Una reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio, equiparándolo con el tributo en vigor en Noruega o con un esquema como el planteado por el economista francés Thomas Piketty, dispararía su capacidad recaudatoria y permitiría financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por menor.

Esa es una de las conclusiones de un artículo de los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez, publicado recientemente, en el que utilizan los datos de la Agencia Tributaria para realizar distintas simulaciones sobre la estructura del impuesto que no solo elevarían los ingresos del Estado, sino que permitirían una reducción notable de la desigualdad.

El impuesto de patrimonio español se creó en 1977 con carácter temporal, primero, pero se hizo permanente a partir de 1991. El Gobierno de Zapatero lo suprimió en 2008, pero lo reactivó en 2011, hasta ahora. La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se llegó a bonificar al 100%, anulándolo de facto.

Los autores toman como referencia la estructura del gravamen en 2022, antes de la creación del llamado Impuesto de Solidaridad para las grandes fortunas, que el Ejecutivo planteó para salvar las rebajas fiscales en Patrimonio de algunos gobiernos del PP, como los de Andalucía o Madrid. A partir de ahí, diseñan siete escenarios alternativos. Por un lado, la transformación del impuesto actual con un esquema similar al de los otros países del entorno que cuentan con un tributo similar: Noruega (a partir de 160.000 euros y un tipo fijo del 1%), Suiza (descentralizado por cantones) y Francia (solo al inmobiliario y a partir de 1,3 millones de euros).

Por otro, el artículo plantea tres alternativas sobre la estructura del impuesto de patrimonio actual. Una primera, rebajando el mínimo exento de 700.000 euros a 300.000 euros; otra, eliminando las deducciones y exenciones autonómicas; y una tercera que combina ambos aspectos.

Y el último escenario es la transformación del impuesto de patrimonio con la estructura planteada por Piketty, que grava la riqueza desde los 200.000 euros en una escala progresiva desde el 0,5% hasta el 2% para las cuantías superiores a los cinco millones de euros.

Todas ellas —hasta la francesa, que restringe el gravamen a la riqueza inmobiliaria— arrojan que el modelo español tiene muchísimo margen de mejora, tanto por la vía de la recaudación como de la reducción de la desigualdad. La simulación de 2022 arroja un tributo que solo alcanzó a 170.404 contribuyentes, con una recaudación total de 1.125 millones en aquel ejercicio. Pero, en los escenarios más redistributivos —el de la tasa Piketty o el noruego—, podría captar más 15.000 millones de euros de algo más de 11 millones de pagadores.

Una caída del 5% del Índice de Gini

“Es importante que se vea que los impuestos sobre el patrimonio sí pueden recaudar y pueden hacerlo tanto como para pagar una prestación de este tipo que se considera tan cara”, explica en conversación telefónica la catedrática Cantó, autora junto al doctorando García-Rodríguez de la investigación.

Porque si esa recaudación se emplease para la puesta en marcha de una prestación universal por crianza —parecida a la planteada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con la tasa Zucman a los más ricos— se podrían pagar hasta 2.000 euros por hijo, una transferencia que cimentaría un cambio mucho más profundo en los indicadores de desigualdad que el impuesto per se. Esos 2.000 euros por hijo recaudados con el modelo de Piketty o con el noruego recortarían el Índice de Gini —que mide la desigualdad a través de ingresos— en casi un 5%, una cifra que Cantó define como “casi heroica” dada la estabilidad de este indicador.

“Si recaudas el impuesto de patrimonio y analizas su impacto sobre la distribución de la riqueza, no cambia nada. Pero si utilizas esos 15.000 millones como política redistributiva, al igual que con cualquier otra recaudación del sistema impositivo, tiene unos efectos sobre la desigualdad muy grandes”, subraya la catedrática.

Los ministros de Sumar, y Bustinduy singularmente, llevan tiempo reclamando una ayuda por crianza de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años. De hecho, el titular de Derechos Sociales se reunió con el francés Gabriel Zucman, promotor de un tributo del 2% a las grandes fortunas que podría captar hasta 5.200 millones de euros en España, según los datos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, impulsado por este economista.

Cantó subraya que la capacidad redistributiva del impuesto depende de su dimensión, es decir, de que llegue a un número suficiente de contribuyentes. En el caso del impuesto de patrimonio actual, su tamaño es muy limitado. Pero para mejorarlo no haría falta crearlo desde cero: con los dos ajustes que incorporan en su simulación (la rebaja del umbral de exención a 300.000 euros y la eliminación de las deducciones autonómicas) se dispararía su alcance. “Lo que no tiene sentido es el impuesto que tenemos a día de hoy, que no lo paga casi nadie, recaudamos poquísimo y las diferencias de riqueza están explotando”, insiste.

A las limitaciones adicionales, hay que sumarle que el pago de patrimonio está vinculado al IRPF, de tal manera que no superen conjuntamente el 60% de la base imponible de la renta del contribuyente. Esto se incorporó para evitar el carácter confiscatorio del gravamen, sobre todo para aquellas personas que declaran grandes patrimonios, pero pocos ingresos.

España es de los pocos países de la OCDE que mantiene un impuesto de patrimonio, un tributo que genera un gran debate ideológico y académico a partes iguales. Sus defensores lo justifican por la necesidad de gravar una riqueza cada vez mayor, con desigualdades más y más exacerbadas. La principal crítica de sus detractores es que conlleva una doble imposición (aseguran que las rentas ya están gravadas por el IRPF) y lo tachan de ineficiente y de un peligro para la atracción de inversiones. Es por ello que algunos expertos apuestan por sustituirlo por gravámenes a la transmisión de riqueza (como el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestro país) o a los rendimientos inmobiliarios, como el francés. 

Pero el estudio demuestra el potencial de un gravamen casi residual en las economías desarrolladas. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, esperan recaudar en la campaña de este año 2.473 millones de euros procedentes de casi 221.000 declaraciones. Muy lejos de los 15.000 millones a los que se podría aspirar.

Una de cada tres facultades de Medicina en España es privada y nuestro país ya tiene el mayor número de centros por habitante en el mundo. De los 54 centros, 36 son públicos y 18 privados. Estas cifras explican el aumento de la demanda de unos estudios en auge, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una menor proporción de facultades de Medicina por habitante de las que tiene España. 

El aumento de la demanda de esta titulación está siendo respondido en las universidades privadas, que siguen creciendo de forma vertiginosa. Este 2026 se producirá un sorpasso: en España habrá más universidades privadas que públicas. A lo largo de la última década (2015-2025), se han abierto 16 centros privados, 13 de ellos con sede física en nuestro país. De ellos, seis están en Madrid y tres en Andalucía. Así, en el curso académico 2024-2025 se produjo un nuevo hito: en la Comunidad de Madrid, el número de alumnos de Medicina en facultades privadas superó al de las públicas.

Santiago Cuesta, responsable de Universidades de CCOO, alerta de las dificultades que tienen los alumnos para acceder a una plaza en las facultades públicas de Medicina: “Las comunidades autónomas están dando respuesta a la gran demanda a través de las universidades privadas, y esto afecta de lleno a las familias con menos recursos, que no pueden permitirse pagar un centro privado”, explica.

Los requisitos son otros

Abrir una facultad de Medicina implica exigencias especiales, no es como el resto de grados. Las universidades que las inauguran deben tener, al menos, un hospital general y tres centros de salud (de titularidad pública o privada) de referencia para que el alumnado haga las prácticas. Además, las instituciones sanitarias tendrán que disponer del personal y los recursos necesarios, según lo establezcan conjuntamente los ministerios de Sanidad y Universidades. De esta forma, de los 16 centros privados que se han abierto en la última década, tan solo uno de ellos imparte el grado de Medicina, la Universidad CEU Fernando III.

El auge de las privadas se concreta en el número de plazas que ofrecen los centros que se abrieron hace más de una década y que, poco a poco, se van consolidando en este campo: desde que comenzó este siglo han incrementado su oferta un 258%. Con carácter general, contando todas las nuevas facultades, mientras en 2001 se ofrecían 230 plazas privadas de Medicina en España, en 2024 fueron 2.078. Es un aumento del 803%, según recoge el último informe detallado sobre la demografía médica de la Organización Médica Colegial de España. 

Diferencias entre territorios

Mientras en Galicia o Asturias no hay ninguna facultad privada de Medicina, Madrid es la comunidad autónoma con mayor número, seis, frente a las cuatro públicas. Así, en la región, la Universidad Rey Juan Carlos ofreció 157 plazas públicas para estos estudios (en el curso académico 2024/2025), mientras la Universidad Europea (privada) sacó al mercado 230. 

Las universidades públicas han aumentado su oferta un 68% en las últimas dos décadas: mientras en 2001 se ofrecían 4.000 plazas, en 2024 fueron 6.728. Aunque la mayoría de los estudiantes de Medicina en España cursan sus estudios en las universidades públicas, las privadas luchan por incorporar esta titulación en sus centros, y la tendencia hacia los modelos de pago comienza a coger fuerza.

Tomás Chivato Pérez, vicepresidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas, manifiesta la importancia de disponer de un registro nacional de profesionales de cada especialidad, ya que “más que aumentar el número de Facultades parece más lógico evaluar correctamente las capacidades de las existentes”, explica.

Ir a la privada, ¿elección u obligación?

Para estudiar Medicina en una facultad pública en España hay que tener en torno a un 13 de media en la prueba de acceso a la universidad, una calificación que sitúa al grado como uno de los más exigentes del sistema público universitario. Y esto genera una presión sobre los estudiantes, para los que el margen de error en esta prueba es ínfimo. “Hay familias que están haciendo esfuerzos titánicos, piden préstamos y se tienen que endeudar para que sus hijos estudien Medicina en la privada”, explica Cuesta. 

El coste de estudiar este grado en centros privados llega a superar, en muchos de los casos, los 20.000 euros anuales. Con una demanda elevada, sumada al valor de sus profesionales, el grado puede ofrecer una gran rentabilidad. La Universidad Europea (con sus diferentes centros por España) y la Universidad Alfonso X El Sabio, ambas con el grado de Medicina en su oferta educativa, hoy están en manos de fondos de inversión.

¿Hay chiringuitos?

Hace unos meses el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó de “chiringuitos” a ciertos centros privados creados en los últimos años, especialmente online. Aunque el grado de Medicina implica presencialidad, y no se puede cursar online, también se verá afectado por la aprobación el pasado mes de octubre del Real Decreto, que tiene el objetivo de poner freno a la apertura de centros privados de dudosa calidad.

Hasta ahora, la apertura de universidades privadas ha estado en manos de las diferentes comunidades autónomas, que han tenido la última palabra a la hora de poner en marcha nuevos centros. La medida, que busca detener la “eclosión” de estos centros, según alegan desde el Ejecutivo, ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por el gobierno de la Comunidad de Madrid y la Junta de Extremadura. En el próximo curso académico (2026/2027) Extremadura tendrá su primera universidad privada, UNINDE, que cuenta con un informe negativo por parte del ministerio. La presidenta autonómica, María Guardiola, ya ha iniciado los trámites para aprobar una segunda universidad privada en la región.

Con el Real Decreto, para abrir una nueva universidad privada la comunidad autónoma deberá contar con un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias de calidad autonómicas. Estas instituciones son, hasta ahora, las encargadas de evaluar la calidad teórica y práctica impartida en las diferentes facultades de Medicina tanto públicas como privadas de toda España, explica Chivato.

El sindicalista Cuesta incide en que el caso de Medicina es distinto al de otros grados. “No los llamaría chiringuitos como tal”, pero señala que “en buena parte de las privadas no se reúnen los requisitos de calidad de la pública”. Esto se observa, cuenta, en cómo la mayoría del alumnado tiene como primera opción la universidad pública, aunque pueda pagar la privada: “La media socioeconómica del alumnado de las facultades de Medicina es media-alta, si la pública no fuera buena se irían directamente a la privada”, apunta el responsable de Universidades de CCOO. 

Tenemos diagnosticado cómo mueren las democracias porque los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt nos lo explicaron de manera detallada hace casi ocho años. Ahora asistimos en directo al derrumbe de la de Estados Unidos, una involución que los expertos ya califican de autocratización, y al avance de la extrema derecha en Europa, impulsada por un programa común basado en la islamofobia. Este fenómeno solo consigue frenarse en las grandes ciudades que, ya sea París, Roma, Ámsterdam o Barcelona, se han convertido en refugios frente a la oleada totalitaria.

Hecha la breve constatación del sombrío panorama, y diagnosticado que el avance de Trump y de la extrema derecha en Europa tiene que ver también (aunque no solo) con el malestar que determinados colectivos expresan por sus condiciones económicas, la pregunta no es si hay alternativas. La pregunta es por qué no se aplican.

Una de ellas sería el impuesto a los ultrarricos cuyo principal teórico es el economista francés Gabriel Zucman. La socialdemocracia, siempre demasiado timorata cuando se trata de recetas para combatir el neoliberalismo, como recordaba con acierto el colega Enric González en su artículo de este domingo, debe remangarse de verdad. 

Zucman argumenta que necesitamos proteger la democracia del auge de la riqueza extrema, y que eso pasa por un impuesto a los megamillonarios. Se trataría de gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros. Ahora bien, las personas con un patrimonio por encima de esa cifra no tendrían que pagar nada adicional si, a través de otros impuestos, ya abonasen ese 2% del valor de sus activos. “Es el impuesto más selectivo y más justo que se pueda imaginar. No solo grava a los ultrarricos, sino únicamente a aquellos que escapan a los impuestos”, explica.

En el caso de España, estaríamos hablando de aproximadamente un millar de contribuyentes. El ministro Pablo Bustinduy calcula que los hasta 5.200 millones de euros adicionales que se recaudarían permitirían financiar una “prestación universal para erradicar la pobreza infantil”.

Zucman es discípulo de Thomas Piketty, y alumno aventajado, puesto que su propuesta para combatir la desigualdad llegó a la Asamblea Francesa, aunque no prosperó por el rechazo de los partidos conservadores y, claro está, por el de las grandes fortunas francesas.

“No debería permitirse que los multimillonarios paguen menos [impuestos] que el resto; es una violación de nuestros principios más básicos de igualdad ante la ley”, resumía Zucman hace unas semanas en esta entrevista. Estamos ante un fallo sistémico y como tal hay que intentar buscar soluciones. 

Ultrarricos es una palabra clave, aunque la verdaderamente importante —como ha estudiado Piketty con detalle— es igualdad. O quizá sería más acertado hablar de desigualdad, de ese 1% al que hizo famoso Joseph Stiglitz en su artículo de Vanity Fair hace ya 15 años: el 1% de estadounidenses que controlaba el 40% de la riqueza del país. De ahí surgieron un libro y el lema de Occupy Wall Street: “Nosotros somos el 99%”.

No es que la situación haya mejorado demasiado. El Informe Mundial sobre la Desigualdad, presentado el pasado mes de diciembre y cuyo prólogo firman Stiglitz junto a la economista india Jayati Ghosh, analiza en ocho capítulos cómo la desigualdad de oportunidades actual alimenta la desigualdad de resultados del futuro. Se trata de un exhaustivo trabajo en el que participan 200 expertos (entre ellos también Zucman) y que advierte de que la riqueza ha alcanzado máximos históricos, pero sigue estando muy desigualmente distribuida. El 0,001% más rico —menos de 60.000 multimillonarios— posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En casi todas las regiones, el 1% más rico concentra más riqueza que el 90% más pobre en conjunto.

“Los impuestos y las transferencias son algunas de las herramientas más poderosas que tienen las sociedades para financiar bienes públicos y reducir la desigualdad. La tributación progresiva también fortalece la cohesión social y limita la influencia política de la riqueza extrema. Sin embargo, la progresividad tributaria se desmorona en la cima: los multimillonarios suelen pagar proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. Esto no solo socava la justicia fiscal, sino que también priva a las sociedades de los recursos necesarios para la educación, la sanidad y la acción climática”, señala el informe.

Las grietas sociales siguen ahí, como los privilegios de ese 1%. Ya no se ocupa Wall Street ni tampoco las plazas españolas, pero no será porque falten motivos.

UGT Extremadura ha denunciado que las mujeres cobran 2.997,91 euros menos que los hombres en la región debido a la brecha salarial y ha exigido a las administraciones una mayor negociación colectiva, mayor conciliación en igualdad y subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En rueda de prensa, la vicesecretaria general de UGT Extremadura, Montserrat Marcos Sánchez, ha asegurado que en 2023 la brecha se situó en el 11,91 por ciento, 0,97 puntos más que en 2022, lo que supone el primer repunte desde el año 2015, una “señal de alerta” ya que, a su juicio, “la igualdad salarial no está consolidada y los avances no son irreversibles”.

Ante ello, ha subrayado que “si hoy la brecha no es aún mayor, es por la subida del SMI, por la normativa en materia de igualdad con planes de igualdad e igualdad retributiva y la negociación colectiva”.

