Las elecciones municipales de mayo de 2015 dejaron un escenario político en el que en diversos municipios del Archipiélago los partidos tuvieron que llevar a cabo una política de pactos para garantizar la gobernabilidad. Nueva Canarias (NC) sostiene que en cada localidad las circunstancias son diferentes, por lo que no son partidarios de suscribir acuerdos en cascada, sino de analizar la situación y actuar conforme a lo que creen mejor en cada una de ellas. A pesar de que el partido ha sido clave para formar gobierno en diversas corporaciones, un año después algunas alianzas han terminado por romperse.

Este es el caso de Teror, Artenara o el más reciente de todos, San Sebastián de La Gomera. El secretario de organización del partido, Carmelo Ramírez, señala que en las tres situaciones estos divorcios se deben a “falta de entendimiento” a nivel local y a “incumplimientos” del programa de gobierno por parte de sus socios.

El pasado sábado se hacía oficial que en la capital gomera los tres concejales nacionalistas abandonaban el pacto. Entre los motivos destacaban precisamente los “incumplimientos” y su “disconformidad” con la gestión que Agrupación Socialista Gomera (ASG) está llevando a cabo en el municipio.

Ramírez explica que, además, hace cuatro meses se había producido la dimisión de uno de sus ediles, Antonio Luis Arteaga. Sin embargo, el gobierno municipal no otorgó en ese tiempo a su sustituta, Vanesa Herrera Rodríguez, las competencias que tendría que llevar a cabo. Una situación que los miembros del partido decidieron que no podían seguir permitiendo.

A partir de ahora, ASG queda gobernando en minoría ya que en las pasadas elecciones municipales de mayo de 2015 esta formación obtuvo seis concejales; NC- ADGomera, tres; dos del PSOE; un concejal Sí se Puede y otro el PP.

Dos 'divorcios' en Gran Canaria

Antes de La Gomera, las grietas terminaron por romper con la alianza suscrita en Artenara con los socialistas. En el municipio del norte de Gran Canaria, el PSOE ha ostentado desde mayo de 2015 la alcaldía gracias a sus tres concejales más los dos de NC. Sin embargo, el alcalde tomó la decisión de cesar a estos dos ediles tachando la situación de “insostenible”.

Ramírez manifiesta que sus concejales tienen “total autonomía” para decidir e insiste en que hay falta de entendimiento en la localidad, por lo que respeta su decisión de mudarse a la oposición. No obstante, el PSOE queda en estos momentos en minoría en el municipio ya que el PP tiene cuatro concejales. Se podría, por tanto, dar un escenario en el que los populares puedan pactar con NC o gobernar en minoría.

El secretario de organización y también consejero en el Cabildo de la Isla insiste en que su formación otorga capacidad de decisión a las asambleas locales y que en Artenara se puede dar la situación que consideren mejor para garantizar una la gobernabilidad en el Consistorio.

Ramírez duda de que se pueda reconducir este pacto con el PSOE y deja, por tanto, en manos de sus representantes en la localidad llegar a otro acuerdo con el PP o continuar en la oposición. “Respetaremos ambas opciones”, apunta.

Teror fue el primer municipio donde se produjeron desencuentros. Un pacto a cuatro (NC, PP, CC y Alternativa por Teror) nacía con ansias de cambio para apartar al PSOE. Si en Artenara los problemas se generaron precisamente con los socialistas, en esta villa han sido los desencuentros con el PP los que han terminado por desplazar a Nueva Canarias.

También aquí la situación se hacía “insostenible”, apunta Ramírez. Después de un año al frente de la alcaldía, Isabel Guerra (NC) ha pasado a la oposición y ahora son los socialistas quienes la ostentan con el apoyo de PP.

Rupturas que no afectan a otras alianzas

Rupturas que no afectan a otras alianzasNueva Canarias ha sido clave en ayuntamientos tan importantes como Las Palmas de Gran Canaria o Telde, por ejemplo, o en el Cabildo de Gran Canaria. En todos ellos mantiene alianzas que incluyen al PSOE.

Ramírez afirma que, a pesar de que en Artenara no se haya producido entendimiento con el PSOE y que en Teror este partido se haya unido al PP para desplazar a NC, son cuestiones independientes que no afectan a otros pactos.

La alianza suscrita para acudir a las generales de forma conjunta con los socialistas tampoco se ve afectada por estas circunstancias, precisamente por no aceptar los pactos en cascada y tener una política clara en este sentido, explica el político nacionalista.

El secretario de organización puntualiza que no tiene conocimiento de que se estén gestando problemas con otras alianzas. No obstante, apunta que ellos seguirán cumpliendo con los acuerdos programáticos suscritos.

Los ciudadanos han quedado muy desconcertados con las amplias incertidumbres del resultado electoral. Ven con inquietud alejarse la posibilidad de empezar a resolver los problemas que más les aquejan. La preocupación aumenta cada día porque en los primeros compases de las negociaciones para formar el nuevo Gobierno, los asuntos más graves pendientes no forman parte de la agenda de las negociaciones poselectorales.

Desde el pasado 20 de diciembre han quedado relegados los debates sobre asuntos tan urgentes como el desempleo, la pobreza, la devaluación salarial o las pensiones, que son los asuntos que de verdad quitan el sueño a muchas personas que confiaban en alguna respuesta después de las promesas electorales.

Lo cierto es que tras las elecciones apenas se ha hablado de cómo afrontar la insoportable tasa de desempleo juvenil, que supera el 46% de los jóvenes menores de 25 años. Los jóvenes siguen huyendo sin remedio a otros países en busca de un empleo y los mayores ven cómo se cronifica desesperadamente su imposibilidad de encontrar trabajo. Tampoco forman parte de la agenda de las discusiones las medidas que se deberían adoptar para atajar el incesante aumento de la pobreza, que alcanza al 29% de los ciudadanos y al 35% de los menores.

Todos estos elementos y otros como la devaluación salarial, la persistencia de los desahucios y el incesante aumento de desempleados sin protección alguna, configuran una sociedad cada vez más segmentada. Un tercio de la ciudadanía ha quedado completamente marginada y cada vez es más difícil su inserción.

Esta era la fotografía del país antes de las elecciones y muchos ciudadanos confiaban en un nuevo Gobierno que diera un giro a la política económica, que sustituyera la esterilidad de la austeridad por un paquete de actuaciones radicales que antepusiera las condiciones de vida de la mayoría de las personas a los intereses de un reducido número de privilegiados. Los problemas siguen ahí, aunque ahora no se hable de ello. Es importante que los partidos que se han comprometido en la defensa de los más necesitados mantengan sus promesas.

El cambio de política es igualmente urgente desde el punto de vista estrictamente económico. La recuperación que se ha estado vendiendo en los últimos meses ha estado dopada en buena parte por unos coyunturales vientos de cola completamente ajenos a la política del Gobierno. El crecimiento de la economía y del empleo, la mayor parte de baja calidad, ha estado impulsado por factores circunstanciales, como una caída sin precedentes del precio del petróleo; la depreciación del euro, que ha propulsado las exportaciones; la excepcional bajada de los tipos de interés mantenida por el Banco Central Europeo (BCE), como ha señalado el catedrático Josep Oliver. Sólo en una pequeña medida la recuperación se debe a una mejora de la productividad, una mejora que, también hay que decirlo, se ha basado sustancialmente en la reducción de los costes laborales unitarios, fundamentada sobre todo por el descenso de la inflación.

La reducción de la inflación, con unas tasas de precios al consumo negativas, tiene más riesgos que ventajas por el peligro de la deflación. Mientras que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, alardea de la caída de los precios, el presidente del BCE, Mario Draghi, emplea toda la artillería disponible inundando los mercados de dinero para evitar que la deflación tome cuerpo y se convierta en el mayor de los pánicos.

Lo que preocupa a destacados economistas es que la mejora de las exportaciones, que ha animado la recuperación económica, se haya basado en la baja de los precios de los productos, que a su vez se ha sustentado en un descenso de los salarios. Esto significa que España está perdiendo terreno en los segmentos de la actividad económica de sueldos de calidad.

La necesidad de implementar una política económica distinta resulta evidente ante la permanencia y el empeoramiento de los grandes desequilibrios. España sigue siendo un país ultraendeudado, por encima del 300% del PIB. El fenómeno más notable que se ha registrado en los últimos años es el trasvase de la deuda privada a la deuda pública, que alcanza ya el 100% del PIB y que se ha convertido en una bomba de relojería tras el inicio de la subida de los tipos de interés que ha empezado la Reserva Federal de Estados Unidos.

