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La Renta de Inclusión Social, cambios y recambios

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Quizás ustedes han oído hablar de la Renta de Inclusión Social, en adelante RIS. Detrás de estas siglas se esconde una prestación de gran calado social. Es una ayuda económica que el Gobierno de Navarra concede a las personas más desfavorecidas que demuestren una situación de necesidad derivada de la pérdida de procesos de empleabilidad o situaciones familiares que alteran su dinámica y que precisan de apoyos económicos puntuales.

La RIS está regulada por Ley Foral y el dinero sale de los bolsillos de las y los contribuyentes navarros. Esa ayuda se gestiona en los Servicios Sociales de Base de Navarra y en las Unidades de Barrio de Pamplona. Es una prestación garantizada. Eso no quiere decir que si usted la solicita se la den. No. Porque no es un derecho universal. Usted tiene derecho a solicitarla, pero no a que se la concedan sin más. Se la dan si usted cumple unos requisitos de acceso, previa valoración técnica realizada por profesionales de Trabajo Social.

Quienes firmamos este artículo somos trabajadores y trabajadoras sociales que desarrollamos nuestra tarea profesional en el ámbito de los Servicios Sociales municipales. La RIS pasa por nuestras manos para informar de la idoneidad de su concesión. Y es la Sección de Inclusión Social del Departamento de Políticas Sociales quien decide su aprobación o no. Es decir, somos mediadores informados que realizamos el primer filtro técnico.

La RIS, antes conocida como Renta Básica, es una prestación vigente en Navarra desde 1990, siendo esta una de las comunidades pioneras, tras la CAV, en implementar su puesta en marcha. Desde entonces, y especialmente desde 2012, ha estado sometida a múltiples cambios legislativos y diversas combinaciones jurídico-reglamentarias. Quizás nunca una ley navarra, de tanto calado y valor para miles de familias, ha sido tan metamorfoseada y sufrido tantos regateos. Y eso ya dice mucho de su significación social y política. O de su insignificación.

Desde nuestra óptica profesional, estas modificaciones, que afectan de manera significativa a las familias perceptoras, para bien o para mal en función de los vaivenes de la legislatura del momento, nos preocupan. Pero también nos desconciertan. Y además, no las entendemos más allá de su oportunidad política, su utilización como estrategia electoral o el reconocido valor mediático desplegado alrededor de la pobreza y la exclusión. Así las cosas, se desconocen cuáles han podido ser los motivos, los análisis, investigaciones o procesos de mejora, si es que los ha habido, que pudieran haber orientado los cambios impulsados por el actual Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra respecto a esta prestación.

En este sentido, nos hubiera parecido más correcto haber realizado previamente -como se publicó en 2003- una evaluación del impacto de este programa en las familias, de su idoneidad, oportunidad operativa o su capacidad o no para combatir la pobreza y la exclusión. En definitiva, si es una ayuda que sirve para mejorar la vida de la gente que la solicita o no, si es una trampa ante la pobreza o un elemento que la erradica. Y finalmente, si la RIS favorece procesos de intervención social o nos convierte, a quienes la gestionamos, en fiscalizadores de datos que prueben su merecimiento. ¿Alguien ha preguntado, de forma generalizada y estructurada, la opinión o valoración de las personas beneficiarias, cómo les protege o desprotege o qué opinan sobre el recurso? ¿Alguien ha preguntado a los y las profesionales sociales su opinión al respecto, su idoneidad y su actual modelo de gestión?

Asimismo, echamos en falta las opiniones de los responsables de las instituciones públicas de Servicios Sociales quienes, al parecer, han cedido todo el protagonismo a las Entidades del Tercer Sector que capitalizan la acción y la presencia pública relacionadas con los problemas derivados de la crisis y la exclusión.

