En el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas se conserva muy poca información de lo que fue el Patronato de Protección a la Mujer. No obstante, sus documentos evidencian algunos episodios que sufrieron las mujeres internadas en estos centros que la institución tenía en el Archipiélago. Las congregaciones religiosas encargadas de gestionarlos amasaron un cuantioso patrimonio inmobiliario con dinero público y trabajo esclavo. Un negocio cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. Uno de los documentos refleja la “justicia patriarcal”, como el arresto de 30 días para la amante de un guardia. 

El Patronato de Protección a la Mujer fue una institución franquista que duró hasta bien entrada la transición (1941-1985). Fue un mecanismo de represión y control gestionado por congregaciones religiosas que durante años encerró sin juicio a mujeres jóvenes, muchas menores, a las que consideraba rebeldes o que no cumplían con los valores católicos del régimen. En Canarias tuvo sus particularidades. 

Bajo la excusa de que el Estado pagaba subvenciones insuficientes para su manutención, las congregaciones religiosas obligaban a las internas a trabajar sin sueldo en talleres de costura, confección o de empaquetado. Eran mano de obra gratis, trabajadoras esclavas. Esta institución también practicó el robo de bebés. Pero no fue hasta 2012 cuando el libro Las desterradas hijas de Eva, de Consuelo García del Cid, empezó a sacar a la luz esta oscura realidad de estos reformatorios franquistas de mujeres. 

Documentos consultados por este periódico en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, fechados principalmente entre 1945 y 1953, desvelan la doble moral de una institución que se mostraba siempre al borde del colapso económico para chantajear al Estado pidiendo más dinero. 

En 1949, aunque la subvención total del Estado para la provincia de Las Palmas era de 56.000 pesetas, la partida presupuestada para internamientos era de solo 36.500 pesetas. Sin embargo, el gasto que decían que necesitaban para mantener a las mujeres encerradas rozaba las 45.000 pesetas. Para 1950 calculaban necesitar más de 68.100 pesetas anuales. Pero no para la manutención de las internas, sino para “sueldos de personal, material no inventariable, y alquiler de oficinas”.  

Lejos de proteger a las internas, las utilizaban como moneda de cambio. En noviembre de 1949, el secretario de la Junta de Las Palmas llegó a advertir por carta al gerente central en Madrid. “Si no llegan más fondos, nos obligarán, muy a pesar nuestro, a entrar en las Adoratrices escoba en mano, echando a la calle (al ”arroyo“) a la mayor parte de nuestras internadas”. Además, amenazaba con trasladar el conflicto al Gobernador Civil, al Obispo y al Nuncio del Papa.

Internas como moneda de cambio

Esta correspondencia, hasta ahora inédita, entre las juntas del Patronato provincial y estatal, revelan que los encierros no dependían de criterios sociales, sino puramente económicos, confesando que si se dispusiera de dinero al efecto, “serían muchos más los internamientos acordados”.

La mayoría de la correspondencia está firmada por Fernando Clavijo y del Castillo-Olivares, vicepresidente 1º de la Junta Provincial de Las Palmas, y en ocasiones por el secretario (particular), Joaquín Mª Aracil Barra. Y dirigidas al tesorero general o directamente a Francisco Javier Abella, gerente de la Junta Nacional del Patronato, con sede en el número 33 de la calle Núñez de Balboa de Madrid.

La presión por conseguir financiación llevó a la Junta a solicitar en 1951 y 1952 que se les cediera entre un 1% y un 2% de los impuestos recaudados en espectáculos públicos “frívolos y galantes tolerados por las autoridades”, argumentando que era de esos locales de donde procedía buena parte de las jóvenes que después debían “reeducar”.

Entre los pocos documentos que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas se encuentran algunos caso que revelan una justicia patriarcal y una desigualdad punitiva flagrante. La Junta provincial de Las Palmas presumió de resolver de forma exitosa el caso de un exguardia municipal que metió a su amante en el domicilio conyugal: “Intervinimos enérgica y prontamente, consiguiendo al momento, del Sr. Gobernador Civil, 30 días de arresto para dicha querida en la Prisión Provincial (a donde fue conducida por la Guardia Civil), una fuerte amonestación para el hombre culpable (que, ante nosotros, prometió firmemente la enmienda) y el restablecimiento de la paz en un hogar legítimo, en el que había hijos pequeños. Y así, muchísimos éxitos, altamente consoladores.” Ella fue un mes a prisión y él sólo tuvo que hacer una promesa de enmienda.

Control sobre el cuerpo de la mujer

Este control sobre la mujer era también físico y profundamente machista. Las jóvenes ingresaban a través de los llamados Centros de Observación y Clasificación. La primera fase del encierro consistía en aislar a las mujeres y someterlas a un minucioso escrutinio. Como atestiguan documentos del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, los médicos tenían la potestad de realizar reconocimientos ginecológicos en cualquier momento para comprobar si la joven había sido “desflorada”, es decir, si había perdido la virginidad. 

El resultado de este examen ginecológico era determinante para el destino de las reclusas. Si el médico certificaba la “desfloración”, la joven era clasificada en el grupo de “mujeres caídas” o “víctimas de prostitución”. Este grupo solía ser el más nutrido en los centros, llegando a representar el 40% de las internas. 

Según los relatos de investigadoras y supervivientes del Patronato en el ámbito nacional, el sistema era extraordinariamente cruel. Bastaba con ser etiquetada como “incompleta” para recibir el peor de los tratos y ser destinada a los reformatorios más duros, incluso si la pérdida de la virginidad se debía a que la joven había sido violada por su propio padre. 

En el libro Inmaculada: la muerte que precipitó el fin del patronato se recoge el testimonio de Rosa Berián, la última directora del centro del Patronato de San Fernando de Henares en Madrid, que cuenta “el caso de varias adolescentes provenientes de zonas rurales de Canarias que habían sido violadas por sus padres y habían tenido hijos de ellos. En este tipo de casos el modus operandi era sencillo: el bebe se quedaba con la familia y a ellas las mandaban a la península. De este modo las muchachas se veían recluidas, mientras sus violadores criaban a sus criaturas”.  

En el libro de las periodistas e investigadoras Marta García Carbonell, Esther López Barceló y María Palau Galdón se cuenta de modo excepcional, en una emotiva y rigurosa investigación, cómo la misteriosa muerte de Inmaculada Valderrama el 19 de septiembre de 1983 supuso el principio del fin de esta oscura institución. 

La red de centros del Patronato en Canarias

El colegio de Religiosas Adoratrices de Tafira (Plan de Loreto km 7) estaba dirigido por la congregación de las Adoratrices (Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad). La congregación tenía otro gran establecimiento en Tafira Alta para albergar hasta 150 jóvenes internadas. Además, crearon anexo a él un “Taller de Perseverancia” para acoger a las jóvenes que ya habían dejado de estar internadas. Las Adoratrices fueron quienes gestionaron la entrada de las jóvenes en el Patronato, llegando a tener un Centro de Clasificación y Observación, dependiente del Ministerio de Justicia, en 1982. 

El Cabildo de Gran Canaria entregó en 1962 una subvención directa de 200.000 pesetas a las Adoratrices para comprar una finca muy próxima al actual CECOPIN, de casi 14.000 metros cuadrados. Tras beneficiarse de diversas inyecciones de dinero proveniente del Estado durante la dictadura, las Adoratrices acordaron vender la misma parcela de vuelta al Cabildo en 2024 por 3,95 millones de euros.

El Internado de Oblatas, denominado Hogar Nuestra Señora del Rosario, era dirigido por las Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor, quienes estuvieron catalogadas como una institución propia del Patronato. Tenía una capacidad de 60 plazas y funcionaba en régimen de internado. Su finalidad era la “reeducación” de las jóvenes.

En las Memorias de 1948 aparece la obra de las Javerianas en Las Palmas, de la que se dice que “los manuales de pedagogía correccional del Patronato la definen como una ”obra modernísima dedicada a la preservación y a orientar a las jóvenes en la vida de trabajo“.

Según documentos del Aula de Memoria Democrática, también hubo otras congregaciones que colaboraron con el Patronato, como las de Villa Teresita, una red de casa de acogida y reformatorios fundada en 1942, que actualmente sigue funcionando como asociación que ayuda a mujeres víctimas de trata y en situación de exclusión en Las Palmas de Gran Canaria.

La saturación de los centros o la negativa de las Adoratrices en Gran Canaria a recibir a jóvenes reincidentes obligó a las autoridades a costear el traslado y el internamiento de las jóvenes grancanarias a la Península o al internado de las Oblatas en Tenerife.

Las Oblatas también dirigían el Colegio de Santa María de Gracia, en La Laguna. En 1943 se presupuestó un aumento de 100 plazas para este recinto. También el Hogar-Taller La Purificación de María, ubicado en la calle Magistral Reyes Pérez, 18, en La Cuesta. Tenía 40 plazas en régimen de internado y estaba enfocada en la “preservación” de las menores.

En su interior se utilizaba el trabajo y la instrucción como herramienta de “reeducación”. En 1970, según documentos oficiales, se impartían cursos de auxiliares administrativas y de peluquería-manicura, pero investigadoras y supervivientes como Consuelo García del Cid sospechan que pudo ser un centro de trabajo esclavo. Entre 1970 y 1975 este Hogar-taller multiplicó por más de tres su valor, de 3.277.487 a 11.728.575 pesetas.

