Los Mossos d'Esquadra citarán a declarar a Jordi Turull, secretario general de Junts en relación a la huida de Puigdemont la mañana de este jueves. El cuerpo policial niega que se haya emitido una orden de detención contra él, tal como han confirmado a elDiario.es.

Turull ha formado parte de la comitiva que estaba destinada a proteger a Carles Puigdemont en su desplazamiento entre el escenario donde ha dado su discurso y la entrada al Parlament. Pero pocos minutos después de bajar del escenario, el expresident ha desaparecido. Por eso, los Mossos requerirán a Turull que declare para intentar esclarecer lo sucedido.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirman que, por el momento, no hay ningunas diligencias abiertas ni ha ordenado ninguna detención ni citación para Turull en relación a este asunto ni se ha ordenado la detención de ninguna persona por orden judicial.

Tras la desaparición de Puigdemont, la policía ha activado la operación jaula, en el marco de la cual se han realizado controles en diferentes puntos clave de las carreteras catalanas. El dispositivo se ha desactivado al cabo de cinco horas, aunque los Mossos confirman que siguen buscando al expresident. 

De momento, se ha detenido a un mosso, propietario del coche en el que ha huido Puigdemont, por su presunta implicación en la huida. La policía catalana prevé nuevas detenciones.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reconocido en una entrevista en TVE que el “impulso” a la reforma del modelo de financiación autonómica se trata en las negociaciones con los partidos nacionalistas catalanes para la investidura del nuevo Gobierno.

Montero, también vicesecretaria general del PSOE, ha admitido que “en el margen” de esta reforma, que se abordaría durante la próxima legislatura, “se habla del endeudamiento” de las distintas regiones, aunque ha evitado mencionar una condonación a Catalunya, como han publicado distintos medios de comuniación en los últimos días que habría ofrecido su partido en las conversaciones con Junts Per Catalunya y ERC.

Estas informaciones apuntan exactamente a “una quita” de parte de los 70.000 millones de deuda contraída por la Generalitat con el Estado por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según la interpretación de una enmienda del PSC sobre el “saneamiento” de la deuda autonómica a una moción de Junts per Catalunya en el Parlament regional. El FLA lo diseñó en 2012 el minsitro de Hacienda del Partido Popular (PP) Cristobal Montoro.

La moción plantea “al gobierno del Estado la condonación de la deuda del FLA, basándose en la infrafinanciación sufrida en Cataluña en el ámbito social durante décadas”. La enmienda del PSC introduce “un coeficiente de condonación” para abordar este asunto, que también resuena en otros parlamentos, como el de la Comunitat Valenciana. De hecho, este “coeficiente” se extendería a otros gobiernos autonómicos, aunque el gran problema de esta medida es que no todas las comunidades han recurrido a este mecanismo de financiación.

Otro socialista, el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Lambán, ha manifestado tras escuchar las declaraciones de Montero que el Ejecutivo central debe asumir una quita de la deuda autonómica “sin más agravios entre comunidades” y no sólo para una o varias comunidades. La ministra sí que ha afirmado este martes que la reforma del sistema de financiación autonómica es “una urgencia” y que debe contar con el acuerdo de “todos”, incluido el principal partido de la oposición, el PP.

Así, ha asegurado que en el acuerdo de investidura lo que estará es “el impulso” a la reforma del sistema de financiación autonómica. “Es lo que nosotros desde el primer momento hemos dicho que es obligado, el poder modificarlo durante este periodo y por tanto en los próximos años”, ha recalcado.

La titular de Hacienda en funciones ha recordado que en la pasada legislatura se hicieron “varios intentos” para tratar llegar a un acuerdo con el conjunto de comunidades autónomas. Sin embargo, Montero ha reconocido que “no hubo el clima necesario” para alcanzar un consenso, dado que había comunidades que defendían sus posiciones de “máximos”.

“En ese margen del modelo de financiación autonómica no sólo se habla de los recursos que entran en el sistema, también se habla de la situación de endeudamiento de las comunidades autónomas y también de lo que llamamos el esfuerzo fiscal, con la vuelta de las reglas fiscales [de la UE a partir de 2024]”, ha explicado la ministra.

Un modelo de financiación caducado desde hace una década

El Gobierno de coalición se propuso para esta legislatura sacar adelante una reforma de este sistema que se viene demorando desde que caducó el anterior, en 2013. La falta de consenso desde entonces ha entorpecido emprender un cambio del que dependen las cuentas de las comunidades.

Se trata de un asunto sumamente complejo, ya que se ha de diseñar un sistema de reparto de los fondos públicos entre los territorios, intentando evitar infrafinanciación y sin generar desequilibrios entre las regiones. La reforma ha de buscar consensos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, lo que implica a varios partidos. Incluso dentro de las propias formaciones se crean diferencias sensibles.

Las comunidades recaudan por los impuestos cedidos (sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales o el juego), así como por su participación en impuestos estatales (50% del IRPF o IVA, 58% de los impuestos especiales o 100% del impuesto a la electricidad). El 75% de lo que recaudan va a una ‘caja común’, que se completa con fondos del Estado. Es el llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y es el eje central del sistema de financiación, al que luego se le suman otros fondos complementarios. Cabe señalar que este sistema deja fuera a Euskadi y Navarra, que tienen su propia Hacienda y sus acuerdos con el Estado.

El dinero que suman —134.336 millones en 2023— se reparte entre las comunidades. El cómo es uno de los verdaderos puntos peliagudos de este debate por un nuevo modelo. En la actualidad se hace en función de población (30%), superficie (1,8%), dispersión territorial (0,6%), insularidad (0,6%), población protegida equivalente (38%), población mayor de 65 años (8,5%) y población entre cero y 16 años (20,5%). Varias comunidades han dado la batalla para cambiar este método de cálculo, reforzando aspectos como la despoblación o el envejecimiento, que aumentarían la necesidad de recursos.

2020 ha sido un año intenso en lo informativo incluso más allá de la COVID-19. Fue intenso el arranque con la caída del vertedero de Zaldibar en febrero, los contratos de Montai y la resaca de la sentencia del 'caso De Miguel' de corrupción y la continuidad de la investigación de las irregularidades en las oposiciones de Osakidetza. Además, en la política Podemos y PP han vivido sus particulares crisis mientras el PNV ganó con solvencia las elecciones autonómicas -la pandemia las movió de abril a julio en una decisión para la historia, lo mismo que la sesión telemática del Parlamento- y gobierna con mayoría absoluta fruto de su acuerdo con el PSE-EE. EH Bildu, entre tanto, ha sido un actor determinante en Madrid.

¿Por qué JxSí y la CUP tienen mayoría absoluta de escaños si no llegaron al 50% de los votos? ¿Es verdad que el sistema electoral catalán ha premiado siempre a los partidos independentistas? Para responder estas preguntas, eldiario.es ha analizado los datos históricos de las elecciones al Parlament de Catalunya para comprobar cuáles han sido los partidos más beneficiados por la ley electoral y qué nivel de distorsión existe entre resultados y escaños.

