Todo parecía pintar bien. Un presidente joven y revulsivo. Una innovadora asamblea ciudadana preparaba una Constitución para dejar atrás la de Pinochet. El país miraba al ecologismo, al feminismo, a los derechos humanos. Y, de pronto, todo parece venirse abajo. 

Hacemos un repaso al camino político y social de Chile en los últimos cuatro años con la periodista Meritxell Freixas, corresponsal de EFE en Chile y que ha sido colaboradora de elDiario.es. 

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Antiguos ministros, exparlamentarios y viejos asesores de todos los colores debutaron este lunes en el arranque del segundo proceso constituyente de Chile como miembros del llamado Comité de Expertos, encargados de redactar un primer borrador de nueva Constitución.

Sin expectativas ni interés ciudadano en el nuevo recorrido, las coaliciones tradicionales de centro-izquierda y derecha se repartieron la presidencia y vicepresidencia del órgano, respectivamente. “Sé que muchos no se sienten convocados porque están escépticos de este proceso (...) Los malestares de nuestra sociedad son profundos y se requerirá tiempo para generar confianzas”, dijo la presidenta de los expertos, Verónica Undurraga, doctora en Derecho de la Universidad de Chile, en su primer discurso.

La vieja guardia de la política chilena reaparece en esta nueva etapa en las figuras de los expertos y en las listas de candidatos al Consejo Constitucional que se elegirá en mayo para modificar el proyecto inicial y redactar un texto definitivo.

Entre los reflotados como expertos están los exministros del expresidente Sebastián Piñera Teodoro Ribera, Juan José Ossa y Hernán Larraín, este último también senador durante 24 años. A las elecciones de consejeros, por otro lado, se presentarán el democratacristiano Andrés Zaldívar, quien fue el senador que más tiempo ha estado en el Parlamento, con casi 25 años ininterrumpidos (además de exministro en dos ocasiones); Carmen Frei, también democratacristiana (actualmente preside el partido) y senadora (1990-2006); o el exdiputado socialista (2008-2022) Marcelo Schilling.

Cuando pensaban que ya tenían un pie fuera de la política institucional –algunos, directamente, ya lo estaban–, los más veteranos retoman el protagonismo en el camino que Chile empezó en 2019, tras un estallido social de meses. 

“Se ha buscado a gente muy experimentada en política, capaz de negociar y que no sea tan moralista como lo fueron los miembros de la Convención Constitucional y grupos de independientes del proceso anterior”, asegura la integrante de la Red de Politólogas Javiera Arce. En su opinión, son rostros que “reivindican la política, el valor de la conversación, de tomar café, algunas con altos niveles de conocimiento y que podrían sacar muy buena votación”. 

El sociólogo de la Universidad de Santiago de Chile Alberto Mayol coincide en que “hay una apelación a la experiencia”, pero considera que “se está haciendo por el camino equivocado”. A su juicio, “algunos de los nombres que han resurgido están completamente quemados, sin posibilidad alguna de arraigo en la sociedad chilena actual”.

“Un error de interpretación desde el principio”

Con el renacer de personajes representativos de la política tradicional, como los expresidentes socialistas Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, quienes se espera que participen en la campaña electoral de su sector, se pone en entredicho la fuerte crítica que la ciudadanía lanzó durante las protestas de hace cuatro años a los partidos políticos de la derecha y centro-izquierda que gobernaron el país desde el retorno a la democracia. 

“El resultado del plebiscito de septiembre [en el que se rechazó la primera propuesta de nueva Constitución] significó reconocer que estas críticas siempre procedieron de un sector vociferante, pero no necesariamente mayoritario”, indica el politólogo de la Universidad de Chile Robert Funk.

“Hay un error desde el principio”, añade Mayol. Para él, existe una lectura equivocada de los escenarios que han conducido a Chile a la situación actual. “La izquierda interpretó que el estallido fue una respuesta de la propia izquierda y entonces se pusieron ‘superizquierdistas’ y construyeron un proyecto de país que chocó directamente con Chile; ahora la derecha cree que el triunfo del rechazo es suyo y regresan quienes estuvieron antes”.  

“Un funeral político con honores”

Hay otros elementos que, según expertos, han traído de vuelta a la vieja guardia. Uno de ellos es la veda electoral, es decir, quienes sean elegidos consejeros en las elecciones de mayo o han sido designados expertos, ahora tienen que renunciar a competir en las próximas elecciones presidenciales, legislativas, de gobernadores o municipales. “Una persona con vida útil y con aspiración política no se va a meter ahí y por eso se miran figuras old fashinoned [pasadas de moda], para ellas es como un funeral político con honores”, opina Javiera Arce. 

Además, Robert Funk apunta a la falta de cuadros políticos en los partidos para presentar candidaturas nuevas después de que Chile haya celebrado ocho elecciones a distintos cargos en los últimos tres años. “Parte de la crisis de los partidos políticos en todo el mundo pasa por una caída de la militancia y como consecuencia cuesta crear nuevos liderazgos, mientras que los dirigentes históricos mantienen sus espacios y perfiles, dificultando la irrupción de caras nuevas”, sostiene el académico.

Los partidos del Gobiernos, por separado

El primer proceso constituyente fue liderado por una Convención Constitucional formada por una mayoría progresista, con muchos candidatos jóvenes, sin militancia política y vinculados a movimientos sociales. Ahora, el segundo lo administrarán una comisión de expertos designados por el Congreso y un Consejo Constitucional en el que los independientes no podrán participar –excepto si van en pacto con partidos–. Se mantendrán las listas paritarias entre hombres y mujeres, pero se reducirá de forma notable la representación de pueblos indígenas.

Las elecciones de consejeros constitucionales se celebrarán el 7 de mayo. Tras varias semanas de negociaciones, los partidos gubernamentales decidieron competir divididos, en dos listas separadas. En una concurrirá el centro-izquierda tradicional que por primera vez rompe sus alianzas históricas desde el fin de la dictadura, al quedar fuera de este bloque el Partido Socialista, que se sumará al bloque que está más a su izquierda y que agrupa el Frente Amplio –conglomerado del presidente Gabriel Boric– y el Partido Comunista. A pesar de los perseverantes intentos de los socialistas por lograr la unidad –incluyendo una propuesta de la propia Bachelet de encabezar una lista de todas las fuerzas progresistas–, el acuerdo transversal no prosperó.

La oposición, por su parte, también se presentará por separado: por un lado, la derecha tradicional de la coalición Chile Vamos y, por otros dos caminos distintos, la ultraderecha y la nueva derecha populista.

Desde su elección, los consejeros tendrán un plazo de cinco meses para definir el articulado de la nueva carta magna, que será sometida a plebiscito el 17 de diciembre. Si el proceso es exitoso, la actual Constitución, que instauró la dictadura de Augusto Pinochet, se sustituirá justo el año en que se conmemora el 50º aniversario del golpe de Estado.

La derecha chilena lo tiene difícil para empujar sus propuestas en la Convención Constitucional, el órgano que desde julio redacta la nueva carta magna en el país sudamericano. En las elecciones constituyentes, la coalición conservadora Vamos por Chile obtuvo 37 escaños de los 155 disponibles. Fue la fuerza más votada. Sin embargo, quedaron lejos del tercio que les hubiese permitido vetar las propuestas que no son de su interés. Las cifras no les alcanzan si no llegan a acuerdos con otros sectores, un camino que, por ahora, no ha sido el usual. De hecho, los miembros más conservadores de la coalición apuestan por un papel más crítico y de enfrentamiento con el centro-izquierda y la izquierda. 

Para mejorar su estrategia, este grupo de los más conservadores en la coalición decidió pedir consejo a Vox, que, según ellos, pasó por un proceso similar, pero pudo sacar buenos resultados. Hace dos semanas, cinco constituyentes mantuvieron un encuentro virtual con la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio.

“Vox es un movimiento que creció en un ambiente hostil, análogo al que afrontamos nosotros dentro de la Convención Constituyente y su experiencia puede ser muy valiosa para nosotros”, dice Teresa Marinovic, independiente, miembro de Vamos por Chile y coordinadora de la reunión. Su par Rocío Cantuarias, también independiente, considera que la experiencia de la extrema derecha española es “aplicable en el proceso constitucional chileno” y que les permitirá “salir menos mal” de la experiencia actual. Ambas son cercanas al Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, la fuerza situada en la derecha más extrema que reivindica a Pinochet y su legado. 

Según trascendió en la prensa chilena, gran parte de la reunión, que duró cerca de una hora, puso énfasis en la importancia del trabajo territorial y en conceptos clave como “la libertad de enseñanza” y “la libertad económica”.

Según establece el reglamento de la Convención Constitucional aprobado este mes, los constituyentes tendrán un amplio despliegue por todo el país con asambleas en los territorios. “Nos dio una luz de esperanza en cuanto a que actuar sin complejos y de frente a la ciudadanía resulta exitoso”, comenta Cantuarias. 

“Mucho interés”

Según explicaron las políticas de la derecha chilena, esta no será la última reunión que sostendrán con Vox. “Acordamos volver a encontrarnos próximamente y abordar los temas, pero ahora de manera más focalizada y concreta”, dice Marinovic. Según ella, el proceso constituyente chileno despierta “mucho interés” en el partido de Santiago Abascal y, en particular, lo que ocurre en la Convención. 

Desde la irrupción de Vox en la política española, la ultraderecha chilena tiene los ojos puestos en sus avances.

Kast ha mantenido contacto con Abascal en varias ocasiones, tanto en España como en Chile. También se siguen mutuamente y se mandan mensajes a través de redes sociales. El último mensaje público entre ambos fue con motivo de la fiesta que Vox celebró hace unos días: “Un gran saludo a todos los amigos de Vox y al gran Santiago Abascal que hoy celebran #Viva21VOX para volver a poner a España de pie en defensa de la libertad”, tuiteó el líder de la extrema derecha chilena. 

Creíamos que Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, había fracasado estrepitosamente en la tarea política que se le encomendó en Catalunya. Creíamos incluso que, en consecuencia, Santamaría debiera haber renunciado a mantener un cargo para el que no estaba capacitada. Pero estábamos equivocadas. Ella misma ha ofrecido la clave de su verdadera misión: ejercer de buldócer de Mariano Rajoy, cuyo objetivo era “descabezar” a ERC y Junts per Catalunya y “seguir liquidando el independentismo”.

Descabezar y liquidar a los adversarios políticos son por definición términos poco democráticos, pues en una democracia a los adversarios políticos se les supera -si puedes, si tu propuesta tiene el apoyo social suficiente- en las urnas. Si, además, quien aspira a poner tales términos en práctica es un partido residual, como es el PP en Catalunya, no es de extrañar que recurra a métodos no democráticos. En Catalunya, Rajoy y Santamaría han recurrido a una violencia demostrada con brutales cargas policiales y a una seguramente más que presunta prevaricación, a través de una Justicia que no debiera estar al servicio del Gobierno. Apalear a las ciudadanas y meter en prisión a gente que molesta a tus intereses es puro autoritarismo: coger por la fuerza lo que no te dan en las urnas.

El presidente del Gobierno de España no tiene entre sus responsabilidades descabezar ni liquidar a otros partidos políticos, así como ningún destacado político, como el socialista Josep Borrell, que para colmo fue ministro, debiera utilizar palabras como “desinfectar” para referirse a esa importante parte de la sociedad cuyas ideas no comparte. Rajoy y Borrell hacen gala de una soberbia muy peligrosa, por la que sus oponentes pueden acabar en la cárcel, como ya han demostrado. De hecho, resulta asombroso que eso esté sucediendo (que haya gente en la cárcel para descabezar, liquidar y desinfectar un territorio político) y lo estemos tolerando sin apenas resistencia.

A quienes no somos ni catalanas ni independentistas el independentismo catalán no nos interpela de manera personal. Sin embargo, el independentismo catalán ha plantado cara a Mariano Rajoy y al statu quo del Estado -la Corona y la Constitución-, lo cual resulta estimulante si eres republicana, si consideras que la Constitución ha de ser reescrita y si crees que Rajoy representa el desastre del neoliberalismo más ramplón: el de la corrupción pura y dura (al que se añade esa herencia franquista que aún atesora el PP, tan amiga de descabezar y liquidar al contrario). Son esas -la república, el proceso constituyente- las aspiraciones fundamentales (y siempre pacíficas) que ha pretendido liquidar Rajoy y que Borrell quiere desinfectar.

Tal pulso al poder granjeó al independentismo catalán unas simpatías entre personas no independentistas ni catalanas que, por un lado, fueron tachadas de romanticismo (incluso por gentes afines) y, por otro, sufrieron el desconcierto posterior a las detenciones, a la aplicación del 155, al exilio de Puigdemont: se vio que no había una hoja de ruta clara, no ya para el futuro de Catalunya sino para el propio 2 de octubre. Por supuesto, la represión, tanto policial como judicial, tampoco ayudó a aclarar esa ruta, pues la represión sirve precisamente para desbaratar el camino: para descabezar. Pero el pulso estaba echado, hasta el punto de que hay gente en la cárcel, y las urnas del 21D deben ratificarlo respondiendo con contundencia a Rajoy.

Pero responder a Rajoy en las urnas no consiste solo en no votar a un Albiol que viene fracasado de casa, sino en no votar a Ciudadanos, el partido Redbull que dio alas al 155, ni al simpático de Iceta, que también. Si para algo sirve el 21D es para decirles que así no. Y para retomar las ideas fundamentales que Catalunya ha defendido pacíficamente: república y proceso constituyente. Si no, el 21D no sirve para nada.

España está lejos de abrir un “proceso constituyente”. No se dan, aún, las condiciones de posibilidad para que el país aborde la renovación de un modelo de Estado que es “inviable” por los “errores” cometidos por “la derecha monárquica” y por los independentistas durante la crisis económica, territorial y social que vive el país. Pero el agotamiento del proyecto del 78 sigue ahí. El orden constitucional “ha saltado por los aires” y es necesario plantear la existencia de una alternativa basada en los “valores republicanos”, “la fraternidad” y “la plurinacionalidad” que dé encaje a las diferentes sensibilidades territoriales que existen.

Estas serán las líneas generales del planteamiento que hará el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en las jornadas organizadas en Córdoba bajo el título Volver a mirarnos. Nuevos acuerdos para la España que somos. Un foro organizado por el diputado de Unidos Podemos Manolo Monereo que reúne durante el fin de semana a profesionales del derecho y dirigentes del espacio político del cambio dentro de un programa más amplio, la ruta Conectar España, con la que Podemos quiere explicar por todo el país su modelo de Estado.

Iglesias insistirá durante su intervención en las ideas que ha ido desgranando en los últimos meses acerca de la “crisis constitucional” que atraviesa España, señalan fuentes de la dirección de Podemos a eldiario.es. “La ruptura del pacto territorial, unido a todo lo que se acumula desde 2008 y 2010, ha hecho que salte el orden constitucional”, apuntan.