Según el informe del sindicato, elaborado a partir de los datos de la encuesta de la estructura salarial del año 2023 del INE, la EPA, el SESPE y la Seguridad Social, la región es la tercera Comunidad Autónoma con menor brecha salarial del país, por debajo de la media nacional, debido a unos salarios “más bajos y homogéneos por debajo del salario del mercado laboral”.

Marcos Sánchez ha asegurado que la desigualdad se concentra “especialmente” en las mujeres de entre 45 y 55 años, donde la brecha supera el 17 % pues esta es “claramente mayor” en la contratación temporal que en la indefinida, “lo que penaliza doblemente a las mujeres, hoy en salario y mañana en las pensiones”.

A su parecer, el trabajo a tiempo parcial tiene “rostro de mujer” ya que “no es una libre elección, es una imposición ligada por la falta de conciliación” y la brecha salarial “no es casual, es el resultado de un modelo laboral que penaliza a las mujeres con más temporalidad, más parcialidad y menos acceso a los servicios y sectores mejor pagados”.

De igual manera, ha recalcado que la desigualdad de género en el acceso a la formación perpetúa la brecha salarial por la falta de su acceso equitativo, así como a la dificultad de promoción profesional.

Así, la vicesecretaria general ha defendido que la negociación colectiva reduce la brecha salarial gracias a los convenios sectoriales, provinciales y autonómicos pues es “mucho menor” en el sector público que en el privado.

En cuanto a las pensiones, dicha brecha “no termina con la vida laboral, se arrastra hasta la jubilación” pues las mujeres cobran pensiones más bajas y más de siete de cada diez mujeres cobran por debajo del SMI.

“La desigualdad aumenta con la edad y termina reflejándose en las pensiones más bajas, la igualdad salarial no es sólo una cuestión de justicia laboral, es una cuestión de justicia social y si no actuamos ahora, perpetuaremos la desigualdad durante toda la vida”, ha apuntado.

Además, ha reiterado que, desde UGT Extremadura, seguirán defendiendo igual salario por igual trabajo, más transparencia, más oportunidades reales de formación para las mujeres, así como más negociación colectiva, “para que la igualdad salarial sea una realidad y no sólo un objetivo”.

En cierto sentido, Francia ha vuelto a los tiempos de Balzac y La comedia humana. El elevado nivel de desigualdad patrimon­ial y el peso de la riqueza heredada recuerda al de la Francia del siglo XIX. Las mayores fortunas del país están en gran medida reservadas a las personas procedentes de familias ricas; la ascensión social para alcanzar las posiciones patrimoniales más altas a través del mérito se ha convertido en casi imposible.

El 10% de los franceses más ricos posee hoy más de la mitad (54%) de la riqueza del país, según datos del Banco de Francia. El 50% más pobre, menos del 5%. Y la brecha entre las diferentes capas de la sociedad es cada vez más profunda: entre 1998 y 2021 el patrimonio medio del 10% de los franceses más pobres se redujo en un 54%, mientras que el del 10% más rico aumentó un 94%. “Nuestra sociedad contemporánea se parece más a la sociedad del siglo XIX que a la de los años 1950-1970, en el sentido de que cada vez es más difícil acumular un patrimonio solo con los ingresos del trabajo”, señala a elDiario.es Mélanie Plouviez, filósofa y profesora titular en la Universidad Côte d'Azur.

Plouviez también es autora de L'injustice en héritage. Repenser la transmission du patrimoine (La injusticia como herencia. Reconsiderar la transmisión del patrimonio), un libro en el que analiza este aumento exponencial de las desigualdades patrimoniales en Francia. Y en el que señala una de sus principales consecuencias, la creciente proporción de la fortuna heredada.

“La concentración está reforzada por la transmisión: la fortuna heredada representa hoy el 60% del patrimonio nacional, cuando a principios de la década de 1970 esta proporción era solo del 35%”, explica Plouviez, especialista en filosofía social y política del siglo XIX.

Nuestra sociedad contemporánea se parece más a la sociedad del siglo XIX que a la de los años 1950-1970, en el sentido de que cada vez es más difícil acumular un patrimonio solo con los ingresos del trabajo

Mélanie Plouviez — filósofa y profesora titular en la Universidad Côte d'Azur

Si bien el contexto social no es el mismo que hace dos siglos —entonces no existía el Estado del bienestar que garantiza una protección para los más vulnerables— la concentración patrimonial es comparable a la de la Francia que Balzac describió en Papá Goriot: la de las grandes familias de la aristocracia y la alta burguesía y su vida en los hôtels particuliers de París.

En esa novela, el criminal Vautrin, que aparece en varias obras de La comedia humana, asegura al joven ambicioso Eugène de Rastignac que sus estudios de Derecho no le llevarán a donde quiere llegar: la ascensión social pasa por casarse con una heredera, como Victorine Taillefer. “Vos no chapotearéis mucho tiempo en estos pantanos, donde viven los sapos que nos rodean aquí. Vos os casaréis con una heredera”.

Evolución de las desigualdades

Mélanie Plouviez hace referencia en su libro a la evolución de las desigualdades documentada por Thomas Piketty en El capital en el siglo XXI. En 1914 las desigualdades alcanzan su punto álgido, pero las dos guerras mundiales cambiaron totalmente el paisaje económico y social. Las cartas se redistribuyen. En el periodo que sigue al fin de la Segunda Guerra Mundial la inflación merma las fortunas, mientras que los treinta años posteriores —conocidos en Francia como les trente glorieuses— están marcados por el ascenso de una clase trabajadora, numerosa y bien remunerada, gracias a un crecimiento económico sostenido.

En esas condiciones, el trabajo y el ahorro permiten acumular un capital importante. Y el ascenso, a través de la actividad profesional o la educación, es posible. Además, la construcción del Estado del bienestar y la implantación de un sistema de impuestos redistributivo limitan el peso de las transmisiones en la riqueza.

Punto de inflexión

“La crisis del petróleo en los 70 y las sucesivas recesiones marcan un punto de inflexión”, explica Plouviez. “La tendencia hacia la igualdad de rentas se erosiona y se invierte, en una curva en U”. El crecimiento se ralentiza, frenando los ingresos laborales. A la inversa, los grandes patrimonios se benefician del fuerte aumento del sector inmobiliario y de la bolsa.

Porque otra gran diferencia con los tiempos de Balzac es que el patrimonio en el siglo XIX estaba esencialmente ligado a la propiedad de tierras. Hoy es global y en gran medida financiero. Precisamente es en los activos financieros donde encontramos las mayores desigualdades hoy: en 2010, el 10% más rico poseía entre el 70% y el 80% las acciones, los bonos, los seguros de vida, etc.

La concentración está reforzada por la transmisión: la fortuna heredada representa hoy el 60% del patrimonio nacional, cuando a principios de la década de 1970 esta proporción era sólo del 35%

Mélanie Plouviez, filósofa y profesora titular en la Universidad Côte d'Azur — filósofa y profesora titular en la Universidad Côte d'Azur

Desde la década de los 80, las sucesivas reformas han ido degradando la progresividad del sistema fiscal, esenciales para corregir la situación de desigualdad y de acumulación patrimonial. “Antes de impuestos y redistribución, Francia es uno de los países más desiguales entre todos los países ricos, justo después de Estados Unidos y Reino Unido”, afirma a elDiario.es Louis Maurin, director del Observatorio de las desigualdades en Francia. “Solo gracias a potentes mecanismos de solidaridad tras la redistribución, Francia termina justo en la mitad de la tabla”.

Pero a lo largo de los años, las exenciones y las reformas fiscales han ido limitando la capacidad redistributiva. Un Informe del Consejo de Impuestos Obligatorios (CPO), organismo oficial independiente, señalaba recientemente que la actual fiscalidad francesa no solo no corrige las desigualdades, sino que las agrava. El impuesto sobre el patrimonio es regresivo: cuánto más se tiene menos se paga.

Tendencia global

Una realidad común a muchos países occidentales, aunque a la vista de las estadísticas es especialmente patente en Francia. Si la palabra égalité forma parte de la divisa nacional, el mito de la igualdad de oportunidades cada vez se ajusta menos a la realidad. Hoy una persona situada en la parte inferior de la distribución de ingresos necesita más de seis generaciones para alcanzar la media de ingresos, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Eso sitúa a Francia por encima de la media de la zona euro (cuatro y media) o que en España (cuatro) o incluso más que en Estados Unidos (cinco generaciones). “No dejamos de defender la igualdad, pero para los demás; la discrepancia entre los repetidos discursos de los poderes públicos sobre el tema y la realidad cotidiana de la población alimenta las tensiones, más aún que el nivel de desigualdad”, advierte Louis Maurin. “Alimenta un profundo rechazo, no hacia la política, sino hacia las políticas vigentes y favorece el avance de Agrupación Nacional”.

Aun así el problema no es exclusivamente francés. En febrero la revista británica The Economist dedicó una de sus portadas a la aparición de una heredocracia. Mismo diagnóstico para el Consejo de Análisis Económico (CAE), organismo oficial vinculado al primer ministro francés, que afirmaba en un informe que “la herencia vuelve a ser un factor determinante en la constitución del patrimonio de los países industrializados”.

La denuncia de The Economist, diario de corte liberal, se hace eco de las posibles consecuencias del aumento de la acumulación patrimonial. Una parte importante de la riqueza, que economistas y poderes públicos quieren movilizar para que se destine a inversión, se inmoviliza y queda al margen de la actividad económica. Por otro lado, la movilidad social se hace más difícil, acentuando las divisiones sociales y también erosionando la aceptación de los impuestos entre la población, que los percibe como injustos. 

El debate sobre la desigualdad de ingresos se ha instalado en los últimos años en el terreno de la llamada equidad intergeneracional. Se nos dice que las generaciones mayores viven mejor que las jóvenes y que ahí reside el núcleo del problema. Pero esta forma de enfocar la cuestión oculta un fenómeno mucho más profundo y decisivo: la generalización del ingreso rentista, es decir, la posibilidad de enriquecerse sin trabajar. Un tipo de ingreso que hoy apenas se discute, pero que durante décadas fue objeto de una crítica feroz por parte de los economistas clásicos, que lo consideraban no solo moralmente injusto, sino económicamente ineficiente.

De hecho, una de las grandes pesadillas de aquellos primeros economistas estaba encarnada por un grupo social cuya riqueza se multiplicaba sin que mediara esfuerzo alguno. Se les llamaba rentistas, aunque en su época eso era, en la práctica, lo mismo que decir terratenientes. A su juicio, esta clase social era un residuo feudal que obstaculizaba el desarrollo del capitalismo y lastraba el crecimiento económico. Como dejó escrito John Stuart Mill, los terratenientes «se enriquecen, por así decirlo, mientras duermen, sin trabajar, sin arriesgar ni ahorrar».

Ese rentismo fue atacado desde dos ópticas. La primera era de naturaleza moral: ¿era justo que hubiera personas que se enriquecieran únicamente por el hecho de ser propietarias, sin aportar trabajo alguno ni contribuir al bienestar colectivo? Al fin y al cabo, los terratenientes obtenían rentas como un peaje por permitir que otros trabajaran la tierra, razón por la cual muy pronto se empezó a hablar de “ingresos no ganados” (unearned income). La segunda crítica era de orden económico: si esas rentas eran demasiado elevadas, los beneficios capitalistas quedaban ahogados y el crecimiento se ralentizaba. 

Con el tiempo, el concepto de rentismo fue desapareciendo del vocabulario de la mayoría de los economistas. Para la economía moderna, todos los ingresos son tratados como equivalentes y considerados igualmente funcionales para el desarrollo económico. Sin embargo, antes de que se produjera esta transformación intelectual, el debate conoció un momento crítico con la figura de Henry George, un economista que llegó a quedar en segundo lugar en las elecciones municipales de Nueva York en 1886.

George era partidario del libre mercado, pero consideraba injusto que los propietarios se enriquecieran apropiándose de algo que era de todos, como la tierra. El núcleo de su argumento era sencillo, pero muy potente. Como ya había advertido John Stuart Mill, las rentas del suelo crecían sin que el propietario tuviera que hacer nada: su valor dependía de la dinámica económica de la comunidad. George lo ilustró con claridad: una tierra adquirida en un lugar remoto y aislado apenas tendría más valor que el de los productos que se cultivaran y cosecharan en ella. Pero si ese territorio se desarrollaba con la llegada de comerciantes, negocios e infraestructuras, el mismo terreno multiplicaría su valor sin que su productividad hubiera cambiado en absoluto. Ese nuevo valor sería enteramente fruto del desarrollo colectivo, pero la renta generada iría a parar exclusivamente al propietario. De ahí que George propusiera un impuesto elevado sobre esa revalorización, a fin de que retornara a la comunidad lo que esta había creado. 

Lo relevante es que tanto el argumento como la propuesta de George mantienen hoy plena vigencia. De hecho, el principio descrito por él es bien conocido por la familia de Esperanza Aguirre, quienes vieron cómo a principios de siglo miles de hectáreas de su propiedad en Yebes (Guadalajara) se revalorizaban cuando, casualmente, un gobierno del Partido Popular decidió situar en aquella remota ubicación una estación de AVE. Se trata de un caso paradigmático de rentismo: la obtención de rentas económicas “no ganadas” por el mero hecho de tener en propiedad un recurso escaso.

El problema es que hoy resulta imposible comprender procesos centrales de nuestro tiempo —tales como la crisis de la vivienda o la hegemonía de las finanzas— sin recuperar este concepto clásico. La diferencia con el siglo XIX es que hoy son grandes franjas de la población las que participan de este rentismo: la “democratización” del acceso en propiedad a la vivienda y a la compra de productos financieros ha facilitado que muchas familias complementen sus ingresos regulares con rentas que parecen caer del cielo; dinero que se multiplica mientras dormimos. 

Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 nos dicen que el 17% de los hogares recibe algún tipo de ingreso por alquiler y hasta el 33% tiene ingresos financieros. Pero esas cifras esconden una heterogeneidad muy alta tanto en participantes como en volumen de ingresos. Por ejemplo, entre los hogares más pobres sólo un 6% tiene ingresos por alquiler, mientras que entre los hogares más ricos ese porcentaje alcanza el 32%. Y en la cantidad de ingresos eso se nota también: los hogares más pobres ingresan por alquiler unos 3.000 euros de media anual, mientras que los hogares más ricos ingresan hasta 8.000 euros anualmente en promedio. Algo similar ocurre con los ingresos financieros, que llegan a ser de 3.600 euros de promedio para los hogares más ricos. Todo ello significa que los hogares más ricos reciben aproximadamente 10.000 euros anuales sin trabajar; sólo por ser propietarios. Y eso sólo es un promedio, con muchísimos casos mucho más sangrantes.

De hecho, la concentración de estos ingresos rentistas entre los hogares más ricos es un hecho bastante obvio. El 10% más rico de los hogares captura el 40% de todos los ingresos rentistas, mientras que el 50% de los hogares más pobres sólo lo hace en un 14%. Eso significa que, aunque hogares de todos los tipos participen en la obtención de ingresos rentistas, son los más ricos los que se benefician principalmente de estos “ingresos no ganados”. Como era de esperar, la concentración es aún mayor en lo que se refiere a ingresos financieros.

Debemos tener presente que durante las últimas décadas se ha producido una transformación cultural profunda: la vivienda ha dejado de concebirse como un valor de uso —refugio, seguridad, bienestar— para ser interpretada como una inversión. El problema es que los economistas clásicos jamás habrían aceptado llamar inversión a la simple compra de viviendas. Para ellos, la inversión era un concepto reservado a aquellas actividades que ampliaban la capacidad productiva. Comprar una vivienda para especular generaba, en cambio, ingresos no ganados, con dos consecuencias claras: no eran merecidos y detraían recursos que podrían haberse destinado a otros fines socialmente más útiles.

Hoy la vivienda ofrece rentabilidades equiparables a las de cualquier otra actividad financiera, como invertir en empresas medianas. Si especular con vivienda ofrece una rentabilidad del 5% e invertir en el tejido productivo un 4%, el capital se desplazará hacia la primera opción. Esto es precisamente lo que los economistas clásicos denunciaban como una asignación ineficiente de los recursos. Y ese es, a grandes rasgos, nuestro panorama actual: no es extraño escuchar que grandes fortunas —empresarios, artistas, presentadores o políticos— invierten en el ladrillo a través de fondos de inversión que funcionan como auténticas máquinas de extracción de rentas. ¿Qué futuro espera a una economía si el capital no se emplea en modernizar el país sino en permitir que ciertos grupos sociales vivan de las rentas?

Los clásicos habrían recordado, además, que los ingresos no ganados solo existen a costa del trabajo ajeno: son, en esencia, ingresos parasitarios. Basta pensar en el mercado de la vivienda. Cuando alguien compra una como “inversión” y posteriormente la vende o la alquila, las rentas obtenidas derivan exclusivamente del hecho de ser propietario, no de ningún esfuerzo realizado. Y esas rentas no caen del cielo: se extraen directamente del bolsillo de otros ciudadanos, los no propietarios, que necesitan esos bienes escasos y deben trabajar duramente para pagarlos —en forma de hipotecas o alquileres—. En el ámbito financiero el mecanismo es más sofisticado, pero idéntico en el fondo: el dinero se revaloriza porque los fondos realizan operaciones de extracción de rentas en otras partes de la economía, por ejemplo, comprando empresas, reestructurándolas y reduciendo los salarios de sus trabajadores.

