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Caso Patronato

El TSJC absuelve a la presidenta del PP de Fuerteventura en plena campaña electoral

La Sala de lo Civil y lo Penal considera que no hay indicios suficientes para corroborar que fue Águeda Montelongo quien dio la orden para realizar los pagos de viajes de políticos del PP con dinero público

Para los magistrados, "la mera firma" de un documento (el visto bueno a las facturas) no implica conocer los hechos

El fallo también absuelve a los otros dos acusados: José Luis Cabrera Bonny, exgerente del Patronato, y Santiago Santana, administrativo a quien Montelongo responsabilizó del "error"

La sentencia de la Sala llega tres meses después de la finalización del juicio

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La presidenta del PP de Fuerteventura Águeda Montelongo declara por el caso Patronato. Al fondo, José Luis Cabrera Bonny, exgerente del Patronato (ALEJANDRO RAMOS)

La presidenta del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, en su declaración por el caso Patronato. Al fondo, José Luis Cabrera Bonny, exgerente del Patronato (ALEJANDRO RAMOS)

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha absuelto a la presidenta del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental por los que la Fiscalía solicitaba para ella cinco años y ocho meses de prisión en el denominado caso Patronato, que investigaba el pago de estancias de hotel a diputados nacionales de su partido y el alquiler de un vehículo a Manuel Fernández, secretario general de los conservadores en Canarias en el momento de los hechos (2009-2010), con cargo a las arcas del Patronato de Turismo de la isla. 

La sentencia del TSJC llega justo cuando se cumplen tres meses de la finalización del juicio y en plena campaña electoral, a apenas nueve días de que se celebren los comicios

También han sido absueltos los otros dos acusados en este caso: José Luis Cabrera Bonny, exgerente del Patronato, para quien el Ministerio Público pedía la misma pena que para Montelongo, y Santiago Santana, que trabajó como administrativo en el organismo y que se enfrentaba a un máximo de un año y nueve meses de cárcel como cooperador necesario del delito de malversación.

La Sala, presidida por Antonio Doreste y completada por Salvador Alba y César García Otero, da por probado el acto ilícito, el pago irregular de las facturas, pero no ve indicios suficientes para corroborar que fue Águeda Montelongo quien dio la orden de pagar el alojamiento y el vehículo a los cargos orgánicos del PP con fondos públicos camuflando sus identidades bajo nombres falsos. "Es posible (y probable) que esta orden, indicación o sugerencia aconteciera tal y como sostiene la acusación pública, pero este grado de probabilidad deviene insuficiente para concluir a la Sala a la convicción necesaria para fundamentar una condena penal", sostienen los magistrados en una resolución de 15 páginas.

En el juicio celebrado a principios de septiembre, el acusado Santiago Santana, que era el encargado de hacer las reservas y organizar los viajes en el Patronato, confesó que la presidenta del PP de Fuerteventura (partido en el que también militaba en ese momento) le había ordenado pagar esas facturas con dinero público. La Sala resta credibilidad al testimonio de Santana por las contradicciones entre lo que afirmó en la fase de instrucción y lo que manifestó en la vista oral. En el juzgado de Puerto del Rosario, el administrativo reconoció que existía un enfrentamiento con Montelongo y no afirmó de forma tajante que la orden provino de la presidenta insular, como sí hizo ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC, desmontando con ello la teoría del error -achacable al propio Santana- esgrimida por la ahora diputada en el Parlamento de Canarias.

Para el TSJC, la declaración de este acusado es un elemento "crucial" en la causa penal, puesto que, invocando la obediencia a su superiora (Montelongo era presidenta del Patronato de Turismo), "desvía su responsabilidad hacia ella". Sin embargo, los jueces entienden que el testimonio de Santana constituye la única prueba incriminatoria hacia la dirigente popular y que de él "no puede establecerse que Montelongo diera las órdenes".

