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La Guardia Civil investiga una presunta compra de votos en Mogán

Abre diligencias por una supuesta infracción de la Ley Electoral 5/1985 en el sufragio por correo

Las denuncias se repiten cada cuatro años y figuran en el sumario del interminable caso Góndola

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Urna, votación

Urna, momento de votación

La Guardia Civil investiga la presunta compra de votos en el municipio canario de Mogán, ha confirmado este viernes a Canarias Ahora el gabinete de prensa de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria, sin querer facilitar más detalles de la operación policial aún abierta.

Las pesquisas, según ha podido saber este diario, se centran en supuestas irregularidades en el voto por correo, por denuncias contra el primer partido de la oposición, Ciudadanos para el Cambio (Ciuca), liderado por la ex primera teniente de alcalde del PP Onalia Bueno.

El presunto pufo, sin embargo, también podría implicar al PP del alcalde Paco González, por otra investigación de la Policía Nacional, a raíz de denuncias interpuestas en su comisaría de Maspalomas, la competente en el sur de la isla por el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, pero no así en el término limítrofe de Mogán, área de control de la Guardia Civil.

Lo cierto es que ambos políticos están todavía imputados en el denominado caso Góndola, investigación sobre una presunta trama de corrupción en este municipio turístico de las Islas que lleva empantanada en su juzgado en fase de instrucción desde 2006 [], y que entre otros múltiples presuntos delitos recoge el electoral, por compra de votos.

Hace una semana, la concejal de Nueva Canarias en el Consistorio y una de las denunciantes del caso siendo edil del PP, Isabel Santiago, se dirigió a la Delegación del Gobierno de España en las Islas para que garantizara la limpieza de la convocatoria.

La concejal había advertido en enero ante la oficina del censo de posibles irregularidades en el empadronamiento de sin techos, con fines electoralistas y clientelares.  La respuesta del INE fue que empadronar a gente sin hogar era legal por razones humanitarias, aunque se hiciera en el domicilio de una oficina municipal, sin mayor abundamiento en sus posibles consecuencias en las urnas.

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