La productora independiente Metromuster, que está detrás de proyectos como 'Ciutat Morta' o 'Tarajal', y la CUP han dedicado su último proyecto, un vídeo de cuatro minutos, a explicar el caso de corrupción conocido como Innova. El caso, que toma el nombre del holding municipal de Reus alrededor del cual giran las diferentes piezas abiertas, fue denunciado por el exconcejal de la CUP en Reus David Vidal y acumula a día de hoy múltiples piezas y cerca de un centenar de imputados.

En el vídeo se describe la empresa municipal Innova como “Amiguets S.A (Amiguitos S.A)” en referencia a las relaciones entre los altos cargos y las conexiones con diferentes concejales y alcaldes. Además se explica el proceso por el que se creó Innova, la empresa municipal a quien se encargó la gestión del Hospital Sant Joan de Reus, que hoy arrastra un déficit de 8 millones de euros.

“Poco después [de asumir la gestión del Hospital Sant Joan] encarga al Ayuntamiento de Reus la gestión del Hospital de Móra d'Ebre y así es como ya tenemos dos empresas municipales. Con esta fórmula se ponen en marcha tantas empresas municipales como servicios serán ofrecidos así como los Centros de Atención Primaria (CAP), residencias y hospitales. Innova pasa a ser un gran holding”, se explica en el vídeo. “Las nuevas aventuras de Innova dejarían Reus como el municipio más endeudado de todo el estado en 2012”, afirma y recuerda que Innova pasó a gestionar el 70% del presupuesto del Ayuntamiento.

“Queríamos hacer memoria que el tema de Innova, aunque avanza lentamente, está sobre la mesa y también forma parte de la campaña de la CUP de denuncia de la cohabitación público-privada en la sanidad catalana”, explican fuentes de la CUP. De hecho, el juez del caso Innova, Diego Álvarez de Juan, se quejó hace cerca de un año del “penoso” avance de la investigación por falta de medios y alertó del riesgo de que las presuntas responsabilidades penales terminen “diluyéndose”.

Las piezas del caso

Las dimensiones de Innova todavía son desconocidas pero de momento el caso acumula una quincena de piezas y más de un centenar de investigados, entre los que hay ex alcaldes y ex concejales de diferentes colores. Uno de los principales orquestadores de la trama es Josep Prat, máximo directivo del holding que compaginaba más de cinco cargos, entre ellos la presidencia del poderoso Instituto Catalán de Salud (ICS), principal organismo de la sanidad pública catalana, al tiempo que era presidente de USP, la red de hospitales privados más grande del Estado.

La pieza principal del caso está relacionada con los presuntos pagos irregulares desde el Ayuntamiento de Reus hacia la empresa CCM Estrategias y Salud, propiedad de Carles Manté (ex director del Servicio Catalán de la Salud), que se habría creado pocos días antes de firmar el contrato. Entre el 2007 y el 2011 se habría pagado a Manté más de 720.000 euros por unos trabajos de consultoría que presuntamente no se habrían hecho.

El resto de piezas harían referencia, entre otros, a la empresa de investigación nutricional Shirota (pieza 1), la contratación del arquitecto Jorge Batesteza (2), el Hospital de Reus (3), la clínica MQReus (4 ) -en esta pieza encajaría el caso de las prótesis caducadas-, las incompatibilidades de cargos (5), las coacciones al alcalde Carles Pellicer y la teniente de alcalde Teresa Gomis (6), las ambulancias Baix Ebre (7) o la construcción de un centro sanitario en Vilaseca (8).

El Cabildo de Tenerife parece que no anduvo corto el año pasado, en 2016, en la concesión de apoyos públicos (en este caso subvenciones) de los llamados nominativos; esto es, los que se meten en el presupuesto con los nombres y apellidos de sus destinatarios finales, casi siempre personas jurídicas (empresas u otras entidades privadas), o bien los que se aprueban de forma directa porque son asignaciones menores a 18.000 euros y así lo permite la ley.

Según un informe del propio Cabildo que recoge la relación de todas esas subvenciones otorgadas con cargo al presupuesto de 2016, la corporación tinerfeña entregó hasta siete millones de euros como subvenciones nominativas, lo que representó el 1,15%, aproximadamente, de la cifra global e inicial, la no consolidada, que se aprobó como presupuesto para ese mismo ejercicio.

El análisis del mencionado listado refleja que las entidades privadas más beneficiadas por esos apoyos fueron la firma Innova 7, con medio millón de euros por la organización de la Tenerife Lan Party de 2016; la Cámara de Comercio tinerfeña, que suma en seis abonos hasta 231.000 euros, y la sociedad cooperativa Garañaña, dedicada casi de forma exclusiva a la comercialización de papas (del país y de fuera) y con recinto industrial en el barrio orotavense de Benijos, un establecimiento que además es propiedad del Cabildo de Tenerife.

Esa entidad productora privada (que compite con tantas otras en la isla y en Canarias), que está vinculada al grupo Casmi y a la actual presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado (Asaga montó un mitin a CC en las reseñadas instalaciones antes de las elecciones de mayo de 2015), captó dos cantidades potentes en 2016: una, para la “potenciación de la comercialización de la papa”, con 175.000 euros, y otra, más pequeña, para una “cámara de cuarentena para la polilla” guatemalteca, una instalación que, pese a estar previsto que se ubicara en ese lugar, ahora se comenta que el Cabildo la va a colocar en un solar de Mercatenerife.

Junto a la de esas tres entidades, hay una partida aún más elevada, con 1,77 millones de euros y dos entregas, con destino a la sociedad anónima Matadero Insular de Tenerife, una empresa en la que el Cabildo no tiene la hegemonía accionarial pues no posee más del 50% de su capital social pero que en realidad sí controla al ser el principal accionista. A esa empresa mixta, el Cabildo hizo dos pagos de subvenciones nominativas, con 400.000 euros en concepto de “inversiones y elaboración de proyecto” y 1,371 millones en “gastos de explotación y amortización de capital”.

Entre los beneficiarios de esos apoyos públicos con nombres y apellidos también destaca la Fundación Neotrópico, que se dedica a la atención de animales, con una suma, pagada de tres veces y hasta para gastos corrientes, de más de 124.000 euros en 2016.

Las principales organizaciones profesionales agrarias con implantación en Canarias, Asaga y COAG, ingresan 8.555,40 euros cada una. Luego sorprende la concesión de una subvención de 17.000 euros para la Asociación de Cereales de Tenerife (Acete), una entidad vinculada a Andrés M. de Souza Iglesias, funcionario jubilado de la Comunidad Autónoma de Canarias y expresidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Ahora aparece en Acete como presidente honorífico.

El magistrado que lidera la investigación sobre el caso Innova (Reus), Diego Álvarez de Juan, pide 8 millones de euros de fianza a la veintena de investigados (antiguos imputados) en la pieza 1 del caso, que tiene que ver con la creación de la empresa de investigación nutricional Shirota en 2007. Según el auto hecho público este miércoles y por el que se levanta parcialmente el secreto de esta pieza, se mantienen los investigados por su presunta participación en “delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales”. Entre los investigados está el exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez, el exdirector de Innova y ex presidente del Instituto Catalán de la Salud Josep Prat o la entonces directora económica y financiera del holding municipal Ester Ventura así como exconcejales del PSC, ERC e ICV. Todos ellos disponen de plazo hasta el 30 de septiembre para depositar las cantidades solicitadas.

El levantamiento parcial de la pieza corresponde concretamente a la creación y financiación presuntamente delictiva de la empresa Shirota Functional Foods S.L., presidida por Carles Manté, quien había sido director del Servicio Catalán de la Salud. La investigación se fija en la constitución por parte de Innova de esta mercantil y también en el aval que el Ayuntamiento de Reus concedió -a través de Innova- a Shirota por valor de tres millones de euros. Esta cantidad era la que necesitaba otra empresa, la privada La Morella Nuts, para llevar a cabo un proyecto de investigación a través del programa CENIT (lanzado en 2006 para estimular la cooperación público - privada en investigación industrial) y disfrutar de una subvención que el Ministerio de Sanidad le había otorgado.

Afianza la tesis, según el magistrado, que Shirota “fue un instrumento que el Ayuntamiento de Reus puso en manos de una empresa privada [La Morella Nuts] para que ésta se beneficiara de una subvención pública”. Además, el Ayuntamiento de Reus ha tenido que asumir las deudas de la sociedad privada (Shirota) -ahora ya liquidada- después de que esta hiciera quiebra y por ello habría un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Según el juez, el aval no cumplía el interés público necesario y la participación de Innova en la creación de la empresa Shirota se hizo siguiendo un proceso de opacidad y sin someterse a información pública, ya que según la ley la fundación o la participación en el capital de otras sociedades -como era el caso de Shirota- exigía la autorización expresa y la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento. “En Innova había un evidente interés en que todo se hiciera en la opacidad absoluta”, se asegura en el auto. Además el juez también afirma que el objeto social de Shirota -establecimiento de metodologías para el diseño de alimentos, entre otros- “no es una actividad conexa, complementaria ni accesoria del objeto social de Innova”. Por otra parte, en el texto se afirma que la participación de Innova en Shirota debería haberse limitado en cualquier caso a la financiación del 40% del capital social (y no del 100% como fue), que es el porcentaje de participación municipal en la mercantil.

“Ignorancia deliberada de los implicados”

De las declaraciones de los investigados, el juez destaca en el auto que muchos de ellos aseguraban que la Junta General de Innova - donde se votó la creación de Shirota- y el Pleno del Ayuntamiento eran lo mismo. Sobre esta afirmación el magistrado matiza que aunque los miembros eran los mismos, “las funciones, los requisitos y los efectos de sus decisiones en cada caso son muy diferentes”. Además, asegura que de su voto afirmativo (que da luz verde a Shirota) surgen los motivos para la imputación: “desconocimiento palmario y presuntamente doloso de la legislación local de la que eran representantes públicos, democráticamente elegidos”.

Según el texto, “todos los hechos investigados están informados por una presunta ignorancia deliberada de los implicados que permitieron en el ejercicio de ésta que varios millones de euros salieran de las arcas municipales hacia Shirota con el fin de acabar engrosando patrimonio de La Morella Nuts”.

El control a Innova, “estrangulado por el poder político”

El juez apunta a Josep Prat, Ester Ventura y Natalia Torrell así como Lluís Miquel Pérez como “las figuras esenciales de un entramado de empresas municipales que presuntamente estaba diseñado para que no hubiera ningún tipo de control”.

De hecho, de las declaraciones del interventor del Ayuntamiento el juez deduce “que las posibilidades de control sobre Innova estaban estranguladas por el poder político, ya que el volumen de la empresa municipal no se veía correspondido con la dotación de los medios humanos necesarios a la intervención del Ayuntamiento”.

En la actualidad hay 14 piezas separadas incoadas, además de la pieza principal y la suma de imputados asciende a más de 110. La investigación sobre el entramado del holding municipal empezó por la denuncia presentada por la CUP de Reus.

El 28 de abril de 2015 el juez Diego Álvarez de Juan, que está al frente del caso Innova, ordenó un primer registro en la sede social de Traiber SL, ubicada en el polígono industrial de Reus. Durante el registro, que se producía en relación a la existencia de indicios de delitos de corrupción cometidos por Traiber y la empresa municipal Sagessa, se encontró algo inesperado: un número importante de prótesis médicas en aparente desuso. Al cabo de un mes, el 22 de mayo se autorizó un segundo registro, esta vez ya en relación con la existencia de prótesis caducadas o en mal estado comercializadas por Traiber.