En relación con el endeudamiento, hay que destacar que la posición de la inversión internacional neta de España es negativa del orden del 89% del PIB, casi el triple de lo permitido por la UE. Resulta significativo el abandono de la banca extranjera en España, que ha continuado reduciendo sus activos en los últimos meses hasta los 421.000 millones frente a más de un billón de 2008.

España necesita un nuevo modelo de organización económica que sea inclusivo, aceptado por una amplia mayoría de ciudadanos, y al mismo tiempo que reduzca los desequilibrios fundamentales de desempleo, pobreza y deuda. La estabilidad de cualquier Gobierno futuro depende en buena medida de su capacidad para reducir estos desequilibrios, especialmente los que afectan a la vida de los ciudadanos.

[Este artículo es el editorial de número del enero de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos, librerías y app. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripciónAlternativas Económicas, una suscripción]

El Partido Popular ha presentado hoy su programa económico bajo el título “Consolidar la economía para crear empleo y bienestar”. Bajo este enunciado se glosan medidas variopintas, algunas relacionadas con el mercado laboral y la economía y otras con los servicios sociales. En la variedad de iniciativas lanzadas por los conservadores, hay algunas especialmente ocurrentes o llamativas:

1. Ley de Orden Social

Enmarcado en el apartado de un marco de “relaciones laborales flexible, seguro y equilibrado”, el equipo de campaña de Mariano Rajoy ve necesario crear una nueva ley que ponga coto al fraude en el empleo. La norma se llamará “Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social” y solo se detalla que se hará para “hacer más eficaz la sanción de las conductas infractorias”.

2. Instituto Nacional de Talento del Empleo

El PP promete que seguirá trabajando en modernizar el Sistema Público de Empleo. Para ello, dice que creará un “Instituto Nacional de Talento en el Empleo”. La función de este nuevo organismo será la de “reforzar las funciones del Servicio Público de Empleo Estatal” en el desarrollo del capital humano en el Empleo. En otras cinco líneas explica que reforzará las competencias de los desempleados para que encuentren trabajo con este instituto.

3. Trabajo “compatible con la vida”

La conciliación de la vida familiar y familiar del PP es una apuesta que se resume en cuatro puntos de desarrollo muy pobre. En ningún caso se cita el fomento de la incorporación del padre al cuidado de los hijos como han incluido el resto de formaciones políticas, bien mediante la equiparación de permisos de paternidad u otras fórmulas. Los conservadores creen que los que necesitan ayudas son las familias numerosas a las que ampliará la excedencia por cuidado de hijo; también dará incentivos a las empresas (como subvenciones) para que contraten a mujeres que se quieran incorporar después de haber sido madres y dicen que mejorarán “la eficiencia para llegar al lugar de trabajo, impulsando el teletrabajo, la movilidad sostenible y el transporte colectivo”. Es decir, mejorar el uso del autobús, por ejemplo, para el PP es parte de la conciliación. Para culminar esta parte del programa, la iniciativa número 21 dice (literalmente): “ Impulsaremos la racionalización de los horarios en las empresas e instituciones favoreciendo el trabajo compatible con la vida”.

4. Objetivo España: los 'millenials'

El turismo es una parte importante de la economía española y del programa del PP. Por eso, entre las muchas medidas que proponen los conservadores (como lograr una “imagen común del destino España”) está la de crear estrategias que atraigan a nuestos tipos de turistas. Por esto, el PP quiere “captar turistas que viajan fuera de temporada como los jóvenes (”millenials“), los senior y las personas con discapacidad”.

5. Propuestas en dron

El paquete de medidas económicas del PP promete un “Plan Estratégico para el Desarrollo y Uso de Drones, que dé respuesta a todos los retos de un sector con un potencial de crecimiento importantísimo en los próximos años, que será un importante generador de empleo”. El Gobierno reguló por primera vez la normativa para las naves no tripuladas a través de un Real-Decreto-ley aprobado en julio del año pasado. Las “razones de extraordinaria y urgente necesidad” pasaban por “dotar de un marco jurídico en condiciones de seguridad que permita el desarrollo de un sector tecnológicamente puntero y con gran capacidad de crecimiento, en particular teniendo en cuenta que en el actual contexto económico resulta necesario establecer medidas que permitan diversificar la actividad económica”.

Hasta julio de este año, se habían registrado 335 operadores de drones de menos de 25 kilos, según anunció entonces la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que depende del Ministerio de Fomento. Poco a poco, el sector empieza a despegar; en septiembre, Prosegur, líder nacional de la seguridad privada, anunció que ya tiene licencia de Fomento para operar (es la primera empresa de su sector que lo consigue). Ahora, el PP quiere darle un impulso extra a esta actividad.

En el documento, los conservadores también prometen una “estrategia coherente en materia de infraestructuras de transporte” que incluya un “aumento de la capacidad y calidad de la Red de Carreteras mediante el aumento del número de carriles donde sea necesario”; y, en materia de ferrocarriles, prometen fomentar un mayor uso de la alta velocidad y la larga distancia “a través de una política tarifaria accesible para todos los ciudadanos”. “Adoptaremos una política tarifaria especial para los jóvenes, que potencie la utilización por parte de los mismos de los servicios de Alta Velocidad”

La carrera electoral de cara al próximo 20 de diciembre ha comenzado. El Partido Socialista de la Región de Murcia ha dado su primer paso. Esta mañana, en la Plaza Circular, se han presentado los candidatos del partido de cara a las elecciones del próximo 20 de diciembre. María González Veracruz, diputada y Secretaria de Ciencia, Política y Participación en la red del partido lidera las listas al Congreso, mientras que el abogado Juan Luis Soto hará lo propio en la candidatura al Senado.

“Vamos a luchar por la derogación de la reforma laboral”, ha insistido en diversas ocasiones González Veracruz. La actual diputada ha aprovechado para acometer contra la actual legislación laboral advirtiendo: “se ha transformado el empleo de calidad en empleo precario y temporal” y que: “se han troceado esos puestos de trabajo para empeorar las condiciones de los ciudadanos y aumentar las cifras de cara a la galería”.

Tampoco se han olvidado de otros problemas que afectan a la Región de Murcia. “Seguramente hay dos cosas en las que piensan la mayoría de murcianos a la hora de votar: que se ponga fin a la crisis que ha azotado a muchas familias; y que se produzca una verdadera regeneración política que acabe con la corrupción en nuestro país y en nuestra comunidad”, ha mencionado la actual diputada.

González Veracruz ha manifestado que “cuando los socialistas decimos sí al soterramiento en Murcia, es porque Pedro Sánchez es el que va a conseguir que se haga. Cuando nos comprometemos con el AVE, hacemos inversiones y llega hasta Murcia a pesar de los retrasos que ha provocado el PP. Por eso nos comprometemos con el AVE a Lorca y Cartagena, con las energías fotovoltaicas, con la Bahía de Portmán, con el agua, la desalinización y un precio social”.

La actual diputada y secretaria de ciencia del partido socialista también ha destacado la lucha por la igualdad de género que los socialistas mantendrán durante los próximos cuatro años. Por ello, desde el PSOE abogarán por la igualdad salarial. Además, ha advertido que son “el primer partido en la historia que tiene el mismo número de mujeres y de hombres encabezando liderando unas listas electorales”.

En la misma línea se ha mostrado Juan Luis Soto, candidato al Senado. El abogado ha añadido además que el objetivo de los socialistas murcianos en el Senado será alcanzar un “consenso para reformar la Constitución y blindar el Estado de Bienestar”. Al respecto, ha asegurado que “gobierne quien gobierne, nadie en España puede quedarse fuera del acceso a una sanidad, educación y pensiones públicas y universales”.

Además de González Veracruz, la lista al Congreso la completarán el también diputado Pedro Saura; Marisol Sánchez; Joaquín Martínez; Carmen Baños; Sergio Melero; María José Pérez; Francisco Crespo; Esther Poveda; Vicente Ruíz. Los suplentes serán Nicolás García; Fuensanta Turpín; y Pedro García.

En cuanto al Senado, Juan Luis Soto contará como suplentes con Magdalena Méndez y Sebastián García; mientras que el número dos será ocupado por Mireia Pilar Ruíz con Jesús Fernández Amor y Carmen López Alba como suplentes; y el número tres será ocupado por José Miguel Muñoz Andreo, con María Dolores González y María José Albaladejo como suplentes.

La cara de tonto que se te queda el día que descubres que esas galletas de marca blanca que valen la mitad, han salido de la misma fábrica que tu marca favorita. Vamos, que son las mismas galletas, saben igual de glutamáticas y meten en tus arterias las mismas grasas trans, pero cuestan la mitad. Coges dos paquetes y te vas tan contento a la caja. Que yo no soy tonto.

