El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha realizado un análisis “muy negativo” de los resultados del proceso de acogida de refugiados en Europa y en España, con “resultados que nos dejan insatisfechos y defraudados sobre el comportamiento de las instituciones europeas y estatales”.

En respuesta a una pregunta de I-E en el pleno del Parlamento, Laparra ha señalado que “cuando falla la solidaridad entre los Estados en Europa falla el conjunto de Europa” y ha opinado que se trata de “una crisis del propio proyecto europeo”. A su juicio, “en España el problema es más grave” ya que “había un sentimiento social receptivo y las comunidades autónomas estaban dispuestas a la colaboración”. Ha criticado así que “el sistema español de asilo y refugio es incapaz de dar respuesta a los compromisos internacionales que tenemos”, informa Europa Press.

Ha manifestado que “el sistema actual no es acorde ni con la capacidad económica ni madurez democrática” por lo que ha considerado necesario “revisar el modelo de asilo y refugio en el Estado”. “Si queremos tener más capacidad de acogida es necesario un sistema más descentralizado y más capacidad para las comunidades autónomas”, ha insistido.

Sobre Navarra, ha destacado la disposición “clara” de la comunidad foral a la colaboración en este tema. Ha indicado que “desde una práctica inexistencia de red acogida, tenemos ahora 110 plazas” y ha señalado que “292 personas han pasado por estos dispositivos”. “Navarra es la segunda comunidad en cuanto a plazas de acogida”, ha indicado, para destacar que existe la previsión de aumentar 70 plazas más hasta llegar a las 180, “un incremento que es superior al previsto en el Estado”.

A su juicio, “ello demuestra que Navarra tiene plena implicación aportando lo que estaba en nuestras manos” y ha destacado que “hemos creado un sistema autonómico de asilo y acogida donde no había casi nada”.

La portavoz de I-E Marisa de Simón ha señalado que comparte la “valoración negativa de la actuación de las instituciones europeas y del Estado” y ha indicado que “se está negando el derecho de asilo”. “Hay una clara falta de voluntad político por parte del Gobierno del PP en el Estado y que se ampara en un muro de mentiras y excusas”, ha opinado.

“Es evidente que el sistema no responde y España no pone solución”, ha criticado, para añadir que “la responsabilidad de España y de Navarra no termina el 26 de septiembre”. Ha puesto en valor la iniciativa del Gobierno foral de aumentar las plazas en Navarra.

El coste de la Renta Garantizada rozará este año los 100 millones de euros. El presupuesto contemplaba una partida de 92 millones, de forma que el departamento de Derechos Sociales necesita encontrar financiación para ese 7% más que, previsiblemente, costará esta ayuda. El vicepresidente Laparra afirma que se trata de una desviación “mínima” en comparación con la que se registró en anteriores ejercicios, especialmente durante la crisis, y que su financiación no supondrá recortes en otros servicios.

“No ha habido ningún proceso de desviación extraordinaria, en algunos meses la realidad ha ido algo por encima de las previsiones y en otros, sobre todo los últimos, las solicitudes han ido por debajo de lo que estábamos estimando”, ha explicado Laparra sobre la gestión anual. El vicepresidente se ha mostrado “relativamente optimista” de cara al futuro, pero ha presumido abiertamente de la gestión de su departamento, con “niveles de eficacia desconocidos en mucho tiempo”, ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que, de las 40.766 personas beneficiarias de la Renta Garantizada entre 2016 y 2017, un 15% (6.122) han salido del programa en 2017 y no han necesitado la prestación de nuevo. Laparra ha destacado que esta cifra es “ligeramente superior” a la de quienes han iniciado este año la prestación, 5.947 personas (un 14,6%, por lo que hay una reducción de la demanda).

En cuanto a la reciente finalización del convenio con Cáritas para que la entidad religiosa adelantase los abonos de esta ayuda, el vicepresidente ha señalado que “anteayer se estaban valorando los expedientes del 28 de agosto de 2017”, para acreditar que han desaparecido los retrasos en las valoraciones de los expedientes, que provocaban la necesidad de que Cáritas adelantase a los beneficiarios el importe de las ayudas. Con los nuevos sistemas de valoración puestos en marcha y gracias al refuerzo del personal, ha destacado el consejero, “en 23 días naturales se está dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía”. También ha querido comparar este parámetro con los que se registraban durante los anteriores gobiernos de UPN: En la actualidad se valoran casi un 40% más de expedientes en un mes y medio menos de tiempo que en 2015“ y ”más del doble de expedientes en una quinta parte de tiempo que en 2011“.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, lo anuncia en el pleno del Parlamento, aunque en el adelanto de la reforma fiscal se apostó por eliminar esa desgravación

Explica que el objetivo es mantener la desgravación en las VPO siempre para los sectores de baja renta, "para tratar de recuperar la función social de la vivienda protegida"

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha afirmado que el Ejecutivo foral quiere establecer una política que “pase de la vivienda como negocio a la vivienda como derecho”. En respuesta a una interpelación de UPN en el pleno del Parlamento, Miguel Laparra ha mostrado su apuesta por priorizar el alquiler y la rehabilitación de vivienda, al tiempo que ha explicado que se mantendrá la desgravación para la compra de vivienda protegida. Este anuncio matiza lo anunciado en las primeras líneas de la reforma fiscal, que apostaba por eliminar esta desgravación.

Laparra ha afirmado que “no es voluntad del Gobierno quitar ninguna desgravación fiscal en las VPO”. “Se mantendrán, siempre exclusivamente para los sectores de baja renta, para tratar de recuperar la función social de la VPO. Con todo eso estamos hablando de una desgravación fiscal que puede alcanzar hasta los 18.000 euros y una subvención máxima de más de 18.000 euros”, además de la rebaja del 4,06% en el precio del módulo de VPO.

Asismismo, Laparra ha reconocido que le “preocupa” que haya un millar de viviendas protegidas sin vender y ha explicado que se están estudiando otras posibles utilidades como su recalificación para alquiler.

Laparra ha dicho que, “más allá del impacto económico” del sector, “lo que a nosotros nos parece que es la clave de una política social de vivienda es garantizar el derecho a la vivienda, y ahí hay un diferencia notable con UPN, no sé si eso les interesa en igual medida”.

El vicepresidente del Gobierno ha asegurado que “es una prioridad la promoción pública de alquiler” y ha explicado que “la intensidad y el ritmo” con el que se haga “dependerá de los recursos disponibles y de un análisis detallado de las necesidades que no hemos encontrado en el departamento”.

Asimismo, ha asegurado que se van a aumentar las subvenciones al alquiler en más de un 10% y se va a dar también “prioridad” a la rehabilitación.

El parlamentario de UPN Luis Zarraluqui ha afirmado que la promoción de viviendas en alquiler protegido “es una de las asignaturas en la que hay que seguir trabajando, con ambición de llegar a amplias capas y estratos sociales, no podemos seguir considerándolo solamente como un producto destinado a los más favorecidos”.

La llegada de las primeras 16 personas refugiadas estaba prevista para el pasado 15 de octubre pero, según adelantó Cruz Roja, sigue sin haber avances

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, se muestra "profundamente consternado" sobre cómo están gestionando las instituciones europeas y el Gobierno el tema de los refugiados

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha asegurado que el Ejecutivo está “profundamente consternado” y es “tremendamente crítico” con “la forma en la que están funcionando tanto las instituciones europeas como el Estado, en concreto el Ministerio” con el tema de los refugiados por el conflicto sirio. Y, para empezar, ha criticado la falta de información en torno a la llegada del primer grupo de refugiados, que en principio estaba anunciada para el pasado 15 de octubre y que, como ya adelantó eldiarionorte Navarra, primero se retrasó y, hasta el momento, sigue a la espera de avances.

Laparra, en declaraciones a los periodistas, ha lamentado que “a pesar de las imágenes que aparecen todos los días en los medios de comunicación que constatan un nivel de crisis notable de los refugiados en el este de Europa, ni las autoridades comunitarias están desarrollando un proceso rápido de respuesta a ello, ni el Ministerio está gestionándolo con la suficiente celeridad”.

“Nunca hasta ahora se había producido que cuando se avanzaba una fecha de llegada de un pequeño remanente de refugiados se incumpliera. Se están incumpliendo los plazos, las personas están esperando, incluso en determinados sitios del Estado se ha constatado flujos de personas que llegan por su cuenta”, ha expuesto Laparra, para explicar que en Navarra todavía no ha habido este tipo de casos.

Para el vicepresidente del Gobierno foral, está habiendo “una vez más una dejación importante de las administraciones en este ámbito, que hacen que después los flujos se desarrollen de una forma irregular”.

Según ha detallado Laparra, en Navarra “tenemos en principio el dispositivo preparado para las 16 personas que estaba previsto que llegasen”, aunque “seguimos sin saber cuándo van a llegar, no se ha dado una nueva fecha, seguimos sin saber el perfil exacto de las personas, y tampoco sabemos si finalmente vienen de Siria o de otras procedencias en las que también hay refugiados”.