La economía convencional ha renunciado a hablar de propiedad y de poder, lo que ha facilitado la reproducción del rentismo. La consecuencia lógica es el aumento de la desigualdad, ya que solo pueden acceder a rentas “no ganadas” quienes previamente poseen bienes escasos, como la vivienda. La concentración de la propiedad eleva la desigualdad y, a su vez, genera nuevas dinámicas de concentración. ¿De qué otro modo se explica que actualmente en España el 10% más rico de los hogares sean propietarios del 50 % de la riqueza?

La gran paradoja es que hoy no vivimos bajo el capitalismo que imaginaban Adam Smith o John Stuart Mill, sino bajo su reverso. El rentismo ha dejado de aparecer como una anomalía o una disfunción para convertirse en una forma respetable —e incluso deseable— de acumulación. Este desplazamiento no es solo técnico o académico, sino profundamente político. Al renunciar a hablar de rentas, los economistas han contribuido a desactivar el conflicto social que estas generan y a legitimar una estructura de desigualdad basada en la concentración de la propiedad. Cuando la vivienda, la tierra o los activos financieros se tratan como simples inversiones, se oculta que las rentas que producen se extraen del trabajo ajeno y del esfuerzo colectivo. El resultado es un sistema que premia la posesión por encima de la contribución y que consolida una economía cada vez más parasitaria. 

Existen, en realidad, múltiples instrumentos de política pública para afrontar este problema. El más elemental ya fue señalado por Henry George: utilizar el sistema fiscal para reducir el rentismo y devolver a la comunidad una parte sustancial de las rentas que esta misma genera. Esta medida debería formar parte de un paquete más amplio orientado a resolver la crisis de la vivienda, combinando políticas de oferta y de demanda. Sin embargo, lo verdaderamente revelador es que este enfoque esté prácticamente ausente del análisis económico convencional. Lejos de problematizar el rentismo, buena parte de la economía dominante ha terminado por naturalizar una estructura profundamente desigual de la propiedad y una dinámica de concentración cada vez más acusada. Así, los economistas han pasado de ser —como en el siglo XIX— los principales críticos del rentismo, a convertirse en sus más eficaces legitimadores.

Este último artículo del año podría hacer un repaso a todo lo que no funciona y aquello que aún puede empeorar. Sería lo más fácil y, como bien sabe el algoritmo, lo que mejor funciona a efectos de difusión. Las malas noticias se comparten más y más rápido. No solo lo sabe el algoritmo, también los creadores de contenidos de la extrema derecha, que tanto monta.

El admirado Isaac Rosa pidió a sesenta personas de su entorno que le citasen algo bueno del 2025 y salieron muchas buenas noticias, más de las que a priori podríamos pensar. El objetivo era acumular algo de esperanza después de “otro año de mierda”. Les recomiendo leer el artículo porque Isaac logró su propósito.

Sin obviar ni olvidar imágenes como las de Palestina, Ucrania o Sudán o los pasos atrás en la lucha contra el cambio climático, es posible encontrar aliento para seguir. Sin blanquear la realidad ni renunciar al combate diario para mejorarla.  

“A pesar de los desafíos a los que hace frente todo el mundo en relación a la alimentación, varios países están demostrando que es posible avanzar en la lucha contra el hambre en contextos complejos o crisis humanitarias prolongadas”, explica Giulia Teni, responsable de la Unidad de Acción Humanitaria de la oenegé Ayuda en Acción. Para ir a ejemplos concretos, en Etiopía se ha logrado que en los hogares más desfavorecidos haya aumentado la ingesta calórica y en Sierra Leona ha mejorado la nutrición escolar. Allí las nuevas tecnologías están ayudando a impulsar la autosuficiencia en los cultivos de arroz.  

También en Bangladesh hay indicadores que apuntan a avances y se ha conseguido rebajar de manera notable la desnutrición infantil. En países como Angola se ha mejorado en ámbitos como la vacunación y en Burundi, uno de los más afectados por la malaria, se ha puesto en marcha un programa piloto en el que participan 18.000 niños que está funcionando.   

Uno de los grandes fracasos planetarios es constatar cómo la lucha contra el cambio climático está dejando de ser una prioridad. Las divisiones evidenciadas en la COP30, celebrada en Brasil, solo fueron una muestra de lo que está pasando. Aun así, la energía eólica, solar y otras fuentes renovables superaron al carbón como la principal fuente mundial de electricidad este último año.

Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, para 2030, la capacidad total de energía renovable está en camino de duplicarse en comparación con los niveles actuales. ¿Significa esto que se frenarán los discursos negacionistas? Es evidente que no. Solo hace falta radiografiar la multitud de plataformas locales que protestan por la instalación de energías renovables en sus municipios. El espíritu ‘nimby’ (no en mi patio trasero) está contagiando tanto a votantes de derechas, por no hablar de los de la extrema derecha, como a los de izquierdas. 

Las energías limpias crecen, pero no lo suficiente. También se ha reducido la deforestación, tampoco lo suficiente. A nivel mundial, las tasas anuales de deforestación fueron un 38% menores en el periodo 2015-25 en comparación con 1990-2000, según un informe de la ONU citado por la BBC, con más de la mitad de los bosques ahora cubiertos por planes de gestión a largo plazo.

Son solo pequeños rayos de luz en la era del trumpismo que, como el CIDOB apunta en sus previsiones para el 2026, es una etapa marcada por la desconexión entre las prioridades de la agenda geopolítica y el malestar de la ciudadanía. Geopolítica porque no solo en España se sufre esa desconexión. El mundo se resitúa y no necesariamente con reglas del juego mejores que las actuales. Habrá ganadores, perdedores y oportunistas. Como en la vida y en la política. Solo que muchas de las victorias, obtenidas a partir de la desconfianza en el sistema o el miedo a un futuro incierto, no tienen por qué beneficiar al conjunto. En eso España tampoco es diferente.

Feliz año, a pesar de todo. 

El último informe de Oxfam Intermón, Las brechas salariales de las grandes empresas, publicado el 16 de diciembre, vuelve a sacudir conciencias con un dato difícil de digerir: en las grandes empresas españolas, los máximos directivos cobran de media 111 veces más que el salario medio de sus trabajadores. Traducido a tiempo de vida laboral, una persona con un sueldo medio necesitaría más de cien años para ganar lo que su consejero delegado percibe en uno solo. Y lo paradójico es que es una estructura económica perfectamente legal, aceptada y, en muchos casos, celebrada.

La desigualdad salarial dentro de las empresas es un síntoma de cómo distribuimos el poder, el reconocimiento y, en última instancia, la dignidad.

La narrativa que justifica estas diferencias abismales es conocida: los directivos ganan más porque son más productivos, más inteligentes, porque se han esforzado más para llegar ahí, porque han asumido más riesgos en el camino, que deben ser recompensados, y porque desempeñan puestos de más responsabilidad. 

Pero, ¿es un directivo 111 veces más inteligente que una cajera, un operario o una enfermera de empresa? ¿Se ha esforzado 111 veces más? ¿El riesgo que asume y el grado de responsabilidad es 111 veces mayor?

Sabemos es que los salarios de la cúspide están fuertemente ligados al poder de negociación, a los consejos de administración… y a la autorreproducción de élites

No se ha conseguido demostrar empíricamente que los altos ejecutivos aporten decenas o cientos de veces más valor que el conjunto de quienes hacen posible la actividad diaria de la empresa. Lo que sí sabemos es que los salarios de la cúspide están fuertemente ligados al poder de negociación, a los consejos de administración… y a la autorreproducción de élites y que gran parte de las veces, sus mayores riesgos, terminan siendo asumidos por toda la sociedad, reforzando la lógica de que el Estado actúe como garante de la estabilidad, mientras la propiedad privada captura los frutos de la recuperación.

Sirva como ejemplo el rescate de Bankia en 2012: pérdidas financieras masivas cubiertas con dinero público pero obtención de beneficios por parte de los accionistas privados tras el fortalecimiento de la entidad una vez reestructurada. El coste total de apoyo público llegó a cifras muy elevadas, sumando miles de millones en ayudas directas e indirectas, mientras que los gestores de la entidad, que habían impulsado decisiones de fusión y expansión arriesgadas, no asumieron de su bolsillo la totalidad de esas pérdidas.

Lo mismo ocurrió entre 2020 y 2022, cuando el Gobierno creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para ayudar a grandes compañías en dificultades, por la crisis del COVID-19. Muchas empresas recibieron ayudas públicas cuantiosas, entre ellas Air Europa, Celsa o Técnicas Reunidas. Cuando la economía se recuperó, la gestión siguió en manos privadas y los beneficios posteriores, en muchos casos recuperados o incluso superiores a antes de la pandemia, no fueron socializados.

¿Importa esta desigualdad? Importa, y mucho. Genera desafección, alimenta la sensación de injusticia y debilita la cohesión social. Cuando quienes sostienen la empresa con su trabajo perciben que el reparto de la riqueza es radicalmente asimétrico, la motivación y el compromiso se resienten. A escala social, estas brechas se traducen en mayor desigualdad de oportunidades, menor movilidad social y una percepción extendida de que el sistema está “amañado” a favor de unos pocos.

El informe de Oxfam señala casos especialmente llamativos. En empresas como Prosegur o Inditex, la diferencia entre el salario más alto y el salario medio supera ampliamente las 300 veces

El informe de Oxfam señala casos especialmente llamativos. En empresas como Prosegur o Inditex, la diferencia entre el salario más alto y el salario medio supera ampliamente las 300 veces. El sector financiero destaca de forma sistemática: bancos y grandes corporaciones concentran enormes retribuciones en la alta dirección mientras aplican políticas de contención salarial, externalización y precariedad en la base

¿Y qué opinan los ciudadanos sobre este tema? Estudios de percepción recogidos por plataformas de análisis organizacional como Corporate Rebels, basados en investigaciones académicas previas, muestran que cuando se pregunta a las personas por una ratio salarial ‘justa’, la respuesta suele situarse en ratios de entre 5 y 10 veces, muy por debajo de la desigualdad real existente. La conclusión es clara: la mayoría de la población considera razonable que un directivo gane más, pero no infinitamente más.

El movimiento de la Economía del Bien Común propone en este sentido, que el salario más alto en una organización no sea más de 10 veces el salario más bajo

¿Hay alternativas? Las hay, y no son utópicas. Algunos países han avanzado en transparencia salarial, obligando a las empresas a publicar las ratios entre el salario más alto y el más bajo. La Directiva de Transparencia Salarial de la Unión Europea (2023/970), obliga a todos los Estados miembros a reforzar la transparencia en la fijación de salarios, con medidas como exigir que las empresas publiquen rangos salariales en ofertas de empleo y que faciliten información a empleados sobre las escalas salariales en su categoría de trabajo.

Otras propuestas incluyen vincular fiscalmente los incentivos: por ejemplo, que las empresas con ratios salariales extremas paguen más impuestos o pierdan acceso a contratos públicos. También se habla de fortalecer la negociación colectiva, introducir representación de los trabajadores en los consejos de administración, como ocurre en Alemania, y fomentar modelos de empresa con reparto de beneficios más equitativo.

El movimiento de la Economía del Bien Común propone en este sentido, que el salario más alto en una organización no sea más de 10 veces el salario más bajo, aunque estos límites, según argumenta Felber, ideólogo de este movimiento, deben ser el resultado de un consenso colectivo y democrático, y no simplemente una imposición desde arriba.

Oxfam propone límites más amplios, ratios de 1:20, pero entre ambas visiones hay un punto en común fundamental: la riqueza es un producto colectivo, y su reparto no puede ignorar esa realidad sin consecuencias.

Porque la desigualdad salarial no es una ley de la naturaleza, sino el resultado de decisiones políticas y empresariales. El informe de Oxfam Intermón nos recuerda que la pregunta no es si podemos permitirnos reducirla, sino si podemos permitirnos no hacerlo. Porque una sociedad que normaliza que unos pocos ganen en un día lo que otros en toda una vida es una sociedad que, tarde o temprano, acaba pasando factura.

Cuatro personas han sido detenidas este sábado tras arrojar comida a una vitrina que contiene la Corona Imperial del Estado en la Torre de Londres, en una de las atracciones turísticas más visitadas de la capital británica.

La Policía Metropolitana (Met) informó hoy de que los “manifestantes” han sido arrestados por causar “daño criminal” a una “vitrina que contenía la Corona del Estado”, creada en 1937 para la coronación del rey Jorge VI.

“Los agentes trabajaron en estrecha colaboración con la Policía de la Ciudad de Londres y agentes de seguridad, y cuatro personas fueron arrestadas bajo sospecha de daños criminales. Han sido puestas bajo custodia”, señaló el cuerpo en un comunicado.

La acción de protesta, ocurrida sobre las 10.00 horas GMT, ha sido reivindicada por el grupo 'Take Back Power' (recupera el poder), que se describe a sí mismo como un nuevo colectivo de resistencia civil no violenta.

En imágenes difundidas por el propio grupo, se ve a uno de los activistas sacando de una bolsa una bandeja de papel aluminio con una tarta o 'crumble' de manzan a que arroja contra la citada vitrina.

También muestran a otro manifestante que vierte repetidamente sobre el cristal de la urna algo de 'custard', una crema amarilla.

Después, los cuatro activistas se desabrocharon los abrigos para enseñar una camiseta con los mensajes “Take Back Power”, uno de ellos gritó “la democracia se ha derrumbado” y otro proclamó que “Gran Bretaña está rota, estamos ante las joyas de la nación para retomar el poder”.

El grupo emitió un comunicado en el que identificó a una de las activistas como Zahra Ali, de 19 años y estudiante en Londres. Ali declaró: “Nuestro país se desmorona ante nuestros ojos. Tenemos personas sin hogar muriendo en las mismas calles por las que pasó el rey Carlos camino a la coronación, mientras que en este país hay más casas vacías que personas sin hogar. Es hora de que los ultrarricos paguen lo que les corresponde”.

Las autoridades cerraron la Torre de Londres mientras se investigaba este incidente, agregó la Policía Metropolitana, pero el monumento reabrió a primera hora de la tarde, según informa el diario The Guardian.

El grupo 'Take Back Power' explicó hoy que ha llevado a cabo esta protesta para exigir al Gobierno británico que establezca una asamblea ciudadana permanente en forma de “Cámara del Pueblo” con poderes para “gravar la riqueza extrema y arreglar” el Reino Unido.

La Corona Imperial del Estado, que contiene 2.868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, cuatro rubíes y 269 perlas y pesa más de un kilogramo, se usa aún para las coronaciones, entre ellas la última de Carlos III, y para las inauguraciones del Parlamento en cada legislatura.

“Una de las decisiones más inteligentes de mi vida ha sido no casarme con un artista, porque me habría pasado la vida entera limpiando sus pinceles”, confiesa entre risas la artista multimedia Marisa González (Bilbao, 1943) mientras se pasea por la exposición  ‘Un modo de hacer generativo’ en el centro de arte contemporáneo Azkuna Zentroa. Una muestra que recorre once capítulos de su vida como creadora que utiliza las nuevas tecnologías para hacer arte. Nuevas tecnologías como un fax, una fotocopiadora, una plancha o una cámara de fotos que a día de hoy podría considerarse antigua. Pero en aquella época supuso toda una revolución. Al igual que los temas que retrataba: desde la violencia sexual utilizando muñecas rotas, hasta vídeos del propio infierno de la central nuclear de Lemoiz, en la que los propios trabajadores le confesaban sorprendidos que no entendían por qué una artista como ella pasó dos años entre fuego y escombros para retratar su desmantelamiento.

González es así, convierte en arte lo cotidiano y no desaprovecha ninguna ocasión para denunciar las injusticias: desde la lucha contra el franquismo en movimientos estudiantiles hasta los movimientos pacíficos contra la guerra de Vietnam o los derechos laborales de las mujeres filipinas explotadas en trabajos abusivos en Hong Kong. González, Premio Velázquez de las Artes de 2023, a sus 82 años continúa trabajando en su arte, siempre dentro de las artes visuales, las fotocopiadoras, la fotografía, el vídeo o el ordenador. “Ya no entro en centrales nucleares ni hago grandes viajes a Asia para realizar proyectos, trabajo en mi estudio con pequeños frutos a los que les doy otras vidas”, reconoce la ganadora del Premio Velázquez de las Artes Plásticas de 2023.

En 1967 se trasladó a Madrid para estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Es allí donde participa en el movimiento de lucha estudiantil contra la dictadura franquista. ¿Cómo recuerda aquella época?