Casi todas las encuestas predicen para las próximas elecciones del 21-D una batalla muy igualada entre los partidos independentistas (ERC, JxCat y CUP) y los no independentistas (C's, PSC, En Comú-Podem y PP). Una situación que no es nueva en Catalunya.

Este equilibrio en el electorado catalán se se remonta a 1984, tras la desaparición de UCD. Desde entonces, el voto a los partidos ahora independentistas (PDeCat+ERC+CUP) y los no independentistas ha estado casi siempre entre el 45% y el 55%.

En los últimos comicios de 2015, este equilibrio llegó a su máximo. JxSí y CUP alcanzaron el 48% de los votos, al igual que la suma de C's, PSC, C's y CSQEP.

Sin embargo, este equilibrio de los bloques no se mantiene en la distribución de escaños. En todas las elecciones desde 1984, los partidos nacionalistas han sumado mayoría absoluta en el Parlament a pesar de que no siempre han conseguido el 50% de los votos.

En 2015, la suma de JxSí y CUP consiguió la mayoría absoluta con 72 escaños aunque solo llegaron al 48% de los votos. 

¿Eso significa que los partidos independentistas están beneficiados por el sistema electoral? Sí y no. Es verdad que el sistema electoral en Catalunya -–que no tiene ley propia y se basa en el Régimen Electoral General– ha beneficiado históricamente a CiU. Sin embargo, el sistema no ha beneficiado a ERC y la CUP.

Los datos señalan que las distintas marcas con las que se ha presentado CiU –ahora PDeCAT– han sido las candidaturas más beneficiadas en las elecciones catalanas desde el inicio de la democracia. En todos los comicios ha conseguido entre 3 y 6 puntos más en porcentaje de escaños frente al porcentaje de votos.

Por el otro lado, ICV (en 2015, incluido en la candidatura CSQEP), CUP y PP han sido los partidos más perjudicados e infrarrepresentados por el sistema electoral en Catalunya.

¿Y por qué sucede? Aunque muchos echan la culpa a la fórmula d'Hondt (que beneficia ligeramente a las listas más votadas) o las barreras electorales, la razón de esta distorsión está principalmente en la distribución del número de escaños por provincia.

De los 135 escaños del Parlament, Barcelona elige 85 diputados; Tarragona, 18; Girona, 17; y Lleida escoge 15 representantes. Un reparto que se ha mantenido invariable desde 1980 a pesar de los cambios demográficos que han vivido las cuatro provincias catalanas en los últimos 35 años.

Aunque pueda parecer un reparto a primera vista equitativo, no lo es si lo comparamos con la población que vive en cada provincia. Cada diputado elegido en Barcelona representa a 65.000 habitantes. En Lleida, cada parlamentario representa a la mitad: 29.000 habitantes.

¿A cuántas personas representa el diputado de cada provincia?

Número de habitantes por escaño en cada una de las cuatro provincias

En Catalunya, que no cuenta con una ley electoral propia, este reparto de escaños se remonta a un decreto del president Josep Tarradellas convocando las primeras elecciones autonómicas en 1980. Desde su publicación, la desproporción entre habitantes y escaños se ha mantenido durante más de tres décadas, aunque ha mejorado ligeramente con el paso del tiempo.

En Barcelona, la provincia infrarrepresentada, la proporción de escaños es 10 puntos inferior al porcentaje de población de la circunscripción, según datos de la Generalitat. Las otras tres provincias menos pobladas eligen más diputados de los que les corresponderían por porcentaje de población en Catalunya.

Esta distorsión a favor de las regiones menos pobladas es una constante en todas las elecciones en España. En las Elecciones Generales o en las autonómicas de Canarias, por ejemplo, las zonas con menos habitantes también están sobrerrepresentadas para evitar que sean olvidadas en los presupuestos o en las políticas públicas.

Así sobrerrepresenta el sistema electoral a las provincias menos pobladas en Catalunya

Diferencia entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de población de cada provincia en todas las elecciones desde 1980

Esta distorsión hace que los partidos con mayor fuerza electoral en las provincias menos pobladas puedan conseguir más escaños que los que les corresponden por porcentaje de votos en toda la comunidad autónoma. Este premio al voto en estas tres provincias, que se creó para obstaculizar una mayoría de izquierdas en Catalunya, ha favorecido siempre a CiU y en las últimas elecciones a JxSí.

Mientras que en la provincia de Barcelona las fuerzas independentistas solo llegaron una vez a conseguir el 50% de los votos, llevan siendo mayoría en las otras tres provincias desde 1984.

¿Qué consecuencias tiene esto? Que se crean mayorías parlamentarias que no existen en los votos. Es el caso de las últimas elecciones autonómicas de 2015, en la que JxSí + CUP consiguieron la mayoría absoluta con 72 escaños (el 53% del Parlament) aunque apenas alcanzaron el 48% de los votos.

Si se repartieran los 135 escaños del Parlament en una única circunscripción -cada voto vale lo mismo- y sin barreras electorales, el bloque independentista hubiera perdido la mayoría absoluta, según cálculos realizados por eldiario.es.

Mientras que el resto de partidos apenas notarían el cambio, JxSí hubiera pasado de 62 a 55 escaños con esos resultados y la suma con CUP se quedaría a dos de la mayoría absoluta.

El bloque independentista hubiera perdido la mayoría en un sistema de circunscripción única

Escaños obtenidos por cada partido en las elecciones de 2015 y una simulación de los resultados con circunscripción única y sin barreras electorales

JxSí y la CUP han registrado en el Parlament el texto de la declaración de independencia suspendida el pasado 10 de octubre para votarlo en el pleno de este viernes, que incluye la constitución de “la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social”. Al contar con la mayoría absoluta del Parlament, previsiblemente el texto saldrá adelante.

Los independentistas han presentado dos propuestas de resolución. La primera, para votar en el Parlament e intentar dotar así de valor jurídico la declaración de independencia suspendida y que firmaron sus diputados en el auditorio de la Cámara el pasado 10 de octubre. Además, proponen activar la ley de transitoriedad jurídica, la norma de ruptura que, según el plan independentista, estará en vigor durante seis meses hasta las elecciones “constituyentes” del nuevo estado catalán.

Sólo hay una diferencia entre la declaración del pasado día 10 y el texto que JxSí y CUP han registrado para votarse este viernes. Los independentistas han incluido un último párrafo a la declaración de independencia: “Asumimos el mandato del pueblo de Catalunya expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Catalunya se convierte en un estado independiente en forma de República”, reza el fragmento añadido a la declaración.