“Estamos supeditados en este sentido a las decisiones que pueda tomar el Estado. Lo único que podemos manifestar es nuestra incomprensión de cómo se están haciendo las cosas”, ha concluido el vicepresidente de Derechos Sociales.

Pasos firmes y cumplir las medidas que están recogidas en el acuerdo programático del nuevo Gobierno Foral. Esta es la petición doble que integrantes de la Plataforma de la Renta Básica o Papeles y Derechos Denontzat exigen al nuevo Ejecutivo navarro. La comparecencia del vicepresidente y titular de Políticas Sociales, Miguel Laparra, ante el Parlamento foral para explicar los objetivos de su departamento, entre los que se incluye la prometida reforma de la Renta de Inclusión Social, que atiende a personas en situación desfavorecida, ha generado dudas entre estas entidades sobre los plazos en los que se llevará a cabo esta reforma. A este respecto, fuentes del departamento aseguran que no ha habido cambios y que la pretensión es realizar en los primeros seis meses del nuevo gobierno esa modificación y, a finales de la legislatura, revisar la modificación efectuada para confirmar si se ha logrado el objetivo.

Laparra compareció este pasado miércoles en comisión para adelantar las líneas de su departamento y, como piezas principales, destacó que pretende llevar a cabo una reforma del Servicio Navarro de Empleo y de la Renta de Inclusión Social. A este respecto, anunció que, de forma inmediata, se ampliará su presupuesto en otros 5,6 millones y, después, se pretenden tramitar otros 4. No obstante, la gran meta de fondo es lograr una RIS que perdure en el tiempo y que no se renueve constantemente, como ocurrió durante la pasada legislatura, un anuncio que ha generado dudas entre diversos colectivos sociales, que temen que la reforma no se lleve a cabo a corto plazo.

Desde la Plataforma de la Renta Básica, Ana Fernández, ha insistido en que la reforma que espera es la misma por la que se peleó al final de la pasada legislatura, y que fue apoyada por Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra: “Una renta básica que llegue a personas sin recursos, que para acceder a ella baste un año de empadronamiento y que se puedan renovar las cuantías”. Es, asegura, el compromiso que está incluido, tal cual, en el programa del nuevo Ejecutivo. Y en este se apuesta por una RIS que sea inembargable, que no tenga límites en la concesión “mientras la necesidad persista” y que sus personas beneficiarias se mantengan “disponibles para el empleo”. Una de las pocas cuestiones que queda sin cerrar en ese texto es si las personas beneficiarias serían aquellas que ya hayan cumplido 18 años o bien desde los 25, algo que se deja “para debatir en el momento en que corresponda”.

Para aclarar estos planes, desde Martes al Sol ya se ha solicitado una reunión con Laparra, y el integrante de Papeles y Derechos Denontzat Javier Urroz insiste en que “estaremos muy vigilantes” para ver cómo se avanza en esa reforma de la RIS.

Renta garantizada, no renta universal

Esta confusión ha motivado que, un día después de la comparecencia de Laparra, hablara la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, quien ha confirmado el debate que hay dentro de las cuatro formaciones que apoyan el acuerdo programático del nuevo gobierno e, incluso, dentro de las propias coaliciones en torno a la RIS; por ello, insistió en que la reforma que se lleve a cabo tendrá que ser consensuada antes por las cuatro formaciones. No obstante, desde Geroa Bai, Koldo Martínez, ha aclarado que el objetivo es garantizar “unas condiciones de vida decentes para todas las personas”.

Fuentes del Departamento de Políticas Sociales han insistido en que el compromiso se mantiene tal cual, aunque han explicado que una renta básica universal no es lo mismo que una renta garantizada. La primera llegaría a toda la ciudadanía navarra, y ese no es el objetivo, mientras que la segunda se centraría en aquellas personas que no cuenten con los recursos suficientes. En cuanto a los plazos, aseguran que son los siguientes: primero, la reforma para ampliar la RIS dentro de los primeros seis meses de la legislatura y, después, al final de la misma, una revisión de esa modificación para comprobarla y consolidar el modelo.

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, matiza que la reforma de la Renta de Inclusión Social tendrá que ser "consensuada" dentro de las fuerzas que apoyan el acuerdo programático

Estas declaraciones llegan un día después de que el vicerpresidente económico anunciara un refuerzo en las ayudas y cambios durante esta legislatura

El objetivo anunciado era volver al espíritu de la renta básica y ahora Araiz (EH Bildu) niega que lo anunciado suponga "un paso atrás"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que la reforma de la Renta de Inclusión Social (RIS), anunciada este miércoles por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, “habrá de ser consensuada” con el conjunto de fuerzas políticas firmantes del acuerdo programático.

A preguntas de los periodistas antes de asistir al pleno del Parlamento, Barkos ha recordado que “con respecto a la RIS las posiciones han sido siempre muy debatidas incluso en el seno de los cuatro partidos firmantes del acuerdo programático, incluso en el seno de las coaliciones”.

En este sentido, ha destacado que “la posición del Gobierno no es definitiva hasta que no se cosifica” y ha confirmado que la propuesta de Miguel Laparra sobre la RIS “habrá de ser consensuada con el conjunto en torno a una cuestión de principio sobre la universalidad o no de la renta básica”.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha asegurado que “el fondo del problema es fundamentalmente de nombre” y que “hay un compromiso clarísimo en hacer efectivo el derecho a unas condiciones de vida mínimas decentes para todas las personas”. “Le llamemos como le llamemos eso es lo que este gobierno va a realizar”, ha concluido.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha negado que la reforma de la RIS propuesta por Laparra “sea un paso atrás” y ha considerado que “es una cuestión de matiz”. Ha explicado que la renta planteada en el acuerdo programático “no era en los términos de lo que comúnmente entendemos como renta universal”. “Lo que estamos hablando es de una renta básica con unos contenidos concretos y con unos compromisos concretos en el acuerdo programático de modificación de esa renta básica”, ha señalado el portavoz abertzale.

Para Araiz, la reforma planteada por el vicepresidente de Derechos Sociales “está en la línea de lo que el acuerdo programático recoge” aunque ha advertido de que “hay una serie de requisitos que hay que cumplir”. “Habrá que hablar de plazos pero desde luego a lo largo de esta legislatura tendremos que implementar lo que el acuerdo programático establece”, ha añadido.

El Gobierno de Navarra sigue insistiendo en su llamada de atención al Ejecutivo central sobre la crisis humanitaria de las personas refugiadas. El vicepresidente de Políticas Sociales, Miguel Laparra, ha recalcado que la reciente reunión entre representantes de las comunidades autónomas con el Estado no fue positiva, que faltó información y que no se está contando con las comunidades autónomas. Y la postura del Ejecutivo foral es que es a través de las entidades locales como estos planes de atención ganarían operatividad. De la reacción del gabinete Rajoy a los nuevos cupos, la reunión de la Unión Europea sobre migración (el día 14) y el posterior cara a cara, de nuevo, entre autonomías y Gobierno dependerá cuántas personas, en qué fechas y qué fondos puede acoger la Comunidad Foral. Y, ante tantas tomas de decisiones aún en el aire, cabe preguntarse qué medidas se han implantado o anunciado ya en Navarra para atender esta crisis humanitaria. Y, aunque sean provisionales, estas son las principales.

Dos vías para acoger personas

Una docena de colectivos sociales pidieron a las instituciones locales que se sumaran al movimiento de ciudades-refugio; después, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), adelantó que la voluntad del Consistorio era sumarse a la iniciativa; y, por último, el Gobierno Foral ofreció Navarra como tierra de acogida para personas refugiadas, en lo que fue el inicio de una cadena de presión al Gobierno central (Navarra fue la primera autonomía, como tal, en dar el paso) para que modificara su reacción a esta crisis humanitaria.

Las dos vías posibles para que Navarra pueda acoger a las personas refugiadas es, por un lado, a través de reubicaciones de personas que ya se encuentran en otros países europeos, principalmente Italia, Grecia y Hungría, o, por otro, a personas que lleguen directamente desde campos de refugiados de zonas limítrofes con el conflicto sirio. La semana pasada se habló de que podían ser entre 80 y 300 personas, en función de los cupos (el nuevo es que a España le corresponde atender, según ha anunciado la Comisión Europea, unas 15.000 solicitudes de asilo, además de la propuesta anunciada en mayo), y este miércoles Laparra ha hablado de unas 200, aunque ha insistido en que, por el momento, se trata de una mera estimación. En cualquier caso, la llegada efectiva de estas personas aún puede demorarse.