A pocos kilómetros, estaba la Maternidad Nuestra Señora de la Paz, en El Majuelo, La Laguna, dirigido por la congregación de las Religiosas Filipenses de San Pablo. Era una institución propia del Patronato con 50 plazas y funcionaba como “maternidad menores” en régimen de internado.

Las Memorias Económicas del Patronato registran cómo este Centro Maternal invirtió grandes cantidades de dinero a través de planes de desarrollo, en su construcción y equipamiento, pero no en la manutención ni en beneficio de las jóvenes. En enero de 1970 el valor del edificio en el inventario estatal era de 15.955.738 pesetas. Para 1973 había escalado hasta las 20.863.570 pesetas, reflejando un crecimiento continuo gracias a las inyecciones de dinero público.

Además, el Hospital Civil del Cabildo Insular lo llevaban las Hermanas de la Caridad. Actuaban como una institución auxiliar sin un número de plazas determinado, pero dentro de la red del Patronato y servía para el “estudio médico y tratamiento” de las jóvenes tuteladas que requerían ser “internadas por cuestiones de salud”.

Las mismas congregaciones siguen subvencionadas

Según la documentación revisada del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, se puede comprobar que el rastro económico de algunas de estas congregaciones ha continuado hasta nuestros días. Con fecha de 5 de enero de 2024, el Servicio Canario de Empleo (SCE) concedió de forma directa dos subvenciones de 164.128 euros, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, a la Congregación Oblatas del Santísimo Redentor en Canarias, para programas de formación e inserción laboral dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y de trata.

El pasado 20 de marzo, el Gobierno realizó un acto oficial de petición de perdón a las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer. Durante el acto 53 mujeres fueron reconocidas como víctimas oficiales, aunque fueron miles las que pasaron por la institución durante más de 40 años. Aquel día hicieron públicas un conjunto de reivindicaciones pendientes, como la entrega de expedientes “cuya promesa pública por parte de las congregaciones religiosas no se está cumpliendo”; el acceso a los libros de contabilidad donde constan los ingresos obtenidos a costa de su mano de obra esclava, y una la ley de bebés robados que “lleva esperando ocho años y no se ha movido nada”, aseguraron durante el acto.

El PSOE de la provincia de Cáceres ha organizado para el próximo martes 12 de mayo una charla-coloquio bajo el título Supervivientes del Patronato franquista de Protección a la Mujer, un encuentro que pondrá voz a mujeres que padecieron una de las instituciones más represivas y menos conocidas de la dictadura franquista. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el Ateneo de Cáceres, en la calle General Ezponda, y cuenta también con la colaboración del Ateneo, del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y la Diputación de Cáceres.

En el acto participarán la historiadora Desiré Rodríguez Martínez; la jefa del Archivo Histórico Municipal de Cáceres, Elena García Mantecón; y las supervivientes Consuelo García del Cid, Paca Blanco Díaz y Loli Benito, que compartirán sus testimonios sobre el funcionamiento de estos centros y las consecuencias que tuvieron en sus vidas.

El Patronato de Protección a la Mujer fue creado en 1941 por el régimen franquista y dependía del Ministerio de Justicia. Aunque oficialmente se presentaba como una institución destinada a “proteger” a jóvenes y adolescentes, en la práctica funcionó como un sistema de control moral y social sobre las mujeres, especialmente sobre aquellas consideradas “descarriadas” o alejadas de los valores impuestos por el nacionalcatolicismo.

Miles de jóvenes fueron internadas en centros gestionados en gran parte por órdenes religiosas. Muchas ingresaban por decisión de sus familias, por denuncias vecinales o simplemente por comportamientos considerados inapropiados para la moral de la época: mantener relaciones sentimentales, quedarse embarazadas fuera del matrimonio, huir de casa o desafiar la autoridad familiar.

En estos espacios, numerosas mujeres sufrieron aislamiento, castigos físicos y psicológicos, trabajos obligatorios y una estricta vigilancia sobre su vida cotidiana. Investigaciones históricas y testimonios de supervivientes han denunciado además situaciones de violencia institucional y vulneraciones de derechos humanos.

Aunque la institución sufrió modificaciones durante la Transición, el Patronato no desapareció definitivamente hasta 1985, ya en democracia. Su existencia prolongada ha convertido este episodio en uno de los símbolos de la continuidad de mecanismos de control sobre las mujeres más allá del final formal del franquismo.

La charla de Cáceres se suma a los actos de recuperación de memoria democrática y feminista que en los últimos años están permitiendo sacar del silencio las experiencias de miles de mujeres que pasaron por estas instituciones.

Hoy os proponemos un episodio que habla sobre los reformatorios de la moral que funcionaron durante el franquismo y varios años después, en los que se encerró a miles y miles de mujeres que se salían del canon que la sociedad y el régimen dictatorial tenían fijado para ellas. Un lugar que además funcionó como campo de trabajo esclavo. Lo hacemos con Isabel Cadenas Cañón, experta en memoria y directora del podcast De Eso No se Habla, que en su segunda temporada, fija la mirada en estos lugares y algunas de sus protagonistas.  

 *** Este episodio se emitió por primera vez el 23 de octubre de 2023 ***

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A Águeda Montelongo, la presidenta del PP de Fuerteventura, se lo advirtieron desde el primer momento: no presumas mucho de esta sentencia porque está cogida con alfileres. El TSJ de Canarias la absolvía por sorpresa el pasado mes de diciembre de 2015, en plena campaña electoral, de los delitos por los que se sentaba en el banquillo: prevaricación, falsedad documental y malversación. Montelongo había ordenado pagar con dinero del Patronato de Turismo de Fuerteventura diversos agasajos (hoteles y coches de alquiler, básicamente) a varios altos cargos de su partido de visita a la isla. Era una condena de libro, pero milagrosamente tanto ella como los otros dos acusados resultaron absueltos.

Pasado un tiempo que ella debió creer prudencial, Águeda Montelongo se olvidó de los sabios consejos y, probablemente empujada por su imprudente abogado, Eligio Hernández, desempolvó la sentencia y la presentó ante el Cabildo de Fuerteventura para que le fuera abonada la minuta de su letrado, nada menos que 15.000 euros. Fue una mala idea porque esa exigencia dineraria ha provocado el efecto que trataron de evitar sus buenos asesores: que recordemos esa sentencia y algunos de sus aspectos más llamativos.

1) ¿Quiénes formaron el tribunal que absolvió a Águeda Montelongo? Fueron tres magistrados. Lo presidió el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a quien acompañaron el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo alto órgano y el polémico magistrado Salvador Alba Mesa, investigado ahora por corrupción judicial, miembro de la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la salsa de todos los platos, el juez que últimamente aparece en todos los casos de corrupción de resonancia mediática.

2) ¿Pero quién llevó el peso del juicio? Salvador Alba Mesa fue el magistrado que se remangó durante el juicio del caso Patronato, especialmente para acorralar al principal testigo de cargo que tenía Águeda Montelongo: Santiago Santana, trabajador del Patronato de Turismo colocado allí por el Partido Popular. A Santana el PP trató de endosarle en la fase de instrucción toda la responsabilidad de lo ocurrido con las cuchipandas a dirigentes del partido (lo ratificaron en el juicio dos testigos más), pero sólo confesó que la orden provino directamente de Águeda Montelongo cuando fue interrogado ante el tribunal. Fue precisamente esa contradicción entre lo que dijo en la fase de instrucción y lo que dijo en la vista oral lo que valió al tribunal para dudar de su testimonio, y en gran medida absolver a la presidenta del PP canario y diputada regional.

3) ¿Qué hace en el TSJC el magistrado Alba? Salvador Alba Mesa se presentó voluntario a formar tribunal para este juicio, como hace habitualmente para sustituir a jueces en todas las jurisdicciones de la provincia de Las Palmas. A pesar de estar siendo investigado por corrupción judicial por haber participado supuestamente en una conspiración contra la magistrada Victoria Rosell, ex diputada de Podemos, sigue actuando con absoluta normalidad. Este mismo martes se conoció la sentencia del caso Calero, en cuyo tribunal también se sentó Alba. Igualmente ha sido designado como ponente para presidir el primer juicio de relieve del caso Unión, la investigación por corrupción más grave jamás detectada en la isla de Lanzarote.

4) ¿Qué dicen los “hechos probados” de la sentencia? “Es posible (y probable) que esta orden, indicación o sugerencia [de Águeda Montelongo conduciendo a que se pagaran con fondos públicos los gastos de sus invitados], aconteciera tal y como sostiene la acusación pública, pero este grado de probabilidad deviene insuficiente para concluir a la Sala a la convicción necesaria para fundamentar una condena penal”. Es decir, se da por sentado que la orden, indicación o sugerencia (escójase el verbo que más apetezca) provino de la señora Montelongo, pero como ocurriera con el también diputado del PP Jorge Rodríguez, igualmente absuelto por el TSJC, el árbitro pitó “peligro”. Ya se sabe: para que se pueda condenar a un dirigente de ese partido la cosa tiene que estar mucho más clara. Es decir, el cuchillo chorreando sangre en sus manos y la víctima convenientemente decapitada en el momento de irrumpir en el escenario del crimen la autoridad competente.

