Han sido años de proceso, pero España se ha unido finalmente este martes a la (creciente, son cerca de 40 ya) lista de países europeos y del mundo que cuenta con un programa de cannabis medicinal en su sistema sanitario. El Consejo de Ministros aprobó este martes regular ciertos usos médicos para el cannabis en lo que será un programa limitado en su origen y los usos previstos, que se contempla como último recurso para los pacientes y apenas introduce el consumo de aceites de cannabis como novedad, sin cogollos ni autocultivo. Al menos, valoran las asociaciones de pacientes, es más de lo que había hasta el lunes.

El Real Decreto por el que se establecen las condiciones para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis aprobado este martes no establece un listado cerrado de indicaciones –enfermedades o dolencias concretas–, sino que determina que los usos clínicos autorizados, junto con las condiciones específicas de elaboración, dosificación y prescripción, se fijarán en las monografías que publique en un plazo de tres meses la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Qué incluye el programa y qué no

El uso de cannabis medicinal se plantea como el último recurso para los pacientes, una vez todos los demás tratamientos se han demostrado inútiles.

La principal novedad que plantea el Real Decreto es que se permitirá el uso de “fórmulas magistrales tipificadas elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis para su uso medicinal”. Dicho de otra manera, se permitirá el uso de aceites, pero no de la flor de la planta (los cogollos). Por extensión, queda fuera el autocultivo.

Sanidad ha informado de que la monografía que incluirá los usos clínicos y las condiciones específicas de elaboración de los preparados estandarizados se publicarán “en las próximas semanas”. Una vez realizada esta monografía, “las compañías interesadas en elaborarlos deberán presentar una solicitud”, que el ministerio evaluará.

Todo el programa está pensado para que se gestione desde los hospitales o centros de especializaciones y deja fuera la atención primaria, siempre más próxima al ciudadano. “Las fórmulas deberán ser prescritas exclusivamente por médicos especialistas en el ámbito hospitalario, cuando existan razones clínicas documentadas para su uso”, explica Sanidad, y “su elaboración se realizará únicamente en servicios de farmacia hospitalaria autorizados”.

Puesto en negativo, los centros de salud y las farmacias de barrio quedan fuera –aunque la disposición adicional segunda abre la puerta a que estas “podrán ser objeto de regulación específica”–, dos aspectos que pueden disuadir a potenciales pacientes, advierten las asociaciones.

En cuanto a sus usos, el texto explica que “la evidencia científica ha mostrado un grado de beneficio variable del cannabis y de sus extractos en algunas indicaciones terapéuticas” y señala que las que mayor evidencia tienen son: espasticidad por esclerosis múltiple, formas graves de epilepsia refractaria, náuseas y vómitos por quimioterapia y dolor crónico refractario. Por ahí irán los posibles usos, siempre que los tratamientos estándar, y los medicamentos industriales con cannabis, que existen, fracasen previamente.

Las valoraciones

Para las asociaciones de pacientes y otras partes interesadas la aprobación del programa es agridulce. “Hoy es un día de celebración, porque después de este proceso tan cruel y tan opaco por fin el programa va a ver la luz, aunque el Real Decreto podría ser más generoso”, valora Carola Pérez, responsable del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) y la asociación Dos Emociones, donde asesora a personas que, como ella misma, recurren al cannabis como último (o mejor) recurso para dolencias varias.

La sociedad civil que defiende una regulación integral y se articula en torno a asociaciones como el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis (OECCC) también valora la aprobación como “un primer paso”, aunque “ha sido poco ambicioso y excesivamente conservador”, en palabras de Hugo Madera, portavoz de la organización, quien se muestra crítico con la exclusión de los cogollos del proyecto. “Los pacientes españoles van a tener menos derechos con esta ley de los que tenían los pacientes alemanes antes de la regulación lúdica de Alemania”, uno de los últimos países en aprobar el uso integral del cannabis en el que sin regulación lúdica “cualquier paciente podía ir a una farmacia y adquirir cogollos para la vaporización”.