Un teléfono de atención centralizado

El Gobierno Foral centraliza, a través del teléfono de atención ciudadana (el 948 012 012 o el 012 para personas que no tengan tarifa plana de telefonía; el coste de la llamada es de 0,34€ + IVA) y de un e-mail (navarra@navarra.es), los ofrecimientos para colaborar en la atención a personas refugiadas. Desde entidades locales a familias que ofrecen sus casas o su propia vivienda, hasta el momento ya se han recibido alrededor de 200 ofrecimientos (a comienzos de esta semana, eran la mitad), según apuntan fuentes del Departamento de Políticas Sociales.

La apuesta por la acogida en viviendas

La apuesta del Ejecutivo foral es la de acoger a las personas refugiadas en viviendas vacías (en condiciones de habitabilidad) o particulares, pero no en centros de acogida, donde a menudo se realiza una primera acogida hasta que son derivadas hasta otros puntos. Fuentes de Cruz Roja Española, de hecho, adelantaron que se estudiaba la posibilidad de habilitar uno de estos centros en Navarra, porque en la actualidad carece de uno. No obstante, el Ejecutivo defiende que el sistema que defiende favorece más la integración social.

Otra cuestión aún por desvelar es qué fondos, propios o recibidos, tendrá Navarra para atender esta crisis. Más allá de las soluciones de alojamiento, también se necesitará ofrecer apoyo psicosocial a través de entidades y servicios sociales, resolver las necesidades educativas y sanitarias (que en este caso asumiría el Gobierno Foral), diseñar programas de empleo o de inserción laboral, y facilitar el proceso de aprendizaje del idioma.

El diseño de un plan de acogida

El Gobierno Foral ha desarrollado una reunión con entidades locales (por ejemplo, de la propia capital navarra, Tudela o la federación de municipios) y sociales para seguir adelante en el diseño de un plan de acogida. El objetivo es que esté listo en los próximos días, aunque no se ha concretado una fecha límite. Al término de la cita, el Ejecutivo ha recalcado, a través de un comunicado, que el dispositivo navarro necesita conocer esos plazos, fechas y recursos para poder seguir adelante.

Critica la falta de información del Gobierno central en su reunión con representantes autómicos, pide más agilidad en la acogida a personas refugiadas y una coordinación con las comunidades

El vicepresidente de Políticas Sociales, Miguel Laparra, se reúne este miércoles con diversos colectivos para diseñar un plan de acogida

El objetivo del Gobierno Foral es que las personas sean acogidas en viviendas de las instituciones o la ciudadanía, no en un centro de acogida

Más agilidad en la acogida y una coordinación con las comunidades autónomas. Estas son las dos peticiones que el vicepresidente navarro y titular de Políticas Sociales, Miguel Laparra, ha trasladado al Gobierno central en la Conferencia Sectorial de Inmigración, para así organizar la acogida a personas que huyen del conflicto sirio. En esta cita, el Ejecutivo ha reiterado su ofrecimiento a acoger a personas refugiadas, tanto dentro del cupo que le correspondería a Navarra como trayendo directamente a personas desde las zonas de conflicto. “Es el momento de dar un salto en las políticas de acogida”, ha apuntado Laparra.

Esta reunión se ha producido apenas una semana después de que Navarra fuera la primera comunidad autónoma en ofrecerse para intervenir ante esta crisis humanitaria acogiendo a personas refugiadas. La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, insistió en que, en lugar de limitarse a la crítica, era necesario ser un agente activo en la solución de esta crisis. Y, al igual que un día antes había adelantado el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ofreció la posibilidad de acoger a personas refugiadas dentro del movimiento de ciudades-refugio.

Ahora, en el cara a cara entre representantes autonómicos y el Gobierno central, Laparra ha insistido en esta posibilidad, una medida de presión para que el Gobierno central abriera la puerta a una mayor acogida. En este foro, el vicepresidente ha asegurado que la Comunidad Foral dispone de recursos para que la acogida se realice en viviendas normalizadas del Gobierno, de los ayuntamientos o de la ciudadanía (el Ejecutivo aseguró que ya ha recibido más de un centenar de llamadas ciudadanas ofreciendo colaboración), pero no en centros de acogida. Cruz Roja Navarra, de hecho, carece de uno, aunque desde Cruz Roja Española barajaban habilitar una de estas instalaciones en la comunidad.

Sea como fuere, Laparra ha recalcado, según ha precisado el Ejecutivo a través de un comunicado, que es el momento de “dar un salto adelante en las políticas de asilo en España, que hasta ahora han sido muy restrictivas”. De hecho, ha considerado que la información facilitada por el Estado ha sido “insuficiente”, ya que esperaba que en la reunión se fijaran fechas de llegada de personas refugiadas, los fondos que el Gobierno central va a destinar y cuál puede ser el papel de Navarra.

El objetivo del Gobierno Foral es, al igual que ya ha hecho el Ayuntamiento de Pamplona, reunirse con diversas ONG y colectivos para preparar un plan de acogida. La cita tendrá lugar este miércoles.

Una nueva reforma de la Renta de Inclusión Social, que vuelva al espíritu de la Renta Básica. Esa era la reivindicación de diversos colectivos sociales sobre esta prestación para personas en situación de necesidad y ese es el compromiso plasmado en el programa del nuevo Gobierno Foral. Incluso, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, aseguró tras su pleno de investidura que implantar nuevas medidas sociales supone uno de sus primeros objetivos. Pero ¿cuál es el modelo por el que apuesta el acuerdo firmado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra? ¿Qué novedades plantea y cómo las valoran las asociaciones?

Entidades como la Plataforma en Defensa de la Renta Básica en Navarra o la Red de Lucha contra la Pobreza se mostraron críticas con los cambios introducidos durante la pasada legislatura en esta materia. Primero, en 2012, cuando el cogobierno entre UPN y PSN acordó poner nuevos requisitos a esta prestación, como por ejemplo que las personas solicitantes estuvieran empadronadas en Navarra durante un mínimo de 24 meses. La oposición criticó entonces en el Parlamento que los cambios habían dejado fuera del sistema a entre 2.500 y 3.500 familias y recogieron las reivindicaciones de la Plataforma de la Renta Básica para plantear una nueva reforma. Esta, finalmente, se aprobó el pasado 26 de febrero, pero el PSN puso sobre la mesa y finalmente sacó adelante (sus votos eran decisivos para la aprobación) una vía intermedia, menos extendida que la que apoyaban grupos como Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra o Geroa Bai, porque mantenía algunos de los requisitos, pero que también ampliaba las posibles personas beneficiarias. UPN alertó del elevado coste de este cambio y lo consideró “una chapuza”.

El debate, en cualquier caso, no estaba cerrado, e incluso trabajadores y trabajadoras sociales de Navarra, a través de un artículo de opinión, pidieron un debate sosegado sobre la RIS, alejado de los “vaivenes” del momento y del oportunismo político. Y el momento ha llegado ahora con el impulso del nuevo Gobierno Foral. El nuevo vicepresidente de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, el sociólogo y hasta ahora investigador de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Miguel Laparra, ya ha asegurado que espera que sus primeras decisiones sirvan para atender la situación de pobreza y exclusión severas y, en este sentido, ha adelantado que la última reforma de la RIS ya amplió el número de personas beneficiarias, pero que otras cuestiones habían quedado abiertas. Por ejemplo, la eliminación de un límite en la concesión de esta prestación y la necesidad de incentivar el retorno al mercado de trabajo.

El acuerdo programático incluye, entre otras cuestiones, impulsar en los seis primeros meses de la legislatura una Renta Básica (se deja atrás la denominación RIS) que sea universal, es decir que incluye a las personas en situación administrativa irregular, se mantiene un requisito de residencia en Navarra pero se limita a un año de empadronamiento, y se eliminan los límites de tiempo en la prestación. Falta por cerrarse la edad de inicio de la concesión, si será en los 18 o en los 25 años. Además, también se pide a las personas solicitantes y las beneficiarias el requisito de mantenerse activas para el empleo, “activando su búsqueda”, salvo cuando se trate de personas que, según los servicios sociales de base, no se encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral o a un empleo protegido.

Un avance a vigilar

Y, por el momento, ¿cuál es la valoración de los colectivos sociales sobre estas líneas iniciales? Desde la Plataforma en Defensa de la Renta Básica de Navarra, Ana Fernández valora el cambio que se persigue, porque permitirá ampliar el número de personas beneficiarias, al mantener la prestación “mientras persista la necesidad” y porque, en definitiva, recoge muchas de las cuestiones que planteaba la entidad.

Por su parte, Lydia Almirantearena, de la Red de Lucha contra la Pobreza, también afirma que “volver a la Renta Básica es un buen objetivo; será un primer paso”, a pesar de que partidos como el PPN han hablado de que, con una medida de este tipo, se camina hacia un sistema asistencialista. Almirantearena, en cambio, insiste en que la situación actual en Navarra (un estudio de la UPNA cifró el número de personas afectadas por esta pobreza severa en 30.000) “es como para que se tomen medidas ya”.

