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La presidenta del PP de Fuerteventura será juzgada por pagar con dinero público viajes del partido

La juez ve indicios de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento público en las facturas trucadas del caso Patronato

Como había solicitado Anticorrupción, cierra la instrucción y convierte la causa en procedimiento abreviado para abrir la fase del juicio oral contra Montelongo

Las defensas todavía pueden recurrir ante la Sala de lo Penal del TSJC el auto de transformación en PA dictado por la magistrada Carla Bellini

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Águeda Montelongo, junto a José Manuel Soria y Tomás Burgos Gallego en Fuerteventura.

Águeda Montelongo, junto a José Manuel Soria y Tomás Burgos Gallego en Fuerteventura.

Águeda Montelongo, presidenta del PP de Fuerteventura, será juzgada en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por haber pagado con dinero público del Cabildo majorero estancias de hotel de políticos de su partido, como el actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego, o el portavoz adjunto en el Senado del grupo popular, Tomás Burgos Beteta.

Tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, la juez instructora del caso Patronato, Carla Bellini, ha decidido transformar la causa en procedimiento abreviado al considerar que existen indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos en sus actuaciones al frente del Patronato de Turismo de la isla (2007-2010), cuando ocultó con nombres falsos -y habría cometido por ello también falsedad en documento público, como así recoge el auto de transformación en PA- los de sus correligionarios de partido por el de periodistas inexistentes que habrían viajado a Fuerteventura para promocionar el destino turístico en los mercados del Norte de Europa.

El fiscal provincial Anticorrupción Luis Del Río ya había interesado la apertura de esta fase intermedia previa al juicio oral, para poder formular su acusación contra Montelongo, el ex gerente del Patronato José Luis Cabrera Bonny y un administrativo, Santiago Santana, que van camino del banquillo en el alto tribunal canario.

Ahora, la juez secunda la petición del Ministerio Público y estima que hay indicios suficientes, como era de prever tras la postura tomada por el fiscal, para que se procese a la presidenta del PP de Fuerteventura en un caso denunciado por el anterior vicepresidente del Cabildo y exmilitante del PP, Guillermo Concepción. "No ha habido pruebas de que diera instrucciones para falsear las facturas. Todo ha sido un error", ha dicho Montelongo a La Provincia.

A los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos se añade un tercero, de falsedad en documento público, según han confirmado este jueves a CanariasAhora fuentes judiciales. Las defensas pueden recurrir el auto de Carla Bellini ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que retrasaría aún más la apertura formal de juicio oral, dada la intención del ministerio público de acusar a la presidenta del PP por los tres delitos señalados.

El caso Patronato, destapado en 2011 por CanariasAhora, tuvo como origen la denuncia de Guillermo Concepción, que al cabo de dos años fue remitida desde un juzgado de la isla al TSJC, en verano de 2013, por la condición de aforada de Montelongo. Durante la instrucción en el alto tribunal canario, los imputados han mantenido que camuflar las identidades de políticos nacionales del PP bajo nombres de una actriz mexicana de culebrones o una productora musical alemana se debió a un "error", como vuelve a sostener la presidenta del PP.

Tomás Burgos Gallego acudió en abril de 2010, junto al también diputado nacional Ramón Moreno Bustos, a un acto del PP sobre pensiones en la Universidad Popular de Puerto del Rosario. Los diputados por Valladolid y Zaragoza se alojaron en el Hotel Sheraton, entre el viernes 9 y el lunes 12 de abril. Se registraron con sus nombres en las habitaciones 462 y 463 del lujoso establecimiento de Caleta de Fuste, cercano al aeropuerto majorero.

Sin embargo, al remitir el hotel las facturas al Patronato de Turismo, sus nombres fueron suprimidos y el coste total de 693 euros se consignó a dos supuestas periodistas alemanas de la inexistente revista ZDF, cuyos nombres, Michel Viet y Britta Kuhlmann, corresponden a una actriz mexicana de culebrones famosa en la época por protagonizar un vídeo casero de contenido pornográfico, y a una supuesta productora musical de Hamburgo. Ambas venían, según el justificante del Patronato, a promocionar en su presunta revista la isla.

En el caso de Tomás Burgos Beteta, también por las mismas fechas -Semana Santa de 2010- se hospedó junto a su esposa recientemente fallecida y relacionada con el caso Gürtel en el hotel Faro de Jandía, de la costa sur de la isla. Lo hicieron con sus nombres, del 30 de marzo al 3 de abril. A la hora de cargar la factura, el establecimiento propiedad del dirigente del PP y amigo personal del ministro José Manuel Soria, Mario Romero Mur, la remitió también al Patronato, donde fueron borrados sus nombres por un genérico touroperador Sunway.

De nuevo, la promoción turística de la isla por medio de la invitación de periodistas europeos especializados figura como la justificación para cargar a las arcas públicas 560 euros de la estancia del portavoz adjunto del PP en el Senado y su esposa, al igual que con el exsecretario general del PP canario Manuel Fernández, por el alquiler de un coche utilizado durante el fin de semana de noviembre de 2009 en el que se celebró el Congreso Insular del PP que convirtió en presidenta del partido en la isla a Águeda Montelongo.

A lo largo de la instrucción ya prácticamente concluida, la documental publicada en su día por este periódico con las facturas trucadas, así como testimonios de técnicos y empleados del Patronato de Turismo que han asegurado a la Sala que tanto el gerente Cabrera Bonny como la presidenta Águeda Montelongo eran quienes daban las instrucciones de pago y qué nombres debían figurar en las facturas y las correspondientes retenciones de crédito y los informes técnicos justificativos, han arrojado suficientes indicios como para continuar con la causa.

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