La Sala Penal del Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Provincial de Alicante dictar una nueva sentencia en la causa que juzgó a un exalcalde y a dos extenientes de alcalde de Calpe (Alicante) por delitos de cohecho, prevaricación, fraude a la Administración y malversación, entre otros, en la concesión del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la localidad en 1998, en una de las piezas del conocido como ‘caso Brugal’.

El Supremo estima el recurso de la Fiscalía contra la sentencia dictada el 24 de octubre de 2022 por la Audiencia de Alicante por haber declarado nula una intervención telefónica al empresario a quien se concedió el servicio de basuras así como las pruebas derivadas de la misma. El Supremo anula esa resolución y ordena a la Audiencia que dicte una nueva sentencia tomando en consideración las pruebas que fueron indebidamente declaradas nulas.

La resolución del Supremo reproduce los fundamentos legales que incluyó en la sentencia de 2024, referida a la causa matriz del ‘caso Brugal’, en el que destacó que el auto de autorización del teléfono del empresario, cuya nulidad estableció la Audiencia de Alicante, tenía motivación suficiente.

En la sentencia ahora anulada, que deberá repetirse teniendo en cuenta las pruebas anuladas, fueron condenados en el exalcalde de Calpe Francisco Javier Morató Vives y los extenientes de alcalde Fernando Penella y Juan Roselló, por delitos de cohecho continuado, prevaricación y fraude a la Administración, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a 2 años y medio de prisión e inhabilitación por 10 años, y se les absolvió de malversación de caudales públicos, y, en el caso de Roselló también de blanqueo.

También fue condenado por los mismos delitos que los tres citados el empresario Ángel Fenoll, a 2 años de prisión; mientras que el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, lo fue a 2 años de prisión por cohecho y prevaricación. La sentencia absolvió además de diferentes delitos a otras tres personas que estaban acusadas: el exdirector de la concesión, la esposa de Roselló y un hijo del empresario.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha absuelto a los 13 acusados en la pieza separada del denominado ‘Caso Brugal’ donde se juzgaban presuntas irregularidades en la tramitación y adjudicación, en 2008, del Plan de Residuos de la Zona XVII, correspondiente a la comarca de la Vega Baja.

Entre los encausados absueltos figuran el que fuera presidente de la Diputación alicantina José Joaquín Ripoll o la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, junto a empresarios y técnicos de la corporación provincial. El juicio por estos hechos se celebró entre el 2 de noviembre de 2021 y el 22 de junio de 2022 a lo largo de 42 sesiones diarias.

En la sentencia hecha pública este martes, el Tribunal, tras analizar la prueba practicada, ha concluido que no ha quedado acreditada “la existencia de un acuerdo entre los acusados para alterar o manipular los acuerdos del consejo, ni que ninguno de los acusados ofreciere o aceptase regalos tendentes a conseguir una resolución del consorcio que les favoreciere”.

Del mismo modo, los magistrados tampoco encuentran pruebas de que los acusados influyeran o trataran de influir en miembros del Consorcio de Residuos de la Vega Baja “que les fueran beneficiosos” ni que “revelasen datos del expediente que causaren perjuicio alguno al resultado del procedimiento”.

Por tanto, absuelve a todos los encausados de los delitos que les atribuía el Ministerio Fiscal: cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y fraude.

Desestimadas las peticiones de nulidad

La Sala desestima las peticiones de nulidad de diferentes diligencias de prueba practicadas y resoluciones dictadas durante la instrucción de la causa, como registros domiciliarios, las intervenciones telefónicas o la incorporación de las grabaciones realizadas por uno de los acusados, el empresario Ángel Fenoll, que dieron origen a la investigación.

Cita, en este sentido, la reciente sentencia del Tribunal Supremo, de julio de este año, que valida esas pruebas en el marco del recurso de casación por otra pieza del caso Brugal, la relativa a la contrata de recogida y tratamiento de residuos en la ciudad de Orihuela.

La Fiscalía Anticorrupción sostenía que los acusados se habían confabulado para amañar la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja y la ubicación de la planta de tratamiento de residuos a través de un acuerdo entre dos empresarios, Enrique Ortiz y el citado Ángel Fenoll, a cambio en algunos casos de diferentes dádivas.

No obstante, el Tribunal considera que todas las decisiones adoptadas por la comisión y la junta de gobierno del Consorcio de Residuos creado por la Diputación de Alicante para tramitar el contrato “fueron colegiadas” y sus miembros “votaron libremente”.

Los magistrados tampoco entienden probado que los viajes a la feria de Sevilla o a las Islas Baleares en un yate de Enrique Ortiz de los que disfrutaron junto a otras personas José Joaquín Ripoll y su esposa entre 2008 y 2009 se realizaran “con la intención de influir en la conducta” del entonces presidente de la Diputación.

Por otro lado, respecto al cambio de ubicación para la instalación del vertedero, la Sección Séptima de la Audiencia señala que fue motivada “por la respuesta social” y el Consorcio lo aprobó por mayoría “en aras del interés general”, ya que era la mejor oferta y no supuso “un aumento en el canon” a pagar por la Administración ni, “consecuentemente, un perjuicio para el erario público”.

La sentencia, que consta de 258 páginas, no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La que fue alcaldesa de Alicante entre 2008 y 2014, Sonia Castedo, absuelta de las acusaciones por el caso Brugal sobre el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, ha anunciado su decisión de regresar al PP tras una cena y una conversación con el expresident de la Generalitat Francisco Camps, exculpado de todos los procesos judiciales que tenía abiertos.

Castedo, quien ha confirmado a EFE este extremo que ha publicado en redes sociales, ha revelado que ese encuentro con Camps se celebró anoche en un restaurante ubicado en una zona de la playa de Muchavista (Alicante).

En su publicación, la exalcaldesa, que posa sonriente junto a Camps en dos fotos realizadas en un tramo de esa playa, señala que “hace unos años”, cuando le abrieron juicio por el caso Brugal sobre el diseño del PGOU, el PP le dio “de baja como afiliada porque así lo marcan los estatutos (aunque no lo hicieron en todos los casos, pero eso es otra historia)”.

“Pero hoy” -por anoche- “una cena y una conversación han conseguido hacerme cambiar de opinión”, ha indicado.

Y afirma en referencia a Camps: “Bueno, para ser totalmente sincera, quien me ha hecho cambiar de opinión ha sido un amigo, un compañero, alguien que nunca soltó mi mano, alguien que siempre confió en mí y yo siempre confié en él”.

“El tiempo, ese gran juez, demostró que ninguno de los dos estábamos equivocados”, sostiene Castedo, antes de manifestar: “Ni una palabra más, querido Paco. La tormenta ha pasado. No somos las mismas personas que entraron en esa tormenta... somos mejores”.

La exalcaldesa de Alicante finaliza su publicación con esta frase: “Vuelvo al barco contigo, vuelvo al barco por ti”. 

Nuevas grabaciones del excomisario Villarejo explican las informaciones que éste manejaba y a quien se las filtraba para mantener buenas relaciones con altos dirigentes políticos, especialmente del PP. En el caso que se desvela hoy en Moncloa.com una grabación de Villarejo de una conversación el año de 2009 con Ignacio López del Hierro (marido de María Dolores de Cospedal) muestra que el excomisario informó a Juan Cotino sobre operaciones policiales que se iban a desarrollar contra el PP por casos de corrupción, concretamente por Gürtel y por Brugal, y que finalmente se consumaron ese mismo año.