El debate, en cualquier caso, no se ha acabado. Una de las cuestiones que generan discusión es el vínculo entre la prestación y la disposición al trabajo. La representante de la Red de Lucha contra la Pobreza defiende que son necesarias políticas tanto pasivas como activas, un sistema de acompañamiento y, además, que el Gobierno Foral trabaje por lograr no solo una creación de empleo, sino que este sea de calidad. Fernández, por su parte, tiene más dudas al vincular la prestación al empleo: “Ya veremos qué empleo se potencia. Sobre todo si no lo hay”. Con todo, ambas entidades coinciden al adelantar que se mantendrán “vigilantes” sobre el cumplimiento de esta promesa del nuevo Ejecutivo y, también, de su desarrollo normativo para conocer, más allá del gran objetivo, su letra pequeña.

El Ayuntamiento de la capital navarra, al igual que el Gobierno Foral, también confía a un perfil técnico la dirección de esta área: en este caso a la trabajadora social Marisol de la Nava.

Esta trabajadora del Consistorio asegura que sus primeros objetivos son atender el programa de infancia, solventar los déficits de las unidades de barrio e implantar medidas en materia de vivienda.

De la Nava, integrante de la Plataforma de la Renta Básica, ha sido crítica con la falta de recursos para atender la exclusión grave y con la ampliación de requisitos en la Renta de Inclusión Social.

Atender el programa de infancia, organizar los servicios para solventar los déficits en las unidades de barrio e implantar soluciones en materia de vivienda. Estas son tres de las tareas más inmediatas que se plantea Marisol de la Nava, nombrada nueva directora de Bienestar Social en Pamplona. De la Nava, trabajadora social para el Ayuntamiento e integrante de la Plataforma en Defensa de la Renta Básica en Navarra, asume esta tarea con el objetivo también de acercar a la clase política a la realidad que, día a día, “viven mis compañeros y compañeras”. Y esa realidad son las necesidades sociales.

El nombramiento de De la Nava, en este caso en el Ayuntamiento de Pamplona, se une al ya anunciado la semana pasada de Miguel Laparra, sociólogo e investigador de la Universidad Pública de Navarra, como vicepresidente de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda. Tanto el Consistorio como el Gobierno Foral confían de esta manera a dos perfiles técnicos la tarea de atender las políticas sociales, en las que se centraron las críticas durante la pasada legislatura, en la que se han basado buena parte de sus promesas electorales y que han señalado como sus prioridades al arrancar la legislatura.

A este respecto, De la Nava reconoce que la relación con el Gobierno de Navarra tendrá que ser fluida, dadas las apuestas que se incluyen en el acuerdo programático del nuevo Ejecutivo foral y que deberán ser prioritarias (los cambios en la Renta de Inclusión Social, las medidas contra la pobreza energética, las subvenciones para el pago del alquiler…) para que el Ayuntamiento “llegue a aquello que no se cubre” desde el Gobierno de la comunidad.

De la Nava, diplomada en Trabajo Social, ha sido desde 1998 trabajadora social para el Ayuntamiento, en programas como el de acogida y, durante el último año, en el programa de incorporación de los barrios pamploneses de la Chantrea y el Ensanche. Además, es conocida por su colaboración en colectivos sociales como Martes al Sol o la Plataforma en Defensa de la Renta Básica en Navarra. A través de estas plataformas, De la Nava había criticado la falta de recursos de los movimientos sociales para atender la exclusión social grave o los cambios introducidos durante la pasada legislatura para acceder a la Renta de Inclusión Social, la prestación para personas en situación de necesidad.

La infancia en Pamplona

Ahora, precisamente, en el Gobierno Foral el propio Laparra ha adelantado la necesidad de introducir nuevos cambios en la RIS para, entre otras modificaciones, eliminar los límites en su prestación. De la Nava, por su parte, ha hablado de uno de los estudios en los que participó Laparra como una de las claves que deben marcar su arranque como responsable de Bienestar Social: el Diagnóstico social de infancia y adolescencia de la ciudad de Pamplona. En él, se recoge por ejemplo que la pobreza consistente, que combina la privación de ciertos bienes con ingresos relativamente bajos, afecta al 9,3% de la población infantil de Pamplona; en el conjunto de la población, sin embargo, es el 6,5%.

Este informe, presentado al final de la legislatura de Enrique Maya, es la base para el desarrollo de un Plan de Atención a la Infancia y la Adolescencia. De la Nava sitúa precisamente el programa de infancia como una de las cuestiones por las que iniciar su gestión, así como determinar qué unidades de barrio son las que actualmente presentan un déficit de personal (aunque la demanda, asegura, ha aumentado “en todas”) y, por último, desarrollar medidas en materia de vivienda municipal.

Miguel Laparra será uno de los referentes del nuevo Gobierno de Navarra, como vicepresidente social y encargado de materias como Políticas Sociales, Empleo y Vivienda. Este doctor en Sociología y director de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social (CIPARAIIS) asumirá desde la próxima semana lo que él mismo reconoce como una “macrocartera” en la que, por cierto, se basan muchos de los proyectos del acuerdo programático firmado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Pese a reconocer las expectativas puestas en su gestión, Laparra se muestra comedido, apuesta por centrarse en las urgencias actuales y planificar los siguientes pasos. Incluso mirando más allá de la actual legislatura.

Izquierda-Ezkerra ha propuesto su nombramiento, y se hará cargo de una de las carteras clave del próximo Ejecutivo.

El consenso que ha podido haber entre los grupos al otorgarme esta macrocartera explica la prioridad que le han dado. Y, además, se trata de una vicepresidencia social, que tiene un carácter innovador. Por ahora se trata de algo simbólico, pero espero que se traduzca en hechos concretos.

¿Tiene claro por dónde empezar?

En lo que he podido comentar con Uxue Barkos, la clave está en dar una respuesta rápida a algunas de las necesidades más urgentes que han surgido con la crisis. Se trata de modificar y reforzar los sistemas de protección social de forma inmediata y, a medio plazo, de revisar el modelo de las políticas sociales e introducir elementos de innovación, que nos permitan resultados más satisfactorios, reducir la desigualdad, satisfacer esas necesidades sociales…

¿Cuál espera que sea su primera decisión?

Espero que vaya en la línea de solventar las necesidades de la pobreza y exclusión más severas, eso seguro, porque tiene un carácter de urgencia. Pero concretar qué medida será ahora resulta difícil.

El acuerdo programático que han firmado ya las cuatro formaciones incluye muchas medidas en el apartado social. Incluso, muy ambiciosas.

El acuerdo programático es muy ambicioso y creo que la tarea que tiene el gobierno es la de construir las prioridades. Sabemos que hay cuestiones muy urgentes, que se pueden lograr con pequeñas transformaciones aunque se trate de temas muy significativos. Como la Renta de Inclusión.

¿Se trata de recuperar el espíritu de la Renta Básica (el sistema que se modificó durante la pasada legislatura, al introducir más condicionantes, y que se pasó a llamar Renta de Inclusión Social)?

En cierto sentido, sí. La última reforma ya resolvía bastantes cuestiones que habían quedado abiertas, porque ahí está el tema del límite de la percepción, y también habrá que abordar, por ejemplo, cómo se construye un modelo que incentive el retorno al mercado de trabajo. Hay que tratar de revisar las estrategias de activación, y eso requiere de actuaciones rápidas.

Hablaba de las prioridades. ¿Qué pretende espaciar?

Hay cuestiones que hay que pensar más despacio. Por ejemplo, los procesos de privatización. Habrá que estudiar las fechas de las concesiones, los contratos que ahora están funcionando, ver las diferencias de coste, si hay interés por recuperar alguno…

¿Quiere decir que no se va a prescindir de servicios privatizados de forma inmediata?

En principio, no es la intención rescindir contratos. También habrá que ver hasta qué punto responden a las necesidades a la ciudadanía, es decir, ver la eficiencia y los resultados de su labor. Y, aunque haya alguna actuación que pueda hacerse de forma más rápida, se trata de ir pasito a pasito, sin premura. Además, a largo plazo, habrá que estudiar y dejar diseñadas durante esta legislatura cuestiones más estratégicas: la idea es que este gobierno lleve a cabo una tarea de transformación social a largo plazo.

¿Siente presión por las expectativas que se han generado en materia social?

Soy bastante consciente del nivel de responsabilidad que he asumido. Nuestra tarea es explicar a la ciudadanía cuál es la situación, qué vamos a tratar de hacer y que se entienda que las expectativas hay que modularlas en el tiempo, no se pueden hacer milagros ni solucionar las cosas en 100 días de gobierno.

Podemos, por ejemplo, insistió en que la vicepresidencia social debía estar muy ligada a la económica, porque no se pueden hacer políticas sociales sin fondos. ¿Va a llamar a menudo a la puerta de Manu Ayerdi?