La Sala también exculpa a la diputada conservadora porque "la mera firma de documentos contables (Montelongo daba el visto bueno a las facturas, según los hechos probados) no puede conducir a la conclusión de su conocimiento y voluntad respecto al irregular pago". Es decir, que su firma en estos documentos no implica que conociera los hechos, a pesar de estar vinculada al PP, el mismo partido en el que militaban quienes se beneficiaron de los pagos de esas estancias, y de tener constancia de las visitas ("Se puede decir incluso que fue la promotora"). Sin embargo, el "relevante hecho" de que las facturas no estaban giradas a nombre los políticos del PP (la Fiscalía sostiene que las identidades fueron camufladas), de la "rutinaria y masiva" firma de documentos que tenía que acometer (unos 1.000 al año) y "la magra cantidad" de los gastos (un total de 1.346 euros) llevan a los magistrados a concluir que no se le puede atribuir a Montelongo la comisión de los tres delitos.

Con respecto a Santana, el TSJC precisa que, en el supuesto de haberse dirigido la acusación pública exclusivamente contra él, "quedaría condenado por su mera acción material de contratar y tramitar el irregular pago". Sin embargo, también en este caso la Sala carece del "grado de convicción suficiente" para determinar que cometió un delito al realizar esas reservas a cargos del PP. Además existe una "imposibilidad técnica de condena", ya que estaría "condicionada a la de cualquiera de los acusados o a ambos".

También exculpa al tercer procesado, José Luis Cabrera Bonny, gerente del Patronato en la época de los hechos denunciados, al entender que su actuación, la firma del informe y de los documentos de pago, fue una "mera formalidad". Los magistrados remarcan que Cabrera Bonny no mantenía ningún vínculo con el PP, que sus ausencias eran frecuentes, llegando a pasar hasta cuatro meses al año fuera de Fuerteventura asistiendo a ferias y congresos, y que el volumen de documentación que firmaba era ingente, al igual que Montelongo.

Caso Patronato

El caso Patronato fue destapado por Canarias Ahora en febrero de 2011. Fue un excompañero de Montelongo, Guillermo Concepción, que fue vicepresidente del Cabildo en esa época, quien llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción. En la sentencia hecha pública este viernes, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC insinúa que Concepción actuó "por despecho" hacia la presidenta insular del partido debido a que había sido expulsado del partido. La principal acusada y la dirección regional del PP se enrocaron desde el primer momento en la denominada teoría del error, según la cual la exclusiva responsabilidad de lo sucedido recaía en Santiago Santana, que en su momento  la asumió en un comunicado en el que admitía haber cometido errores al confundir facturas del partido con las del Patronato. Sin embargo, tras prestar declaración en sede judicial en marzo, negó haber enviado el escrito y aseguró que siempre actuó acatando órdenes de los superiores.

Son tres los pagos irregulares del caso Patronato a altos cargos del PP. El senador por Toledo Tomás Burgos Beteta y su mujer se alojaron en el Hotel Faro Jandía entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 2010 para participar en un acto del partido. Los 560 euros de esta estancia se cargaron al Patronato y se cambió el nombre del político por una referencia genérica a un grupo de periodistas del turoperador Sunway.

El organismo insular también pagó a Manuel Fernández, en esas fechas secretario general de los populares canarios, un coche de alquiler entre los días 24 y 27 de enero de 2010 por 92,82 euros. En el concepto de gasto no figuraba su nombre, sino el de un periodista del touroperador Apollo CET de Copenhague.

El Patronato también abonó la estancia en el Hotel Sheraton Fuerteventura Beach del diputado del PP Ramón Moreno Bustos y de Tomás Burgos Gallego, actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Los dirigentes populares permanecieron en la isla del 10 al 13 de abril de 2010 para participar en un acto del partido sobre pensiones. Sus identidades también fueron camufladas en las facturas (por un total de 699 euros) bajo los nombres de Michel Vieth, una actriz de telenovelas mexicana, y Britta Kuhlman, manager musical radicada en Hamburgo.

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