5) Es que eran cinco años, tú. Efectivamente: la Fiscalía Anticorrupción pedía para la presidenta del PP de Fuerteventura una condena de cinco años y ocho meses de prisión, estimación seguramente resultante de la acumulación de esos tres delitos. Algo que debió parecer una exageración al tribunal, que optó por dar por buenos los hechos pero no lo suficiente. Volvamos al caso de Jorge Rodríguez: su absolución (por otro tribunal) se debió a que el tráfico de influencias que se dio por cometido no fue lo suficientemente grave, no sacudió de manera irreversible los cimientos del Estado democrático como para condenarlo. En el caso Montelongo, el ponente recuerda que a) las facturas no estaban giradas a nombre de los invitados del PP (naturalmente, porque se camuflaron con nombres de periodistas y actrices para justificar el cargo); b) la acusada firmaba muchas facturas como para poder percatarse de esas en concreto, y c) al fin y al cabo estamos ante “una magra cantidad” de 1.346 euros, que fue exactamente lo que se detectó.

El Cabildo no pagará a Eligio

Pues bien, con este pedazo de sentencia se presentó la señora Montelongo ante el Cabildo de Fuerteventura, donde ejerce como portavoz del PP (en la oposición), para reclamar que le pagaran los honorarios de su abogado, casualmente Eligio Hernández, el mismo que en estos momentos trabaja para José Manuel Soria -mira tú qué casualidades que tiene la vida- en connivencia con el magistrado Salvador Alba, anda, otra casualidad, que tiene como letrado defensor en su causa por corrupción judicial al otro abogado de Soria, Nicolás González-Cuéllar. Pero a lo que íbamos: los servicios jurídicos de la Corporación aceptaron inicialmente la petición de la reclamante Montelongo porque la norma admite el pago siempre que el funcionario o cargo público resulte absuelto. Pero tras leerse con detenimiento la sentencia y comprobar los hechos probados, que confirman que efectivamente la señora reclamante ordenó, sugirió o indicó que con fondos públicos se pagaran cuchipandas privadas, los letrados del Cabildo dieron marcha atrás y dejaron en manos del pleno de la Corporación tomar la decisión política. El pleno se reunió este lunes y acordó por mayoría aplastante rechazar la petición de Águeda Montelongo. Sólo hubo un voto a favor, el del único consejero del PP que se constituyó en el acto. Se abstuvieron Nueva Canarias y el partido del marqués de las Dunas. El grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria y el PSOE, se opuso.

La diputada del Partido Popular, Águeda Montelongo, ha señalado tres días después de conocer la sentencia del TSJC que la absuelve del caso Patronato que este asunto ha hecho al PP “un partido más fuerte y cohesionado”.

También ha destacado el trabajo “impecable” de la justicia y ha pedido más recursos para que esta “no sea tan lenta” porque “la lentitud es la forma más injusta de condenar a una persona” en referencia a los cinco años que ha durado el proceso judicial del caso Patronato.

Montelongo ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación rodeada de representantes de su partido, entre ellos, el candidato al Senado, Claudio Gutiérrez, y la número cinco al Congreso por Las Palmas, Celia Alberto, para dar cuenta de la sentencia del TSJC que también absuelve a los dos ex trabajadores del Patronato de Turismo José Luis Cabrera y Santiago Santana.

La Fiscalía pedía para Montelongo cinco años y ocho meses de prisión por malversación, prevaricación y falsificación de documento público, al considerar que había amañado facturas del Patronato de Turismo cuando era consejera de Turismo del Cabildo majorero en 2010 para justificar gastos de altos cargos del PP haciéndolos pasar como viajes promocionales de prensa.

Finalmente, una sentencia del TSJC dada a conocer el pasado viernes señalaba que Montelongo y el gerente del Patronato de Turismo José Luis Cabrera firmaban cada año casi mil expedientes de gastos de promoción turística de la isla.

Para el presidente del TSJC, Antonio Doreste, lo hacían “rutinariamente” por lo que considera creíble que firmaran también los tres expedientes sin saber que se trataba de gastos del PP.

Montelongo ha agradecido, una vez más, el apoyo de familiares y amigos durante los cinco años y medio que ha durado todo el proceso, “pero sobre todo a los que aprovecharon la circunstancia para hacer rédito político sin importarles que detrás de la línea roja que atravesaron había una familia que sufría”, ha sentenciado.

La presidenta de los populares en Fuerteventura ha asegurado haber vivido “ataques desmedidos y juicios paralelos en los que nunca hubo cabida a la inocencia” con el objetivo de “desprestigiarme”.

También ha reconocido ante la prensa la dureza de acudir durante cuatro años a los plenos del Cabido cuando su presidente durante la pasada legislatura, el nacionalista Mario Cabrera,“fuera cual fuera el tema me condenaba y me lo tiraba en cara”.

Después de que una sentencia haya dictado su absolución, Montelongo ha solicitado una “profunda reflexión” sobre si es posible que “en un estado de derecho se condene a una persona de esta manera tan ruin y sucia como se ha hecho conmigo y con el PP”.

Asimismo, ha destacado el trabajo de su abogado y ex fiscal general del Estado, Eligio Hernández. “Fue él quien me dijo que no se podía permitir que se estuviera haciendo en Canarias un linchamiento tan injusto como el que me estaban haciendo”, ha reconocido la diputada.

Por último, ha agradecido el apoyo del pueblo majorero y ha asegurado que esas muestras de apoyo se plasmarán en los resultados electorales del próximo 20 de diciembre, “hay Águeda Montelongo y PP para muchos años”, ha añadido.

La diputada regional del PP Águeda Montelongo ha dicho este viernes, tras hacerse pública la sentencia del TSJC que la absuelve del caso Patronato, que la Justicia “siempre pone a cada uno en su sitio” y ha agradecido “a los que han aprovechado este tema para ir contra ella porque le han hecho más fuerte”.

Montelongo, para la que se pedía una pena de cinco años y ocho meses de prisión por haber pagado gastos de cargos del PP con dinero del Patronato de Turismo de Fuerteventura cuando era consejera de Turismo en el Cabildo majorero en 2010, ha reconocido a Efe estar “feliz” tras conocer la decisión judicial y ha resaltado que “lleva cinco años defendiendo su inocencia”.

La Fiscalía imputaba a Montelongo delitos de malversación, prevaricación y falsificación de documento público, al considerar que había amañado facturas del Patronato de Turismo, al justificar gastos de los senadores Tomás Burgos Beteta y Tomás Burgos Gallego, el diputado Ramón Moreno Bustos y el dirigente del PP canario Manuel Fernández como viajes promocionales de prensa.

La también presidenta de los populares en Fuerteventura ha querido agradecer a las personas que han creído en su inocencia y la han apoyado durante los últimos años.

Pero, sobre todo, Montelongo se ha dirigido a aquellos que “han aprovechado para hacerle daño a ella y a su partido porque le han hecho más fuerte y con ganas de seguir trabajando y defendiendo su isla”.

El teléfono de la parlamentaria no ha parado de sonar en las últimas horas, por llamadas de cargos del PP regional y nacional y de compañeros del Parlamento canario. “También tengo una llamada perdida en el móvil del presidente del Cabildo Marcial Morales (CC)”, ha añadido.

Montelongo ha aludido al hecho de que la sentencia que la absuelve se haya conocido a solo nueve días de las elecciones generales, que ha confrontado con los “seis años que lleva esperando y sufriendo un juicio paralelo”. En su opinión, “ahora son otros los que tienen que explicarse”.

La parlamentaria canaria prevé acudir esta tarde a la sede de su partido en Puerto del Rosario, donde espera recibir las felicitaciones de sus compañeros en la isla, si bien ha manifestado que “hay que seguir trabajando y ya habrá tiempo para celebraciones”.

La sentencia del TSJC también absuelve al ex gerente del Patronato de Turismo, José Luis Cabrera, y al ex trabajador del Patronato Santiago Santana.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha absuelto a la presidenta del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental por los que la Fiscalía solicitaba para ella cinco años y ocho meses de prisión en el denominado caso Patronato, que investigaba el pago de estancias de hotel a diputados nacionales de su partido y el alquiler de un vehículo a Manuel Fernández, secretario general de los conservadores en Canarias en el momento de los hechos (2009-2010), con cargo a las arcas del Patronato de Turismo de la isla. 

La sentencia del TSJC llega justo cuando se cumplen tres meses de la finalización del juicio y en plena campaña electoral, a apenas nueve días de que se celebren los comicios

También han sido absueltos los otros dos acusados en este caso: José Luis Cabrera Bonny, exgerente del Patronato, para quien el Ministerio Público pedía la misma pena que para Montelongo, y Santiago Santana, que trabajó como administrativo en el organismo y que se enfrentaba a un máximo de un año y nueve meses de cárcel como cooperador necesario del delito de malversación.

La Sala, presidida por Antonio Doreste y completada por Salvador Alba y César García Otero, da por probado el acto ilícito, el pago irregular de las facturas, pero no ve indicios suficientes para corroborar que fue Águeda Montelongo quien dio la orden de pagar el alojamiento y el vehículo a los cargos orgánicos del PP con fondos públicos camuflando sus identidades bajo nombres falsos. “Es posible (y probable) que esta orden, indicación o sugerencia aconteciera tal y como sostiene la acusación pública, pero este grado de probabilidad deviene insuficiente para concluir a la Sala a la convicción necesaria para fundamentar una condena penal”, sostienen los magistrados en una resolución de 15 páginas.