Teníamos la dictadura franquista, no existía libertad, nos detenían por nada, si nos reuníamos un máximo de cuatro personas ya nos detenían. Un día, por ejemplo, me detuvieron saliendo de una reunión que habíamos tenido para mejorar los planes de estudio de la Escuela, pero la comunidad de vecinos vio que en el bajo había una reunión y llamó a la Policía y nos detuvieron. En aquel entonces la Policía te llamaba “¡Comunista!”, “¡Roja!”, y no se podían creer que estábamos reunidos para cambiar el plan de estudios de la Escuela de Bellas Artes. Entonces la enseñanza era muy academicista, por eso saqué una conclusión al terminar Bellas Artes: que nada de lo que me habían enseñado era lo que yo quería hacer. Por eso me fui a Estados Unidos a buscar un arte de futuro, no un arte del pasado. Siempre nos decían que en las artes debíamos ir a los orígenes y al pasado para inspirarnos, pero yo quería ir al futuro, por eso me fui a Estados Unidos y acerté.

1971 finaliza sus estudios en España y se traslada a Estados Unidos a estudiar un máster en el Instituto de Arte de Chicago (SAIC) durante dos años, especializándose en las nuevas tecnologías aplicadas a las prácticas artísticas. ¿Era bien recibido el arte con nuevas tecnologías?

Sí, en Estados Unidos el arte y la tecnología estaban respetados, en España no. En España me miraban con lupa todo lo que hacía porque no sabían cómo lo hacía y mis formatos eran pequeños. Me interesa cómo empiezo un proyecto, la primera obra está planificada, pero luego yo no sé cómo voy a terminar porque me dejo guiar por lo que me aporta la evolución del proceso de la máquina. Me interesa cómo va ingiriendo e interfiriendo la máquina. Yo voy observando que sugerencias me hace la propia máquina. A veces las acepto y otras no.

A lo largo de su carrera utiliza su arte para luchar por los derechos civiles o la denuncia de la violencia de género. ¿Utiliza el arte para luchar por cuestiones sociales y políticas o son estas luchas las que le llevan a crear obras?

Ambas. En ambos casos el tema del compromiso social siempre me ha hecho estar muy alerta a los problemas y los he intentado reflejar en mis proyectos.

En los 2000 durante un año hizo el seguimiento del desmantelamiento de una fábrica de pan en el centro de Bilbao. También retrató con fotos y vídeos el desmantelamiento de la central nuclear de Lemoiz, un proyecto para el cual se adentró en la central durante dos años. ¿Cómo transformar en arte la vida cotidiana en este caso de unos trabajadores?

Esa es buena pregunta. Yo, aunque esté haciendo un trabajo social, siempre cuido la parte estética. Si puedo aportarle belleza incluso a objeto desagradable, le intento buscar belleza. No quiero que mi aportación creativa quede disminuida por la intención social o política. En el caso de Lemoiz la empresa me permitió entrar todo lo que yo quisiera porque me contrató como experta en demoliciones para que registrase fotográfica y videográficamente el proceso de desmantelamiento sin mediar transacción económica. En contraprestación me daban la posibilidad de que yo, la autora, me reservara el derecho de uso con fines artísticos. Gracias a ese contrato pude defender mi trabajo. Tengo vídeos en los que aparece el fuego que se utilizó para desmantelar la central. Cuando íbamos a comer al aire libre, salíamos del sótano de una de las plantas subterráneas donde estaban los operarios cortando tubos con el fuego y me decían: 'Es increíble. Nosotros estamos en este infierno para ganar el pan y el sustento de nuestros hijos y a usted la vemos disfrutando'. Para ellos era sorprendente que yo estuviera disfrutando en ese infierno. Fue difícil porque saqué tanto material que costó convertirlo en exposición. Conseguí realizar una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo de Burgos solo de Lemoiz en la que había muchas instalaciones y más obra. Por esa exposición publicaron una página entera de El País con la foto del reactor de la central nuclear en el centro. Esa mañana llamaron al propietario de la empresa que me dejó entrar y le tuvieron que enseñar el contrato que firmé y se tuvieron que callar pero ya no me dejaron volver a entrar. Por suerte para aquel entonces ya había sacado un camión entero de trastos. Esto fue un privilegio, porque insisto que muchos artistas vascos me han dicho que no han conseguido entrar. Yo sugerí que lo convirtieran en un museo de tecnología, porque es la única central nuclear en el mundo no contaminada, ya que no llegó a entrar el uranio, pero aquello fue tan conflictivo, con los asesinatos, que no querían recordarlo. Prefirieron borrarlo y vaciarlo.

En muchas de sus obras refleja la violencia machista contra las mujeres, también en una época en la que era un tabú. ¿Cómo valora la situación de cuando empezó a crear este tipo de obras y ahora?

La diferencia es que la violencia contra las mujeres ahora se difunde. Es probable que siempre hayan existido esos maltratos, esa violencia, pero no se difundían. Ahora, gracias a los medios, cada vez que hay un suceso de estas características se difunde y es fundamental para que se conozca. Ahora decimos pero, ¿qué pasa, por qué hay tantos casos? Y yo creo que son los mismos, pero que ahora se difunden, cosa que está bien para que los maltratadores se den cuenta de que ese no es el camino de actuar.

También ha sido impulsora de los derechos de las mujeres artistas. ¿Ha visto una evolución en el reconocimiento de su arte?

Ha sido muy lento. En Mujeres en las Artes Visuales (MAV) hacemos un observatorio sobre cuántas mujeres participan en la feria de arte ARCO o cuántas españolas exponen en galerías. Hacemos unos estudios y estadísticas y, es cierto que se está mejorando un poquito, pero siento que es porque la gente está más alerta y tiene más cuidado. Muchas veces en una exposición o en un jurado solo hay hombres y su excusa es que no se dan cuenta o que los programadores no miran el género, sino la calidad. Llegará un momento en el que sea algo natural, pero a día de hoy hay que equilibrar la participación y presencia de las mujeres y los hombres tanto en el arte como en cualquier espacio. Yo antes decía llegaremos a la igualdad en el momento que haya una mujer tonta en el poder, pero ya tenemos a ejemplos y encima con mucho poder, con lo cual ese dicho no me ha servido.

Su obra supuso una revolución por las nuevas tecnologías que utilizaba en aquella época, como el fax o la fotografía. A día de hoy la novedad es el arte con la Inteligencia Artificial. ¿Qué opina sobre ello?

Es alucinante porque la inteligencia artificial se suministra de datos, muchas veces de la Wikipedia. En mi caso, parte de mi activismo feminista se basa en crear páginas de Wikipedia sobre mujeres del mundo del arte para lograr posicionarlas. El 95% de las mujeres españolas del arte contemporáneo no tenían su página propia en Wikipedia y se las he hecho yo. He creado ya 300 páginas. En el caso de la Inteligencia Artificial, tengo una amiga, Marina Núñez, que ha hecho una exposición maravillosa en el Museo de Antropología de Madrid y está hecha toda con Inteligencia Artificial, pero son horas y horas y horas de ir elaborando cada imagen, algo que no va para mi temperamento. Yo necesito más resultados y más inmediatos, porque soy muy acumulativa.

La mitad de los españoles considera que las posibilidades de progresar dependen directamente del origen. Son cuatro puntos más que en el 2023. Esta es una de las conclusiones del informe ‘Vivir en la desigualdad’ que Oxfam Intermón acaba de presentar. Es un dato que no sorprende, puesto que otros estudios similares arrojan conclusiones parecidas. Según datos recientes de la OCDE, el lugar de nacimiento de los padres y, sobre todo, su origen socioe­­­co­nómico, sumado al género condicionan más del 35% de la desigualdad de ingresos.

En la encuesta de Oxfam Intermón, la vivienda se posiciona como el principal generador de desigualdad, algo que debería ser evidente incluso para los que, gracias a la cuna o la zona, no tienen este problema. El 45 % de la población se ve afectada por la crisis habitacional, especialmente inquilinos, jóvenes y personas racializadas. Solo el 14,4 % de quienes no tienen vivienda propia creen que podrán comprar una en el futuro. 

Pese a que el problema sea tan descomunal, los distintos partidos son incapaces de ponerse de acuerdo en las causas que provocan el incremento del precio. Con este panorama imagínense lo lejos que está un pacto para buscar soluciones que ni serán rápidas ni fáciles. Uno de los mejores diagnósticos lo ha hecho el antropólogo y uno de los fundadores del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, en su libro ‘El secuestro de la vivienda’ (Península). 

Palomera hace suyo el concepto de neofeudalismo para recordar un dato que remite de nuevo a la cuna: en Barcelona y Madrid, siete de cada diez inquilinos no esperan heredar nunca una casa. Descontado ese 30% que pueden considerarse unos privilegiados, su conclusión es que la sociedad se está dividiendo entre quienes reciben ayuda de sus padres para comprar un piso y quienes no. Así que el futuro lo decide la familia en la que naces y la ayuda que ellos te pueden prestar. Por cierto, la mayor esperanza de vida hace que la expectativa de una herencia se esté esfumando para mucha gente.

Ese nuevo feudalismo rima con rentismo. Se rompe el contrato social y se convierte un derecho en una simple mercancía. Multipropietarios, rentistas y fondos han distorsionado no solo el acceso a la vivienda sino que han cambiado el tejido social e incluso el paisaje físico de muchos barrios. Por eso este es y seguirá siendo el principal problema del país y un foco de desigualdad evidente. Que todavía hoy haya quien se niegue a regular el mercado de vivienda para frenar la especulación prueba cómo de interiorizado está el catecismo neoliberal.

Además de la vivienda, el resto de áreas que la ciudadanía considera prioritarias para combatir la brecha social son el empleo de calidad, la sanidad y la educación pública. 

Es interesante que un 62,4 % de los encuestados crea que las desigualdades pueden revertirse. En lo que probablemente no se pondrían de acuerdo es en cómo se pueden reducir esas diferencias. Parecería una obviedad que recortar las partidas presupuestarias destinadas a sanidad o educación públicas va en contra de preservar estos pilares del Estado del bienestar. En cambio, es lo que se está haciendo en las comunidades gobernadas por el PP (o PP y Vox). 

Como en el estudio no se diferencia por adscripción ideológica o perfil de voto es fácil concluir que habrá encuestados que votan a favor de partidos que desmantelan estos servicios públicos mientras se quejan de que se les esté destinando menos dinero. 

El economista Thomas Piketty, uno de los que más ha teorizado sobre la historia y las causas que provocan la desigualdad defiende que la distancia monetaria entre personas es más que una mera distancia monetaria. Es también social. Y advierte de que el hecho de que hayamos renunciado más o menos a conseguir un objetivo igualitarista ambicioso en educación superior está en la raíz misma de muchos de nuestros problemas actuales, tanto económicos como, aún más si cabe, democráticos.

Ver cómo se está mercantilizando la educación, en especial en comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia, asusta. El último ejemplo es de esta misma semana. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha ahogado las universidades públicas, infrafinanciándolas mientras ponía la alfombra roja a las privadas y centros que no merecen ni el nombre de universidad, y ahora se ha visto obligada a acudir al rescate de la Complutense con un crédito extraordinario de 35 millones de euros para poder pagar las nóminas. 

Un último dato: más de la mitad de los encuestados por Oxfam Intermón hubiera querido continuar su formación, pero señalan las dificultades económicas y la necesidad de trabajar como los principales obstáculos para seguir estudiando. Aun así, los partidos que priorizan la educación privada respecto a la pública gobiernan la mayoría de las comunidades gracias, también, a esos electores que votan en contra de sus propios intereses. 

Cada 17 de octubre, gobiernos y organismos internacionales repiten el ritual de la retórica sobre la pobreza: discursos, informes, campañas simbólicas. Pero mientras la solemnidad dura un día, millones de personas siguen viviendo en la miseria, invisibilizadas y culpadas por su propia situación.

Es hora de romper la mentira: la pobreza no es culpa de los pobres. Es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales que concentran riqueza, precarizan el trabajo y perpetúan la desigualdad. Detrás de esta perpetuación está la aporofobia: el desprecio, el miedo y el rechazo al pobre que convierte la exclusión en norma y la indiferencia en virtud.

El mito de la meritocracia ha sido la principal herramienta ideológica de esta violencia. Como analiza con precisión Máximo E. Jaramillo Molina en Pobres porque quieren: Mitos de la desigualdad y la meritocracia, se nos enseña que la pobreza es elección, que el esfuerzo individual lo determina todo y que el éxito depende exclusivamente del talento o la voluntad.

Esa narrativa sirve para justificar privilegios, para responsabilizar a las víctimas de su situación y para anestesiar la conciencia social. La aporofobia funciona a la perfección en ese marco: el pobre no solo sufre exclusión material, sino que es culpabilizado, señalado y despreciado.

Romper este mito requiere acción política inmediata y contundente. No basta con discursos, campañas de sensibilización o donaciones simbólicas. La pobreza se combate garantizando salarios dignos, derechos laborales efectivos, educación y salud públicas universales, vivienda adecuada, acceso a servicios esenciales y fiscalidad progresiva.

Se combate cuando los gobiernos y las instituciones dejan de proteger los intereses de los ricos y comienzan a asumir su responsabilidad en la producción de miseria. La pobreza no es natural: es estructural y política, y mantenerla es un acto deliberado.

El ámbito laboral es el terreno donde esta injusticia se expresa con mayor claridad. Salarios insuficientes, jornadas extenuantes, contratos temporales, despidos arbitrarios y criminalización de la protesta son prácticas habituales. Los trabajadores precarizados sostienen la riqueza de todos y, al mismo tiempo, son despojados de su dignidad y de sus derechos. La aporofobia laboral los convierte en “excedentes” sociales, invisibles y despreciables, mientras que los poderosos acumulan riqueza y privilegios sin límite.

Este 17 de octubre no hay lugar para la neutralidad. Hay que denunciar a quienes producen y sostienen la pobreza, a quienes la naturalizan y a quienes la justifican con falsos mitos. Hay que exigir políticas públicas que redistribuyan recursos, leyes laborales que protejan a los trabajadores, educación y salud universales, salarios dignos y seguridad social para todos. Estar junto, con y para los pobres no es beneficencia: es política, justicia y obligación ética.

Romper el mito de que la pobreza es culpa de los pobres significa enfrentar a los poderosos, cuestionar la estructura económica y transformar la cultura que normaliza la desigualdad. La pobreza no es un destino individual, sino una deuda histórica que la política puede saldar. Este 17 de octubre, no se trata de recordar a los pobres, sino de ponerse de su lado y exigir con fuerza lo que les pertenece por derecho: justicia, dignidad y vida.

La brecha salarial entre los ejecutivos del Ibex y el resto de la población se ha agigantado en los últimos 20 años. Los consejeros mejor pagados de la élite empresarial española han disfrutado de una subida de su remuneración que casi triplica la de los salarios medios de la población en esas dos décadas.

Así se desprende de los últimos datos que acaba de publicar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), correspondientes al ejercicio 2024, y del análisis de los informes anuales de remuneraciones y gobierno corporativo de los consejeros del regulador bursátil, que abarcan hasta 2004.

En estas dos décadas, la remuneración media de los consejeros ejecutivos, la élite del principal índice bursátil español, ha pasado de una media de 1,371 millones de euros brutos anuales por cabeza en 2004 a 3,727 millones de 2024. Un incremento del 172%.

El año pasado esta magnitud batió otro récord en la serie histórica. Creció otro 8,6%, el triple que la inflación en 2024 (2,8%). “Uno de los motivos que explican parte del aumento” en 2024, dice la CNMV, es la ejecución de un plan de acciones en Telefónica que disparó un 52% la retribución anual del entonces presidente, José María Álvarez-Pallete, hasta 9,64 millones.

El estratosférico incremento en estos 20 años de la retribución de los consejeros ejecutivos, los máximos responsables de las empresas del Ibex (esta categoría incluye a los consejeros delegados y los presidentes ejecutivos), ha ido más o menos parejo a la evolución de los beneficios de las empresas, que han subido un 154% en ese periodo.

En 2004, con España inmersa en una burbuja inmobiliaria que nadie reconocía (y que estalló cuatro años después), las empresas del Ibex ganaron unos 25.200 millones. En 2024, el beneficio de las firmas del selectivo fue 2,5 veces superior a esa cifra, de unos 64.350 millones, tras aumentar casi un 26% en un año. 

Un crecimiento similar al que ha tenido en estos años la remuneración media de cada alto directivo del Ibex: se ha multiplicado por 2,47, al pasar de 511.700 euros por cabeza en 2004 a una media de 1,26 millones en 2024.

Por su parte, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha multiplicado por 2,46 en estos años, de los 460,6 euros mensuales de 2004 a 1.134 euros en 2024.

Sin embargo, mientras lo que cobra un consejero ejecutivo del Ibex se ha multiplicado por 2,7 desde 2004, el sueldo bruto medio en España no ha subido ni un 50% en estas dos décadas: ha pasado de 18.435,6 euros a 27.558,7 euros en 2024, según la última Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en julio. Algunos medios destacaron entonces que se trataba de una cifra “récord” en la serie histórica. 