El resto de la primera propuesta de resolución de JxSí y la CUP insta al Govern a “dictar todas las resoluciones necesarias para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica”, a pocas horas de que el Gobierno puede acordar el cese de Puigdemont y los consellers en base al artículo 155, que también comportaría dejar la actividad del Parlament en la irrelevancia.

En concreto, el texto insta a activar una serie de artículos de la ley de transitoriedad, como los que prevén la redacción de un tratado de “doble nacionalidad” con el Gobierno de España o los decretos para “recuperar” las normas aprobadas por el Parlament y suspendidas por el Constitucional.

También pide que la Generalitat “promulgue” los decretos necesarios “para la expedición a la ciudadanía de los documentos acreditativos de la nacionalidad catalana”, así como a adoptar “las medidas necesarias para el ejercicio de la autoridad fiscal”, es decir, asegurar el pago de impuestos. Cabe recordar que, pese a que el 155 no se ha aplicado todavía, las finanzas de la Generalitat están intervenidas por el ministerio de Hacienda.

La segunda propuesta de resolución declara “el inicio y apertura” del proceso constituyente, e insta al Govern a constituir el Consejo asesor del proceso constituyente y el Fórum social constituyente. Según el texto, una vez ratificadas en consulta ciudadana las propuestas de dicho foto, constituirán un “mandato vinculante” para el Parlament que resulte de las elecciones constituyentes.

El Parlament responderá entre este jueves y viernes a la aplicación del artículo 155. La junta de portavoces ha validad este lunes la propuesta de JxSí y la CUP para celebrar al final de esta semana el pleno parlamentario en la que la mayoría independentista piensa responder a las medidas anunciadas el pasado sábado por Mariano Rajoy para suspender los órganos del autogobierno.

Aunque el president Carles Puigdemont no especificó en su comparecencia de este sábado si la voluntad del Govern era levantar la supuesta suspensión sobre los resultados del 1-O y se limitó a hablar de “dar respuesta”, todo apunta a que podría ser este jueves cuando el Parlament vote la declaración de la independencia y ponga en vigor la ley de transitoriedad. La CUP ha reclamado este lunes que así sea, y entre los socios de JxSí hay unidad en que la DUI sea el siguiente paso.

El calendario de la sesión se adaptará a los pasos que dé el Senado, que tendrá una intensa actividad para acabar aprobando el 155 entre el martes y el viernes. Así, el pleno del Parlament catalán comenzaría el jueves y podría acabar el viernes por la tarde, momento en el que se votarían las propuestas de resolución. Sería en entre estas propuestas como se prevé que pueda entrar la declaración de independencia para ser votada. A falta de que se conozca la decisión final sobre acudir o no, el president Puigdemont podría comparecer ante el Senado, si así lo decide, el miércoles o el mismo jueves.

El Parlament busca también abrir la vía penal y judicial para parar las medidas acordadas por el Gobierno contra la Generalitat. El portavoz de JxSí, Lluís Corominas, ha explicado que su grupo impulsará todas las medidas jurídicas oportunas, también la penal, para evitar que la suspensión de la autonomía acordada por PP, PSOE y Ciutadans sea haga efectiva.

Corominas ha explicado también que su grupo llamará al Parlament a los 8 senadores de designación autonómica, este martes, para que expliquen su posición respecto a las medidas que se votarán en el Senado el próximo viernes. De entre estos senadores, el foco está puesto sobre el expresident José Montilla, del PSC, quien este domingo anunció que ya había tomado la decisión sobre su voto, aunque sin revelarlo.

Además de Montilla, los senadores nombrados por el Parlament son: Elisabeth Abad i Giralt (CDC), Francesc Xavier Alegre (Ciutadans), Josep Lluís Cleries (CDC), Mirella Cortès (ERC), Xavier Garcia Albiol (PP), Bernat Picornell i Grenzner (ERC) y Sara Vilà (CSQP).

La mayoría independentista del Parlament formada por JxSí y la CUP ha acordado este lunes suspender el pleno ordinario del Parlament que tenía que empezar este miércoles. La decisión se ha tomado por la situación “excepcional” de la política catalana tras el 1-O y la posible activación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno, han indicado fuentes independentistas a este diario.

En la reunión de la Junta de Portavoces de este lunes por la tarde la oposición se ha quejado de la decisión independentista. Los partidos han recordado que el Parlament no se reúne desde la primera semana de septiembre, por lo que al no celebrarse el pleno este miércoles se cumplirán seis semanas sin que la Cámara pueda ejercer el control parlamentario del Govern.

En este sentido, los letrados del Parlament han advertido durante la reunión de la junta de portavoces de que no celebrar las sesiones de control al Ejecutivo podría vulnerar los derechos de los diputados. Así lo entienden los grupos de la oposición, que han recordado que JxSí y la CUP ya retorcieron el reglamento del Parlament en el debate de la ley del referéndum de principios de septiembre.

Fuentes del PDeCAT han replicado que el inicio de los pasos previos a la activación del artículo 155 por parte del Gobierno han llevado a una situación de “excepcionalidad” que justifica la suspensión del pleno.

La CUP, por su lado, se ha sumado esta tarde a la petición de JxSí pese a que esta mañana se había mostrado partidaria de que el Parlament levantara la suspensión de la declaración de independencia esta misma semana para conseguir que “el 155 nos coja con la república proclamada”, en palabras del diputado Benet Salellas.

El siguiente pleno ordinario que marca el calendario del Parlament tendría que empezar el próximo 8 de noviembre, aunque se podría avanzar dos semanas y arrancar el 25 de octubre.

C's lo llevará al Constitucional

La jefa de la oposición y líder de Ciutadana en el Parlament, Inés Arrimadas, ha denunciado que la cámara catalana está cerrada “a cal y canto por los independentistas”, y ha pedido la dimisión de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, informa Sergi Franch.

Tras constatar que se suspende por tercera vez el pleno ordinario, Arrimadas ha anunciado que su grupo presentará un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional por la suspensión de la actividad parlamentaria por parte de la mayoría independentista. Arrimadas ha denunciado “la complicidad” de Forcadell con los objetivos de JxSí y la CUP, por lo que ha pedido que dimita. “Forcadell no puede estar en la institución ni un minuto más”, ha zanjado Arrimadas.

En referencia a las palabras de Arrimadas, fuentes de la presidencia del Parlament han indicado que Forcadell “nunca ha impedido la celebración de un pleno”, ya que, han explicado, es la junta de portavoces y no la presidenta quien fija el orden del día de los plenos y son los grupos parlamentarios “los que tiene que llegar a acuerdos para que el pleno se pueda convocar”.

Barcelona, L'Hospitalet, Badalona, Tarragona, Sabadell… este será el tipo de ciudades mayoritario en el calendario que guiará las campañas de las formaciones independentistas para el referéndum del 1 de octubre. Grandes poblaciones, la mayoría en el área metropolitana de Barcelona y Tarragona, donde el independentismo ha tenido históricamente más dificultades para acceder.