En el juicio celebrado a principios de septiembre, el acusado Santiago Santana, que era el encargado de hacer las reservas y organizar los viajes en el Patronato, confesó que la presidenta del PP de Fuerteventura (partido en el que también militaba en ese momento) le había ordenado pagar esas facturas con dinero público. La Sala resta credibilidad al testimonio de Santana por las contradicciones entre lo que afirmó en la fase de instrucción y lo que manifestó en la vista oral. En el juzgado de Puerto del Rosario, el administrativo reconoció que existía un enfrentamiento con Montelongo y no afirmó de forma tajante que la orden provino de la presidenta insular, como sí hizo ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC, desmontando con ello la teoría del error -achacable al propio Santana- esgrimida por la ahora diputada en el Parlamento de Canarias.

Para el TSJC, la declaración de este acusado es un elemento “crucial” en la causa penal, puesto que, invocando la obediencia a su superiora (Montelongo era presidenta del Patronato de Turismo), “desvía su responsabilidad hacia ella”. Sin embargo, los jueces entienden que el testimonio de Santana constituye la única prueba incriminatoria hacia la dirigente popular y que de él “no puede establecerse que Montelongo diera las órdenes”.

La Sala también exculpa a la diputada conservadora porque “la mera firma de documentos contables (Montelongo daba el visto bueno a las facturas, según los hechos probados) no puede conducir a la conclusión de su conocimiento y voluntad respecto al irregular pago”. Es decir, que su firma en estos documentos no implica que conociera los hechos, a pesar de estar vinculada al PP, el mismo partido en el que militaban quienes se beneficiaron de los pagos de esas estancias, y de tener constancia de las visitas (“Se puede decir incluso que fue la promotora”). Sin embargo, el “relevante hecho” de que las facturas no estaban giradas a nombre los políticos del PP (la Fiscalía sostiene que las identidades fueron camufladas), de la “rutinaria y masiva” firma de documentos que tenía que acometer (unos 1.000 al año) y “la magra cantidad” de los gastos (un total de 1.346 euros) llevan a los magistrados a concluir que no se le puede atribuir a Montelongo la comisión de los tres delitos.

Con respecto a Santana, el TSJC precisa que, en el supuesto de haberse dirigido la acusación pública exclusivamente contra él, “quedaría condenado por su mera acción material de contratar y tramitar el irregular pago”. Sin embargo, también en este caso la Sala carece del “grado de convicción suficiente” para determinar que cometió un delito al realizar esas reservas a cargos del PP. Además existe una “imposibilidad técnica de condena”, ya que estaría “condicionada a la de cualquiera de los acusados o a ambos”.

También exculpa al tercer procesado, José Luis Cabrera Bonny, gerente del Patronato en la época de los hechos denunciados, al entender que su actuación, la firma del informe y de los documentos de pago, fue una “mera formalidad”. Los magistrados remarcan que Cabrera Bonny no mantenía ningún vínculo con el PP, que sus ausencias eran frecuentes, llegando a pasar hasta cuatro meses al año fuera de Fuerteventura asistiendo a ferias y congresos, y que el volumen de documentación que firmaba era ingente, al igual que Montelongo.

Caso Patronato

El caso Patronato fue destapado por Canarias Ahora en febrero de 2011. Fue un excompañero de Montelongo, Guillermo Concepción, que fue vicepresidente del Cabildo en esa época, quien llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción. En la sentencia hecha pública este viernes, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC insinúa que Concepción actuó “por despecho” hacia la presidenta insular del partido debido a que había sido expulsado del partido. La principal acusada y la dirección regional del PP se enrocaron desde el primer momento en la denominada teoría del error, según la cual la exclusiva responsabilidad de lo sucedido recaía en Santiago Santana, que en su momento  la asumió en un comunicado en el que admitía haber cometido errores al confundir facturas del partido con las del Patronato. Sin embargo, tras prestar declaración en sede judicial en marzo, negó haber enviado el escrito y aseguró que siempre actuó acatando órdenes de los superiores.

Son tres los pagos irregulares del caso Patronato a altos cargos del PP. El senador por Toledo Tomás Burgos Beteta y su mujer se alojaron en el Hotel Faro Jandía entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 2010 para participar en un acto del partido. Los 560 euros de esta estancia se cargaron al Patronato y se cambió el nombre del político por una referencia genérica a un grupo de periodistas del turoperador Sunway.

El organismo insular también pagó a Manuel Fernández, en esas fechas secretario general de los populares canarios, un coche de alquiler entre los días 24 y 27 de enero de 2010 por 92,82 euros. En el concepto de gasto no figuraba su nombre, sino el de un periodista del touroperador Apollo CET de Copenhague.

El Patronato también abonó la estancia en el Hotel Sheraton Fuerteventura Beach del diputado del PP Ramón Moreno Bustos y de Tomás Burgos Gallego, actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Los dirigentes populares permanecieron en la isla del 10 al 13 de abril de 2010 para participar en un acto del partido sobre pensiones. Sus identidades también fueron camufladas en las facturas (por un total de 699 euros) bajo los nombres de Michel Vieth, una actriz de telenovelas mexicana, y Britta Kuhlman, manager musical radicada en Hamburgo.

La teoría del error “material e involuntario” esgrimida por la presidenta del Partido Popular (PP) de Fuerteventura y diputada regional, Águeda Montelongo, durante la instrucción y el juicio del caso Patronato para explicar el pago con dinero público del Cabildo majorero de estancias de hotel de altos cargos de su formación política “se cae por su propio peso”.

Así al menos lo entiende el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, quien en su informe final ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desmontado los argumentos que han sustentado la defensa de la dirigente popular. Para el representante del Ministerio Público, la “abundante prueba documental” (reservas, facturas, correos..), corroborada con el relato de varios testigos y en especial de uno de los procesados, el auxiliar administrativo Santiago Santana, permite concluir que Montelongo abonó esas facturas con cargo a los fondos públicos y que además intentó dar “apariencia de legalidad” a su actuación camuflando las identidades de los políticos bajo nombres falsos.

“Difícilmente puede haber un error si se está intentando hacer pasar unas personas por otras”, ha aseverado Luis del Río, que mantiene su petición de cinco años y ocho meses de prisión para Montelongo y el exgerente del Patronato, José Luis Cabrera Bonny, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad de documento público. El fiscal sostiene que Santiago Santana fue cooperador necesario de esta malversación, por lo que pide una pena de un año y nueve meses o un año y seis meses de cárcel (en función del código penal que se aplique, el vigente en 2010 o el actual de 2015), pero le exime del cargo de falsedad.

En su exposición, ha defendido que el funcionario se limitaba a cumplir órdenes y que, aun poniendo en duda la verosimilitud de su relato por las contradicciones entre lo manifestado durante la instrucción y el juicio, “hay que tener en cuenta que lo declarado en el plenario es lo que coincide con los correos”, esto es, que efectuó las operaciones de acuerdo a las instrucciones dadas por la presidenta del PP de Fuerteventura.

El fiscal puso de manifiesto que los tres supuestos errores fueron “exactamente iguales”, que en todos ellos se abonaron gastos a personas de la misma formación política que Montelongo (el senador Tomás Burgos Beteta, los diputados nacionales Ramón Moreno Bustos y Tomás Burgos Gallego y el parlamentario regional Manuel Fernández) y que en los tres casos “se inserta en medio una persona inexistente”.

Para Del Río, “no es razonable” que Santiago Santana se inventara los correos porque “pudiera pensar que iba a acabar en un procedimiento penal” ni tampoco que lo hubiera planificado para dañar a Montelongo, pues entonces “lo lógico hubiera sido que desde el primer día que declaró fuera contundente y no pusiera paños calientes, que es lo que ha hecho hasta llegar al plenario, verse acusado y reconocer los hechos”. “¿Qué podía ganar él con invitar a estos cargos?”, se preguntó el fiscal, que recordó que los propios dirigentes del PP reconocieron que habían sido convidados por Montelongo.

La Justicia como “arma arrojadiza”

El abogado defensor de Montelongo, el ex fiscal general del Estado e histórico socialista Eligio Hernández, ha disparado en todas las direcciones en su extenso alegato final. En primer lugar, contra el denunciante, Guillermo Concepción, que en el momento de los hechos era vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura. Para Hernández, Concepción “ha utilizado la Justicia como arma arrojadiza” contra su representada. El letrado cuestionó que el político acudiera directamente a la Fiscalía cuando tuvo conocimiento de esas facturas y no a la Intervención, al propio Consejo Rector del Patronato o a la vía contencioso-administrativa.

“Para el político no existe presunción de inocencia, sino de culpabilidad. Son ellos los que están desprestigiando la política”, ha manifestado Hernández, quien además ha reprochado a Concepción que exigiera la documentación “después de iniciarse el juicio mediático y de que se reintegraran las cantidades”. Por ello, sostiene que el motivo de la denuncia es “estrictamente de enemistad política”. “Quería hundirla”, sentenció.

El abogado de Montelongo también ha arremetido contra los medios de comunicación y sus “juicios paralelos” y ha recordado, sin nombrarlo expresamente, el caso Icfem, cuya instrucción duró 17 años y los acusados fueron absueltos.

Las críticas también se han dirigido a la instrucción penal, a la que calificó de “heterodoxa y errática”, y al fiscal, a quien acusó de confundir la actuación de Montelongo como vicepresidenta del Patronato con la de presidenta del PP en Fuerteventura.

Hernández redujo el caso Patronato a un mero “error material” que quedó subsanado con la devolución del dinero. “Cuando hay un pago indebido, hay que restituir, nada más”, dijo el letrado. “No hay un sólo documento del que se haga responsable mi representada en el que haya una orden directa”, ha añadido Hernández, que ha censurado “los prejuicios de la instrucción penal”, que, en su opinión, obvió el núcleo del delito, esto es, “acreditar si fue la aforada quien ordenó hacer la reserva”.