Así Villarejo afirma que había avisado al Juan Cotino -con quien matenía una buena relación, según grabaciones anteriores- de que en el marco de la operación Gürtel iban a registrar el despacho de su sobrino, Vicente Cotino, quien posteriormente reconoció haber sido uno de los financiadores ilegales del PP, aviso que filtró para que se pudiera “limpiar de papeles” que les comprometieran. La buena relación de Villarejo con Cotino también queda patente en que el excomisario llega a prometer que intentaría evitar en “la medida de lo posible” que se encontrasen pruebas que comprometiesen a los Cotino.

Otro de los chivatazos a Cotino que ha reconocido Villarejo en esta conversación fue la advertencia de que el que fue presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, detenido e investigado dentro de la operación Brugal para quien la fiscalía pide 16 años de prisión por cohecho, tráfico de influencias prevaricación y fraude, entre otros delitos.

Así en la conversación Villarejo afirma que “le he dicho a Juan [Cotino], háblate con el de la Diputación de Alicante y dile que tiene un marrón, una historia de financiación. No lo sé exactamente porque es una cosa que yo no controlo. Me he enterado de puta chiripa”.

Con estas grabaciones de Villarejo se muestran unos chivatazos del excomisario no sólo a los dirigentes del PP valenciano, sino que también se encargó de que estas llegaran a la número 2 entonces del Génova, María Dolores de Cospedal, a través de su marido.

Cabe recordar que Juan Cotino, quien fue director de la Policía Nacional, todavía mantiene relaciones que altas esferas del cuerpo que se plasmaron con su invitación a la presentación de un libro sobre ética, pese a estar investigado por corrupción.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de prisión para los exalcaldes de Alicante por el PP Luís Díaz Alperi y Sonia Castedo por un periodo de 10 años, 2 meses y 2 días. El Ministerio Fiscal les acusa de haber amañado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad con la finalidad de responder a los intereses demandados por el empresario Enrique Ortiz quien se enfrenta a una petición de 8 años y 3 días de cárcel.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha especificado en su escrito de acusación presentado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 5 que los exalcaldes podrían haber incurrido en delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, prevaricación y tráfico de influencias por el que podrían ser condenados a 29 años y 3 días de inhabilitación para un cargo público en una corporación local. Por su parte, el empresario alicantino es acusado por el Ministerio Público de los delitos de prevariación, tráfico de influencias, corrupción de funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada.

La acusación de la Fiscalía ha coincidido en líneas generales con el escrito de acusación popular ejercido por Esquerra Unida cuyo letrado reclamaba en vez de 8, 13 años para Ortiz, y queda lejos de la petición del Ayuntamiento de Alicante que este miércoles reclamó 4 años de prisión para Alperi y Castedo y 5 para Ortiz.

“Club de amiguetes”

Las primeras reacciones han llegado de Ciudadanos cuya portavoz municipal en el Ayuntamieto de Alicante, Yaneth Giraldo, considera que la petición de penas de la Fiscalía Anticorrupción es “un grave varapalo, otro más, para el Partido Popular, una formación que se encuentra cautiva y bloqueada por un interminable retahíla de asuntos de corrupción en toda la Comunidad Valenciana”. A juicio de la también portavoz provincial del partido: “La petición de penas por el caso PGOU pone de manifiesto el 'corralito' que había organizado el PP en Alicante, con Díaz Alperi y con Sonia Castedo, a modo de un selecto club de amiguetes para repartirse un botín suculento derivado del trapicheo con el diseño urbanístico de la ciudad”.

Por último, Girlado le reclama al PP que “debe tomarse muy en serio lo de la regeneración política que es lo que están reclamando los ciudadanos, y casos como el del PGOU no hacen más que tirar por los suelos lo que debe ser un oficio noble como es el de la política, estar al servicio de los ciudadanos, nunca al revés”, ha matizado la edil.

Ciudadanos estima que los partidos políticos deben asumir responsabilidades económicas subsidiarias en casos de corrupción y así se va a formular tanto en las Corts Valencianes, a través de un proposición no de ley, como en el Ayuntamiento de Alicante, por medio de una declaración institucional que se debatirá en el próximo pleno ordinario del 22 de febrero. Cs reclama en este sentido la creación de un órgano anti-corrupción con funciones preventivas y de control.

El Ayuntamiento de Alicante ha solicitado penas de 4 años y 9 meses de prisión para los exalcaldes Luís Díaz Alperi y Sonia Castedo por las supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana cuya tramitación favoreció, supuestamente, al empresario Enrique Ortiz, a quien también se demanda más de cincos años de prisión.

El escrito de acusación del abogado del consistorio alicantino, actualmente gobernado en minoría por el PSOE, queda lejos de los diez años de cárcel que exige la otra acusación popular representada por Esquerra Unida para los exregidores del PP y los 13 años para el propio Ortiz.

El Ayuntamiento, personado a través de un abogado externo, entiende que los exdirigentes populares cometieron sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias que les conllevaría la inhabilitación temporal del cargo público además de asumir el pago de una multa económica por revelación de información privilegiada y por ser beneficiarios de las dádivas del empresario Ortiz.

El letrado del consistorio sostiene que al empresario alicantino se le debería de imputar los delitos de tráfico de influencias, corrupción de funcionarios públicos y otro por aprovechamiento de información privilegiada, lo que le obligaría a pagar una multa que supera los 60 millones de euros.

Para el resto de acusados, la administración local demanda cuatro años y un día para el hermano de la exalcaldesa, José Luís Castedo, y el también letrado y exedil del PSOE, Javier Gutiérrez por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. La pena para el empresario Ramón Salvador bajaría hasta los dos años de privación de libertad por un delito de corrupción de funcionarios públicos mientras que para el hermano de Enrique Ortíz, Virgilio, y para Santiago Bernáldez y Pablo Rico la pena se quedaría en un año y seis meses de prisión.

Después de los registros de acusación de Esquerra Unida y el Ayuntamiento, para este jueves se espera el turno de petición de penas del Ministerio Fiscal como paso previo a la celebración del juicio.

El juicio por el supuesto amaño del contrato de la recogida de basuras de Orihuela que dio origen al caso Brugal comenzará el 19 de febrero. Así lo ha señalado la Audiencia Provincial de Alicante, que ha establecido un calendario de sesiones que se prolongará hasta finales de 2018, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela remitió a la Audiencia Provincial a finales del pasado mes de noviembre esta causa, en la que están imputadas 34 personas, entre ellas dos exalcaldes del PP de la capital de la Vega Baja, José Manuel Medina y Mónica Lorente, otros siete concejales de ese mismo partido y el empresario Ángel Fenoll.

El principal acusado es Ángel Fenoll, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicitó penas que suman 37 años y 8 meses en el escrito de acusación provisional. Para los exalcaldes Medina y Lorente pidió 12 y ocho años, respectivamente. Los 34 procesados están acusados de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones.

Este caso de corrupción, que estalló en 2006, se centra en el contrato de recogida de basuras, pero de la investigación surgieron más de una veintena de piezas que afectan al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la manipulación del plan zonal de residuos de la Vega Baja; al empresario Enrique Ortiz y a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otras causas pro la supuesta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

La Audiencia Provincial de Alicante prevé que la vista oral comience el 19 de febrero y que ese mes esté dedicado a las denomiandas cuestiones previas, que serán contestadas en marzo. Desde el 23 de abril hasta el 19 de diciembre, el calendario prevé un total de 85 sesiones en las que se desarrollará el juicio.

