Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina y siendo la ciudad de Valencia la punta de lanza del 'sorpasso' de la coalición entre Podemos y Compromís al PSPV-PSOE, los socialistas han querido reivindicar con el intento de frenar la sangría de votos que les acecha las principales medidas adoptadas durante su primer año dentro del tripartito, junto con Compromís y València en Comú. Actuaciones que, según su líder en la ciudad, Joan Calabuig, han roto con la imagen de “corrupción, falta de sensibilidad social y despilfarro” que tenía Valencia con Rita Barberá en la alcaldía. Y todo desde “la moderación”.

Rehabilitación de los barrios. Si con el PP al frente del Ayuntamiento de Valencia había muchos barrios que quedaron relegados al olvido en favor del centro, las actuaciones urbanísticas elaboradas por la concejalía que dirige Vicent Sarrià van encaminadas a “un equilibrio en las inversiones”, según Calabuig. El plan para desbloquear la fachada marítima (una reivindicación histórica de los vecinos de Natzaret), el impulso del PAI del Grau o la dotación de equipamientos deportivos -en colaboración con el departamento que dirige la también socialista Maite Girau- han sido algunas de las medias mencionadas.

Reversión del PGOU. Calabuig también ha citado la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Valencia como una de las medidas destacadas realizada por el concejalía de Urbanismo. Y más después de que en la etapa del PP Barberá impulsó un PGOU que amenazaba la huerta. Pese a que el actual está aún en una fase muy preliminar, Sarrià anunció que “no agrediría la huerta” y que tendría vocación metropolitana.

Inversiones en El Cabanyal. Con Salvem El Cabanyal molesto por los retrasos en la rehabilitación del barrio degradado por la obsesión de Barberá de partir en dos el barrio para prolongar hasta el mar la avenida Blasco Ibañez, Calabuig ha querido reivindicar que “las inversiones en la barriada marítima pronto serán una realidad”. Para este verano está previsto que empiecen las primeras obras, fruto de la reasignación del dinero previsto para comprar casas.

Cambio de mentalidad en la policía. “La policía local ha pasado a tener una nueva cara más amable, con una actitud más preventiva y una visión más progresista”, ha defendido Calabuig, ensalzando la labor de la concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, situada como principal candidata a ocupar el liderazgo del partido en la ciudad. “Ahora se centra más en colectivos vulnerables como las víctimas del bullyng, de violencia machista, de racismo o otras minorías”, ha asegurado.

Mejora de los ingresos y reducción de la deuda. El líder de los socialistas de la ciudad -que ha estado arropado de los otros ediles que componen el grupo municipal- ha destacado también la reducción de la deuda y de los días que tarda el Ayuntamiento a pagar a sus proveedores. Y, además, ha asegurado que “no se van a subir los impuestos más”, aunque desde la concejalía que dirige Ramón Vilar sí que se van a mejorar los ingresos a través de dos métodos: mayor inspección y mejora de la gestión.

Como muchos barrios situados al sur de Valencia,Sant Marcel·lí tenía todas las papeletas para convertirse en un barrio degradado. Pero gracias al tesón de los vecinos se ha evitado que la barriada que construyó el arzobispo Marcelino Olaechea corriera semejante suerte. Ahora, con un gobierno progresista al frente del Ayuntamiento de Valencia, la sensibilidad con sus necesidades para ser distinta.

La asociación de vecinos de Sant Marcel·lí ha presentado este miércoles un plan para convertirse en un 'ecobarrio', un proyecto de regeneración urbana que sirve, además, para combatir la posible huella ecológica que generan varias actividades del barrio. Entre las actuaciones que se integran en estas hoja de ruta está la construcción de un aparcamiento subterráneo, la ejecución de una vía verde al sur de la barriada y la renovación de aceras y calzadas en algunas calles para poder colocar arbolados.

Pero la actuación más importante que propone es la peatonalización total o parcial de enclaves emblemáticos e históricos del barrio como la calle o la plaza de Sant Marcel·lí. La transformación en un boulevard de la calle del Arzobispo Olaechea -considerada un punto de encuentro de los vecinos- es otra de las grandes reivindicaciones que recoge este trabajo que ha redactado el arquitecto David Estala propuesta de la empresa municipal Aumsa. El proyecto se completa con la creación de un itinerario comercial, que garantice la movilidad sostenible y los accesos seguros a lugares como los colegios públicos.

