer bajo una apariencia democrática, son auténticas dictaduras”.

Que el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid hable en estos términos y califique así a los manifestantes es intolerable y debería por ello desaparecer de forma fulminanhte de la escena política pública. Habría sido muy fácil, y su obligación, dado su cargo, que hubiera entrado en internet y se hubiera leído el Manifiesto de Marea Ciudadana. Así sabría que lo que invade la calle, como él dice, es la indignación contra la presión de los mercados financieros, contra la deuda ilegítima creada por el propio sistema financiero especulativo, contra las brutales políticas de ajuste, contra el golpe de Estado financiero que prima el pago de los intereses frente a las obligaciones propias de un Estado Social y de Derecho, contra la corrupción y la pérdida de legitimidad de las instituciones. Así no tendrían que haberle llamado la atención por haberse pasado tanto de rosca y se habría evitado tener que recular.

Quizás así, además, no habríamos tenido ocasión de recordar que el PP colocó en 2009 a su esposa, Mayte Jiménez, en el Consejo de Administración de una filial de Bankia, Caja Madrid Pensiones, donde coincidió con Nieves Alarcón Castellanos, esposa del secretario general del PP madrileño, Francisco Granados. No habríamos recordado que Jiménez no tenía ni formación académica ni trayectoria profesional que lo justificara: había trabajado en una guardería, como secretaria y como comercial, todo muy digno pero no suficiente para ocupar ese puesto y cobrar 1.800 euros al mes por reunirse cuatro veces al año. Sí, han leído bien. Hay que tener muy poca vergüenza para atreverse ahora a acusar a la población que ejerce su legítimo derecho a manifestarse, en una convocatoria autorizada, de causar un enorme daño a la economía y a la imagen de España.

Así, además, quizá no habríamos recordado que fue Salvador Victoria quien dio la cara en aquel esperpéntico intento de Aguirre de desprestigiar a la marea de Educación acusándola de tener un “negociazo” con la venta de camisetas verdes. Una bajeza más propia de mafiosos que de políticos, más propia de matones que de representantes legítimos.

El ultraderechista Salvador Victoria nos da dado otra muestra inequívoca de la clase de personas que nos gobiernan, de la vieja y peligrosa ideología que los nutre, de los ilegítimos y espurios intereses que defienden. Una muestra más de que se puede robar, mentir, despreciar, maltratar, abusar de la autoridad, lanzar soflamas antidemocráticas, ser culpable o cómplice de los delitos que denunció la Marea Ciudadana y tratar de criminalizar a quienes luchan contra todo ello. Una muestra más de cuál es su inaceptable sistema.