La razón por la que los independentistas han concentrado sus fuerzas en estas áreas es que consideran que la convocatoria del 1-O es el mejor momento de “salir a por todas”, según explican fuentes de los equipos de los partidos. Con este diseño, esperan poder arrastrar a los indecisos hasta las urnas, incluso a quienes nunca han apostado por la independencia pero sí sienten simpatía por el referéndum.

Si la primera receta contra la abstención es entrar de lleno en las ciudades más “difíciles”, la segunda tiene que ver con polarizar entre el 'sí' y el 'no'. Para ello, los mensajes de las formaciones se centran en confrontar ambos votos, haciendo aparecer al voto contrario a la independencia como la opción de aquellos que se oponen a la secesión, por encima de la no participación. Su objetivo es que no solo los independentistas tengan claro que deben votar 'sí', sino que los contrarios a la independencia identifiquen su postura con la papeleta del 'no'.

A partir de estas ideas se han elegido también los eslóganes de cada partido. ERC se ha decantado por el lema “Construir un mejor país”, mientras que el PDECat lo ha hecho por otro similar, “Sí al mejor país”. La CUP no va en una línea muy diferente y también busca la polarización con la idea gramsciana de “Vivir quiere decir tomar partido”.

Campaña conjunta de tres grandes actos

Las tres principales formaciones favorables al 'sí' en el referéndum llevarán a cabo una campaña conjunta con actos contados. Los grandes eventos compartidos serán en total tres, que, como en las campañas particulares, también pondrán el acento en las grandes ciudades. Estos actos conjuntos se celebrarán en Tarragona este mismo jueves, el día 22 en una ciudad metropolitana aún por concretar –al que probablemente no asistirá la CUP–, y un acto final el viernes 29 en Barcelona.

La campaña propia de ERC ha apostado por un formato clásico de mítines por la tarde. Sus grandes valores serán Oriol Junqueras, Marta Rovira, Joan Tardà y Gabriel Rufián, además de sus consellers y cargos municipales, y concentrarán buena parte de sus actos en el área metropolitana.

La CUP por su parte ha decidido llevar a cabo una campaña con poca presencia de su marca. En buena parte de la cartelería y material de campaña, las siglas de la Candidatura d'Unitat Popular están desaparecidas, ya que aseguran que quieren primar el mensaje independentista por encima del partidista. Los anticapitalistas contarán además con invitados de formaciones afines, como los gallegos del BNG y Anova, el SAT andaluz, los vascos de Sortu o los escoceses del RISE.

Puigdemont activo, Mas desaparecido

Los miembros del Govern participarán de forma activa en la campaña, cada uno con su formación y los primeros espadas, también en los actos conjuntos. Entre ellos, el president, Carles Puigdemont, que estará presente en los tres mítines transversales además de en al menos otros dos del partido. Desde su gabinete destacan que la presencia del jefe del gobierno en la campaña es habitual en los referendos, poniendo como ejemplo la votación sobre la independencia de Escocia.

Así, Puigdemont estará con su partido en Badalona este viernes y en Girona el próximo lunes. Pese a su implicación activa en la campaña, su voluntad es mantener la agenda presidencial sin cambios destacables. Junto a Puigdemont, la principal cara que representará al partido será la de Marta Pascal, coordinadora general.

Quien no tendrá tanta actividad en la campaña del PDECat será su presidente, Artur Mas. Según fuentes de la campaña del PDECat, el expresident de la Generalitat estará el día 19 en Mollerussa y el 27 en Tarragona. Sin embargo, no se prevé que aparezca en el escenario de los actos conjuntos y aún no está claro si participará en los principales de su formación.

El presidente del diario El País, Juan Luis Cebrián, cree que Junts Pel Sí y la CUP están abocados a la violencia por querer cambiar leyes al margen de las reglas. Así lo expresa en un artículo publicado este domingo en su periódico.

“El conflicto catalán es solo un episodio más de la tensión agónica que nuestras sociedades viven entre Ilustración e Identidad”, escribe Cebrián: “La primera reside en el origen de las democracias representativas, mientras que la segunda es partera de todos los nacionalismos. Frente a los mitos y a las regresivas utopías que estos normalmente encarnan, la democracia se define más modestamente como un método que permite a los ciudadanos elegir a sus gobernantes y, sobre todo, echarles. Pues no es solo el gobierno de las mayorías, sino también el respeto a las minorías y el sometimiento a la ley, lo que define al sistema. Este incluye las reglas para su reforma, y si alguien quiere cambiarlas al margen de ellas está abocado necesariamente a ejercer la violencia. Violencia en definitiva, aunque en grado todavía menor, fue lo que hubo en las últimas sesiones del Parlament de Cataluña. Los atribulados dirigentes de la secesión, ya casi constituidos virtualmente en Convención aunque ellos no lo sepan, deberían recordar que esa etapa revolucionaria desencadenó el Terror, única manera de acallar a los disidentes. Si como es probable no triunfan en ello, todo quedará al final en la representación de una payasada descomunal, con perjuicio para los intereses de catalanes y españoles, para los sentimientos de identidad de todos ellos y para el progreso en la construcción de una democracia renovada que combata las desigualdades, limite los abusos del poder, persiga sus corrupciones y proteja a los más débiles”.

Cebrián también critica en su texto a “analistas y líderes políticos de la llamada nueva izquierda”. ¿Poe qué? Porque, según él, prestan “oídos sordos a las advertencias de que los dos intentos precedentes de instauración de la República en España fracasaron como consecuencia de sendos motines o revoluciones que reivindicaban la implantación de cantones o Estados independientes en determinados territorios [...] Es imposible no reconocer en algunas de las actitudes de Junts pel Sí el aliento anarquista de sus socios de la CUP, que amenaza con convertir a la clase dirigente catalana en una pandilla de la porra”.

Y concluye: “En el imaginario político español destacan dos frases de uso común que merece la pena recordar: '¡Viva la Pepa!' y '¡Viva Cartagena!' fueron encendidos eslóganes que vitoreaban la Constitución liberal de Cádiz y el levantamiento cantonal en Murcia, pero acabaron por ser usados como expresión de desbarajuste, despreocupación o excesiva licencia, en feliz definición del Diccionario de la Lengua Española. Es de esperar que el errático discurso del gobierno de la Generalitat y el esperpento valleinclanesco, tan español, protagonizado por la presidenta del Parlament, no acaben por convertir en algo parecido al respetable y respetado grito de 'Visca Catalunya!”.

Los planes para aprobar la ley del referéndum y convocarlo para el 1 de octubre este mismo miércoles siguen adelante en el Parlament. JxSí y la CUP han forzado el reglamento para introducir en el orden del día la votación de la ley, suprimiendo además todos sus trámites parlamentarios. La oposición, por su parte, ha introducido diversos recursos contra la admisión a trámite, además de realizar peticiones de dictamen al Consell de Garanties Estatutaries.