No me siento implicado solo en mi área de trabajo, sino que es tarea de todo el gobierno reforzar el crecimiento económico y cambiar el modelo de Navarra para que sea más sostenible. Y otro elemento a abordar por todo el gobierno son las desigualdades que se han agudizado. Así que no habrá dificultad en esa interlocución, es algo que hay que hacer y para lo que encontrar recursos.

¿Cómo lleva el paso de la investigación a la política?

Habrá cosas que tendré que aprender. Nunca he estado en política, y es cierto que supone un cambio notable en mi actividad, pero sí tengo experiencia en la gestión y he estado cerca de la toma de decisiones en política, asesorando a las administraciones. Conozco esto desde fuera, pero no me voy a la estratosfera.

Al final de la legislatura, por un estudio sobre pobreza severa, surgieron diferencias entre usted y el consejero de Políticas Sociales del gobierno de Yolanda Barcina, Íñigo Alli. Ahora le sustituye en el cargo. ¿Espera las críticas de UPN en este sentido?un estudio sobre pobreza severa

Me imagino que las críticas de UPN hay que esperarlas en un caso u en otro. Pero fue un acontecimiento muy puntual, sin mayor trascendencia. Creo que tenemos que construir una relación con la oposición, por mi parte al menos espero que haya un compromiso social básico, que debe estar abierto a consensos muy amplios, y haré esfuerzos para que UPN y PSN se incorporen a algunas de las reformas que vamos a plantear. Habrá cuestiones que tengan un carácter más ideológico y resulte más difícil, pero en otras no.

¿En qué situación deja su marcha a la cátedra CIPARAIIS?

Mi ilusión es que siga y que haga la misma labor…

… ¿aunque critique su gestión?

Por supuesto, la crítica nos ayudará a mejorar. Además, en la universidad hay personas que pueden continuar con esta función y las entidades [con la cátedra colaboran Cáritas, la Red de lucha contra la pobreza, la fundación Secretariado Gitano y Cruz Roja Navarra] tienen voluntad de seguir apoyándola. Así que cabe esperar que continúe, más y mejor. Y trataremos de hablar más con ellos ahora.

El profesor de Trabajo Social, responsable de la cátedra CIPARAIIS, es el nombre escogido para uno de los nuevos cargos contemplados en el organigrama del gobierno del cambio.

'Diario de Noticias' avanza el nombre de Manu Ayerdi, parlamentario de Geroa Bai y hasta ahora presidente del PNV, como vicepresidente económico.

Miguel Laparra ocupará la vicepresidencia social en el próximo Gobierno de Navarra. El profesor de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra, responsable de la cátedra CIPARAIIS (Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social) y referente en los estudios sobre pobreza y esclusión social, es la persona escogida para encabezar uno de los cargos emblema del nuevo gobierno del cambio. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra tienen previsto seguir negociando este jueves la composición de ese ejecutivo, que espera cerrarse a lo largo de la jornada.

Hasta el momento, las cuatro fuerzas habían insistido en la necesidad de guardar con celo lo nombres barajados en esas conversaciones, pero, según ha adelantado Diario de Noticias, Laparra es el nombre barajado para la vicepresidencia social, y Manu Ayerdi, uno de los dos parlamentarios de Geroa Bai durante la pasada legislatura y su portavoz económico, sería precisamente el vicepresidente económico. Para ello, Ayerdi tendrá que abandonar la Presidencia del PNV en Navarra y su escaño en la nueva Cámara, dos de las condiciones exigidas por la candidata a la Presidencia de Navarra, Uxue Barkos, para componer el nuevo Gobierno sin cuotas de partido. La decisión, en cualquier caso, sorprende porque Ayerdi sí es un referente político en Navarra. Barkos, no obstante, siempre ha defendido que la elección sería por el carácter de experto de los consejeros y consejeras, y no por su afiliación.

En cuanto a Laparra, según ha podido confirmar eldiaironorte Navarra, es el nombre escogido para esa vicepresidencia social que fue una de las exigencias de Podemos que salió adelante durante las negociaciones a cuatro. La formación que encabeza Laura Pérez Ruano insistió en la necesidad de ser más ambiciosos en el apartado social del Gobierno y, por ello, pidió una vicepresidencia que coordinara el rescate ciudadano. El partido del círculo, por cierto, fue el único que este miércoles no puso nombres sobre la mesa para ocupar las consejerías.

Laparra es un experto de referencia en estudios sobre pobreza y exclusión social, dirigente de la cátedra CIPARAIIS de la UPNA y vinculado al informe Foessa que presenta Cáritas. El profesor había insistido en diversos estudios en la novedad que supone para la Comunidad Foral que cuente con una bolsa de pobreza severa enquistada, una situación ajena a una posible recuperación económica, y los enformes que han encabezado se han caracterizado por su implicación social, esa que, por cierto, motivó un polémico enfrentamiento durante la pasada legislatura con el ahora consejero en funciones de Políticas Sociales, Íñigo Alli, quien acusó a los y las expertos de la UPNA de falta de “rigor” y de hacer un informe crítico sobre la situación de pobreza porque el Gobierno no les adjudicó el diseño del Plan de Lucha contra la Exclusión. Laparra siempre se reafirmó en esas conclusiones y pidió al Ejecutivo Foral que no mirara para otro lado para solventar este problema; ahora podrá intervenir desde la gestión.

El anuncio de los nombres de Laparra y Ayerdi es el primero que trasciende tras las negociaciones para componer el nuevo Gobierno Foral, un proceso que continúa (este miércoles se anunció que había un “alto porcentaje” de acuerdo pero que aún quedaban diferencias por resolver). La Mesa y la Junta de Portavoces, además, deciden ahora las fechas para que Barkos pueda convertirse en la nueva presidenta de Navarra, en un pleno de investidura que apunta al 20 de julio.

Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística recogía los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida y situaba a Navarra como la segunda región de España con la tasa más baja de población en riesgo de pobreza: un 11,9%. Y, sin embargo, ese mensaje, que invita al optimismo, choca con las constantes advertencias de colectivos sociales que insisten en que la Comunidad Foral, por mucho que sean incuestionables sus mejores estadísticas con respecto a otras autonomías, tiene datos “preocupantes”. Por ejemplo, una bolsa de pobreza severa (una cuestión económica, que tiene en cuenta el nivel de ingresos) y exclusión social (un concepto más complejo, donde la pobreza es uno de los indicadores, pero también la escasa participación de las personas afectadas en la sociedad) cuya situación no mejora pese a la anunciada recuperación económica. En 2013, por ejemplo, se calculó que la pobreza severa afectaba a un 3,1% de la población navarra (unas 20.000 personas) y, en la actualidad, podría situarse entre el 4 y el 5%. Ese porcentaje triplica al registrado cinco años atrás.

Estas son las estimaciones realizadas por expertos que han participado en la elaboración del VII informe sobre exclusión social y desarrollo social en Navarra 2014, realizado por la fundación Foessa y presentado por el delegado de Cáritas en Navarra, Ángel Iriarte; el integrante del Equipo de Estudios de Cáritas Española, Guillermo Fernández; y los profesores de la UPNA y miembros del grupo de investigación Alter, Nerea Zugasti y Miguel Laparra. Este último insiste en que varios de los datos recogidos en este informe (a través de diferentes encuestas) sirven para “llamar la atención de las instituciones” y evitar que Navarra, como ya apuntó al conocerse los resultados del INE, caiga en la “autocomplacencia”. No basta con ser, en 2012, la comunidad con la renta más alta por persona de España y encabezar las estadísticas en comparación con otras autonomías. ¿Por qué? Para empezar, porque esa bolsa de pobreza severa, que parece enquistada, es un elemento “completamente nuevo” en Navarra. Estas son otras de las claves.

La comparación con otras zonas de Europa

Los datos en sí ya resultan preocupantes. Según el estudio realizado, 111.500 personas (el 17,3% de la población) se veían afectadas en 2013 por la exclusión, 48.000 de ellas de forma severa; además, 95.000 personas en Navarra se encontraban en riesgo de pobreza y 20.000, en pobreza severa. El informe concluye que estos datos son “difícilmente aceptables” para una comunidad con el desarrollo económico y de riqueza (PIB, niveles de renta…) de Navarra; y, por ello, y esta es una de las claves, por primera vez no se hace la comparación con otras autonomías españolas, sino con otras zonas europeas con similares niveles económicos a Navarra. Y ahí es donde la Comunidad Foral sale perdiendo con respecto a áreas como Finlandia, el norte y el sur de Suecia, Islandia o Escocia, entre otras. La tasa de desempleo, por ejemplo, también es la mayor: afecta a un 17,9% de la población activa en 2013, muy lejos de la zona que encabeza las tablas, Islandia, con un 5,4. Y la diferencia es aún mayor si se tiene en cuenta a la población con estudios bajos.