“Esta regulación va a permitir que cuando los tratamientos tradicionales no funcionen tengamos una alternativa terapéutica con toda la evidencia científica, con toda la seguridad”, valoró la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La responsable de Sanidad asumió que esta era una demanda “largamente esperada por el Congreso de los Diputados [que la impulsó hace cuatro años], por los profesionales y por los pacientes” y explicó que el texto está abierto a ser modificado en un futuro según avance el conocimiento científico.

“Las sociedades científicas no están formadas”

Pérez apunta que le preocupa de cara a la implementación del programa que “las sociedades científicas no están formadas, no están preparadas” para incluir el cannabis en su práctica. “Incluso en una reunión que mantuvieron en el ministerio había médicos confundiendo CBD con THC” [dos principios activos, el primero no tiene efectos psicoactivos, pero el segundo sí y que tenga una presencia mayor del 0,2% cambia el estatus legal del preparado].

Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los principales investigadores en cannabis del mundo, realiza una valoración “positiva” por el mero hecho de que se haya aprobado finalmente el programa, y recuerda que está destinado a “pacientes con enfermedades crónicas, altamente debilitantes, que están necesita nuevas terapias” que podrían ver mejorada su vida y “quitarse el estigma y la inseguridad jurídica y sanitaria en la que están en este momento”.

Madera lamenta la oportunidad perdida para regular el uso de las flores y el autocultivo. “Nosotros entendemos que era legal porque no está prohibido, y todo lo no prohibido es legal, otra cosa es que no esté regulado”, empieza. Pero valora que “entendemos que el cannabis ya ha sido declarado oficialmente como medicinal, con lo cual entendemos que sólo tomarán en cuenta los jueces cuando juzguen a enfermos que estaban autocultivando para ellos mismos”.

En unas semanas, previsiblemente, el Gobierno aprobará el Real Decreto (RD) que regula la creación de un programa de cannabis medicinal en España. Será final, por ahora, de un proceso que se cuenta en años desde que lo empezó a abordar la Cámara Baja y en lustros desde que los primeros países europeos regularizaron el uso terapéutico de la marihuana y los pacientes confiaron en que España seguiría ese camino sin tardar.

Bruselas primero y el Consejo de Estado después han emitido sus preceptivos informes sobre el texto y la propuesta del Ministerio de Sanidad afrontará el próximo reto: su implementación real en un sistema en el que los médicos que deberán recomendarlo no han sido formados en los posibles usos, más allá del interés que cada uno haya podido poner.

Cuando el Consejo de Ministros apruebe el RD por el que se establecen las condiciones para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis, nombre técnico de la ley, España se unirá con varios años de retraso al cada vez más amplio grupo de países, tanto en Europa como el mundo, desde Marruecos hasta Tailandia, que han aprobado un programa medicinal de cannabis en los últimos años. Seguirá, sin embargo, por detrás de los más adelantados en la materia, que ya han regulado también el uso recreativo, como Uruguay, varios estados de EEUU o Alemania, de los últimos países europeos en legalizar el consumo lúdico para mayores de 18 años.

Sin uso de la planta

Pero será, denuncian los pacientes, un programa disminuido. El Real Decreto redactado por el Ministerio de Sanidad excluye el uso de la flor de cannabis (los cogollos de marihuana), por extensión del autocultivo, y limita los usos a los preparados magistrales (aceites de cannabis) y dos medicamentos ya existentes hace años. De hecho, el Real Decreto del Ministerio no aparece la palabra “programa” ni ningún término similar en el texto.

En el texto se especifican las patologías que podrán beneficiarse de estos preparados a base de aceites, única forma de consumo de cannabis terapéutico contemplada por el momento. Las patologías incluidas en el texto son “aquellas para las que existe evidencia científica de beneficio terapéutico del cannabis y sus extractos”, según Sanidad.

En concreto, se permitirá su uso para espasticidad por esclerosis múltiple: rigidez y espasmos musculares asociados a la esclerosis múltiple; para formas graves de epilepsia refractaria (ciertos tipos de epilepsia que no responden a los tratamientos convencionales); contra las náuseas y vómitos por quimioterapia; y contra el dolor crónico refractario (dolor persistente que no se alivia con los tratamientos habituales).