La fiscal del caso Emarsa, Virginia Abad, considera al expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia del PP una pieza clave del entramado corrupto que saqueó la depuradora de Pinedo (València). En su escrito de conclusiones que ha presentado el lunes y el martes de esta semana ante el tribunal de la Audiencia Provincial de València que juzga el caso, la fiscal acusó directamente a Crespo de haberse enriquecido ilícitamente durante años como político y gestor.

La representante del ministerio público ha vinculado a Enrique Crespo con otra de las tramas valencianas, concretamente la de la gestión de residuos y urbanismo de Alicante bautizada por la policía como Brugal, al revelar que uno de los empresarios imputados en esta causa es el testaferro de una sociedad a la que la firma andorrana vinculada a Crespo transfirió 300.000 euros. Este dato, que no había trascendido a la opinión pública, se está investigando en la Audiencia Nacional en una de las piezas separadas.

Según la fiscal, Enrique Crespo estaba presente como persona autorizada en una cuenta de Andorra en la que el titular era su hermano Carlos. La cuenta registró cuatro ingresos en efectivo por valor de 350.000 euros durante los años del saqueo de la depuradora de Pinedo, entre 2004 y 2010. Según los datos facilitados por el país de los Pirineos 57.000 euros fueron retirados también en efectivo, pero otros 300.000 se transfirieron en 2009 a otra cuenta bancaria en Andorra a nombre de la sociedad Iguazu Falls Corporation, representada por Alejandro Silva Taboada y que tendría intereses, según la policía, en actividades de la construcción en Elche.

La fiscal ha revelado en el juicio que el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda participa de la sociedad Iguazu Falls Corporation y cuyo testaferro habría ayudado a evadir esos 3000.000 euros, supuestamente obtenidos de manera ilícita del saqueo de la depuradora de Pinedo. Esta transferencia y el destino del dinero está siendo investigado por la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Emarsa al haberse cometido el presunto delito en el extranjero.

Ramón Salvador está imputado en la pieza del caso Brugal que investiga el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por supuestamente haber pagado 150.000 euros al hermano de la exalcaldesa Sonia Castedo por favorecerle con el plan urbanístico. Además, otro juez, en este caso de Murcia también investiga al empresario de Elche por hacer regalos al exalcalde de Murcia durante 20 años, Miguel Ángel Cámara, y a su esposa. Entre los obsequios que habría hecho al político murciano se encuentra una viaje en jet privado a Estambul.

La cuenta de Andorra ha generado muchos problemas a Enrique Crespo durante la instrucción puesto que en ella aparecía como autorizado. El país de los Pirineos tiene un convenio con España por el que debe comunicar cualquier movimiento bancario de personas vinculadas al mundo de la política. Pero en este caso, el expresidente de la diputación y su hermano no hicieron ninguna referencia a su relación política con el PP ni como cargo público.

Carlos Crespo fue juzgado y condenado en València por blanqueo de capitales por tener esta cuenta en Andorra al no haber acreditado suficientemente los ingresos. Pero el Tribunal Supremo anuló la condena y la derivó a la Audiencia Nacional para que siga investigando hasta que se resuelva el caso Emarsa, de donde supuestamente habrían salido los 350.000 euros.

Fuentes de la defensa de Enrique Crespo explicaron que la transferencia del banco andorrano no la hizo Carlos Crespo sino que fue ordenada por el banco al pedir el hermano de expolítico la retirada de fondos. Así, explican, un empleado del banco fue el que entregó 300.000 euros en metálico a Carlos Crespo tras recogerlos de la empresa de Elche Iguazu Falls Corporation. Posteriormente, explicaron las mismas fuentes, Carlos Crespo regularizó este dinero en efectivo con la amninstía fiscal de Cristobal Montoro de 2012. “Nunca tuvimos nada que ver con Iguazú Falls Corporation, fue una operación del banco”, han defendido.

El promotor inmobiliario Ramón Salvador Águeda, procesado en la rama del 'caso Brugal' relativa al urbanismo de Alicante, ha desvelado este martes que el exalcalde Luis Díaz Alperi (PP) le dijo que seguía controlando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras dejar la Alcaldía, según fuentes jurídicas.

Este empresario, sospechoso de un delito de cohecho y otro de aprovechamiento de información privilegiada, había solicitado comparecer de nuevo ante el juez que instruye la causa, Manrique Tejada.

En esta investigación el magistrado ha procesado a diez personas, entre ellas el propio Díaz Alperi, su sucesora en la Alcaldía, la también popular Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz, por su implicación en una supuesta trama de corrupción vinculada al nuevo planeamiento urbanístico de Alicante.

Salvador ha revelado en su comparecencia que se reunió en dos ocasiones con Díaz Alperi, una cuando todavía era alcalde de la ciudad y otra tras cesar en el cargo.

En ese segundo encuentro, según su testimonio, el exprimer edil le aseguró que seguía teniendo “el mando” del PGOU, cuando el plan aún no había salido aún a exposición pública, tal y como han precisado fuentes jurídicas presentes en la declaración.

El promotor también se ha referido a otra reunión en la que participó junto al abogado Javier Gutiérrez, igualmente procesado en esta pieza derivada de la 'Operación Brugal', y la entonces alcaldesa Sonia Castedo.

Según su testimonio, Gutiérrez, socio en el bufete Salvetti Abogados de un hermano de Castedo (José Luis), le presentó ante ella como alguien que “ya lo sabía todo”.

El empresario ha precisado que pagó al citado bufete 150.000 euros después de que una alegación suya al PGOU fuera aceptada y los terrenos que disponía en el área Pla-Xirau fueran recalificados como urbanizables.

Gutiérrez le había solicitado previamente dinero porque había que realizar un “estudio de impacto ambiental”, siempre de acuerdo con la declaración del sospechoso.

Ramón Salvador ha precisado que los 150.000 euros abonados al despacho también respondían a otros trabajos jurídicos por actuaciones urbanísticas que él impulsaba en las localidades de San Miguel de Salinas y San Vicente del Raspeig.

“En parte”, un peaje

Un abogado le ha preguntado si creía que había “pagado un peaje” a la firma Salvetti para que su alegación al PGOU fuera estimada y él ha respondido: “en parte sí y en parte no”, al tiempo que ha reconocido haberse sentido “presionado” en esas reuniones, según las fuentes consultadas.

La investigación judicial sobre esta supuesta trama de corrupción otorga un papel fundamental a los abogados Gutiérrez y José Luis Castedo, quienes además de presentar alegaciones al Plan General resolvían éstas mediante otra empresa de asesoría jurídica externa contratada por el consistorio alicantino.

El empresario encausado ha asegurado a los periodistas al término de su comparecencia, que se ha prolongado una hora, aproximadamente, que había dicho “la verdad” en el juzgado de Instrucción 5 de Alicante, “como siempre”.

“Estoy muy jodido, pero tengo la conciencia muy tranquila”, ha agregado, y ha argumentado que había pedido declarar de nuevo ante el magistrado porque en su primera comparecencia no había “dado importancia” a los detalles que ha revelado.

Malgrat haver-se lliurat recentment del cas Rabassa, en el qual s'acusava l'exalcalessa d'Alacant, Sonia Castedo (PP) de manipular el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de la ciutat perquè Ikea s'instal·lara en terrenys del constructor Enrique Ortiz, la justícia reclama que Castedo ocupe el banc dels acusats. Serà una altra vegada pel PGOU, una altra vegada per afavorir Ortiz, i també acompanyada pel seu antecessor en l'alcaldia, Luis Díaz Alperi.