La vivienda, el punto más destacable

¿En todas las comparaciones con esas zonas europeas sale perdiendo Navarra? No. Hay un punto en el que las estadísticas favorecen a la Comunidad Foral: el de la vivienda. La comunidad presenta buenos datos en condiciones de los hogares como el índice de luz, menos ruidos, contaminación o delincuencia. Laparra explica, en este sentido, que precisamente antes de la crisis las familias navarras destinaron buena parte de sus ingresos a la compra de vivienda, de ahí que ahora puedan beneficiarse de este hogar, pero también arrastren un importante nivel de endeudamiento.

¿En qué recorta cada hogar?

Uno de los resultados del estudio es que determina de dónde recortan las familias afectadas por la crisis. Lo más habitual (el 59,7% en Navarra) es reducir las actividades de ocio, así como los gastos fijos de la casa (52,3), y limitar la inversión en servicios como Internet, el teléfono o la televisión (51,2). Sin embargo, dos datos son los que siempre destacan los informes realizados por estos expertos de la UPNA: el hecho de que el 33% limite el gasto en alimentación (en España llega al 42,3) y el 0,9 en medicamentos (3,6 en España). Este tipo de ajustes son parte, en los casos más graves, de lo que en un informe anterior denominó el círculo de la escasez: las estrecheces que se retroalimentan entre sí y pueden provocar problemas de salud, dificultades de acceso al mercado laboral, impagos… La clave, así, está en los hogares con privación material severa, aquellos que no acceden a cuestiones ampliamente extendidas: en España afectaba al 4,5% de los hogares en 2011, y en Navarra al 4,4%. La clave es que, dos años antes, en Navarra era del 2,1%.

Un cambio de políticas de forma integral

Una de las claves del informe es que también propone líneas de actuación a las instituciones en materia de pobreza y exclusión severas. Por ejemplo, apuesta por una política fiscal progresiva, asegurar la cooperación internacional, realizar estudios rigurosos de la materia y, entre otras cuestiones, dar estabilidad a la Renta Básica. Lo curioso es que habla de Renta Básica y no de la actual Renta de Inclusión Social, como se ha llamado a esta prestación tras los cambios realizados en la última legislatura. Laparra, en cualquier caso, defiende que más allá de un cambio que amplíe las posibles personas beneficiarias de la renta, la clave está en cambiar todo el modelo de gestión, y dividirlo en la parte de gestión de la cuestión económica (el cumplimiento de unos requisitos) de la política de “incorporación social”, que no puede entenderse como una vigilancia de los beneficiarios sino como un apoyo.

Y, con todo, la conclusión del informe es que ese tipo de situaciones no se solventará con las mismas políticas o con una ampliación de la mismas, sino cambiándolas para llegar a resultados distintos. Porque el problema no depende de la recuperación económica, sino del aumento de las desigualdades.

Un 11,9% de la población navarra está en riesgo de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Esa cifra sitúa a la Comunidad Foral como la segunda región con mejores datos en ese sentido de España, solo por detrás de Euskadi, donde la tasa es del 10,2%. La medida nacional se sitúa en el 22,2%, y zonas como Andalucía y Murcia alcanzan el 33,3% y 37,2%, respectivamente. La cifra más alta se da en Ceuta: un 44,3%. Desde ciertos colectivos sociales en Navarra alertan, sin embargo, y con cierta indignación, del peligro de que las instituciones o la propia ciudadanía se sientan aliviadas porque en Navarra la situación es mejor que en otras comunidades. “Podemos estar mejor que otras zonas, eso es cierto, pero eso no quiere decir que quien lo está pasando mal no sea preocupante”, apunta Lidia Almirantearena, presidenta de la Red de lucha contra la pobreza en Navarra.

“No deberíamos compararnos solo con otras comunidades españolas, sino con otras europeas que tienen un nivel de renta similar a Navarra o con nosotros mismos hace unos años”, apunta Almirantearena. Por su parte, Ana Fernández, integrante de la plataforma de la Renta Básica comparte esa opinión: “¿Para qué sirve decir que estamos mejor que en otras zonas cuando hay gente que lo está pasando mal? Los problemas están ahí y hay que resolverlos”.

La preocupación de estos colectivos es que las conclusiones de este tipo de estudios rebajen el nivel de alerta. El consejero navarro de Políticas Sociales, Iñigo Alli, ha recordado en diversos debates parlamentarios que, según la tasa AROPE sobre pobreza y exclusión social, que combina la pobreza (considerada como un ingreso un 60% inferior a la media nacional), la carencia material severa y la baja intensidad en el empleo, Navarra está entre las tasas de pobreza severa más bajas de Europa (en marzo de este año, se habló de un 0,6%).

Frente a estas cifras, colectivos como la plataforma o la Red de lucha contra la pobreza defienden que se complementen con las conclusiones ofrecidas por el último estudio de la cátedra de investigación CIPARAIIS de la Universidad Pública de Navarra (la red colabora con esta investigación), que en marzo de 2015 anunció que, en Navarra, alrededor de 30.000 personas se encuentran en situación de pobreza severa. En noviembre de 2014, en un estudio para Cáritas, se situó esa cifra en torno a las 20.000.

Miguel Laparra, doctor en Sociología y responsable de la mencionada cátedra, insiste en la necesidad de evitar una guerra de cifras (las conclusiones de este estudio, por cierto, fueron cuestionadas por el consejero) sobre la situación de la pobreza en Navarra. No obstante, también subraya la necesidad de manejar más datos: y, en concreto, defiende la necesidad no solo de comparar las cifras teniendo en cuenta la media nacional de ingresos, sino la de cada comunidad. Porque “lo normal es que en comunidades como el País Vasco o en Navarra, con un mayor nivel general de riqueza, presenten las menores tasas”, como ha ocurrido con el último informe del INE.

Este nuevo documento ha trascendido también por concluir que un 35,4% de los menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza o en exclusión. El propio Laparra participó recientemente en un estudio para el Ayuntamiento de Pamplona en el que recordaba que la pobreza consistente en Navarra, que mezcla privación de bienes e ingresos bajos, afecta a un 9,3% de la población infantil de la capital navarra.

Unas diferencias no tan alejadas

Para Laparra, los nuevos datos anunciados sobre la tasa de pobreza representan, únicamente, “una parte de la realidad”. Para este experto, resulta incuestionable que la situación en Navarra es mejor que en otras autonomías; no obstante, defiende que si se comparan los datos de pobreza con la media de ingresos en Navarra (y no con la estatal), las diferencias “serían más pequeñas” con las presentes en otras comunidades. Por ello, además de esos datos, este investigador insiste en la necesidad de tener en cuenta, en primer lugar, que en Navarra “los precios también son distintos, y más elevados que en esas otras zonas” y, por otro, el diferente modo de vida de cada área.

Tanto Laparra como los colectivos sociales insisten en estas apreciaciones porque, como apunta el profesor de la UPNA, de lo contrario la Comunidad Foral podría caer en la “autocomplacencia”, en lugar de mirarse a sí misma y a sus situaciones de necesidad.

“¿No te han contado nunca el chiste del burro? Que lo tenían sin comer, sin comer, sin comer, no le daban de comer y dice su dueña ¡Vaya por dios! Ahora que se estaba acostumbrado a no comer, va y se muere. Así nos pasará a nosotros también”. El chiste del burro está recogido en una de las partes del II informe sobre Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social elaborado por la cátedra CIPARAIIS de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en concreto el dedicado al prolongado impacto de la crisis en la población más vulnerable, y se hace eco de las vivencias de 52 personas, de sus críticas, estereotipos, creencias y realidades. Este capítulo, encabezado por el investigador Rubén Lasheras, refleja que esta vulnerabilidad “se ha extendido e intensificado”, una de las cuestiones clave de este informe (criticado por el Gobierno Foral), que también concluye que 30.000 personas en Navarra sufren en la actualidad pobreza severa.

Los casos recogidos son diversos. Se trata de personas que bien ya estaban en situación de vulnerabilidad antes de la crisis y que, con ella, ven incluso “amenazada su supervivencia”, quienes no sufren este impacto pero sí tienen “privaciones” al ayudar a otros hogares, y también quienes han caído ahora en esta situación y no pueden escapar de ella, en parte también porque los sistemas de protección han disminuido, como criticó el director de la cátedra, Miguel Laparra, y como han asegurado diversos colectivos sociales, como la Red navarra de lucha contra la pobreza, implicada en este estudio, que ha denunciado que las políticas sociales que ha implantado el Gobierno Foral frente a esta situación económica han resultado “insuficientes”, por lo que es necesario implantar nuevas políticas centradas “en las personas”.