Como se aprecia en el gráfico superior, el aumento del salario medio en España en estos 20 años (del 49,48%) es casi diez puntos inferior al repunte del 53% que, según el INE, ha registrado la inflación en ese periodo, en media anual.

Si se calcula la brecha salarial, las veces que multiplica el sueldo de un consejero ejecutivo del Ibex el salario medio español, se ha pasado de las 74 veces de 2004 a 135 veces en 2024. La brecha prácticamente se ha duplicado, aunque el récord se alcanzó en 2020 y 2021, cuando los ejecutivos llegaron a multiplicar por 147 el salario medio.

Mientras en 2020 (el año del inicio de la pandemia) el sueldo medio de los españoles sufrió una caída del 2,6%, la mayor en la serie de la EACL, los sueldos de los ejecutivos ese año crecieron 5,8%, en gran parte, por los bonus de 48,7 millones que recibieron los ejecutivos de Acciona José Manuel y Juan Ignacio Entrecanales. Y en 2021, la brecha siguió en niveles récord: la remuneración media de los ejecutivos del Ibex subió un 6,3%, impulsada por los 23,8 millones de pensión que recibió Jaume Guardiola tras cesar como consejero delegado de Banco Sabadell.

En los 20 años transcurridos desde que la CNMV empezó a publicar estos informes de remuneraciones, el Ibex ha experimentado una espectacular transformación. La capitalización de sus compañías se ha más que duplicado. Ha pasado de 345.000 millones en 2004 a cerca de 800.000 millones de 2024.

El Ibex, cuyo valor bursátil ya ronda los 970.000 millones, subió en 2024 un 14,8%. Fue una de las mayores alzas del año en Europa, solo superada entre los grandes parqués del continente por la del DAX alemán, en un año en el que Inditex se convirtió en la primera cotizada española en superar los 150.000 millones de valor bursátil, nivel que ha perdido este año.

El grupo gallego, al que puede calificarse como la empresa más exitosa en España a tenor de su capitalización en Bolsa, facturaba en 2004 unos 5.000 millones, frente a los 38.632 millones del pasado ejercicio. En estos años, la compañía de Amancio Ortega se ha convertido en un gigante global que ha multiplicado por diez su beneficio y ha más que triplicado su plantilla. Mientras, la retribución de su consejo casi se ha triplicado: ha pasado de 5,127 millones en 2024 a 14,2 millones en 2024.

Inditex es buena muestra de cómo ha cambiado en estas dos décadas un selectivo mucho más internacionalizado y con una composición diferente a la de 2004, aunque más de la mitad de las compañías que tenía entonces han permanecido en él. 

En concreto, 18 empresas analizadas en sus informes de 2024 por la CNMV ya cotizaban en el Ibex hace 20 años: Acciona, Acerinox, ACS, Amadeus, BBVA, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, Enagás, Endesa, IAG (antes Iberia), Iberdrola, Inditex, Indra, Mapfre, Naturgy (antes Gas Natural), Repsol y Telefónica.

Una de las empresas del selectivo que no estaban en 2004 es Aena, que distorsiona a la baja la comparación ya que sus sueldos están topados al tener como mayor accionista al Estado. Su presidente ejecutivo, Maurici Lucena, ganó el año pasado 190.857 euros, a años luz de cualquier otro ejecutivo del Ibex y menos que muchos consejeros “independientes” del selectivo.

El regulador bursátil excluye de su análisis a Arcelormittal, cuya matriz está en Luxemburgo, a Ferrovial, tras su mudanza a Países Bajos. También a Puig Brands, que debutó en el selectivo el año pasado tras salir a Bolsa en mayo, por no disponer datos de su retribución de todo el ejercicio. Su consejero delegado, Marc Puig, fue el tercer ejecutivo del Ibex mejor pagado en 2024. Ganó 12,778 millones, solo por detrás de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín (13,77 millones, un 13% más) y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (14,4 millones, un 2,2% más).

Cinco veces más desde 2013

La CNMV solo obligó a las cotizadas a publicar el detalle de lo que cobra cada consejero por todos los conceptos a partir del ejercicio 2013. Desde entonces, los presidentes ejecutivos (los vocales mejor pagados del Ibex) han más que duplicado su sueldo (una subida del 106,5%). En 2024 se embolsaron, de media, un récord de 6,427 millones, con un aumento del 14,5% en un año, frente a los 3,112 millones de 2013. Por su parte, la retribución media de los consejeros delegados ha subido en poco más de una década un 98,3%, hasta 4,7 millones.

En esos años, el salario bruto medio en España ha subido cinco veces menos: un 21,6%.

Por su parte, la remuneración media de los consejeros independientes del Ibex ha crecido un 22,8% desde 2013. Y la de los dominicales (que representan a los mayores accionistas) ha aumentado casi un 60%.

El repunte más espectacular es el de la categoría de “otros externos”. En este cajón desastre las cotizadas incluyen a los consejeros que no son ni ejecutivos, ni dominicales, ni independientes. Han pasado de cobrar una media de 297.000 euros en 2009 a 833.000 euros en 2024. Casi el triple en poco más de una década.

Fue en 2005, con Manuel Conthe como presidente de la CNMV, cuando este organismo empezó a publicar en un informe anual datos agregados de las remuneraciones de los consejeros de las cotizadas. Ese primer informe con datos de 2004 reflejaba que un consejero del Ibex (contando todas las categorías: ejecutivos, independientes, otros externos…) cobraba, de media, 349.000 euros anuales. En 2024, esa cifra fue de 748.000 euros. Se ha multiplicado por 2,1 veces tras crecer un 114,3%, más del doble que los salarios y muy por encima de la inflación.

Si se analiza la retribución media por cada consejo de administración del Ibex, esta ha pasado de 5,24 millones en 2004 a 9,481 millones en 2024, con un crecimiento acumulado de casi el 81%.

Durante la pandemia, la CNMV introdujo la obligación de que cada cotizada publicase en estos informes una tabla comparando la evolución de sus beneficios y lo que cobran sus consejeros y empleados. Una exigencia a la que las grandes empresas trataron de resistirse (“no es pertinente ni relevante”, dijo la patronal bancaria) y que se introdujo para cumplir una directiva europea.

Esos datos reflejan que desde 2019 (primer año del que se obligó a presentar información) los sueldos de los empleados del Ibex han crecido un 25,4%, hasta 64.000 euros, mientras los de presidentes ejecutivos y CEOS han subido, respectivamente, un 57,4% y un 53%.

Entretanto, el sueldo medio en España, según el INE, ha aumentado en ese periodo un 17,5%. Por su parte, la retribución de la categoría de “directores y gerentes” que recoge la última Encuesta de Estructura Salarial del INE (con datos solo hasta 2023) ha aumentado desde 2019 en cambio solo un 7,6%, hasta 60.958,96 euros.

La periodista Tansy E. Hoskins recuerda que desde la adolescencia, a pesar de su interés en la moda, la industria en sí le perturbaba. La diversidad que observaba en las calles de Londres donde creció, brillaba por su ausencia en las portadas de las revistas, protagonizadas siempre por modelos blancas y delgadas. Aquella “incomodidad” le llevó a escribir el Manual anticapitalista de la moda (Capitán Swing), un libro que si cae en las manos de aquellos que ya empiezan a sentirse incómodos, puede validar ese sentir que el sistema está roto, con una avalancha de datos sobre lo que realmente está pasando, así como la fortaleza moral para hacer algo al respecto. La autora, además, trae una maleta cargada de sugerencias para pasar a la acción.

“La moda es como un pastel. Por fuera tiene este aspecto delicioso, pero en el momento en que lo cortas con un cuchillo, encuentras la sangre, los escombros, el petróleo, los pesticidas y los cadáveres de trabajadores de la industria y animales sacrificados… así que la realidad es muy distinta”, explica Hoskins en una entrevista para elDiario.es. La autora asegura que el alcance de esta realidad ha sido uno de los descubrimientos más sorprendentes de sus investigaciones, y está convencida de que podemos salvar la vida en el planeta si nos atrevemos a imaginar una industria distinta, en un sistema diferente. “No se puede entender la moda hasta que se comprende el capitalismo”, escribe la autora en el libro.

La periodista británica plantea un desafío a la industria de la moda que aspira a la vez a trastocar todos los pilares del capitalismo. “Tener miedo a decir esto es abogar por la destrucción medioambiental”, defiende en su Manual anticapitalista de la moda, ampliado ahora tras una primera versión publicada en 2017. El proceso empieza por prestar atención a algo tan cercano como la ropa que llevamos puesta. Hoskins pregunta a sus lectores en qué sociedad quieren vivir y cuál es el papel de los fabricantes de ropa. Las respuestas llevan inevitablemente a un relato devastador de las consecuencias de la industria en su versión actual: la desigualdad en todas sus versiones, el racismo, la contaminación de ríos y mares, los efectos del cambio climático o la sobreproducción.

La periodista arranca desafiando lo que entendemos por moda, que para ella “no es más que una palabra con la que los ladrones esconden su botín”, así como “una excusa para que los ricos exploten a los pobres” y “un concepto puramente europeo indistinguible del capitalismo”. Lo justifica en sus páginas con una buena dosis de datos sobre la conexión histórica entre la industria y la trata transatlántica de esclavos ejercida por países europeos entre los siglos XVI y XIX. Porque los barcos que zarpaban de Gran Bretaña hasta África no llevaban despensas vacías, sino llenas de prendas de vestir para intercambiar por esclavos africanos. “La Revolución Industrial de Occidente abusó de África por partida doble”, escribe Hoskins, “usando el comercio transatlántico de personas esclavizadas para conseguir tanto mano de obra esclava como mercados para su ropa”.

La urgencia de fabricar menos ropa

“Las mercancías que nos rodean están impregnadas de violencia. Desde la violencia de las rutas comerciales coloniales a los trabajadores de hoy en día, atrapados en fábricas que echan a arder”, dice la autora, que ha visitado en varias ocasiones las factorías como Rana Plaza, en Bangladés, cuyo derrumbe en 2013 causó la muerte de más de un millar de trabajadores. Para romper el círculo vicioso, Hoskins habla de los pasos que puede dar la masa de consumidores que desde los países desarrollados demandan las prendas que condenan a millones de personas en naciones en vías de desarrollo. El resultado es una denuncia alta y clara sobre nuestra contribución al problema, y también una recopilación demoledora de todas las maneras en que la fabricación de nuestra ropa está vinculada a la destrucción del planeta.

Hay una urgente necesidad para que la industria deje de fabricar las cantidades que produce ahora mismo, es absolutamente crítico

“Hay una urgente necesidad para que la industria deje de fabricar las cantidades que produce ahora mismo, es absolutamente crítico”, declara Hoskins, que relata que ya hay suficientes prendas fabricadas como para vestir a las próximas seis generaciones del planeta —según las cifras de Inditex, por ejemplo, en 2018 esta única casa vendió 1.597.260.495 prendas de ropa. Entre 2000 y 2014, además, se duplicó la producción mundial de ropa, según la consultora McKinsey, que en 2023 situó el valor de la industria, a nivel global, en 1,7 billones de dólares.

“El siguiente paso es devolver el poder a los trabajadores de esta industria”, añade. Se refiere al reconocimiento de derechos laborales, salarios dignos o la posibilidad de formar sindicatos, como reivindica también el Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS). Si estás en Europa, añade, las posibilidades son amplias —además de dejar de comprar ropa que no necesitas— porque hay cantidad de organizaciones “magníficas” para apoyar a los trabajadores, empezando por Clean Clothes Campaign, y ejercer así mayor presión sobre una industria “que otorga un mayor valor a la ropa que vende que a las vidas de las personas que la fabrican”.

La generación de consumidores

Al otro extremo de esta realidad, entre los compradores, dice Hoskins que “hay toda una generación convencida de que solo pueden ser consumidores y que la única manera de cambiar las cosas es modificando cómo compramos, sustituyendo una camiseta por otra”. Por ejemplo, recurriendo a colecciones supuestamente “sostenibles” pero que contaminan más que la fabricación estándar. “Estas palabras aleatorias que aparecen en las etiquetas deberían leerse como un medio para alimentar una dinámica que, en lugar de ayudar a la gente a cuestionar lo que está comprando, simplemente refuerza la intención de comprar”, escribe.

Si todo el mundo comprara solo la ropa que necesita, supondría un desastre para las empresas, así que, en su lugar, se crean ‘falsas necesidades’ para mantenernos a mí y a todos los demás comprando

“Si todo el mundo comprara solo la ropa que necesita, supondría un desastre para las empresas, así que, en su lugar, se crean ‘falsas necesidades’ para mantenernos a mí y a todos los demás comprando. Son las necesidades de los fabricantes, no las de los consumidores”, dice la periodista. Y también alerta de que quedarnos en las soluciones planteadas hasta ahora no es suficiente, porque “incluyen confiar en que las empresas hagan lo correcto” y pide que cuestionemos estas supuestas soluciones porque “parecen estar más interesadas en mantener intacto el capitalismo que en salvar el planeta”.

La recopilación de datos que ha hecho Hoskins hace que sea difícil avanzar por el libro sin cuestionar nuestras conexiones con la industria. En una página pregunta “qué importa que puedas comprarte una camiseta con el lema ‘Feminista’ si se hizo en un taller de explotación laboral y si los problemas subyacentes que requieren que las mujeres tengan que acabar con el patriarcado siguen intactos”. En otra recuerda que la moda forma parte de un sistema que “nos llena constantemente la cabeza de mensajes negativos: que no somos lo bastante buenas y que debemos seguir intentando estar a la altura haciendo dietas, arreglándonos más y consumiendo más ropa, zapatos y productos de belleza”.

La periodista, colaboradora de medios como la BBC o ITV, habla a la conciencia intranquila de los consumidores que se saben conectados, desde su confort en el primer mundo, con la explotación y la muerte de quienes los fabrican al otro lado del planeta; del comprador que sabe, porque ha mirado la etiqueta de una prenda buscando la talla, los materiales o el precio, que ha sido fabricada a miles de kilómetros de distancia y por trabajadores despojados de todos sus derechos. Mientras escribía el libro, Hoskins recibió este mensaje de uno de ellos: “¿Por qué tengo que morir fabricando ropa para extranjeros?”.

Si quieres que salgan de prisión los sindicalistas de las fábricas de Bangladesh o que ese país aumente el salario mínimo, tienes que hacer algo más que consumir de otra manera

Por eso habla de que aquellos que aspiran a cambiar el mundo, “deben mirar más allá de su armario”. “Si quieres que salgan de prisión los sindicalistas de las fábricas de Bangladés o que ese país aumente el salario mínimo, tienes que hacer algo más que consumir de otra manera”, nos explica la autora. Hoskins añade que, cuando una persona se convierte en un “verdadero” activista de la moda anticapitalista, “muchas de las cosas que te preocupan dejan de preocuparte tanto, porque las decisiones simplemente se vuelven mucho más feas”.

Desde la trata de personas en el siglo XVI y hasta hoy

Es decir, cada vez es más difícil ignorar que tu última compra no esté relacionada con las condiciones de los trabajadores del algodón en India o el maltrato de serpientes en Bangladés para cultivar sus pieles. Hoskins retrata la industria como un monstruo cuyos tentáculos influyen desde la ropa que llevas puesta hasta los derechos laborales de las mujeres explotadas en un taller de varios países asiáticos; desde la desaparición del mar de Aral —cuyas aguas saciaron la sed de 1,47 millones de hectáreas de algodón en Uzbekistán, a razón de 2000 litros por camiseta— hasta la cría exclusiva de animales para la creación de productos de lujo —como los cocodrilos criados en cisternas en Australia, ejecutados a los tres años de vida para satisfacer así “la demanda de casas de moda como Hermès”.

¿Qué es un bolso de piel ‘de lujo’ en una boutique de París sino un símbolo de que eres lo suficientemente rico y poderoso como para dominar y destruir la naturaleza, como para hacer que algo vivo muera en pos de tu adorno y placer?

“No es casualidad que bajo el capitalismo las cosas que se nos enseña a desear sean símbolos de crueldad y poder de la clase dirigente sobre la naturaleza, como las pieles y los cueros”, escribe la periodista. “¿Qué es un bolso de piel ‘de lujo’ en una boutique de París sino un símbolo de que eres lo suficientemente rico y poderoso como para dominar y destruir la naturaleza, como para hacer que algo vivo muera en pos de tu adorno y placer?”. La moda, dice Hoskins, está tan ligada al capitalismo que la industria no existiría “sin la explotación capitalista del Sur global, de las mujeres y de la mano de obra migrante, así como tampoco sin las racistas prácticas comerciales coloniales”.