Este diario explicaba hace unos meses que la empresa Traiber habría implantado prótesis cerca de 3.500 pacientes en una treintena de hospitales en Catalunya. La primera pregunta pero era cuántas de estas estaban en mal estado y cómo, en el caso de que estuvieran caducadas, habían podido llegar a ser comercializadas. “Yo comprobaría si guardo el informe y miraría qué empresa es la fabricante de la prótesis”, decía hace unos meses Josep Davins y Miralles, Subdirector General de Servicios Sanitarios, a Catalunya Plural como recomendación a los que quisieran comprobar si su prótesis era de Traiber o no. La primera pregunta, cuántas prótesis caducadas se colocaron, sigue sin respuesta.

Lo que sí se sabe pero es, de momento, qué centros en Catalunya colocaron prótesis con el polietileno caducado entre 2013 y 2014. Según recoge el auto emitido por el juez este miércoles se tiene constancia de la Fundación Hospital Sant Pau (Tarragona), el Hospital Sant Joan de Reus, el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Meditram Orthopedic SL (Sant Quirze del Vallès) y FIATC Mutua de Seguros (Diagonal, Barcelona). Más allá, también hay casos en otras comunidades autónomas e incluso en Italia, Portugal, Francia o Santo Domingo.

Hoy en día, ya hay 28 pacientes afectados que se han personado en el caso, según ha explicado el abogado Emilio Ortiz a Catalunya Plural y el magistrado Diego Álvarez de Juan asegura en el auto emitido este miércoles que “es el momento de identificar a otras víctimas de un producto protésico caducado, sin homologar o defectuoso proveniente de Traiber”.

El bufete de Ortiz representa los afectados por prótesis de cadera y de rodilla defectuosas de Traiber, en su mayoría personas de avanzada edad y en algunos casos en situaciones especialmente sensibles. “Estamos hablando en algunos casos de gente que ha pasado por catorce intervenciones quirúrgicas, de gente mayor que no cuenta con suficiente asistencia. No podemos buscar la justicia dentro de diez años”, explica Ortiz. Según él, cada caso es particular pero en algún caso la indemnización que se pide es de cerca de un millón de euros.

¿Cómo se pudieron comercializar prótesis caducadas?

En cuanto a la segunda pregunta, cómo puede ser que las prótesis en mal estado llegaran a comercializarse, hay que ir al auto emitido por el juez este miércoles. La alerta, como en muchos casos de corrupción, llega por una trabajadora de la empresa, en este caso de Traiber, que pone en conocimiento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) las prácticas fraudulentas que se estaban cometiendo. Lo denuncia el 17 de septiembre de 2014, después de ver que los responsables de Traiber, Luis Márquez y Mercè Carmona, hacían caso omiso de sus recomendaciones. “Este material debe ser destruido, no se puede volver a esterilizar ni mucho menos vender”, les había advertido en un correo electrónico en mayo de 2014. Al cabo de unos días volvió a insistir: “Buenos días Sr. Márquez, quiero recordarle que para la venta e implantación de un producto sanitario éste debe ser autorizado previamente y disponer del registro CE (el distintivo que asegura que el producto cumple con los requisitos de seguridad, eficacia y calidad)”, escribía en otro correo.

Finalmente, pasados los meses de verano decide acudir a la AEMPS. En la denuncia revela tres prácticas fraudulentas por parte de la empresa: que los certificados CE -que responden a una directiva europea- emitidos por el Organismo Notificado de Eslovaquia Evpu SA habían caducado; que había etiquetados que se estaban vendiendo sin el certificado; y que se había extendido las fechas de caducidad de implantes ya caducados. En el último caso, por ejemplo, a través de falsear las etiquetas. “Se cambiaban las etiquetas y se ampliaba la caducidad cinco años sin ser destruidos”, explica la trabajadora en el mail enviado a la AEMPS en que comunica las diversas negligencias. Además, según se destaca en el auto, el Organismo Notificado escogido por Luis Márquez -el organismo que debe certificar la calidad de los productos- era el eslovaco EPVU porque las exigencias en las inspecciones eran muy bajas.

Una de las preguntas que habrá que responder ahora es la que el juez hace en el auto: ¿Han realizado la AEMPS y la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat alguna inspección en la mercantil Traiber desde su constitución hasta el 17 de septiembre de 2014?

Luis Márquez, el hombre al frente de las prácticas fraudulentas

Después de que la AEMPS informe al Servicio de Control Farmacéutico y de Productos Sanitarios de la Generalitat, este inspecciona Traiber y a finales de octubre se ordena su precinto y cese de la actividad. Según se dice en el auto el informe de la Generalitat recoge, entre otros hechos, que en la inspección se localizaron implantes de polietileno fabricados y esterilizados en 1998 y que por tanto sólo podían ser implantados hasta el 2003. Con el etiquetado falso pero había extendido la caducidad hasta 2014, es decir, diez años más de la fecha real.

Según la denuncia, el director era quien tenía conocimiento de todo. De hecho, había llegado a declarar: “Siempre se ha dicho que la caducidad de un producto es como la de un yogur, que aunque esté caducado, si te lo comes diez días después no pasa nada”.

En su declaración, Mercè Carmona aseguró que el director había amenazado en varias ocasiones a los trabajadores para que no denunciaran las prácticas. “El señor Márquez tenía buenos contactos y decía a los trabajadores que fueran conscientes de que quien lo dejara no encontraría trabajo ni podría trabajar en toda la provincia de Tarragona”. Por otra parte, y también según lo declaró Carmona, se habrían hecho dos pedidos, uno para Traiber Portugal y otra para Traiber República Dominicana, incluso una vez ya se había ordenado el cese de la actividad.

El caso de los dos médicos del Hospital Santa Tecla de Tarragona

En el auto el juez destaca el caso de dos médicos a los que imputa por no denunciar el mal estado de una prótesis después de darse cuenta al volver a intervenir un paciente porque la prótesis inicial le provocaba dolor. “El polietileno estaba dañado, lo que no era normal porque hacía dos meses que había cambiado la prótesis”, declaró uno de los doctores, que explicó que le comentaron a la representante presente, Mercè Carmona, quien se llevó la pieza. “Me quedé muerta, entonces me di cuenta del riesgo que podía tener el polietileno caducado”, declaró Carmona.

Con todo el juez concluye que “aquí está en juego un bien esencial de la sociedad: la salud. No se presionó o no se pagó, precisamente, para poner las mejores prótesis del mercado, ni las menos malas, se pagó por colocar prótesis caducadas o en mal estado”, reza el juez en el documento en referencia a algunos de los cerca de 50 facultativos imputados.

El 28 d'abril de 2015 el jutge Diego Álvarez de Juan, que està al capdavant del cas Innova, va ordenar un primer registre a la seu social de Traiber SL, ubicada al polígon industrial de Reus. Durant el registre, que es produïa en relació a l'existència d'indicis de delictes de corrupció comesos per Traiber i l'empresa municipal Sagessa, es va trobar alguna cosa inesperada: un nombre important de pròtesis mèdiques en aparent desús. Al cap d'un mes, el 22 de maig es va autoritzar un segon registre, aquesta vegada ja en relació amb l'existència de pròtesis caducades o en mal estat comercialitzades per Traiber.

Aquest diari explicava fa uns mesos que l'empresa Traiber hauria implantat pròtesis a prop de 3.500 pacients en una trentena d’hospitals a Catalunya. La primera pregunta però era quantes d'aquestes estaven en mal estat i com, en el cas que estiguessin caducades, havien pogut arribar a ser comercialitzades. “Jo comprovaria si guardo l’informe i miraria quina empresa és la fabricant de la pròtesi”, deia fa uns mesos Josep Davins i Miralles, Subdirector General de Serveis Sanitaris, a Catalunya Plural com a recomanació als que volguessin comprovar si la seva pròtesi era de Traiber o no. La primera pregunta, quantes pròtesis caducades es van col·locar, segueix sense resposta.

El que sí que se sap però és, de moment, quins centres a Catalunya van col·locar pròtesis amb el polietilè caducat entre 2013 i 2014. Segons recull la interlocutòria emesa pel jutge aquest dimecres és té constància de la Fundació Hospital Sant Pau (Tarragona), Hospital Sant Joan de Reus, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Meditram Orthopedic SL (Sant Quirze del Vallès) i FIATC Mutua de Seguros (Diagonal, Barcelona). Més enllà, també hi ha casos en altres comunitats autònomes i fins i tot a Itàlia, Portugal, França o Santo Domingo.

Avui dia, ja hi ha 28 pacients afectats que s'han personat en el cas, segons ha explicat l'advocat Emilio Ortiz a Catalunya Plural i el magistrat Diego Álvarez de Juan assegura en la interlocutòria emesa aquest dimecres que “és el moment d'identificar a altres víctimes d'un producte protèsic caducat, sense homologar o defectuós provinent de Traiber”. El bufet d'Ortiz representa els afectats per pròtesis de maluc i de genoll defectuoses de Traiber, en la seva majoria persones d'avançada edat i en alguns casos en situacions especialment sensibles. “Estem parlant en alguns casos de gent que ha passat per catorze intervencions quirúrgiques, de gent gran que no compta amb prou assistència. No podem buscar la justícia d'aquí a deu anys”, explica Ortiz. Segons ell, cada cas és particular però en algun cas la indemnització que es demana és de prop d'un milió d'euros.

Com es van poder comercialitzar pròtesis caducades?

Pel que fa a la segona pregunta, com pot ser que les pròtesis en mal estat s'arribessin a comercialitzar, cal anar a la interlocutòria emesa pel jutge aquest dimecres. L'alerta, com en molts casos de corrupció, arriba perquè una treballadora de l'empresa, en aquest cas de Traiber, posa en coneixement de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) les pràctiques fraudulentes que s'estaven cometent. Ho denuncia el 17 de setembre de 2014, després de veure que els responsables de Traiber, Luis Márquez i Mercè Carmona, feien cas omís de les seves recomanacions. “Aquest material ha de ser destruit, no es pot tornar a esterilitzar ni molt menys vendre”, els havia advertit en un correu electrònic al maig del 2014. Al cap d'uns dies va tornar a insistir: “Bon dia Sr. Márquez, vull recordar-li que per a la venda i implantació d'un producte sanitari aquest ha de ser autoritzat prèviament i disposar del registre CE (el distintiu que assegura que el producte compleix amb els requisits de seguretat, eficàcia i qualitat)”, escrivia en un altre correu.

Finalment, passats els mesos d'estiu decideix acudir a l'AEMPS. En la denúncia revela tres pràctiques fraudulentes per part de l'empresa: que els certificats CE -que responen a una directiva europea- emesos per l'Organisme Notificat d'Eslovàquia Evpu S.A. havien caducat; que hi havia etiquetats que s'estaven venent sense el certificat; i que s'havia estès les dates de caducitat d'implants ja caducats. En el darrer cas, per exemple, a través de falsejar les etiquetes. “Es canviaven les etiquetes i s'ampliava la caducitat cinc anys sense ser destruïts”, explica la treballadora en el mail enviat a l'AEMPS en què comunica les diverses negligències. A més, segons es destaca en la interlocutòria, l'Organisme Notificat escollit per Luis Márquez -l'organisme que ha de certificar la qualitat dels productes- era l'eslovac EPVU perquè les exigències en les inspeccions eren molt baixes.