Así, el informe precisamente refleja la vivencia de estas personas y cómo, ante una situación de vulnerabilidad, se sienten “en la cuerda floja” y en una lucha diaria por sobrevivir. Y de ahí la sensación de temor, inseguridad y desequilibrio. Y, a menudo, los problemas se acumulan: el trabajo, la vivienda, la alimentación, la salud o la pérdida del ocio. Es lo que el propio Laparra destacó como el “círculo de la escasez”, que consiste en que una persona vulnerable sufre las consecuencias de diversos factores que, por así decirlo, se retroalimentan y causan un mayor efecto. El desempleo o la precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo, menos descanso y peor alimentación, sedentarismo, la saturación de los servicios de apoyo…

La falta de empleo es una de las claves, porque la búsqueda sin efecto también genera resignación o la sensación de que se acarrea con un estigma de vagancia. Y, por ello, para evitarlo también se acaba aceptando “lo que sea”, según explican numerosos testimonios del informe. De elegir el empleo se pasa a aceptarlo en cualquier condición. Sin contrato y con sueldos mínimos, algo que a menudo ocurre menos con una mayor formación, de ahí que retomar la educación se vea con esperanza, pero en ocasiones también como una expectativa frustrada, que no logra el objetivo buscado.

Estos extremos evidencian la variedad de los casos recogidos en el estudio. La necesidad provoca, según estas voces (de las que se cita el nombre, la edad y la procedencia, en su mayoría de Navarra, pero también de, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, Bolivia, Senegal o República Dominicana), que haya personas que tengan que elegir entre comer o pagar las facturas (de ahí que la vivienda, a la que se destina la mayor parte del gasto, esté asociada a impagos de las facturas de la luz, agua, calefacción o comunidad de vecinos, y eso también puede generar problemas de habitabilidad), que busquen la comida más barata o que recurran a comida desechada en los contenedores: “Ahí comes lo que puedes pillar y ya está. Y hay dos o tres días que tienes que comer siempre lo mismo (…). Y no hay más. Y los críos bastante hacen. Y piensan ¿Otra vez chorizo? ¿Otra vez chorizo? Ya sabes cómo son los críos”.

Muchas de estas personas relatan, por ejemplo, las ocasiones en las que los menores a cargo no pueden almorzar o desayunar, una situación también denunciada por colectivos sociales y proyectos como Gosariak pero sobre la que el Gobierno Foral siempre ha insistido en que no le constan casos, al menos como para justificar la apertura de los comedores escolares durante el verano. El informe también denuncia los problemas de vestido y de calzado, a pesar de que los progenitores tienen a priorizar a sus hijos e hijas al invertir sus recursos.

El ahorro en salud y ocio

Otra consecuencia de esta situación, que a menudo no se destaca, es cómo la necesidad afecta a la salud, tanto la mental (por la ansiedad o la depresión) como la física, ya que, según recalca esta investigación, también se tiende a recurrir a “desempeños laborales precarios”. Además, hay casos de consumo de sustancias, y otros que afrontan dificultades para hacer frente a los costes sanitarios y, por ello, renuncian a todo aquello que no cubre la Seguridad Social. Por ejemplo, el dentista.

Y, por supuesto, otra cuestión de la que se prescinde es el ocio, algo que, según explica Lasheras, antes era limitado y, ahora, inexistente. Y, sin embargo, según detalla el texto del investigador, se trata de un factor importante porque, por ejemplo, limita los contactos con el entorno cercano. Eso a pesar de que la familia es el principal recurso (los llamados apoyos informales) del que se tira, antes que un sistema de protección social que, según concluye el estudio, “no ha resuelto el enorme crecimiento de las carencias”. Porque se han reducido y porque ha aumentado la fractura social y dejando la cohesión en un segundo plano; y Lasheras manda un aviso para navegantes: que la anunciada salida de la crisis no logrará acabar con estas dificultades, ni con una estructura desigual y una pobreza que “se hereda”.

La pobreza severa afecta en Navarra a unas 30.000 personas, es una bolsa que está “enquistada” y cuya situación sigue agravándose, ajena a la anunciada recuperación económica. Estas son las conclusiones principales de un nuevo informe de la Universidad Pública de Navarra, elaborado por la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social (CIPARAIIS), dirigida por Miguel Laparra, y que ha levantado ampollas en el Departamento navarro de Políticas Sociales. Porque, además de las cifras, la investigación también apunta a posibles causas, y denuncia las dificultades que supone el desempleo, las malas condiciones de los nuevos trabajos y las políticas de austeridad y los recortes en políticas sociales.

En un e-mail enviado a miembros del Consejo de Bienestar Social y cargos de UPN, al que han hecho referencia medios como el Diario de Navarra, el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, puso en cuestión el “rigor” de esta investigación, correspondiente al II informe sobre Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social de esta cátedra. Y el consejero deslizaba que estas críticas podían obedecer a un asunto económico, ya que una investigación anterior (el Plan de Lucha conta la Exclusión, de 1996) sí se encargó a la UPNA y en este caso no. El propio Laparra, en la presentación pública de las conclusiones de este pasado jueves, ha defendido que aquel trabajo, según ha recogido Diario de Noticias, conllevó la realización de cuestionarios a 2.300 hogares y que sus conclusiones supusieron, más que un gasto, una inversión rentable socialmente. Así, Laparra ha hecho referencia a las palabras del consejero para atribuirlas a su “nerviosismo” y, a la vez, a su “fracaso” en la gestión social de la crisis. Desde el PSN se han pronunciado en esa línea, al criticar a Alli por intentar desprestigiar una investigación porque sus conclusiones “no le resultan favorables”.

En realidad, las advertencias del informe no son muy diferentes a las anunciadas antes por entidades como Cáritas, Cruz Roja Navarra o la Red de Lucha contra la Pobreza, que también participan en la Cátedra, y que han alertado en diversas ocasiones sobre el hecho de que, a pesar de que en Navarra la situación de exclusión social es sensiblemente menor que en otras autonomías, esta exclusión resulta más intensa para quienes la sufren.

El Gobierno Foral, por su parte, ha dado una visión completamente distinta uno día después a la presentación del informe, como parte de una conferencia de prensa en la que anunció los 51 millones de años destinados en 2014 a la Renta de Inclusión Social. En ese acto, el director general de Política Social, Mariano Oto, ha insistido en que Navarra cuenta con la menor tasa de riesgo de exclusión social de España (un 14,5%) y es la cuarta región europea con menos pobreza severa (un 0,6%), según la tasa AROPE, a la que el propio consejero Alli ha hecho referencia en diversas ocasiones.

A este respecto, entidades como Cáritas o el propio Laparra ya habían respondido anteriormente que Navarra debería compararse no tanto con otras autonomías como con regiones europeas con la misma riqueza (por ejemplo, se mencionó Trento en Italia, así como regiones de Rumanía, Suecia o Noruega) y ahí es donde se refleja que “en cuestiones de exclusión estamos peor”.

Necesidades más prolongadas

De ahí que en el nuevo informe de la UPNA se insista en advertir de esta situación, a través de dos conceptos clave: esa bolsa cronificada y el llamado círculo de la escasez. Porque para Laparra, más allá de esas 30.000 personas en las que se ha cifrado la pobreza severa en la Comunidad Foral, la clave está en la “tendencia”, y esta es a un “aumento espectacular” de la pobreza severa, a un enquistamiento de la misma y a que este proceso “prolonga su duración”. De ahí que se hable de ese “círculo de la escasez”, que hace referencia a aquellas personas vulnerables que, con la crisis, han acumulado problemas de privaciones de alimentación, residencia, ocio o sanidad, una situación que, como ya apuntó la UPNA a través de un comunicado, “se ha hecho más grande” ante la dificultad para incorporarse a un trabajo o contar con unas prestaciones sociales.

Las conclusiones de la investigación aseguran que no pretenden ser simplemente un documento de denuncia, sino que aporta referencias para “buscar soluciones”. Y de ahí que destaque la reducción de la protección de la Renta de Inclusión Social (que ahora, al final de la legislatura, ha vuelto a modificar y ampliar el Parlamento), así como de otras medidas de atención, a pesar de las necesidades crecientes. El informe apuesta, en cambio, por aumentar los sistemas de protección frente a la austeridad, y este es uno de los puntos que ha levantado ampollas en el Gobierno Foral. El debate sobre los casos graves de pobreza en Navarra, al menos, ya se ha iniciado.

Cáritas ha anunciado esta semana que el 14,8% de la ciudadanía navarra se encuentra en riesgo de pobreza, y un 3,1% en pobreza severa. Son 95.000 y 20.000 personas, respectivamente. Balances como este abren los ojos de la población en cuanto a la extensión de las dificultades en la Comunidad Foral, como a menudo advierten los colectivos sociales. Pero uno de los responsables de este estudio, el profesor del Departamento de Trabajo Social de la UPNA (Universidad Pública de Navarra) Miguel Laparra, insiste: “No hace falta buscar mucho este tipo de casos. No es tan raro ver situaciones de necesidad”.