Estas mismas prácticas comerciales, narra la autora, son las que condicionan ahora a naciones como Bangladés, donde la industria textil moderna del país nació a finales de los 70. En 1985, ya contaba con 450 fábricas, que se multiplicaron hasta las 7.000 censadas en 2015. El 90% de la mano de obra, además, son mujeres. “Los orígenes de la industria de la moda y la trata esclavista comparten varias perturbadoras intersecciones”, escribe. Porque la existencia de estos empleos en un país como Bangladés no es equivalente a una mejora de las condiciones de vida de esos trabajadores. Según un estudio del Consorcio de Derechos de los Trabajadores, el 75% de los empleados textiles han pedido préstamos durante la pandemia.

La ‘niña favorita’ del capitalismo

Para la autora, es imposible comprender esta industria sin analizar cuatro elementos “tan inextricablemente relacionados”, que no existiría sin ellos: la explotación de las mujeres, las personas racializadas, la clase trabajadora mundial y, también, del planeta. Hoskins denuncia que ese sistema también hace que la naturaleza esté “disponible de forma gratuita”, un enfoque que “lo único que puede prometer realmente es una carrera precipitada hacia el desastre”. O lo que es lo mismo: “Si la industria de la moda se viera obligada a internalizar todos los costes sociales y medioambientales de agua, aire, suelo y animales que genera, el negocio quebraría”.

La autora dedica buena parte de su trabajo a explicar también cómo este sector, a través del control de revistas especializadas, ha sido capaz de eliminar cualquier conversación sobre estas consecuencias de entre sus páginas. “La capacidad de la cultura dominante para allanar —y ocultar— las vastas contradicciones contenidas en este libro es una razón clave de por qué la gente no está en una continua revuelta”, afirma.

La apuesta de Hoskins es que un gesto tan aparentemente simple como reducir el consumo de ropa puede tener consecuencias en el mismo sistema que, al otro lado de la cadena de suministro, donde “la vida bulle de insatisfacción” por la precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo de las nuevas generaciones o la falta de acceso a la vivienda, también presenta la actividad de ir de compras como salvación, identidad, comunidad y entretenimiento, todo en uno“.

“No podemos cambiar la industria de la moda de manera aislada. Por algo se le llama la ‘niña favorita’ del capitalismo”, explica a este periódico. “Esto requiere un cambio total en la economía, la justicia, la reforma del sistema de impuestos y la redistribución de la riqueza. Por eso creo que el cambio en la moda puede ser parte de algo más grande”.

“Yo no tengo mucha hambre”, murmura tímidamente la chica de la izquierda de la mesa. Los amigos han pedido croquetas, cecina, torta del casar. “¡Qué rico está esto!”, exclama uno de ellos. “¡Pruébalo, Lauri, pruébalo!”. Pero Laura, así se llama la chica de la izquierda, ya ha dicho que no tiene hambre, que ella no va a cenar. No es del todo cierto. Lo que no quiere es gastarse 30 euros, como hace siempre que ve a estos amigos ingenieros —grandes amigos—, pero que no se dan cuenta de que ella no tiene su sueldo, ni de que es muy difícil disfrutar cuando en tu cabeza no deja de sonar la frase: “Ya no puedes gastar más en lo que queda de semana”.

A través de situaciones cotidianas —como salir a cenar o compartir piso— se pone de relieve un conflicto silencioso pero habitual: cómo el dinero (o la falta de él) condiciona las dinámicas del grupo, genera incomodidad en quienes tienen menos, y muchas veces no es visibilizado ni hablado abiertamente.

Está demostrado: las grandes ciudades concentran desigualdad. En un mismo grupo de amigos pueden convivir quienes tienen sueldos precarios —becarios, freelancers, trabajadores del sector cultural o de la hostelería— con quienes, tras pasar por escuelas de negocios o grados en ingeniería, han accedido rápidamente a salarios altos en consultoras, tecnológicas o multinacionales. La diferencia de ingresos se traduce en diferencias de estilo de vida: en qué barrio vives, si tienes o no tiempo para cocinar, si puedes permitirte cenar fuera varios días a la semana o cogerte un puente sin pensarlo. También en una fractura de trayectorias personales: mientras unos aún comparten piso y se reparten las facturas con cuidado, otros empiezan a hablar de hipotecas, bonus o inversión en fondos indexados.

Un estudio de 2023 publicado en la revista Nature demuestra que en las ciudades europeas de mayor tamaño la brecha entre ricos y pobres no solo es más amplia, sino más persistente y visible que en los entornos rurales o semiurbanos. Los ingresos más altos conviven con sueldos precarios en los mismos espacios —el metro, una terraza, una red social—, lo que intensifica las comparaciones sociales y la sensación de injusticia. Esa desigualdad tiene efectos emocionales. El estudio sugiere que la comparación constante con quienes ganan mucho más acaba generando tal nivel de frustración y malestar que, al final, el ingreso extra que aporta vivir en una ciudad frente a vivir en un pueblo no compensa emocionalmente.

Hoy en día, demostrar que quieres a tus amigos muchas veces pasa por gastar dinero con ellos o para ellos

Parafraseando la célebre frase del filósofo Fredric Jameson, imaginar un ocio sin consumo resulta hoy más difícil que imaginar el fin del mundo. Una prueba de ello es el proyecto artístico y cultural que se puso de nuevo en marcha este verano en el Círculo de Bellas Artes: Refugio climático. La propuesta, tan sencilla como disruptiva, consiste en ofrecer un espacio en pleno centro de la ciudad donde cualquiera pueda refugiarse del calor y estar tranquilamente sin necesidad de consumir nada.

Hoy en día, demostrar que quieres a tus amigos muchas veces pasa por gastar dinero con ellos o para ellos. En una sociedad donde las emociones se han convertido en productos —como plantea la filósofa Eva Illouz en Emotions as Commodities—, la amistad también ha pasado a expresarse y sostenerse a través de actos de consumo simbólico: cenas, escapadas de fin de semana, regalos, cumpleaños organizados como eventos, fotos compartidas. Estar presente, en muchas ocasiones, implica gastar.

Como explica James McKellar en un artículo publicado en Frontiers in Sociology, estos “rituales de consumo cotidianos” son formas de afirmar los lazos sociales y de representar la pertenencia al grupo. Pero esa misma lógica también puede excluir. Según McKellar, estos rituales crean “inclusión para algunos y exclusión para otros”, dependiendo de la capacidad de cada uno para afrontar sus exigencias simbólicas y materiales. Quien no puede seguir el ritmo económico del grupo corre el riesgo de quedarse fuera, no porque no sea querido, sino porque el afecto —como tantas otras cosas— se ha vuelto también una experiencia que se compra.

Cuantos más años pasan, más posibilidades hay de que el nivel adquisitivo se desequilibre

Estas desigualdades pueden aparecer especialmente en amistades forjadas hace tiempo. “Cuantos más años pasan, más posibilidades hay de que el nivel adquisitivo se desequilibre”, opina Adriana, una lucense que lleva varios años en Madrid. Hace unos meses tuvo que elegir entre mudarse a un piso más grande y en una zona menos ruidosa, o esperar a una de sus compañeras de piso —una amiga de toda la vida de Lugo, que trabaja en un laboratorio de investigación— que no podía permitirse pagar más de lo que ya abonaba cada mes. “Creo que, por lo general, hay que intentar ponerse a la altura de quien gana menos”, propone.

Numerosos estudios demuestran que, en realidad, lo habitual es relacionarse con personas de estatus socioeconómico similar. Es un fenómeno conocido como homofilia. Y, según un informe publicado en American Journal of Sociology en 2006, el nivel de ingresos familiares influye más que la raza en la formación de amistades en las escuelas.

Lo contrario —que personas de distinto nivel socioeconómico se relacionen— también sucede y, según este estudio publicado en marzo, tiene efectos positivos. El análisis de seis mil millones de amistades en Facebook entre 20 millones de adultos británicos reveló que los niños de entornos humildes que crecen en comunidades con vínculos entre clases sociales ganan, de media, 5.100 libras más al año en la edad adulta. Esta “conectividad económica”, como la llaman los autores, resulta ser el segundo factor más determinante para ascender en la escala social.

¿Por qué cuesta tanto hablar de dinero?

Emma, una publicista de 29 años, recuerda cuando era becaria en su empresa y salía con compañeros mucho mayores, que ganaban tres o cuatro veces más que ella. En esas cenas o rondas de cervezas, solían ser ellos quienes pagaban. “Me parecía lo lógico. Incluso forzado, cuando alguien joven con un sueldo ínfimo se ofrecía a pagar. Hay cosas que se saben”. Pero esa lógica tácita del “quien más tiene, más pone” no siempre se aplica entre amigos, donde hablar de dinero suele estar mal visto.

Para ella, esa falta de claridad es precisamente el problema. Cree que si en un grupo se pudiera hablar abiertamente de cuánto gana cada uno y de lo que está dispuesto a gastar, sería más fácil organizar planes que no incomoden a nadie. “Como si fuera un impuesto progresivo”, dice. “Si en un Estado no todos contribuyen con la misma cantidad, quizá tampoco en un grupo de amigos debería esperarse lo mismo de todos”.

Solo el 35 % de los padres habla con frecuencia de dinero con sus hijos y muchos reconocen sentirse incómodos o poco preparados para hacerlo

En España —como en muchos países con una fuerte tradición cultural católica o mediterránea— hablar abiertamente sobre el dinero suele resultar incómodo o incluso tabú, especialmente en determinados contextos sociales. En 2022, un estudio de Funcas y el Instituto de Estudios Financieros señalaba que solo el 35% de los padres hablaba con frecuencia de dinero con sus hijos, y muchos reconocían sentirse incómodos o poco preparados para hacerlo. Hablar del sueldo también continúa siendo un tabú arraigado en muchas empresas. Según esta encuesta, realizada por SD Worx, en España solo el 40% de los trabajadores sabe lo que ganan sus compañeros.

“La educación financiera en España no ha tenido una presencia explícita en los currículos escolares hasta tiempos muy recientes, cuando ha comenzado a incorporarse de forma transversal en otras asignaturas”, afirma Roberto España, jefe de la División de Educación Financiera del Banco de España. El experto explica que, al igual que ocurría antes con la educación cívica o los primeros auxilios, la formación financiera se dejaba por completo en manos del ámbito doméstico, aunque en muchos hogares no se hable con total transparencia sobre los recursos de los que dispone la familia. “La educación financiera no consiste solo en adquirir conocimientos sobre el dinero. Es, sobre todo, la adquisición de hábitos y comportamientos orientados a una gestión sana y responsable de nuestras finanzas. Somos partidarios de que en el seno de las familias se hable abiertamente sobre el dinero”.

Quizá lo que hace falta es mirar hacia otros ecosistemas donde las diferencias económicas no parecen generar tanta incomodidad. ¿Cuántas veces hemos visto al séquito de un futbolista o un rapero —ese grupo de amigos de toda la vida que aparece en sus stories en yates, resorts o backstages— disfrutando del lujo sin aparentes preocupaciones? Mientras exista la desigualdad, tal vez no quede otra que asumirla sin culpa, y dejar que los amigos inviten.

Las diferencias entre el coste laboral por trabajador según las distintas actividades de la clasificación fueron notables, oscilando desde los 23.138,9 euros anuales brutos por trabajador en la hostelería, hasta los 82.147,9 euros por asalariado en empresas de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, según los resultados de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE)..

En cuanto al salario medio en las empresas de suministro de electricidad, y gas, el INE indica que se situó en 62.105,02 euros brutos por trabajador en 2024, mientras que en la hostelería fue de 16.777,32 euros.

En las empresas vinculadas a actividades financieras y de seguros, el salario bruto medio fue de 54.169,76 euros, mientras que en las compañías de actividades administrativas y servicios auxiliares fue de 18.810,24 euros.

El salario bruto anual por trabajador alcanzó los 27.558,68 euros en 2024, lo que supone un aumento del 3,8% respecto al año anterior, y se situó en su nivel más elevado desde el inicio de la serie, en 2008. El INE ha explicado que este salario anual bruto por trabajador de 27.558,68 euros representó el 73,4% del coste laboral total, mientras que la partida más importante de los costes no salariales fueron las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social (9.000,03 euros por trabajador), que representaron el 24% del coste.

De esta forma, los sueldos y salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social constituyeron, conjuntamente, el 97,4% del coste bruto.

Madrid tiene el coste laboral más elevado

Atendiendo a las diferencias por territorios, los costes laborales más elevados en 2024 se dieron en Comunidad de Madrid (44.458,06 euros), País Vasco (42.434,54) y Comunidad Foral de Navarra (40.459,12). Por el contrario, los más bajos se observaron en Extremadura (30.542,37 euros), Canarias (31.077,73) y Andalucía (32.664,18).

Atendiendo a la variación del coste laboral respecto al año anterior, Extremadura (8,2%), Murcia (5,6%) y Galicia (5,4%) presentaron las tasas más elevadas. Por el contrario, País Vasco (2,4%), Andalucía (3%) y Canarias (3,1%) registraron los menores aumentos.

95,5% de los centros con convenios colectivos

La mayor parte de los centros (el 95,5%, que correspondieron al 86,7% de los trabajadores), estuvieron regulados por convenios colectivos en el año 2024. El ámbito con mayor proporción fue el inferior al estatal (convenios sectoriales autonómicos, provinciales, etc.).

Del total de trabajadores con convenio, un 3,9% vieron modificadas sus condiciones de trabajo respecto a lo que se establecía en el convenio colectivo de referencia.

Por componentes, el coste laboral más alto se dio en aquellos centros regulados mediante otra forma que no era el convenio colectivo.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Esperemos que mejor que este Gobierno acosado por la corrupción de un grupo de sátrapas sin escrúpulos. Sería irónico que Pedro Sánchez cayera tras haber superado con buena nota una epidemia mundial, una crisis de inflación propiciada por una guerra a las puertas de Europa e incluso el despertar de un volcán en La Palma.

Pero ya hemos visto que la codicia no entiende de siglas ni de partidos. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge indicios de delito contra Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. Son cinco conversaciones grabadas por Koldo García entre ellos dos y también con el ex ministro José Luis Ábalos. En dichas conversaciones Ábalos y su asesor mencionan el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública con Cerdán como intermediario.

Estamos hablando de 637 millones de euros, al menos, como importe de las trece adjudicaciones de obra pública, que estarían vinculadas a presuntas mordidas para Ábalos, Koldo y Cerdán. Luego se ha descubierto que la “organización criminal” habría estado operando una década y que Santos Cerdán compró casi la mitad de la constructora navarra que la UCO sitúa en el epicentro de la trama. Los audios de esta pandilla son tremendos.

Y hay que recordar que no hay corruptos sin corruptores. En este caso, la constructora Acciona tiene mucho que explicar aún. De hecho, el informe de la Guardia Civil señala a la multinacional de la familia Entrecanales como el “denominador común” de las adjudicaciones amañadas. De momento, Acciona asegura que ha abierto una investigación interna y ha despedido al director de Construcción para España, Justo Vicente Pelegrini, que aparece en el informe policial.

Nadie está a salvo de la corrupción. Por este motivo son tan necesarios los controles y una regulación estricta para limitar la picaresca de unos y los abusos de otros. Aunque los neoliberales no paran de decir que el exceso de regulación va en contra de la libertad de empresa, episodios como el que estamos viviendo demuestran que es necesaria que los concursos públicos vinculados a obras estén muchos más controlados.

El dato

70% de oscilación

en la generación sufrió la planta fotovoltaica Núñez de Balboa de Iberdrola. Varias fuentes señalan esta instalación como el origen del gran apagón que asoló el país el pasado 28 de abril. Ese parque solar fue el que provocó una “oscilación forzada de frecuencia”, según un informe de Red Eléctrica, y que la investigación realizada por el Gobierno también considera anómala. En el informe, que ha coordinado el Ministerio de Transición Ecológica, también se detectan centrales que “no estaban regulando tensión” y una desconexión “indebida” de instalaciones. Por cierto, y siguiendo con este informe, no es presentable que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya cedido y permita que se oculte a petición de las eléctricas qué instalaciones fallaron. Una inaceptable cesión que vulnera la transparencia propia de un Gobierno democrático. Aquí te explicamos que la central fotovoltaica que inició el apagón es la megaplanta Núñez de Balboa de Iberdrola.

El gráfico

Un cambio estructural. Más de la mitad de los europeos asegura que planea hacer un gasto importante en unas vacaciones en los próximos doce meses, según una encuestas del Banco Central Europeo (BCE): se ha incrementado en más de 15 puntos desde antes de la pandemia. Los analistas del Banco de España observan un “desplazamiento del gasto de las familias hacia el turismo” en los últimos años como una transformación en los patrones de consumo que será un motor del crecimiento económico agregado de nuestro país. Ahora bien, también puede ser una señal de una profunda desigualdad. Ricardo Urrestarazu, profesor de la Universidad de Málaga, señala que el aumento de la preferencia del gasto en turismo de las familias frente a otras grandes partidas de consumo es “el canario en la mina de que mucha gente ha tirado la toalla. Ya que no puedo comprar una casa, o no me puedo comprar un coche, lo que tenga me lo gasto en un viaje”. En este enlace te explicamos el cambio que viene de la pandemia y es un aviso de la desigualdad: las familias priorizan las vacaciones a otros gastos.

