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El Constitucional suspenderá este lunes la norma diseñada para la desconexión 'exprés' de Cataluña

El alto tribunal admitirá a trámite el recurso presentado por el Gobierno con el aval del Consejo de Estado

El Constitucional advertirá en su providencia a la Mesa del Parlament y a los altos funcionarios de que si no cumplen su providencia podrían ser inhabilitados

Los magistrados han sido advertidos de que deberán estar localizados a lo largo del verano por si hay que tomar nuevas decisiones sobre Cataluña

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Carles Puigdemont, anunciant el dia i la pregunta del Referendum

Carles Puigdemont, anunciant el dia i la pregunta del Referendum ©SANDRA LÁZARO

El Tribunal Constitucional cerrará este lunes el círculo de movimientos impulsados por el Gobierno para cerrar el camino a los cambios normativos aprobados por el Parlament como paso previo a la desconexión 'exprés'. El alto tribunal admitirá a trámite el recurso planteado por el Gobierno contra la reforma del reglamento del parlamento catalán, que permite acelerar el trámite para aprobar leyes en tiempo récord y sin apenas burocracia. 

Moncloa quiere impedir que el Gobierno de Puigdemont use la nueva normativa para aprobar aceleradamente las leyes de desconexión y la de convocatoria de referéndum. Ambos gobiernos han protagonizado en las últimas horas una carrera legal en la que la gestión de los tiempos ha sido fundamental para evitar ventaja en la otra parte.

La petición del Gobierno llega avalada por el Consejo de Estado. Fue Rajoy personalmente quien se dirigió a este organismo, solicitando la emisión de un dictamen al que obliga la ley y que se ha redactado en tiempo récord.  

Fuentes del Constitucional aseguran a esta redacción que la admisión a trámite "se da por segura". La petición del Gobierno cumple con los trámites necesarios: haber sido presentada por el presidente del Gobierno, contar con dictamen favorable del Consejo de Estado y haber sido acordada por el Consejo de Ministros. 

El plenario del Constitucional será el encargado de parar la norma del Parlament en una reunión que ha sido convocada de urgencia para este mismo lunes a primera hora de la tarde.

El Constitucional deberá debatir si acepta el requerimiento que le hace el Gobierno para plasmar en su providencia un requerimiento directo a la presidenta del Parlament, a los miembros de la mesa y a los altos funcionarios de la cámara para que cumplan con el acuerdo del alto tribunal. Se trata de una advertencia en la que se aclara que quien de curso a cualquier ley catalana con arreglo a la ley que se paraliza, estaría cometiendo un delito de desobediencia y podría ser inhabilitado. 

La admisión a trámite supondrá de facto la suspensión de la norma, en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución. La ley prevé que la suspensión tendrá un efecto de cinco meses, salvo que el Gobierno platee una prórroga en ese periodo. En cualquier caso, la anulación que entra en vigor este lunes llegará mucho más allá del 1 de octubre, fecha anunciada para la celebración del referéndum.

El Constitucional prevé que la reunión de este lunes podría no ser la única del verano. Los magistrados han sido advertidos por el presidente del organismo para que no abandonen España durante las vacaciones de verano, ante la posibilidad de que haya que resolver nuevos recursos. La petición, realizada de manera informal, les fue trasladada durante la celebración de su último pleno bajo la recomendación de estar localizarles y con posibilidad de volver a Madrid en un corto espacio de tiempo. 

El Partido Popular ha querido también sumarse al Gobierno y plantear su propio recurso de inconstitucionalidad frente a la norma del Parlament. La diputada autonómica Andrea Levy será la encargada de presentar ante el TC el recurso redactado por su formación. El recurso de la formación política no tendrá más efecto que el de la foto prevista para Levy, ya que tras la suspensión perderá su sentido y no será tramitado. 

La reciente renovación del Constitucional estuvo pensada para momentos como este. Partido Popular y PSOE acordaron el reparto de cargos con el objetivo de conseguir que las decisiones sobre la estructura del Estado se adoptasen por consenso y sin votos particulares. Las dos principales formaciones dejaron atrás sus diferencias para garantizarse el acuerdo e impedir resquicios a la interpretación ante las reclamaciones de independencia que llegaban desde el Gobierno de la Generalitat. 

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