Una de les preguntes que caldrà respondre ara és la que el jutge fa en la interlocutòria: Han realitzat la AEMPS i la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària de la Generalitat alguna inspecció en la mercantil Traiber des de la seva constitució fins al 17 de setembre de 2014?

Luis Márquez, l'home al capdavant de les pràctiques fraudulentes

Després que l'AEMPS informi el Servei de Control Farmacèutic i de Productes Sanitaris de la Generalitat, aquest inspecciona Traiber i a finals d'octubre s'ordena el seu precinte i cessament de l'activitat. Segons es diu en la interlocutòria l'informe de la Generalitat recull, entre altres fets, que en la inspecció es van localitzar implants de polietilè fabricats i esterilitzats al 1998 i que per tant només podien ser implantats fins al 2003. Amb l'etiquetatge fals, però, s'havia estès la caducitat fins al 2014, és a dir, deu anys més de la data real.

Segons la denúncia, el director era qui tenia coneixement de tot. De fet, havia arribat a declarar: “Sempre s'ha dit que la caducitat d'un producte és com la d'un iogurt, que encara que estigui caducat, si te'l menges deu dies després no passa res”.

En la seva declaració, Mercè Carmona va assegurar que el director havia amenaçat en diverses ocasions als treballadors per tal que no denunciessin les pràctiques. “el senyor Márquez tenia bons contactes i deia als treballadors que fossin conscients que qui el deixés no trobaria feina ni podria treballar a tota la província de Tarragona”. D'altra banda, i també segons el que va declarar Carmona, s'haurien fet dues comandes, una per Traiber Portugal i una altra per Traiber República Dominicana, fins i tot una vegada ja s'havia ordenat el cessament de l'activitat.

El cas dels dos metges de l'Hospital Santa Tecla de Tarragona

En la interlocutòria el jutge destaca el cas de dos metges als quals imputa per no denunciar el mal estat d'una pròtesi després d'adonar-se'n en tornar a intervenir un pacient perquè la pròtesi inicial li provocava dolor. “El polietilè estava fet malbé, cosa que no era normal perquè feia dos mesos que s'havia canviat la pròtesi”, va declarar un dels doctors, que va explicar que li van comentar a la representant present, Mercè Carmona, qui va endur-se la peça. “Em vaig quedar morta, llavors me'n vaig adonar del risc que podia tenir el polietilè caducat”, va declarar Carmona.

Amb tot el jutge conclou que “aquí està en joc un bé essencial de la societat: la salut. No es va pressionar o no es va pagar, precisament, per posar les millors pròtesis del mercat, ni les menys dolentes, es va pagar per col·locar pròtesis caducades o en mal estat”, resa el jutge en el document en referència a alguns dels prop de 50 facultatius imputats.

El degoteo de investigaciones -antiguas imputaciones- asociadas al macrocaso de corrupción sanitaria Innova continúa. Esta vez, sin embargo, la mayor parte de los nuevos investigados por el juez Diego Álvarez de Juan son médicos. En un auto emitido por el juez este miércoles se informa de la citación a declarar en calidad de investigados a cerca de cincuenta médicos -en su mayoría cirujanos ortopédicos- de distintos hospitales públicos y privados de Catalunya por cobrar presuntamente comisiones ilegales de la empresa Traiber en compensación por colocar sus prótesis a pacientes. Además también se investiga a otros dos médicos del Hospital Santa Tecla de Tarragona por operar a un paciente con una prótesis de Traiber en mal estado y no comunicarlo a las autoridades competentes.

Entre los distintos delitos que se imputan hay el delito de corrupción entre particulares (en el caso de los facultativos que trabajaban por cuenta ajena en determinados centros y cobraron comisiones) y el delito de cohecho (en el caso de centros sanitarios públicos, los pagos de comisiones irregulares en forma de viajes a congresos, regalos, etc).

Los facultativos trabajan en distintos centros públicos y privados de Catalunya. Entre los principales públicos están el Sant Joan de Reus, el Joan XXIII de Tarragona, el Parc Taulí de Sabadell, el Sant Pau o el Clínic. También hay cirujanos de las clínicas privadas Teknon o Dexeus.

Por otro lado, se imputa los responsables de la empresa que fabricaba las prótesis y algunos de sus trabajadores. Entre los múltiples delitos estaría el delito contra la salud pública puesto que Traiber ha incumplido los requisitos exigidos por la normativa vigente poniendo en el mercado productos sanitarios que arriesgaban la salud de sus pacientes, se explica en el documento.

La investigación sobre Traiber pertenece a la pieza separada número 4 del macro caso de corrupción sanitaria Innova. Hace unos meses este diario explicó el caso de las prótesis caducadas y confirmó que se habrían implantado prótesis de Traiber a cerca de 3.500 pacientes en una treintena de hospitales en Catalunya y que el 70 o 80% de las operaciones se habrían hecho en los hospitales de Sant Joan de Reus (donde tuvieron lugar unas 1.700), Delfos, Quirón y Sagrat Cor.

Comisiones irregulares, viajes y regalos a los médicos

Según explica el juez en el auto y en relación con los presuntos pagos a médicos a través de comisiones o en forma de regalos y viajes para que colocaran prótesis de Traiber, “hay indicios para pensar que lo que la empresa Traiber entiende por royalties (pagos a médicos que colocan sus prótesis) en realidad son, presuntamente, negocios jurídicos simulados que se utilizan para encubrir el pago de comisiones irregulares”.

El auto también habla de pagos en forma de regalo o viajes. Uno de los casos que destaca el juez es el pago de un viaje a Egipto en 2008 por un supuesto Congreso de Traiber. En un documento manuscrito encontrado se recoge un tipo de contabilidad en que se relacionan los gastos del viaje con el número de prótesis relativas al Hospital Sant Joan de Reus por dos de sus facultativos. Aparte de estos dos médicos, en otro documento relacionado con el mismo viaje aparece el nombre de otros cuatro médicos y se añade el concepto: “Regalía a los Dres. Para tapar la boca miedo fallo del cotilo”. Para el juez, en este caso Traiber habría sobornado los cuatro facultativos para que no dijeran nada tras descubrir las deficiencias técnicas de las prótesis.

Entre la documentación requisada también se ha encontrado un “importante volumen de sobres que contenían justificantes de pagos de viajes a médicos” a diferentes destinos. Por otro lado en el texto emitido este miércoles se resalta la tabla de contabilidad de regalos de navidad de la empresa Traiber, donde constan regalos a doctores de centros sanitarios públicos como el Sant Joan de Reus o el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

El degoteig d'investigacions -antigues imputacions- associades al macro cas de corrupció sanitària Innova continua. Aquest cop, però, la major part dels nous investigats pel jutge Diego Álvarez de Juan són metges. En una interlocutòria emesa pel magistrat aquest dimecres s'informa de la citació a declarar en qualitat d'investigats a prop de cinquanta facultatius -majoritàriament cirurgians ortopèdics- de diferents hospitals públics i privats de Catalunya per cobrar presumptament comissions il·legals de l'empresa Traiber en compensació per col·locar les seves pròtesis a pacients. A més, s'investiga a dos metges de l'Hospital Santa Tecla de Tarragona per operar a un pacient amb una pròtesi de Traiber en mal estat i no comunicar-ho a les autoritats competents.

Entre els diferents delictes que s'imputen hi ha el de corrupció entre particulars (en el cas dels facultatius que treballaven per compte aliè en determinats centres i van cobrar comissions) i el delicte de suborn (en el cas de centres sanitaris públics, els pagaments de comissions irregulars en forma de viatges a congressos, regalis, etc).

Els facultatius treballen en diferents centres públics i privats de Catalunya. Entre els principals públics hi ha el Sant Joan de Reus, el Joan XXIII de Tarragona, al Parc Taulí de Sabadell, el Sant Pau o el Clínic. També hi ha cirurgians de les clíniques privades Teknon o Dexeus.

També s'imputa els responsables de l'empresa que fabricava les pròtesis i alguns dels seus treballadors. Entre els múltiples delictes hi ha el delicte contra la salut pública ja que Traiber ha incomplert els requisits exigits per la normativa vigent posant al mercat productes sanitaris que arriscaven la salut dels seus pacients, s'explica en el document.

La investigació sobre Traiber pertany a la peça separada número 4 del macro cas de corrupció sanitària 'Innova'. Fa uns mesos aquest diari va explicar el cas de les pròtesis caducades i va confirmar que s'haurien implantat pròtesis de Traiber a prop de 3.500 pacients en una trentena d’hospitals a Catalunya i que el 70 o 80% de les operacions s’haurien fet als hospitals de Sant Joan de Reus (on van tenir lloc unes 1.700), Delfos, Quirón i Sagrat Cor.

Comissions irregulars, viatges i regals als metges

Segons explica el jutge en la interlocutòria i en relació amb els presumptes pagaments a metges a través de comissions o en forma de regals i viatges perquè col·loquessin pròtesis de Traiber, “hi ha indicis per pensar que el que l'empresa Traiber entén per royalties (pagaments a metges que col·loquen les seves pròtesis) en realitat són, presumptament, negocis jurídics simulats que s'utilitzen per encobrir el pagament de comissions irregulars”.

La interlocutòria també parla de pagaments en forma de regal o viatges. Un dels casos que destaca el jutge és el pagament d'un viatge a Egipte el 2008 per un suposat Congrés de Tràiber. En un document manuscrit trobat es recull una mena de comptabilitat en què es relacionen les despeses del viatge amb el número de pròtesis relatives a l'Hospital Sant Joan de Reus per dos dels seus facultatius. A banda d'aquests dos metges, en un altre document relacionat amb el mateix viatge hi apareix el nom d'uns altres quatre metges i s'hi afegeix el concepte: “Regalía a los Drs. para tapar la boca por fallo del cotilo”. Pel jutge, en aquest cas Traiber hauria subornat els quatre facultatius perquè no diguessin res després de descobrir les deficiències tècniques de les pròtesis.

Entre la documentació requisada també s'hi ha trobat un “important volum de sobres que contenien justificants de pagaments de viatges a metges” a diferents destinacions. D'altra banda en el text emès aquest dimecres es ressalta la taula de comptabilitat de regals de nadal de l'empresa Traiber, on hi consten regals a doctors de centres sanitaris públics com el Sant Joan de Reus o l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

El caso Innova sigue su curso y el juez que instruye el caso, Diego Álvarez de Juan, ha vuelto a levantar parcialmente el secreto de sumario de la pieza 1. En el auto se deja constancia de que el ex director del Servicio Catalán de la Salud, Carles Manté, habría incumplido la Ley 13/2005, del régimen de incompatibilidades de altos cargos al servicio de la Generalitat, ya que, según la ley, durante los dos años siguientes al cese en el cargo no se pueden cumplir actividades privadas relacionadas con expedientes cuya resolución haya intervenido directamente en el ejercicio del alto cargo.

Manté, que fue director del CatSalut entre enero de 2004 y diciembre de 2006, tardó poco en incumplir la ley, ya que en marzo de 2007 creó la empresa CCM Estratègies i Salut como único socio y en los años siguientes facturó a empresas y fundaciones con las que habría tenido relación previamente.