Por las mismas, no tengo claro que la acusación de “marca blanca” sirva para restar apoyos a Ciudadanos. La repiten desde hace meses en Podemos, pero ayer fue el ministro de Justicia quien desde el PP identificó a los de Rivera como marca blanca. Y lo hizo con intención peyorativa, confiado en que los consumidores preferirían la marca original PP. Como si el concepto marca blanca estuviera mal visto, cuando en España, del rey abajo, todo cristo las compra.

¿Seguro que los ex votantes del PP no preferirán el 20-D una marca blanca que tenga más o menos el mismo sabor, pero que cueste la mitad? Porque votar PP sale hoy muy caro, la papeleta lleva el sobreprecio acumulado en estos cuatro años: recortes, corrupción y Rajoy. Hay que pensárselo dos veces antes de pagar tanto.

Marca blanca, recambio, muleta, bisagra, moda. Unos y otros disparan contra el partido naranja, pero cuidado: Ciudadanos está hoy en ese momento dulce en que todo suma, también los ataques. Sobre todo los ataques.

Cuando Podemos tenía el viento a favor, todo sumaba, especialmente los ataques, y más si venían de la caverna. Ahí está ahora Ciudadanos: con el éxito catalán tan reciente, el respaldo de los grandes medios de comunicación, y las primeras encuestas que avisan sorpasso al tercer puesto, efecto caballo ganador. Cuando estás en ese momento dulce, la artillería rival te parecen fuegos artificiales, una fiesta.

La función que cumple Ciudadanos es tan evidente que da apuro recordarlo. Solo hay que preguntarse qué pasaría si no estuvieran ahí: millones de votos del PP (y tuvo casi once millones en 2011) y no pocos del PSOE y de otros partidos podrían acabar en cualquier sitio. Estando Ciudadanos, los votos desencantados no se van muy lejos: el cliente compra marca blanca y el fabricante no pierde cuota de mercado.

A solo 75 días de las elecciones más importantes, Ciudadanos está en su mejor momento, Podemos acusa desgaste y los intentos de unidad popular generan más desconcierto que ilusión. Por si fuera poco, en Cataluña hemos comprobado con asombro la transversalidad del partido naranja, ganador en barrios obreros que solían votar izquierda. La tormenta perfecta. En volandas hacia las urnas.

El sábado me encontré en mi barrio una mesa de Ciudadanos en la calle, por primera vez. Y para más coña, estaban en la puerta del Mercadona, rey de la marca blanca. Estuve por mirarles el código de etiquetado, para averiguar quién es el fabricante, si el PP, el PSOE, los dos a la vez, el Ibex-35, la banca, el establishment o la divina providencia. Si lo averiguo le felicitaré, claro, porque le está saliendo redondo.

El Partido socialista de Lorca afirma que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por esta formación, ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de validar los 8 votos ‘nulos’ que daban la mayoría absoluta al Partido Popular, en contra del dictamen de la Junta Electoral de Zona.

El PSOE ha publicado en su página web el documento –con fecha del 1 de julio de 2015- procedente del Tribunal Constitucional, de la Sala Segunda, Sección Cuarta, en el que se puede leer que se “ha examinado el recurso de amparo interpuesto por el Partido Socialista Obrero Español contra la sentencia de la Sala Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia”, y que “ha acordado admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal, y el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”.

El pasado 29 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dio la razón al Partido Popular de Lorca, validando los 8 votos que otorgaban la mayoría absoluta a Francisco Jódar, Alcalde de Lorca desde 2007. Con esta decisión invalidó la decisión de la Junta Electoral de Zona, que los había calificado como ‘votos nulos’ por estar, dentro del mismo sobre, la pareja de votos al PP tanto para las municipales como para la Asamblea Regional. El TSJMU entendía que a pesar del error, era voluntad inequívoca de esos votantes otorgar su confianza al Partido Popular.

La decisión del Tribunal Constitucional puede suponer el cambio de Gobierno en el consistorio lorquino, ya que si el fallo es a favor de considerar los 8 votos como nulos, como ya hizo la Junta Electoral de Zona, el Partido Popular perdería la mayoría absoluta y necesitaría pactar con C’s para mantenerse en la Alcaldía. De no llegar a un acuerdo con C´s, y darse un posible pacto PSOE-IU-Ciudadanos, cambiaría el color del Gobierno local.

El secretario general de los socialistas de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, ha defendido que el PSOE, como partido más votado, debe tener las alcaldías en los municipios de Artenara y Agaete, de la misma forma que NC la tiene, por los mismos motivos, en Santa Lucía y Telde.

Torres ha admitido este viernes que hay municipios en Gran Canaria donde es difícil poder trasladar los acuerdos de gobierno que negocian el PSOE y NC en el Cabildo de Gran Canaria, formaciones que, sin embargo, seguirán intentando que se aplique en Agaete y Artenara.

El también consejero electo del PSOE en la corporación grancanaria se ha mostrado convencido de que, “salvo circunstancias locales insalvables”, el acuerdo de gobernabilidad entre NC y su partido “se dará en la mayoría de las administraciones” municipales de Gran Canaria, donde “los 12 gobiernos del PP quedarán en tres”.

Sobre la situación de Artenara y Agaete, donde el PSOE y NC son segunda y tercera fuerza en votos, por detrás del PP, Torres ha considerado que “lo que debe ocurrir” en esos municipios “es que la fuerza que tiene más votos” -entre su partido y el que preside Román Rodríguez- tenga la Alcaldía los cuatro años, del mismo modo que en Santa Lucía y Telde, donde la fuerza mayoritaria es NC, la alcaldía corresponde“ a los nacionalistas.

Los concejales electos de Las Palmas de Gran Canaria Augusto Hidalgo, Javier Doreste y Pedro Quevedo, de PSOE, LPGC Puede y NC, han suscrito este viernes un acuerdo de gobierno para los próximos cuatro años “sólido y estable”, según han señalado tras firmar el pacto.

Este acuerdo, por el que el socialista Augusto Hidalgo será elegido este sábado alcalde de la ciudad, supondrá un “verdadero cambio” en la política municipal, que se centrará en las personas que lo “pasan mal” y también en el resto de ciudadanos, según ha afirmado el futuro primer edil.

Hidalgo ha subrayado que será un solo gobierno pero plural, pues este ha sido el mensaje que los ciudadanos han expresado en las urnas el pasado 24 de mayo.

Doreste, que será el primer teniente de alcalde, ha incidido en la estabilidad y seguridad jurídica que supone este acuerdo para los inversores y empresarios, a los que les ha dicho que se acabaron las “reglas de los chanchullos”, pues “viene la transparencia” y las ofertas que se harán serán “justas”.

Así mismo, ha manifestado que será un gobierno de consenso para evitar los “desgarramientos históricos” que ha afirmado que han ocurrido en esta ciudad, incluso cuando ha habido mayorías absolutas.

Doreste ha insistido también en que se trata de un gobierno pensado para los “más débiles y desfavorecidos”, los trabajadores y el medio ambiente y para conseguir una ciudad sostenible, como así recoge el acuerdo suscrito.

Este pacto responde a un proceso de negociación en el que ha habido “luz y taquígrafo”, según Quevedo, que ha dicho no recordar que se haya producido otro igual en todo el Estado ni en Canarias.

Quevedo, que será el segundo teniente de alcalde, ha sostenido que se equivocan los que esperan que se rompa “en cuatro meses”, por lo que les ha aconsejado de vayan “cambiando esa forma de pensar”.

El nuevo gobierno tendrá “sensibilidad y corazón, cosa que no ha tenido el anterior”, del PP, ha indicado Quevedo, quien además ha señalado que el hecho de que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sea la “más importante del archipiélago, del Atlántico medio y la octava mayor de España se tiene que notar en cada una de las políticas”.

Quevedo ha afirmado también que “no van a permitir sumisiones a la hora de defender el municipio”, donde se ha producido una “auténtico cambio político” de carácter progresista.

Hidalgo ha recordado que en los cien primeros días de gobierno se aprobará un plan de emergencia social para el que esperan contar con el apoyo financiero del Cabildo de Gran Canaria, institución en la está seguro que hallarán colaboración por parte del nuevo gobierno que presidirá Antonio Morales, de NC, que pactará también con el PSOE.

En cuanto a la empresa de aguas Emalsa, Hidalgo ha reiterado que estudiarán las dos auditorías llevadas a cabo por encargo del Ayuntamiento y que si es preciso encargarán una tercera, para, tras su estudio, adoptar las medidas pertinentes y recuperar su gestión municipal, como así recoge el documento.

El futuro alcalde ha subrayado también que van a “hacer valer el peso de esta ciudad en el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Estado”, un propósito que se plasma al inicio del acuerdo.