El ex fiscal general del Estado terminó lamentando el “atroz sufrimiento” de Montelongo. “Aunque salga absuelta, nadie le puede quitar el estigma del deshonor”, concluyó.

Prescripción de la malversación

Por su parte, los abogados de Cabrera Bonny y de Santana, Alvaro Campanario y José de León, respectivamente, coincidieron en su apreciación de que el delito de malversación estaría prescrito al haber transcurrido más de tres años desde que se producen los hechos (2009-2010) hasta que tiene lugar la primera declaración como imputados (2014).

En su exposición final, el letrado del exgerente del Patronato trató de desvincular a su cliente del PP (“no es afiliado ni ha asistido a ningún acto del partido”) y defendió que Cabrera Bonny “nunca pudo conocer lo que se estaba tramitando como reserva fuera del expediente administrativo”. Además consideró “desproporcionada” la petición de penas de la Fiscalía para facturas de baja cuantía y argumentó que su representado no obtuvo ningún beneficio de estas actuaciones.

La defensa de Santiago Santana expuso que el procesado no era más que un auxiliar administrativo sin capacidad de decisión para invitar a los altos cargos del PP, que se limitaba a ejecutar órdenes y que sólo Montelongo pudo dar esas instrucciones.

Tras la sesión de este viernes, el juicio ha quedado visto para sentencia.

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Dos testigos propuestos por la defensa de Santiago Santana, uno de los acusados en el caso Patronato que juzga la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) , han corroborado en la sesión de este viernes que la presidenta del Partido Popular (PP) en Fuerteventura y actual diputada regional, Águeda Montelongo, y el secretario insular del partido, Carlos Figueroa, se reunieron en el año 2011 con Santana, entonces administrativo del organismo de promoción turística, para pedirle que se inculpara por el pago con dinero público de estancias de hotel y el alquiler de un coche a altos cargos del PP.

Marcelino Umpiérrez, expresidente del Comité Local del PP en La Oliva y exvocal de la Ejecutiva Insular de esta formación, ha explicado que después de que se hiciera público el caso, destapado por Canarias Ahora en febrero de 2011, Montelongo y Figueroa le convocaron a una reunión junto a Santiago Santana para abordar el asunto de las facturas.

En este encuentro, según la versión ofrecida en la vista por Umpiérrez (actualmente en Nueva Canarias), la presidenta del PP de Fuerteventura y en ese momento vicepresidenta del Patronato le propuso a Santana que enviara una nota de prensa a los medios de comunicación “dejando constancia de que había sido un error ocasionado por él”. La defensa de Montelongo durante todo el procedimiento penal se ha basado en la teoría del error “material e involuntario” del auxiliar administrativo.

“Fue una propuesta que nos cogió por sorpresa y Santiago se sintió incómodo. Cuando salimos, le recomendé que no lo hiciera”, ha declarado Umpiérrez, que fue la persona que postuló a Santana ante Montelongo para el puesto de auxiliar administrativo que había quedado vacante en el Patronato de Turismo en el año 2008.

Umpiérrez tuvo que ser apercibido en un momento de su declaración por el presidente de la Sala, Antonio Doreste (presidente del TSJC), al confundirse y decir que en esa reunión había participado José Luis Cabrera Bonny, exgerente del Patronato y también procesado, cuando quería referirse a Carlos Figueroa. “Le ruego que sea preciso, es muy importante y está bajo juramento”, la recordó el magistrado.

“Santiago me confirmó que sólo accedía a hacer las gestiones bajo órdenes de sus superiores, el gerente (del Patronato) y la consejera (de Turismo)”, aseveró Umpiérrez, que negó que Santana también organizara, al margen de su labor profesional en el Patronato, viajes de altos cargos del partido en su condición de militante del PP, como intentó acreditar la defensa de Montelongo para abundar en la teoría del error.

Por su parte, Ángela María Guerra, exsecretaria del PP en La Oliva y exvocal de la Ejecutiva Insular, también ratificó que el Comité Local informó no sólo de la convocatoria de la reunión entre Santana y la cúpula insular, sino también del resultado de la misma y de la propuesta para que el funcionario “cargara con las culpas” de lo sucedido.

También manifestó que Santana no formaba parte de la Ejecutiva Insular del partido, que correspondía a Montelongo como presidenta insular cursar las invitaciones a los dirigentes nacionales y que se había marchado del PP en abril de 2013 por “discrepancias con las formas de gobierno” de la actual diputada regional y Carlos Figueroa.

En la sesión de este viernes también compareció Alberto Álvarez, quien negó tener vinculación con los procesados a pesar de que en el momento de producirse los hechos era jefe de prensa de Montelongo y es colaborador de la agrupación local del PP en Puerto del Rosario. Propuesto por la defensa de la presidenta insular de la formación conservadora, Álvarez aseguró que encargó a Santiago durante los años 2007 y 2008 que reservara hoteles y organizara las visitas de dirigentes nacionales del partido a la isla, dada su experiencia en el Patronato de Turismo.

“Era compañero del partido y y por las tardes colaboraba para organizar los actos, ponerse en contacto con ellos (los dirigentes del PP) y preparar la logística”, relató Álvarez, que sostuvo que Santana era responsable de “cargos nacionales del Comité Local de campaña de La Oliva”. El tesigo dijo no recordar con qué dirigentes contactó ni si lo hizo con quienes aparecen en las tres facturas del Patronato objeto de la investigación (la estancia del senador por Toledo Tomás Burgos Beteta en el Hotel Sheraton, la de los diputados Ramón Moreno Bustos y Tomás Burgos Gallego en el Hotel Faro de Jandía y el coche de alquiler para Maniuel Fernández, exsecretario del PP en las Islas).

El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, ha solicitado este viernes en la segunda y ultima sesión del juicio por el caso Patronato una rebaja en la pena de prisión para uno de los acusados, Santiago Santana, que trabajó como auxiliar administrativo en el organismo de promoción turística del Cabildo de Fuerteventura entre 2008 y 2011. En la vista celebrada el jueves, Santana acusó a la presidenta del PP majorero, Águeda Montelongo, de ordenarle que hiciera unas reservas de hotel y alquiler de coches para destacados dirigentes del partido con cargo a las arcas de la institución insular.

De esta manera, de los cinco años y ocho meses de cárcel que pedía en su escrito de acusación, el Ministerio Público reduce la petición de pena a un año y nueve meses o un año y seis meses en función del Código Penal que se aplique, el vigente en 2010, fecha en la que se producen los hechos, o el actual, aprobado este mismo año.

El fiscal ha retirado los cargos de falsedad en documento público contra el extrabajador del Patronato de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, al que, no obstante, le sigue considerando cooperador necesario de la malversación, uno de los tres delitos por los que se encuentran procesados Montelongo y José Luis Cabrera Bonny, exgerente del organismo.

Las defensas han solicitado la absolución de los tres procesados,y la de Águeda Montelongo, ejercida por el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, ha reclamado que se estime como circunstancia atenuante la reparación del daño causado al entender que el PP subsanó de inmediato las facturas falseadas con el reintegro de las cantidades abonadas por el Patronato.

La Fiscalía mantiene para Montelongo y Cabrera Bonny la petición de cinco años y ocho meses de prisión por malversación, prevaricación y falsificación de documento público, acusados de haber amañado facturas para hacer pasar como viajes de promoción turística gastos de cargos públicos del Partido Popular.

De un “error material e involuntario” de un administrativo a una instrucción directa de Águeda Montelongo. Santiago Santana, uno de los acusados en el denominado caso Patronato, ha señalado este jueves a la presidenta del PP de Fuerteventura como la persona que le ordenó  reservar con cargo a las arcas del Cabildo majorero y con nombres falsos estancias de hotel y el alquiler de un coche a dirigentes regionales y nacionales del Partido Popular (PP). 

“Yo no me invento los nombres ni las reservas, me limito a cumplir órdenes”, ha manifestado Santana ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la primera sesión del juicio oral contra Montelongo, que fue consejera de Turismo del Cabildo y vicepresidenta del Patronato entre 2007 y 2010; José Luis Cabrera Bonny, exgerente del organismo, y el propio Santana, que ejercía en el mismo como auxiliar administrativo, por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento público. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cinco años y ocho meses de cárcel.

Frente a la teoría del error esgrimida con profusión en la fase de instrucción y en la vista oral por la líder del PP de Fuerteventura, Santana no sólo ha defendido que fue Montelongo quien le dio las instrucciones para hacer las reservas, sino que reveló que tres miembros del partido en Fuerteventura (la propia presidenta, Carlos Figueroa y Marcelino Umpiérrez) le pidieron, en una reunión celebrada después de que Canarias Ahora destapara el caso en febrero de 2011, que “hiciera un acto de contrición” y asumiera, a través del envío de una nota de prensa,  la responsabilidad de las irregularidades detectadas en las tres facturas del Patronato.

Santana, que en el momento de producirse los hechos (2009-2010) era afiliado del PP, empezó a trabajar en el Patronato de Turismo de Fuerteventura en 2008. Fue el entonces presidente del Comité Local del PP en La Oliva, Marcelino Umpiérrez, quien se lo propuso a Montelongo. “Hablé con la consejera, estaba buscando trabajo y tenía conocimientos turísticos. Me encargaba de la promoción interior”, esto es, de programar las visitas de periodistas y turoperadores a la isla.