“Hay que dejar claro que el cargo de Director del Servicio Catalán de la Salud pone a disposición de su titular información de naturaleza estratégica respecto de la situación y evolución futura del sistema catalán de salud”, escribe el juez. Y sigue más adelante: “se pone de manifiesto que Carles Manté no habría respetado las previsiones de la ley o que, incluso, se habría aprovechado del ejercicio de su función pública para, una vez cesado, procurarse importantes beneficios en forma de acuerdos” con aquellas entidades con las que se relacionó como director del CatSalut.

Manté facturó más de un millón entre 2007 y 2011

Según el auto, entre 2007 y 2011 y como único socio de CCM Estratègies i Salut, Carles Manté facturó por diferentes servicios 839.540 euros a Innova, 83.085 euros a la Fundación Caixa Catalunya, 60.000 euros en Medicorasse, 18.000 al Servicio Aranés de Salud y 6329 a CHC (la matriz de la que es el Consorcio de Salud y Atención Social de Catalunya SA). Es decir, cerca de más de un millón de euros en total.

La facturación a Innova es la que investiga la pieza principal del caso y por lo tanto sigue bajo secreto de sumario. En cuanto la facturación de más de 80.000 euros a la Fundación Caixa Catalunya, en el auto explica que hay que relacionar esta facturación con el hecho de que mientras era director del CatSalut Manté firmó una resolución (en 2006) por la que se concedían derechos de superficie a favor de Caixa de Catalunya para la construcción de un hospital de día sociosanitario con el Parc Sanitari Pere Virgili.

Además, señala el auto, Manté habría estado vinculado profesionalmente al Parc Sanitari Pere Virgili entre 2007 y 2010. Todo ello, sumado a que se habrían encontrado varios borradores de contratos entre CCM y la Fundación Vivir y Convivir de la Obra Social de Caixa Catalunya, son “otro indicio”, según el juez, que la colaboración de Manté con Caixa Catalunya era de gran intensidad en los años posteriores al cese como director del CatSalut.

De las facturas con Medicorasse, entidad vinculada al Grupo Med -red de empresas del COMB (Colegio Oficial de Médicos de Barcelona) - el juez destaca que sorprende que con anterioridad Mané había contratado a Medicorasse productos de seguro, “sorprendente porque el grupo MED tiene productos dirigidos a ofrecer servicios y apoyo a los colegiados y sus familiares no constando que Manté fuera un facultativo colegiado”.

Si hace unas semanas el juez ordenaba que el Ministerio Fiscal investigue unos correos entre el ex del ICS y ex director general del holding Innova, Josep Prat, y el ex director del AVUI Carles Flo, ahora el Ministerio también deberá informar si existen indicios de delito en este caso.

El cas Innova segueix el seu curs i el jutge que instrueix el cas, Diego Álvarez de Juan, ha tornat a aixecar parcialment el secret de sumari de la peça 1. En l'auto es deixa constància que l'exdirector del Servei Català de la Salut, Carles Manté, hauria incomplert la Llei 13/2005, del règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs al servei de la Generalitat, ja que, segons la llei, durant els dos anys següents al cessament en el càrrec no es poden complir activitats privades relacionades amb expedients la resolució dels quals hagi intervingut directament en l'exercici de l'alt càrrec.

Manté, que va ser director del CatSalut entre el gener del 2004 i el desembre del 2006, va trigar poc a incomplir la llei, ja que al març del 2007 va crear l'empresa CCM Estratègies i Salut com a únic soci i en els anys següents va facturar a empreses i fundacions amb les quals hauria tingut relació prèviament.

“Cal deixar palès que el càrrec de Director del Servei Català de la Salut posa a disposició del seu titular informació de naturalesa estratègica respecte de la situació i evolució futura del sistema català de salut”, escriu el jutge. I segueix més endavant: “es posa de manifest que Carles Manté no hauria respectat les previsions de la llei o que, fins i tot, s'hauria aprofitat de l'exercici de la seva funció pública per, una vegada cessat, procurar-se importants beneficis en forma d'acords” amb aquelles entitats amb les que es va relacionar com a director del CatSalut.

Més d'un milió d'euros entre 2007 i 2011

Segons l'auto, entre 2007 i 2011 i com a únic soci de CCM Estratègies i Salut, Carles Manté va facturar per diferents serveis 839.540 euros a Innova, 83.085 euros a la Fundació Caixa Catalunya, 60.000 euros a Medicorasse, 18.000 al Servei Aranès de Salut i 6.329 a CHC (la matriu de la qual és el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya S.A.). És a dir, prop més d'un milió d'euros en total.

La facturació a Innova és la que investiga la peça principal del cas i per tant segueix sota secret de sumari. Pel que fa la facturació de més de 80.000 euros a la Fundació Caixa Catalunya, en l'auto s'explica que cal relacionar aquesta facturació amb el fet que mentre era director del CatSalut Manté va firmar una resolució (el 2006) per la qual es concedien drets de superfície a favor de Caixa de Catalunya per la construcció d'un hospital de dia sociosanitari amb el Parc Sanitari Pere Virgili.

A més, assenyala l'auto, Manté hauria estat vinculat professionalment al Parc Sanitari Pere Virgili entre el 2007 i el 2010. Tot plegat, sumat al fet que s'haurien trobat diversos esborranys de contractes entre CCM i la Fundació Viure i Conviure de l'Obra Social de Caixa Catalunya, són un “altre indici”, segons el jutge, que la col·laboració de Manté amb Caixa Catalunya era de gran intensitat en els anys posteriors al cessament com a director del CatSalut.

De les factures amb Medicorasse, entitat vinculada al Grup Med -xarxa d'empreses del COMB (Col·legi Oficial de Metges de Barcelona)- el jutge destaca que sorprèn que amb anterioritat Manté havia contractat a Medicorasse productes d'assegurança, fet “sorprenent perquè el grup MED té productes dirigits a oferir serveis i suport als col·legiats i els seus familiars no constant que Manté fos un facultatiu col·legiat”.

Si fa unes setmanes el jutge ordenava que el Ministeri Fiscal investigui uns correus entre l'expresident de l'ICS i exdirector general del holding Innova, Josep Prat, i l'exdirector de l'AVUI Carles Flo, ara el Ministeri també haurà d'informar si existeixen indicis de delicte en aquest cas.

El magistrado Diego Álvarez de Juan, que instruye el caso de corrupción sanitaria en Reus conocido como 'caso Innova', ha ordenado este jueves que el Ministerio Fiscal investigue unos correos electrónicos entre el principal imputado del caso, el ex presidente del Institut Català de la Salut (ICS) y ex director general del holding Innova Josep Prat, y el periodista Carles Flo, ex director del diario AVUI.

Según el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, el que investiga el macro caso de presunta corrupción, unos correos electrónicos que constarían entre la documentación requisada durante el registro policial del domicilio de Prat el pasado 27 de febrero de 2013, relacionarían a Prat y a Flo.

Según la información, que se conoce porque se ha levantado parcialmente el secreto de sumario sobre la pieza separada 1, el periodista y el entonces presidente del ICS, Josep Prat, habrían intercambiado correos para tratar temas como una campaña de comunicación para la reformulación del ICS o la contratación por parte del ICS de los servicios de Flo con un coste de 15.000 euros.

“Creo que deberíamos buscar una fórmula o manera de liquidarlo cuando antes y no facturarlo dentro de la empresa de Cabana. Me dijiste en su momento que ya habías encontrado una manera mediante una fundación o algo similar”, escribía Flo en un correo a Prat el 21 de mayo de 2012.

En otro correo, del 29 de junio del mismo año, el periodista se volvía a dirigir a Josep Prat: “En el último almuerzo con Cabana Pujol dijiste que te hiciéramos la factura de bajada de bandera y del mes y que te la enviáramos a ti. ¿Cómo quieres que lo hagamos? Y una última: ¿qué le digo a Cabana?”. Los apellidos Cabana Pujol corresponderían con los del sobrino del ex presidente Jordi Pujol.

En un último correo, ya en septiembre habla con Prat de unas facturas que pondrá a nombre de su mujer: “El viernes hablé con el doctor Casanovas por el tema de las facturas. Yo, el martes le enviaré la factura y el concepto. Como es lógico, la factura no irá a mi nombre sino al de mi mujer”.

Según indica el auto, el juez destaca también que “no deja de ser curioso que el mismo 27 de febrero de 2013 -cuando se produce el registro del domicilio de Prat- Carles Flo le enviara un correo electrónico para darle apoyo moral debido a la situación que estaba pasando y quedando a su disposición”.

Los correos electrónicos entre Prat y Flo se han conocido gracias al levantamiento parcial del secreto de sumario de la pieza separada 1 del caso, que investiga la relación entre Innova y la empresa nutricional Shirota. La pieza, según el auto, acumula más de 8.000 folios y 30 imputados. De momento sin embargo, en relación a los correos, no hay indicios de delito, algo que deberá determinar el Ministerio Fiscal, el encargado de dictaminar también, si es así, que se practique alguna diligencia de instrucción.

El magistrat Diego Álvarez de Juan, que instrueix el cas de corrupció sanitària a Reus conegut com a 'cas Innova', ha ordenat aquest dijous que el Ministeri Fiscal investigui uns correus electrònics entre el principal imputat del cas, l'expresident de l'ICS i exdirector general del hòlding Innova Josep Prat, i el periodista Carles Flo, exdirector del diari AVUI.

Segons l'auto emès pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus, el que investiga el macro cas de presumpta corrupció, uns correus electrònics que constarien entre la documentació requisada durant el registre policial del domicili de Prat, el passat 27 de febrer de 2013, relacionarien Prat i Flo.

Segons la informació, que se sap perquè s'ha aixecat parcialment el secret de sumari sobre la peça separada 1, el periodista i el llavors president de l'ICS, Josep Prat, haurien intercanviat correus per tractar temes com una campanya de comunicació per la reformulació de l'ICS o la contractació per part de l'ICS dels serveis de Flo amb un cost de 15.000 euros.

“Crec que hauríem de buscar una fórmula o manera de liquidar-ho quan abans i no facturar-ho dins l'empresa de Cabana. Vas dir-me en el seu moment que ja havies trobat una manera mitjançant una fundació o quelcom similar”, escrivia Flo en un correu a Prat el 21 de maig de 2012.

En un altre correu, del 29 de juny del mateix any, el periodista es tornava a dirigir a Josep Prat: “En el darrer dinar amb en Cabana Pujol vas dir que et féssim la factura de baixada de bandera i del mes i que te l'enviéssim a tu. Com vols que ho fem? I una última: que li dic al Cabana?”. Els cognoms Cabana Pujol correspondrien amb els del nebot de l'expresident Jordi Pujol.

En un darrer correu, ja al setembre parla amb Prat d'unes factures que posarà a nom de la seva dona en lloc del seu: “Divendres vaig parlar amb el doctor Casanovas pel tema de les factures. Jo, dimarts li enviaré la factura i el concepte. Com és lògic, la factura no anirà al meu nom sinó al de la meva dona”.

Segons indica l'auto, el jutge destaca també que “no deixa de ser curiós que el mateix 27 de febrer de 2013 –quan es produeix el registre del domicili de Prat– Carles Flo li enviés un correu electrònic per donar-li suport moral a causa de la situació que estava passant i quedant a la seva disposició”.