Segons avança el diari El Mundo, el jutge instructor del cas Brugal, Manrique Tejada, considera que Castedo, com Díaz Alperi i Ortiz, haurien utilitzat el Pla General d'Alacant per a enriquir el constructor, empresari que a canvi finançava el PP, segons va confessar, i donava regals als polítics benefactors, reconeguts per ells mateixos.

Les acusacions són per suborn, tràfec d'influències i revelació d'informació privilegiada de quan Díaz Alperi i Castedo eren alcaldes (i quan la segona va ser regidora d'urbanisme del primer), per haver afavorit a Ortiz.

Un cas d'anada i tornada

El cas Brugal va començar a instruir-se el 2010 en el Jutjat nº 5 d'Alacant, però després que Tejada informara que detectava indicis de delicte en el paper de Castedo i Díaz Alperi, va anar al TSJCV (Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana) el qual va assumir el cas al setembre del 2012 per la condició d'aforats de tots dos en ser diputats del PP en les Corts.

Des de llavors el nou magistrat encarregat va ser Juan Climent, el qual va seguir les tesis del jutge instructor d'Alacant i va acabar imputant els ex alcaldes de la ciutat. Però l'abril del 2014 Díaz Alperi va renunciar a la seua acta de diputat autonòmic -argumentant problemes de salut-, gest que va repetir Castedo setmanes després. Conseqüència: els temps del judici es dilataven perquè el cas havia de tornar a Alacant.

Ara, quasi set anys després de l'inici de la instrucció del cas -i quasi tres des que tornara a Alacant- el magistrat crida a juí els principals encausats, els quals hauran de respondre de les seues pràctiques urbanístiques en el consistori.

Arranca l’any que promet fer seure al banc dels acusats el gros de la corrupció. A partir del 16 de gener, amb la represa del judici de la trama Gürtel, començarà una desfilada –més ben dit, un viacrucis– de cares d’exdirigents públics pels tribunals. Lamentablement (i lamentat pels representants de la societat valenciana), els casos que impliquen dirigents valencians prometen copar pàgines de cròniques judicials i nodrir els mitjans de titulars sota l’epígraf de “corrupció”.

Es tracta d’una bateria de causes en instrucció, judicis en desenvolupament i sentències pendents que se sabran durant aquest any, entre els quals destacaran:

El judici del cas Gürtel se celebra des de l’octubre en l’Audiència Nacional i es reprendrà el 16 de gener. La trama, per la seua complexitat, està fraccionada en unes quantes peces. En total hi ha 37 persones imputades i més de 300 testimonis per delictes d’associació il·lícita, suborn, malversació, tràfic d’influències, blanqueig de diners o prevaricació. Entre els partícips a títol lucratiu –persones o organitzacions que en trauen profit– hi ha l’exministra de Sanitat, Ana Mato i el mateix Partit Popular. Després del primer interrogatori, el de l’extresorer del PP, Luis Bárcenas (per a qui es demanen 42 anys de presó), el jutge interrogarà l’exdiputat Jesús Merino, l’exsenador Jesús Sepúlveda o l’exconseller de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo, mà dreta d’Esperanza Aguirre. Tres de les sis peces d’aquesta trama afecten dirigents valencians, al marge del cas ja conegut dels ‘vestits de Camps’: el frau en contractes de l’antiga Canal 9 per a la visita del Papa Benet XVI a València el 2006, el finançament il·legal del PP i els contractes d’Orange Market amb les conselleries de la Generalitat. Aquests judicis arrancaran al març i entre els 20 acusats hi ha exalts càrrecs del PP de València com Ricardo Costa i Vicente Rambla.

El judici per Fitur: és una de les peces separades del cas Gürtel, la sentència del qual se sabrà enguany. Aquesta peça investiga els contractes en la fira de turisme Fitur entre els anys 2005 i 2009 i la seua relació amb Orange Market. A l’abril va concloure el judici a 13 acusats, entre ells la cúpula de les empreses de Francisco Correa, amb Álvaro Pérez, El Bigotes, com a capitost a València. La suma de penes ascendeix a 103 anys de presó. A Milagrosa Martínez se li demanen 11 anys de presó, mentre que Angélica Such afronta una possible inhabilitació de 9 anys. Són les conselleres de Turisme que van contractar Orange Market per als pavellons valencians en Fitur.

Al llarg de l’any, els tribunals han de decidir si condemnen Iñaki Urdangarín, pel cas Noós. Per al marit de la infanta se sol·liciten penes de 19 anys i mig de presó per la pretesa apropiació de 6,2 milions d’euros en l’organització de congressos sobre turisme i esport a les Balears i a la Comunitat Valenciana, sota la presidència dels executius de Jaume Matas i Francisco Camps, respectivament. Hi estan processats uns quants exalts càrrecs valencians i l’exvicealcalde de València Alfonso Grau. La jutgessa es dedica en exclusiva a aquest cas i, segons les previsions, la sentència se sabrà al març.

També al gener arrancarà el judici als directius de la CAM (Caixa d’Estalvis del Mediterrani). Aquesta causa es desplegarà en l’Audiència Nacional contra l’expresident i exdirectors de la ja inexistent caixa d’estalvis. Modesto Crespo, Roberto López Abad i María Dolores Amorós, i cinc membres més de la seua cúpula són els imputats principals per la fallida de la institució. Se’ls acusa de falsedat comptable i estafa, i per això la Fiscalia sol·licita 7 anys i mig de presó, excepte per a l’exdirector, a qui se li reclamen 9 anys.

Continuen també les investigacions del cas Taula, arrancat del cas Imelsa. Les sis peces en què es divideix aquest cas investiguen irregularitats en empreses públiques valencianes com Imelsa i Ciegsa, societats privades com Engloba i el pretés blanqueig de capitals i finançament il·legal del PP de València.

El cas Palau, que assenyala l’exintendent del Palau de les Arts de València com a autora de pretesos delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental. L’Advocacia de la Generalitat reclama set anys i un dia de presó, i una multa de 6.000 euros, per a Helga Schmidt per aquests delictes.

El judici a l’expresident valencià José Luis Olivas.El també expresident de Bancaixa està imputat per la fallida de Bankia i del Banc de València, un préstec de més 500 milions a uns promotors que van desviar una part dels diners a Andorra i a Suïssa i l’ampliació de capital del València Club de Futbol. Aquesta causa va començar a jutjar-se a l’octubre.

Així mateix, queden pendents altres judicis com el de Valmor, que investiga irregularitats en l’organització dels grans premis d’Europa de Fórmula 1 a València i pel qual estan imputats, entre altres, l’expresident Francisco Camps i l’exconsellera Lola Johnson; el cas Emarsa,la investigació del qual es va tancar al juny i investiga el saqueig de la depuradora de Pinedo, amb 25 acusats;el cas Brugal, que investiga l’exalcaldessa d’Alacant Sonia Castedo i l’empresari Enrique Ortiz pel pretés tripijoc del pla urbanístic de la ciutat, i la branca valenciana de la trama Púnica, una xarxa de corrupció municipal que afecta Madrid, Múrcia, Lleó i València.

Arranca el año que promete sentar en el banquillo al grueso de la corrupción. A partir del 16 de enero, con la reanudación del juicio de la trama Gürtel, comenzará un desfile -mejor dicho, un viacrucis- de caras de exdirigentes públicos por los tribunales. Lamentablemente (y lamentado por los representantes de la sociedad valenciana), los casos que implican a dirigentes valencianos prometen copar páginas de crónicas judiciales y nutrir los medios de titulares bajo el epígrafe ‘de corrupción’.