“El plan fue aceptado por la concejalía de Urbanismo que dirige Vicent Sarrià”, comenta Àngel Vidal, miembro de la asociación de vecinos. Con el beneplácito del Ayuntamiento de Valencia a este plan que recoge varias de las peticiones que se hacían desde el vecindario, este miércoles se presentó ante los vecinos el documento definitivo. Varios colectivos del barrio como los comerciantes, la Unió Musical de l'Horta, las asociaciones de padres y alumnos, las fallas, entre otros, estuvieron presentes en un acto que ha despertado una gran expectación en Sant Marcel·lí.

“Con este plan se aprovechan varios de los terrenos que se cedieron con la construcción de las vías del AVE, una deuda histórica con el barrio”, explica Vidal, que remarca: “Se trata de una mejora considerable del espacio público de Sant Marcel·lí”. Un plan que puede paliar el déficit que Valencia tiene con su parte sur tras convertirla en el patio trasero para albergar la mayoría de las infraestructuras de la ciudad.

Las excavadoras preparadas para derribar viviendas en favor de la especulación urbanística son cosa del pasado en El Cabanyal. La amenaza planteada por la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá de partir el barrio en dos para prolongar la avenida de Blasco Ibañez hasta el mar se ha esfumado tras la llegada al poder de la izquierda en forma de tripartito -integrado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú-. Paralizado el plan ilegal del PP, el reto del gobierno municipal de Joan Ribó (Compromís) consiste en regenerar un barrio degradado. 

“Aún estamos en la línea descendente de la degradación. Hace falta revertir el proceso”, advierte Maribel Doménech, portavoz de Salvem El Cabanyal. “Necesitamos que se rehabilite, revitalice y reactive el barrio”, recalca, para afirmar: “Los gestos y el diálogo de este gobierno municipal son muy positivos y esperanzadores. Pero después de cerca de nueve meses de gestión aún no se ha realizado ninguna actuación para empezar a regenerar El Cabanyal”. Es el toque de atención de una plataforma que acordó este verano no disolverse. Siguen en pie de lucha, pero con otra actitud más positiva. 

“Entiendo la urgencia, pero los procesos urbanísticos son complejos y precisan de tiempo”, afirma María Oliver, concejal de Vivienda de València en Comú. “Tenemos en marcha muchas iniciativas. Y hemos realizado actuaciones como la apertura de El Musical, que ayuda a dinamizar el barrio, y el inicio de los trámites para rehabilitar la fachada de El Cabanyal”.

Desde la concejalía de Urbanismo que dirige el socialista Vicent Sarrià se están preparando la mayoría de actuaciones para revertir la degradación urbanística de la barriada. Con la reasignación de 11 millones de euros del Plan Camps, Urbanismo rehabilitará varias zonas y instalará diversos equipamientos reivindicados por los vecinos. A ese dinero, se le suma los 4,5 millones de euros que se destinarán a obras de la red de alcantarillado -previstas para el verano- y 6,5 millones de euros más que servirán para reurbanizar y regenerar el entorno de las calles de la Reina, Doctor Lluch y Barrraca. 

Pero, la gran inversión proviene del proceso participativo Va Cabanyal! que impulsa la concejalía de Jordi Peris (València en Comú). 30 millones de euros -15 que aporta la UE y 15 el Ayuntamiento- que servirán para la construcción de equipamientos, de infrastructuras de comunicación necesarias (carriles bici, por ejemplo) o para rehabilitar patrimonio degradado. “Es un proceso participativo destinado a frenar el deterioro urbanístico y social del barrio”, apunta Carmel Gradolí, coordinador de un proyecto en el que han participado y colaborado diversos colectivos y personas. 

¿Peligro de gentrificación?

Mientras se acaban de perfilar las actuaciones urbanísticas, uno de las grandes escollos de la regeneración de El Cabanyal es qué se va a hacer con las más de 600 viviendas de propiedad pública -242 del Plan Cabanyal y 397 del Ayuntamiento-. Gracias a un convenio a cuatro entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y los vecinos, se acordó destinar 13 millones de euros a la rehabilitación de 300 viviendas, tanto públicas cómo privadas. 

¿Qué se va hacer con las viviendas públicas? “Estas viviendas se rehabilitarán o se construirán de nuevo, dependiendo de su grado de deterioro. Una vez adecentadas, la gran mayoría se cederán en forma de cooperativa, de cesión de uso, en alquileres más bajos y se hará vivienda social. Otras se venderán para conseguir dinero con el que financiar la rehabilitación”, explica Vicent Gallart, gerente con el nuevo gobierno de la sociedad Cabanyal-Canyamelar y fundador de Salvem El Cabanyal. “Antes de eso habrá que esclarecer cómo quedan algunas viviendas expropiadas a propietarios para un plan que no se ha llevado a cabo”, precisa. 