El líder de Unidos Podemos repartirá culpas de esta situación entre “la derecha monárquica” y los independentistas. A los primeros, por promover lo que el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo llama “un estado de excepción autonómico” y por la “involución democrática” que ha supuesto la respuesta a la crisis catalana. A los segundos, por provocar la intervención política de la Monarquía, una institución que no lo hacía desde el 23F y que ha producido “un cierre de filas” en el que participa el PSOE. “Y sin conseguir estar más cerca de sus objetivos”, apuntan desde la dirección de Podemos.

Estos elementos, creen en el partido de Iglesias, no se solucionan con una comisión parlamentaria como la propuesta por el secretario general socialista, Pedro Sánchez, porque “no hay marco para el acuerdo”. “La Constitución está hecha para no poder ser reformado fácilmente”, señalan las mismas fuentes en alusión al bloqueo que el PP puede ejercer en el Congreso pero, sobre todo, en el Senado. La participación del PSOE es imprescindible, reconocen en Podemos, pero lo aleja la actuación de los independentistas.

Ante la imposibilidad de abordar ya un proceso constituyente, por la convicción de que la actual correlación de fuerzas lo impide, Iglesias planteará lanzar un “impulso constituyente” de carácter político (con los partidos) y de carácter popular que ponga sobre la mesa los debates que, creen, hay que abrir .

Para este proyecto, lo que ocurra en Catalunya el próximo 21 de diciembre es fundamental.

Corrupción, Europa, blindaje social y modelo de Estado

Lo explica con otras palabras Manolo Monereo. En la inauguración de las jornadas este viernes, el diputado apuntaba que de las jornadas en Córdoba “saldrá el proyecto de reforma de la Constitución de Unidos Podemos”. El espacio político que incluye a Podemos, IU, Equo y las confluencias catalana (Catalunya en Comú) y gallega (En Marea) creen que se mantiene abierta la ventana de oportunidad para el cambio en España que significó el 15M, del que todavía echa mano Iglesias de forma recurrente en sus discursos.

“Queremos hacer una propuesta constitucional alternativa”, explica a eldiario.es Monereo. Alternativa a la que, creen, prepara el régimen del 78 para cerrar la crisis catalana con un pacto por arriba y, de paso, esa ventana por la que entraron en mayo de 2011 nuevos aires en la casa de la política española.

El veterano dirigente político del PCE y de IU milita hoy en Podemos y es diputado por Córdoba. Monereo fue uno de los principales colaboradores en su día de Julio Anguita, una de las personas que estuvo entre las bambalinas de la gestación de Podemos y que este viernes abrió las jornadas con una ponencia de media hora en la que expuso su personal propuesta de, él sí, un Proceso Constituyente.

De Córdoba no saldrá un texto concreto sino “un material primitivo” fruto de las diferentes opiniones que personas como los catedráticos Javier Pérez Royo o Miguel Angel Garcia Herrera; los profesores universitarios María Eugenia Rodríguez Palop y Joaquín Urías; y dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Irene Montero, Rafael Mayoral, Teresa Rodríguez, Meri Pita; y de las confluencias, como Yolanda Díaz o Gerardo Pisarello.

En torno a ese material, explica Monereo, se hará una revisión del actual texto constitucional “para aprovechar lo bueno, quitar lo malo y añadir otras cosas”. Para eso, apunta, a largo plazo “hace falta un proceso constituyente” que “devuelva la palabra al pueblo” y determine qué tipo de revisión de la Carta Magna hacer.

Monereo desgrana los cuatro ejes fundamentales alrededor de los que, en opinión de Unidos Podemos, debería girar la reforma. Son los que defenderá también Iglesias.

Primero, la lucha contra la corrupción, para lo que es fundamental una “profundización en la división de poderes”. Segundo, blindar los derechos sociales para que derechos como el de la vivienda “sean algo más que un principio abstracto”. Tercero, abordar el modelo de Estado y caminar hacia uno “plurinacional” con forma de “república federal y democrática”. Cuarto, cuál debe ser la relación de España con Europa para que no se convierta “en un mecanismo que revierta los derechos por la senda de la modificación del artículo 135”).

¿República o monarquía? Valores republicanos

El diputado, organizador de las jornadas, responde rápido a la pregunta: “No se va a explicitar una apuesta por la república”. Pero añade: “La cuestión de la Jefatura de Estado debe abrirse”.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tampoco hará una defensa explícita de una república. El partido, desde su fundación, huye de los referentes de la izquierda clásica. “No se trata de evocar la II República ni sus colores”, apuntan desde la dirección.

“Nosotros defendemos otra idea de España, con valores republicanos”, explican. La república no es la base del proyecto. El republicanismo, sí. Es decir, “una defensa de lo público, de la dignidad de un Estado social. De la fraternidad, la descentralización y un Estado plurinacional frente a la ”idea uninacional“ de España que ha ”crionizado el conflicto identitario“.

En lo que sí son más claro Podemos y su secretario general es en su crítica a la actuación del Jefe del Estado. Iglesias ha ido modificando su relación con Felipe de Borbón desde que fuera coronado. El líder de Unidos Podemos siempre esquivó la pregunta de la república aludiendo a que Felipe VI ganaría unas elecciones presidenciales si se presentara.

Iglesias regaló al rey la primera temporada de Juego de Tronos y defendió en público su “preparación” y su alejamiento del entorno posfranquista, en contraposición al rey emérito. Pero en los últimos meses la figura del jefe del Estado se ha convertido en objeto de controversia para Unidos Podemos. Primero, en la apertura de la legislatura hace ahora un año. Después, con más intensidad, por el discurso que ofreció en la sesión solemne de las Cortes Generales en conmemoración de las primeras elecciones democráticas, las municipales de 1977.

Aquella alocución fue calificada por Iglesias de “equidistante” entre la dictadura y los luchadores antifranquistas.

Pero la reacción más hostil fue el pasado 3 de octubre, después del mensaje que el monarca ofreció a la nación tras el referéndum de independencia catalán de dos días antes y cuando se cerraba una exitosa jornada de paros en Catalunya. Iglesias acusó entonces a Felipe de Borbón de haber “roto la neutralidad” y de haber hecho “el discurso del Gobierno, dejando fuera a millones de ciudadanos españoles y catalanes” en un discurso que calificó de “error histórico”.

Hace apenas 10 días, Iglesias visitó Bolivia, donde en una entrevista insistió en que España “se merece un jefe del Estado que se presente a las elecciones” y se preguntaba por “la necesidad de tener un jefe del Estado que no ha sido votado” y si esto “ayuda a que España sea un proyecto integrador”. “Una España republicana es más atractiva para los catalanes que el modelo monárquico, que excluye y agrede”, zanjaba.

La “Constitución Federal” de Alberto Garzón

En Unidos Podemos hay más planteamientos además del planteado por Iglesias. El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, sí hace en su propuesta una defensa cerrada y explícita de una República Federal. Recientemente, el máximo órgano de la coalición ha aprobado abrir un “proceso participado” para redactar un borrador de una “Constitución Federal”.

El documento votado por la Asamblea Político y Social de IU apuesta por llevar su “propuesta por una España republicana y federal a todas las partes del país” para hacer frente a “la reforma de la Constitución propuesta por el bloque reaccionario y monárquico”.

Un proyecto, insiste el documento, que pasa por una “República Federal” que esté “vinculada necesariamente a la conquista y consolidación de derechos sociales para las clases populares y al reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos”.

También en el seno de Podemos hay alternativas. Este miércoles la cofundadora del partido Carolina Bescansa hacía pública la suya.

El histórico dirigente de IU y fundador del Frente Cívico Somos Mayoría (FCSM), Julio Anguita, ha propuesto este viernes, al inaugurar en Córdoba las Jornadas 'Volver a mirarnos. Nuevos acuerdos para la España que somos', organizadas por Podemos, implicar a la sociedad española en su conjunto en un “proceso constituyente” que lleve a que España se convierta en una “república federal, plurinacional y solidaria”.

En este sentido, Anguita ha explicado que su propuesta consiste en que “el pueblo soberano se transforme en constitución material y, por tanto, imponga por mayoría los contenidos de la futura constitución” del país, en el marco de un proceso constituyente que, según ha aclarado, “es tarea de una generación”.

De hecho, según ha señalado Anguita, el citado proceso constituyente será “difícil y lento, pero es necesario”, porque hay que pensar que ello se hará “por nuestros hijos y nietos”, de modo que hay que aplicar el refrán de “vísteme despacio, que tengo mucha prisa”.

En este contexto, su propuesta “para iniciar el debate” es “la república federal, plurinacional y solidaria”, aunque Anguita se “contentaría” con la creación de la “República Española” y, si es preciso para “llegar a un acuerdo”, le “daría igual que se llamase República Hispánica”, pero “en la perspectiva de llegar a la República Ibérica”, pues su sueño es que, “algún día, España y Portugal formen una federación”.

Junto a ello, Anguita, que se declara “partidario de un proyecto panerupeo” del que forme parte España y que sería “totalmente distinto” a la actual Unión Europea (UE), con un Estado español “en el que se reconozcan las naciones que existen dentro” del mismo y en el “que se reconozca el derecho de autodeterminación”.

También deberá ser “un estado laico, con separación total entre Iglesia y Estado, enseñanza pública o dependiente económicamente del Estado que sea laica”, haciendo “efectivo el principio de subsidiariedad” y, por ello, “también ha llegado la hora de que los ayuntamientos tengan su constitución”, pues “los municipios son fundamentales”.

En cuanto a cómo se puede llevar todo esto a cabo, Anguita ha reconocido que será “extremadamente difícil”, pues, para empezar, habrá que ver “qué entes federados se reconocen entre sí como pactantes”, para llegar a la citada República Federal Española, dado que ahora mismo hay “tres nacionalidades históricas, Cataluña, Euskadi y Galicia”, además de cuatro comunidades “que tienen el enunciado de nacionalidad histórica en sus estatutos”, que son Andalucía, Aragón, País Valenciano y Baleares, a lo que se une que, “salvo Madrid y Castilla-La Mancha, todas las demás (comunidades) tienen el rango de históricas”, más “los entes raros y extraños” de Ceuta y Melilla.

En cuanto a la situación actual de Cataluña y cómo se resolverá, Anguita ha dicho que el denominado “bloque constitucional sabe perfectamente que tendrá que negociar con Cataluña y que tendrá que hacer una diferenciación”, aclarando el fundador del FCSM que él no dice que sea necesaria, pero la cuestión es que, “tal y como han llevado el proceso, puede tener dos vías, la de que Cataluña tenga mayores competencias o que el resto tenga menos”, de ahí su apuesta por el citado proceso constituyente, para así afrontar los que ha calificado como “retos extraordinarios” para un país que, ahora mismo, “no tiene ningún futuro”.

"Difícilmente los padres del 135 y los recortes van a poder asumir el desafío histórico que reclaman las gentes de nuestro país más allá de lo que voten", afirma el autor

"Debemos también sacar el debate a la sociedad para empezar a construir un espíritu constituyente que ya se intuye en los reclamos populares", escribe Iglesias

"Los avances sociales que recogen las constituciones no son el resultado del trabajo de especialistas y parlamentarios, sino del empuje democrático de los pueblos", defiende

"La democracia es el resultado del avance de los pueblos sobre las élites, del avance de los derechos sobre los privilegios", explica el secretario general de Podemos

La primera vez que me fijé en la palabra Constitución fue escuchando cantar a mi padre. Haciendo sonar una vieja guitarra que le regaló Paco Luque, un compañero de la tercera galería de Carabanchel donde estaban los presos políticos de base (los jefes estaban en la sexta) entonaba mi padre una poco conocida estrofa del himno de Riego que dice: “Si Riego murió en el cadalso no murió como infame traidor, que murió con la espada en la mano, defendiendo la Constitución”. No sabía nada yo entonces del heroísmo de nuestros militares liberales del XIX ni de la agitada historia de nuestro constitucionalismo.

Años después, estudiando segundo de BUP, empuñé por primera vez la Constitución del 78 como arma política. Acababa de ser elegido representante estudiantil en el Instituto Juana de Castilla de Moratalaz, y la dirección del centro nos impedía colocar carteles políticos aduciendo nuestra minoría de edad. Reuní a mis compañeros en casa y con mi madre, abogada en ejercicio, asesorándonos, estudiamos los artículos de la Constitución relativos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Y allá que nos fuimos a la reunión del consejo escolar a decir que la Constitución estaba por encima de cualquier decisión de la dirección de nuestro instituto. Ganamos el derecho a pegar carteles pero no tanto por la Constitución y por nuestra oratoria persuasiva de entonces, sino por unos profesores y padres que valoraron nuestro esfuerzo y tenacidad contra una directora, a la sazón profesora de alemán, doña Rosa Recuenco, que defendió hasta el final que se restringieran nuestros derechos al tiempo que favorecía actos extra escolares del profesor de religión católica.

Poco después, ya siendo un adolescente enormemente politizado, conocí a Rafa Mayoral, quizá el mayor responsable de que me decidiera a estudiar la carrera de Derecho. El que fuera abogado de la PAH y hoy nuestro diputado, tenía a los 19 años aún más vehemencia que ahora y le recuerdo, con las pupilas encendidas, repitiéndome la clase de Derecho Constitucional que le habían dado, explicándome que el Derecho es fundamental para entender cómo funciona el sistema y que la Constitución es la expresión jurídica de la correlación de fuerzas.

Mi primer profesor en la facultad de Derecho de la Complutense fue el gran Pablo Santolaya Machetti. Recuerdo los maravillosos debates que favorecía en clase. Santolaya me dio mi primera matrícula de honor; decía que por mi madurez aunque hoy pienso que respondía más a mi pesadez. Me fascinaba el Derecho Constitucional entre otras cosas porque ofrecía enormes ventajas para entender muchas claves de la política que después explicábamos a los compañeros militantes que estudiaban otras carreras. De la profesora García Escudero, letrada de la Cortes, adquirí mis primeras nociones de Derecho parlamentario (esto no me entusiasmó ya tanto).

Un año de Erasmus en Bolonia me permitió conocer la constitución antifascista italiana, esa que como dice Enric Juliana [periodista de La Vanguardia] pactaron el partido del Papa (la DC) y el partido de Stalin (el PCI) y que los italianos acaban de defender frente al intento de Matteo Renzi de devenir en nuevo César todopoderoso desatado del parlamento.

Más tarde gané una beca de colaboración en el Departamento de Derecho Constitucional. Aunque ya entonces tenía claro que tras acabar la carrera me matricularía en Ciencias Políticas, allí conocí a algunos de los grandes nombres del Derecho Constitucional español.