Se trata de una batería de causas en instrucción, juicios en desarrollo y sentencias pendientes por conocer durante el presente año, entre las cuales destacarán:

Asimismo, quedan pendientes otros juicios como el de Valmor, que investiga irregularidades en la organización de los grandes premios de Europa de Fórmula 1 en Valencia y por el que están imputados, entre otros, el expresidente Francisco Camps y la exconsellera Lola Johnson; el caso Emarsa, cuya investigación se cerró en en junio e investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo, con 25 acusados; el caso Brugal, que investiga a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo y al empresario Enrique Ortiz por el supuesto amaño del plan urbanístico de la ciudad, y la rama valenciana de la trama Púnica, una red de corrupción municipal que afecta a Madrid, Murcia, León y Valencia.

La exalcaldesa de Alicante celebra el archivo del caso Rabassa: "Llega tarde pero al menos ha llegado" y confía en que suceda lo mismo con Brugal

La exprimera edil popular reconoce que siente vergüenza por las grabaciones con Enrique Ortiz, "éticamente son incorrectas pero ninguna de esas conversaciones contiene ningún tipo de delito"

Al igual que sucediera hace apenas quince días, cuando Sonia Castedo se derrumbaba en directo ante las cámaras de Antena 3 al hablar de su situación, la exalcaldesa de Alicante ha elegido 'Espejo Público' para valorar el archivo de la pieza del caso Rabassa -tiene pendiente la causa de Brugal, en la que el juez está ultimando el auto de procesamiento-, además de referirse de nuevo a sus relaciones con el empresario Enrique Ortiz. En este sentido, y en referencia a los regalos a los políticos, Castedo explicaba: “No se puede criminalizar lo que antes era normal”.

Castedo ha insistido en que, aunque a día de hoy es delito, antes era normal recibir regalos, “yo he recibido regalos incluso de los medios de comunicación y el propio ayuntamiento también lo ha hecho”.

La exprimera edil alicantina, que anunciaba su dimisión a través de su perfil de Facebook el 23 de diciembre de 2014 acosada por su imputación en Brugal, celebraba el archivo de la causa judicial de Rabassa: “Llega tarde, pero por lo menos ha llegado”, al tiempo que se ha mostrado confiada en que “pase exactamente lo mismo con el otro caso que aún tengo (el relacionado con el Plan General de Alicante en el conocido como Brugal)”. Precisamente, sobre el archivo de Rabassa -se le acusaba de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho- explica que el PP de Alicante sí que la ha felicitado “a nivel privado”.

Castedo también ha defendido que Ortiz no le pagó “ningunas vacaciones”, en referencia al caso del viaje a Andorra. Así, ha reconocido que fue a Ibiza en el barco del empresario alicantino, aunque ha puntualizado que no era consciente de que cometiese “ningún tipo de delito. Era muy normal”. Respecto a las conversaciones que se han hecho públicas con Enrique Ortiz, reconoce que le dan vergüenza, “éticamente son incorrectas, pero pertenecen al ámbito privado y ninguna de esas conversaciones contiene ningún tipo de delito”.

La exalcaldesa ha negado haber beneficiado a Enrique Ortiz, “se puede demostrar, porque si yo beneficio al señor Enrique Ortiz, yo cometo un delito. Tengo la conciencia muy tranquila”. “Yo no favorecí a ningún constructor”, ha sentenciado.

“El PP d’Oriola empara la corrupció política”. Karlos Bernabé, afiliat d’EU i regidor de Canviem Oriola, ho té clar. “La passada i la que potser es cou ara”, afig. El motiu? Els bastons a les rodes que l’Ajuntament de la ciutat aniria posant per a depurar responsabilitats en el cas Brugal, el macroafer de corrupció que esguita més de 30 persones –dos exalcaldes del PP d’Oriola– i unes quantes empreses.

Concretament, l’Ajuntament ha decidit prescindir de l’advocada que el representava com a acusació particular en el cas Brugal. Cristina Hernández va ser contractada per l’anterior govern local, una aliança entre sis partits –després de 27 anys de govern del PP– presidida per un alcalde ecologista. En l’escrit d’acusació, de 140 fulls, relaciona dos exalcaldes del PP –José Manuel Medina i Mónica Lorente– amb delictes de prevaricació continuada i frau continuat a l’Administració.

Malgrat la complexitat de la causa, i que el cas podria anar a judici en breu, l’Ajuntament ha prescindit d’Hernández. Oficialment, segons EU, al·legant-hi falta de confiança. I, a més, poc abans que l’assessoria jurídica de l’Ajuntament isca a concurs.

Canviem Oriola, la plataforma en què està integrada EU, ho té clar. “L’alcalde podria estar tractant de preparar el terreny per a una ‘acusació suau’ per a poder protegir els interessos personals i el patrimoni privat de [l’exalcalde] Medina i potser altres mandataris o empresaris amb els quals tindria una hipoteca política”.

Segons Canviem, el primer edil, Emilio Bascuñana, ha fet carrera sota la protecció de Medina, un dels 35 processats en el cas Brugal. El jutge que ha investigat el cas ha detectat indicis de suborn, prevaricació, negociació prohibida, frau, coaccions i tràfic d’influències en la concessió de la recollida de fem a l’empresari Ángel Fenoll.

Converses interceptades per la policia en la investigació del cas Brugal, en la peça separada del Pla Parcial de Rabassa, trauen a la llum les martingales de l’empresari Enrique Ortiz perquè el projecte tirara avant. Ara, huit anys després el projecte és passat; el mateix Ortiz, que ha admés en la seua declaració en una de les causes del cas Gürtel el pagament irregular d’actes del PP en les campanyes del 2007 i del 2008, ha renunciat a continuar tramitant l’Actuació Territorial Estratègica (ATE), i el jutjat d’instrucció número 6 ha tancat la investigació de Rabassa pel fet de “no haver quedat prou justificada la comissió del delicte” que va donar peu a la causa.

Ortiz ha rebutjat el projecte i acusa, en l’escrit de renúncia, l’Administració actual de declarar nul el projecte per a frenar-ne la tramitació. Li reclama 20 milions d’euros, a través de set de les seues empreses interessades en el projecte, segons han informat fonts coneixedores de la reclamació. A tall d’exemple, només mitjançant una, Urbanika Proyectos Inmobiliarios, Ortiz reclama a la Generalitat i a l’Ajuntament “amb caràcter solidari” una indemnització de 6,7 milions d’euros per “alteració de les condicions de participació de la mercantil” en l’actuació de “nova urbanització, com a conseqüència de la declaració de nul·litat del Programa d’Actuació Integrada i Pla Parcial del Sector Llacunes de Rabassa”. No obstant això, les empreses d’Ortiz van presentar la renúncia quatre dies abans que acabara el termini per a resoldre les errades detectats en el projecte i sense que existira la declaració de nul·litat.

Tramitació accelerada

El que no exposa l’empresari alacantí és que, segons les converses recopilades per la policia, ell i la cap d’Urbanisme de l’alcaldessa ‘popular’ Sonia Castedo, Isabel Campos, intentaven tramitar per via d’urgència el projecte a la tardor del 2008.