“Situado cerca del mar, con un efecto llamada y con precios bajos, El Cabanyal encierra todos los ingredientes para experimentar un proceso de gentrificación [donde los habitantes de menos renta son desplazados por un subida de los precios por gente de mayor renta]”, apunta el arquitecto David Estal. Dani Martinez, del colectivo Espai Veïnal El Cabanyal se expresa en la misma línea: “La rehabilitación que proponen es gentrificar el barrio. Corremos el riesgo de que El Cabanyal se convierta en la Barceloneta de Valencia”. 

“No conservar la titularidad pública de las viviendas sería un error. La tendencia de Europa en casos como Paris apunta a intervenir públicamente para frenar estos procesos”, defiende Gradolí. Tato Herrero, arquitecto y activista de Salvem, se expresa en la misma línea: “El Ayuntamiento se juega el poder controlar lo que suceda en la vivienda. Y ya que cuenta con la ventaja de tener estas viviendas en su propiedad, debe mantener la titularidad”. Si no consigue evitar un proceso de gentrificación con esta condiciones “sería un doble fracaso”, alerta. 

La previsión es que se vendan unas viviendas, aunque, de momento, no se sabe cuántas serán. “La subasta de esas casas se hará con criterios sociales. Deberán ser para primera residencia, los propietarios tendrán un compromiso de quedarse en el barrio, etc.”, argumenta Gallart. Todo en medio de la polémica sobre las ocupaciones ilegales de casas, tanto por gente en exclusión social como por otra que al parecer cuenta con mayores recursos. Y que ha generado tensión entre los vecinos. Es la encrucijada de la regeneración de El Cabanyal. 

Tras paralizar el plan de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de romper el protegido barrio de El Cabanyal, el gobierno de Joan Ribó (Compromís) está dando pasos para revitalizar y regenerar un barrio degradado que se había convertido en objeto de deseo de la especulación urbanística. Para ello está utilizando los mismos recursos que el gobierno del PP quería destinar a dividir el barrio con la prolongación de la avenida Blasco Ibañez hasta el mar. 

Parte de esas actuaciones, que implicaban el derribo de casas, era la construcción del bulevar de San Pedro. El proyecto situado a pocos metros de donde iba empezar la ampliación de Blasco Ibañez estaba financiado con fondos del denominado Plan Camps -oficialmente Plan Confianza-. 11 millones de euros repartidos entre la puesta en marcha del bulevar -9,3 millones- y la compra de casas -3 millones-. 

Tanto la Generalitat Valenciana como el tripartito municipal -integrado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú- habían anunciado la reasignación de ese dinero para financiar la regeneración del barrio. Pero se habían encontrado con un problema: en noviembre de 2013 se acabó el plazo para modificar el destino del dinero, según fuentes de la concejalía de Urbanismo. El dinero quedaba bloqueado. 

¿Cómo se ha revertido la situación? El Consell ha aprobado un nuevo decreto para que los Ayuntamientos que aún tienen pendiente de ejecutar obras financiadas con este plan presenten en cuarenta días las modificaciones pertinentes. Así, los 11 millones se destinarán ahora a la regeneración del barrio -por ejemplo, la zona de la plaza del Doctor Lorenzo- y a la instalación de equipamientos como la puesta en marcha de un centro de día y la recuperación del antiguo matadero del barrio marítimo. 

Con este truco para cambiar las prioridades, “se urbanizará gran parte del barrio”, afirman desde el departamento que dirige el socialista Vicent Sarrià. Se prevé que las obras estén terminadas antes de 2018. 

Després de paralitzar el pla de l’exalcaldessa de València, Rita Barberá, de trencar el protegit barri del Cabanyal, el govern de Joan Ribó (Compromís) està fent passos per a revitalitzar i regenerar un barri degradat que s’havia convertit en objecte de desig de l’especulació urbanística. Per fer-ho, s’utilitzen els mateixos recursos que el govern del PP volia destinar a dividir el barri amb la prolongació de l’avinguda de Blasco Ibáñez fins a la mar.