Algunos investigadores del cannabis creen que los usos aprobados por el Gobierno se quedan cortos. La planta es, según algunos investigadores, el más potente antiinflamatorio que existe. Tiene efectos antidepresivos, analgésicos, ansiolíticos, antivomitivos y ayuda a proteger el sistema nervioso. En España lo utilizan enfermos de cáncer, esclerosis múltiple, alzhéimer, párkinson o fibromialgia, entre otros.

Además, solo se podrá utilizar “cuando no existan medicamentos autorizados o estos no se ajusten a las necesidades del paciente”. Será el último recurso, por tanto, y los médicos tendrán que justificar explícitamente su uso. “Deberá documentarse en la historia clínica la justificación del tratamiento con fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis, en relación con otros tratamientos que haya recibido el paciente. Deberá igualmente informarse al paciente sobre la evidencia clínica disponible, los beneficios esperables y los posibles riesgos”, según el RD.

El sistema diseñado por Sanidad presenta al menos otros dos problemas, a decir de las asociaciones de pacientes y posibles usuarios: solo se permitirá que lo receten médicos especialistas, no los de atención primaria, y que lo dispensen solo las farmacias hospitalarias, no las de barrio (comunitarias). Estas dos medidas alejan a potenciales usuarios del cannabis medicinal, según las organizaciones civiles como el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), que las ven como trabas en el acceso.

Años de lucha

La aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros será el penúltimo paso –deberá validarlo el Congreso también– de un camino que se empezó a transitar hace años. Aunque se venía hablando desde tiempo atrás, en 2021 se creó una subcomisión en el Congreso que estudió el asunto y, en 2022 –con el apoyo de todos los partidos, excepto PP y Vox, que votaron en contra, y ERC y Bildu, que se abstuvieron–, enconmendó al Gobierno que elaborara una propuesta de regulación. “Es inexorable”, dijo entonces el portavoz del PSOE en la materia, Daniel Viondi. El Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por los socialistas (primero con Salvador Illa, después Carolina Darias), realizó efectivamente su propuesta de regulación, pero a la vez retuvo el texto.

En esas cayó el Gobierno, y con él la propuesta. Pero Pedro Sánchez repitió presidencia y esta vez le dio Sanidad a Mónica García y Consumo (que sería partícipe en una eventual y por ahora imposible regulación integral) a Pablo Bustunduy, ambos de Más Madrid. Los usuarios de cannabis celebraron: el partido, a través de la plataforma Sumar, llevaba la legalización completa en su programa electoral.

Pero el departamento de García retomó el programa medicinal conservador que heredó del PSOE, para decepción de los colectivos, y de la regulación integral ni se habla. Aún así, creen que aprobar algo es un primer paso. Meter el pie por la puerta para que no se cierre y algún día, quizá, echarla abajo.

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* Fe de erratas: el artículo ha sido editado para corregir un error. El Real Decreto sobre cannabis medicinal no debe ser validado por el Congreso, como decía la redacción original de la noticia. Quedará definitivamente aprobado cuando lo valide el Consejo de Ministros.

Tras años y años de espera, España puede tener un programa de cannabis medicinal antes de verano. El Ministerio de Sanidad sigue dando pasos hacia la regulación de la marihuana como tratamiento de último recurso para algunas patologías –es el principal uso que se contempla ahora mismo– y ha enviado su borrador de Real Decreto a Bruselas, tal y como exige la normativa comunitaria. La Comisión tiene entonces tres meses para contestar. En cuanto llegue la respuesta, que Sanidad prevé positiva, el Consejo de Estado emitirá su preceptivo pero no vinculante en el plazo de dos meses y el Gobierno podrá enviar el texto al Consejo de Ministros a voluntad.