Admiré a Jorge de Esteban, un gentleman de otra época, a pesar de nuestras diferencias políticas. Conocí al ya desparecido Pablo Lucas Verdú, anciano entrañable y muy conservador, que siempre me recordaba que fue profesor de Xabier Arzalluz –ex presidente del PNV– y que me conducía por las estanterías traduciéndome títulos del alemán, bajo la atenta mirada de Rocío, mi jefa, desesperada ante la posibilidad de que yo no fuera capaz de ordenar los títulos alemanes que desordenaba el profesor Lucas Verdú (pero quien ha sido becario de biblioteca sabe que las signaturas libran al peor de los políglotas de cualquier problema). Recuerdo que ante mi fascinación por Italia, Lucas Verdú me decía: “Hay que ver con los italianos; eran fascistas y luego se hicieron todos comunistas”. Yo pensaba para mis adentros: “Pues como tantos profesores españoles: eran franquistas y luego se hicieron demócratas”.

Conocí allí también al gran Raúl Morodo, a Carlos de Cabo, uno de los grandes constitucionalistas marxistas, a su hijo Antonio, que además de ser un excelente constitucionalista es un tipo extraordinariamente culto con el que he compartido militancias después. Conocí también a un profesor, a medio camino entre el fascismo y lo estrafalario, Hillers de Luque, que a pesar de todo era cualquier cosa menos un cobarde.

Gracias al que quizá sea el mejor profesor de Derecho que tuve, Enrique Olivas, supe de una apisonadora mental llamada Ordóñez. Ya en Políticas, recuerdo que entre algunos profesores se recordaba un mítico tête à tête en el que un jovencísimo Juan Carlos Monedero (aunque parezca imposible Juan Carlos Monedero fue joven) desafió al viejo león Ordóñez. Aunque el viejo león prevaleciera entonces, entre los honores intelectuales de Juan Carlos, está haber podido tener aquel debate.

Después, en la Fundación CEPS, conocí a los maestros que me enseñaron cómo el Derecho Constitucional puede servir para transformar la sociedad, prestando sus servicios en los procesos constituyentes. De Roberto Viciano, Rubén Martínez Dalmau, Albert Noguera o Marcos Criado no sólo aprendí constitucionalismo latinoamericano, sino la importancia política de las Constituciones para consolidar y proteger los avances sociales. También conocí por aquella época de la mano de Jaume Asens a Gerardo Pisarello. Ellos y Amaya Olivas me enseñaron del uso alternativo del Derecho.

Hoy, a 38 años de la promulgación de una Constitución que plasmó una dificilísima correlación de fuerzas en la que la oposición democrática tuvo que ceder más de lo que pudo arrancar a las élites de la dictadura, quiero homenajear a esos maestros que me enseñaron a entender la situación actual.

Hoy, los autoproclamados constitucionalistas (la triple alianza PP-PSOE-Ciudadanos) pretenden usar la Constitución del 78 para bunkerizarse y frenar los avances sociales que reclama nuestra sociedad. Si la reforma del artículo 135 fue una deshonrosa claudicación ante poderes exteriores, como reconocería incluso el destituido secretario general del PSOE, el atrincheramiento de la triple alianza para negar la necesidad de dar encaje constitucional a la plurinacionalidad y de avanzar en las cuestiones fundamentales que demanda la sociedad, revela que sólo entienden la Constitución como candado y no un texto resultado de una coyuntura histórica difícil (la metamorfosis de una dictadura) y de reformas discutibles, que es manifiestamente mejorable.

Hace exactamente un año propusimos cinco mejoras a la Constitución que seguimos defendiendo. Es necesario blindar en ella los derechos sociales, garantizar la independencia judicial, prohibir las puertas giratorias, cambiar el sistema electoral y dar encaje constitucional a la plurinacional constitutiva de nuestra patria. Frente a los que se atrincheran y se bunkerizan es necesario avanzar y modernizarse.

En esta legislatura es posible que los partidos del búnker busquen algún tipo de reforma. Estaremos como es lógico abiertos al debate pero no somos ingenuos. difícilmente los padres del 135 y los recortes van a poder asumir el desafío histórico que reclaman las gentes de nuestro país más allá de lo que voten. Por eso nuestro papel no debe limitarse a asegurar con nuestra fuerza en el Parlamento que cualquier reforma de la Constitución deberá ser sometida mediante referéndum a la voluntad del pueblo español, sino que debemos también sacar el debate a la sociedad para empezar a construir un espíritu constituyente que ya se intuye en los reclamos populares.

La indignación frente a los abusos de las eléctricas que cortan suministros a compatriotas; las luchas de la clase trabajadora por sus derechos (telemarketing, Coca-Cola); la defensa de las pensiones; la histórica reclamación del 15M del fin de las puertas giratorias y de un sistema electoral más proporcional; la justa reclamación del pueblo catalán de su derecho a votar y decidir; las reclamaciones de sectores populares con identidades que han padecido durante décadas la subalternización de un centralismo miope y antiguo; y la reivindicación de una justicia libre de amenazas e intromisiones del poder político y económico son temas que difícilmente van a asumir los partidos de la triple alianza parlamentaria si en España y sus pueblos no se construyen contrapoderes que den vida a un nuevo espíritu constituyente modernizador, tolerante y avanzado.

De mis padres de la Constitución aprendí muchas cosas, pero quizá la fundamental es que los avances sociales que recogen las constituciones no son el resultado del trabajo de especialistas y parlamentarios, sino del empuje democrático de los pueblos. Todo lo bueno de la Constitución del 78 tiene que ver con ese empuje, mientras que la mayor parte de sus deficiencias tiene que ver con la resistencia de las élites al cambio. Y si algo nos ha enseñado la Historia es que la democracia es el resultado del avance de los pueblos sobre las élites, del avance de los derechos sobre los privilegios.

Los responsables jurídicos del Parlament presentaron por iniciativa propia un informe para advertir a los diputados de su obligación de respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional instantes antes de que la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, permitiera votar la hoja de ruta independentista el pasado mes de julio.

Así lo han explicado este miércoles ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret el exsecretario general de la Mesa del Parlament, Pere Sol, y el letrado mayor de la cámara catalana, Antoni Bayona, en sus declaraciones como testigos en la causa en que está investigada por desobediencia la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, según han informado fuentes judiciales.

El origen y objeto de la causa es determinar si Forcadell desobedeció al Constitucional cuando no impidió que el pleno del 27 de julio pasado incluyera en su orden del día y votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta a una vía unilateral a la independencia.

En este sentido, los letrados han declarado ante la jueza que decidieron de “motu propio” presentar el mismo día ante el registro de la Cámara un informe jurídico advirtiendo de la obligación de los diputados de abstenerse de desarrollar la resolución independentista que se aprobó el 9 de noviembre y que fue anulada por el Constitucional. En este escrito, los juristas se reafirmaron en otro informe que Bayona había redactado en diciembre, después de la sentencia del Alto Tribunal.

Bayona advirtió por escrito a los diputados de la “obligación” que tenía el Parlament de cumplir con la sentencia que anuló la declaración del 9-N, en especial en la tramitación de actos parlamentarios “que insistan en concretar el proyecto político” que expresaba la resolución anulada (la independencia de Catalunya). Precisamente la comisión de estudio del proceso constituyente se planteó por parte de JxSí y la CUP “con el objetivo de dotar de contenido y aplicar” la resolución del 9-N.

Durante aquel pleno, Forcadell preguntó a los diputados independentistas si eran “conscientes” de la resolución Constitucional que instaba a la Cámara catalana a no elevar al pleno las conclusiones ya que suponían desarrollar la declaración anulada del 9-N.

El paso de los letrados del Parlament por el TSJC como testigos es la antesala de la declaración como investigada de Carme Forcadell el próximo 16 de diciembre. También están citados como testigos el próximo 19 de diciembre tres miembros de la Mesa: el vicepresidente segundo, José Maria Espejo Saavedra (C's); y los secretarios David Pérez (PSC) y Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que es Pot).

La izquierda puede abordar el concepto de República desde una racionalidad posmoderna o moderna. Solo en el segundo caso se conforma como un concepto útil para cambiar la realidad

El paso de la monarquía a la República no se puede hacer mediante reforma constitucional, sino que exige un proceso constituyente

Publicar un artículo sobre la República una semana después del 14 de abril parecerá a muchos lectores desfasado y fuera de lugar. Ello es fruto de una imperante concepción posmoderna en el uso de conceptos políticos como el de República que es necesario cambiar.

Los conceptos políticos no solo están hechos para describir realidades, sino también para cambiarlas y crearlas. Todo concepto político admite distintos usos con consecuencias distintas con respecto a su potencial movilizador y transformador. La izquierda puede abordar el concepto de República desde una racionalidad posmoderna o moderna. Solo en el segundo caso se conforma como un concepto útil para cambiar la realidad.

En su concepción posmoderna, la República se agota en la conmemoración. Desde la cultura posmoderna del usar y tirar y de entronización del momento presente, del aquí y ahora de la instantaneidad informativa y consumidora donde se vive solamente el presente y nadie cree en el futuro ni se acuerda del pasado, la República aparece y desaparece cada 14 de abril en forma de conmemoración, para ser rápidamente devuelta al olvido. La República se museifica, se convierte en meras placas o monolitos con un listado de nombres, en formas de la memoria como lugares de recuerdo que se agotan en su función ritualista y memorialística. Esta es cada vez menos un concepto político y cada vez más un concepto jurídico de judicialización de la historia, lo que desactiva su potencial transformador.

A diferencia de la posmodernidad, aquello que caracterizó a los autores de la Ilustración que dieron origen a la modernidad, fue su capacidad para convertir los conceptos políticos en armas de lucha y futuro. Los autores de la Ilustración del siglo XVIII no inventaron los conceptos de igualdad, libertad, etc. En su doctrina de los derechos inalienables del hombre no hay nada nuevo que no apareciera ya en los libros de Locke, Grocio o Pufendorf. El mérito de Rousseau y sus contemporáneos reside en otro campo, en sacar estos conceptos del ámbito de la metafísica y llevarlo al de la lucha política. Recuperar el uso moderno del concepto de República y darle un uso político es fundamental hoy para abordar el proceso democratizador en el Estado español. Pero, ¿cómo podemos darle a la noción de República un uso político?

Cuatro años atrás, un grupo de profesores de derecho constitucional lanzamos un libro de divulgación titulado Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a la crisis (Sequitur, 2012). Su objetivo era lograr que el concepto de Asamblea Constituyente dejara de pertenecer solo al lenguaje de los juristas y terminara por ser empleado corrientemente, convirtiéndose en nuevo motor de la acción colectiva. Sin embargo, a excepción del caso catalán, ello no se ha logrado en el Estado español. La mayoría de la población del Estado sigue sin estar familiarizada con este concepto, y el régimen ha lanzado contra-conceptos como “regeneración democrática”, “reforma constitucional”, etc. que han ganado la partida en la conciencia colectiva. Ello nos obliga a buscar nuevas llaves para barrer el régimen del 78 y abrir el proceso constituyente. La reivindicación de un referéndum sobre la República puede ser de gran utilidad en este sentido. Tal reivindicación permite dos grandes potencialidades, una en el momento previo y otra en el momento posterior del referéndum.

En el momento previo, la construcción del enfrentamiento contra el régimen del 78 en términos de conflicto democrático estructurado alrededor de la reivindicación masiva del derecho al voto (“¡queremos votar!”), el cual está interiorizado en el interior de la conciencia colectiva como un derecho fundamentalísimo y jurídicamente posible de acuerdo con la actual Constitución (art. 92), ubica al régimen en una posición de debilidad argumentativa y ante un “enemigo” al que no puede encerrar en una categoría que justificaría su represión (“terroristas”, “anarquistas”, etc.), con lo que se trata de un objetivo asequible.

En el momento posterior, un resultado en el referéndum a favor de la República generaría una consecuencia difícil de gestionar por el régimen del 78. Y es que el paso de la monarquía a la República no se puede hacer mediante reforma constitucional, sino que exige un proceso constituyente. ¿Sobre qué base hago esta afirmación?

Todas las Constituciones establecen mecanismos de reforma constitucional. Sin embargo, fue una práctica habitual en muchos textos constitucionales aprobados después de la Segunda Guerra Mundial excluir determinadas materias de la revisión constitucional, estableciendo cláusulas de intangibilidad que afectan, entre otros aspectos, a la forma República. El art. 89 de la Constitución francesa señala que “la forma republicana de gobierno no puede ser objeto de revisión”. O el art. 139 de la Constitución italiana dice, en el mismo sentido: “La forma republicana no puede ser objeto de revisión constitucional”. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de cláusulas?

En teoría constitucional, a diferencia del Poder Constituyente que es un poder rupturista y revolucionario, la función del poder de reforma constitucional es adaptar la realidad jurídica a la realidad política pero sin ruptura, garantizando la continuidad jurídica y política del sistema. En tanto que la modificación de los valores y principios sobre los que se sustentan los fundamentos y legitimidad del sistema (como puede ser la forma republicana de gobierno) implicaría una destrucción del sistema mismo, esta modificación solo puede llevarse a cabo por el Poder Constituyente que es un poder absoluto y originario, pero nunca por el poder de reforma constitucional que es un poder continuista. Utilizar el poder de reforma constitucional, en lugar del Poder Constituyente, para destruir la base del sistema constitucional constituiría un fraude constitucional. Ello explica la existencia de las cláusulas de intangibilidad.

Lo anterior pone de relieve que la conversión de una monarquía parlamentaria a una República no es una simple modificación del texto constitucional, sino un cambio en el sistema político que exige un proceso constituyente.

Ahora bien, si llegado el momento constituyente no se quiere que la República naciente sea una República neoliberal más, como USA o Francia, sino una República democrática, participativa y con justicia social, es necesario que en paralelo a la reivindicación transversal del referéndum reconstruyamos una izquierda social, mayoritaria e ideológicamente fuerte, capaz de operar dentro de la Asamblea Constituyente y fuera en la calle para determinar la forma de la nueva República.

En resumen, dejar atrás el concepto posmoderno, ritualista y memorialístico de República, para hacer de esta un concepto político movilizador y transformador, puede constituir una de las llaves que tiene la izquierda española para abrir el tan necesario proceso constituyente en el Estado.

Quienes firmamos el presente artículo apostamos de manera clara y decidida por la República como forma de estado. Y hoy 14 de abril que se cumplen 85 años desde que fue proclamada de madrugada en Eibar, primer municipio, no lo hacemos desde un punto de vista nostálgico, sino como apuesta de futuro democrático para el conjunto de la ciudadanía del Estado español.

El republicanismo que manifestamos no es solo la reivindicación de una forma de gobierno, la República, opuesta a la monarquía, es la reivindicación de la responsabilidad pública de la ciudadanía. Una responsabilidad republicana que está unida al ejercicio de la ética en lo político y en lo social, que busca una participación activa y promover los medios para dicha participación en aras del bien común, la justicia, la igualdad y la fraternidad. La República preconiza la democracia como una plaza abierta y no como un mero mercado en el que los débiles están sometidos a los fuertes. Así, la reivindicación de República y la de una ciudadanía consciente y participativa en la construcción de su futuro se dan inevitablemente la mano. Pero pensamos que la República no es una reivindicación única o exclusivamente ciudadana, sino también una reivindicación para la acción política en el momento actual. Y es que ambos aspectos van unidos en relación a la actual Monarquía española.