En una de les converses que mantenen, cap a les 21.45 del 23 d’octubre d’aquell any, Ortiz es queixa que una arquitecta municipal se’n va de vacances 10 dies a Egipte sense haver firmat un informe que necessita. Campos el tranquil·litza i li diu que hi ha temps i que estan esperant que se solucionen “les errades” del document, que està “ple” d’errors.

“Enrique, fotre, és que tampoc no treballem bé!”, es lamenta Isabel Campos, que puntualitza que “fins i tot els annexos estaven malament. Està tot malament, hi ha un muntó de coses”.

El constructor proposa fins i tot enviar per avió el document perquè el signe si cal a Egipte. “És que, fixa’t tu, saps el que em fa por a mi? Que vaja això a les mans d’un jutge boig que prenga la mesura cautelar de parar-ho i ja no es pot aprovar”, argumenta l’empresari.

La cap d’Urbanisme li indica que el ple que ha d’estudiar el cas serà el 21 de novembre i que “abans no estarà això d’Oti –Oti García Pertusa–”, que havia de prendre possessió del seu càrrec, i que la tècnica que se n’anava de viatge ja havia avisat: “Feu-ho, que me’n vaig”.

Ací, Ortiz pregunta si l’arquitecta és qui ha de signar-ho, i Campos matisa: “És clar, perquè a qui ha posat en Planejament, la nostra xica, és Miguel Ángel Cano. I Miguel Ángel sí que no t’ho fa… de cap manera. Ha de ser ella”.

I planteja Ortiz: “No pot anar-se’n i deixar-ho… no, si demà ja no està”, es respon, assumint la impossibilitat. En aqueix punt, Isabel Campos torna sobre la qüestió: “Si haguera estat tot bé, li ho hauria deixat signat hui…”.

Problemes amb l’aigua

En una altra de les converses, Enrique Ortiz es queixa a Ángel Franco (PSPV) que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer havia posat impediments al Pla Rabassa. Per això, demana al llavors dirigent socialista alacantí que li aconseguisca una entrevista amb el president de la Confederació, perquè “van fer un informe en contra d’això de Rabassa…”. “Ja hem esmenat el que ens van demanar de l’aigua”, al·lega.

L’objectiu del constructor era que Franco intercedira davant del president perquè acceptara una entrevista amb ell i plantejar-li la possibilitat d’entrar a “parlar amb ells i dir-li que si necessiten que pose diners per a ampliar la dessaladora o el que siga, doncs, oferir-me i intentar parlar amb ells i que siguen partícips”.

Ángel Franco li assegura que coneix “raonablement bé” el president de la Confederació i que li pot “propiciar” una trobada. Ortiz, que veu reticent Franco, li proposa: “Si no vols telefonar t, que telefone a algú o el que siga”. No obstant això, el socialista li indica que no es preocupe, que li farà la gestió.

Conversaciones interceptadas por la Policía en la investigación del caso Brugal, en la pieza separada del Plan Parcial de Rabassa, sacan a la luz los tejemanejes del empresario Enrique Ortiz para que el proyecto saliera adelante. Ahora, ocho años después el proyecto es pasado, el propio Ortiz, que ha admitido en su declaración en una de las causas del caso Gürtel el pago irregular de actos del PP en las campañas de 2007 y 2008, ha renunciado a seguir tramitando la Actuación Territorial Estratégica (ATE), y el juzgado de instrucción número 6 ha cerrado la investigación de Rabassa por “no haber quedado suficientemente justificada la comisión del delito” que dio pie a la causa.

Ortiz ha rechazado el proyecto y acusa, en el escrito de renuncia, a la actual administración de declarar nulo el proyecto para frenar su tramitación. Le reclama 20 millones de euros, a través de siete de sus empresas interesadas en el proyecto, según han informado fuentes conocedoras de la reclamación. A modo de ejemplo, sólo mediante una de ellas, Urbanika Proyectos Inmobiliarios, Ortiz reclama a la Generalitat y al Ayuntamiento “con carácter solidario” una indemnización de 6,7 millones de euros por “alteración de las condiciones de participación de la mercantil” en la actuación de “nueva urbanización, como consecuencia de la declaración de nulidad del Programa de Actuación Integrada y Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabassa”. No obstante, las empresas de Ortiz presentaron la renuncia cuatro días antes de que finalizara el plazo para solventar los errores detectados en el proyecto y sin que existiera la declaración de nulidad.

Tramitación acelerada

Lo que no expone el empresario alicantino es que, según las conversaciones recopiladas por la Policía, él y la jefa de Urbanismo de la alcaldesa popular Sonia Castedo, Isabel Campos, intentaban tramitar por vía de urgencia el proyecto en otoño de 2008.

En una de las conversaciones que mantienen, en torno a las 21.45 del 23 de octubre de aquel año, Ortiz se queja de que una arquitecta municipal se va de vacaciones 10 días a Egipto sin firmar un informe que necesita. Campos le tranquiliza y le dice que hay tiempo y que están a la espera de que se solucionen “los errores” del documento, que está “lleno” de fallos.

“Enrique, joder, es que tampoco trabajamos bien!”, se lamenta Isabel Campos, que puntualiza que “hasta los anexos estaban mal. Está todo mal, hay un montón de cosas”.

El constructor propone incluso enviar por avión el documento para que lo firme si hace falta en Egipto. “Es que date cuenta tú, ¿sabes lo que me da miedo a mi? Que vaya eso a manos de un juez loco que tome la medida cautelar de pararlo y ya no se puede aprobar”, argumenta el empresario.

La jefa de Urbanismo le indica que el pleno que debe estudiar el caso será el 21 de noviembre y que “antes no estará lo de Oti –Oti García Pertusa-”, que debía tomar posesión de su cargo, y que la técnico que se iba de viaje ya había avisado: “hacedlo que me voy”.

Ahí, Ortiz pregunta si la arquitecta es quien debe firmarlo, y Campos matiza: “claro, porque a quien ha puesto en Planeamiento, nuestra chica, es a Miguel Ángel Cano. Y Miguel Ángel sí que no te lo hace... de ninguna manera. Tiene que ser ella”.

Y plantea Ortiz: “¿no puede irse y dejarlo... no, si mañana ya no está”, se responde, asumiendo la imposibilidad. En ese punto, Isabel Campos vuelve sobre la cuestión: “si hubiera estado todo bien, se lo hubiera dejado firmado hoy...”.

Problemas con el agua

En otra de las conversaciones, Enrique Ortiz se queja a Angel Franco (PSPV) de que la Confederación Hidrográfica del Júcar había puesto impedimentos al Plan Rabassa. Por ello, pide al entonces dirigente socialista alicantino que le consiga una entrevista con el presidente de la Confederación, porque “hicieron un informe en contra de lo de Rabassa...”. “Ya subsanamos lo que nos pidieron del agua”, alega.

El objetivo del constructor era que Franco intercediera ante el presidente para que aceptara una entrevista con él y plantearle la posibilidad de entrar a “hablar con ellos y decirle que si necesitan que ponga dinero para ampliar la desaladora o lo que sea, pues ofrecerme e intentar hablar con ellos y que sean partícipes”.

Ángel Franco le asegura que conoce “razonablemente bien” al presidente de la Confederación y que le puede “propiciar” un encuentro. Ortiz, que ve reticente a Franco, le propone: “Si no quieres llamar tu, que llame a alguien o lo que sea”. No obstante, el socialista le indica que no se preocupe que le hará la gestión.