Según este, de los socialistas dependerán las concejalías de Fomento, Servicios Públicos y Aguas; Nuevas Tecnologías, Administración Pública y Deportes (área que incluye el departamento de personal); y Presidencia, Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana, así como Hacienda y Economía, dependiente del alcalde.

LPGC Puede dirigirá Urbanismo, Agricultura y Ganadería (área que incluye vivienda), Sostenibilidad, Barrios y Participación Ciudadana y Cohesión Social e Igualdad.

Nueva Canarias se ocupará del departamento con competencias en Promoción Económica, Empleo, Turismo y Movilidad, con atribuciones también sobre playas y mercados municipales.

La Ejecutiva regional del Partido Socialista Canario-PSOE se ha marcado hasta el lunes de plazo para que se solventen todas las dificultades que existen en varios municipios a la hora de aplicar en cascada el pacto regional que se pretende suscribir con Coalición Canaria (CC).

Un plazo que, según varias fuentes de la dirección regional, no tiene carácter rupturista sino valorativo, toda vez que si en alguno de los municipios problemáticos (Santa Cruz, La Laguna, Granadilla o Breña Alta) las dificultades persisten, se redoblarán los esfuerzos para solventarlos.

Unos esfuerzos que incluyen a los del otro protagonista del acuerdo bilateral, pues los socialistas también valorarán la actuación de la dirección de los nacionalistas para arreglar los incumplimientos impulsados por candidatos de CC, como ha sucedido en Tuineje.

En este sentido, cabe recordar que la cúpula nacionalista tiene previsto iniciar este sábado, en la reunión que va a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, el expediente de expulsión de CC de los seis concejales, encabezados por Salvador Delgado, que han pactado el gobierno municipal con AMF, NC-IF y PPMajo.

Por lo que respecta a las dificultades que se dan por el lado socialista, como sucede en La Laguna o varios municipios de La Palma, el secretario de Organización, Julio Cruz, ha sido categórico: “todo se va a reconducir porque el único pacto que contemplamos es con CC, y si en algún sitio concreto se retrasa más de lo previsto, acabará reconduciéndose, sin duda”.

La dirección socialista, que se ha reunido en la capital tinerfeña para analizar la estrategia negociadora llevada a cabo hasta el momento y diseñar la que hay que usar en posibles escenarios futuros, ha sido informada directamente por los negociadores mandatados para pactar con CC.

En este sentido, Cruz ha afirmado al término de la reunión de que “la comisión negociadora cuenta con el respaldo total del partido”.

El Consejo Ciudadano Insular de Podemos en Gran Canaria ha acordado solicitar al presidente electo del Cabildo, Antonio Morales (NC), una segunda reunión para calibrar las posibilidades de conformar un gobierno progresista en esta institución junto al PSOE. Tras la controvertida toma de contacto del pasado martes, que ha evidenciado una brecha en el seno de la formación morada y dos concepciones a la hora de abordar el proceso, los negociadores (Alejandro Pérez, Joaquín Sagaseta y Carmen Valido) mantienen, no obstante, sus posturas irreductibles en cuanto a las líneas rojas para pactar con nacionalistas y socialistas.

La reunión del Consejo celebrada el miércoles por la noche puso de manifiesto las discrepancias entre esta comisión y el sector que encabeza el consejero electo Juan Manuel Brito, apartado, al igual que su número dos, María Nebot, del proceso negociador.

Brito considera que Podemos es “una herramienta perfecta para participar en un gobierno de cambio y un programa de acción” en el Cabildo de Gran Canaria y que es el momento de “sentarse a trabajar” para entenderse con NC. En cambio, Alejandro Pérez, secretario insular de la formación, ve “falta de acuerdo en elementos sustanciales” con los nacionalistas y cree necesario que la alianza trascienda de las competencias propias de la institución insular.

El Consejo Insular había acordado por consenso llevar a la mesa de negociación una serie de puntos básicos sobre los que asentar cualquier acuerdo. Podemos exige, entre otros aspectos, auditar las cuentas, rescindir los contratos con bancos que practiquen desahucios, sacar a concurso los contratos de obra superiores a 15.000 euros, incluir como condición en los pliegos de los concursos que las empresas que concurran no hayan sido sancionadas con faltas graves o muy graves por la Inspección de Trabajo o la Seguridad Social, reducir el sueldo de cargos públicos y personal de confianza o que no haya consejeros imputados.

Además, coinciden ambas corrientes dentro del partido en que es imposible la cohabitación con Coalición Canaria en el gobierno insular.

Sin embargo, los negociadores también pusieron sobre la mesa asuntos que no habían sido acordados por el Consejo Insular, como la reforma electoral o la laboral. Alejandro Pérez cree que se ha malinterpretado la inclusión de estos temas en la negociación. “Hablamos de estas reformas como ejemplos de acuerdos que trascienden del Cabildo, porque necesitamos líneas políticas avanzadas”, explica el secretario insular.

Para ilustrarlo, recuerda el caso de las movilizaciones a favor de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde el Cabildo, “aún sin tener competencias sobre la materia, se pronunciaba y era un actor político activo”. O el de las prospecciones petrolíferas, contra las que se han manifestado numerosas instituciones de las islas.

Aún reconociendo que los representantes de NC se han manifestado públicamente y de forma reiterada a favor de la reforma electoral o en contra de la reforma laboral auspiciada por el PP, Pérez no se fía. “Se pueden llenar páginas de magníficas declaraciones de intenciones, pero si NC pacta con CC a nivel regional, se frustrarían esas intenciones y NC sería partícipe de que no se ejecutaran los cambios”, sostiene el abogado laboralista.

Para Juan Manuel Brito, hablar de una alianza entre ambas formacionas nacionalistas en el ámbito regional es practicar “una política de ciencia-ficción”. “En estos momenos, no se contempla esa posibilidad de pacto. Sería en el supuesto caso de que eso sucediera cuando habría que adoptar una decisión al respecto”, asevera el que fuera cabeza de lista al Cabildo por la formación morada y también rival de Pérez en la pugna por la secretaria insular.

Sobre la limitación de sueldos de los consejeros, Brito entiende que es un asunto que hay que abordar en la negociación teniendo claro que es una decisión que corresponde tomar a cada organización y que “no se puede imponer”.

La exclusión de Brito y el ejemplo de LPGC Puede

En la reunión celebrada este miércoles se volvió a tratar la exclusión de Brito del proceso negociador. “Es una discusión que ya hemos tenido otras dos veces en su presencia. Mantenemos que no es aconsejable que miembros electos estén en las negociaciones. Es la política nueva. Podemos es una organización horizontal, de carácter democrático, que asume la iniciativa. No se debe personificar en un cargo electo”, ha manifestado Pérez, que ha añadido que Brito está “al tanto, al minuto, de lo que se conversa” y que “ni en Andalucía ha estado Teresa Rodríguez ni en Aragón Pablo Echenique”.

Brito pidió este miércoles, antes de la reunión del Consejo, tener las mismas posibilidades de negociación que tiene Las Palmas de Gran Canaria Puede, la coalición en la que se integra Podemos en la capital. Su cabeza de lista, Javier Doreste, sí ha estado presente en un diálogo que sigue avanzando hacia la conformación de tripartito progresista con el PSOE y NC.

Para Pérez, ambos procesos se diferencian “en el contenido y en el continente”. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, afirma, las conversaciones se producen “para desalojar al PP del gobierno municipal”, mientras que en el Cabildo Morales “ya es el presidente y tiene garantizada la estabilidad con el PSOE”. Además, en el Ayuntamiento “las fuerzas están muy niveladas (7 concejales de los socialistas por 6 de LPGC Puede)” y en la institución insular el concurso de Podemos “no es esencial” para cerrar un acuerdo de gobierno.

El secretario insular ha negado la influencia de un sector vinculado con el partido Canarias por la Izquierda, en el que han militado la secretaria general, Meri Pita, o Joaquín Sagaseta, miembro de la comisión negociadora, en las discutidas decisiones de este proceso. “Salvo Javier Doreste, no hay nadie más de Canarias por la Izquierda en el Consejo Insular de Podemos. Sólo hay dos visiones, que no tienen por qué ser excluyentes, lo que pasa es que se visibilizan más los desacuerdos que los acuerdos. Hay un ambiente de discusión, de debate, pero no hay crisis, malo sería que sólo hubiera una voz cantante”, ha sentenciado.

Pérez concluye que la predisposición del partido “sigue siendo conversar” y que, aunque no haya pacto de gobierno, tratará de establecer “acuerdos estratégicos que se desarrollen en políticas concretas” en el Cabildo de Gran Canaria.