Tras el franquismo se nos volvió a imponer una monarquía, la borbónica, que en ningún momento fue elegida por el pueblo. La soberanía no reside en una única familia. No somos súbditos ni súbditas, somos una ciudadanía que quiere decidir. Los principios políticos democráticos, la evolución social y las conocidas vicisitudes que rodean a la actual casa real propician un cada día más extendido debate sobre el modelo de organización del Estado y la necesidad de que la ciudadanía tome la decisión sobre República o Monarquía que siempre se nos ha negado. Creemos que esta decisión deberá resolverse mediante un referéndum específicamente convocado para decidir sobre esta cuestión.

Decíamos al principio que nuestra reivindicación republicana no es nostálgica. Sin renunciar al pasado republicano que, con sus luces y sus sombras, forma parte de los tiempos más democráticos que se han conocido en el pasado, creemos en un modelo republicano social, igualitario, democrático y respetuoso con el futuro del planeta, de las personas y de los pueblos. Del mismo modo consideramos importante el camino que se ande hacia la consecución de esa república: en el Estado Español el logro de una nueva república va unido al inicio un nuevo proceso constituyente, dado que el actual marco constitucional ejerce de barrera prácticamente insalvable para cambios políticos de fondo como el que proponemos en este artículo.

La crisis económica y el déficit de políticas sociales van generando el continuo aumento de personas en riesgo de exclusión social. La crisis ecológica tiene graves impactos sobre el clima y los ecosistemas, lo que implica un riesgo inasumible para la salud de las personas, los animales y el planeta. Esa situación hace que la población se mueva entre la indignación y la necesidad de articular una respuesta social que dé salida a esta situación. ¿Es la Constitución de 1978, más allá de reformas puntuales, la salida a esta situación? Desde nuestra perspectiva, por esa vía no hay recorrido.

Por ello, consideramos que es importante la suma y la confluencia de personas y de organizaciones con propuestas transversales de carácter rupturista. Para nosotras y nosotros, una de esas propuestas es la republicana. Así se está demostrando estos días en un buen número de ayuntamientos de Euskadi donde se están aprobando mociones republicanas, que están recabando el apoyo de organizaciones políticas diversas en sus objetivos últimos, pero que son conscientes de la importancia de un cambio político de fondo cara a la consecución de los citados objetivos.

Somos conscientes de que apostar para que podamos decidir el marco de convivencia entre Euskal Herria y el resto de pueblos del Estado español, pasa también por la reivindicación republicana. Será la ciudadanía vasca quien decida sobre esas relaciones, pero esa capacidad de decisión para ser efectiva necesita tener un reconocimiento por parte del resto del Estado. A nadie se nos escapa que la Monarquía es símbolo último de una unidad estatal impuesta, que en ningún momento ha sido sometida a la decisión ciudadana. Someter a la decisión de los pueblos del Estado español el marco de relación que desean mantener entre si tiene así una condición previa: la desaparición de la institución monárquica.

Consideramos por tanto necesario el inicio de un verdadero y democrático proceso constituyente por el que transitar hacia una III República sobre la voluntariedad de los pueblos, y al servicio de la mayoría social. Ese es nuestro anhelo hoy como republicanas y republicanos del presente.

Finalizamos este artículo donde lo empezábamos. No somos nostálgicos ni nostálgicas, o rehenes del pasado, somos activistas de un futuro por llegar. Un futuro a escribir pero desde valores de libertad, igualdad y fraternidad. Futuro republicano.

Ion Collar (concejal-portavoz en Errenteria) y Jose Ferradas, militantes de Podemos-Ahal dugu

Jon Hernandez (secretario general del EPK-PCE) y Josetxo Álvarez, militantes de Ezker Anitza-IU

Loic Alejandro (concejal en Donostia) y Raisa I. García, militantes de Equo Euskadi

La Constitución cumple 37 años. Y sólo el Partido Popular quiere dejarla como está. Ni siquiera lleva en su programa el cambio la supresión de la preeminencia del varón en la sucesión de la corona. “El texto es plenamente vigente”, repiten como una jaculatoria los dirigentes populares. Pero en la próxima legislatura puede que ni siquiera tengan una mayoría de bloqueo, según las encuestas publicadas, y el resto de partidos puedan sumar los dos tercios necesarios para modificar la Constitución, es decir, 234 escaños.

Pero, ¿qué propone el resto? PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU-UP llevan en sus programas diferentes propuestas. Sí. Pero los cuatro coinciden en una cosa: lo que proponen exige, por su calado, además de los dos tercios en la Cámara, su disolución, la aprobación de las reformas por mayoría de dos tercios de las nuevas Cortes y, en último término, en un referéndum.

Quien llega más lejos es el candidato de IU-UP, Alberto Garzón, quien propone el inicio de un proceso constituyente “que devuelva la voz y el poder de decisión de la ciudadanía para avanzar en un modelo de Estado republicano y federal”: es el único que lleva en su programa que la jefatura del Estado sea elegida por sufragio universal.

Podemos, que en su día tuvo una secretaría de Proceso Constituyente, dirigida por Juan Carlos Monedero, ahora prefiere hablar de “reforma constitucional” y de “cinco acuerdos para un nuevo país” centrados en los derechos sociales, la profundización democrática, la despolitización de la justicia, la lucha contra la corrupción y el derecho a decidir de las comunidades.

Encaje territorial

Quien se queda más corto, descontando al PP, es Pedro Sánchez. El PSOE fundamentalmente propone un modelo federal que descarta la posibilidad de un referéndum sobre la independencia: se centra en la mejora de la determinación de las competencias y en que el modelo de financiación autonómica se someta a votación. La propuesta de reforma constitucional de los socialistas abarca cambios en capítulos que requieren la disolución de las Cortes y la celebración de un referéndum.

En este ámbito, el territorial, también entra el resto de partidos. Mientras Pablo Iglesias, el candidato de Podemos, abandera el derecho a decidir de las comunidades –“yo no quiero que se vayan, pero ya es hora de que los catalanes voten lo que quieren ser”, suele decir Igleisas– y Garzón habla del derecho de autodeterminación de los pueblos “basado en la libre voluntad de las partes en unirse en un proyecto común”; Ciudadanos quiere cerrar ya –“consolidar”, dicen ellos– el Estado autonómico: pide suprimir la cláusula constitucional por la que Navarra puede anexionarse al País Vasco, la enumeración de competencias y terminar con la posbilidad de que puedan ampliarse en las Comunidades.

La apuesta del PSOE es tender a un modelo federal que, según Pedro Sánchez, no supone una “ruptura con el actual estado autonómico” sino que es su “perfeccionamiento” porque “clarifica las competencias, no deja al albur del Gobierno de turno la financiación autonómica y aborda la reforma del Senado” –que Ciudadanos pide suprimir para ser sustituido por un consejo de presidentes autonómicos–. Además de llevarlo a Barcelona, los socialistas pretenden vincular definitivamente sus funciones a las que “derivan de la dimensión territorial” y que su composición también lo sea: o bien mediante un modelo intergubernamental o representativo de las comunidades. Reflejar en la Carta Magna de la entrada de España en la UE es otra de las aspiraciones del PSOE.

Blindaje social

La propuesta de Ciudadanos, si bien afirman que se trata sólo de “reformar algunos preceptos, imprescindibles para resolver determinados problemas institucionales”, reconocen que es “ambiciosa”, “aunque no se trata de cambiar el sistema, sino de mejorar su funcionamiento”. Es decir, afecta a numerosos artículos, hasta el punto de que una de sus banderas es compartida con Podemos e IU-UP: el blindaje de los derechos sociales en la Constitución: sanidad, educación, vivienda... Derechos que quedaron supeditados al cumplimiento del déficit tras la reforma del artículo 135 pactada por Rajoy y Rodríguez Zapatero en agosto de 2011.

Sin ir tan lejos, el “blindaje del Estado del Bienestar” es otro eje de la propuesta de Sánchez, que busca enmendar el “error” de la reforma del artículo 135. Lo que pretenden ahora los socialistas es incluir un apartado en la redacción de manera que se mantenga el principio de estabilidad presupuestaria pero que se proteja con nivel de derechos fundamentales la sanidad y la protección de la Seguridad Social.

El último bloque de reformas que quieren acometer los socialistas tiene que ver con la mejora de la calidad democrática. Sánchez ha prometido cambiar el sistema electoral para que haya una “mejor representatividad” dado que el actual refuerza al bipartidismo, aunque no ha detallado cómo lo hará. Lo que sí figura en el texto es la posibilidad de desbloquear las listas para que se vote a las personas y no a una plancha. Otra novedad es que el PSOE –que incluyó las primarias para elegir a su secretario general hace apenas un año– quiere obligar a los partidos a través de la Constitución a que seleccionen a sus candidatos a través de ese sistema. Además, el PSOE plantea incorporar al texto constitucional su promesa de un ingreso mínimo vital.

También Ciudadanos propone la oblilgatoriedad de las primarias y la rebaja a 250.000 las firmas necesarias para registrar una Iniciativa Legislativa Popular. En esto, coincide con Podemos e IU-UP, que además reclaman revocatorios para cargos públicos que no cumplan sus compromisos.

El otro gran eje de reforma tiene que ver con la independencia de la justicia, en el que tanto Podemos como Ciudadanos e IU son prolijos en iniciativas. Podemos, por ejemplo propone medidas para despolitizar el Tribunal Constitucional y “constituir un poder Judicial abierto a la elección directa de la ciudadanía”. Ciudadanos, por su parte, reclama la supresión del CGPJ y que sus funciones sean asignadas al presidente del Supremo y del poder Judicial, asistido por dos adjuntos; así como que el procedimiento de nombramiento del fiscal general esté regulado por la Constitución.

Inmovilismo 'popular'

Y, mientras tanto, ¿alguien se mueve en el PP? El partido de Rajoy mantiene que no es necesaria una reforma constitucional ya que sigue “plenamente vigente” en una legislatura en la que va a cumplir 40 años. De hecho, no forma parte de su programa electoral para el 20D. Y eso que en verano Rajoy dijo que estaba “abierto” al debate, pero la polémica que desató fue zanjada rápidamente por boca de Pablo Casado: “En un momento en que se desafía la unidad de España no conviene cuestionarse el marco de convivencia, que ha dado el periodo de mayor prosperidad en España”.

El presidente ha llegado a la campaña con el mensaje de que no se niega a ello, pero no ve consenso entre los partidos, no cree que sea la solución para Catalunya ni que sea una preocupación de la sociedad. Sí acepta que es necesario actualizar la sucesión a la Corona e incluir los nombres de las Comunidades Autonómas, pero no lo ha introducido en su programa: simplemente se declara dispuesto a escuchar las propuestas de los demás partidos.

Quien sí ha abundado algo más en este asunto es el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo: dice tener una reforma preparada en un cajón desde hace tiempo y la defendió con ocasión de las últimas catalanas, donde participó en un debate con Oriol Junqueras (ERC). En su propuesta se muestra dispuesto a ceder casi todo el IRPF.

Con información de Irene Castro, Aitor Riveiro, Luz Sanchis y Carmen Moraga

Solo un proceso constituyente del que surja una revisión total de la actual Constitución podrá dar paso a un nuevo país más democrático, plural y justo.

La resignación y el posibilismo no son buenos compañeros en política. Este ciclo político comenzó en las plazas con la determinación de darle la vuelta a todo y no puede finalizar en el desencanto, en un voto sin ilusión repleto de concesiones por miedo a las derechas, creyendo que no se puede construir aquel nuevo país que soñamos.

Se trataba de llevar la voz de las plazas y de las calles a las urnas. Sorprender, hacerles saltar sus agendas con dignidad y coraje, con una imaginación política que deslumbró al mundo. Íbamos lejos.

Desde Unidad Popular estamos en esas. Hoy como ayer. Y como estaremos mañana. Lo decimos claro con propuestas que no se las lleva el viento, con la experiencia y el aprendizaje de estos últimos años.

Queremos acabar con el país del 14% de trabajadores pobres, con la temporalidad que inundó el 92% de los contratos firmados en 2014. No nos gusta el país del gran paro, que además mantiene tan solo un 27% -y bajando- de sus parados con prestación.

Rechazamos el país de la LOMCE, de las segregaciones y las desigualdades, de los recortes en Filosofía y Humanidades mientras se implanta la FP en Tauromaquia. Buscamos acabar con un país donde la Iglesia católica tenga privilegios, donde se adoctrine en las escuelas públicas. Queremos dar la vuelta al país del rey, en realidad queremos que no haya rey, tampoco reina. Cerrar las bases de la OTAN que permiten bombardeos crueles que quiebran vidas, impedir el vuelo de los drones al servicio de la codicia, implantar una política exterior de paz y respeto a la legalidad internacional.

Aquel mes de mayo de 2011 nadie se esperaba lo que sucedió en Sol. Los grandes medios tuvieron que ir incorporándose con el paso de los días, tan acostumbrados al ninguneo de lo que no entienden ni comparten. Hoy, como ayer, no hay más que fijarse a quién vetan en sus debates. Al establishment aquello le pilló con el pie cambiado y antes o después le volverá a suceder.

Nos colamos en la agenda desde las plazas. Nadie nos invitó. No pudieron predecirnos con sus datos y sondeos. Como tampoco invitaron a los afectados por la hipoteca, quienes crearon desde la base la organización política más potente y compleja de los últimos años. Las mareas llenaron las calles de colores en defensa de lo público y los grandes poderes seguían mirando estupefactos desde la barrera. Nadie nos ofreció tampoco personarnos como acusación en los casos de corrupción que sacudían al país, ni publicar nuestra opinión en los nuevos medios para gritar a los cuatro vientos que estaban desnudos.

La idea de cambiar el país que no nos gusta, el que obliga a hacer las maletas a cientos de miles de jóvenes, el que asienta las injusticias sociales a nuestro alrededor, fue tomando forma en las discusiones que acompañaron los movimientos populares. Se nombró como Proceso Constituyente una senda que recorrer juntos entre diferentes en pos de un objetivo común, un nuevo país.

El régimen del 78 a través de su Constitución había blindado una Monarquía que nos trataba formalmente como menores de edad. Algunos dijimos con todas sus letras que queríamos un Estado laico, romper los acuerdos con la Santa Sede y el carácter aconfesional que imponía el texto constitucional. Frente al vaciado de derechos sufrido, en lo que denominamos proceso destituyente neoliberal, apostamos por desafiarlo. En un nuevo texto para un nuevo país los derechos socioeconómicos han de ser exigibles, no meramente nominales. Incumplirlos debe ser sancionable, han de estar al mismo nivel que los ahora considerados fundamentales y las libertades públicas.

Ante la corrupción, la pobreza energética, las privatizaciones perpetradas al servicio de unos pocos y los oligopolios, muchos creímos que era posible lograr la devolución de los sectores estratégicos al sector público. Nacionalizar, sí, hablábamos de nacionalizar con todas sus letras. Hoy lo llevamos en nuestro programa y mañana seguiremos luchando por ello.