Els correus electrònics entre Prat i Flo s'han sabut gràcies a l'aixecament parcial del secret de sumari de la peça separada 1 del cas, que investiga la relació entre Innova i l'empresa nutricional Shirota. La peça, segons l'auto, acumula més de 8.000 folis i 30 imputats. De moment però, en relació als correus, no hi ha indicis de delicte, un fet que haurà de determinar el Ministeri Fiscal, l'encarregat de dictaminar també, si és així, que es practiqui alguna diligència d'instrucció.

Josep Prat, expresident de l'ICS i exdirector general d'Innova, declara aquest dimarts al matí davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus per esclarir si la seva defensa està sent pagada amb fons públics o no. El pagament dels costos de la defensa de Prat, l'advocat Xavier Melero -també advocat d'Oriol Pujol Ferrussola pel cas ITV i d'Artur Mas pel 9-N-, és una de les peces separades del macro cas 'Innova', de presumpta corrupció sanitària a Reus.

L'obertura d'aquesta peça separada es produeix després que la Guàrdia Civil trobés entre la documentació requisada al domicili de Prat en el registre del passat 27 de febrer de 2013 uns correus electrònics que haurien provocat “dubtes raonables” sobre el pagament dels serveis jurídics de Melero amb fons públics. Els correus, als que ha tingut accés aquest diari, van ser enviats el setembre de 2012.

Els correus entre Prat, Melero, Ruiz i Gordó

En un primer correu Melero escriu a Prat reclamant-li pagaments pendents: Del tema euros, de moment, res de res. Tres dies més tard l'advocat també hauria enviat correus als actuals consellers en funcions de Salut, Boi Ruiz, i de Justícia, Germà Gordó, recriminant-los no haver cobrat encara els seus honoraris. En un correu electrònic dirigit al conseller, en còpia a Germà Gordó i Josep Prat i sota l'assumpte 'Honoraris defensa Josep Prat', Melero escrivia: “Benvolgut Conseller, ningú ha contactat amb mi per resoldre aquest tema. Prego alguna solució. Mai no em podia imaginar que això acabés d'aquesta manera: jo pagant per compte de l'Administració i sense cobrar després d'haver-me passejat per totes les Fiscalies de Catalunya...”. Un correu al que Gordó hauria contestat dirigint-se a Boi Ruiz: Boi, no em vares dir que estava resolt?

El jutge instructor del cas, Diego Álvarez de Juan, pretén mitjançant la declaració de Josep Prat esclarir si la Generalitat s'estaria fent càrrec del pagament de la defensa del major imputat pel cas Innova. Per la seva banda, l'advocat Xavier Melero ja va acudir a la seva cita a declarar sobre aquest tema el passat 5 de març de 2014. La versió de Melero, segons recollia l'agència EFE, seria que Prat va acudir al seu despatx per recomanació de Ruiz i Gordó, pel qual va considerar “evident” que es tractava d'un encàrrec oficial.

En cas de trobar indicis suficients per mantenir la peça oberta i continuar la investigació podrien veure's implicats els consellers en funcions Boi Ruiz i Germà Gordó, motiu pel qual la investigació es traslladaria als jutjats de Barcelona, expliquen a aquest diari fonts properes a la investigació. Segons documents de la peça, “l'assumpció de pagament de la defensa de Prat per part de la Generalitat amb fons públics podria haver suposat la comissió d'un presumpte ilícit de malversació per part dels ordenants dels pagaments i els receptors dels mateixos”.

El llarg camí judicial del cas 'Innova'

El passat 11 de gener de 2012, mentre el regidor de la CUP David Vidal es preparava per la roda de premsa on presentarien l'informe sobre les presumptes irregularitats en la gestió d'Innova -i que ja havien tramès a la Fiscalia de l'Audiència Nacional- s'anunciava la dimissió de Josep Prat com a director general de l'empresa municipal Innova. Pocs dies després, dimitia també de la presidència de l'ICS i s'iniciava un llarg camí judicial.

L'exdirector de l'empresa municipal reusenca està imputat en pràcticament totes les peces del cas que acumula més de 50 imputats. De moment les peces del trencaclosques Innova són ja catorze, de les quals dotze es troben sota secret de sumari. La peça principal està relacionada amb els presumptes pagaments irregulars des de l’Ajuntament de Reus, on Josep Prat era el màxim directiu d’Innova, cap a l’empresa propietat de Carles Manté (exdirector del CatSalut), CCM Estratègies i Salut, que s’hauria creat pocs dies abans de firmar-se el contracte. Entre el 2007 i el 2011 s’hauria pagat a Manté més de 720.000 euros per uns treballs de consultoria que presumptament no s’haurien fet. Precisament arran d'això, el 27 de febrer de 2013, la Guàrdia Civil va registrar els domicilis de Prat i Manté.

Els múltiples càrrecs de Josep Prat

Els múltiples càrrecs de Josep PratPrat rebia un sou de 265.000 € anuals de l’Ajuntament de Reus. A més, mentre era president de l’Institut Català de la Salut, adjunt a la presidència amb caràcter executiu de SAGESSA, director general de Serveis de l’Ajuntament de Reus, director general d’Innova i membre del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari, dirigia també l’empresa d’hospitals privats més important d’Espanya: USP Hospitales. 

“Que amb diners públics es pretengui pagar un presumpte lladre de diners públics que ha tingut un sou públic de més de

265.000 € anuals és un fet que en qualsevol país que es faci anomenar democràtic provocaria autèntics estralls“, escrivia el regidor de la CUP Reus David Vidal en el llibre 'El Preu de la Salut'.

Josep Prat, ex presidente del Institut Català de la Salut (ICS) y ex director general de Innova, declara este martes por la mañana ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus para esclarecer si su defensa está siendo pagada con fondos públicos o no. El pago de los costes de la defensa de Prat, el abogado Xavier Melero -también abogado de Oriol Pujol Ferrusola por el caso ITV y de Artur Mas por 9-N-, es una de las piezas separadas del macro caso 'Innova', de presunta corrupción sanitaria en Reus.

La apertura de esta pieza separada se produce después de que la Guardia Civil encontrara entre la documentación requisada en el domicilio de Prat -tras el registro del pasado 27 de febrero de 2013- unos correos electrónicos que habrían provocado “dudas razonables” sobre el pago de los servicios jurídicos de Melero con fondos públicos. Los correos, a los que ha tenido acceso este diario, fueron enviados en septiembre de 2012.

Los correos entre Prat, Melero, Ruiz y Gordó

En un primer correo Melero escribe a Prat reclamándole pagos pendientes: “Del tema euros, de momento, nada de nada”. Tres días más tarde el abogado también habría enviado correos a los actuales consellers en funciones de Salut, Boi Ruiz, y de Justicia, Germà Gordó, recriminándoles no haber cobrado aún sus honorarios. En un correo electrónico dirigido al conseller Ruiz, en copia a Germà Gordó y Josep Prat y bajo el asunto 'Honoraris defensa Josep Prat', Melero escribía: “Estimado Conseller, nadie ha contactado conmigo para resolver este tema. Ruego alguna solución. Nunca me habría podido imaginar que esto terminara de esta manera: yo pagando por cuenta de la Administración y sin cobrar después de haberme paseado por todas las Fiscalías de Catalunya...”. Un correo al que Gordó habría contestado dirigiéndose a Boi Ruiz:“Boi, no me dijiste que estaba resuelto?”

El juez instructor del caso, Diego Álvarez de Juan, pretende mediante la declaración de Josep Prat esclarecer si la Generalitat se estaría haciendo cargo del pago de la defensa del mayor imputado por el caso Innova. Por su parte, el abogado Xavier Melero ya acudió a su cita a declarar al respecto el pasado 5 de marzo de 2014. La versión de Melero, según recogía la agencia EFE, sería que Prat acudió a su despacho por recomendación de Ruiz y Gordó, por lo que consideró “evidente” que se trataba de un encargo oficial.

En caso de encontrar indicios suficientes para mantener la pieza abierta y continuar la investigación podrían verse implicados los consellers en funciones Boi Ruiz y Germà Gordó, por lo que la investigación se trasladaría a los juzgados de Barcelona, explican a este diario fuentes cercanas a la investigación. Según documentos de la pieza, “la asunción de pago de la defensa de Prat por parte de la Generalitat con fondos públicos podría haber supuesto la comisión de un presunto ilícito de malversación por parte de los ordenantes de los pagos y los receptores de los mismos”.

El largo camino judicial del caso Innova

El pasado 11 de enero de 2012, mientras el concejal de la CUP en Reus David Vidal se preparaba para la rueda de prensa donde presentarían el informe sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Innova -y que ya habían enviado a la Fiscalía de la audiencia Nacional- se anunciaba la dimisión de Josep Prat como director general de la empresa municipal Innova. Pocos días después, dimitía también de la presidencia del ICS y se iniciaba un largo camino judicial.

El ex director de la empresa municipal reusense está imputado en prácticamente todas las piezas del caso. que acumula más de 50 imputados. De momento las piezas del rompecabezas Innova son ya catorce, de las cuales doce se encuentran bajo secreto de sumario. La pieza principal está relacionada con los presuntos pagos irregulares desde el Ayuntamiento de Reus, donde Josep Prat era el máximo directivo de Innova, hacia la empresa propiedad de Carles Manté (ex director del CatSalut), CCM Estrategias y Salud, que se habría creado pocos días antes de firmar el contrato. Entre 2007 y 2011 se habría pagado a Manté más de 720.000 euros por unos trabajos de consultoría que presuntamente no se habrían hecho. Precisamente a raíz de ello, el 27 de febrero de 2013, la Guardia Civil registró los domicilios de Prat y Manté.

Los múltiples cargos de Josep Prat

Prat recibía un sueldo de 265.000 euros anuales del Ayuntamiento de Reus. Además, mientras era presidente del ICS, adjunto a la presidencia con carácter ejecutivo de SAGESSA, director general de Servicios del Ayuntamiento de Reus, director general de Innova y miembro del Consejo Asesor para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario, dirigía también la empresa de hospitales privados más importante de España: USP Hospitales.

“Que con dinero público se pretenda pagar un presunto ladrón de dinero público que ha tenido un sueldo público de más de 265.000 euros anuales es un hecho que en cualquier país que se haga llamar democrático provocaría auténticos estragos”, escribía el concejal de la CUP Reus David Vidal en el libro 'El Preu de la Salut' (El Precio de la Salud).

El hòlding municipal Innova es crea com a tal cap al 2005, integrant una xarxa de 18 empreses i passa a gestionar al voltant del 75% del pressupost municipal mitjançant consells d’administració. “El que vaig fer a l’Ajuntament de Reus el 2 de desembre del 2011, en nom de tota l’assemblea de la CUP, en el transcurs de la segona reunió del consell d’administració d’Innova -amb Josep Prat encara ocupant la cadira de gerent a escassos metres- va ser trencar les inèrcies còmodes, assolellades i insanes dels consellers ”progressistes“ i ”democristians“ i fer encallar la màquina d’emplenar butxaques”, escriu el regidor de la CUP David Vidal en el pròleg del llibre El preu de la salut (Editorial Fàbrica).