Tanto el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, que ejerce de abogado defensor de Montelongo en este caso, como el juez Salvador Alba, uno de los magistrados que componen la Sala (los otros dos son Antonio Doreste, presidente del TSJC, y César García Otero), pusieron de manifiesto durante el interrogatorio las contradicciones con respecto a su testimonio durante la instrucción. Entonces no acusó a Montelongo de dar la orden para efectuar la reserva y manifestó que su relación con la consejera era “escasa, por no decir inexistente”. Santana ha alegado que en ese momento era presa del nerviosismo, que “no estaba acostumbrado a declarar” ante un juez y que fue posteriormente cuando “recapacitó” y recordó los detalles.

“Nunca hice una reserva para el PP al margen del Patronato”, contestó a la insinuación lanzada por Hernández de que pudo confundir los gastos del organismo de promoción turística del Cabildo con los del partido del que era afiliado y con el que colaboraba.

Cabe recordar que son tres las facturas que han dado pie a la investigación. La primera de ellas sirvió para pagar los 560 euros del alojamiento del senador por Toledo Tomás Burgos Beteta y de su mujer en el Hotel Faro Jandía entre el martes 30 de marzo y el sábado 3 de abril de 2010. En el expediente del Patronato se camufló el nombre del senador con una referencia genérica a un grupo de periodistas del turoperador Sunway.

La segunda implica a Manuel Fernández, entonces secretario general del PP canario,  a quien el Patronato pagó un coche de alquiler entre los días 24 y 27 de enero de 2010 por 92,82 euros. En el concepto de gasto no figuraba su nombre, sino el de un periodista del touroperador Apollo CET de Copenhague.

El Patronato también abonó la estancia en el Hotel Sheraton Fuerteventura Beach del diputado del PP Ramón Moreno Bustos y de Tomás Burgos Gallego, actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Los dirigentes populares permanecieron en la isla del 10 al 13 de abril de 2010 para participar en un acto del partido sobre pensiones. Sus identidades también fueron camufladas en las facturas (por un total de 699 euros) bajo los nombres de Michel Vieth, una actriz de telenovelas mexicana, y Britta Kuhlman, manager musical radicada en Hamburgo.

El aval de Intervención

Durante todo el interrogatorio al que fue sometida este jueves en el antiguo Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria (el caso es juzgado por el TSJC por su condición de aforada al ser diputada regional), Águeda Montelongo se encargó de repetir de forma insistente varios mensajes: sólo tuvo conocimiento de las irregularidades en las facturas “cuando salieron publicadas en la prensa”, firmó los informes que permitieron los pagos “con el aval de la Intervención” y se trató de “un error material e involuntario” que fue subsanado “de forma inmediata” con la restitución del dinero abonado. 

En relación a los correos electrónicos en los que Santana afirmaba realizar las reservas por orden o “compromisos” de la entonces consejera de Turismo, la presidenta del PP de Fuerteventura ha afirmado que “nunca” dio instrucciones para que se enviaran estos mensajes. “Los gastos (de la estancia de los altos cargos del PP en la Isla) los asumió el partido cuando conocimos que había un error”, manifestó Montelongo. Posteriormente, una trabajadora del departamento de Intervención del Cabildo que declaró como testigo apuntó que sólo tenía constancia de la devolución del importe de dos de las tres facturas, la del Hotel Faro Jandía y la del coche de alquiler.

Montelongo también aseguró que no tomaba personalmente la decisión de invitar a periodistas o turoperadores a Fuerteventura y que normalmente estas actuaciones de promoción venían “prestablecidas” del Gobierno de Canarias, a través de Promotur, de las Oficinas Españolas de Turismo (OET) o de operadores freelance. 

Sobre la implicación del exgerente Cabrera Bonny en los hechos, Montelongo explicó que, a pesar de que no era miembro del PP, fue propuesto por ella para el cargo, que de noviembre a febrero prácticamente no pisaba la isla porque acudía a distintas ferias turísticas por todo el mundo y que cuando volvía se encontraba con una ingente cantidad de documentación que firmar. “El control lo ejercía Intervención y los informes técnicos. Si alguien hubiese reparado en el error, nunca lo hubiéramos firmado”, ha aseverado la dirigente popular.

En la misma línea, Cabrera Bonny aseguró que se enteró de las irregularidades por la prensa y que nunca tuvo ninguna sospecha al respecto porque en los expedientes figuraban turoperadores con los que trabajaba habitualmente.

El juicio del caso Patronato, en el que se juzgará a la diputada del PP y exconsejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura Águeda Montelongo por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad, se celebrará los días 10 y 11 de septiembre.

Según han informado este martes fuentes del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), esos dos días son los elegidos para celebrar este juicio, en el que se juzgará, además, al exgerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura José Luis Cabrera y al extrabajador del ese organismo Santiago Santana.

En un principio, la Sala de lo Penal del TSJC había fijado la celebración de la vista para los días 27 y 28 de este mes, pero, fuentes de la defensa, han explicado que su aplazamiento se ha debido a que dos testigos, “imprescindibles” para el Ministerio Fiscal, avisaron de que se encontrarían fuera del país y no podrían acudir al juicio.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Montelongo supuestamente autorizó en el año 2010 que se abonaran diversas facturas con cargo a los fondos del Patronato de Turismo de Fuerteventura para pagar a cargos públicos del PP los gastos de hoteles de lujo y de alquiler de un vehículo en la isla.

Para ello, contó con la colaboración de los otros dos acusados, sostiene la acusación pública, que reclama para ella cinco años y ocho meses de prisión y, para sus colaboradores, penas de cinco años de cárcel.

Anticorrupción atribuye supuestos delitos de malversación y falsedad de documento público en concepto de autor a Cabrera y, a Santana, como cooperador necesario.

Además, para los tres imputados la Fiscalía reclama un periodo de seis años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público.

Según el fiscal, Montelongo, que era vicepresidenta del Patronato, actuó “dando apariencia” de que esos fondos se destinaban al pago de estancias de personas vinculadas a medios de comunicación de países extranjeros para promocionar el turismo en Fuerteventura.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la líder del Partido Popular en Fuerteventura, Águeda Montelongo, contra el auto que transformó en procedimiento abreviado las diligencias previas del llamado caso del patronato, según informa este jueves el periódico Canarias 7.

El fiscal había pedido el pasado mes de marzo una pena de 5 años y 8 meses de cárcel para la consejera electa del PP en el Cabildo de Fuerteventura como presunta autora de delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad por unos hechos ocurridos en 2010, cuando fue consejera del Turismo de la citada corporación. Sin embargo, la política popular había recurrido esta petición.

Tras haber sido desestimado el recurso presentado por la política popular, la Fiscalía Anticorrupción realizará la apertura de juicio oral contra Montelongo y los otros dos procesados en el conocido como caso Patronato: el exgerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, José Luis Cabrera y el extrabajador del ese organismo, Santiago Santana. 

En su escrito de acusación en el que el fiscal interesa la apertura de juicio oral, da por probados todos los hechos denunciados por Canarias Ahora en 2011. El caso Patronato tuvo como origen la denuncia de Guillermo Concepción, entonces vicepresidente del Cabildo por las listas del PP, que gobernó con Coalición Canaria en Fuerteventura entre 2007 y 2011. Al cabo de dos años, esa denuncia fue remitida desde un juzgado de la isla al TSJC, por la condición de aforada de Montelongo, diputada regional en el Parlamento de Canarias. 

La candidata del PP al Cabildo de Fuerteventura, Águeda Montelongo, ha dicho este viernes que no le coge de “sorpresa” la petición del fiscal de una pena de 5 años y 8 meses de cárcel por ser presunta autora de delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad cuando fue consejera del Turismo de la Corporación insular y ha adelantado que la recurrirá.

Montelongo, en declaraciones realizadas a la Cadena Ser, ha recordado que esa petición ya fue publicada “hace dos semanas por un periódico” local, algo que a ella le parece “un tanto extraño”.

“Estoy muy tranquila y centrada en esa campaña electoral, en devolver la ilusión a Fuerteventura porque se necesita una nueva forma de hacer política. El estado de derecho me lo permite, pues este procedimiento aún no ha culminado”, ha agregado.

La dirigente popular ha insistido en que no está de acuerdo con la petición del fiscal y que va a seguir luchando hasta el final, porque como consejera ni tramita facturas ni hace reservas ni cargos.

“Lo que sí hice fue ordenar, desde el momento que conocí el error, que se repusiera y se devolviera a los caudales públicos aquello que no se había hecho correctamente”, ha subrayado.

Montelongo ha especificado que se trata de una factura de unos 80 euros de un coche de alquiler y de otra de unos 560 euros por estancias de hotel.

“Sé que las personas que tramitaban esas facturas también colaboraban con el PP y que se le pidió que buscarán alguna oferta y precios. Ha sido un error involuntario de quien lo tramitó. Estoy convencida y, por lo tanto, tranquila porque no he hecho nada malo”, ha añadido.

La presidenta de los populares majoreros ha asegurado que afronta la campaña “con la máxima ilusión, como siempre”, aunque ha calificado como “triste” que retorne ahora este tema, como “en la pasada campaña, con las facturas para arriba y las facturas para abajo”.

“Ahora, cuatro años después, se vuelve con lo mismo. Es una pena, pero cuando tienes la tranquilidad de saber que no has hecho nada y de confiar plenamente en la justicia... El procedimiento seguirá su curso y, cuando llegue al final, estoy convencida de que todo se esclarecerá”, ha agregado.