Una part d’aqueixes actuacions, que implicaven el derrocament de cases, era la construcció del bulevard de Sant Pere. El projecte, situat a pocs metres d’on havia de començar l’ampliació de Blasco Ibáñez, estava finançat amb fons de l’anomenat Pla Camps –oficialment, Pla Confiança–, 11 milions d’euros repartits entre la posada en marxa del bulevard –9,3 milions– i la compra de cases –3 milions–.

Tant la Generalitat Valenciana com el tripartit municipal –integrat per Compromís, PSPV-PSOE i València en Comú–- havien anunciat la reassignació d’aqueixos diners per a finançar la regeneració del barri. Però s’havien topat amb un problema: el novembre del 2013 es va acabar el termini per a modificar la destinació dels diners, segons fonts de la Regidoria d’Urbanisme. Els diners quedaven bloquejats.

Com s’ha revertit la situació? El Consell ha aprovat un nou decret perquè els Ajuntaments que encara tenen pendents d’executar obres finançades amb aquest pla presenten d’ací a quaranta dies les modificacions pertinents. Així, els 11 milions es destinaran ara a la regeneració del barri –per exemple, la zona de la plaça del Doctor Lorenzo– i a la instal·lació d’equipaments, com la posada en marxa d’un centre de dia i la recuperació de l’antic escorxador del barri marítim.

Amb aquest truc per a canviar les prioritats, “s’urbanitzarà una gran part del barri”, afirmen des del departament que dirigeix el socialista Vicent Sarrià. Es preveu que les obres estiguen acabades abans del 2018.

Felicidad en el tripartito que gobierna Valencia -formado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú- por la resolución de Tabacalera. Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que tumba el 'expolio' y 'pelotazo' de Tabacalera, el nuevo ejecutivo local ha reaccionado. Y lo ha hecho para señalar a los que considera sus máximos responsables políticos: la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, imputado en el caso Nóos y en los sobresueldos del Puerto de Valencia.

“El antiguo gobierno y sus máximos responsables deberían pedir perdón y asumir su responsabilidad política por el expolio de Tabacalera”, ha instado Vicent Sarrià, concejal socialista de Urbanismo. El edil que se ha felicitado por la decisión y ha dado la enhorabuena a Salvem Tabacalera -el colectivo que ha llevado a los tribunales el asunto-, ha repasado los pormenores de la operación que generó una plusvalías de 75 millones de euros para la constructora del promotor cercano al PP, Enrique Ballester. “Fue un pelotazo urbanístico, una operación oscura en la que Rita Barberá se implicó personalmente, un atentado patrimonial que mutiló un edificio histórico y protegido”, ha denunciado.

“Es un varapalo absoluto contra Rita Barberá”, ha insistido. Pero, la sentencia tiene poco recorrido práctico. La operación gestada en plena orgía del ladrillo se inició cuando la constructora Guadalmedina en 2002 adquirió el 49% del edificio Altadis para pedir posteriormente una permuta al Ayuntamiento. Se trataba de cambiar la fábrica de cigarrillos por un edificio en la plaza América y la construcción de dos edificios en los aledaños de Tabacalera. Barberá dio luz verde a la operación. Tras una posterior modificación del plan general en 2005, se firmó un convenio a tres bandas entre Ayuntamiento, Generalitat Valenciana y constructora.

Así, el consistorio se hizo con un edificio destinado a albergar oficinas municipales y uno de los señores del ladrillo se hizo con unos edificios con “una valoración tres veces por debajo del mercado”, ha recordado Sarrià, que ha recalcado: “Ese mismo año la Generalitat vendió unos edificios por diez veces más cuando no tenían el valor de estos”. Con la operación ya consumada, el Ayuntamiento acatará la sentencia. Y revertirá las partes que aún no se han ejecutado. “Las arcas públicas no pueden permitirse revertir toda la operación”, ha lamentado. De hecho, se pretende reedificar en los solares que quedan por desarrollar la nave que había antaño. La valoración es provisional, ya que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando la sentencia. “

Victoria Marín, portavoz de Salvem Tabacalera, se ha felicitado por la sentencia. “Es una sentencia histórica porque señala a los responsables que fueron desde Barberá hasta el director general de patrimonio de entonces Manuel Muñoz”. Pese a la alegría, se lamenta porque la operación inmobiliaria en su mayor parte ya no tiene reversión. La plataforma estudia acciones penales para que los responsables paguen con su patrimonio “el daño causado a la ciudad”. Aunque reconocen que es muy difícil probar que había mala fe en las decisiones para poner en marcha la jugada urbanística. El precedente de la denuncia de los socialistas del 2009 por prevaricación no ayuda.