La Mesa del Parlament se ha reunido hasta dos veces para examinar los recursos, introducidos por PSC, PP y Ciutadans. A medio día de este miércoles, el órgano rector se encontraba todavía analizando los recursos, interpuestos por la oposición en una estrategia coordinada de obstrucción para retrasar la votación de la ley y dar tiempo a la acción suspensiva del Constitucional.

Una vez se resuelvan estos trámites, los diputados pretenden votar la alteración del orden del día mediante el procedimiento excepcional que prevé el artículo 81.3 del reglamento del Parlament y, posteriormente, también la supresión de todos los trámites parlamentarios que normalmente siguen las proposiciones de ley para llegar directamente a su debate final. Esta maniobra pretende esquivar la acción del Constitucional, que en cualquier momento podría suspender la ley o la admisión a trámite, convirtiendo así en ilegal la firma del decreto de convocatoria del referéndum.

Tal y como esta previsto, en la primera reunión de la mañana la Mesa ha admitido a trámite la ley del referéndum, por 5 votos a favor contra 2 en contra. Catalunya Sí que es Pot, grupo que estaba en duda, finalmente ha votado favorablemente a la admisión a trámite. Tras esto, el pleno ha comenzado con normalidad pasadas las 10 de la mañana.

Según la presidenta del Parlament ha abierto la sesión plenaria, la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha pedido la palabra a mano alzada para reclamar un cambio en el orden del día para incluir la votación de la citada ley. La diputada de Esquerra ha propuesto efectuar una votación para el cambio en el orden del día y una segunda para que el pleno acepte suprimir todos los trámites de la proposición de ley hasta su debate a la totalidad.

A Rovira se ha sumado Anna Gabriel, de la CUP, grupo con el que los independentistas consiguen la mayoría absoluta que reclama el artículo 81.3 del reglamento para este tipo de alteraciones del orden del día. Ambas diputadas han defendido la necesidad de hacerlo mediante este atajo procesal por la importancia que a su juicio tiene la ley y el reiterado bloqueo que ha hecho el Constitucional para que la ley se debatiera por los cauces habituales.

En su turno de réplica, la oposición se ha opuesto a la maniobra y ha acusado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de vulnerar los derechos de los diputados. PSC, PP y Ciudadanos han reprochado a la mayoría independentista que no respete el reglamento de la Cámara, al no disponer de 48 horas para examinar el texto de la ley del referéndum y no permitirles pedir el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.

La proclamació d'una república en 35 dies i una Constitució per a Catalunya en un any. Aquesta ha estat la promesa que els grups independentistes que governen la comunitat autònoma han fet aquest dilluns, mitjançant la presentació pública i el registre de la llei de Transitorietat. 89 articles i tres disposicions finals que es pretenen com el paraigües jurídic pel temps de transició de legalitats i, alhora, detalla el full de ruta cap a un nou estat independent.

La llei, que disposa la seva pròpia entrada en vigor en el referèndum de l'1 d'octubre en cas que hi hagi més vots del 'sí' que del 'no', es basa en un joc jurídic de miralls amb el que tot l'actual ordenament jurídic queda intacte si no hi ha una llei catalana que digui el contrari. És a dir, les que contenen el text presentat aquest dilluns o, ja, les que contempli una eventual Constitució catalana. Amb aquesta fórmula, els independentistes creuen haver trobat la forma de garantir la seguretat jurídica durant el procés.

La primera fita en aquest nou calendari dibuixat aquest dilluns arribaria immediatament després del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Segons la tercera disposició final, “aquesta llei entrarà en vigor una vegada sigui aprovada pel Parlament de Catalunya, es faci la publicació oficial i es compleixi el que disposa l'article 4.4 de la Llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya”. I això diu l'esmentat article: “Si en el recompte dels vots vàlidament emesos hi ha més afirmatius que negatius, el resultat implica la independència de Catalunya”.

Nou calendari amb dues votacions més

Hi hauria, per tant, una proclamació de la independència en els dies immediatament posteriors al referèndum. En poc més d'un mes l'article primer “Catalunya es constitueix en una República de Dret, democràtica i social” quedaria avalat pel Parlament. Seria llavors quan començaria el viatge cap a la nova Constitució.

El procés constituent, tal com està dissenyat en el títol setè de la llei de Transitorietat, estaria dividit en dues fases: una primera, deliberativa i de debat ciutadà, i una segona de redacció del text constituent. Enmig d'aquestes es celebrarien unes eleccions, amb l'objectiu de formar una nova assemblea amb mandat constituent. Sempre des de l'òptica dels independentistes, aquestes eleccions serien una nova prova popular de suport -o pel contrari- a la independència de Catalunya.

Segons el pla fixat, tot acabaria a un any vista, amb un nou referèndum. Aquesta vegada, a la votació es ratificaria o no del text que els constituents presentessin als votants. En total, prop de 12 mesos de procés d'elaboració de la nova Carta, amb fins a tres votacions comptant el referèndum de l'1-O.

La llei de ruptura com a norma jurídica màxima

Mentre es donen tots aquests passos cap a la redacció i promulgació d'una nova Constitució, la llei de Transitoriedad també regula els aspectes legals del dia a dia, com a normal jurídica màxima, sempre sota el principi de supletorietat, és a dir, que en absència de legislació pròpia s'aplica la llei vigent fins ara.

Aquesta llei regula per exemple l'obtenció de la nacionalitat catalana, a la que accediran directament els nacionals espanyols empadronats a Catalunya abans del 2017, i que podran sol·licitar espanyols i no espanyols que compleixin uns determinats requisits d'empadronament. Ser nacional català no comportarà la renúncia a altres nacionalitats.

Un altre dels grans aspectes que es regula de forma detallada té a veure amb la successió entre estats, una situació típica en les secessions. En el cas català, la proposició de llei preveu la continuïtat del dret vigent en els àmbits local, autonòmic, estatal i europeu, així com els tractats internacionals. També la continuïtat dels actes administratius, i la subrogació sense modificar els seus termes dels contractes, convenis i acords, fins ara fets amb l'Estat i que assumiria la nova Generalitat.

Respecte al braç judicial de l'Estat, la norma convertiria l'autonòmic Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un Tribunal Suprem, trauria la Fiscalia del control de l'Executiu per posar-la sota el Legislatiu, lliuraria l'actual paper del Consell General del Poder Judicial a una sala del Suprem català o crearia una comissió mixta entre poder judicial i Govern per administrar els recursos materials. Contempla també l'amnistia pels polítics ara imputats o encausats per la seva activitat pacífica a favor de la independència.