Entrepreneur

Ya sabes como son los buenos entrepreneurs: inician un negocio, lo escalan, sacan una buena tajada y lo venden para iniciar otra aventura empresarial. Son los pasos del buen emprendedor que repiten una y otra vez esa legión de voces neoliberales que sacude TikTok. Mape Asesores, la empresa gallega que propició el pelotazo de dos millones de euros por la compraventa de mascarillas que se embolsó en 2020 Alberto González Amador y en la que ha sido consejero desde 2019 Fernando Camino, directivo de Quirón y principal pagador de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido vendida a la gestora vasca de capital riesgo ABE Capìtal Partners. Probablemente sea una marca de la que haya que desembarazarse. En este enlace te contamos la venta de la empresa que propició el pelotazo de las mascarillas de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Cada vez que habla sube el pan

Desde el año 2015, Alquiler Seguro ha fortalecido este servicio con la incorporación de nuevas prestaciones que responden a las nuevas necesidades de los inquilinos y a los cambios del mercado

Portavoz de Alquiler Seguro

Hecha la Ley, hecha la trampa. En este caso algunas agencias inmobiliarias son especialistas en buscarse vericuetos que rozan la ilegalidad para esquivar las normas que complican su negocio. La frase que encabeza este párrafo es elocuente, aunque si se escarba un poco más no significa nada más que una forma de usurpar derechos que ostentan los arrendatarios, por el mero hecho de serlo, o la imposición de un intermediario innecesario. El Ministerio de Consumo le ha abierto un expediente sancionador por supuestos cobros de comisiones ilegales a sus arrendatarios al servicio de atención al inquilino de Alquiler Seguro. En teoría, en dicho servicio se ofrece atención “prioritaria” por incidencias, documentos digitalizados, asesoramiento para el cambio de los suministros, en materia de seguros o “con respecto a materias o conflictos que no deriven de su situación de inquilino”, es decir, poco o nada. Aquí te explicamos la letra pequeña del contrato que Alquiler Seguro pide a sus inquilinos: 1.200 euros por asesorar en el cambio de suministros o gestionar unas humedades.

Bien Público

¿Cuántos discursos hemos escuchado sobre conciliación? Sobre la importancia de la familia como pilar de la sociedad, sobre la importancia de la natalidad para un país, sobre igualdad... Palabras, palabras y más palabras que cuando llega el momento de la verdad quedan sepultadas por la realidad en forma de productividad, eficiencia o beneficios. Esta es la historia de una directiva de una multinacional del sector de la industria auxiliar del automóvil, TI Automotive. Ha demandado a la compañía por acoso laboral por pedir una reducción del 50% de la jornada por la enfermedad grave que sufre su hijo, con derecho a acogerse a la prestación CUME. “Nos hablan de la igualdad, de la posibilidad de conciliar de las mujeres, de ser directivas y luego es una enorme mentira”, explica. Una sociedad que no facilita a padres y madres el cuidado de sus hijos es una sociedad enferma. Aquí puedes leer el reportaje de Laura Olías sobre la directiva que denuncia acoso laboral tras pedir un permiso por hijo enfermo,

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Eso es todo por esta semana. Nos vemos el jueves que viene con más noticias económicas. Si tienes tus propuestas o ideas nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

“La libertad de llevar un fusil AK-47 para algunos es la pérdida de libertad por el miedo de otros”. Con este ejemplo fácil de entender, el Nobel de Economía de 2001 Joseph E. Stiglitz (Estados Unidos, 1943) tumba los argumentos falsos de una derecha entregada a un concepto falso de libertad que, al final, se traduce en la ley de la selva. Defensor acérrimo de un capitalismo progresista donde la regulación debe ordenar las finanzas para acabar con las desigualdades, argumenta que “los mercados sin restricciones no serían libres, acabarían en monopolios”. Stiglitz defiende en su libro Camino de libertad (Editorial Taurus) que “la idea de que deberías ser libre de hacer lo que quieras para construir algo suena bien hasta que te das cuenta de que a menudo es más fácil ganar dinero explotando a otros. Sin embargo, si restringes que alguien pueda explotar a los demás, canalizas las energías de la sociedad hacia formas constructivas para conseguir una economía mejor”.

Este economista no esconde que “hay un miedo abrumador en Estados Unidos” con el presidente Donald Trump, que está conduciendo al país a “un tipo diferente de autoritarismo”. “Lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos con Trump es el debilitamiento total de la democracia”, reitera. Y lanza un aviso: “Esperemos que lo que está sucediendo en Estados Unidos sea una llamada de atención para Europa, porque podría ocurrir en cualquier lugar”.

Su libro se titula Camino de libertad. ¿Podría ser el concepto de libertad el más utilizado para destruir la libertad de millones de personas en un sistema como el capitalismo neoliberal que nos tiene secuestrados en una falsa libertad?

El motivo por el que escribí el libro es el abuso del término “libertad”. En Estados Unidos, el grupo de derecha del Partido Republicano llamado Freedom Caucus hace un abuso constante del término: libertad económica, libre empresa, mercados libres. Lo que intento señalar es que en la derecha no se dan cuenta de cómo somos interdependientes en la sociedad. De manera que la libertad de una persona puede quitarle la libertad a otra. Por ejemplo, la libertad de portar un AK-47 te puede quitar la libertad de vivir. En Estados Unidos, tenemos contantemente asesinatos, muchos de ellos en escuelas. Los padres se preocupan por si sus hijos volverán a casa, han perdido la libertad por el miedo. Así que la libertad de llevar un fusil AK-47 para algunos es la pérdida de libertad por el miedo de otros. La libertad de no llevar mascarilla durante la COVID-19 significaba que otras personas iban a morir o la libre empresa y su libertad para contaminar va a incrementar las consecuencias del cambio climático. La derecha asegura que la regulación es perjudicial porque limita la libertad. Pero una simple normativa da más libertad a todo el mundo. Así que restringir la libertad de alguna manera puede ampliarla de una forma más significativa.

Usted escribe en su libro que “resulta sorprendente que, a pesar de todos los fallos y las desigualdades del sistema actual, tanta gente siga defendiendo la economía del libre mercado”. ¿Cómo han conseguido engañar a la gente?

En primer lugar, el sistema económico es muy complicado. Entender cómo encajan todas las piezas es muy difícil. Además, hay un concepto muy atractivo en la idea de espíritu libre, de poder hacer lo que uno quiere. Suena bien, pero todos los juegos requieren reglas y normas. Si no, sería un caos. Los economistas ya han estudiado ese impacto: los mercados sin restricciones no serían libres, acabarían en monopolios. Una de las cosas que le dije a Milton Friedman cuando escribió un libro titulado Libre para elegir fue que el libro realmente debería haberse titulado Libre para explotar. Los mercados no funcionan bien cuando alguien se aprovecha de las personas. Por ejemplo, en 2008, los bancos estadounidenses se dedicaron a conceder préstamos abusivos, con tipos de interés muy elevados, que las personas realmente no tenían capacidad de pagarlos. El resultado fue una gran crisis financiera, todo habría colapsado si el Gobierno no hubiera intervenido para rescatarlos.

Escribí este libro es para intentar explicar de forma sencilla que la idea de que deberías ser libre de hacer lo que quieras para construir algo suena bien hasta que te das cuenta de que a menudo es más fácil ganar dinero explotando a otros. Sin embargo, si restringes que alguien pueda explotar a los demás, canalizas las energías de la sociedad hacia formas constructivas para conseguir una economía mejor. Hay gente que pensaba que el afán de lucro impulsa a las personas a fabricar mejores productos, pero lo cierto es que sin regulaciones, tendrán un incentivo para aprovecharse de otras personas.

Cuando lo entrevisté en 2020, le pregunté qué se puede hacer con ese 1% de ricos que usted apuntaba que en EEUU “iba evolucionando hacia una economía y una democracia del 1%, para el 1% y por el 1%”. Su respuesta fue “frenar su poder político”. Con el resultado de las últimas elecciones en EEUU parece claro que no ha sido suficiente.

¿Quién hubiera pensado que el mundo estaría hablando de oligarcas estadounidenses? Antes hablábamos de los oligarcas rusos como símbolo de lo que había fallado en la sociedad rusa. Creo que lo que ha salido mal es que durante 40 años no prestamos suficiente atención a la desigualdad. Creíamos que liberar el mercado conduciría a un mayor crecimiento y el goteo económico garantizaría que a todos llegarían los beneficios. Pero lo que obtuvimos fue un débil crecimiento y solo se beneficiaron los más ricos. No funcionó. Pero el neoliberalismo fue la religión económica del momento, no basada en la ciencia económica. Varios economistas, entre los que me encuentro, ya habíamos explicado que el neoliberalismo no funcionaría. Pero con la política de la persuasión, Milton Friedman, que era un gran retórico, al igual que Ronald Reagan, convencieron a los estadounidenses y a buena parte de los europeos. Se tragaron la historia, siguieron esperando a que se produjera el goteo de la riqueza pero no se produjo, lo que dio lugar al descontento. Esta desilusión y descontento hizo que muchos ciudadanos se volvieran antisistemas y antigubernamentales, aunque sin el gobierno iban a estar aún menos protegidos.

Es una especie de círculo vicioso donde la desigualdad hace que los populistas neoliberales ganen elecciones que ponen en marcha políticas que acrecentan esa desigualdad, que los progresistas no terminan de solucionar cuando están en el Gobierno, que hace que los neoliberales vuelvan a ganar y la desigualdad no para de crecer.

Totalmente de acuerdo. Lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos con Trump es el debilitamiento total de la democracia. En cierta manera, Donald Trump es la conclusión lógica de este círculo vicioso. Lo más decepcionante es que los ciudadanos están tan desilusionados que dicen que la democracia no es tan importante. Así que no les molesta que Trump haya violado el estado de derecho o los principios básicos de la democracia. Creen que lo importante es asegurar que se escuche su voz, porque piensan que nadie les ha escuchado durante 40 años. Esperemos que lo que está sucediendo en Estados Unidos sea una llamada de atención para Europa, porque podría ocurrir en cualquier lugar.

Parecía que el debate de la austeridad estaba definitivamente enterrado, que las lecciones de la crisis de 2008 habían enseñado cómo la austeridad solo acentuó el desastre económico y agravó la situación para millones de personas. Sin embargo, el paso por la Administración estadounidense de un personaje como Elon Musk solo ha sido para hacer recortes.

Es diferente. No se puede describir como austeridad lo que está haciendo Trump, aunque tiene cosas en común. Hay muchos recortes presupuestarios en áreas que son muy importantes para el crecimiento, socavando la investigación científica o las universidades, que son una de las bases de la fortaleza de Estados Unidos. Así que está matando explícitamente a la economía de una manera peor que en Europa. La austeridad europea se basaba en la creencia de querer reducir el déficit, pero Trump solo ha conseguido un aumento del déficit. Está destruyendo áreas de inversión pública para dar más dinero a los oligarcas o para tener más margen para reducir los impuestos a los ricos.

Trump solo ha conseguido un aumento del déficit. Está destruyendo áreas de inversión pública para dar más dinero a los oligarcas o para tener más margen para reducir los impuestos a los ricos

Usted destaca el papel de la educación liberal como fórmula para crear sociedades más justas. Se entienden así los ataques de Trump a una universidad como Harvard.

Las sociedades democráticas necesitan controles y contrapesos, no solo en el gobierno, también en la sociedad. No se puede permitir la concentración de poder, ya sea económico o mediático. Ahora hay demasiado poder en manos de unas pocas personas, los oligarcas. Trump se opone a cualquier cosa que interfiera con lo que él quiere hacer, quiere ser un dictador. Acusa a la prensa de ser enemiga del pueblo por publicar las ilegalidades que comete. Con la libertad académica ocurre más o menos lo mismo. La sociedad crea estas instituciones educativas para seguir desarrollando ideas. Trump odia las universidades porque no quiere ideas que desafíen sus teorías erróneas.

Pero hay otra razón por la que Trump y muchos en la derecha detestan las universidades. Ven a los jóvenes que salen de las universidades pensando de una manera diferente a como él piensa ahora. En parte es porque los jóvenes deben pensar por sí mismos, y Trump culpa a las universidades, no quiere que la gente piense con rigor. Por eso tiene tanta animadversión y tanta ira hacia nuestras universidades, pero atacando a las universidades está destruyendo el activo más importante de Estados Unidos.

Trump odia las universidades porque no quiere ideas que desafíen sus teorías erróneas

La derecha en España no tiene otra política económica que bajar impuestos. Usted diferencia claramente entre los ingresos del mercado, que carecen de legitimidad moral, frente a los impuestos, que son un acto moral. ¿Lo podría explicar?

Una de las afirmaciones de la derecha es que tienes derecho a todos los ingresos que ganas, sin tener que pagar impuestos. Pero la realidad es que no habrías podido ganar esos ingresos si no se hubiera construido una sociedad sobre los impuestos que ofrezca educación, infraestructuras, seguridad, etc. Es un acto moral pagar impuestos. En segundo lugar, los salarios, los tipos de interés y los precios surgen en una economía de mercado que reflejan la distribución de la riqueza y el poder en la sociedad, aunque no tenga legitimidad moral. Por ejemplo, si tenemos una sociedad en la que la mayor parte de los ingresos están en manos de personas que explotan a otras, serán ellas las que determinen los salarios, independientemente de que alguien reciba un salario alto o bajo. En Estados Unidos, está muy claro que gran parte de la riqueza se remonta a la esclavitud, al poder de mercado, al tráfico de drogas o al comercio de opio con China, que no es que tengan una legitimidad moral.

Otra parte muy interesante de su libro es cuando explica que el derecho de la propiedad es una construcción social. En España tenemos un grave problema de acceso a la vivienda. Las personas con rentas bajas o los jóvenes tienen serios problemas para acceder a una vivienda mientras que los más ricos o los fondos de inversión acaparan cientos y miles de viviendas en propiedad. ¿Sería legítimamente moral limitar el derecho a la propiedad para asegurar el derecho a una vivienda?

Cuando digo que los derechos de propiedad son una construcción social, es como las leyes. Los decidimos como sociedad a través de procesos democráticos. Las sociedades pueden decidir cómo organizar sus derechos de propiedad, aunque ahora la forma en que lo hacemos es ineficiente. Tenemos que crear comunidades en las que todos puedan convivir y disponer de vivienda es fundamental para el funcionamiento de la sociedad.

Se puede limitar la propiedad o su disponibilidad de varias maneras. Por ejemplo, a través de las infraestructuras y el transporte público. De este modo, la gente puede vivir más lejos y desplazarse, ya que el suelo es muy escaso en el centro. Es más barato vivir más lejos. Si se dispusiera de un buen transporte público, la gente estaría dispuesta a vivir más lejos. Por lo tanto, la vivienda no sería un problema tan grave si se dispusiera de buenas infraestructuras. Otro ejemplo, en el centro de la ciudad de Nueva York, que tiene los inmuebles más caros del mundo, hay muchos apartamentos vacíos, que son de oligarcas rusos o chinos ricos. Quieren tener inmuebles en Estados Unidos tanto para blanquear dinero como para tener un refugio seguro. Creo que deberíamos gravar los apartamentos vacíos con impuestos muy altos para desincentivar que sigan vacíos, pero si permanecen vacíos, al menos se pueden utilizar los ingresos para construir viviendas a precios asequibles.

Deberíamos gravar los apartamentos vacíos con impuestos muy altos para desincentivar que sigan vacíos, pero si permanecen vacíos, al menos se pueden utilizar los ingresos para construir viviendas a precios asequibles

Usted también apunta a las cadenas de la deuda, y señala que para resolver esta crisis, basándose en el principio de que la sostenibilidad de la deuda no debe lograrse a costa del desarrollo humano, ya que las actuales políticas de deuda en muchos países en desarrollo están al servicio de los mercados financieros, no de las personas. ¿Cómo solventamos el problema de la deuda?

Hay dos partes: cómo se evita que se acumule un exceso de deuda y qué ocurre cuando ya hay un exceso de deuda. Todos los países tienen una ley de quiebras que reconoce que a veces las personas se endeudan en exceso. Es tanto un problema del prestamista como del prestatario. Reconocer que la gente a veces no puede pagar es la razón por la que existe la quiebra. Es necesario un sistema de quiebras más humano, que permita a la gente saldar su deuda sin abusos. ¿Qué hacemos con el exceso de deuda cuando se produce ex ante? Un buen sistema de quiebra desincentiva el exceso de préstamos. Pero aun así es necesario contar con una buena normativa para disuadir a las entidades financieras que concedan préstamos abusivos. Hay que promulgar leyes que aumenten la transparencia para que se sepa claramente la deuda en la que se mete la gente... No se puede impedir del todo, pero sí desalentar los créditos abusivos.