“El centre històric no pot ser una via de pas per a creuar València”. Així de contundent s’ha mostrat el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de València, Vicent Sarrià (PSPV).

L’edil ha explicat a eldiario.es la idea del que serà la zona per a vianants de Ciutat Vella, el gran repte del nou equip de Govern que dirigeix Joan Ribó (Compromís), amb el suport del PSPV i de València en Comú.

Segons Sarrià, “la filosofia i la prioritat de l’equip de Govern és que d’una manera gradual i consensuada amb associacions de veïns i comerciants, el centre històric recupere espai públic en detriment del vehicle privat”.

En aquest sentit, ha comentat que la remodelació de la plaça de la Reina comportarà “un canvi en la mobilitat i en el transport públic”, una cosa que, posteriorment, tindrà efectes en la plaça de l’Ajuntament, que també serà revisada “perquè siga més humana i transitable, ja que serà una actuació de conjunt”.

D’aquesta manera, es restringirà el trànsit des del carrer de la Pau, a l’eix format per la plaça de la Reina, el carrer de Sant Vicent i plaça de l’Ajuntament. Una zona a què només podran accedir veïns, transport públic i vehicles comercials per a càrrega i descàrrega. La resta del trànsit es desviarà, previsiblement, per Poeta Querol.

En aquest sentit, Sàrria ha insistit en el fet que tot formarà part d’un procés que es durà a terme “a poc a poc, per fases i amb el consens de veïns i comerciants”.

De fet, de moment l’Ajuntament només ha destinat 100.000 euros amb vista a l’any que ve per a la redacció del projecte de reurbanització de la plaça de la Reina, que passarà a ser de vianants quasi del tot.

Ciutat de Bruges, la prioritat

Paral·lelament, segons l’edil, el Consistori pretén accelerar el projecte de reurbanització de la plaça de la Ciutat de Bruges, que inclourà la plaça del Mercat.

Segons Sarrià, la idea és que es restringisca l’entrada indiscriminada de vehicles en l’eix format per l’avinguda de Maria Cristina, la plaça del Mercat i el carrer de la Bosseria, entre altres coses per a salvaguardar l’entorn de la Llotja, monument declarat Patrimoni de la Humanitat.

Així, com en el cas dels projectes anteriors, només hi podrien accedir veïns, transport públic i mercaderies, mentre la resta del trànsit es desplaçaria per l’avinguda del Baró de Càrcer, tal com passa actualment per les obres de reurbanització del carrer de Sant Vicent.

Aquest projecte, que depén de la Conselleria d’Obres Públiques, es presentarà al llarg de l’any que ve, segons fonts d’aquest departament.

L’eliminació del trànsit privat en el centre històric es completaria, segons Sarrià, amb restriccions en l’eix format pels carrers de Serrans, Cavallers i la Bosseria: “Aquests carrers, per menuts que siguen, no poden continuar funcionant com a carreteres”, ha sentenciat l’edil.

El tripartit municipal que governa València –format per Compromís, PSPV-PSOE i València en Comú– ha canviat el prisma amb què dissenya la ciutat. Si el govern anterior encara estava ancorat als límits municipals, l’executiu actual local té una visió metropolitana en la presa de les seues decisions. O almenys, les seues intencions combreguen amb aqueixa filosofia.

El regidor d’urbanisme, Vicent Sarrià, del PSPV-PSOE, ha anunciat aquest divendres l’inici del procés per a l’elaboració del nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), document que traça com serà la futura València. Del nou planejament, destaca que es farà sense estar d’esquena a la realitat metropolitana. És a dir, tenint en compte l’opinió dels municipis que formen l’àrea d’influència de la capital.

L’instrument que utilitzarà per a aconseguir quadrar les prioritats serà un pla territorial metropolità, tot i que la posada en marxa no queda clara, ja que no s’ha fixat cap data per a crear cap organisme a l’estil del difunt Consell Metropolità de l’Horta per a quadrar les preferències de les distintes localitats de la comarca.

La negativa al fet que València cresca més enllà de les seues fronteres, i evitar, així, tenyir de ciment els reductes d’horta que van resistir el frenesí de la construcció, facilitarà aqueix PGOU amb visió metropolitana que planteja l’equip de govern liderat per Joan Ribó (Compromís). Un plantejament que ajudarà a impulsar el pla de protecció de l’horta, que necessita una mirada metropolitana per a posar-se en marxa. Les 24.000 al·legacions al pla anterior pel seu impacte sobre l’horta i el foment de la rajola s’han agrupat en 300.