Son un máximo de cinco meses de trámite en total, y el contador ya ha empezado a andar. De esta manera, si el Ejecutivo quiere y se cumple su previsión de que Bruselas no pida cambios en el texto –la propuesta española es más conservadora que la que ya tienen otros países–, la ministra de Sanidad, Mónica García, podrá ver el programa de cannabis medicinal aprobado a partir de junio. Desde que el texto esté listo será una cuestión de oportunidad política y de que el Gobierno encuentre el momento que considere propicio para aprobarlo.

España se unirá entonces a la pléyade de países europeos y de ultramar que ya permiten el uso terapéutico del cannabis, una reivindicación de años de los colectivos civiles de usuarios de marihuana con fines medicinales. Pero será un programa disminuido, aseguran los pacientes: el Real Decreto redactado por el Ministerio de Sanidad excluye el uso de la flor de cannabis (los cogollos de marihuana), por extensión del autocultivo, y limita los usos a los preparados magistrales (aceites de cannabis) y dos medicamentos ya existentes hace años. De hecho, el ministerio solo habla de un “Real Decreto que regula la dispensación de fórmulas magistrales de estandarizados de cannabis con fines terapéuticos”, no llega a hablar de programa ni ningún término parecido.

Un proyecto conservador

Tampoco, explican desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), será especialmente innovador en cuanto a sus usos. Sanidad contempla un rol limitado para los preparados que contempla su normativa. Será el último recurso, una vez se hayan demostrado inútiles los métodos convencionales y los medicamentos basados en cannabis ya presentes en el mercado, para aquellas patologías “para las que existe evidencia científica de beneficio terapéutico del cannabis y sus extractos”, según el Real Decreto.

Algo más aterrizado: se permitirá su uso para espasticidad por esclerosis múltiple; rigidez y espasmos musculares asociados a la esclerosis múltiple; para formas graves de epilepsia refractaria (ciertos tipos de epilepsia que no responden a los tratamientos convencionales); contra las náuseas y vómitos por quimioterapia; y contra el dolor crónico refractario (dolor persistente que no se alivia con los tratamientos habituales). La lista, añade el ministerio, “podría ampliarse o modificarse, con la necesaria agilidad en función de la evidencia científica”.

Además, explica el ministerio, se creará un registro de los preparados estandarizados. Pero –y este es un matiz en el que los pacientes ponen mucho énfasis– las “fórmulas magistrales tipificadas se usarán cuando no existan medicamentos autorizados o estos no se ajusten a las necesidades del paciente”. O sea, será el último recurso y no siempre estará disponible. El médico tendrá que justificar explícitamente su uso.

Pacientes y algunos investigadores del cannabis creen que los usos aprobados por el Gobierno se quedan cortos. El cannabis es, según algunos investigadores, el más potente antiinflamatorio que existe. Tiene efectos antidepresivos, analgésicos, ansiolíticos, antivomitivos y ayuda a proteger el sistema nervioso. En España lo utilizan enfermos de cáncer, esclerosis múltiple, alzhéimer, párkinson o fibromialgia, entre otros.

Otros dos aspectos que no gustan a los ya usuarios de la propuesta de Sanidad es que solo se permitirá que lo receten médicos especialistas, no los de atención primaria, y que lo dispensen las farmacias hospitalarias, no las de barrio (comunitarias). Estas dos medidas alejan a potenciales usuarios del cannabis medicinal, según las organizaciones civiles, que las ven como trabas en el acceso.

Años de lucha

Cuando se apruebe –la composición del Congreso sugiere que saldrá adelante– el Gobierno cerrará un ciclo que empezó formalmente hace cuatro años. Pero mucho antes de eso varios partidos (Podemos, Ciudadanos, ERC) habían presentado iniciativas particulares ante el Pleno –más o menos ambiciosas, incluida alguna de regulación integral, también lúdica–, pero fueron sistemáticamente descartadas con el rechazo del PSOE.

Los socialistas siempre ha sido la piedra angular para la legalización del cannabis medicinal (también el obstáculo para que no se haya hecho hasta ahora). La derecha nacional (PP y Vox) se oponían y oponen; los partidos nacionalistas la aprueban, excepto Junts, que se suele mover en el entorno de la abstención; quedaba el PSOE como partido bisagra. Mientras se negó a tratar el asunto –durante muchos años y aludiendo a que la OMS no le encontraba propiedades medicinales, postura que el partido mantuvo incluso después de que la organización cambiara su postura sobre sus posibilidades terapéuticas– no hubo caso para los pacientes. Hasta que finalmente cedió y el 13 de mayo de 2021 se atuvo a explorar el terreno.

