Distintos gobiernos, una misma política económica

¿Es posible aplicar en España una política económica de izquierdas? La experiencia dice que no. Al menos, hasta la fecha. Bajo la vigilancia de la burocracia de Bruselas, de las élites locales y, sobre todo, de los poderosísimos mercados financieros internacionales, la política económica española ha mantenido, bajo gobiernos del PSOE y del PP, una notable continuidad. Con especial énfasis en la contención de los salarios.

El libro “Las élites que dominan España”, del profesor Andrés Villena Oliver, no descubre nada nuevo. Pero resalta, y eso es importante, las redes políticas, empresariales y técnicas que han hecho que las cosas sean como son, y no como podrían haber sido. Desde la Transición y los Pactos de la Moncloa hasta hoy, las líneas maestras no han cambiado.

Se podría aventurar, aunque Villena no se extiende sobre el asunto, que el de Pedro Sánchez ha sido el gobierno más izquierdista (dentro de lo posible) de la democracia. Probablemente por la presión de socios de gobierno como Podemos, al principio, y luego Sumar. Quizá también porque Sánchez es el único presidente del PSOE formado en la Federación Socialista Madrileña, desde antiguo la más escorada a la izquierda (y la más turbulenta) de España.

En lo esencial, en cualquier caso, las directrices básicas permanecen inmutables.

Hubo un momento paradójico, en los estertores del franquismo, en que la economía favoreció a los trabajadores. Fue puramente accidental. El régimen se sentía frágil cuando estalló la primera crisis del petróleo, en 1973, y en lugar de aplicar medidas de ajuste, como en otros países europeos, incrementó el gasto público y toleró que los salarios crecieran al ritmo de la elevadísima inflación (14,2% anual en 1973, 26,3% anual en 1977).

Eso, unido a los controles oficiales sobre una banca protegida, permitió que muchísimos ciudadanos tomaran hipotecas a tipo fijo que eran licuadas con rapidez por una inflación siempre al alza. España empezó a convertirse en un país de propietarios. Cuando alguien cree recordar que con Franco se vivía mejor, recuerda probablemente esa época final.

A partir de 1977 y de los Pactos de la Moncloa, uno de cuyos fundamentos era la contención de los salarios para combatir la inflación, no se ha abandonado la ruta. La llegada del PSOE al poder con una mayoría absolutísima, en 1982, marcó el ajuste más duro desde el plan de estabilización de 1959.

El objetivo de Felipe González era el ingreso de España en las Comunidades Europeas, y eso parecía justificarlo todo: desde el cierre de empresas públicas a la liberalización financiera, desde el desempleo salvaje a unos tipos de interés no menos salvajes.

La “beautiful people” formada en el tardofranquismo que dirigía la economía gubernamental veía en un desempleo alto el mecanismo más eficaz para mantener bajos los salarios. En aquella época se puso de moda un palabro, NAIRU (siglas inglesas de Tasa de Desempleo no Aceleradora de la Inflación). Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, calculó en 1992 que la NAIRU mínima estaba en el 12%. Es decir, que con un paro inferior al 12%, los salarios tendían a subir. Por tanto, resulta evidente que el PSOE de González (ay, aquella promesa de los 800.000 puestos de trabajo) nunca tuvo interés en fomentar el empleo.

En 1989, cuando la peseta entró en el Sistema Monetario Europeo, Carlos Solchaga decidió darle a la moneda española un tipo de cambio exageradamente alto. Él mismo explicó después que el objetivo de esa sobrevaloración era reducir la competitividad de las empresas exportadoras y obligarlas a compensar esa dificultad por otra vía: la contención salarial, obviamente.

Entre 1996 y 2004, la era de José María Aznar, las privatizaciones, la euforia inmobiliaria y el euro (“España va bien”) crearon un espejismo de riqueza, mantenido durante el primer mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El retorno del PSOE a las tareas de gobierno no supuso cambios notables en lo económico: Pedro Solbes prevaleció sobre Miguel Sebastián y mantuvo la ortodoxia. Ya estaba establecido como mantra que la Unión Europea y los mercados financieros no permitían otra cosa.

En 2010, con la Gran Recesión devastando las economías mundiales y dejando a la española al borde de la quiebra, Zapatero tuvo un reflejo socialdemócrata e intentó elevar el gasto público para paliar las consecuencias sociales de la crisis. Solbes lo rechazó y dimitió.

Sobre el brutal ajuste ejercido desde 2012 por Mariano Rajoy no hay mucho que decir: recorte salarial a los funcionarios, congelación de las pensiones y una devaluación interna (como no era posible devaluar el euro, se devaluó a los ciudadanos) que bajó drásticamente los sueldos. A día de hoy, aún no se han recuperado.

El gobierno de Pedro Sánchez ha intentado mejorar la capacidad adquisitiva de los asalariados con el único instrumento a su alcance, el salario mínimo, y dar aire a la economía con el alza de las pensiones. El salario mínimo (17.094 euros brutos anuales) se acerca cada vez más al salario medio (en torno a los 27.000 euros). Los sueldos se mantienen bajos. Y la guerra en Oriente Próximo eleva la inflación, erosionando de nuevo, por enésima vez, la capacidad adquisitiva.