El 15M lo protagonizó una generación perdida para el empleo. Y el drama sigue. Los jóvenes entre 16 y 29 años han superado por vez primera a los menores de 16 años en la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social. Del 23% en 2009 al 36% en 2014. La pobreza infantil no le va a la zaga con un 35%. En definitiva, uno de cada tres menores de 29 años en España está como poco al borde de la pobreza.

Por eso soñamos con otro modelo productivo basado en empleos cualificados y estables. Una economía del conocimiento que dispare la productividad para facilitar el reparto, que se cree trabajo reduciendo la jornada laboral. Soñamos con un empleo basado en salarios dignos, convenios colectivos, seguridad laboral. Más aún, todavía somos muchos los que creemos que la democracia económica no solo es posible sino imprescindible.

Ni nos servía un PSOE que hablaba con lengua de serpiente, ni un PP a todas luces peor. Tampoco sus sucedáneos.

Queremos derogar sus reformas laborales, sus leyes privatizadoras de la Sanidad, abandonar su Estrategia 2015 para una Universidad neoliberal. Buscamos erigir organizaciones políticas al fin democráticas, horizontales, abiertas a la ciudadanía, capaces de revocar fácilmente a sus representantes cuando no cumplan. Acabar con la ley de hierro de los aparatos tristes y en guerra. Reformar uno de los sistemas con menor presión fiscal de Europa y gravar de una vez a los más ricos. De verdad; por tierra, mar y aire. Con impuestos a las transacciones financieras sin esperar a nadie, penalizando a quienes se llevan el dinero a paraísos fiscales.

El diagnóstico era y sigue siendo meridianamente claro, al menos para nosotros: el régimen del 78 mantiene evidentes legados autoritarios y una estructura económica, social, legal y política injusta.

La represión se ha extendido sin freno por el Código penal, con reformas cada vez más punitivas, con una Ley Mordaza no ya antidemocrática, sino directamente antiliberal. La justicia nunca fue igual para todos y la ley electoral es ampliamente reconocida como injusta.

Tras años luchando por recuperar la memoria histórica, dijimos bien alto y sin complejos que nuestro referente constitucional era aquel plenamente democrático de 1931. Las cesiones del 78 no eran las nuestras. El noble impulso popular de entonces fue sofocado por pactos entre élites. Nada por tanto que agradecer, tampoco que celebrar. El nuevo país que queremos se hará desde 2015, pero dignificando aquel pasado vencido que tanto nos sigue enseñando, desde la inaplazable reparación de los daños infligidos por el franquismo. Sin maquillajes ni renuncias, desde abajo.

Sabemos que se ha instalado el marketing, el espectáculo y el ganar a cualquier precio. Se desprecia la ética, se abraza la frivolidad a costa de las propuestas de fondo, se entroniza a los expertos y volvemos a dilemas que ya dábamos por desterrados: reforma o ruptura, viaje al centro para atrapar allí más votos o pedagogía para acercar a la gente a tus principios. La pugna enfrenta en realidad un nuevo elitismo vertical y una apuesta por la democracia cercana.

Un nuevo país, una República laica y federal, que enfrente las desigualdades de género desde lo económico, lo social y lo educativo, que persiga sin cuartel las violencias machistas. Una economía con energías renovables como motor de un desarrollo al fin sostenible, con universidad gratuita, sanidad pública y cien por cien universal. Sin CIE ni deportaciones, sin persecuciones racistas, construyendo una comunidad inclusiva capaz de acoger.

Son propuestas que conforman un proyecto de país que no traicionaremos. Las dijimos ayer en las calles, las seguimos llevando en los programas y las defenderemos allá donde nos dejen expresarnos. Mañana seguiremos luchando por ellas, discutiendo y decidiendo entre todos en cada barrio, en cada pueblo.

Frente al cierre del nuevo bipartidismo que jalea sin pudor debates a cuatro ofrecemos la construcción de un nuevo país plural y democrático, sin miedo a escuchar y dialogar públicamente con todos. Frente a la Restauración comandada por Felipe de Borbón, frente a las Reformas que alivian y apuntalan al régimen, que apenas tosen a sus pilares monárquicos, religiosos, económicos y militaristas, seguimos poniendo sobre la mesa un Proceso Constituyente que nos traiga un nuevo país. La mera Reforma, dirigida por los partidos y controlada por un Tribunal Constitucional bipartidista, será impotente para la gran transformación que precisamos.

La propuesta de siempre era salirnos del artículo 167 y apostar por la revisión total que permite el 168, una nueva Constitución para un nuevo país. Por nuestra parte ahí seguimos. Me encantaría que el 20D esto se tuviera en cuenta, pero sobre todo ojalá se vote con alegría, con orgullo de lo que se hace y con esperanza. Tras las enormes resistencias de esta legislatura, no merecemos menos.

Mientras unos -los reformistas- proponen la necesidad de realizar algunas reformas en el texto constitucional, otros -los rupturistas- planteamos que lo necesario es un proceso constituyente como auténtica revolución democrática que rearticule el diseño institucional del Estado y la forma de gobierno para someterlos a la voluntad popular. No es lo mismo reformar una Constitución que generar otra y que esta surja de la voluntad de todos los ciudadanos.

Las diferencias entre estos planteamientos son fundamentales para entender ante qué estamos realmente y, sobre todo, de qué hablamos; cosa que resulta del todo necesaria en tiempos de electoralismo extremo donde la claridad es importante, máxime cuando algunos candidatos solo pretenden confundir al electorado sin medir las consecuencias y demostrando que no son de fiar.

¿Qué diferencia existe entre reformar una Constitución y abordar un proceso constituyente?

Reformar implica, necesariamente, modificar algunos artículos del actual texto constitucional, pero sin ni siquiera cuestionar su legitimidad ni los propios mecanismos que en la Constitución de 1978 se establecen para su cambio. Básicamente, quienes hablan de reforma constitucional están proponiendo realizar retoques al texto de 1978 poniendo unos parches, pero sin abordar el problema de fondo. Se trata de cambiar algunas cosas para que todo siga igual.

Las ideas reformistas surgen de la constatación del problema -necesidad de cambio-, pero al que se le da una respuesta tibia, de menor entidad y cómoda. Tratar de asumir un marco constitucional surgido de una situación ilegítima, desde la perspectiva democrática, y adaptarlo en aquellos puntos concretos con el fin de pretender dar satisfacción a las demandas sociales, pero sin alterar las formas y estructuras presentes.

Un proceso constituyente -que es lo que muchos proponemos- es algo mucho más profundo. Surge del pueblo (como auténtico poder constituyente) y es un cambio general, amplio, inclusivo y que tiene como requisito el contar con una auténtica legitimidad democrática a la hora de establecer un marco constitucional diferente que sería el objetivo a alcanzar. A través de un proceso constituyente, la ciudadanía se brinda a sí misma una nueva Constitución partiendo de la constatación de que la vigente está funcionalmente obsoleta y que, además, es ilegítima por antidemocrática.

¿Por qué la actual Constitución es antidemocrática?

Se puede analizar desde distintas perspectivas, pero -qué duda cabe- la principal causa de ilegitimidad radica en sus orígenes: el actual texto constitucional fue redactado en la contingencia propia de la salida de una dictadura y bajo la tutela de los poderes fácticos de entonces, casi los mismos que ahora.

Pero no solo por su origen estamos ante un texto que carece de legitimidad democrática, entendida esta como el reflejo de la voluntad popular, sino también por su texto. Este establece una serie de definiciones, conceptos e instituciones que son eminentemente antidemocráticas, bastando como ejemplo la configuración de la jefatura del Estado.

Un proceso constituyente como el que proponemos implica abrir su construcción y aprobación a los ciudadanos dotándolo de la necesaria legitimidad para que sirva de marco regulador y convivencial, y garantice los derechos de todos, delimitando, entre otras cosas, un nuevo país en el que todos nos sintamos cómodos.

¿Cómo hacer este proceso constituyente?

La actual Constitución -tanto por su propia génesis como por lógica constituyente- ha establecido un marco inadecuado para gestar un proceso constituyente, en el sentido amplio del término, si bien permite la posibilidad de cambiar íntegramente su texto con unos requisitos concretos como son los previstos en el art. 168. Este artículo prevé una mayoría de “dos tercios de cada Cámara para la aprobación de la reforma y la disolución inmediata de las Cortes”, así como que “las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras” y que “aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación”.

Se trata de un procedimiento y unos requisitos que tienen la clara intencionalidad de impedir cualquier modificación del escenario constitucional surgido en 1978 y que, trasladando al final del proceso el referéndum, impide que el proceso constituyente cuente con la necesaria participación ciudadana en cuanto a su origen.

Los llamados “padres de la Constitución” pretendieron establecer un procedimiento excesivamente rígido y, al mismo tiempo, huir de la utilización del llamado “principio de intangibilidad” existente en otras constituciones de nuestro entorno, según el cual determinados artículos o títulos de la Constitución son inmodificables. Sin embargo, al mismo tiempo introdujeron trampas propias de las que se hacen en periodos postdictatoriales, estableciendo que el mecanismo descrito se aplica a un texto íntegro, por lo que no cabría votar una nueva Constitución artículo a artículo como sería deseable y necesario en democracia.

En este marco normativo solo cabría conseguir esa mayoría (dos tercios) en unas elecciones previas y tramitar el nuevo texto constitucional como si de cualquier otra ley se tratase, tal como prevé el art. 166 de la CE de 1978 (el que regula la iniciativa de reforma constitucional). Es decir, que se trataría de unas elecciones generales con un marcado programa constituyente y que requerirían de una mayoría social consciente de la necesidad de avanzar hacia una nueva Constitución.

No existen otras vías legales en el actual marco normativo, porque las cosas las dejaron atadas y bien atadas. Esto no implica que seguir el modelo previsto en la actual Constitución reste legitimidad democrática al proceso, puesto que la ciudadanía participaría, al menos, tres veces en este proceso: la primera, al elegir el parlamento con vocación programática de reformar la Constitución; la segunda, una vez disuelto este, en las elecciones de las Cortes que tendrían que aprobar el nuevo texto constitucional, que serían Cortes constituyentes; y, finalmente, en el propio referéndum, teniendo siempre la última palabra como auténtico poder constituyente.

Una nueva Constitución no es la solución a todos los problemas que atraviesa España, pero, sin duda alguna, es el comienzo de la superación de muchos de ellos, porque, a partir de entonces, viviríamos en un sistema elegido por todos los ciudadanos sin que se trate de un marco consensuado en la tensión entre dictadura y democracia. Un sistema que tenga en consideración que los derechos humanos, económicos, sociales y culturales no son meros “criterios orientadores” de nuestro ordenamiento jurídico, sino auténticos derechos fundamentales que deben estar obligatoriamente tutelados y garantizados por el Estado. Ese nuevo marco constitucional tendrá que definir unos nuevos y más democráticos principios electorales, la forma de gobierno, la articulación de la representatividad, los cauces de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones y otras muchas materias que requieren de una nueva definición y protección constitucional de la cual surgirá un nuevo país, el de todas y para todas las personas.

Somos conscientes que un proceso de estas características no es sencillo, pero, igualmente, tenemos muy claro que renunciar a dotarnos de una nueva Constitución es tanto como renunciar a satisfacer las demandas y necesidades de un amplio sector de la ciudadanía. En el fragor electoral, quienes nos prometieron el cielo están renunciando a algo sin lo cual será imposible alcanzarlo, porque el camino sin retorno al centro implica, entre otras cosas, abandonar el sueño de una sociedad mejor, más justa y más democrática. En definitiva, se trata de un desafío necesario y sin el cual resulta imposible optar, siquiera, a construir un nuevo país.

Con este artículo, Contrapoder da comienzo a su propia “Semana de la Constitución”, inspirada en las premisas de justicia social y democracia radical que mueven este blog

Desde variadas perspectivas se reclama una urgente revisión constitucional, que, a estas alturas, se presenta también cargada de peligros

España ya no cabe en su Constitución. La crisis económica ha puesto al descubierto muchas de nuestras vergüenzas políticas. Algunas proceden en exclusiva del juego de partidos; otras, en cambio, derivan, por acción u omisión, de nuestro sistema constitucional.

Los diagnósticos a este respecto difieren. Algunos han localizado en la génesis de nuestra democracia las carencias que estaban destinadas a provocar la crisis actual. Según este relato, en aquel momento se formó una Constitución pensada principalmente para restaurar la monarquía, instituir el turnismo bipartidista, conjurar la participación directa del pueblo y resolver la plurinacionalidad a través de la descentralización. Además, se dejaron intactas decisivas estructuras de poder del franquismo, tanto en los aparatos estatales –magistratura, fuerzas de seguridad, ejército, burocracia– como en sectores empresariales, se postergó todo lo social a la posición menos vinculante y se decretó el olvido y la consiguiente impunidad de los crímenes franquistas.

De aquellos polvos estos lodos, podría decirse. Encerrar a los gobernados en la jaula de hierro de la democracia representativa habría llevado a su desconexión total con los representantes. La autonomía de los gobernantes, libres ya de fiscalización popular, sumada al turnismo sustentado por las derechas nacionalistas, habría producido las condiciones propicias para el imperio de la corrupción. La continuidad de las élites económicas franquistas explicaría nuestro persistente capitalismo de Gaceta. La permanencia en su puesto de burócratas y magistrados de la dictadura habría inspirado una cultura jurídica leguleya, ajena al primado constitucional de los derechos. Y todo ello se habría visto envuelto por una narrativa hegemónica, la Cultura de Transición, amparada y promovida por el poder social e institucional, y constitutiva de la principal fuente de identificación política en nuestra sociedad.

Para otros, sin embargo, la Constitución de 1978 fue, cómo no, hija de las circunstancias. Hubo de responder, por tanto, a las limitaciones materiales que rodearon su alumbramiento. Y lo hizo del mejor modo posible: permitiendo el salto de una dictadura totalitaria a una democracia con garantías, aun cuando el ejército y el terrorismo ultraderechista respiraba sobre el cogote de toda la oposición digna de tal nombre. Es más, se habría logrado entonces incluir en el articulado constitucional hasta los enganches –sufragio universal, planificación económica– que permitían aspirar a lo máximo, a la llamada «transición legal al socialismo».

Pero justo por obedecer a aquella coyuntura especialísima, la Constitución no podía sino devenir obsoleta pasado el tiempo. La necesidad de establecer un marco común a posiciones diametralmente opuestas llevó a los constituyentes a afirmar una cosa y su contraria, sin adoptar una decisión conclusiva: el libre mercado y la planificación, la igualdad y la progresividad fiscal, la indisolubilidad de la nación y la existencia legítima de nacionalidades… El peso de las consecuencias culturales de la guerra inspiró artículos concretos, como el que da por hecho que las «creencias religiosas de la sociedad española» son las católicas, solo mayoritarias en 1978 por la recatolización violenta llevada a cabo durante la conflagración y la dictadura. Por otro lado, aquel pacto constituyente solo se explicaba por un conjunto de cesiones mutuas –v. gr. monarquía por democracia, capitalismo por derechos sociales– que muy pronto dejaron de obligar a la oligarquía y sus mandatarios. Y, además, determinadas soluciones, como la adoptada por la cuestión territorial, pronto se revelarían como provisionales, al ser desbordadas por la realidad.