Águeda Montelongo ha recordado que cuando ella autorizó y dio el visto bueno al pago en ningún momento las facturas ponen el nombre del PP y que sí le llegó “un informe técnico favorable de la Intervención”.

“Lo hice desde la buena fe, las facturas pertenecían a personas extranjeras por un viaje de familiarización turística. Sí estuvieron en Fuerteventura en esas fechas, eso es algo que no ha tenido en cuenta en el procedimiento y, de hecho, las partes hemos pedido esas pruebas”, ha señalado.

La dirigente popular considera que es una “lástima” que el fiscal no aceptara el que se demostrara esas pruebas: “No nos ha aceptado ampliar las diligencias para demostrar que esos operadores turísticos si vinieron a la isla y lo tendremos que contar cuando llegue el momento”.

Este viernes se conoció que el fiscal pide una pena de 5 años y 8 meses de cárcel para la candidata del PP al Cabildo de Fuerteventura como presunta autora de delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad por unos hechos ocurridos en 2010, cuando fue consejera del Turismo de la citada corporación.

En un informe remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Fiscalía Anticorrupción interesa la apertura de juicio oral contra Águeda Montelongo, y los otros dos procesados en el conocido como caso Patronato: el exgerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, José Luis Cabrera y el extrabajador del ese organismo, Santiago Santana.

El Comité Electoral del PP canario ha designado este viernes como cabeza de lista al Cabildo de Fuerteventura a la presidenta del partido en la isla, Águeda Montelongo, quien está pendiente de ser juzgada por haber pagado con dinero público del Cabildo majorero estancias de hotel de políticos de su partido dentro del caso Patronato, destapado por Canarias Ahora en 2011.

Hace menos de un mes la juez instructora del caso Patronato, Carla Bellini, había decidido transformar la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias -Montelongo es también diputada regional y, por tanto, aforada- en procedimiento abreviado al considerar que existen indicios de falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos públicos en sus actuaciones cuando presidía el Patronato de Turismo majorero entre los años 2007 y 2010.

Durante ese periodo, Montelongo ocultó con nombres falsos los nombres del actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego, o el portavoz adjunto en el Senado del grupo popular, Tomás Burgos Beteta por el de periodistas inexistentes o actrices de culebrones mexicanos que habrían viajado a Fuerteventura para promocionar el destino turístico en los mercados del Norte de Europa. 

La juez estima que hay indicios suficientes para que se procese a la presidenta del PP de Fuerteventura en un caso denunciado por el anterior vicepresidente del Cabildo y exmilitante del PP, Guillermo Concepción. No obstante, Montelongo siempre ha aprovechado sus intervenciones ante los medios para declarar su tranquilidad e interés en “tener la oportunidad” de defenderse.

Las defensas han recurrido el auto de Carla Bellini ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a lo que el ministerio fiscal se ha opuesto, por lo que en breves fechas se procederá a calificar los hechos, tanto por el ministerio público en su acusación como por las defensas. Los delitos a los que se enfrenta Águeda Montelongo, sobre todo la falsificación de esas facturas en documento público, acarrean penas de cárcel de entre tres y seis años.

En la jornada de este viernes también se ha nombrado a Claudio Gutiérrez como candidato al Ayuntamiento de La Oliva y a Jessica de León en Puerto del Rosario.

Hay indicios suficientes de delitos para procesar a la presidenta del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, por la falsificación de facturas durante su etapa al frente del Patronato de Turismo del Cabildo majorero (2007-2010), que incluyeron estancias gratuitas de altos cargos nacionales del PP como el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego, o el portavoz adjunto en el Senado, Tomás Burgos Beteta, con nombres falsos.

Así lo entiende la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, que ha pedido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la transformación de la causa en procedimiento abreviado, la fase intermedia de la instrucción penal previa a la apertura de juicio oral, si así lo decretara la juez instructora, Carla Bellini. La Sala aún no ha resuelto la petición de incoar P.A. por parte del fiscal Luis Del Río y tanto puede dar traslado a las partes para que acto seguido preparen sus escritos de acusación y de defensa, como no ver indicios y archivar de oficio.

Pero para el Ministerio Público, sí hay motivos para continuar con la causa y acusar a la líder del PP majorero y diputada autonómica, imputada por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público junto al entonces gerente del Patronato, José Luis Cabrera Bonny, y un administrativo al que desde el PP se le quiso señalar como responsable de las facturas falsas “por error” de los dirigentes nacionales hospedados en la isla, en actos del partido cargados al organismo autònomo del Cabildo durante el gobierno CC-PP.

El caso Patronato, destapado en 2011 por CanariasAhora, tuvo como origen la denuncia del entonces dirigente del PP y vicepresidente del Cabildo, Guillermo Concepción, que solo dos años después fue remitida desde un juzgado de la isla al TSJC, por la condición de aforada de Montelongo. Durante la instrucción en el alto tribunal canario, los imputados han mantenido que camuflar las identidades de políticos nacionales del PP bajo nombres de una actriz mexicana de culebrones o una productora musical alemana se debió a un “error”.

Tomás Burgos Gallego acudió en abril de 2010, junto al también diputado nacional Ramón Moreno Bustos, a un acto del PP sobre pensiones en la Universidad Popular de Puerto del Rosario. Los diputados por Valladolid y Zaragoza se alojaron en el Hotel Sheraton, entre el viernes 9 y el lunes 12 de abril. Se registraron con sus nombres en las habitaciones 462 y 463 del lujoso establecimiento de Caleta de Fuste, cercano al aeropuerto majorero.

Sin embargo, al remitir el hotel las facturas al Patronato de Turismo, sus nombres fueron suprimidos y el coste total de 693 euros se consignó a dos supuestas periodistas alemanas de la inexistente revista ZDF, cuyos nombres, Michel Viet y Britta Kuhlmann, corresponden a una actriz mexicana de culebrones famosa en la época por protagonizar un vídeo casero de contenido pornográfico, y a una supuesta productora musical de Hamburgo. Ambas venían, según el justificante del Patronato, a promocionar en su presunta revista la isla.

En el caso de Tomás Burgos Beteta, también por las mismas fechas -Semana Santa de 2010- se hospedó junto a su esposa recientemente fallecida y relacionada con el caso Gürtel en el hotel Faro de Jandía, de la costa sur de la isla. Lo hicieron con sus nombres, del 30 de marzo al 3 de abril. A la hora de cargar la factura, el establecimiento propiedad del dirigente del PP y amigo personal del ministro José Manuel Soria, Mario Romero Mur, la remitió también al Patronato, donde fueron borrados sus nombres por un genérico touroperador Sunway.

De nuevo, la promoción turística de la isla por medio de la invitación de periodistas europeos especializados figura como la justificación para cargar a las arcas públicas 560 euros de la estancia del portavoz adjunto del PP en el Senado y su esposa, al igual que con el exsecretario general del PP canario Manuel Fernández, por el alquiler de un coche utilizado durante el fin de semana de noviembre de 2009 en el que se celebró el Congreso Insular del PP que convirtió en presidenta del partido en la isla a Águeda Montelongo.

A lo largo de la instrucción ya prácticamente concluida, la documental publicada en su día por este periódico con las facturas trucadas, así como testimonios de técnicos y empleados del Patronato de Turismo que han asegurado a la Sala que tanto el gerente Cabrera Bonny como la presidenta Águeda Montelongo eran quienes daban las instrucciones de pago y qué nombres debían figurar en las facturas y las correspondientes retenciones de crédito y los informes técnicos justificativos, han arrojado suficientes indicios como para continuar con la causa.

Las trabajadoras del Patronato de Turismo de Fuerteventura que comparecieron como testigos del Caso Patronato ante la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Carla Bellini, y el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, han asegurado que recibían órdenes del entonces gerente, José Luis Cabrera, para la tramitación de la solicitud de retención de crédito y la redacción del informe técnico, que “él mismo nos dictaba”.

Según recoge el periódico La Provincia, la interventora del Cabildo de Fuerteventura, Dolores Miranda, la técnico del Patronato de Turismo, Flor Falcón, y las auxiliares administrativas Noelia Mederos y Angélica Montelongo, tuvieron que asistir este lunes a declarar sobre sus funciones. Falcón, Mederos y Montelongo citaron ante la magistrada Bellini que era Cabrera quien daba a conocer el nombre de las personas que viajaban a la Isla, el concepto del traslado y la justificación del gasto para la petición de la retención de crédito, que “luego firmaba el propio gerente y la consejera de Turismo, Águeda Montelongo”.

Además, añadieron, que el informe técnico también llevaba las rúbricas de las mismas personas. Por su parte, Dolores Miranda aseguró que se autorizaban los pagos siguiendo el procedimiento administrativo habitual “previa petición del Patronato de Turismo y avalado por el informe técnico del gerente”.

El caso de las facturas falsas en el Patronato de Turismo fue destapado en febrero de 2011 por Canarias Ahora y fue posteriormente denunciado por el exconsejero del PP en el Cabildo de Fuerteventura Guillermo Concepción, a quien le llegó por medio de “un amigo que trabaja en un hotel”. La investigación ha pasado de los juzgados de Puerto del Rosario al TSJC por el aforamiento de Montelongo.