Las posibilidades de que Podemos se convierta en la tercera fuerza que permita cerrar un “pacto progresista” en el Cabildo de Gran Canaria comienzan a torcerse. El consejero electo por la formación morada en la Institución, Juan Manuel Brito ya ha mostrado su malestar por no haber podido formar parte de la comisión negociadora de su partido para acercar posturas con Nueva Canarias (NC), la fuerza más votada. “Lo que pido es tener las mismas oportunidades de negociación que tiene, por ejemplo, LPGC Puede”, expresó.

Para Brito, los candidatos electos deben estar en estas conversaciones y plantear propuestas concretas sobre los problemas que afectan a los ciudadanos. Por ello, lamenta que en la capital grancanaria sí que estén cerca de lograr entre PSOE, NC y LPGC Puede “una alianza de progreso” y participen en ella los cabeza de lista, al contrario que en el Gobierno insular.

El consejero electo explicó en declaraciones a Canarias Ahora que ya ha debatido con miembros de Podemos a nivel estatal y que no se ha vetado a los miembros electos de ninguna comunidad autónoma a participar en conversaciones para alcanzar un posible pacto. Brito puntualizó que es cierto que su partido debatió esta posibilidad democráticamente en el Consejo Ciudadano de la formación. Sin embargo, añadió que no comparte la decisión final de excluirle y sostiene que tampoco es respaldada por una parte importante de este órgano.

En cuando a la reunión celebrada este martes entre su formación y Nueva Canarias apuntó que “los miembros de la comisión negociadora plantearon aspectos que no fueron acordados por el Consejo Ciudadano”. Para Brito, es “absurdo” hablar de pactos en cascada, cuando el propio Pablo Iglesias ha reiterado que no está de acuerdo con esta fórmula. Además, recordó que la formación morada no se presentó a las elecciones municipales con su marca y, por tanto, cree que “lo que suceda en los ayuntamientos no debería condicionar a los pactos en el Cabildo”. Brito también indicó que la reforma de la Ley Electoral y la reforma laboral no fueron requisitos planteados por el Consejo Ciudadano como principio básico para negociar, ya que “no son temas que competan a esta Institución”, subrayó.

El consejero electo insistió en que lo fundamental a la hora de negociar es pensar en “los problemas de la gente”, plantear medidas concretas que ayuden a mejorar Gran Canaria y compararlas con el resto de programas para valorar si pueden llevarse a cabo. “Si la musiquilla de estas propuestas sonaba bien, por qué es tan difícil llegar a un acuerdo”, se cuestionó.

Brito manifestó que en el Consejo Insular de Podemos acordaron que Coalición Canaria no debía formar parte de este nuevo mandato en el Cabildo, pero recalcó que no barajaron un escenario en el que si Nueva Canarias entrase en el pacto del Ejecutivo regional no iniciarían negociaciones. “Es ilógico, porque NC no va a estar en la alianza PSOE y CC en el Gobierno autonómico”, recalcó.

El consejero electo manifestó que entre las condiciones que sí que planteó Podemos para “empezar a hablar”, se encontraba que no realizarán contratos con bancos que desahucien, que el Cabildo sea más transparente, donde se conozcan los salarios de los consejeros … y que no hubiera imputados en las listas. Remarca que las limitaciones salariales no son una imposición de Podemos a otras formaciones, aunque sus miembros sí se reducirán el sueldo.

Brito concluyó asegurando que sí que existen similitudes entre el programa de Podemos, NC y PSOE. Señaló que en estas últimas medidas Morales se ha mostrado de acuerdo en refrendarlas. Además, recordó que los nacionalistas incluso han expuesto la posibilidad de introducir más propuestas. Este miércoles el Consejo Ciudadano de la formación morada en Gran Canaria debatirá la proposición del presidente electo y comenzarán a tomar decisiones.

Como adelantó este martes Morales será el próximo sábado cuando se concrete si Podemos cerrará este “pacto progresista” en Gran Canaria.

El presidente en funciones del Cabildo de El Hierro y líder de los socialistas herreños, Alpidio Armas, ha afirmado este lunes, tras reunirse con Belén Allende de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), que “para el partido socialista no existen cuestiones insalvables”.

Ambos líderes han mantenido un primer encuentro en el Cabildo insular para valorar las posturas de sus formaciones, según ha informado Armas al finalizar el encuentro.

Alpidio Armas explicó que en esta reunión no se ha tratado “nada en profundidad” y que sólo ha sido una primera toma de contacto. Además, señaló la buena voluntad y disponibilidad del PSOE para hablar con todos los partidos políticos, “incluido la AHI”.

El presidente en funciones puntualizó que durante la reunión han hablado del pacto regional, de los pactos insulares, así como la situación de la isla y su escenario político.

“Lo que debe ponerse por delante es lo que convenga más a El Hierro y no lo que más interese a los partidos o a las personas”, aserveró Armas.

En alusión a los problemas personales que ha puesto de manifiesto Allende con Armas, como primera dificultad para llegar a acuerdos entre ambas formaciones, ha dicho que “no tengo nada personal en contra de la señora Allende, ni esto significa que tenga imposibilidad de pactar con la señora Allende”.

Para Armas, los pactos a nivel insular estarán supeditados a los pactos a nivel regional, si bien ha afirmado que se reúnen con todas las fuerzas políticas que están presentes tanto en el Cabildo de El Hierro, como en los Ayuntamientos de la isla.

“Es el momento de explorar posibilidades y expectativas de cara a lo que pueda pasar en el futuro”, ha asegurado el líder de los socialistas herreños.

Armas aseguró que “no hay nada cerrado con nadie y habrá que ver que pasa en el gobierno regional y las orientaciones que se dan desde el PSOE en este sentido”.

“Desde mi punto de vista si el pacto regional es CC-PSOE, convendría que el a nivel insular los pactos fuesen en este sentido, pero esto los tienen que decir otros”, ha recalcado Armas, al tiempo que ha dicho que “aún esta todo abierto”.

“No nos sentaremos a debatir con Coalición Canaria”. Así se expresó el secretario general del Consejo Insular de Podemos en Gran Canaria, Alejandro Pérez, antes de comenzar a negociar con el presidente electo en el Cabildo de la isla, Antonio Morales. El encuentro se marcaba como objetivo acercar posturas para poder cerrar un “pacto progresista” en la Corporación. Para Pérez, Coalición Canaria (CC) ha contribuido con la “políticas de derechas que se han llevado a cabo en los últimos años”, por lo que puntualizó que no formarán parte de un Gobierno donde se incluya a la formación nacionalista.

A la salida de la reunión con Morales, el miembro del Consejo Ciudadano Autonómico del partido Joaquín Sagaseta vio “difícil” formar parte del nuevo Gobierno insular porque, a pesar de que coinciden en líneas generales con el programa de Nueva Canarias (NC), difieren en aspectos que considera importantes como “la concepción de los pactos en cascada”. A juicio de Sagaseta, dichos acuerdos deben lograrse para contribuir con los cambios que la formación busca alcanzar, como por ejemplo la reforma de la Ley Electoral.

Para Sagaseta, NC concibe el Cabildo como “un compartimento estanco”, ya que apuesta por alianzas independientes en las distintas instituciones. No obstante, matizó que todas estas percepciones tienen que debatirse durante los próximos días en el seno de Podemos.

En referencia a la opción apuntada por Podemos de que haya vinculación entre los pactos que se sucedan en el Cabildo de la isla y otras instituciones, Morales precisó que no va a condicionar su proyecto de trabajo a decisiones que se tomen en otros ámbitos y matizó que “no estamos por los pactos en cascada”, sino por la labor de defender un “compromiso por Gran Canaria”.

Morales advirtió de que su partido continúa confiando y apostando por el “pacto progresista”, pero que ninguna formación está en disposición de poner exigencias, porque ellos tienen la mayoría. Asimismo, expuso que existen coincidencias programáticas, pero que después de cerrar este ciclo de reuniones debatirá con los miembros de NC y a su vez esperará a la contestación de Podemos de formar parte de este nuevo mandato que, según le ha transmitido, llegará el próximo sábado.

Otra de las cuestiones planteadas por la formación morada fue la reducción de los salarios de los consejeros. De acuerdo con el código ético de Podemos, no podrán ser superiores a tres salarios mínimos, por lo que Pérez matizó que abogará para que no existan “sueldos desorbitados” en la Corporación.

En la mesa de negociación, además de Alejandro Pérez y Joaquín Sagaseta, también representó a Podemos Carmen Valido, que también es miembro del Consejo Insular de este partido. Pérez matizó que el consejero electo de la formación morada Juan Manuel Brito no fue vetado para formar parte de este proceso y recalcó que la formación decidió democráticamente que fueran estos miembros de los órganos de dirección quienes negociaran.