Segons explica a aquest diari a Catalunya hi ha corrupció en la sanitat perquè es tracta del pressupost més elevat (un 40% del total). “La lògica de la corrupció, la seva naturalesa, és anar allà on hi ha diners”, assegura el regidor de la CUP, que reconeix a aquest diari que “el que cal és canviar el sistema”. “La corrupció ha arribat a ser un tret cultural d’aquest país, la gent ja no s’escandalitza”, lamenta.

De moment, el cas Innova suma una cinquantena d’imputats, sobretot empresaris i polítics. En la llista d’imputats hi trobem noms com el de Josep Prat, Carles Manté, Lluís Miquel Pérez, Ester Ventura, Josep Poblet, Teresa Gomis o Marc Arza. Els tres últims ocupen diferents càrrecs polítics en l’actualitat. “Estem davant d’una xarxa criminal que aprofitant el coneixement de la legislació i l'àmbit de l'actuació estava saquejant les arques públiques en benefici propi i especialment en l’àmbit de la sanitat”, assegura Vidal en declaracions a Catalunya Plural.

Fonts properes a la investigació apunten que actualment hi hauria com a mínim una catorzena de peces. Bona part d’elles, però, estan encara sota secret de sumari. La peça principal del cas està relacionada amb els presumptes pagaments irregulars des de l’Ajuntament de Reus, on Josep Prat era el màxim directiu d’Innova, cap a l’empresa propietat de Carles Manté CCM Estratègies i Salut, que s’hauria creat pocs dies abans de firmar-se el contracte. Tots dos, Prat i Manté són exdirectors del CatSalut. Entre el 2007 i el 2011 s’hauria pagat a Manté més de 720.000 euros per uns treballs de consultoria que presumptament no s’haurien fet.

La resta de peces farien referència a l’empresa d’investigació nutricional Shirota (peça 1), la contractació de Jorge Batesteza (2), l’Hospital de Reus (3), la clínica MQ Reus (4) -en aquesta peça encaixaria el cas de les pròtesis caducades-, les incompatibilitats de càrrecs (5), les coaccions a l’alcalde Carles Pellicer i la tinent d’alcalde Teresa Gomis (6), les ambulàncies Baix Ebre (7) i la construcció d’un centre sanitari a Vila-seca (8). La fiscalia ha demanat que aquesta darrera peça, la número 8, per la que també s'imputa al president de la Diputació de Tarragona Josep Poblet i la seva dona, Ester Ventura, passi als jutjats de Tarragona. En aquest sentit, s'hauria “desvinculat del sac INNOVA”.

Amb tot, les dimensions del presumpte cas de corrupció conegut com a ‘Cas Innova’ són encara desconegudes i el degoteig d’imputats podria continuar en els mesos vinents.

El holding municipal Innova se crea como tal hacia el 2005, integrando una red de 18 empresas y pasa a gestionar alrededor del 75% del presupuesto municipal mediante consejos de administración. “Lo que hice en el Ayuntamiento de Reus el 2 de diciembre de 2011, en nombre de toda la asamblea de la CUP, en el transcurso de la segunda reunión del consejo de administración de Innova -con Josep Prat aún ocupando la silla de gerente a escasos metros- fue romper las inercias cómodas, soleadas y insanas de los consejeros ”progresistas“ y ”democristianos“ y hacer encallar la máquina de rellenar bolsillos”, escribe el concejal de la CUP David Vidal en el prólogo del libro El preu de la salut (Editorial Fàbrica).

Según explica a este diario, en Catalunya hay corrupción en la sanidad porque se trata del presupuesto más elevado (un 40% del total). “La lógica de la corrupción, su naturaleza, es ir allí donde hay dinero”, asegura el concejal de la CUP, que reconoce a este diario que “lo que hace falta es cambiar el sistema”. “La corrupción ha llegado a ser un rasgo cultural de este país, la gente ya no se escandaliza”, lamenta.

De momento, el caso Innova suma una cincuentena de imputados, sobre todo empresarios y políticos. En la lista de imputados encontramos nombres como el de Josep Prat, Carles Manté, Lluís Miquel Pérez, Ester Ventura, Josep Poblet, Teresa Gomis o Marc Arza. Los tres últimos ocupan diferentes cargos políticos en la actualidad. “Estamos ante una red criminal que aprovechando el conocimiento de la legislación y el ámbito de la actuación estaba saqueando las arcas públicas en beneficio propio y especialmente en el ámbito de la sanidad”, asegura Vidal en declaraciones a Catalunya Plural.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan que actualmente habría al menos unas catorce piezas. Buena parte de ellas, sin embargo, están aún bajo secreto de sumario. La pieza principal del caso está relacionada con los presuntos pagos irregulares desde el Ayuntamiento de Reus, donde Josep Prat era el máximo directivo de Innova, hacia la empresa propiedad de Carles Manté CCM Estratègies i Salut, que se habría creado pocos días antes de firmar el contrato. Ambos, Prat y Manté son ex directores del CatSalut. Entre 2007 y 2011 se habría pagado a Manté más de 720.000 euros por unos trabajos de consultoría que presuntamente no se habrían hecho.

El resto de piezas harían referencia a la empresa de investigación nutricional Shirota (pieza 1), la contratación de Jorge Batesteza (2), el Hospital de Reus (3), la clínica MQ Reus (4) -en esta pieza encajaría el caso de las prótesis caducadas-, las incompatibilidades de cargos (5), las coacciones al alcalde Carles Pellicer y la teniente de alcalde Teresa Gomis (6), las ambulancias Baix Ebre (7) y la construcción de un centro sanitario en Vila-seca (8). La fiscalía ha pedido que esta última pieza, la número 8, por la que también se imputa al presidente de la Diputació de Tarragona Josep Poblet y su esposa, Ester Ventura, pase a los juzgados de Tarragona. En este sentido, quedaría “desvinculado del saco INNOVA”.

Con todo, las dimensiones del presunto caso de corrupción conocido como 'Caso Innova' son aún desconocidas y el goteo de imputados podría continuar en los próximos meses.

Ubicat al Tecnoparc (Reus), l’hospital salta a la vista per les seves grans dimensions i arquitectura moderna. Alguns l’anomenen “l’aeroport”. Oficialment es diu Hospital Universitari Sant Joan de Reus. També destaquen les plaques fotovoltaiques a la coberta així com els diferents jardins als quals s’accedeix des de qualsevol dels passadissos. Dins, l’edifici fa la sensació de ser una espècie de laberint de parets blanques i llargs passadissos dominats per una llum natural que envaeix el centre a través de les enormes vidriades. Un disseny horitzontal estructura l’hospital en cinc nivells i una planta tècnica d’instal·lacions i grans àrees diferenciades per lletres i colors. La majoria d’habitacions són individuals i estan preparades per, si cal, convertir-les en dobles.

Era 24 de setembre del 2010, el dia abans de la diada de Misericòrdia. Les xifres eren espectaculars: 92.073 metres quadrats, 310 llits d’internament, 150 llits sociosanitaris, 60 boxs d’urgències, 12 quiròfans -un d’ells per a urgències i un altre per a ginecologia- i 36 places d’hospital de dia. Els llavors president de la Generalitat, José Montilla, i consellera de Salut, Marina Geli, inauguraven amb orgull davant la premsa el novíssim Hospital Sant Joan de Reus, que triplicava en capacitat al vell.

En la inauguració, Montilla i Geli acompanyaven amb un somriure al socialista Lluís Miquel Pérez, que va estar al capdavant del govern municipal com alcalde de Reus des del 99 fins al 2011 i el qual es troba ara entre la cinquantena d’imputats pel cas Innova. La inauguració de l’hospital suposava la culminació d’un projecte posat en marxa quatre anys enrere. La llum que avui domina els passadissos de l’hospital contrasta amb les ombres que planegen sobre la construcció d’aquest.

El centre deu encara prop de 50 milions d’euros als bancs

A meitats de l’any 2000 l’Ajuntament -governat pel PSC- decideix que l’hospital es queda petit. Llavors el govern municipal parla amb la consellera de Salut i es posen d’acord que és necessari construir un nou hospital. Així, l’Ajuntament, a través de l'empresa municipal Innova, decideix demanar un crèdit per fer les obres de l’hospital. “Una part de l’aval, i això és molt significatiu, són els diners que donava el CatSalut per mantenir els pacients. Una altra part són els terrenys de l’hospital antic”, explica el regidor de la CUP David Vidal, que va començar a aixecar catifes a l’Ajuntament quan la CUP va entrar-hi per primera vegada, després les municipals de 2011. Ara com ara l’hospital deu encara als bancs prop de 50 milions d’euros -interessos inclosos- del crèdit demanat per construir-lo. El cost de l’obra, que va sortir a oferta pública per una xifra de 70 milions d’euros, augmentava fins als 170 milions d’euros, segons anunciava la nota de premsa de l’Ajuntament difosa el dia de la inauguració. És a dir, que sobrepassaria en 100 milions la previsió inicial. Amb tot, encara avui es desconeix en què s’haurien gastat aquests 100 milions de més.

L’hospital, de titularitat 100% municipal, depèn del concert de l’ICS amb Innova. Al voltant d’un 7% del que factura l’hospital prové del que ingressa per l’activitat de mútues i privats, a qui es reserva l’ús dels quiròfans a les tardes, explica a aquest diari el regidor de la CUP. Segons dades del centre, l’activitat de mútues i privats hauria augmentat un 28% entre 2011 i 2013. D’altra banda rep 9 milions d’euros mensuals del CatSalut, és a dir, 108 milions d’euros anuals. Segons fonts de la direcció mèdica de l’Hospital el percentatge d’inactivitat o desocupació del centre és del 20-25%. De les 400 habitacions, unes 300-320 estan ocupades. “Si es rebessin diners per tenir ocupades les 400 habitacions les tindríem totes, de la mateixa manera que podríem tenir les habitacions ocupades per dues persones en comptes d’una”, explica Vidal.

387.000 euros per 4 informes i l’“esquizofrènia contractual” de Batesteza

Una de les peces que estan sent investigades pel jutge instructor del cas Diego Álvarez de Juan, la número dos, fa referència a la contractació de l’arquitecte Jorge Batesteza, qui va ocupar càrrecs al Servei Català de la Salut entre el 2000 i el 2007, anys durant els quals hauria mantingut reunions amb Innova com a gerent d’Infraestructures del CatSalut per tal d’assessorar el consistori sobre com havia de ser el projecte del nou hospital. Segons l’auto emès pel Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus el passat 23 de Juliol, Batesteza va ser contractat per Innova pocs dies després de deixar el càrrec al CatSalut. L’empresa municipal l’hauria fitxat a través d’un contracte subscrit pel també imputat Josep Prat, que llavors n’era el gerent, per realitzar funcions d’assessorament tècnic en la construcció del nou hospital, funcions per les quals va cobrar 9.000 euros mensuals (més IVA). “Ell ja tenia uns coneixements d’antuvi”, comenta Vidal.

El total facturat a Innova en relació als tres contractes que l’arquitecte va signar entre el 2007 i el 2010 ascendeix a 387.000 euros (més IVA). Segons especifica l’auto només es tindria constància de quatre informes sobre l’evolució dels treballs efectuats per Batesteza, qui segons el contracte n’hauria d’haver presentat fins a 43. A més, l’arquitecte va facturar fins a gairebé 9.000 euros en concepte de desplaçaments per suposades visites a Reus, les quals no s’han pogut acreditar en la seva totalitat.