Desde este ángulo, la Constitución lleva más de dos décadas reclamando una revisión. Debió expresar en su momento la homogeneidad socioeconómica conquistada por el incipiente Estado del bienestar, reflejando el consenso suscitado en torno a su extensión y garantía. Tuvo que asegurar el juego de cesiones mutuas, que iba descompensándose por la integración europea, las privatizaciones y las reformas laborales. Hubo asimismo de incitar las reformas necesarias para lograr la democratización plena de los aparatos del Estado y reconocer los derechos de las víctimas de la dictadura. Y debió, en fin, dar el salto definitivo desde la lógica de las autonomías a la del federalismo. Todo ello fue asignatura pendiente de los gobiernos mayoritarios socialistas. Las voces que así se expresaban fueron, sin embargo, minoritarias y sistemáticamente marginalizadas.

Tan mayoritaria era la aceptación de nuestra norma fundamental hace una década, que el primer resorte que se movió al desencadenarse la crisis fue el de invocarla como garantía frente a los desafueros del Gobierno. Y he aquí un tercer frente de críticas que señalan la necesidad de su actualización: una vez bastardeado el Tribunal Constitucional a través de nombramientos partidarios, se ha revelado incapaz de frenar por sí sola las embestidas que ha ido sufriendo en sus propios fundamentos. Recordemos solo algunas.

El abuso de la legislación por decreto ha dejado prácticamente sin contenido la forma parlamentaria. La constitucionalización de la austeridad ha quebrado la dimensión social del Estado y ha recentralizado el régimen. En esta misma línea, la regulación reciente de la administración local ha socavado la autonomía municipal. La recuperación de la justicia onerosa ha mermado el derecho a la tutela judicial efectiva. Los recortes en servicios públicos y la política de vivienda convierten en ilusorios los derechos sociales más elementales. Las concatenadas reformas laborales han eliminado la obligatoriedad de la negociación colectiva y han vaciado aspectos sustanciales del derecho al trabajo. La reciente legislación en materia de seguridad ciudadana merma gravemente los derechos de reunión o manifestación y la libertad de expresión. Y, por si fuera poco, en el horizonte se otean reformas electorales para liquidar todo atisbo de proporcionalidad, una regulación de la huelga dirigida a eliminar su carácter de derecho fundamental o una ley seguridad nacional con estados de excepción literalmente extraconstitucionales.

La Constitución, por tanto, se ha mostrado incapaz de frenar su vaciamiento, de impedir su sustitución paulatina por una suerte de Estado neoliberal, en el que los derechos vuelven a estar al albur de una legislación diseñada en exclusiva por el ejecutivo. La Constitución habría perdido así su dimensión promisoria, defraudando muchas de las expectativas en ella depositadas. Por eso, desde este parecer, habría que revisarla, sí, pero para reforzar sus lados más garantistas, cuya vulnerabilidad ha quedado palmariamente demostrada.

Así las cosas, a día de hoy, los que todavía sostienen la idoneidad del marco constitucional lo hacen solo porque saben que no les limita en absoluto, que pueden pisotearlo sin coste alguno e invocarlo solo a conveniencia, como para frenar las aspiraciones independentistas. Muchos de los que creemos que se requiere su revisión parcial, o incluso total, aspiramos, por el contrario, a blindar sus derechos y culminar el objetivo de fundar una democracia constitucional, respetuosa con la plurinacionalidad, algo imposible de realizar enteramente en origen debido a las circunstancias propias del final de la dictadura. Sin embargo, en este bloque de la opinión pública, andamos entretenidos con un debate escolástico y poco sustantivo, el de la disyuntiva entre reforma constitucional y proceso constituyente, un revival del clásico «reforma o revolución».

Es un dilema adjetivo porque la vía que se adopte para el cambio dependerá siempre de la correlación de fuerzas en presencia. Las salidas parecen claras: o referéndum consultivo sobre la idoneidad de abrir un periodo constituyente, creando un verdadero año cero para nuestro orden político en caso de asentimiento mayoritario; o aligeramiento de los requisitos para la revisión, a través de la reforma de la propia cláusula de reforma; o cumplimiento de dichas exigencias, marcadas en el art. 168 de la Constitución. En cualquier caso, lo que dará dimensión constituyente a una hipotética y deseable revisión de la letra constitucional, por parcial y localizada que ésta sea, será siempre la intervención directa y sin mediaciones del poder constituyente del pueblo. Y todo apunta a que, a estas alturas, el establecimiento de un nuevo pacto constitucional, por mucho que conserve del ahora nominalmente vigente, deberá contar con la legitimidad conferida por el cuerpo electoral.

Actualizando aquel dicho conservador de que «nuestra sociedad no está aún preparada para vivir en democracia», muchos señalan que no se dan las condiciones propicias para lograr ahora un consenso constituyente. Lo cierto, sin embargo, es que la inclinación al diálogo y la transacción solo se verá reforzada cuando la necesidad de tomar decisiones compela a ello. Ahora bien, tras casi una década de regresión autoritaria, la intervención del poder constituyente del pueblo no es garantía de nada progresivo, como algunas visiones románticas sostienen. El conservadurismo neoliberal, el auténtico materialista oculto de nuestra dialéctica política, ha logrado, a través de sus «reformas estructurales», sembrar un ánimo y crear una atmósfera espiritual en la que las mayorías sociales, tremendamente golpeadas, se encuentran ya dispuestas a ceder lo máximo para conservar lo mínimo. No la falta de consenso, sino la posibilidad cierta de un consenso regresivo, tal es ahora el principal peligro de la revisión constitucional para las aspiraciones más garantistas. Tal es, también, la explicación de que muchos se sumen ahora a la reforma constitucional, no para revertir la regresión sufrida, sino para terminar de consagrar en el articulado de la Constitución lo conseguido a través de su nueva legalidad.

"Se impone acometer un proceso constituyente como propuesta a la sociedad española, atendiendo, entre otras, a las demandas de Cataluña en cuanto a su reconocimiento como nación, para lograr un renovado pacto constitucional", afirma el autor

A finales del siglo XVIII, al hilo de la Revolución Francesa, se hicieron notar quienes, sabiendo que el Ancien Régime había llegado al punto de ser insostenible y que se había agotado el tiempo para los cambios en su propio marco, se resistían, no obstante, a sumarse de lleno al proceso revolucionario. Robespierre lanzó sus dardos dialécticos contra ellos, echándoles en cara que querían “revolución sin revolución”. Salvando las distancias de todo tipo que nos separan de aquellos acontecimientos, nos encontramos actualmente en España con una situación algo parecida. Estamos ante una grave crisis institucional del Estado y el agotamiento del desarrollo autonómico del mismo, todo lo cual reclama reformas tan en profundidad que de suyo hay que hablar de la necesidad de un proceso constituyente. Sin embargo, de manera análoga a la crítica que hacía Robespierre a los espíritus timoratos que, viendo la necesidad de cambios revolucionarios, no los apoyaban en serio, ahora cabe hacer una crítica consistente a quienes entre nosotros quieren, en lo que se refiere a la Constitución, reforma sin reforma.

Vaya por delante que previamente la crítica ha de ser especialmente contundente respecto a los que no quieren reforma alguna, ni siquiera del Senado para que sea verdadera cámara territorial. El Partido Popular, encarnación mayoritaria de la derecha españolista, se niega a ello. Con miopía política gravemente culpable se niega a ver la imperiosa necesidad de acometer cambios en nuestra carta magna, si queremos que siga siendo válida, es decir, suficientemente legitimada para su función como norma fundamental del Estado. Incluso ante unas circunstancias tan tensas como las que se están dando en vísperas de las próximas elecciones para el parlamento de Cataluña, cuando se ve venir que la candidatura Junts pel Sí, conformada por Convergència y ERC y que promueve su independencia, puede tener amplio respaldo –mayoritario, aunque no sea con mayoría absoluta–, al gobierno del PP no se le ocurre otra cosa que la argucia de una proposición de ley, a tramitar por procedimiento de urgencia en el Congreso, sobre sanciones por incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional, diseñada ad hoc para lo que pueda ocurrir tras dichas elecciones. Tal proposición constituye en sí misma, más allá de su formalismo, todo un proceder contra la Constitución que se dice defender. Es por ello que una autoridad tan reconocida como la de Francisco Rubio Llorente, que fue presidente de dicho tribunal, haya declarado que es día de luto el de la presentación –marcadamente electoralista– de una reforma como la que propone el PP, la cual “aplastará la Constitución”.

Pero si analizamos las propuestas de reforma que por otros latitudes del espectro político nos encontramos, podremos apreciar que no se presentan con la suficiente solidez y la necesaria credibilidad. Si nos detenemos en el discurso de la candidatura de Catalunya Sí que es pot, la presencia de Podemos en ella junto a ICV y Equo lleva a que insista en el derecho a decidir y en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, pero sin que se perfile con nitidez una propuesta federalista. En el caso de los socialistas, se habla de federalismo abiertamente, pero sin que se concrete suficientemente de qué federalismo se trata, eludiendo insistir en que debiera ser un federalismo plurinacional, a la vez que renunciando a defender el derecho a decidir en una consulta legal –lo cual es giro notabilísimo respecto a lo que el PSC propugnó en las anteriores elecciones y a lo largo de la legislatura, sin explicaciones claras sobre su porqué, habida cuenta de que no se trataba de una propuesta frívola–.

Estando así las cosas, todo da la impresión de que los diferentes actores políticos velan sus armas democráticas más mirando de reojo las de sus rivales que poniendo verdaderamente a punto las propias. Eso vale incluso para la propuesta de secesión como elemento fundamental de Junts pel sí, con su explícita posición plebiscitaria, pues su misma propuesta estaría más reforzada si no hubiera dejado tantos cabos sueltos por el lado de la legalidad de los pasos que hipotéticamente se prevén para la independencia de Cataluña. No obstante, guste o no guste, la ventaja de esa candidatura es que ofrece un proyecto que concita la adhesión de amplios sectores de la ciudadanía, y no dejará de hacerlo por el hecho de que se diga que moviliza factores más emocionales que racionales o señalando meramente los obstáculos que dicha propuesta tendrá que afrontar si  fuera el caso que ganara, como si con esa variante de refinada política del miedo se frenara un impulso político de raíces identitarias. Tal es el error de la tan comentada carta de Felipe González A los catalanes, aparte de odiosas comparaciones del nacionalismo catalán con el nazismo o con el fascismo del siglo pasado.

En el campo socialista se refiere, la Declaración de Granada, que continúa en la órbita de reforma del Estado autonómico en una dirección federalizante, no llega a ofrecer la suficiente coherencia a las respectivas posiciones de PSOE y PSC entre sí. Por eso asoman a cada paso diferencias llamativas, cuando no contradicciones. En definitiva todo estriba en no asumir con todas sus consecuencias lo que reclama la diversidad nacional que se da en el Estado español, para desde ahí diseñar una propuesta coherente de federalismo pluralista –al modo como lo proponía, por ejemplo, Miquel Caminal–. Hay voces muy cualificadas que apuntan en esa dirección incluso desde el seno de la “comisión de expertos” nombrada por la dirección del PSOE para elaborar propuestas programáticas, pero desde ellas no se deja de expresar –como ha hecho el profesor Xavier Arbós– la duda respecto a que una propuesta federalista así pueda abrirse camino. Si eso no lo impiden los argumentos que apoyan el federalismo pluralista, que no tienen nada de débiles, sino las tensiones no resueltas dentro del socialismo español, es que en éste no se ha cobrado plena conciencia del reto que afronta el Estado.

La crisis de legitimidad que se cierne sobre el Estado, que puede verse acentuada tras las ya citadas elecciones catalanas, es de tal calibre que bien debería tenerse en cuenta el dicho castellano de “a grandes males, grandes remedios”. Remedio a la altura de las circunstancias es ese federalismo del que hablamos, respecto al cual sería óptimo que se asumiera sin temores, aunque conscientes de la complejidad que implica, para de verdad querer “reforma con reforma en serio”. El momento actual, como señalaba ya hace tiempo (noviembre de 2014) el constitucionalista Pérez Royo, es constituyente por las mismas cuestiones que la democracia española ha de resolver, lo cual él mismo lo explicitaba más en cuanto a su contenido subrayando que en los momentos constituyentes no basta una mera reforma constitucional, sino que se impone acometer un proceso constituyente. Sin miedo y sin necesariamente pensar que eso supone partir de cero. No; supone una apuesta constituyente como propuesta a la sociedad española, atendiendo, entre otras, a las demandas de Cataluña en cuanto a su reconocimiento como nación, para lograr un renovado pacto constitucional. Si PSOE y PSC apostaran claramente por ello nadie diría que no hay convincente proyecto alternativo. 

Constitucionalistas del PSOE están trabajando a partir del

Informe sobre la Reforma constitucional

elaborado por el Consejo de Estado en 2005

Una vez se instaura en el imaginario social la idea de que se ha producido una adaptación del viejo texto constitucional a la realidad actual, el ciclo democratizador queda cerrado.

El régimen del 78 y los partidos políticos que lo sostienen mantienen entre ellos una relación de interdependencia. La supervivencia y reproducción de cada uno de ellos sólo puede darse si se da a la vez la supervivencia y reproducción del otro.

Sabiendo esto, se ha especulado que una multifragmentación de la representación parlamentaria en las próximas elecciones estatales podría dar lugar a un gobierno de concentración PP-PSOE para garantizar la estabilidad del régimen, que es también la suya.

La verdad es que tal escenario es harto improbable. El PSOE sabe que esta fusión implicaría la disociación y desplazamiento de una amplia mayoría de sus bases hacia opciones políticas ubicadas a su izquierda, con lo que no salvaría ni su estructura partidista ni la estabilidad del régimen.

El mecanismo a través del cual los dos grandes partidos han conseguido, tradicionalmente, la doble reproducción (régimen-partido) no ha sido la forma “gobierno de concentración” sino la de la adopción de pactos de Estado puntuales aunque manteniendo en todo momento un escenario simbólico de pluralismo político y representación de intereses distintos que actúa como plano superior simbólico englobante de la diversidad de los ciudadanos.

Ambos partidos han sido siempre conscientes de que la legitimidad del régimen es mucho más eficaz y mayoritaria si se opera a través de la supuesta convivencia entre una pseudo-diversidad de partes fragmentadas, y en disentimiento, en el interior de un todo común, que si se opera a través de una teóricamente auténtica y única voluntad popular homogénea sin diferencias ni diversidad interna en la que mucha gente no se sentiría incluida.