Morales aboga por lograr un consenso con la oposición

Durante este martes, Morales también mantuvo un encuentro con el actual presidente del Cabildo insular en funciones, José Miguel Bravo de Laguna, y con la consejera electa por el Partido Popular (PP), Mercedes Roldós. El presidente electo ya había anunciado que descartaba pactar con ambas formaciones, pero insistió en la importancia de que exista diálogo a la hora de profundizar en los grandes temas de la Corporación insular.

Bravo de Laguna apuntó a la salida de la reunión que considera que Unidos por Gran Canaria podría formar parte de este pacto para gobernar la Institución, “otra cosa es que el partido que logró mayor representación quiera”, puntualizó. Además, manifestó que su deseo es que el nuevo mandato trabaje por “la defensa de la isla”.

No obstante, Bravo matizó que colaborará para que el tránsito al nuevo Gobierno sea “transparente” y anunció que ya han barajado como fecha de la toma de posesión el sábado 20 de junio.

Por su parte, Roldós puntualizó que desde su partido se comprometen a colaborar para alcanzar el objetivo de crear empleo y que lucharán contra la situación de pobreza y exclusión social desde la oposición.

Morales matizó la cordialidad con la que se llevaron a cabo estos encuentros- de más de una hora de duración- y espera que se genere un clima de “consenso” por el “bien de Gran Canaria”.

Tras el encuentro mantenido el lunes con el PSOE - donde adelantaron que conformarán juntos un pacto para gobernar – Antonio Morales espera cerrar en los próximos días el acuerdo definitivo con las formaciones políticas a las que les ha planteado integrar esta alianza, Podemos o CC.

Las direcciones regionales de Coalición Canaria (CC) y del Partido Socialista Canario-PSOE se han puesto manos a la obra para acabar con los conatos de rebeldía a la hora de trasladar la reedición del Pacto regional a los ayuntamientos.

Eso significa que en Tuineje, Breña Alta, La Laguna, Granadilla de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, El Paso, Fuencaliente, Arrecife, San Bartolomé de Lanzarote o Tijarafe, entre otros municipios, se van a reconducir las situaciones abiertas tanto por uno como otro partido que están perjudicando suscribir un acuerdo para conformar el Gobierno de Canarias.

Esta es la principal decisión adoptada por las delegaciones negociadoras de CC y el PSOE en la segunda reunión mantenida por ambas y de las que sus protagonistas han salido “esperanzados” y constatando que “hay avances y la situación está mejor con respecto al jueves pasado”.

Tal es el optimismo mostrado tras la reunión, que han insistido en que habrá un nuevo encuentro el jueves en la capital grancanaria para “concluir cuanto antes” todos los acuerdos de gobernabilidad municipales. Y es que la voluntad de dotar a Canarias de un “pacto de estabilidad” que englobe a cabildos y ayuntamientos sigue indemne pese a las dificultades aparecidas durante el fin de semana.

Voluntad política inequívoca

“Desde ahora mismo, tanto nosotros como los socialistas nos vamos a dirigir a los concejales electos y direcciones municipales para que se inicien las negociaciones para conformar los pactos allí donde ambas fuerzas sumemos”, ha asegurado el secretario general de CC, José Miguel Barragán al término del encuentro celebrado en la capital tinerfeña.

“Existe la voluntad política inequívoca de que este Pacto fragüe”, ha remachado el vicesecretario regional socialista Francisco Hernández Spínola. Con todo, ambos dirigentes han reconocido que aún existen dificultades, pero que las mismas se van a abordar “con un trabajo muchas veces callado” con el fin de que el “antes del 13 de junio” esté todo solucionado. “Este proceso lleva su tiempo y en 24 horas no se resuelven todas las cosas”, confirmaba Spínola después de que Barragán reconociera que “hemos notado un significativo avance y una evolución positiva” en aquellos consistorios donde han surgido problemas entre CC y el PSOE.

Como muestra de buena voluntad, Barragán ha asegurado públicamente que “vamos a mandatar a los concejales electos a que abran negociaciones de inmediato en Granadilla de Abona” para que los nacionalistas apoyen la investidura del socialista Jaime González Cejas, situación que también es trasladable a Tuineje, donde CC ya había llegado a un preacuerdo para dejar a los socialistas fuera de la Alcaldía. “No hay ningún pacto firmado, no hay ninguna institución donde no haya posibilidad de un acuerdo”, ha insistido Barragán. El clima positivista se ha extendido a La Palma, pues la propia Gudalupe González Taño ha asegurado que “las posturas se van acercando”, pues ambas fuerzas políticas “queremos dejar atrás la inestabilidad que ha existido en los últimos cuatro años”.

Avances notables

“Los avances son notables, estamos razonablemente optimistas y estamos muy, muy cerca de firmar un acuerdo”, ha reiterado la dirigente nacionalista palmera.

Las declaraciones de González Taño son significativas, toda vez que los nacionalistas palmeros habían presionado a la dirección nacional de CC para que hoy mismo se dieran por toras las negociaciones con el PSOE si los socialistas no presentaban garantías de que los ediles disidentes iban a  pactar con CC y no con el PP, como era su intención inicial.

Las próximas 60 horas serán vitales, por tanto, para constatar si las cúpulas regionales socialista y nacionalista han conseguido sofocar las distintas rebeliones surgidas en varios ayuntamientos que hacen peligrar la reedición del Pacto de 2011.

Muy poca gente conoce que, aunque el Parlamento está disuelto por la convocatoria electoral del 24 de mayo, la ciudadanía no ha quedado huérfana de representación en la Cámara regional. Una veintena de diputados, incluidos los 5 miembros de la Mesa, son los encargados de, en caso necesario, controlar al Gobierno en funciones e, incluso, adoptar decisiones legislativas extraordinarias.

En 1747 se publicó El espíritu de las leyes, la gran obra de Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. En ella se desgranaba el principio que, en esencia, late en todos los sistemas democráticos del mundo: la separación de poderes para que el propio poder controlara y, en caso necesario, frenara al propio poder si éste se desmandaba contra la ciudadanía.

Y uno de esos controles es la Diputación Permanente, el órgano que vela por el poder legislativo y controla al ejecutivo cuando un parlamento está disuelto por motivos electorales, se encuentra en periodo inhábil o existen situaciones extraordinarias que deben ser abordadas.

Como ejemplo, baste recordar que el 3 de marzo de 1939 la Diputación Permanente de las Cortes Españolas se reunió en París para abordar desde el exilio la dimisión de Manuel Azaña como presidente de la República y elegir a Diego Martínez Barrio como su sustituto.

En España, su origen se encuentra en la Constitución de Cádiz de 1812, que en su artículo 157 preveía la existencia de la llamada Diputación Permanente de Cortes, cuyas facultades era observar que se cumpliera la Carta Magna  y  las leyes para dar cuenta a las próximas Cortes de las infracciones que notara; así como convocar a Cortes extraordinarias en caso necesario.

Concretamente, en Canarias la Diputación Permanente está regulada en el artículo 63 del Reglamento de la Cámara y debe estar integrada por un mínimo de once miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica.

Además, y por la propia lógica de órgano de control del Ejecutivo, ningún diputado que sea miembro del Gobierno podrá serlo de la Diputación Permanente.

Los 20 actuales

En estos momentos de contienda electoral con el Parlamento disuelto, son 20 los miembros que la componen en Canarias: los 5 de la Mesa (Antonio Castro, Julio Cruz, Cristina Tavío, José Miguel González y Águeda Montelongo); 5 del Gupo Nacionalista (José Miguel Barragán, José Miguel Ruano, Nuria Herrera, David de la Hoz y José Gilberto Moreno), 5 del Grupo Popular (Australia Navarro, Asier Antona, Astrid Pérez, Emilio Moreno y Fernando Figuereo), 4 del Grupo Socialista (Manuel Fajardo, Dolores Padrón, Belinda Ramírez y Emilio Mayoral), y 1 del Mixto (Román Rodríguez).

Tras las elecciones, y una vez proclamados los resultados oficiales del 24 de mayo, le corresponde a la Mesa de la Diputación Permanente (que es la misma que la Mesa del Parlamento) convocar mediante la sesión constitutiva de la Cámara de la que será la IX legislatura.

En esa sesión, Antonio Castro llamará al diputado electo de más edad de los presentes para presidir inicialmente la sesión, así como a los dos más jóvenes, quienes actuarán en calidad de secretarios.

Los miembros de esa llamada Mesa de edad prestarán juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía ante el presidente de la Diputación Permanente y a partir de ese momento harán lo propio con el resto de los diputados antes de que éstos procedan a elegir a la nueva Mesa y convocar la sesión solemne de apertura de la nueva legislatura.