Esquivar al Constitucional

Després de mesos de secretisme, l'esborrany legislatiu ha vist aquest dilluns la llum. No obstant això, encara queden grans incògnites sobre els plans de l'Executiu de Puigdemont i de la majoria parlamentària que li dóna suport. La més important és com pensa aprovar les lleis del Referèndum i de Transitorietat sense que el Govern les suspengui durant la seva tramitació per la via d'un recurs al Constitucional.

Aquesta situació ja va passar el 16 d'agost passat amb la llei del Referèndum, que en l'últim moment va ser treta de l'ordre del dia de la reunió de la Mesa, com a forma de deixar-la fora de l'abast de l'acció suspensiva dels tribunals. Amb la llei de transitorietat passaria el mateix. De ser acceptada a tràmit, el Constitucional no trigaria a suspendre-la i els independentistes haurien de decidir si continuar endavant amb la seva aplicació tot i les conseqüències penals.

Una de les opcions que se sospesa per les dues lleis és que siguin portades a la Cambra mitjançant decrets governamentals, que permetrien un tràmit més curt. També que fossin introduïdes directament al Ple sense passar pel tràmit parlamentari, cosa que el reglament permet i que troba dos antecedents en dues propostes de resolució introduïdes per la CUP i Catalunya Sí que és Pot el maig passat directament durant la sessió parlamentària.

La proclamación de una república en 35 días y una Constitución para Catalunya en un año. Esta ha sido la promesa que los grupos independentistas que gobiernan la comunidad autónoma han hecho este lunes mediante la presentación pública y registro de la ley de Transitoriedad. 89 artículos y tres disposiciones finales que pretenden ser el paraguas jurídico para el tiempo de transición de legalidades y, a la vez, el camino detallado hacia un nuevo Estado independiente.

La ley, que dispone su propia entrada en vigor si en el referéndum del 1 de octubre hay más votos del 'sí' que del 'no', se basa en un juego jurídico de espejos mediante el cual todo el actual ordenamiento jurídico queda intacto si no hay una ley catalana que diga lo contrario. Es decir, las que contienen el texto presentado este lunes o, ya, las que contenga una eventual Constitución catalana. Con esta fórmula, los independentistas creen haber hallado la forma de garantizar la seguridad jurídica durante el proceso.

El primer hito en este nuevo calendario llegaría inmediatamente después del referéndum del 1 de octubre. Según la tercera disposición final, “esta ley entrará en vigor una vez sea aprobada por el Parlament de Catalunya, se haga la publicación oficial y se cumpla lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley del referéndum de autodeterminación de Catalunya”. Y esto dice ese artículo: “Si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Catalunya”.

Nuevo calendario con dos votaciones más

Habría, por tanto, una proclamación de la independencia en los días inmediatamente posteriores al referéndum. En poco más de un mes desde la fecha actual el artículo primero –“Catalunya se constituye en una República de Derecho, democrática y social”– quedaría avalado por el Parlament. Sería entonces cuando comenzaría el viaje hacia la nueva Constitución.

El proceso constituyente, tal y cómo está diseñado en el título séptimo de la ley de transitoriedad, estaría dividido en dos fases: una primera, deliberativa y de debate ciudadano, y una segunda de redacción del texto constituyente. En medio de estas se celebrarían unas elecciones, con el objetivo de formar una nueva asamblea con mandato constituyente. Siempre desde la óptica de los independentistas, estas elecciones serían una nueva prueba de respaldo o rechazo popular a la independencia de Catalunya.

Según el plan establecido, todo acabaría a un año vista, con un nuevo referéndum. Esta vez, en la votación se ratificaría o no el texto que los constituyentes presentaran. En total, cerca de 12 meses de proceso de elaboración de la nueva Carta con hasta tres votaciones contando el referéndum del 1-O.

La ley de ruptura como norma jurídica máxima

Mientras se dan todos estos pasos hacia la redacción y promulgación de una nueva Constitución, la ley de Transitoriedad también regula los aspectos legales del día a día, como normal jurídica máxima, siempre bajo el principio de supletoriedad, es decir, que en ausencia de legislación propia se aplica la ley vigente hasta ahora.

Esta ley regula por ejemplo la obtención de la nacionalidad catalana, a la que accederán directamente los nacionales españoles empadronados en Catalunya antes de 2017, y que podrán solicitar españoles y no españoles que cumplan unos determinados requisitos de empadronamiento. Ser nacional catalán no comportará la renuncia a otras nacionalidades.

Otro de los grandes aspectos que regula de forma detallada tiene que ver con la sucesión entre estados, una situación típica en las secesiones. En el caso catalán, la proposición de ley prevé la continuidad del derecho vigente en los ámbitos local, autonómico, estatal y europeo, así como los tratados internacionales. Asimismo la continuidad de los actos administrativos y la subrogación sin modificar sus términos de los contratos, convenios y acuerdos, hasta ahora hechos con el Estado y que asumiría la nueva Generalitat.

Respecto al brazo judicial del Estado, la norma convertiría el autonómico Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un Tribunal Supremo, sacaría la Fiscalía del control del Ejecutivo para ponerla bajo el Legislativo, entregaría el actual papel del Consejo General del Poder Judicial a una sala del Supremo catalán o crearía una Comisión Mixta entre poder Judicial y Gobierno para administrar los recursos materiales. Contempla también la amnistía para los políticos ahora imputados o encausados por su actividad pacífica en pos de la independencia.

Esquinazo al Constitucional

Tras varios meses de secretismo, el borrador legislativo ha visto este lunes la luz. Sin embargo, aún quedan grandes incógnitas sobre los planes del Ejecutivo de Puigdemont y de la mayoría parlamentaria que le da apoyo. La más importante de ella, cómo piensa aprobar las leyes del referéndum y de transitoriedad sin que el Gobierno las suspenda durante su tramitación por la vía de un recurso al Constitucional.

Esta situación ya ocurrió el 16 de agosto con la ley del referéndum, que en el último momento fue sacada del orden del día de la reunión de la Mesa, como forma de dejarla fuera del alcance de la acción suspensiva de los tribunales. Con la ley de transitoriedad ocurriría lo mismo. De ser aceptada a trámite, el Constitucional no tardaría en suspenderla y los independentistas deberían decidir si continuar adelante con su aplicación, pese a las consecuencias penales.

Una de las opciones que se barajan para ambas leyes es que sean llevadas a la Cámara mediante decretos gubernamentales, que permitirían un trámite más corto. También que fueran introducidos directamente en el Pleno sin pasar por el trámite parlamentario, algo que el reglamento permite y que encuentra dos antecedentes en dos propuestas de resolución introducidas por la CUP y Catalunya Sí que es Pot en mayo pasado directamente durante la sesión parlamentaria.

JxSí solicitará la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras registrar este mismo lunes las conclusiones de la comisión de investigación sobre la 'Operación Cataluña'. También exigirá la “dimisión inmediata de cualquier cargo público” vinculado con la supuesta guerra sucia contra cargos electos del soberanismo.