La situació es complica encara més quan Innova contracta l’empresa Euroconsult, que al seu torn hauria contractat Batesteza com a tècnic extern perquè “inspeccionés, controlés i supervisés” l’execució de les obres. És a dir, hauria cobrat per supervisar-se a si mateix, un fet que el jutge ha anomenat “esquizofrènia contractual”. Aquest fet va suposar un sobrecost, segons indica l’auto, de com a mínim 116.293.71 euros. Amb tot, Batesteza va mantenir ambdós contractes i hauria cobrat simultàniament per les dues bandes, d’Innova per un costat, i d’Euroconsult per l’altre. Jorge Batesteza està imputat per prevaricació, malversació de fons públics, tràfic d’influències, frau administratiu, blanqueig de capitals i falsedat documental.

Altres punts opacs relacionats amb l’Hospital

A més de la peça sobre la contractació de Batesteza, fonts properes al cas asseguren que és possible que el jutge estigui investigant altres àmbits relacionats purament amb les obres de construcció de l’hospital. Aspectes que podrien estar sent investigats implicarien elements que anirien des de la planxa de formigó fins a la jardineria o les plaques solars.

D’altra banda, la contractació de diferents serveis per part del grup que gestiona l’hospital, SAGESSA, estaria incomplint la Llei de Contractes del Sector públic en un percentatge elevat. Aquest diari ha tingut accés a l’acta de la reunió del Consell d’Administració de l’Hospital Sant Joan de Reus del dia 18 de setembre de 2014, on s’anuncia que segons un estudi realitzat el 85% dels contractes del grup SAGESSA no es troben inclosos en el registre de contractació. És a dir que només un 15% de la contractació de serveis per part del grup compleix la Llei de Contractes. Més concretament, dels 46.986.000 euros de la despesa amb tercers que s’hauria d’haver licitat el 2014 només van licitar-se’n 12.060.000.

Ubicado en el Tecnoparc (Reus), el hospital salta a la vista por sus grandes dimensiones y arquitectura moderna. Algunos lo llaman “el aeropuerto”. Oficialmente se llama Hospital Universitario Sant Joan de Reus. También destacan las placas fotovoltaicas en la cubierta así como los diferentes jardines a los que se accede desde cualquiera de los pasillos. Dentro, el edificio da la sensación de ser una especie de laberinto de paredes blancas y largos pasillos dominados por una luz natural que invade el centro a través de las enormes vidriadas. Un diseño horizontal estructura del hospital en cinco niveles y una planta técnica de instalaciones y grandes áreas diferenciadas por letras y colores. La mayoría de habitaciones son individuales y están preparadas para, si es necesario, convertirlas en dobles.

Era 24 de septiembre de 2010, el día antes de la diada de Misericordia. Las cifras eran espectaculares: 92.073 metros cuadrados, 310 camas de internamiento, 150 camas sociosanitarias, 60 boxes de urgencias, 12 quirófanos -uno de ellos para urgencias y otro para ginecologia- y 36 plazas de hospital de día. Los entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, y consellera de Salut, Marina Geli, inauguraban con orgullo ante la prensa el novísimo Hospital Sant Joan de Reus, que triplicaba en capacidad al viejo.

En la inauguración, Montilla y Geli acompañaban con una sonrisa al socialista Lluís Miquel Pérez, que estuvo al frente del gobierno municipal como alcalde de Reus desde el 99 hasta el 2011 y que se encuentra ahora entre la cincuentena de imputados por el caso Innova. La inauguración del hospital suponía la culminación de un proyecto puesto en marcha cuatro años atrás. La luz que hoy domina los pasillos del hospital contrasta con las sombras que planean sobre la construcción de éste.

El centro debe todavía cerca de 50 millones de euros a los bancos

A mediados del año 2000 el Ayuntamiento gobernado por el PSC decide que el hospital se queda pequeño. Entonces el gobierno municipal habla con la consellera de Salut y se ponen de acuerdo en que es necesario construir un nuevo hospital. Así, el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Innova, decide pedir un crédito para hacer las obras del hospital. “Una parte del aval, y esto es muy significativo, es el dinero que daba el CatSalut para mantener a los pacientes. Otra parte son los terrenos del hospital antiguo”, explica el concejal de la CUP David Vidal, que comenzó a levantar alfombras en el Ayuntamiento cuando su formación entró por primera vez, tras las municipales de 2011. Por ahora el hospital debe todavía a los bancos cerca de 50 millones de euros -intereses incluidos- del crédito solicitado para construirlo. El coste de la obra, que salió a oferta pública por una cifra de 70 millones de euros, aumentaba hasta los 170 millones de euros, según anunciaba la nota de prensa del Ayuntamiento difundida el día de la inauguración. Es decir, que sobrepasaría en 100 millones la previsión inicial. Con todo, aún hoy se desconoce en qué se habrían gastado estos 100 millones de más.

El hospital, de titularidad 100% municipal, depende del concierto del ICS con Innova. Alrededor de un 7% de lo que factura el hospital proviene de lo que ingresa por la actividad de mutuas y privados, a los que se reserva el uso de los quirófanos por las tardes, explica a este diario el concejal de la CUP. Según datos del centro, la actividad de mutuas y privados habría aumentado un 28% entre 2011 y 2013. Por otra parte recibe 9 millones de euros mensuales del CatSalut, es decir, 108 millones de euros anuales. Según fuentes de la dirección médica del Hospital el porcentaje de inactividad o desocupación del centro es del 20-25%. De las 400 habitaciones, unas 300 a 320 están ocupadas. “Si se recibieran dinero para tener ocupadas las 400 habitaciones las tendríamos todas, del mismo modo que podríamos tener las habitaciones ocupadas por dos personas en vez de una”, explica Vidal.

387.000 euros por 4 informes y la “esquizofrenia contractual” de Batesteza

Una de las piezas que están siendo investigadas por el juez instructor del caso Diego Álvarez de Juan, la número dos, hace referencia a la contratación del arquitecto Jorge Batesteza, quien ocupó cargos en el Servei Català de la Salut entre 2000 y 2007, años durante los que habría mantenido reuniones con Innova como gerente de Infraestructuras del CatSalut para asesorar el consistorio sobre cómo debía ser el proyecto del nuevo hospital. Según el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus el pasado 23 de Julio, Batesteza fue contratado por Innova pocos días después de dejar el cargo al CatSalut. La empresa municipal la habría fichado a través de un contrato suscrito por el también imputado Josep Prat, que entonces era el gerente, para realizar funciones de asesoramiento técnico en la construcción del nuevo hospital, funciones por las que cobró 9.000 euros mensuales (más IVA). “Él ya tenía unos conocimientos de antemano”, comenta Vidal.

El total facturado a Innova en relación a los tres contratos que el arquitecto firmó entre 2007 y 2010 asciende a 387.000 euros (más IVA). Según especifica el auto sólo se tendría constancia de cuatro informes sobre la evolución de los trabajos efectuados por Batesteza, quien según el contrato debería haber presentado hasta 43. Además, el arquitecto facturó hasta casi 9.000 euros en concepto de desplazamientos por supuestas visitas en Reus, las cuales de momento no se han podido acreditar en su totalidad.

La situación se complica aún más cuando Innova contrata la empresa Euroconsult, que a su vez contrata Batesteza como técnico externo para que “inspeccionara, controlara y supervisara” la ejecución de las obras. Es decir, habría cobrado para supervisar a sí mismo, un hecho que el juez ha llamado “esquizofrenia contractual”. Este hecho supuso un sobrecoste, según indica el auto, de al menos 116.293.71 euros. Con todo, Batesteza mantuvo ambos contratos y habría cobrado simultáneamente por las dos bandas, de Innova por un lado, y de Euroconsult por el otro. Jorge Batesteza está imputado por prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude administrativo, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Otros puntos opacos relacionados con el Hospital

Además de la pieza sobre la contratación de Batesteza, fuentes cercanas al caso aseguran que es posible que el juez estuviera investigando otros ámbitos relacionados puramente con las obras de construcción del hospital. Aspectos que podrían estar siendo investigados implicarían elementos que irían desde la plancha de hormigón hasta la jardinería o las placas solares.

Por otra parte, la contratación de diferentes servicios por parte del grupo que gestiona el hospital, SAGESSA, estaría incumpliendo la Llei de Contractes del Sector Públic en un porcentaje elevado. Este diario ha tenido acceso al acta de la reunión del Consejo de Administración del Hospital Sant Joan de Reus del día 18 de septiembre de 2014, donde se anuncia que según un estudio realizado el 85% de los contratos del grupo SAGESSA no se encuentran incluidos en el registro de contratación. Es decir que sólo un 15% de la contratación de servicios por parte del grupo cumple la Ley de Contratos. Más concretamente, de los 46.986.000 euros del gasto con terceros que se debería haber licitado en 2014 sólo licitaron cuenta 12.060.000.

Coincidiendo con nuevos registros en Reus y Barcelona por el caso Innova este viernes, ha finalizado el pleno extraordinario sobre salud que debía centrarse en discutir el modelo sanitario precisamente a raíz de este caso de corrupción. El debate que comenzó el miércoles, y que fue mayoritariamente utilizado para criticar las políticas llevadas a cabo por el Govern en los últimos cuatro años, ha terminado este viernes con la aprobación de algunas medidas consensuadas por todos los grupos que, no por ello menos importantes, esquivan las principales polémicas de la legislatura, como el Consorci de Lleida, el del Hospital Clínic o el proyecto sobre datos sanitarios VISC+.

Entre los acuerdos que salen de este pleno gracias al consenso entre la mayor parte de los grupos - excepto PPC y C's- está el que responde a demandas de diversas plataformas que denuncian la exclusión sanitaria en Catalunya. En este sentido se ha acordado modificar en el próximo mes la instrucción 10/2012 para garantizar el acceso a la tarjeta sanitaria a través de un trámite sencillo, así como unificar la información en los centros y controlar que no se cobren servicios gratuitos.

Ha contado con el apoyo unánime del Parlament la puesta en marcha en los próximos meses -antes del Octubre- del Plan de acción frente al VIH así como el compromiso de hacer efectivo en tres meses el pago de las deudas y atrasos de las subvenciones pendientes a las entidades correspondientes, como el Comité 1r de Desembre. Otra propuesta que ha conseguido los votos favorables de todos los grupos es la de implementar un programa de detección de niños de 0 a 3 años en riesgo de vulnerabilidad, con especial incidencia en las ciudades y barrios con nivel socioeconómico bajo. El programa prevé dar apoyo familiar y domiciliario para favorecer una alimentación equilibrada. También garantizará el acceso a los menores de edad a gafas y atención bucodental.