Velar por los poderes

Esta es una de las funciones de la Mesa de la Diputación Permanente, pero ¿qué más debe hacer este órgano que “vela por los poderes de la Cámara”?

Según el Reglamento, seis cuestiones fundamentales debe abordar:

1.º Conocer la delegación temporal de las funciones ejecutivas del presidente del Gobierno.

2.º Ejercer el control de la legislación delegada.

3.º Conocer de todo lo referente a la inviolabilidad parlamentaria.

4.º Poder autorizar presupuestos extraordinarios, suplementos de crédito y créditos extraordinarios, a petición del Gobierno por razón de urgencia y de necesidad justificada, siempre que así lo acuerde la mayoría absoluta de sus miembros.

5.º Poder también autorizar ampliaciones o transferencias de crédito, cuando lo exijan la conservación del orden, una calamidad pública o una necesidad financiera urgente de otra naturaleza, de acuerdo con la mayoría absoluta de sus miembros.

6.º Interponer recurso, incluso el de inconstitucionalidad, y personarse ante los tribunales competentes, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.

Como dato curioso, pese a que las Islas han sufrido “calamidades públicas” como las de la ríada del año 2002 en Tenerife, la tormenta tropical Delta de 2005 o los incendios de La Palma y de La Gomera en 2012, en ninguno de ellos se convocó la Diputación Permanente, pues los créditos extraordinarios para paliar financiera y urgentemente esas devastaciones se concedieron en período hábil de sesiones.

Según el Reglamento, la Diputación Permanente será convocada por el presidente, a iniciativa propia o de una quinta parte de los miembros de la misma, de dos grupos parlamentarios o de uno si éste representa al menos una quinta parte de los miembros de la Cámara.

Desde 1983, la Diputación Permanente se ha reunido en 27 ocasiones, siendo la primera vez el 27 de enero de ese año. Hasta el 30 de mayo, cuando se constituyó oficialmente el Parlamento de la I legislatura, se reunió en 3 ocasiones (la última el 11 de mayo).

Durante los cuatro primeros años se celebró en seis ocasiones y cuatro más en la II Legislatura.

La convulsa III Legislatura (en la que se vivió la moción de censura contra Jerónimo Saavedra y el advenimiento de Coalición Canaria) contempló cómo la Diputación Permanente se reunió siete veces, siendo el segundo mandato de Manuel Hermoso como presidente el que más veces ha convocado a la misma.

En la IV Legislatura éste órgano de control se reunió en cinco ocasiones, siendo la última en septiembre de 1998 a petición de los grupos de CC y del PSOE.

Esta convocatoria se hizo con el fin de que el Gobierno compareciera para explicar las consecuencias de las medidas restrictivas que Iberia había puesto a los vuelos entre la Península y Canarias y, además, al decidir el Ministerio de Fomento una subida de tarifas. Asimismo, se analizó  la decisión, adoptada por el Gobierno que presidía José María Aznar, que iba en contra de la creación de la Televisión Canaria.

Y es que, por un lado, se había reducido el  número de vuelos con la Península a 26 semanales, lo que afectaba  a unas 120.000 plazas al año, y por otro, y pese a la subvención del 33% al billete que existía entonces, el establecimiento de las tarifas máximas absorbía parte de esa misma subvención.

En cuanto a las exigencias para otorgar la licencia al tercer canal, el socialista Emilio Fresco afirmó durante ese debate que era “una de las agresiones más graves que la Comunidad Autónoma de Canarias haya podido sufrir en lo que son sus derechos en relación con procesos reglados que no implican discrecionalidad política”.

Durante los siguientes ocho años no hubo ni una sola reunión de la Diputación Permanente, aunque sí se solicitó su convocatoria, precisamente, en un período electoral como el actual, es decir, entre dos legislaturas.  Fue en junio de 2007 y a petición de Coalición Canaria (CC).

La petición de los nacionalistas buscaba recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de dejar fuera del recuento más de 9.000 votos de emigrantes canarios que llegaron después de las 08:00 del día de los comicios autonómicos, con las urnas ya cerradas.

Sin embargo, no se llegó a reunir, ya que la propia Junta Electoral Central admitió parcialmente que hubo vulneración del derecho de CC a alegar la decisión de no contar los mencionados votos.

El “enchufismo” de Rivero

Por lo tanto, la última reunión de la Diputación Permanente data del 19 de agosto de 2009. Es, además, la única que hubo en la VII Legislatura.

Fue Santiago Pérez, entonces portavoz socialista, quien  la convocó para que la misma decidiera la comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno, Paulino Rivero, para explicar la llamada de teléfono que hizo el 2 de julio de 2008 al entonces alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, con el objetivo de supuestamente favorecer a una sobrina suya en unas oposiciones públicas a la Policía Local.

Rivero, acusado por los socialistas de ejercer “el enchufismo”, no compareció gracias a los votos de CC y del PP (que conformaban el Pacto aquel año), pues alegaron que la petición del PSOE no cabía “jurídicamente” dentro de los supuestos reglamentarios de la Diputación Permanente.

Un argumento que no convencía a los socialistas, pues defendieron que la Diputación Permanente está legitimada para actuar con plenitud de poderes entre periodo de sesiones y que el siguiente pleno ordinario previsto para que compareciera Rivero estaba convocado para finales de septiembre, lo que retrasaba las explicaciones a los ciudadanos casi dos meses.

Además, los conservadores acusaron al PSOE de haber provocado un gasto innecesario a las arcas públicas, pues esa reunión, que duró menos de dos horas, supuso un coste de 3.700 euros en dietas de asistencia y funcionamiento de la Cámara regional. Lo curioso es que los socialistas fueron los únicos que renunciaron a sus dietas, de lo contrario la ‘factura’ habría ascendido a 5.000 euros. Pese a las críticas, CC y PP las cobraron.

Ya han pasado seis años desde la última reunión de la Diputación Permanente, aunque transcurrieron once desde la que hubo en 1998 hasta la que se celebró en 2009. De momento, es el récord de tiempo en el que los guardianes no han tenido que actuar para “velar por los poderes de la Cámara”.

Un récord que se batiría en 2021 si no hay ninguna nueva convocatoria, lo que sería una buena señal.

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Las elecciones han teñido el Ayuntamiento de Arucas de siete colores diferentes. De los diez partidos que concurrieron a los últimos comicios en el municipio, siete han logrado tener representación. La fuerza más votada (PSOE) tan sólo obtiene 5 de los 21 concejales que componen el Consistorio. El partido aliado en la pasada legislatura Coalición Canaria (CC), mantiene el mismo número de ediles que en 2011 (4), mientras que la tercera fuerza con la que formaban el tripartito, la plataforma ciudadana Con Arucas, pasa de tener 2 a 1. Esta situación obliga a socialistas y nacionalistas a buscar un nuevo socio o a romper el pacto si finalmente no prosperan las negociaciones.

Los aspirantes a reeditar esta alianza ya empiezan a ejecutar movimientos para formar gobierno. Quienes encabezan la lista por ambos partidos, Juan Jesús Facundo (PSOE) y Juan Francisco Padrón (CC) coinciden en que existe una “buena sintonía” para volver a gobernar unidos, pues sostienen que esto contribuiría a dar “estabilidad” al municipio y a continuar desarrollando sus proyectos. El socialista puntualiza que están abiertos a escuchar a todas las fuerzas, mientras que CC adelanta que las que más posibilidades tienen son Nueva Canarias- que obtuvo 3 concejales- y el partido de confluencia en el que está integrado Podemos, Sí Se Puede - con 2 ediles -. Otra de las opciones que se debaten para formar parte del nuevo acuerdo es Ciudadanos, que también se estrena con 2 concejales. Sin embargo, Padrón agrega que será más complicado pactar con la formación naranja.

Este no es el único escenario que se baraja, el Partido Popular - que logró 4 ediles- también ha comenzado a realizar gestiones y le ha ofrecido la alcaldía a Coalición Canaria a cambio de gobernar aliados, según adelanta Padrón. El nacionalista añade que su formación prefiere confluir con un programa progresista y explica que no se encuentra en disposición de aliarse a los populares.

Los partidos llave para cerrar estos pactos también tienen sus preferencias. El líder de Nueva Canarias en el municipio, Gustavo Martín, cree que la pauta la marcará el Cabildo de Gran Canaria, ya que dependiendo de los pactos que se cierren en la Corporación insular, esto se trasladará a los ayuntamientos. Rafael Segura, que encabeza la lista de Sí Se Puede considera que serán CC y PP los partidos con los que será más difícil llegar a un acuerdo, porque considera que los nacionalistas llevan muchos años en el poder y que esto “debe cambiar”. Lo mismo dice que ocurre con los populares, porque una de las exigencias de este partido respaldado por Podemos es que no harán contratos con bancos que hayan contribuido a desahuciar en Arucas a personas con pocos recursos. No obstante, Segura insiste en que todas las decisiones las tomará el partido en asamblea después de mantener conversaciones y de escuchar todas las propuestas.