Pero más allá de cómo se ha abordado el continuo cambio legislativo aludido, creemos que la actual RIS -como otras prestaciones similares en el resto de comunidades autónomas- genera discurso público y político. Y eso no está mal. Lo que nos preocupa es cómo es tratado ese discurso, tanto por el Departamento de Políticas Sociales como por los profesionales implicados en su gestión y las entidades sociales que también dinamizan el debate. Y esto, insistimos, es saludable, pero a veces se presta a una peligrosa deriva. Y si a ello añadimos el tratamiento mediático de la pobreza y la exclusión, el cóctel está servido. Y es que el discurso hegemónico de la RIS está funcionando como uno de los mejores altavoces del alegato neoliberal respecto a las responsabilidades personales con relación a las prestaciones sociales, sean del paro, pensiones o cualquier otra ayuda pública reconocida. Y es que desde 1990 hasta nuestros días, la RIS ha ido complejizándose en su tramitación y exigencias. En 2015 es un derecho subjetivo pero hay que demostrar sobradamente su merecimiento. Y ello requiere pasar múltiples controles de todo tipo y condición. Algunos incluso muy denigrantes. Y es que el nuevo discurso prestacional insiste en la responsabilidad personal ante el éxito o fracaso de la vida, dejando al margen toda responsabilidad estructural, sea de los mercados de trabajo o las propias estructuras económicas que nos rigen. Así las cosas, el derecho se transforma en exigencia probatoria introduciendo la activación personal como clave para demostrar el merecimiento de la prestación.

Este discurso no es ajeno a las concepciones economicistas instaladas en el propio Departamento de Políticas Sociales. Desde ahí se visualiza la RIS como un gasto sin fin, como un derroche a fondo perdido, como un flujo sin retorno. Sin embargo, cualquier actuación pública genera retornos, es decir, genera empleo, consumo, actividad económica, dinamización del sector del que se trate. Quien recibe una prestación gasta en el mercado y genera impuestos indirectos. Genera retornos dinerarios que vuelven a la administración para su nueva implementación. Pero en el caso de la RIS sólo se señala el gasto -son palabras del consejero-, la carga, el output, sin tener en cuenta los retornos y los efectos e impacto input. Y todo debate social, sobre todo el relacionado con las políticas sociales en tiempos de crisis, debe ser conocido y explicado convenientemente en el proceso de formación de un estado de opinión pública.

La RIS no puede ni debe ser sólo un objeto de transacciones políticas. Y es que, como toda medida social, requiere del debate político y el intercambio de las ideas que lo sostienen

Finalmente, quienes firmamos este artículo tenemos claro que la RIS es una medida de demostrada eficacia; pero debe reorientarse. Y no creemos que la solución pase, exclusivamente, por desubicarla o reubicarla en los Servicios Sociales. Tampoco por gestionarla desde los servicios de empleo como opciones que se están manejando en el debate profesional y académico. Entendemos que esta prestación debe empoderarse configurándose como una prestación universal encajada dentro de los sistemas de protección social. Pensamos que debiera considerarse como un derecho ciudadano asentado sobre las bases de una política de protección social de garantía de rentas universal. En este sentido, la RIS debería responder a la necesidad de protección de una sociedad en crisis con altos niveles de precariedad y pobreza.

Estamos ante un debate inconcluso y abierto, razón por la que nos sentimos apelados dada su trascendencia. En todo caso, cualquier debate social sobre este programa debería realizarse con rigor y con la participación de todos y cada uno de los agentes implicados (incluyendo la voz de las personas usuarias de esta prestación). La RIS no puede ni debe ser sólo un objeto de transacciones políticas. Y es que, como toda medida social, requiere del debate político y el intercambio de las ideas que lo sostienen.

*Firman este artículo: Jesús Labarga Gutiérrez, Jesús Laguardia Hontañon, Ana Artuch Aguirre, Virginia Eraso Barrio, Mirian Arregui San Martín, Txema Sáez Porres, Paco Roda. Ellos y ellas son trabajadoras y trabajadores sociales del Ayuntamiento de Pamplona y otros ayuntamientos.

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