De fet, frenar l’expansió urbanística és un altre dels components importants que tindrà el pla nou. “València té prou sòl i habitatge per a suportar l’augment d’habitants pronosticat”, ha assegurat Sarrià. Amb aqueixa premissa, el creixement de la ciutat només es produirà en el nucli antic i corregirà les directrius de sòl per a dotacions que indicava el PGOU anterior del 1988 i que “l’equip de govern anterior no va complir”. “Per a aconseguir aqueix sòl, només s’ha utilitzat el mecanisme de les expropiacions, que ha comportat una despesa de 600 milions d’euros”.

L’elaboració del PGOU nou tindrà en compte, a més, les necessitats dels barris amb condicions socioeconòmiques precàries, amb marginació històrica en inversions o amb una situació de degradació en els habitatges. Per a resoldre aqueixos problemes, es preveuen plans de reforma interior en el marc del nou disseny de València consensuats pels veïns per a frenar la dualització cap a la qual camina la ciutat. En aqueixa direcció, just, camina la moció aprovada perquè a través de l’empresa pública Aumsa s’escometa un pla de millora i rehabilitació del barri de Sant Marcel·lí, castigat especialment a la part sud.

Consens per a evitar una allau de demandes

Els plans del tripartit municipal per a posar límit a la llibertat d’horaris seran sotmesos al diàleg. El govern local traslladarà al Consell Local de Comerç la seua oferta de reduir de cinc a una les Zones de Gran Afluència Turística, i deixar només la situada al centre pels voltants de la Llotja. “És la nostra posició inicial, però la definitiva eixirà del consens entre tots els col·lectius implicats i l’Administració local”, ha assenyalat Joan Calabuig, primer tinent d’alcalde i regidor de Desenvolupament Econòmic Sostenible.

Encara que la decisió es prenga per l’actitud del nou govern de dialogar amb tots els actors afectats, també es fa per a evitar l’al·luvió de demandes que ja van anunciar les grans superfícies aquest estiu si es reduïen les zones on es permetia més llibertat d’horaris comercials. I que suposarien la paralització del projecte, a priori, per al que queda de mandat. “La intenció és que el dia 16 hàgem acordat una solució conjunta”, ha indicat el líder dels socialistes a València. “El regidor de comerç, [Carlos] Galiana, ens assegura que l’ambient és positiu”. A pesar d’això, tot indica que l’executiu local veurà reduït el seu plantejament inicial. El dia 10 començarà l’estira-i-amolla.

El tripartito municipal que gobierna Valencia -formado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú- ha cambiado el prisma con el que diseña la ciudad. Si el anterior gobierno aún estaba anclado a los límites municipales, el actual ejecutivo local tiene una visión metropolitana en la toma de sus decisiones. O al menos, sus intenciones comulgan con esa filosofía.

El concejal de urbanismo, Vicent Sarrià, del PSPV-PSOE, ha anunciado este viernes el inicio del proceso para la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento que traza cómo será la futura Valencia. Del nuevo planeamiento, destaca que se hará sin estar de espaldas a la realidad metropolitana. Es decir, teniendo en cuenta la opinión de los municipios que conforman el área de influencia de la capital.

El instrumento que utilizará para lograr cuadrar las prioridades será un plan territorial metropolitano. Aunque su puesta en marcha no queda clara, al no poner fecha a la creación de algún organismo al estilo del difunto Consell Metropolità de l'Horta para cuadrar las preferencias de los distintas localidades de la comarca.

La negativa a que Valencia crezca más allá de sus fronteras, y así evitar teñir de cemento los reductos de huerta que resistieron el frenesí de la construcción, facilitará ese PGOU con visión metropolitana que plantea el equipo de gobierno liderado por Joan Ribó (Compromís). Un planteamiento que ayudará a impulsar el plan de protección de la huerta. que precisa de una mirada metropolitana para ponerse en marcha. Las 24.000 alegaciones al anterior plan por su impacto sobre la huerta y el fomento del ladrillo se han agrupado en 300.

De hecho, frenar la expansión urbanística es otro de los componentes importantes que tendrá el nuevo plan. “Valencia tiene suficiente suelo y vivienda para soportar el aumento de habitantes pronosticado”, ha asegurado Sarrià. Con esa premisa, el crecimiento de la ciudad solo se producirá en el casco antiguo y corregirá las directrices de suelo dotacional que indicaba el anterior PGOU de 1988 y que “el anterior equipo de gobierno no cumplió”. “Para conseguir ese suelo, solo se ha utilizado el mecanismo de las expropiaciones, que ha conllevado un gasto de 600 millones de euros”.