Usted ha cuestionado varias veces el compromiso con la democracia de economistas como Friedrich Hayek o Milton Friedman. Ambos ganaron el Nobel de Economía. ¿No es un mensaje aterrador que personas que no defiendan la democracia puedan ganar este premio y, en definitiva, ser referentes para la sociedad?

Se tendría que haber discutido más. Las políticas que defendían no eran muy democráticas. Por ejemplo, Milton Friedman estuvo muy vinculado al dictador chileno Augusto Pinochet. Friedman no tuvo reparos en utilizar a este dictador para imponer políticas de libre mercado y sin utilizar medios democráticos, lo que resultó ser un desastre para Chile.... Friedman y Hayek trataron de hacer un argumento moral a favor de los mercados libres y un argumento de que la libertad económica era necesaria e imperativa para la libertad política, pero no estaban realmente comprometidos con la libertad política.

Usted escribe en su libro que “los mercados libres y desatados defendidos por Hayek, Friedman y tantos otros representantes de la derecha nos han puesto en el camino del fascismo”. ¿Cuánto de cerca estamos realmente de sucumbir a este nuevo fascismo?

Creo que en Estados Unidos estamos muy cerca. No es lo mismo que el fascismo del siglo XX en Italia, España o Alemania. El trumpismo es un tipo diferente del autoritarismo. Estamos hablando mucho sobre si los tribunales serán capaces de frenar a Trump, pero hay un miedo abrumador sobre hacia dónde vamos. En la última semana ha enviado a la Guardia Nacional y a los militares por las manifestaciones contra las deportaciones. El miedo es enorme.

La globalización supuso una integración de los mercados aunque la gobernanza de esos mercados era muy débil. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora?

Vamos a redefinir la globalización en el mundo después de Trump porque ya ha destruido el derecho internacional. Europa y a otros países se tienen que dar cuenta de que las fronteras nacionales importan, ya no es como después de la Segunda Guerra Mundial, cuando trabajábamos por un mundo sin fronteras. Estamos abandonando la ambición de un mundo sin fronteras y con reglas globales que gobernaran a todo el mundo. Tendremos que trabajar más para crear normas donde sea más importante, será una globalización más centrada en asuntos importantes, con instituciones multilaterales para el cambio climático, la cooperación para las pandemias del cambio climático y organizar el comercio, pero reduciremos nuestra ambición respecto a lo que ha dominado la agenda multilateral los últimos 80 años.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Ya sabes que este es un boletín económico, pero no podemos dejar de mirar las atrocidades que se están cometiendo en una parte del mundo. El genocidio de los palestinos por parte de Israel continúa, con asesinatos dantescos. Ya ni siquiera Donald Trump parece respaldar completamente la salvaje política de Benjamin Netanyahu. Es necesario frenar esta matanza. La Unión Europea debería ser más beligerante para frenar a Israel.

Tampoco es que la posición del presidente de EEUU sea de fiar. A Trump, como a buena parte de su Administración, solo le preocupan sus intereses económicos. Lo hemos visto claramente con las sucias estrategias de desinformación de Elon Musk en las redes sociales utilizando su inteligencia artificial, Grok.

Elon Musk, sudafricano de nacimiento, quería que su empresa de satélites, Starlink, con sede en EEUU, operase en Sudáfrica saltándose la ley que obliga a las empresas extranjeras a dar entrada a accionistas negros para operar en el país. Musk utilizó Grok, la IA de su red social X, para diseminar el discurso de un “genocidio blanco” en Sudáfrica, aunque se trataba de una teoría de la conspiración neonazi. 

A este discurso inventado se le añade la presión de la Administración de EEUU para darle más verosimilitud a la patraña. Trump le montó una encerrona al presidente de Sudáfrica para insistir en las acusaciones falsas de “genocidio blanco”. 

¿Cuál ha sido la consecuencia? El Gobierno sudafricano ha iniciado los trámites para modificar esta ley, aprobada en 2003, de manera que Elon Musk ya no tendrá que vender parte de las acciones de Starlink a sudafricanos negros. El magnate quiere empezar a operar su internet satelital, pero ya no tendrá que ceder parte de la gestión de Starlink para obtener una licencia.

Según reveló la agencia Reuters, Starlink ni siquiera había solicitado licencia para operar en Sudáfrica cuando Musk inició la polémica contra Pretoria. Estamos ante un claro ejemplo de manipulación de la opinión pública mediante mentiras por parte del dueño de una red social, apoyado por el presidente de su país. Estamos ante el viejo método de coacción, con nuevas herramientas, para conseguir negocios sin que las leyes nacionales de un país afecten a la multinacional. 

Hay expertos en geopolítica que señalan esta estrategia de Musk como en nuevo poder 'blando' digital (el poder duro sería una ofensiva militar) para forzar a los gobiernos del mundo a ceder a sus intereses y negocios. Es solo el principio. Trump está decidido a defender los intereses de las empresas tecnológicas de Estados Unidos por encima de las leyes del resto del planeta. 

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció nuevas restricciones para entrar en EEUU que afectarían a personas relacionadas con la supuesta “persecución de ciudadanos y empresas estadounidenses”. Aunque este tipo de normas van dirigidas a países como Cuba, Corea del Norte o China, esta vez están dirigidas contra los europeos por la Ley de Servicios Digitales (DSA), que exige más responsabilidades a las plataformas digitales. Todo ello en plena negociación comercial por los aranceles.

La Unión Europea no se puede dejar someter por los abusos de Trump y su corte tecnológica. El ejemplo de Sudáfrica explica la capacidad de la desinformación para cambiar la legislación de un país por los intereses económicos de los multimillonarios que se sientan al lado de Trump. La soberanía europea no puede estar al albur de los negocios de los barones digitales estadounidenses. Europa se tiene que defender. 

El gráfico

Las derechas no paran de hablar de la supuesta pésima situación económica, volviendo a las recetas de siempre, pero los datos siguen mostrando que la realidad no acompaña a los discursos de PP y Vox. Los beneficios de las empresas han crecido el doble que los sueldos de los trabajadores en España desde la etapa previa al shock de la COVID de 2020, como se puede observar en el gráfico. “Los primeros datos para 2025 confirman que la recuperación del peso de los salarios prosigue, si bien aún no se han recuperado los niveles previos a la crisis de la inflación”, explican en el servicio de estudios de CCOO. La desigualdad sigue siendo un grave problema en España. En nuestro país no vivimos un “infierno fiscal” como pregona sin pruebas Alberto Núñez Feijóo, lo que tenemos es un infierno de desigualdad con el que hay que acabar para ser un país decente. Aquí te explicamos la brecha que no cesa: los beneficios de las empresas crecen el doble que los salarios desde antes de la pandemia. 

El dato

38,8%

es la subida del precio del café en 2024 respecto al año anterior, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en sus siglas en inglés. La sequía en algunos de los principales países productores y las lluvias torrenciales en otros llevan meses reduciendo las cosechas, a lo que hay que sumar la incertidumbre sobre las consecuencias de la pelea arancelaria por la Administración estadounidense de Donald Trump y la especulación por la financiarización de los mercados de materias primas. “El precio experimentó una ligera caída a principios de 2023, pero volvió a subir hasta alcanzar sus niveles más altos en 13 años en diciembre de 2024”, insiste la FAO. La organización multilateral remarca que este mayo la variedad arábica es un 58% más cara que un año antes; y la robusta, un 70%. Aquí te explicamos cómo el precio del café seguirá subiendo: Nestlé, Saimaza y Marcilla prevén más incrementos tras la sequía y los aranceles.  

Entrepreneurs

El precio medio del alquiler en España ha subido más de un 30% en cinco años y un 10% en los últimos doce meses, según los propios especuladores del mercado de la vivienda. Por este motivo hay una fuerte demanda de entrepreneurs que buscan nuevas vías de inversión para un producto cuyo precio debería estar intervenido por las Administraciones Públicas. Ante un pastel reducido ante tanta demanda, se ofrecen alternativas que degradan aún más un producto que nuestra Constitución recoge como un derecho. Así ya nos encontramos con un nuevo vocabulario inmobiliario que recoge términos como Build to Rent (BTR), coliving, senior living o alquiler granular. En este enlace te explicamos las nuevas fórmulas de especulación inmobiliaria con  el diccionario de la 'financiarización' de la vivienda.    

Verde que te quiero verde

Ya ha pasado un mes del gran apagón y se desconocen qué lo provocó. La falta de respuestas y los intereses de determinadas empresas llevaron a que la confusión sobre las causas del apagón recrudeciera la batalla ideológica entre renovables y nuclear. Un debate interesado, cuando entramos en el periodo de cierre de centrales nucleares. La presión de las empresas con centrales nucleares no es nueva. De hecho, Una investigación académica recién publicada, basada en información “clasificada” durante décadas, describe “la captura del Estado español por parte del oligopolio eléctrico bancario” durante la dictadura de Francisco Franco: una “captura regulatoria” casi sin parangón en el mundo.

Lo que sí sabemos es que Red Eléctrica avisó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2022 de que “no se puede garantizar la seguridad del sistema” y le pidió “con urgencia” que aprobase un procedimiento para el control de tensión en las redes. A día de hoy el organismo no ha actualizado dicho método, pese a reconocer que había que hacerlo ya en 2019.  

Cada vez que habla sube el pan

La consolidación del sector bancario mediante fusiones nacionales y transfronterizas podría contribuir a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los bancos, beneficiando así a los consumidores europeos y a la economía en su conjunto

Olof Gill — Portavoz de la Comisión Europea sobre servicios financieros

El Gobierno se ha metido en un jardín complicado. Tras la decisión de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) de aprobar, con algunas condiciones, la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell, la posición contraria a la operación del Ejecutivo de Pedro Sánchez les ha llevado a una situación compleja. Estaba claro que la fusión de ambas entidades iba a suponer más concentración en un mercado donde cada vez hay menos competencia. Sin embargo, el visto bueno de la CNMC tiro por tierra el argumento de la falta de competencia. El Gobierno optó por alegar la teoría del “interés general”. En un insólito movimiento, el Ejecutivo puso en marcha una consulta pública no vinculante sobre la compra del Sabadell por el BBVA. Nadie recuerda un movimiento así. Finalmente, el Ministerio de Economía decidió elevar al Consejo de Ministros la decisión final de la oferta de compra. De este modo, el Gobierno tendrá un plazo adicional, de 30 días naturales, para decidir sobre el fondo de la operación. 

El problema es que en esta rocambolesca historia, donde pesa sobre todo la debilidad parlamentaria del Gobierno y su necesidad de las fuerzas políticas catalanas, ha entrado hasta Bruselas: la Comisión Europea no ve razones para que el Gobierno vete la fusión de BBVA y Sabadell. En Europa no se entiende que si las autoridades competentes, como el BCE, han dado su visto bueno, no se debería plantear la posibilidad de bloqueo de la operación. El Gobierno todavía puede poner más condiciones a la compra para tratar de hacerla descarrilar, pero parece difícil que la pueda vetar.

Bien Público

Las políticas de austeridad que puso en marcha el Partido Popular tuvieron consecuencias directas en los servicios públicos. Una de las muestras más claras ha sido la sangría de empleados públicos del Estado. Al recorte del personal se unió la jubilación de 95.000 funcionarios en una década, lo que provocó un agujero de personal. Menos funcionarios es sinónimo de peores servicios públicos y menos Estado del Bienestar. Afortunadamente, el Gobierno de coalición ha aprobado en los últimos años varias Ofertas Públicas de Empleo (OPE) récord para la Administración General del Estado: desde el Servicio Público de Empleo Estatal y la Seguridad Social a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o personal de Justicia, entre otros. La última convocatoria superó las 40.000 plazas. Otro paso relevante para acabar con la tendencia de menos trabajadores de la Administración pública ha sido la eliminación de la tasa de reposición que limitaba la oferta de empleo público. Con estas políticas, en 2024  no solo se contuvo la sangría de personal sino que las altas de trabajadores públicos del Estado duplicaron las bajas, lo que dejó una incorporación neta de casi 9.000 empleados. España necesita más Estado del Bienestar, más funcionarios. Aquí tienes un reportaje de Laura Olías sobre cómo el Gobierno ha frenado la sangría de empleados públicos del Estado.  

 Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Finalizamos aquí este boletín. Lo volverás a recibir el próximo jueves, mientras tanto tienes muchas más noticias en elDiario.es. Nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas.

¡Buena semana!

El VI Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía reclama medidas efectivas para frenar la segregación que se está produciendo de la población migrante que vive en los barrios y zonas agrícolas de Andalucía inmersa en “dinámicas de precariedad y privación, cuando no incluso en riesgo de explotación y subordinación”. 

En el estudio, que será presentado este lunes en el Palacio de los Marqueses de la Algaba de Sevilla, han participado investigadores de las universidades de Almería, Complutense de Madrid, Granada, Huelva, Málaga, Pablo de Olavide, y Sevilla, además de entidades como Fundación CEPAIM y Oxfam Intermón. 

El informe ofrece un análisis de situaciones específicas que vive una de las poblaciones que acumula más condiciones de desigualdad e insta a los poderes públicos a que se diseñen políticas que no dejen a nadie atrás, tales como ampliar la vivienda social, mejorar servicios educativos y sanitarios, ofrecer actividad cultural y de ocio, promover la convivencia intercultural en los barrios más afectados o el diseño de gobernanza participada que incorpore la visión de los actores sociales y vecinales sobre los retos. 

Entre los casos más extremos que requieren de una urgente intervención se encuentran el barrio de El Puche, en Almería, o Tres Barrios, en Sevilla. Todas las zonas que presentan segregación muestran parques de viviendas antiguos y de baja calidad, en barrios de las periferias degradadas y desfavorecidas, donde se agudizan la segregación y estigmatización que es necesario romper y que se expresa en aislamiento espacial, dinámicas de convivencia, segregación escolar, estigma social y territorial que experimentan sus vecinos y vecinas. 

Una realidad que se suma a la gentrificación y turistificación que expulsan de los centros históricos a las poblaciones con menos recursos, un fenómeno muy presente en ciudades como Sevilla, Granada o Málaga. 

También de baja calidad son los empleos que ocupa la población migrante española, cuyo sueldo medio es un 30% inferior al de la población autóctona, algo que se intensifica en el caso de las mujeres, que acumulan a su vez una doble precariedad, con salarios un 20% inferior al de los hombres migrantes. 

Un ejemplo palmario de esa segregación es la presencia los asentamientos agrícolas de Huelva y Almería que tienen carácter permanente y donde la estancia de las personas que viven en ellos se ha alargado en el tiempo. Una de cada cuatro personas en Almería y una de cada diez en Huelva lleva una década o más en esta situación. 

En estos asentamientos, más de un 60% se encuentran en situación irregular, sin permiso de residencia ni trabajo y soportan una grave insuficiencia económica, por la fluctuación en la necesidad de mano de obra y por la propia irregularidad administrativa que se expresa en realidades muy duras, como que más de cuatro de cada diez tiene ingresos inferiores a 400€. 

De este modo, aunque la mayor parte de estas personas ha intentado vivir en un lugar mejor -ocho de cada diez en Huelva, y más de seis de cada diez en Almería-, no consiguen superar la situación habitacional debido a esta falta de dinero para poder pagar otro inmueble, por la escasez de vivienda próximas a los tajos, o por la discriminación inmobiliaria, por un lado, o la discriminación directa, en cuanto a los requisitos exigidos de documentación e ingresos. 

Según el informe, la consecuencia derivada es que las características de los asentamientos condicionan la vulnerabilidad social y la integración y convivencia. “Se trata de lugares inhóspitos, aislados, sin medios de transporte, situados en zonas deterioradas, sin comercios ni servicios públicos, sin contenedores, agua, ni red de saneamiento”. 

Además, las dificultades para el empadronamiento en estas ubicaciones -pese a ser una obligación legal que deben cumplir los municipios- suponen uno de los principales cuellos de botella para el acceso a servicios públicos y derechos de ciudadanía. Casi una de cada tres personas no está empadronada, lo que significa un gran escollo en el reconocimiento de sus derechos, ya que les priva de acceso a servicios sociales, les dificulta la posibilidad de regularizar su situación y les hace invisibles al no ser contabilizadas para ningún fin. 

Resulta significativo que, en los asentamientos onubenses, el modelo de migraciones circulares, con contratación en origen, que ha mejorado algunos estándares de vida, trabajo y seguridad, no termina de suponer un disparadero para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores migrantes temporeros. 

Según el informe, estas vulneraciones de derechos que sufre la población migrante en el Estado, se producen en un momento de inflexión en el que se pone en cuestión la garantía de los derechos humanos por la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en el que se fortalece el crecimiento de movimientos políticos xenófobos, en un contexto en el que las desigualdades encuentran una de sus principales causas en un sistema económico y socialmente insolidario que aterrizan en lo local y que promueve dinámicas de acumulación en un extremo, y de exclusión en el otro, que para las personas atrapadas en ese “suelo pegajoso” del extremo perdedor esta experiencia deja una marca profunda en su salud, en sus oportunidades y en su capacidad de ser y de vivir con dignidad.