Fueron tres los gastos concretos del partido cargados al Patronato de Turismo. Dos de ellos vinieron avalados por informes firmados el mismo día -16 de abril de 2010- por el entonces gerente del organismo, José Luis Cabrera Bonny (despedido tras conocerse los hechos) y Águeda Montelongo.

La primera factura sirvió para pagar el alojamiento del senador por Toledo Tomás Burgos Beteta y su esposa en el Hotel Faro Jandía entre el martes 30 de marzo y el sábado 3 de abril de 2010. El coste de esta estancia ascendió a 560 euros y, pese a que en el documento original aparecía el nombre del senador, en el expediente de pago del Patronato se camufló con una referencia genérica a un grupo de periodistas del touroperador Sunway.  

La segunda implica al diputado canario Manuel Fernández, a quien el Patronato pagó un coche de alquiler entre los días 24 y 27 de enero de 2010 por 92,82 euros. En el concepto de gasto no figuraba el nombre del parlamentario, sino el de un periodista del touroperador Apollo CET de Copenhague. Fernández ha afirmado este miércoles que el partido ya ha devuelto el dinero.

El Patronato de Turismo de Fuerteventura también abonó el alojamiento en el Hotel Sheraton Fuerteventura Beach a dos diputados del PP, Ramón Moreno Bustos y Tomás Burgos Gallego, actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Los altos cargos populares habían acudido a la isla del 10 al 13 de abril de 2010 para participar en un acto del partido sobre pensiones. El hospedaje de ambos, un total de 693 euros, se cargó a las arcas públicas. Para ello, se trucaron las facturas con los nombres de supuestos periodistas de la inexistente revista alemana ZDF (es una televisión pública). Las identidades falsas que aparecían en las retenciones de pago eran las de Michel Vieth, una actriz de telenovelas mexicana, y Britta Kuhlman, manager musical radicada en Hamburgo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha reclamado al Patronato de Turismo de Fuerteventura información sobre los nombres falsos bajo los que se camuflaron estancias de hotel en la isla de dos altos cargos del PP en 2010, el actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego, y el portavoz adjunto del grupo popular en el Senado, Tomás Burgos Beteta.

La jueza instructora del caso Patronato, una investigación abierta a la presidenta del organismo autónomo de Turismo del Cabildo de Fuerteventura en 2010 y líder del PP en la isla, Águeda Montelongo, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, quiere saber si los nombres de Britta Kuhlmann y Michel Viet constan en los archivos o expedientes del Patronato “como periodistas especializados en la promoción turística de Fuerteventura, e igualmente se informe si se les abonó alguna subvención”.

En oficio fechado el 25 de noviembre pasado, la magistrada Carla Bellini, que trece días antes ya había tomado declaración a Águeda Montelongo en calidad de imputada, avanza así con la investigación de un caso destapado en 2011 por Canarias Ahora y llevado a la Fiscalía por el entonces vicepresidente del Cabildo, Guillermo Concepción, al detectar que Águeda Montelongo cargaba a las arcas públicas del Cabildo estancias de hotel para actos del PP de sus diputados nacionales, como lo era entonces Tomás Burgos Gallego, y e incluso para vacaciones de Semana Santa, como las del senador Tomás Burgos Beteta.

Ambos fueron camuflados bajo indentidades que resultaron responder a la de una actriz de culebrones mexicana, Michel Viet, que saltó a la fama por aquellos días al circular por Internet un vídeo porno casero suyo, y de Britta Kuhlmann, nombre que responde al de una productora musical alemana, y no a la de dos periodistas especializadas en turismo que habían acudido a la isla para promocionar Fuerteventura, como se justifica en las órdenes de pago de sus gastos de hotel. En realidad ambas eran Burgos Gallego y Burgos Beteta.

Estos gastos de partido no justificados debidamente al haber sido derivados a un organismo público como el del Patronato son los que están bajo sospecha, aparte del alquiler de un coche por parte del diputado canario y entonces secretario general del PP regional, Manuel Fernández.

Las estancias de hotel del diputado y del senador coincidieron en el tiempo con actos del PP en la isla, tanto un congreso insular para elegir presidenta precisamente a Águeda Montelongo, como unas jornadas sobre Seguridad Social organizadas por el partido presidido por el ministro José Manuel Soria en la Universidad Popular de Puerto del Rosario.

Incluso una de ellas corresponde en el tiempo a las vacaciones de Semana Santa de 2010, en la que el senador Tomás Burgos Beteta estuvo en Fuerteventura con su esposa, después de un acto del partido en los días previos al largo puente festivo.

La jueza Bellini también quiere identificar a administrativos del Patronato, previsiblemente para ser llamados a declarar en calidad de testigos, así como quien ejercía como jefe del departamento de prensa de Turismo de Fuerteventura durante la etapa de gobierno del PP en el año de los viajes camuflados.

Hasta la fecha, el TSJC ha imputado a Águeda Montelongo, así como a su exgerente en el Patronato, José Luis Cabrera Bonny, ya que ambos firmaban los documentos oficiales de pago. Además, figura en la causa un cargo de confianza (de entonces) del PP, Santiago Santana, que en su día fue acusado por el Partido Popular de ser el responsable de estos nombres falsos, “por un error”.

“Hubo un error que se enmendó y ahora la Justicia debe decidir. He colaborado porque soy la principal interesada en que esto se esclarezca”. Visiblemente nerviosa a su salida del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, Águeda Montelongo, presidenta del Partido Popular en Fuerteventura y diputada regional, resumía de este modo las más de dos horas de declaración en calidad de imputada ante la juez de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) Carla Bellini -que ha sustituido a Fernando de Lorenzo por jubilación- por el denominado caso Patronato, que investiga el pago de vacaciones a altos cargos nacionales del PP con dinero público del Cabildo majorero.

Montelongo salía de los juzgados pasadas las dos de la tarde con una sonrisa en la boca y tratando de sortear a los periodistas que se agolpaban en la puerta. Tras recorrer varios metros y ante la insistencia de los profesionales de los medios de comunicación, la diputada regional se detuvo un momento para volver a decir que todo se debió a un error, la teoría que ha esgrimido el PP desde que Canarias Ahora destapara el caso en febrero de 2011.

“Después de cuatro años he tenido la oportunidad de defenderme”, ha manifestado Montelongo, a la que se le imputan los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. La diputada firmó, junto al entonces gerente del Patronato, José Luis Cabrera Bonny, los informes que justificaban los pagos camuflados a los cargos del PP. Según ha podido saber este periódico, Montelongo ha alegado que lo hizo “sin darse cuenta de a quién correspondían” y que “normalmente no se dedicaba a comprobar lo que firmaba”, salvo que el importe fuera muy elevado.

La teoría del error carga las tintas contra el exasesor de Montelongo Santiago Santana, que en su momento asumió la responsabilidad en un comunicado en el que admitía haber cometido errores al confundir facturas del partido con las del Patronato. Sin embargo, tras prestar declaración en sede judicial en marzo, negó haber enviado el escrito y aseguró que siempre actuó acatando órdenes de los superiores.

Este miércoles también ha declarado ante la juez en calidad de testigo Manuel Fernández, diputado del PP y en el momento de los hechos secretario general de la formación conservadora. Fernández defendió que el partido había devuelto el dinero que cargó al Patronato de Turismo del Cabildo de Fuerteventura para un coche de alquiler durante una estancia del parlamentario en la isla.

Gastos del PP cargados al Patronato

El caso de las facturas falsas en el Patronato de Turismo fue denunciado por el exconsejero del PP en el Cabildo de Fuerteventura Guillermo Concepción, a quien le llegó por medio de “un amigo que trabaja en un hotel”. La investigación ha pasado de los juzgados de Puerto del Rosario al TSJC por el aforamiento de Montelongo.

Fueron tres los gastos concretos del partido cargados al Patronato de Turismo. Dos de ellos vinieron avalados por informes firmados el mismo día -16 de abril de 2010- por el entonces gerente del organismo, José Luis Cabrera Bonny (despedido tras conocerse los hechos) y Águeda Montelongo.

La primera factura sirvió para pagar el alojamiento del senador por Toledo Tomás Burgos Beteta y su esposa en el Hotel Faro Jandía entre el martes 30 de marzo y el sábado 3 de abril de 2010. El coste de esta estancia ascendió a 560 euros y, pese a que en el documento original aparecía el nombre del senador, en el expediente de pago del Patronato se camufló con una referencia genérica a un grupo de periodistas del touroperador Sunway.

La segunda implica al diputado canario Manuel Fernández, a quien el Patronato pagó un coche de alquiler entre los días 24 y 27 de enero de 2010 por 92,82 euros. En el concepto de gasto no figuraba el nombre del parlamentario, sino el de un periodista del touroperador Apollo CET de Copenhague. Fernández ha afirmado este miércoles que el partido ya ha devuelto el dinero.

El Patronato de Turismo de Fuerteventura también abonó el alojamiento en el Hotel Sheraton Fuerteventura Beach a dos diputados del PP, Ramón Moreno Bustos y Tomás Burgos Gallego, actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Los altos cargos populares habían acudido a la isla del 10 al 13 de abril de 2010 para participar en un acto del partido sobre pensiones. El hospedaje de ambos, un total de 693 euros, se cargó a las arcas públicas. Para ello, se trucaron las facturas con los nombres de supuestos periodistas de la inexistente revista alemana ZDF (es una televisión pública). Las identidades falsas que aparecían en las retenciones de pago eran las de Michel Vieth, una actriz de telenovelas mexicana, y Britta Kuhlman, manager musical radicada en Hamburgo.