El pleno propuesto por PSC, ICV-EUiA, C 's y la CUP ha terminado, según ha dicho el conseller de Salut, Boi Ruiz, a la prensa después de las votaciones, “mejor de lo que ha comenzado”. Sin duda ha sido así para CiU, que gracias al apoyo de ERC -han presentado todas las propuestas de manera conjunta- ha evitado ser reprobado, tal como contemplaba una propuesta de resolución que habían presentado el PSC, ICV-EUiA, C 's y la CUP y que ha sido rechazada por 62 votos a favor y 69 en contra. De hecho, los grupos en la oposición han criticado que CiU y ERC hayan hecho todas las propuestas de manera conjunta y han querido castigar con un voto negativo simbólico todas las propuestas en bloque de los dos grupos, con la excepción del PPC que ha dado apoyos puntuales. “Podía blindar el gobierno pero ERC ha dejado claro que no son oposición”, le ha espetado al socio de gobierno la diputada de ICV Marta Ribas. Por su parte, la diputada de Ciutadans Carmen Pérez ha criticado que no se haya aprovechado para hacer “ningún ejercicio de autocrítica” y ha asegurado que las propuestas conjuntas de ERC y CiU son “declaraciones de autocomplacencias y propaganda”.

Otra de las críticas repetida en las intervenciones de diferentes grupos es el hecho de que hayan hecho una enmienda a última hora para incluir en las propuestas la elaboración de una nueva ley de salud de Catalunya sin buscar el consenso previo con otros grupos que también lo han propuesto, y de hacerlo, además, tomando como base el Pacte Nacional de Salut, que ya fue rechazado por todos los grupos en su momento.

Una de las medidas aprobadas con los votos de CiU y ERC es la prevista en la planificación de una ley reguladora de la ordenación de las prestaciones sanitarias del Sistema Sanitari Integral d'Utilizació Pública de Catalunya (Siscat). Aprovechando la entrada en vigor de una directiva europea en materia de contratación pública, se quiere crear un grupo de trabajo de expertos que redactará las bases del anteproyecto de ley en los próximos seis meses.

También entre las propuestas de CiU y ERC aparecen las listas de espera -por lo que se establece sencillamente “evaluación de asignación de recursos” o “velar por que se cumplan los plazos de referencia”. Para abordar el colapso en las urgencias no se establecen medidas directas sino la creación de un grupo de expertos para analizar “los flujos y los circuitos de atención”. Una propuesta que sí fijaba una medida concreta -pero que no ha sido aprobada- era la de reducir a la mitad las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas antes de 2016, presentada por el grupo Mixt (CUP). Una medida que tampoco ha tenido la aprobación y que ha sido ampliamente rechazada ha sido la del PPC de fijar una deducción en el IRPF a aquellos ciudadanos que contraten una mutua privada.

En relación a las demandas recogidas este martes en el Open Salut, ICV ha lamentado que no hayan prosperado los 10 puntos de la Marea Blanca que el grupo parlamentario, a través de una propuesta de resolución, se había comprometido a trabajar para hacer posibles.

Coincidint amb nous escorcolls a Reus i a Barcelona pel cas Innova aquest divendres, ha finalitzat el ple extraordinari sobre salut que havia de centrar-se a discutir el model sanitari precisament arran d’aquest cas de corrupció. El debat que va començar dimecres, i que va ser majoritàriament utilitzat per criticar les polítiques dutes a terme pel Govern en els darrers quatre anys, ha acabat aquest divendres amb l’aprovació d’algunes mesures consensuades per tots els grups que, no per això menys importants, esquiven les principals polèmiques de la legislatura, com ara el Consorci de Lleida, el de l’Hospital Clínic o el projecte sobre dades sanitàries VISC+.

Entre els acords que surten d’aquest ple gràcies al consens entre la major part dels grups – excepte PPC i C’s- hi ha la que respon a demandes de diverses plataformes que denuncien l’exclusió sanitària a Catalunya. En aquest sentit s’ha acordat modificar en el proper mes la instrucció 10/2012 per tal de garantir l’accés a la targeta sanitària a través d’un tràmit senzill, així com unificar la informació als centres i controlar que no es cobrin serveis gratuïts.

Ha comptat amb el suport unànime del Parlament la posada en marxa en els propers mesos –abans de l’Octubre- del Pla d’acció enfront del VIH així com el compromís de fer efectiu en tres mesos el pagament dels deutes i endarreriments de les subvencions pendents a les entitats corresponents, com el Comitè 1r de Desembre. Una altra proposta que ha aconseguit els vots favorables de tots els grups és la d’implementar un programa de detecció d’infants de 0 a 3 anys en risc de vulnerabilitat, amb especial incidència a les ciutats i barris amb nivell socioeconòmic baix. El programa preveu donar suport familiar i domiciliari per afavorir una alimentació equilibrada. També garantirà l’accés als menors d’edat a ulleres i atenció bucodental.

El ple proposat per PSC, ICV-EUiA, C’s i la CUP ha acabat, segons ha dit el conseller a la premsa després de les votacions, “millor del que ha començat”. Sens dubte ha estat així per CiU, que gràcies al suport d’ERC –han presentat totes les propostes de manera conjunta- ha evitat ser reprovat, tal com contemplava una proposta de resolució que havien presentat el PSC, ICV-EUiA, C’s i la CUP i que ha estat rebutjada per 62 vots a favor i 69 en contra. De fet, els grups a l’oposició han criticat que CiU i ERC hagin fet totes les propostes de manera conjunta i han volgut castigar amb un vot negatiu simbòlic totes les propostes en bloc dels dos grups, amb l’excepció del PPC que hi ha donat suports puntuals. “Podia blindar el govern però ERC ha deixat clar que no són oposició”, li ha etzibat al soci de govern la diputada d’ICV-EUiA Marta Ribas. Per la seva banda, la diputada de Ciutadans Carme Pérez ha criticat que no s’hagi aprofitat per fer “cap exercici d’autocrítica” i ha assegurat que les propostes conjuntes d’ERC i CiU són “declaracions d’autocomplaences i propaganda”.

Una altra de les crítiques repetida en les intervencions de diferents grups és el fet que hagin fet una esmena a última hora per incloure en les propostes l’elaboració d’una nova llei de salut de Catalunya sense buscar el consens previ amb altres grups que també ho han proposat i de fer-ho, a més, prenent com a base el Pacte Nacional de Salut, que ja va ser rebutjat per tots el grups en el seu moment.

Una de les mesures aprovades amb els vots de CiU i ERC és la que preveu la planificació d’una llei reguladora de l’ordenació de les prestacions sanitàries del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (Siscat). Aprofitant l’entrada en vigor d’una directiva europea en matèria de contractació pública, es vol crear un grup de treball d’experts que redactarà les bases de l’avantprojecte de llei en els pròxims sis mesos.

També entre les propostes de CiU i ERC hi apareixen les llistes d’espera –pel que s’estableix senzillament “avaluació d’assignació de recursos” o “vetllar perquè es compleixin els terminis de referència”. Per abordar la saturació a les urgències no s’estableixen mesures directes sinó la creació d’un grup d’experts per analitzar “els fluxos i els circuits d’atenció”. Una proposta que sí fixava una mesura concreta –però que no ha estat aprovada- era la de reduir a la meitat les llistes d’espera quirúrgiques i diagnòstiques abans del 2016, presentada pel grup Mixt. Una mesura que tampoc ha tingut l’aprovació i que ha estat àmpliament rebutjada ha estat la del PPC de fixar una deducció en l’IRPF per aquells ciutadans que contracten una mútua privada.

En relació a les demandes recollides aquest dimarts a l’Open Salut, ICV-EUiA ha lamentat que no hagin prosperat els 10 punts de la Marea Blanca que el grup parlamentari, a través d’una proposta de resolució, s’havia compromès a treballar per fer possibles.

La proliferación de plataformas y soportes digitales ha provocado el surgimiento de océanos de contenidos en los que resulta muchas veces complicado discernir entre lo que realmente es periodismo y lo que no lo es. Retomando la figura de los lectores, en la actualidad olvidada por muchos medios, como epicentro y clave de la profesión, Alfredo Triviño, fundador y CEO de Audacity Partners, y Benjamín Lana, director editorial del grupo Vocento, han dialogado sobre las formas y el fondo del periodismo que está por venir en la primera mesa debate de la segunda edición de ‘Innova’, celebrada en el museo Guggenheim de Bilbao.

Toni Garrido, que pulula por la profesión desde los quince años, ha ejercido de maestro de ceremonias y moderador del primer encuentro en el que se ha calificado a los lectores y los contenidos como “reyes” del periodismo actual y próximo. “Hasta hace relativamente poco el acercamiento que teníamos en los medios hacia los lectores era intuitivo, pensábamos en un único lector imaginario. Esto se ha quebrado de alguna manera porque al final nos lee gente muy diferente, mucho más segmentada en nichos. Estamos aprendiendo a mirar que contamos con un montón de consumidores distintos con los que a nivel digital es más fácil hacer productos a medida para cada uno”, argumentaba Lana en relación a los nuevos soportes ofrecidos por Internet.

Sin embargo, ante las ingentes cantidades de información diaria, el director editorial de Vocento instaba a que es “esencial enseñar a los lectores a navegar por estos mares de información sin fondo, mostrándoles qué contenidos tienen valor y cuáles carecen de Denominación de Origen”. Según Lana, los medios tradicionales para seguir contando con la lealtad de su público y afianzar su marca deben ser como “el metre de un buen restaurante del que siempre uno se ha fiado y lo seguirá haciendo, a no ser que dos veces seguidas te aconseje merluza y las dos te sirvan merluza congelada”.

“Para garantizar el futuro de la profesión lo que tenemos que hacer es cumplir con las directrices de siempre: mensajes rigurosos, veraces e independientes, comprometidos con la sociedad y que no sirvan a los intereses no declarados; pero con una mente abierta, trabajando en todos los soportes conocidos y en los que vendrán, porque ya se ha visto que esto va muy rápido”, ha explicado Lana. “En el mundo digital la diferencia está en contenido porque la tecnología dura muy poco”, afirmaba.

El futuro pasa por experiencias multisensoriales

El futuro pasa por experiencias multisensorialesEn relación a las nuevas formas de difundir la información, Triviño aseguraba que actualmente estamos en un momento “crítico” para crear “grandes experiencias de contenido” a través de la tecnología. Se trata de “entender este ecosistema de plataformas en el que estamos para ser capaces de contar historias extraordinarias a través de objetos ordinarios”, afirmaba el fundador de Audacity Partners. “El reto es que los medios entiendan que el storytelling, la manera de presentar las historias, debe cambiar”, señalaba.

Asimismo, Triviño ha presentado una serie de aplicaciones que permiten transmitir la información a través de experiencias multisensoriales. De esta forma, el CEO mostraba una nueva aplicación desarrollada para el diario británico The Sun en la que ha creado un “mini show de televisión para teléfonos móviles a través del que transmitir la información, donde lo que se busca es maximizar el impacto de los contenidos en la pantalla”, ha explicado. De esta forma, cuando se ofrezca una noticia importante, el usuario notará la vibración del dispositivo o un flash le anunciará sobre ella. “La plataforma determina el lenguaje y la narrativa. A través de ella es fundamental ofrecer experiencias únicas y relevantes para los usuarios. No se trata solo de contar las cosas, sino de emocionar”, insistía Triviño.

El gran reto pasa por seguir contando historias entendiendo las posibilidades sensoriales que ofrecen los nuevos dispositivos, “sin olvidar quién es el consumidor, dónde está y qué necesita”, indicaba. Asimismo, Lana remarcaba de nuevo que el futuro está en enseñar al consumidor a distinguir entre todo lo que recibe, qué es lo imprescindible. “No estamos acabados, aquí hay batalla”, decía. “Esto del periodismo tiene futuro, pero con más jamón y menos pan”, concluía.