Un mapa político fragmentado

La fuerza más respaldada en Arucas en las elecciones de 2011, el PP, pierde en estos comicios 3 concejales (2.974 votos). El PSOE también ve reducido el número de simpatizantes (475) y de tener 7 ediles pasan a 6. Para Facundo, estos resultados se deben a la irrupción de marcas como Ciudadanos y Podemos, pero a esta situación también se le agrega la incorporación de caras nuevas a su partido, tras la marcha del alcalde en funciones, Ángel Víctor Torres, al Cabildo de Gran Canaria.

Los partidos nacionalistas no pierden votantes con respecto a los comicios celebrados hace cuatro años. CC mantiene el mismo número de concejales (4) mientras que Nueva Canarias suma un edil. Padrón lo valora como una muestra de apoyo y también menciona que ante la llegada de nuevos partidos se hace más difícil sumar a las formaciones tradicionales. Martín considera que la pérdida de votos del PSOE y de la plataforma Con Arucas es un “castigo” para el Gobierno municipal y se muestra satisfecho de que entre “los partidos más tradicionales seamos los únicos que hayamos sumado y que no hayamos perdido votos”, se reafirma.

Segura valora la llegada de Sí Se Puede como una muestra del “cansancio” de la gente y de las ganas de “cambio” y apunta a que han llegado para ser “la voz de la gente”. Además, el concejal electo insiste en que está abierto a las conversaciones, pero siempre que se respeten las condiciones básicas y haya sintonía en su programa electoral.

A lo largo de la próxima semana continuarán gestándose estas negaciaciones, los partidos pondrán sus propuestas encima de la mesa. Los socialistas, como fuerza más votada pondrán en marcha la hoja de ruta y adelantan que será necesario partir de defensas que considera básicas para el municipio como potenciar el desarrollo económico de Arucas, apoyar la cuarta fase de la circunvalación, impulsar el pequeño y mediano comercio o potenciar la participación ciudadana, entre otras.

Tras las irrupción de Podemos en los últimos comicios - donde logró casi 130.500 votos (un 14,5%) con los que obtuvo 7 diputados - la secretaria general del parido, Meri Pita, marca la hoja de ruta de la formación de cara a los próximos días. Adelanta que lo tiene muy claro, no es momento para descansar ya que toca “asumir responsabilidades” y trabajar. 

La investigación por una presunta compra de votos en el municipio grancanario de Mogán continúa abierta por parte de la Guardia Civil. Así lo ha confirmado a Canarias Ahora el gabinete de prensa de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria, aunque no ha podido facilitar más detalles de la operación.

El municipio sigue sin conocer al 100% el resultado de las votaciones, a pesar de que ya han pasado dos días de la celebración de los comicios. La Junta Electoral señala que a partir de este miércoles se llevará a cabo la contabilización oficial y apunta que no se le han notificado incidencias. Sin embargo, el acta de la mesa electoral del colegio de Arguineguín recoge hasta tres irregularidades cometidas por interventores de Ciudadanos para el Cambio, el partido contra el que se han interpuesto estas denuncias por posible compra de votos, según ha podido saber este diario.

El acta fechada el 24 de mayo expresa que los tres interventores de la formación política Ciuca debían efectuar su voto en el distrito 3, sección 001, mesa B y, sin embargo, lo hicieron en el distrito 4, sección 001, mesa B.

Recuento de votos actual

Con el 93,12% que se ha escrutado hasta el momento, Ciuca se impone en este consistorio con un 41% de los votos y logra así 10 concejales. La segunda fuerza más votada es el PP con un 35,76% de los votos, mientras que el PSOE obtiene dos concejales con un 8.02% de los votos. Nueva Canarias alcanza el 5,03% de los votos, por lo que se queda con un concejal.

Según los datos que existen hasta el momento, la candidatura más próxima a conseguir el último concejal sería el PP, pero hasta este miércoles no se conocerá. Además, Nueva Canarias ya ha adelantado que no va a pactar con un alcalde o una alcaldesa que tengan imputaciones por corrupción.

El caso de Ciuca es llamativo puesto que en las pasadas elecciones obtuvo 6 concejales, con un 25,47% de votos y ahora crece hasta alcanzar 10, mientras que el PP gobernaba en el municipio con 11 concejales y en 2011 más de la mitad de los votantes avalaron su candidatura (50,65%).

Cabe recordar que ambos políticos, tanto Onalia Bueno (Ciuca) como Francisco González (PP), están todavía imputados en el denominado caso Góndola, investigación sobre una presunta trama de corrupción en este municipio turístico de las Islas que lleva empantanada en su juzgado en fase de instrucción desde 2006, y que entre otros múltiples presuntos delitos recoge el electoral, por compra de votos.

Las elecciones municipales y autonómicas siempre han sido importantes en España. En 1931 fueron unas elecciones municipales las que trajeron la II República, que no era precisamente el objetivo de aquellos comicios. En 2015, las elecciones a los ayuntamientos y autonomías han certificado el inicio de una nueva época que puede culminar en un cambio político de fondo.

Una parte importante de ciudadanos no se ha creído el discurso de la recuperación económica que esgrime el Gobierno del Partido Popular. Difícilmente puede convencer a un electorado que convive con más del 23% de parados, registra el mayor crecimiento de la desigualdad de Europa y un riesgo de pobreza que atenaza a casi un tercio de las familias. El partido del Gobierno se ha visto castigado además por numerosos casos de corrupción. Y por primera vez se ha destruido el mantra de que la corrupción no pasa factura a los políticos corruptos.

Aunque el Partido Popular ha ganado las elecciones en número de sufragios, se ha visto abandonado por 2,5 millones de votantes, lo que supone una pérdida del 29% del apoyo. El PSOE ha mantenido un discreto segundo puesto con una pérdida más moderada de 700.000 votantes. Ahora las posibilidades que tienen los socialistas de recuperar poder en ayuntamientos y comunidades autónomas dependen en buena parte del apoyo que reciba de las fuerzas emergentes, Ciudadanos, tercera fuerza política y Podemos.

Las grandes protagonistas del incipiente giro social registrado en las elecciones del pasado domingo han sido tres mujeres. Ada Colau, que lidera Barcelona en Comú, la primera fuerza política que ha ganado en la ciudad de Barcelona; Manuela Carmena, que al frente de Ahora Madrid, es la segunda coalición en el Ayuntamiento de Madrid y Mónica Oltra, que al frente de Compromís, ha triplicado sus escaños en las Corts Valencianes y se ha convertido en la tercera fuerza política.

Lo realmente novedoso es que los barceloneses han dado su máximo apoyo a la mujer que es conocida socialmente por su compromiso desde la calle en la defensa de miles de familias pobres que se han visto desalojadas de sus viviendas por las implacables exigencias de unos bancos sin escrúpulos y de la pasividad de los Gobiernos.

Es esperanzador ver cómo Colau, una persona con una sensibilidad social tan acusada, pueda estar hoy al frente de una ciudad y tomar medidas de Gobierno para paliar de manera significativa tanto sufrimiento. Sus prioridades son fácilmente compresibles para todo el mundo: revisar las privatizaciones, eliminar los coches oficiales y multar a los bancos que no cedan sus pisos vacíos.

Es esperanzador también que la ex juez Manuela Carmena, con una acreditada trayectoria de luchadora social, virtual alcaldesa de Madrid, haya fijado como primer compromiso frenar los desahucios en los primeros 100 días de Gobierno.

Y es esperanzador que Mónica Oltra, la mujer que más se ha comprometido en la lucha contra la corrupción con resultados objetivos, haya recibido un apoyo tan firme de la ciudadanía.

El resultado electoral del pasado domingo supone también el fin del bipartidismo y el comienzo de una nueva etapa que exigirá el aprendizaje de una nueva cultura basada en los pactos. Pero pactos en que los partidos emergentes han establecido unas líneas rojas muy claras: intolerancia con la corrupción; lucha contra las desigualdades y limitar el poder de la banca en las actuaciones que puedan perjudicar a los ciudadanos.

Todo esto ocurre en un país que se enfrenta a unas elecciones generales a finales de año y a otras probables en Catalunya en septiembre. Los electores estarán muy atentos a la gestión de los nuevos poderes en los gobiernos locales y autonómicos para ver qué decisiones toman ante los próximos comicios. Lo difícil ahora es convertir una reivindicación social en una medida de Gobierno. Pero de momento estamos en tiempo de esperanza.

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