Las conversaciones grabadas por la Policía en el marco del 'caso Brugal' publicadas por eldiario.es sacan a la luz las prácticas aplicadas por el empresario Enrique Ortiz para contentar a los responsables políticos del Ayuntamiento de Alicante durante el inicio de la crisis económica en 2008 y 2009.

El acceso a un puesto de trabajo en la contrata se veía allanado en caso de tener el apellido Ortiz, de tener el carnet de afiliado del PP o algún tipo de relación de amistad con el exalcalde Luis Díaz Alperi o la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

La realidad para el resto de los empleados, los “currantes” como los llama Ortiz en uno de los pasajes, era diametralmente opuesta.

Fuentes consultadas por eldiario.es constatan que unos 15 trabajadores se encuentran a día de hoy en situación de fraude laboral por haber sido contratados a lo largo de los años mediante contratos temporales “para atender trabajos concretos y específicos”.

Esas mismas fuentes subrayan que la utilización de los contratos discontínuos “no está regulada” en el seno de UTE Alicante, empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de resíduos sólidos, conocida como 'contrata del siglo', por valor de más de 400 millones de euros, lo que motiva que la empresa no se considere obligada a ocupar las vacantes con esos trabajadores y que quede al arbitrio de la dirección volver a llamar a cada uno de ellos.

Esa quincena de trabajadores, de hecho, suman cada uno de ellos más de 40 contratos laborales por pequeños espacios de tiempo –unos pocos meses cada año-, desde mediados de los años 90. Esa situación reconoce al trabajador, en base al estatuto de los trabajadores, la condición de fijo-discontinuo de manera que la empresa está obligada a llamar y volver a contratar al empleado cuando se produce una baja, para atender trabajos de temporada u ocasionales. Sin embargo, la realidad es que no han sido recontratados de manera automática.

Lo que ocurría en aquellos años, como demuestra la conversación de febrero de 2009 cuando Ortiz insta a su director, José Candel, a fichar a una mujer, era todavía peor. Ante el apremio de su “jefe”, Candel responde: “Tengo que tirar a uno para meterla a ella”. Era la realidad del día a día en detrimento de los trabajadores de a pie de calle.

Cambios

Desde el Ayuntamiento de Alicante se han tomado decisiones en los últimos meses con respecto a la contrata. Una de esas decisiones fue la petición que trasladó el actual alcalde, Gabriel Echávarri, para que Candel fuera destituido. “Parece que ha sido así”, indican desde el consistorio.

Asimismo, desde la Concejalía de Medio Ambiente, su responsable Víctor Domínguez anunció hace diez días el relevo de Sebastián Chicote, director facultativo de la Contrata de Limpieza y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad. El objetivo: “intensificar y mejorar el control y el cumplimiento del pliego de condiciones del contrato firmado por el gobierno de Sonia Castedo”.

Domínguez defendió la medida ante «la preocupación» del equipo de Gobierno por si este contrato, adjudicado a UTE Alicante, participado por Enrique Ortiz, “tuviera algo que ver con la financiación ilegal del PP, en la que el empresario participó en 2007 y 2008, según la confesión realizada ante la Audiencia Nacional”.

Las conversaciones del caso 'Brugal' demuestran cómo el empresario Enrique Ortiz y José Candel, director de la contrata de limpieza de Alicante, gestionaban las incorporaciones y las bajas del personal en función de las necesidades políticas y del 'amiguismo' en la empresa adjudicataria, Inusa.

En una de ellas, Candel deja claro que la clave para no quedarse sin empleo en la contrata que paga el Ayuntamiento es tener la referencia “equis asterisco punto uno, que quiere decir que es retorno inmediato”. Así, señala que “todos” los que le manda Manuela Carratalà 'Maleles' –mujer de Ortiz-, tienen clave x. “Como no los llamen les corto los huevos”, advierte.

Las llamadas, interceptadas por la Policía en el marco de la investigación por el supuesto amaño del Plan General de Alicante y del Plan Rabassa, revelan cómo daban y quitaban puestos de trabajo en el inicio de la crisis económica en los años 2008 y 2009.

En ellas, se escucha al empresario hablar con su director para pedirle un puesto de trabajo para un hombre “que está con la alcaldesa” –Sonia Castedo-, y al que hay que contratar por seis meses. “Le llamas ahora, le preguntas qué sabe hacer, que no sé que sabrá hacer, y le haces un contrato de seis meses en Inusa (empresa de Ortiz encargada de la limpieza y socia en UTE Alicante). Ya. Llámalo ahora, que está con la alcaldesa y quiero que le llames ya”, apremia el empresario.

Además, ambos hablan de tres personas vinculadas políticamente al PP, sobre una de las cuales, una mujer, Ortiz advierte que “tiene que empezar ya” -febrero de 2009-, y su sueldo debe ser de “200.000 pelas” -1.200 euros-, a lo que el director de la contrata pone reparos porque los administrativos cobran unos 1.100 euros. Ortiz insiste: “Habrá que ponerle un poco más, porque ella está cobrando 250.000 ahora”.

Candel se queja porque Ortiz no le habla claro y le recrimina irónicamente que “no se pueden hacer así las cosas», en referencia a la improvisación. ”Tengo que tirar a uno para meterla a ella“, subraya Candel, a lo que Enrique Ortiz responde: ”Que no me cuentes problemas. No hay opción, tienes que meterla a trabajar de secretaria o de lo que sea por ese dinero».

La otra situación se produce cuando Ortiz le comenta a Candel que la alcaldesa, en referencia a Castedo, le ha hablado de “dos personas” que “son del partido” para darles “una oportunidad” de “dos o tres meses”, “de esos contratos así...”, zanja.

Además, hablan de buscarle un puesto a “la ex del ex” una “tía importante” a la que hay que buscarle algo pero “no tiene que ir de curranta, tiene que ir a administración”. Ortiz se lamenta porque “no valía” ni para vender pisos y, por eso, le da igual dónde la coloquen: “De secretaria de... que se la folle o que haga lo que le salga de los cojones”. Eso, sí, «que se la coma el Ayuntamiento, antes que me la coma a mi». Y es que el empresario a esas alturas tenía que “quitarse gastos”.

Familia Ortiz

Además, en el compadreo que tienen ambos, el apellido Ortiz es considerado como “de los nuestros” y prevalece a la hora de acceder a puestos de trabajo “indefinidos” que van quedando libres en la contrata que paga el Ayuntamiento, pero gestiona con libertad el empresario alicantino imputado en los casos Brugal y Gürtel.

Candel le dice a Ortiz que de todos sus familiares hay dos hombres que pueden optar a una plaza nocturna en la contrata de limpieza, y el director pregunta a su jefe cuál de los dos prefiere contratar. “Se puede meter a uno”, le insiste.

Hablan sobre otra persona: “Que pida la baja en un lado y lo das de alta de oficial de primera, porque, si no, me toca pagar a mi la diferencia”. Todo rápido, urge Ortiz: “Este mes ya cobra allí”.

A golpe de contactos políticos y al calor del dinero de las adjudicaciones públicas muchos empresarios labraron sus imperios durante la burbuja del ladrillo. Pero pocos llegaron al extremo al que llegó el constructor Enrique Ortiz Selfa (1960, Grañén, Huesca). Auténtico dueño de Alicante, es el ejemplo paradigmático de cómo el capitalismo de amiguetes infestó de corrupción a partidos políticos y empresarios.