La elaboración del nuevo PGOU tendrá en cuenta, además, las necesidades de aquellos barrios con condiciones socioeconómicas precarias, con marginación histórica en inversiones o con una situación de degradación en sus viviendas. Para resolver esos problemas, se prevén planes de reforma interior en el marco del nuevo diseño de Valencia consensuados por los vecinos para frenar la dualización hacia la que camina la ciudad. En esa dirección, justo, camina la moción aprobada para que a través de la empresa pública Aumsa se acometa un plan de mejora y rehabilitación del barrio de Sant Marcel·lí, castigado especialmente en su parte sur.

Consenso para evitar un aluvión de demandas

Los planes del tripartito municipal para poner coto a la libertad de horarios serán sometidos al diálogo. El gobierno local trasladará al Consell Local de Comerç su oferta de reducir de cinco a una las Zonas de Gran Afluencia Turística, dejando solo la situada en el centro por el entorno de la Lonja. “Es nuestra posición inicial, pero la definitiva saldrá del consenso entre todos los colectivos implicados y la administración local”, ha señalado Joan Calabuig, primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Económico Sostenible.

Aunque la decisión se tome por la actitud del nuevo gobierno de dialogar con todos los actores afectados, también se hace para evitar el aluvión de demandas que ya anunciaron las grandes superficies este verano si se reducían las zonas donde se permitía mayor libertad de horarios comerciales. Y que supondrían la paralización del proyecto, a priori, para lo que queda de mandato. “La intención es que el día 16 hayamos acordado una solución conjunta”, ha indicado el líder de los socialistas en Valencia. “El concejal de comercio, [Carlos] Galiana, nos asegura que el ambiente es positivo”. Pese a ello, todo indica que el ejecutivo local verá reducido su planteamiento inicial. El día 10 empezará el tira y afloja.

Vuelco a la mirada sobre el barrio del Cabanyal. Si con la exalcaldesa Rita Barberá comprar casas del barrio con dinero público era una estrategia, según los vecinos, para llevar adelante su plan ilegal sobre la zona de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de su trama, ahora se quiere revertir las consecuencias negativas sobre el patrimonio que hubieran podido acarrear esas actuaciones.

Para ello, el Ayuntamiento incluirá varios de sus edificios públicos en el plan de rehabilitación firmado esta semana con la Generalitat Valenciana, y del que también aportan financiación tanto el Gobierno central como los particulares. Sin embargo, aún no concretan una cifra exacta, ya que la intención es que en las ayudas del convenio de rehabilitación y regeneración del barrio tengan prioridad las viviendas de carácter privado. No en vano, son los particulares quienes más dinero aportan en este proyecto.

No obstante, desde el área de urbanismo confían en que puedan incluirse varias de las viviendas que tienen, resultado de la práctica realizada por el anterior equipo de gobierno municipal. Eso sí, tras conocerse los resultados de la auditoría que ejecutan los responsables de urbanismo sobre estas propiedad de titularidad pública. Con ella, además, podrán decidir qué tipo de actuación tendrían que abordar en cada uno de los bienes inmuebles que posee la administración local en la zona. Es decir, si rehabilitar o reconstruir.

Una vez ya se haya decidido a qué tipo de actuación urbanística será sometida cada vivienda, desde el equipo de gobierno local no plantean un único fin para todo su conjunto de propiedades. A cada vivienda le corresponderá un uso o un destino diferente, según sus características.

Así, los fines que les dé el tripartito de izquierdas serán muy diversos. Una parte será destinada a la venta y otro a alquiler, aunque no de tipo social para evitar que la zona se convierta en un gueto. No obstante, los arrendamientos que ofrecerán serán inferiores a los del precio de mercado al ser concedidos por la empresa pública Aumsa.

También estos edificios públicos, ahora degradados, serán utilizados para que allí se alberguen varios de los servicios municipales que quiere impulsar el ejecutivo local en la zona ante las quejas reiteradas de falta de equipamientos públicos. Entre las clásicas reivindicaciones de las asociaciones vecinales ha estado un servicio de salud, un servicio social o una biblioteca. Desde urbanismo se apuntan otros usos como la cesión a asociaciones, colectivos y plataformas.