Tras la presentación de las conclusiones de la comisión de investigación, Junts pel Sí avisa de que la 'Operación Cataluña' entraña unas prácticas de “magnitud intolerable” con posibles delitos de malversación de fondos públicos, manipulación electoral, falsedad documental y prevaricación.

La trama, que fue destapada por este medio en el noviembre de 2014, revelaba la existencia de una unidad secreta de la Policía dedicada a rastrear información comprometedora de políticos independentistas. Esta unidad estaría formada des del 2012 por agentes de Asuntos Internos y de otra unidad, que actuarían fuera de sus competencias y sin control judicial.

El PP y Ciutadans abandonó la comisión sobre la 'Operación Cataluña' tras varios intentos de librar a comparecientes de dar explicaciones en la cámara catalana. El PP se sumaba de esta manera al PSC que decidió boicotear la comisión que pretendía aclarar la existencia de una trama policial dirigida a desacreditar políticos soberanistas.

Llevarán a Fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación

JxSí propondrá además que el Parlament lleve a la Fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación, que se aprobarán este martes a partir de una del mediodía. Para los independentistas, queda acreditado tras la comisión que ha existido una 'Operación Cataluña', que define como una “conspiración para intentar frenar a la disidencia política, particularmente el movimiento independentista”.

El grupo parlamentario situa el inicio de esta operación en la grabación del almuerzo en 2010 en el restaurante La Camarga de Barcelona entre la expresidenta del PP catalán Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. Asegura que esta operación para desacreditar líderes políticos del independentismo funcionó todos los años que Jorge Fernández Díaz estuvo al frente del Ministerio del Interior.

También lamenta la “falta de voluntad” para investigar la supuesta trama contra los soberanistas que han demostrado Cs, el PSC y el PP al abandonar la comisión, así como el obstruccionismo de los miembros del Gobierno central citados al rechazar comparecer.

Junts pel Sí i la CUP presentaran aquest dilluns al migdia al Parlament la Llei de Transitorietat Nacional, la principal de les “lleis de desconnexió”, prevista per crear un marc legal alternatiu a l'espanyol en cas que guanyés el 'sí' a la independència en el referèndum anunciat per el Govern.

Segons han informat en un comunicat a primera hora d'aquest matí, els grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la CUP oferiran avui a les 12 hores del migdia una roda de premsa conjunta per presentar la llei de transitorietat jurídica.

Aquesta roda de premsa se celebrarà a la sala de conferències de premsa del Parlament català, segons han explicat els dos grups parlamentaris independentistes.

La llei de transitorietat, mantinguda fins ara en absolut secret, és la principal “llei de desconnexió” prevista pel Govern i els partits independentistes, ja que haurà d'establir el nou marc legal que regirà a Catalunya en el cas que el 'sí' a la independència s'imposés en el referèndum que la Generalitat pretén celebrar l'1 d'octubre.

Mentre que el PDeCAT s'ha mostrat partidari que la llei s'aprovi un cop s'hagi celebrat el referèndum i s'hagi donat aquesta eventual victòria del 'sí', tant ERC com la CUP són favorables al fet que la norma s'aprovi ja al setembre, abans de l'eventual referèndum de l'1-O.

Junts pel Sí y la CUP presentarán este lunes al mediodía en el Parlament la Ley de Transitoriedad Nacional, la principal de las “leyes de desconexión”, prevista para, en caso de que ganara el 'sí' a la independencia en el referéndum anunciado por el Govern, crear un marco legal alternativo al español.

Según han informado en un comunicado a primera hora de esta mañana, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP ofrecerán hoy a las 12 horas del mediodía una rueda de prensa conjunta para presentar la ley de transitoriedad jurídica.

Dicha rueda de prensa se celebrara en la sala de conferencias de prensa del Parlamento catalán, según han explicado los dos grupos parlamentarios independentistas.

La ley de transitoriedad, mantenida hasta ahora en absoluto secreto, es la principal “ley de desconexión” prevista por el Govern y los partidos independentistas, pues deberá establecer el nuevo marco legal que regirá en Cataluña en caso de que el 'sí' a la independencia se impusiera en el referéndum que la Generalitat pretende celebrar el 1 de octubre.

Mientras que el PDeCAT se ha mostrado partidario de que la ley se apruebe una vez se haya celebrado el referéndum y se haya dado esa eventual victoria del 'sí', tanto ERC como la CUP son favorables a que la norma se apruebe ya en septiembre, antes del eventual referéndum del 1-O.

El presidente de JxSí, Lluís Corominas, has asegurado que tramitarán “en breve” la ley del referéndum pero no descarta ninguna posibilidad que tengan al alcance para garantizar el 1-O, también que el Govern haga un decreto ley.

“Utilizaremos todas las posibilidades que nos permitan celebrar el 1-O. No descartamos ninguna. No podemos descartar cosas que están en el ordenamiento jurídico”, ha asegurado en rueda de prensa, acompañado por el portavoz adjunto de JxSí, Roger Torrent, al preguntársele si, entre las opciones que contemplan, está el decreto ley del Govern.

Pese a todo, ha manifestado su convencimiento de que la ley se tramitará y se aprobará en el Parlament, y también su perplejidad por el “interés” que generó esta cuestión en los grupos de la oposición.

“Teniendo en cuenta cómo la atacan, que ahora tengan prisa para que vaya en el orden del día es sorprendente”, ha sostenido Corominas, que ha apoyado las explicaciones dadas por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Después de que el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmara que el Govern afronta un referéndum sin convocatoria, censo, funcionarios, urnas, papeletas ni calendario, el presidente de JxSí ha replicado: “Habrá convocatoria, hará censo, habrá urnas, habrá papeletas y el calendario ya lo tienen: el 1-O”.

LEY DE TRANSITORIEDAD

Sobre la ley de transitoriedad, Corominas ha reiterado que explicarán su contenido este mes, por lo que ha negado que intenten esconder su redactado, y se ha mostrado convencido de que también se pondrán de acuerdo en el procedimiento para tramitarla.

Así, ha negado que haya discrepancias entre JxSí y la CUP sobre esta cuestión, y ha aventurado que habrá un acuerdo al respecto: “La tramitaremos de acuerdo con todo el mundo. Cada vez que hemos tenido algún problema de este tipo nos hemos puesto de acuerdo en el calendario y la tramitación, lo hemos superado”.

UN “ESCÁNDALO” LA DECISIÓN DEL TC

También ha tachado de “escándalo” la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de mantener la suspensión de la reforma del reglamento del Parlament porque, a su juicio, el contenido de la norma es perfectamente legal y lo prevé el reglamento de las Cortes y de otras 14 comunidades autónomas.

Para Corominas, la resolución del Alto Tribunal es de carácter preventivo pero “el derecho no entiende de prevenciones”, por lo que considera que el TC actúa de parte y se somete al servicio del Estado.

