Despilfarro público para derribar el Cabanyal
En valenciano dicen “que les manies no les curen els metges” (las manías no las curan los médicos). Una manía, precisamente, es lo que tiene la alcaldesa de València, Rita Barberá, por ejecutar su plan del Cabanyal, aunque la justicia le haya dicho reiteradamente que no puede. Obsesión que llega muy lejos. Y en este caso, a cargo del erario público.
Para conseguir su propósito, el Ayuntamiento de València, a través de la empresa pública AUMSA encargada de las obras e infraestructuras de la ciudad, ha ido comprando casas en el barrio del Cabanyal. Compras realizadas con el propósito de si alguna vez la justicia le diera la razón, poder ejecutar una parte de su plan y desactivar la oposición de las plataformas vecinales.
Una estrategia que realizada tras los varapalos judiciales que fallaron en contra del plan, y que alertaban que de derribar alguna vivienda se estaría cometiendo un delito de prevaricación, parece no tener justificación. “Es un sinsentido que se compren casas en el BIC del Cabanyal para derruirlas. Pero, que se destinen recursos públicos para comprar casas cuando sabe que no puede hacerlo resulta intolerable”, critica Vicent Sarrià, concejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia.
Adquisiciones que para Maribel Doménech, portavoz de la plataforma Salvem El Cabanyal, “son fraudulentas”. Joan Ribó, portavoz de Compromís en Valencia y edil en el consistorio del cap i cassal, afirma “que se está enterrando el dinero público” y se pregunta “que para que quiere todas estas propiedades el ayuntamiento sino puede derruirlas”.
Cifras del derroche
Las cifras del dispendio realizado por el consistorio comandado por la alcaldesa Rita Barberá son millonarias. Según estimó el socialista Vicent Sarrià, las compras de viviendas en el barrio marítimo han costado al contribuyente valenciano 40 millones de euros desde 2010. Unas cifras que hubieran podido ser mayores si finalmente el gobierno municipal hubiera destinado los 60 millones procedentes del Plan Camps, que anunció en 2010 que iba a gastar en compras de casas en el Cabanyal.
Una vorágine inmobiliaria que en 2010 se había saldado con la propiedad de 400 de las 1.651 viviendas afectadas por la hipotética prolongación de la avenida Blasco Ibañez hasta el mar. En 2013, los inmuebles propiedad del ayuntamiento subían hasta los 583. Durante el año pasado, se compraron 24 casas con la intención de derribarlas. Todo, según las estimaciones del PSPV.
La última adquisición conocida por una denuncia de Compromís, se produjo durante el pasado mes de septiembre. El edificio se situaba en la calle de la Reina número 117 y se hizo a través de la empresa pública AUMSA. El coste de este bloque de viviendas fue de 643.860 euros.
Ribó, que criticó este hecho, compara el dinero gastado en este edificio con lo que costaría la extensión de servicios municipales o la realización de otras inversiones necesarias para evitar la degradación del barrio. “Dices que no hay dinero, pero te gastas casi 650.000 euros en comprar un edificio que no puedes derrocar. En su lugar, hubieras podido prolongar el servicio de la EMT a las pedanías marítimas que como mucho cuesta la mitad o invertir el dinero en rehabilitar el barrio”, indica.
Falta de inversión y degradación
El dinero gastado en estas compras, contrasta con la falta de inversión en el barrio. “No tenemos instituto de secundaria, no hay ningún servicio social, ni oficina de mediación social en el barrio. Para tener estos servicios tenemos que ir a la Malvarrosa”, denuncia Doménech. Para ella “es necesario que de forma urgente se realicen las inversiones previstas que no se han puesto en marcha”.
Inversiones que necesitaría el barrio para evitar que se continúe con la situación actual. Desde la oposición, piden la rehabilitación de monumentos históricos y que pueden tener valor turístico como la Lonja de Pescadores, la Casa de los Bous, la Fábrica de Hielo o plazas como la de Roger de Flor. También, la reconstrucción de edificios como la Casa de la Palmera, en la calle de San Pedro o una torre mirador que hay en la calle Escalante.
Pero, no sólo reclaman la dotación de servicios sociales o la rehabilitación y reconstrucción de edificios singulares. La realización de un aparcamiento subterráneo o en planta para los vecinos en la plaza Calabuig es otra de las demandas de la mayor parte de los vecinos y de la oposición.
Sin embargo, el despilfarro de dinero del contribuyente no sólo confronta con la falta de inversiones, sino las consecuencias que estas maniobras traen consigo. “Conforme compra las viviendas, las tapia o las deja a colectivos muy marginales y desfavorecidos que resultan muy problemáticos. Es indignante como el ayuntamiento utiliza la pobreza y la marginalidad para disuadir la oposición de los vecinos”, declara Doménech.
Junto con la degradación de las casas compradas, la interpretación restrictiva de las sentencias judiciales por parte del consistorio no deja a los vecinos “rehabilitar sus casas con sus propios recursos”, indica Ribó. “Dar licencias de obras o de cambio de actividad son acciones que no las prohíbe el decreto de espolio”, aduce.
“Las sentencias no paralizan todas las licencias de obra en el barrio, sólo las que derrumben o afecten a la trama de este”, comenta Sarrià, quién argumenta “que desde la abogacía del Estado se hizo un informe que desmontaba la interpretación restrictiva del decreto que ha hecho Barberá. A raíz de esto, da la licencia de obras, pero hizo una circular que paraliza las obras continuando con esa interpretación restrictiva del decreto de expolio”, indica.
La situación de abandono del Cabanyal provocada por la falta de inversión y los impedimentos de rehabilitación y dinamización económica del barrio junto con las compras de casas son un ejemplo claro de la obstinación que tiene Barberá por su proyecto de prolongación. Un empecinamiento que continua pese a los reveses judiciales y aunque para ello se dilapide el dinero público.
