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Montelongo quiere que los majoreros paguen a su abogado por el caso Patronato

La portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Fuerteventura reclama los gastos del caso por el que estuvo acusada de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental

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La presidenta del PP de Fuerteventura Águeda Montelongo declara por el caso Patronato. Al fondo, José Luis Cabrera Bonny, exgerente del Patronato (ALEJANDRO RAMOS)

La presidenta del PP de Fuerteventura Águeda Montelongo declarando por el caso Patronato. Al fondo, José Luis Cabrera Bonny, exgerente del Patronato (ALEJANDRO RAMOS)

La presidenta del Partido Popular (PP) en Fuerteventura y portavoz del grupo popular en el Cabildo majorero, Águeda Montelongo, ha solicitado a la Administración insular 15.000 euros para pagar los honorarios de su abogado por el denominado caso Patronato, del que resultó absuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El TSJC absolvió a Montelongo  en plena campaña electoral  de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental por los que la Fiscalía solicitaba para ella cinco años y ocho meses de prisión. 

El caso  investigaba el pago - hecho cuando ella ocupaba el cargo de consejera insular de Turismo - de estancias de hotel a diputados nacionales de su partido y el alquiler de un vehículo a Manuel Fernández, secretario general de los conservadores en Canarias en el momento de los hechos (2009-2010), con cargo a las arcas del Patronato de Turismo de la isla. 

La Sala, presidida por Antonio Doreste y completada por Salvador Alba y César García Otero, dio por probado el acto ilícito y el pago irregular de las facturas, pero no vio indicios suficientes para corroborar que fue Águeda Montelongo quien dio la orden de pagar el alojamiento y el vehículo a los cargos orgánicos del PP con fondos públicos camuflando sus identidades bajo nombres falsos.

Según publica La Provincia, ahora la portavoz del PP reclama 15.000 euros al Cabildo para cubrir los honorarios de su letrado, una posibilidad que avala un informe de los Servicios Jurídicos de la Administración majorera. 

La institución insular, señala el diario canario, elevará a la consideración del pleno que se celebrará el próximo lunes la habilitación de una partida presupuestaria destinada a la defensa jurídica de los consejeros, siempre que la misma se desarrolle dentro del ejercicio de sus cargos o funciones.

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