Pero, ¿qué diferencias hay entre pobreza y exclusión? A menudo se confunden ambos términos, por entenderse la exclusión simplemente como una situación de necesidad económica (pobreza), pero en realidad esa exclusión también se produce en situaciones aparentemente más moderadas, no hace falta estar en la calle para sufrirlas, pero sí cumplir una serie de indicadores (para los datos presentados por Cáritas se siguen 35, aunque no hay que presentarlos todos) como tener unos ingresos bajos, que impidan hacer frente por ejemplo a la presión de una hipoteca, que se deterioren los electrodomésticos y no haya posibilidad de repararlos, que por esta precariedad se sacrifique la compra de medicamentos… Todo ello, sin una red de relaciones que apoye a estas personas, puede fomentar que haya quienes no participen de forma plena en la sociedad. Solo cuando muchos de estos indicadores coinciden, puede hablarse ya de una pobreza severa.

En conjunto, en Navarra, según este avance del informe Foessa (un trabajo que arrancó en 2012, recogió datos en 2013 y se espera que se presente próximamente), se calcula que más del 17% de la población sufre esta exclusión, un 9,8% de forma moderada y un 7,5% la severa. ¿Estos casos son invisibles? ¿La ciudadanía en general es consciente de su extensión? Laparra considera que sí: “Muy posiblemente todos conocemos a una persona afectada por esta situación. No hace falta mucho buscarlas. Basta con, por ejemplo, darse una vuelta por los barrios de trabajadores de la zona norte de Pamplona, donde no es tan raro ver situaciones de necesidad. Como familias donde ninguno de sus miembros está trabajando o dependen de un único salario”.

Estas declaraciones parecen chocar con el aparente estado de bienestar de Navarra. Colectivos como Cruz Roja, no obstante, ya han advertido de que en la comunidad “hay menos pobres, pero sufren más” y, en este sentido, Laparra opina que en sociedades donde hay una mayor riqueza o desarrollo cultural, puede ocurrir que quienes sufren la exclusión tengan una relación más conflictiva con quienes les rodean y se produzca ese aislamiento social.

Más desigualdad en comparación con Europa

Por estas razones, desde Cáritas y la UPNA han insistido en comparar los datos de Navarra no tanto con otras comunidades autónomas, una referencia en cualquier caso obligada, como con otras regiones europeas con la misma riqueza. Por ejemplo, con determinadas zonas de Italia (Trento), Rumanía (Bucarest), Suecia o Noruega. Y ahí es donde se ve que “en indicadores de exclusión estamos peor”. Ese resultado es acorde a un país, España, donde el nivel de desigualdad es mayor que el de otras naciones del Viejo Continente y donde el modelo de integración se basa más “en el mercado de trabajo que en las políticas sociales”. De ahí que, si falla el primero, “vayamos a la pata coja. Sobre todo porque nos ha fallado la pierna buena”.

De ahí que el objetivo de los balances anunciados por Cáritas y Foessa sea “sacar a la luz estos datos para que sirvan de referencia en la toma de decisiones. Tenemos que construir un desarrollo más equilibrado, una cobertura mejor. No podemos volver a lo mismo”.

La Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social de la UPNA ha elaborado dos informes sobre la pobreza consistente en Navarra y las desigualdades sociales que se producen entre las distintas zonas de la Comunidad Foral. El informe sobre la pobreza concluye que en Navarra el 16,4% de la población tiene problemas para asegurar los gastos mínimos en algunos de los tres ámbitos que se consideran básicos, vivienda, alimentación o condiciones básicas de vida. El informe sobre la desigualdad territorial muestra cómo en el sur de la Comunidad Foral hay situaciones de mayor pobreza que en el norte o en la zona de Pamplona. El director de la cátedra, Miguel Laparra, analiza estos resultados y pone el peso de la posible mejora de la situación en las políticas sociales de las Administraciones Públicas.

¿Qué tienen de especial sus informes?

Los dos informes que se presentan tienen un elemento innovador en cuanto a la información que se presenta sobre estos temas. LA novedad del primero, sobre la pobreza consistente, es utilizar este nuevo concepto del cual no había ningún estudio en Navarra, que lo que mide no es la gente a la que le faltan ingresos en un momento determinado, sino si eso tiene una incidencia clara en las formas de vida y aparecen privaciones significativas en la vivienda o en actividades básicas de la vida diaria.

¿Se diferencian mucho los resultados sobre los informes que sólo miden los ingresos?

Es tener bajos ingresos y además tener situaciones de privación material. Son informes más robustos, no solo una situación coyuntural de no tener ingresos sino que identificamos situaciones donde la pobreza ha sido más persistente, ha continuado más en el tiempo y se deja notar más en las condiciones de vida.

Y en Navarra, ¿qué colectivos están en esta situación de pobreza consistente?

Sigue apareciendo mucha incidencia en los jóvenes, en las personas con desempleo y los extranjeros pero, por ejemplo, en el caso de las personas mayores de 65 años, si solamente analizas los ingresos, lo que nos están diciendo otras encuestas es que los ancianos cada vez están mejor porque sus pensiones se han mantenido e incluso tienen pensiones más altas. Sin embargo la presión del contexto, la necesidad de ayudar a otros miembros de la familia, de compartir las pensiones con toros ha hecho que en término de privación los ancianos están peor, es un colectivo que desde otras perspectivas podría pasar más desapercibido pero sigue siendo un colectivo necesitado de políticas sociales redistributivas.

¿Qué análisis hace la cátedra de estos resultados?

Tanto los análisis estadísticos como la valoración de las entidades que colaboran en la cátedra lo que viene a confirmar es que hay un riesgo muy fuerte de fractura social con los sectores más desfavorecidos de la sociedad y un ensanchamiento de las dificultades y la intensificación de las situaciones más persistentes y severas de pobreza. En ese sentido el diagnóstico se revalida.

El otro informe medía la desigualdad entre las distintas zonas de Navarra.

No hay apenas antecedentes de análisis de desigualdades sociales en clave territorial interna para Navarra. Los resultados son bastante ilustrativos de cómo se están asentando sobre el territorio diferencias muy fuertes entre unas zonas y otras. En la mayor parte de los indicadores que se utilizan aparecen diferencias muy fuertes entre el norte y el sur. La Ribera de Tudela y la Ribera Alta aparecen en una situación mucho más desfavorecida que las zonas del norte y de la propia Comarca de Pamplona.

¿Qué causa estas desigualdades?

Se constata que la distribución de recursos que se hace, las políticas sociales, no están acordes con la intensidad de las necesidades de cada territorio, por ejemplo la mayor parte de las rentas básicas y de ayudas extraordinarias y sociales del gobierno de Navarra van a parar a Pamplona cuando Pamplona es uno de los territorios que marca los mejores indicadores sociales y no se dedican tanto al sur como se debieran. Ahí hay un déficit redistributivo en clave territorial.

¿Deberían cambiar las políticas sociales?

Habría que pensar en introducir el tema interno de la diversidad territorial en general en las políticas públicas y en la construcción de servicios de desarrollo de cada territorio pero también en la gestión de las políticas sociales porque cada vez se están potenciando más políticas de igualdad y tal, también debería tener su impacto en aquellos territorios que tienen más dificultades.

La responsabilidad cae en las Administraciones Públicas.

Sin duda, la lucha contra las desigualdades más severas es totalmente ineficaz si no hay una implicación muy fuerte de las instituciones públicas son las que tienen la capacidad de regulación y de distribución de los recursos y del presupuesto público para conseguir niveles mayores de igualdad social y de cobertura de las necesidades más básicas.

En las estadísticas, Navarra aparece mejor que otras Comunidades Autónomas.

Yo creo que hay dos reflexiones. Una cosa es que en comparación con otras Comunidades Navarra tiene una situación social claramente mejor que la mayoría del contexto español, no europeo. Si lo medimos en términos europeos la posición de navarra es media o incluso de la mitad hacia abajo, pero si lo medimos en términos españoles la posición es mejor. Otra cosa es que en relación con el nivel de renta de navarra los niveles de desigualdades internas de la población son tan importantes como las de otros territorios, por lo menos son equiparables. La foto en términos de estructura interna es parecida al de otros lugares.

¿Mejorará la situación y habrá menos personas en este nivel de pobreza consistente?

Es difícil establecer previsiones en esa línea. Es posible mejorarlo a partir de la construcción de una estrategia de desarrollo que sea más igualitaria y de políticas redistributivas, pero también puede empeorar. Es posible que empeore en la medida en que se mantenga un modelo de desarrollo que está muy basado en el empleo precario y que cada vez reduce más el gasto social. El riesgo de que estas desigualdades aumenten y acaben generando una fractura y un proceso de conflictividad social creciente es un escenario que ahora mismo es posible, que no me atrevo a decir que es lo que va a pasar, pero que si no se corrige es posible que vayamos hacia ahí.

¿Qué valoración hacen de la reforma fiscal que ha planteado el Gobierno de Navarra, podría ayudar a corregir esta situación?

No podría valorarla en concreto porque no la hemos estudiado. Lo único que puedo decir es que estaría bien que cualquier reforma fiscal que se haga, se haga con el objetivo de hacer sostenibles las políticas sociales y conseguir una base financiera más sólida para una estrategia de igualdad.