De acuerdo con esto, todo parece indicar que independientemente de si es el PP o el PSOE el que logra los apoyos suficientes para la investidura, el otro se mantendrá en la oposición aunque confluyendo momentáneamente en un nuevo pacto de Estado para salvar el régimen y a ellos: la reforma constitucional.

En 2004, Zapatero delineó en su discurso de investidura algunas propuestas de reforma constitucional. A raíz de aquel discurso y por iniciativa presidencial se encargó la elaboración al Consejo de Estado de un Informe sobre la Reforma Constitucional, presentado en 2005. Actualmente y desde hace varios meses, diversos constitucionalistas del PSOE, gran parte de ellos ex-altos cargos o con responsabilidades políticas y técnicas durante aquella legislatura de Zapatero (2004-2008), están trabajando de nuevo para desarrollar a partir de las propuestas existentes una versión acabada de reforma constitucional. El actual Ministro de Justicia del PP y el mismo Presidente Rajoy han anunciado que su partido estaría dispuesto a aceptar parte de estas propuestas de reforma.

Algunos de los aspectos que se proponen modificar son:

La supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono con el fin de adaptarlas al principio de no discriminación de la mujer; la reforma del art. 71.2 CE para eliminar la inmunidad de los parlamentarios y de los arts. 71.3 y 102.1 CE para suprimir el fuero especial de los parlamentarios y miembros del gobierno; modificar la forma de elección y funciones del Senado; reformar el Título VIII de la Constitución en un sentido federal que incluya la denominación oficial de las Comunidades Autónomas (CCAA) en el texto constitucional y sustituya el actual reparto competencial confuso, por una definición con claridad de las competencias del Estado y las autonomías como hace el modelo alemán. Con ello, se pretende poner fin a lo que se considera una excesiva conflictividad entre Estado y CCAA, de la que –afirman– se deriva una determinada cultura política territorial del conflicto.

Respecto al Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, se propone una modificación del actual sistema de nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo por parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (art. 123.2 CE), para que sea propuesto por los propios magistrados del Tribunal Supremo de entre ellos y ratificado por las Cortes Generales. O una reforma del Título IX, endureciendo los requisitos de acceso a magistrado del Tribunal Constitucional, de los actuales 15 años de experiencia a, al menos, 25, y sustituyendo el nombramiento por bloques por nombramientos individuales. A la vez, para evitar nuevos episodios como el del Estatuto de Autonomía catalán de enfrentamiento del TC con el cuerpo electoral que ha ratificado una norma en referéndum, se propone introducir en el ordenamiento el recurso previo y preceptivo frente a las normas que vayan a ser sometidas a referéndum popular.

Se trata en todos los casos de reformas cosméticas, con más apariencia que fondo, que no tienen ninguna consecuencia en el actual sistema de distribución del poder político, económico ni territorial. Incluso, camuflada en medio de todas ellas, se plantea constitucionalizar la inclusión en la Unión Europea, lo que blindaría todavía más el actual régimen austericida. Sin embargo, es de prever que su adopción irá seguramente acompañada de una campaña mediática sin precedentes acerca de la “modernización”, la “mayor independencia y democratización del Poder Judicial”, el “mayor control y menos impunidad de los políticos”, la “mayor reconocimiento de la pluralidad cultural”, etc. que la reforma implicaría.

Es importante tener claro que si uno de los dos grandes partidos del régimen logra formar gobierno, el pacto de Estado con el otro para la reforma parece asegurado, y una vez la idea de que se ha producido una adaptación del viejo texto a la realidad actual se instaure en el imaginario social, el ciclo democratizador quedará cerrado. La idea de renovación y modernización del régimen tiende a ampliarse socialmente alimentada por los efectos de la propia reforma, con lo cual el régimen y sus partidos se relegitimarían totalmente y la ventana de oportunidad para algún tipo de cambio quedaría definitivamente cerrada por décadas.

Ante este escenario, las opciones que le quedan a la izquierda transformadora son pocas y pasan por intentar evitar la investidura de un gobierno del PP o el PSOE, para en un escenario de inestabilidad desplazar el centro del proceso democratizador en las calles. Es desde allí donde habrá que articular, sin demasiado tiempo y aprendiendo de los errores de estos últimos meses, un nuevo frente popular plural con el que intentar operar de manera más eficaz que hasta ahora.

“Lo importante no es lo que piense yo, es lo que ha dicho Carmelo Romero”. Con esta frase, pronunciada en el Palacio de Vistalegre durante la asamblea fundacional de Podemos, Pablo Iglesias zanjó su postura respecto a la ley electoral. Carmelo Romero Salvador (Pozalmuro, Soria, 1950) es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, además de autor de novelas como Calladas rebeldías o El diputado Pardo Bigot. En su faceta académica y literaria siempre ha prestado especial interés a cómo el sistema electoral ha determinado el devenir de España, tema que ha compaginado con su atención al campesinado castellano.

Firme defensor de un proceso constituyente como vía para exorcizar el actual momento español, Romero intervino en aquella asamblea de Podemos en representación del Círculo de Soria.

¿Cómo determina la ley electoral las elecciones en Aragón?

El punto fundamental es la división por provincias. La distribución de escaños no es proporcional al número de habitantes de cada provincia, sino que salen primadas aquellas con menor número de población, en el caso de Aragón, Huesca y Teruel. En Aragón hay 67 diputados; de esos 35 son por Zaragoza, 18 por Huesca y 14 por Teruel. Este reparto está determinado por la ley electoral de la comunidad autónoma, que establece que el número de habitantes dividido por el número de escaños en la provincia más poblada no puede superar en 2,75 veces al de la provincia menos poblada. De esta manera, aproximadamente, Zaragoza tiene un diputado por cada 30.000 habitantes, Huesca por cada 13.000 habitantes y Teruel por cada 10.000 habitantes. Así, 10.000 habitantes de Teruel equivalen a 30.000 de Zaragoza en cuanto al valor de su voto. A los partidos les sale más “barato” conseguir un escaño por Teruel o Huesca que por Zaragoza.

Lo que está pensado para corregir desigualdades territoriales, ¿tiene sus inconvenientes?

La ley trata de paliar los desequilibrios territoriales y poblacionales, pero hace que el voto de las personas sea más o menos determinante dependiendo del lugar donde viven. Se ha buscado un equilibrio entre territorio e individuos, pero yo pregunto: ¿Cuántas veces se han juntado los diputados por Teruel o por Huesca a la hora de votar en defensa de su provincia? Ninguna, que yo sepa. En la práctica, el territorio no es determinante, lo es la pertenencia a un partido. Así que, si se querían compensar los desequilibrios, esta medida debería ir acompañada de listas abiertas, de manera que cada diputado se gane su escaño con determinado programa orientado a su provincia. Tal como está ahora, quien decide es el partido cuando hace las listas y, como no es la ciudadanía quien los elige directamente, los diputados se deben al aparato de su partido, no a quienes les han votado.

¿A quién ha beneficiado y perjudicado este sistema en Aragón?

La respuesta es obvia: los partidos que más votos sacan en Teruel y Huesca son los más favorecidos, porque con menos votos obtienen más diputados. Y ahí quién más se ha beneficiado es el PAR. En la actual legislatura, el PAR ha tenido siete diputados autonómicos, mientras que Chunta ha tenido cuatro. Sin embargo, esa diferencia de escaños no se corresponde con el número de votos que recibieron, donde hubo una diferencia mucho más ajustada. ¿Por qué paso esto? Chunta concentró sus votos mayoritariamente en la provincia de Zaragoza, mientras que el PAR tuvo más peso en Huesca y Teruel.

¿Las elecciones municipales y autonómicas pueden marcar tendencia en la política nacional?

Los únicos comicios que han cambiado un régimen en España han sido unas elecciones municipales, las del 12 de abril de 1931. Estamos hablando de un contexto muy determinado, después de siete años sin celebrarse elecciones con la dictadura de Primo de Rivera, tras un siglo en el que siempre las ganaba quien las convocaba... Ahora, estamos ante unas elecciones municipales y autonómicas que podrían provocar vuelcos políticos si los resultados fueran muy espectaculares en cuanto a hundimiento del PP y PSOE. No llegaría un cambio de régimen, pero si cambiaría la tendencia de cara a las elecciones generales. Los resultados de las grandes capitales de provincia y las autonómicas darán la radiografía del momento.

¿Es válida la comparación de este momento político con el del final de la Restauración?

Es algo que ya comenté en las plazas del 15M, en 2011. El sistema ha entrado en un claro paralelismo con el de la Restauración, salvando las distancias. No estamos ante un fin de ciclo, es una crisis profunda del sistema. Y de una crisis de este tipo solo se sale mediante un proceso constituyente. En la Restauración, la situación se solventó primero con un golpe militar, el de Primo de Rivera, pero después acabó por llegar el cambio de régimen y un proceso constituyente. Este proceso constituyente es absolutamente necesario ahora, porque es la única forma de devolver la esperanza a una colectividad que ha perdido la fe en el sistema. Esto, por supuesto, genera temor en los partidos del sistema.

¿Qué caminos se abren?

Hay tres opciones políticas sobre la mesa. Una, no tocar la Constitución, que es la del Partido Popular. Otra, reformarla, que es la del PSOE. Y la tercera, la que defiende Podemos, abrir un proceso constituyente. Luego, el resto de partidos se posiciona en torno a estas tres corrientes: IU está a favor del proceso, Ciudadanos no ha dicho nada al respecto y los nacionalistas tienen sus posiciones pero están a la espera. Esto será lo que se decidirá en las próximas elecciones generales.

De este proceso constituyente, ¿qué tipo de ley electoral debería surgir?

No hay ninguna que sea perfecta, toda ley acaba por generar vicios a lo largo de los años. La actual ley electoral española ha llegado al punto en que es el vicio en sí misma. La mejor forma de que el parlamento refleje fielmente el sentir de la ciudadanía y a la vez tenga en cuenta los aspectos territoriales y fomente la cercanía entre políticos y ciudadanos está en el sistema alemán. Allí, el elector vota con dos papeletas distintas: una, para elegir al partido y distribuir los escaños a nivel nacional; otra, para elegir al diputado concreto para su territorio, con lo cual los candidatos se han de ganar el apoyo en su circunscripción. ¿Que dentro de 20 años ese modelo se vicia? Pues se cambia otra vez.

En la novela 'El diputado Pardo Bigot' hablas del clientelismo en Aragón. ¿Es uno de esos 'vicios' del sistema electoral?

Están directamente relacionados. Que ciertas formas de clientelismo hayan estado aceptadas en nuestra sociedad tiene que ver con la situación económica. Hemos vivido en la sociedad de la confianza, con la idea de que el progreso era imparable. Y todo lo demás, pelillos a la mar. En cuanto ha llegado la crisis y una contrarevolución social (paro, empobrecimiento de las clases medias, marginalidad de las clases bajas...), se ha generado una sociedad de la ira.  Entonces, lo que antes parecían pelusillas que se podían esconder debajo de una alfombra se ven ahora como cagadas de elefante. La sociedad se cuestiona sus formas y raíces. Se genera la dualidad entre quienes temen lo nuevo y quienes rechazan lo decadente. Hay una lucha entre el miedo y la esperanza.

Según las encuestas, lo que queda es un parlamento fragmentado. ¿Está preparada la clase política para esta nueva situación?

Habrá nuevas alianzas en los parlamentos, pero no serán matrimonios por amor, sino por necesidad. Ni el PP ni el PSOE han buscado nunca los pactos, su objetivo siempre ha sido lograr mayorías absolutas. Ahora van a tener que entrar en el juego parlamentario, y ahí habrá de todo, los que se adapten mejor y peor. La primera prueba, el parlamento surgido de las elecciones andaluzas, ha demostrado que Susana Díaz no ha entendido el nuevo escenario. O, si lo ha hecho, no tiene capacidad de diálogo y negociación. No se puede pensar que los partidos deben apoyar automáticamente a la opción más votada, la responsabilidad no solo va en una dirección. Quienes no sepan negociar deberán irse a su casa.

Ante la fragmentación... ¿Cabe esperar reformas electorales de urgencia para primar mayorías?

Son previsibles parches, en no pocos casos tramposos, como introducir una segunda vuelta entre los más votados. Es un pensamiento viejo ante nuevas realidades. Una sociedad no se salva así.

Mientras las encuestas anuncian el fracaso de la estrategia del “asalto a los cielos” y de las promesas de ruptura democrática en el Estado por la vía electoral, el régimen plantea su regeneración cobrando fuerza la idea de una reforma constitucional cosmética que cerraría por arriba cualquier oportunidad de transformación.

Esta deriva ubica a las izquierdas en Catalunya en una situación particularmente complicada.

Dentro del marco competencial actual, que impone una autonomía regional y local recortada y limitada presupuestariamente, un posible gobierno de izquierda en Catalunya sería materialmente incapaz de desarrollar un programa político democratizador. El acceso al gobierno sin impugnar el marco constitucional estatal sólo provocaría así su desgaste político y la creencia generalizada de que la izquierda tampoco sirve para resolver los problemas derivados de la crisis. Frente a ello, la apertura de un proceso constituyente catalán, capaz de aprobar un texto progresista en el marco de un nuevo Estado con soberanía para definir sus relaciones con los capitales internacionales, es una de las pocas opciones que quedan. Ahora bien, la manera como se plantee la hoja de ruta del proceso es determinante para el resultado final.

El 30 de marzo de 2015 se presentó la llamada “hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán”, firmada por CDC-RI, ERC, ANC, AMI y OC (Convergència Democràtica de Catalunya-Reagrupament Independentista, Esquerra Republicana de Catalunya, Assemblea Nacional Catalana, Associació de Municipis per la Independència y Òmnium Cultural). En ella se establecen los pasos que se compromete a adoptar este bloque de partidos y asociaciones en caso de obtener una amplia mayoría parlamentaria en las elecciones al Parlament previstas para el 27-S. Una de las características del proceso diseñado en esta hoja es la inversión de los planos político y jurídico.

Una revisión a los principales procesos constituyentes clásicos de la historia nos permite ver que éstos han acostumbrado a articularse a partir de una secuencia lineal en el tiempo entre lo político, en primer lugar, y lo jurídico en segundo. La ruptura es el momento político de conformación de un nuevo espacio de dirección política, a partir del cual se inicia el momento del Derecho (Asamblea Constituyente). Lo jurídico no ha acostumbrado a asociarse al momento de ruptura, sino que se ha presentado siempre como algo propio de un proceso que ya ha triunfado.

Siguiendo este esquema y ante la convocatoria de unas “elecciones constituyentes” en septiembre, el proceso lógico a seguir, en caso de que las fuerzas constituyentes obtuvieran la mayoría absoluta del Parlament, debería ser el siguiente: 1º. Una Declaración Unilateral de Independencia (DUI); 2º. La conformación de una Asamblea Constituyente (AC); y 3º. La ratificación popular del proyecto constitucional y conformación de la nueva institucionalidad.