“Los reglamentos no regulan ideologías, son instrumentos para que se puedan vehicular iniciativas, y no se pueden someter a la voluntad del Gobierno” central, ha recalcado después de que el Abogado del Estado Jefe, Francisco de Asís Sanz Gandanseguí, alegara que la reforma del reglamento sólo busca romper la nación española.

Just abans de les vacances d'estiu al Parlament de Catalunya, Junts pel Sí i la CUP han entrat la llei del referèndum al registre de la cambra. És la norma amb la qual pretenen emparar la convocatòria anunciada per l'1 d'octubre. Demanen que la llei del referèndum es tramiti per urgència extraordinària, sense descartar altres vies.

L'acceptació a tràmit de la llei per part de la Mesa de la cambra catalana no serà, com a mínim, fins al 16 d'agost, quan la Mesa es reuneixi per primera vegada després de vacances. Serà a partir d'aquest dia quan la Mesa haurà de decidir si l'admet a tràmit o no. En cas afirmatiu, la llei del referèndum hauria de ser votada la primera setmana de setembre per poder arribar a l'1 d'octubre. Un cop aprovada es podria recórrer al Constitucional.

La llei, que van signar tots els diputats de tots dos grups del Parlament divendres passat, preveu declarar la independència en 48 hores l'1-O si guanya el 'sí', mentre que en cas que guanyi el 'no' es convocarien eleccions autonòmiques. Els diputats de Junts pel Sí, Jordi Orobitg, Marta Rovira i Lluís Corominas, i els diputats de la CUP ,Gabriela Serra i Benet Salellas, han estat els encarregats de registrar la llei. Salellas ha qualificat la norma com una llei “de país” i ha avisat que buscaran suports més enllà de Junts Pel Sí, en referència a Catalunya Sí Que és Pot.

El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, ha assegurat que la llei del referèndum es podrà aprovar per la via ordinària, encara que el Tribunal Constitucional suspengui la reforma del Parlament aquest dilluns.

Segons el text, aquesta norma serà “suprema” i prevaldrà sobre qualsevol altra. En el pla tècnic, la norma estableix tots els aspectes que han de permetre, segons el pla independentista, que el referèndum sigui vinculant: entre d'altres, crea la Sindicatura electoral, formada per cinc juristes, indica que l'1-O comptarà amb la presència d'observadors internacionals i assenyala que el Govern ha de ser “neutral” abans la votació i fomentar una campanya informativa.

Per la seva banda, el Tribunal Constitucional admetrà a tràmit aquesta tarda el recurs plantejat pel Govern contra la reforma del reglament del Parlament català, que permet accelerar el tràmit per aprovar lleis en temps rècord i gairebé sense burocràcia.

Justo antes de las vacaciones de verano en el Parlament de Catalunya, Junts pel Sí y la CUP han entrado la ley del referéndum en el registro de la cámara. Es la norma con la que pretenden amparar la convocatoria anunciada para el 1 de octubre. Piden que la ley del referéndum se tramite por urgencia extraordinaria sin descartas otras vías. 

La aceptación a trámite de la ley por parte de la Mesa de la cámara catalana no será, como mínimo, hasta el 16 de agosto, cuando la Mesa se reunirá por primera vez después de vacaciones. Será a partir de ese día cuando la Mesa deberá decidir si la admite a trámite o no.  En caso afirmativo, la ley del referéndum debería ser votada la primera semana de septiembre, para poder alcanzar el 1 de octubre. Una vez aprobada se podría recurrir al Constitucional. 

La ley, que firmaron todos los diputados de ambos grupos del Parlament el pasado viernes, prevé declarar la independencia en 48 horas el 1-O si gana el ‘sí’, mientras que en caso que gane el ‘no’ se convocarían elecciones autonómicas. Los diputados de Junts pel Sí, Jordi Orobitg, Marta Rovira y Lluís Corominas, y los diputados de la CUP Gabriela Serra y Benet Salellas han sido los encargados de registrar la ley. Salellas ha calificado la norma como una ley “de país” y ha avisado que buscarán apoyos más allá de Junts Pel Sí, en referencia a Catalunya Sí Que es Pot. 

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, ha asegurado que la ley del referéndum se podrá aprobar por la vía ordinaria, aunque el Tribunal Constitucional suspenda la reforma del Parlament este lunes.

Según el texto, esta norma será “suprema” y prevalecerá sobre cualquier norma. En el plano técnico, la norma establece todos los aspectos que deben permitir, según el plan independentista, que el referéndum sea vinculante: entre otros, crea la Sindicatura electoral, formada por cinco juristas, indica que el 1-O contará con la presencia de observadores internacionales y señala que el Govern tiene que ser “neutral” antes la votación y fomentar una campaña informativa.

Por su parte, el Tribunal Constitucional admitirá a trámite el recurso planteado por el Gobierno contra la reforma del reglamento del parlamento catalán, que permite acelerar el trámite para aprobar leyes en tiempo récord y sin apenas burocracia.

Los 61 diputados de Junts pel Sí, entre ellos el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los 10 parlamentarios de la CUP han firmado este viernes la ley del referéndum. Ambos grupos registrarán el próximo lunes 31 de julio en el Parlament la norma, con la que pretenden amparar la convocatoria anunciada para el 1 de octubre.

Habitualmente la entrada a registro de un texto en el Parlament cuenta con la firma del presidente y el portavoz del grupo parlamentario. En este caso, sin embargo, son todos los diputados de JxSí y la CUP los que han firmado la ley, para dar solemnidad al trámite parlamentario. La idea ha surgido de las filas de los anticapitalistas.

La ley del referéndum prevé declarar la independencia en 48 horas si el 1-O gana el 'sí', mientras que si gana el 'no' se convocarán elecciones autonómicas.

Por otro lado, JxSí y la CUP estudian posponer hasta finales de agosto la presentación de la ley de transitoriedad jurídica, la llamada ley de ruptura, informa Europa Press.

Ambos grupos han cambiado su posición inicial, que pasaba por explicar la ley de ruptura antes de que agosto, porque consideran que en las dos próximas semanas tienen que centrarse en la campaña que están haciendo por toda Catalunya para defender ante los ciudadanos las “garantías” de la ley del referéndum.

Existe otro debate abierto entre los socios independentistas: si la ley de transitoriedad jurídica debe aprobarse antes del referéndum del 1 de octubre o después. El PDECat es partidario de hacerlo después del 1-O porque sostienen que solo puede darse luz verde a una ley así si los catalanes dicen 'sí' a la independencia, mientras que ERC, la CUP y Democràtes consideran que el Parlament tienen que dejar claras antes del 1-O sus intenciones de declarar un Estado catalán para evidenciar determinación y para explicar a los votantes qué sucedería si gana el sí.