A todos estos fines, hay que sumar otro que plantea la concejalía dirigida por el socialista Vicent Sarrià. Se trata de ceder estas viviendas en caso de que hayan sido expropiadas a los anteriores dueños, pero con una condición: que colaboren con las tareas de rehabilitación. Los tiempos para el Cabanyal se antojan distintos.

Un extraño suceso ha sobresaltado al tripartito municipal. La Fundación Deportiva Municipal, dependiente del Ayuntamiento de Valencia, ha sido víctima este jueves de un allanamiento en el que, según ha informado el vicealcalde Joan Calabuig, “no hay falta de bienes inmateriales”. Pero si se han revuelto papeles. Y de las áreas más sensibles.

Las dependencias donde se han avistado que había documentos sacados de los cajones y armarios y que habían sido remirados, son las de infraestructura y las de dirección. Departamentos que guardan en su haber la información más comprometida de la Fundación como contratos, expedientes, facturas y todo tipo de archivos contables. “De momento no sabemos si ha sido un acto de vandalismo u otra cosa”, ha expresado Calabuig.

El incidente se ha producido durante la noche del jueves al viernes y, según ha trasladado la edil de deportes Maite Girau al gobierno local, no se ha detectado que hubiera falta de bienes inmateriales, como pudieran haber sido ordenadores de mesa. Sin embargo, sí que se han apreciado indicios de que los cajones habían sido abiertos.

Un hecho calificado de “lamentable” por Calabuig, que ha ocasionado desperfectos en las puertas y en los cristales de las ventanas del edificio que alberga la Fundación. Durante este viernes la policía científica está revisando las huellas dejadas para poder identificar los motivos de este suceso, según ha precisado el edil socialista. “La documentación estaba por tierra. Aunque no se entiende porque ahora la información está digitalizada”, ha indicado a eldiariocv.es Girau. “Hemos pedido a la empresa encargada de la seguridad del edificio que elebore un informe sobre lo acontecido”, ha añadido.

De los temas tratados en la Junta de Gobierno Local, el urbanismo ha sido el gran protagonista. No en vano, junto a Calabuig también ha comparecido el edil de urbanismo, Vicent Sarrià. El concejal socialista ha anunciado que el equipo municipal ha acordado la revocación parcial de la licencia de Palacio del Temple y la revisión de la ordenanza para rehabilitar el centro de Patraix. “Cumplimos con una de las reivindicaciones históricas de los vecinos”, ha afirmado Sarrià.

En su giro para priorizar las inversiones sociales, el gobierno capitaneado por el alcalde Joan Ribó ha aprobado varias ayudas y convenios sociales para evitar que personas desfavorecidas y sin una residencia habitual puedan acudir a varios centros.

De esa cantidad total, una inversión de 11 millones ya fue anunciada por la consellera de Territorio, María José Salvador, y era un dinero previsto para expropiaciones en el Bulevar de San Pedro y para la compra de casas para derribar. Ahora se destinarán a la rehabilitación y renovación urbana en el Cabanyal.

Por su parte, Sarrià ha encontrado paralizados al hacerse cargo del área de Urbanismo, tres proyectos de obras de urbanización con cargo al Plan Confianza y ha dado orden de licitarlos con carácter urgente. La cuantía de estos tres proyectos asciende a 6 millones de euros, que se destinarán a la renovación y ampliación de aceras en numerosas calles como Barraca, Doctor Lluch y Reina, entre otras.

Igualmente, también con cargo al Plan Confianza, se están redactando los pliegos para la renovación de la red arterial de colectores por valor de 4,5 millones.

Vicent Sarrià ha explicado que a los 22 millones de inversión habría que sumar las subvenciones que lleguen de la Unión Europea para la rehabilitación de las casas, que van a ser solicitadas cuando se abra el plazo en el mes de septiembre.

Asimismo, en la reunión de esta tarde con los vecinos del barrio, el edil ha explicado dos nuevos proyectos que estaban paralizados y que se pondrán en marcha. Por un lado, se renovará el convenio para la rehabilitación del Casinet y, por otro, Aumsa acaba de licitar las obras para construir una residencia de estudiantes en la zona próxima a la universidad.

En otro orden, Sarrià ha informado de que la Junta de Gobierno local del pasado 17 de julio aprobó instar a la Generalitat a la derogación del PEPRI del Cabanyal, petición recogida en una moción de la que se dará cuenta al pleno. Con el objetivo de avanzar en el procedimiento administrativo, la Comisión de Desarrollo Urbano del próximo lunes aprobará unas normas subsidiarias para poder empezar a rehabilitar con carácter inmediato.