No obstante, la “hoja de ruta” acordada plantea un camino que invierte este orden tradicional planteando: 1º. La elaboración de un proyecto de texto constitucional “mediante un mecanismo participativo”; 2º. (De manera paralela) Inicio de negociaciones con el Estado español e instancias internacionales para el reconocimiento y admisión del nuevo estado; y 3º. Celebración de un referéndum constitucional cuyo resultado positivo permita la proclamación de la independencia.

¿Qué consecuencias tiene esta inversión de lo político y lo jurídico? ¿El orden de los factores altera el producto? Evidentemente que sí.

El diseño de esta hoja de ruta sitúa a las elecciones del 27-S no como un mecanismo de ruptura constituyente y por tanto de inicio de un proceso popular, sino básicamente como un mecanismo de delegación de confianza o soberanía a un centro de poder conformado por el nuevo Gobierno para que actúe como espacio patrimonialista de dirección política del proceso. De ello derivan determinadas consecuencias que pueden contribuir a abortar tanto el carácter transformador y progresista del nuevo texto constitucional catalán como el propio proceso en sí mismo.

Una de estas consecuencias es la sustitución del Poder constituyente por un proceso o “mecanismo participativo”, conceptos distintos y en ningún caso intercambiables. Todo proceso constituyente implica una interacción problematizadora entre sujetos y realidad. En un proceso participativo como el que propone la hoja de ruta, al ser el centro de dirección política el que normativiza e implementa la participación dentro de ciertas pautas preestablecidas, asignando a los actores sociales determinadas posiciones, recursos, roles, comportamientos y guiándolos, a través del ejercicio del planificador central, hacia aquel destino previamente especificado. Se ejerce un control anticipado de esta interacción. La participación acaba materializándose no en una irrupción popular en el escenario político que desborda la institucionalidad para la creación de nuevas realidades, sino en la mera implementación de un proceso técnico vinculado y dirigido por el centro de Poder. Así, la “acción comunitaria” participante y transformadora propia de un proceso constituyente se acaba reconvirtiendo en una “acción societal” dirigida y organizada racionalmente por el centro de dirección.

Otra consecuencia es la desvirtuación del referéndum constitucional. Ubicar la ratificación referendaria de la Constitución como paso previo y condición para poder declarar a continuación la independencia, tiene como consecuencia que la campaña del referéndum no se enfoque como un proceso de valoración del contenido material del texto, sino como una prueba más para demostrar el apoyo popular a la idea abstracta de independencia. El tema consultado (el contenido material del texto) queda desvirtuado y en segundo plano, mientras que el “no” al texto constitucional quedaría simplificado y convertido en un “no a la independencia”. Ello nos lleva a una coyuntura en la que el hecho de que el texto de la Constitución no sea trasformador deberá aceptarse como un mal menor a asumir si no se quiere renunciar a la independencia.

Frente a ello, la definición de una hoja de ruta que restablezca la relación tradicional entre lo político y lo jurídico -procediendo en caso de una mayoría independentista el 27-S, primero a una DUI y después a la convocatoria de elecciones a una AC en cuyo primer mandato disuelva el Parlament y se conforme en único órgano de transición- se conforma como una hoja más incierta, pero también más favorable para las izquierdas por dos razones principales.

La primera, porque vincular la independencia no a la idea iusnaturalista y abstracta de nación, sino a la apertura de un proceso constituyente para democratizar los procesos de producción y redistribución de la riqueza es la única manera de conseguir ampliar la mayoría social alrededor del proceso hacia nuevos sectores más amplios. Y dos, porque aunque esta vía no esté libre de posibles bloqueos o fracasos, le permite a las izquierdas cambiar el campo de batalla aislando a la derecha.

Ante la convocatoria de elecciones a AC y anuncio de disolución del Parlament, las fuerzas unionistas tienen dos opciones: o presentan candidatura a la AC y entran en el proceso (aunque con la intención de bloquearla por dentro), o quedan fuera y desaparecen del tablero político.

Hecha la ruptura y ubicado el centro político en la AC, el ahora eje principal unionismo-soberanismo con sus bloques agregativos anti-naturales (CiU, ERC, ICV-EUA, CUP) se redefine en el eje de debate sustantivo sobre el contenido de la Constitución cambiando la lógica agregativa de bloques y permitiendo conformar un bloque progresista a la izquierda del PSC (ERC, ICV-EUA, CUP i Podem) que, según las propias encuestas, puede alcanzar la mayoría absoluta.

Este largo fin de semana está lleno de celebraciones. Por un lado, el sábado 6 se celebró el día de la Constitución, festividad destinada a rememorar la fecha en que aquella se ratificó por el pueblo español mediante referéndum. Por otro, hoy lunes 8 los católicos festejan el dogma de la Inmaculada Concepción, la creencia según la cual María estuvo libre del pecado original desde el mismo momento de su concepción. Se trata de una mera coincidencia de fechas que permite jugar con parecidos razonables.

Año tras año se repite la misma liturgia. Los políticos del bipartidismo se felicitan del éxito de esta Constitución, a la vez que sus apóstoles se dedican a ir pregonando la buena nueva. Las virtudes de un sistema constitucional que nació libre de pecado gracias al consenso y el buen hacer de una generación de personas provenientes de los “dos bandos” que ya desde finales de los años cincuenta aparcaron sus históricas diferencias y se dedicaron con fe, compromiso y lealtad a construir un Estado democrático. El resultado fue una Constitución que, según predican urbi et orbi, ha traído la época de mayor prosperidad y esplendor de la historia de España.

Al igual que la Iglesia necesita dogmas para mantener el dominio sobre sus feligreses, también el regimen político nacido de la Transición y constitucionalizado en 1978 se sirve de mitos o verdades incuestionables transmitidas acríticamente desde sus púlpitos. Medios de comunicación, universidades, think tanks y las propias instituciones del Estado se han afanado desde el principio de los tiempos por consolidar un dogma: que la Transición fue un “bálsamo de paz, de concordia y acuerdo”. Tan modélica que, como la verdadera fe, mereció ser exportada a tierras bárbaras.

En este contexto toda oposición al dogma es considerada pecado capital y, en consecuencia, merecedora de la excomunión y expulsión de la comunidad de fieles. Tampoco cabe ningún ejercicio de mea culpa. Ni entonces ni ahora. El mainstreaming dominante sigue hablándonos hoy -casi cuarenta años después- de la Transición como un proceso pactado, dialogado, consensuado y pacífico. Y son tachados de herejes quienes se atreven a reconstruir un relato histórico de los hechos de la época destacando dos elementos. Por un lado, la imposición de las líneas maestras del texto constitucional por parte de los sectores franquistas, aquellos que, en cambio, rápido abrazaron la fe del converso. Por otro, la enorme violencia ejercida desde el aparato del Estado en esos años para amedrentar los deseos de avanzar en libertad y democracia por parte de la ciudadanía; una violencia política de origen institucional que se tradujo en asesinatos, muertes, detenciones ilegales, torturas y violaciones de derechos humanos sobre cuya magnitud real no tenemos todavía hoy un conocimiento total.

Debe de ser su carácter impío el motivo de que a las víctimas de la Transición se les niegue incluso la condición de mártires. De ahí que el Estado español no haya pedido perdón por su silencio y olvido, ni tampoco haya hecho penitencia al respecto. Su reparación, a diferencia de otras víctimas de violencia política como son las del terrorismo, dista mucho de ser una realidad. En cambio, es muy amplio el santoral constitucional. Está compuesto por aquellos hombres que fueron capaces de amar a la Transición y a la Constitución por encima de todas las cosas, que se apartaron de veleidades partidistas o personales y que mostraron al resto un camino de perfección. De ahí que merezcan ser venerados por la comunidad y para ello nada mejor que dar su nombre a aeropuertos, universidades, edificios, calles, premios, etc. Todo lo que se haga es poco frente a su generosidad y sufrimiento. Por cierto, a diferencia del católico, en el santoral constitucional no hay santas.

Al igual que en las religiones, también existen reformistas en el credo constitucional. Últimamente se les escucha alzar un poco la voz. Pero tampoco demasiado, no vayan a ser también ellos estigmatizados. De ahí que se limiten a sugerir algunos cambios o retoques puntuales en las sagradas escrituras constitucionales, pero sin aclarar la forma cómo llevarlos a cabo y sin cuestionar en ningún momento la autoridad divina del texto. Serían poco menos que blasfemos si permitiesen un proceso constituyente o una revisión total de la constitución que abriera paso a un nuevo sistema o, cuanto menos, que diera la palabra al pueblo. Son tratados con condescendencia y comprensión desde el propio régimen, la que merecen al ser buenos creyentes, tan solo equivocados. Por eso son sermoneados, pero al final perdonados.

Y como toda fiesta que se precie en España, la celebración constitucional bien merece una procesión. En este caso, la que se realiza con pompa y boato en la Carrera de San Jerónimo, sede del Congreso de los Diputados, y a la que acuden con sus mejores galas las más altas instituciones del régimen. Mientras, más de cinco millones de personas desempleadas les contemplan. Junto a ellos se encuentran las víctimas de los desahucios, las familias que viven bajo el umbral de la pobreza y los amigos de los jóvenes exiliados, entre otros.

Pero no están solos. Al otro de la calle, viendo pasar la procesión constitucional de banderas, textos sagrados y autoridades, están los cortesanos, la casta, los corruptos y los usuarios de la puerta giratoria. Todos estos tienen, sin duda alguna, muchos motivos para unirse a la fiesta constitucional. Para allá van.

PD.- Mañana martes ningún organismo oficial del Estado español recordará que un 9 de diciembre se aprobó en las Cortes la Constitución democrática y republicana de 1931.

El 36 aniversario de la Constitución se cumple este sábado en pleno debate sobre qué hacer con ella. Unos partidos quieren retocarla, otros propugnan partir de cero y afrontar un verdadero proceso constituyente y también hay quienes la consideran inservible porque no se reflejan en ella. Frente a todos, el PP defiende que está plenamente vigente y no es necesario cambiarla.

PP: ¿Qué se quiere hacer, para qué y con quién?

“Hemos vivido con ella 30 años y espero que vivamos muchos más” decía Mariano Rajoy en 2008 en su elogio a la ley fundamental. Aun así, admitía que la defensa del texto era compatible con someterlo a reformas. “Alguna habrá que hacer”, reconocía el entonces líder de la oposición. Se refería fundamentalmente a su disposición a hablar de una reforma del Senado y a cambiar el título 57, que antepone al hombre frente a la mujer en cuanto a la herencia de la Corona. Pese a estar dispuestos a estos retoques, el actual Gobierno y su partido siempre se han negado a reformarla solo para esos dos aspectos.

El último portazo de los conservadores a los intentos del PSOE de reformar la Carta Magna ha quedado claro con la negativa del PP a que se abra una subcomisión en el Parlamento para debatirla. Mariano Rajoy ya le había contestado que no unas horas antes, cuando Pedro Sánchez le había llamado por teléfono para contarle sus intenciones. Aun así, el socialista registraba este jueves en el Congreso la petición.

Hacia un Estado federal

La voluntad del PSOE de reformar la Carta Magna y apostar por un Estado federal quedaron consignados en julio de 2013 en la llamada Declaración de Granada. En las trece páginas del documento, los socialistas enuncian sus propuestas para incorporar el mapa autonómico, delimitar las competencias del Estado y de las CCAA, incorporar los hechos diferenciales y singularidades y modificar el sistema de financiación.

Las intenciones de los socialistas pasan también por que el texto recoja la sanidad y la protección social como derechos fundamentales y asegure otros servicios básicos como la educación y las pensiones. Además, pretenden cambiar el control de los estatutos de autonomía para impedir que el Tribunal Constitucional pueda anular parte de un estatuto ya aprobado por los ciudadanos en las urnas, como sucedió con el catalán. Convertir el Senado en una verdadera cámara de representación autonómica y no dejarlo, como ahora, en una de segunda lectura es otra de las ideas que comparten la mayoría, pero que lleva años sin pasar de mera propuesta.

La mayor novedad desde que difundieron el documento es la marcha atrás en cuanto al artículo 135, que reformaron de forma exprés PSOE y PP para blindar el techo de gasto en agosto de 2011. Sánchez no lo considera una derogación en sí sino un retoque para dar prioridad a los servicios públicos en vez de al pago de la deuda.

Partidarios de un proceso constituyente

Cada vez son más las formaciones que no ven suficiente someter el texto a reformas sino que reclaman empezar de nuevo y no partir de lo acordado en 1978. Partidarios de un nuevo proceso a partir de unas elecciones que den lugar a una Asamblea Constituyente que después redacte una nueva Constitución para someterla a votación en un referéndum.

Este modelo, defendido por partidos como IU, ICV, Podemos, Equo, Compromís, BNG y Amaiur, pretende no circunscribir la discusión del texto a los partidos sino abrirla a todos los ciudadanos para que participen y se sientan más identificados con la Ley Fundamental.

Entre las ideas que estas formaciones tienen claras, figura un modelo federal que reconozca que el Estado español es plurinacional. Por lo tanto, todas las singularidades sean culturales, institucionales o lingüísticas deberían quedar reflejadas. También, una redacción clara que especifique que servicios básicos como la educación, la sanidad, pensiones y la atención social son un derecho fundamental de los ciudadanos.

Inútil para nacionalistas e independentistas

Los partidos de corte nacionalista ven con buenos ojos que se abra el debate aunque reconocen que sus planes superan la mera reforma y han dejado de sentirse representados por la Constitución por sus aspiraciones soberanistas. CiU y PNV reclaman que la ley reconozca a Cataluña y Euskadi como naciones como punto de partida para discutir otras cuestiones y no aceptan ningún cambio que no pase antes por ello.

Los representantes de CiU, PNV y ERC llevan desde 2010 sin acudir a la recepción que organiza el Congreso. La sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó partes del Estatut de Cataluña provocó el plante, que se ha mantenido hasta ahora. La voluntad de independizarse completamente en el caso de los partidos catalanes considera insuficiente la propuesta socialista de llegar antes a un acuerdo sobre la arquitectura territorial en la Constitución y después refrendarla en una votación. En el caso del PNV también son claros: no pasan por ninguna reforma que no consagre a Euskadi como nación. 

UPyD: Competencias estatales contra la desigualdad

Para los de Rosa Díez, la Constitución del 78 no logró cerrar el modelo territorial español y, como consecuencia, se han producido problemas de desigualdad y de buena convivencia. Partidarios de reformar la Carta Magna para llegar a un Estado federal fuerte, en UPyD consideran imprescindible que varias competencias autonómicas vuelvan al Gobierno central para garantizar la igualdad de todos los españoles. Entre ellas, citan las de educación, sanidad, justicia, medio ambiente, representación internacional, defensa, protección civil y recursos naturales.

Su modelo pasa por eliminar todas las alusiones a los derechos históricos de las comunidades y suprimir la distinción entre nacionalidades y regiones además de elevar a dos tercios la mayoría necesaria en las Cámaras para reformar los Estatutos de Autonomía. Entre sus aspiraciones, también está la de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad y acabar con las Diputaciones.