“Quién tiene un amigo, tiene un tesoro”, ha sido su filosofía para tener éxito en los negocios. Y hasta que la justicia y el cambio político en la Comunidad Valenciana se cruzó de por medio no le falló casi nunca. Implicado en numerosas causas judiciales cómo 'Brugal' y 'Gürtel', la cercanía de la cárcel le ha obligado a confesar la financiación ilegal del PP valenciano. Uno de los muchos capítulos de la caída en desgracia de quién se autocalificó en una conversación interceptada por la policía como “la polla insaciable”.

Dueño de Alicante

Ortiz heredó tras la muerte de su padre y después de estudiar en los jesuitas -allí coincidió con el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll-, la empresa familiar. Durante los años 80 las sombras de pactar precios y conseguir adjudicaciones con bajas temerarias ya empezaron a planear sobre él, pero no fue hasta la llegada del socialista Ángel Luna a la alcaldía de Alicante cuando empezó a realizar trabajos de forma habitual para el Ayuntamiento. Luna acabó trabajando para Ortiz. Pero rompió con el constructor tras denunciar la financiación irregular del PPCV.

Pese a sus trabajos con los gobiernos socialistas, fue con el PP cuando se convirtió en el señor del ladrillo en Alicante. Como la mayoría de constructores de la época, adquirió uno de los dos equipos de fútbol de su ciudad: el Hércules CF. Lo hizo por recomendación del entonces alcalde Luis Díaz Alperi (PP) y el presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana. La compra le abrió las puertas de muchos negocios. Entre ellos, la remodelación del estadio del equipo, el Rico Pérez, bajo sospecha por un presunto pacto entre la exalcaldesa Sonia Castedo y el promotor.

La primera incursión que realizó Ortiz en el campo de las adjudicaciones públicas de gran volumen fue en 2001, al conseguir en unión con FCC y Cespa (filial de Ferrovial) la concesión de la recogida de la basura. En 2015 gestionaba tres de las cuatro principales contratas de Alicante: la recogida de la basura -calificada como la supercontrata del siglo-, la del mantenimiento del cementerio y la de la limpieza de colegios y dependencias municipales. Los empresarios de Alicante no se presentaban a los concursos por sus anomalías. Y cuando dimitió Castedo uno cada cinco euros del Ayuntamiento iban a parar al bolsillo de empresas vinculadas con Ortiz.

Pero el constructor fetiche del PP, no solo trabajó en Alicante. Aventuras en empresas mixtas promocionadas por exconseller encarcelado por robar el dinero de cooperación, Rafael Blasco; participar en el plan parcial de La Condomina en Murcia y en la llegada de Ikea a la capital; construir carreteras en Valencia adjudicadas por uno de los presuntos cabecillas del saqueo de Emarsa; negocios casi en régimen de monopolio con el sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, Vicente Cotino, en las residencias de personas mayores; o prestar servicios de forma habitual en el Ayuntamiento de Pozuelo (Madrid) en tiempos de Jesús Sepúlveda, marido de la exministra Ana Mato e implicado en 'Gürtel', fueron otros de sus negocios fuera de tierras alicantinas.

A base de favores y regalos

Propietario del 70% del suelo de Alicante, la construcción fue la pata sobre la que edificó el imperio del Grupo Cívica, que multiplicó por cinco los activos en una década, superando en 2010 los 1.000 millones de euros. Y lo hizo gracias a sus amistades políticas forjardas a base de regalos. Según el sumario del caso 'Brugal', Castedo recibió varios viajes de Ortiz -algunos con el yate particular del empresario-, cazadoras de Carolina Herrera y un Mini Cooper, que cedió a su niñera; a Alperi le regaló varias viviendas para sus hijos, un viaje en el jet privado y botellas de Dom Perignon; y a Ripoll, por la adjudicación de la gestión del vertedero más al sur de Alicante, le invitó a viajes de lujo.

Otros ediles 'populares' también recibieron regalos. Y no solo del PP. Según los informes policiales de 'Brugal', Blas Bernal, exconcejal del PSOE, recibió un velero del constructor, las empresas del promotor ejercieron de agencia de colocación de familiares de ediles -por ejemplo, el marido de Castedo- y cargos públicos de todo signo se beneficiaron de tarjetas para estacionar gratis en los aparcamientos que gestionaba el constructor.

La operativa de los regalos la repitió con la cúpula de las extintas Bancaja y Banco de Valencia. Les invitó a recorrer la costa de Alicante con su barco. Viajes que, según los audios de la policia, pudieron albergar juergas sexuales. Meses antes el constructor había ganado 86 millones de euros con ventas de activos de dichas entidades. Implicado en un presunto fraude fiscal relacionado con una operación inmobiliaria en la playa de San Juan de Alicante, también hizo negocios con la antigua Caja Mediterráneo (CAM).

Por estas prebendas a los políticos alicantinos, Ortiz está imputado por fraude, cohecho y tráfico de influencias, acusado de favorecerse de los amaños del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante. Operaciones urbanísticas que, según un informe de Bankia, le generaron 320 millones de euros durante el mandato de Castedo. El mayor 'pelotazo' del empresario -cifrado en 97 millones de euros- lo iba a realizar con la llegada de Ikea a Alicante. “Te gustó tener un amigo mafioso, ¿eh?”, es una de las frases que le dice al responsable de Ikea, según las grabaciones de la policía.

Ortiz también cosechó sus buenas relaciones con el PPCV. De ahí, su procesamiento en Gürtel junto a nueve empresarios más por financiar supuestamente de forma ilegal al PP del expresidente Francisco Camps. El constructor está acusado de donar supuestamente 300.000 euros a la mercantil que organizaba los actos de los 'populares', Orange Market, la franquicia de la Gürtel en tierras valencianas. Participó, además, en la agrupación de interés económico que tuvo un pequeño porcentaje de uno de los grandes proyectos del PP: Terra Mítica.

Caída al ostracismo

Su suerte se ha truncado en el último año. La dimisión de Castedo le despojó del contrato de la limpieza municipal y la llegada de la izquierda a Alicante le ha quitado sus privilegios. Paralizada el ATE de Ikea por el Consell bipartito de PSPV-PSOE y Compromís -que le obligaría si no sale adelante a devolver los más de 90 millones ingresados- y con muchas causas judiciales pendientes, Ortiz ha querido confesar. Síntoma de la caída del empresario que se manejó con hilo directo por los despachos de Alicante, Valencia y Madrid.

El empresariado alicantino organizado en torno a COEPA estima que la confesión de Enrique Ortiz sobre la financiación ilegal del Partido Popular en el País Valenciano saca a la luz un “sistema del pasado nada claro” y defiende organizaciones empresariales “libres” para no estar “sometidas”.

El presidente de la confederación, Francisco Gómez, durante la presentación este viernes del plan de viabilidad para la organización empresarial –ahora en concurso de acreedores--, ha subrayado que “ser empresario es tener una ética propia clara” y ha opinado que “las amistades con políticos hacen que alguien pueda hacer cosas que no debe”.

Por ello, desde COEPA “se lucha por una ética” y ha apostado que “como empresarios” no deberían “entender de política ni estar ligados a políticos”.

En ese sentido, ha puntualizado que el plan de viabilidad para sacar a COEPA de concurso busca convertir la organización en un ente “independiente y fuerte económicamente” de forma que sean “libres” y no se vean “sometidos a tensiones de este tipo”.

“No comulgo en absoluto personalmente con eso y creo que desde COEPA tenemos claro que debemos trabajar en la línea de la ética profesional y en esa separación del poder político que, a veces, nos crea más problemas que otra cosa”, ha zanjado.