Ese día el Congreso aprobó la propuesta del PNV de crear una subcomisión parlamentaria para estudiar los programas terapéuticos de otros países antes de proponer uno en España. La presión en la calle venía de atrás, pero no conseguía calar en la clase política. En prácticamente todas las legislaturas de la pasada década los movimientos civiles decían “tiene que ser esta”, pero luego solo veían cómo otros países iban creando sus programas mientras en España no se movía nada.

Hoy, con el texto en Bruselas, los pacientes empiezan a ver de verdad una luz al final del túnel. Aunque el programa no les convence por conservador en el uso y limitado en el acceso, supondrá meter el pie bajo el dintel e impedir que la puerta se cierre, que ha sido su realidad durante años.

Un paso más cerca del uso terapéutico (muy moderado) del cannabis. El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública el texto íntegro del Real Decreto por el que el departamento que dirige Mónica García pretende crear por fin un programa de cannabis medicinal. Siguiendo los postulados que adelantó en el proyecto de Real Decreto publicado hace casi ocho meses, la propuesta del Ministerio limita los usos de la planta a las “fórmulas magistrales” (aceites a partir de principios activos del cannabis) y deja fuera las flores de la marihuana (los cogollos), una decisión que no ha sentado bien a las principales asociaciones de pacientes.

De hecho, el ministerio solo habla de un “real decreto que regula la dispensación de formulas magistrales de estandarizados de cannabis con fines terapéuticos”; no utiliza el término programa ni alguno similar. En el texto se especifican las patologías que podrán beneficiarse de los preparados a base de aceites, única forma de consumo de cannabis terapéutico contemplada por el momento. Las patologías incluidas en el texto son “aquellas para las que existe evidencia científica de beneficio terapéutico del cannabis y sus extractos”, según Sanidad.

En concreto, se permitirá su uso para espasticidad por esclerosis múltiple: rigidez y espasmos musculares asociados a la esclerosis múltiple; para formas graves de epilepsia refractaria (ciertos tipos de epilepsia que no responden a los tratamientos convencionales); contra las náuseas y vómitos por quimioterapia; y contra el dolor crónico refractario (dolor persistente que no se alivia con los tratamientos habituales).

La lista, añade el ministerio, “podría ampliarse o modificarse, con la necesaria agilidad en función de la evidencia científica”. Además, explica el ministerio, se creará un registro de los preparados estandarizados. Pero –y este es un “pero” en el que los pacientes ponen mucho énfasis– las “fórmulas magistrales tipificadas se usarán cuando no existan medicamentos autorizados o estos no se ajusten a las necesidades del paciente”.

En España ya existen al menos un par de medicamentos basados en cannabis aprobados y de venta al público (el más famoso es Sativex). Los médicos solo podrán recetar preparados magistrales cuando el Sativex no funcione o no aplique, y habrán de justificar su decisión. “Deberá documentarse en la historia clínica la justificación del tratamiento con fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis, en relación con otros tratamientos que haya recibido el paciente. Deberá igualmente informarse al paciente sobre la evidencia clínica disponible, los beneficios esperables y los posibles riesgos”, según el RD.

El RD también confirma otras cuestiones relevantes que ya figuraban en el primer borrador, como que el cannabis solo podrá ser recetado por médicos especialistas y no de atención primaria y que solo se dispensará en farmacias hospitalarias, no en las comunitarias, ambas cuestiones un error para las asociaciones de pacientes porque suponen, afirman, limitar el acceso.

Avance, pero lento

Con la publicación del Real Decreto, el Ministerio sigue quemando etapas hacia una regulación del cannabis medicinal, un proceso que empezó en 2021 con una subcomisión en el Congreso de los Diputados. Pero la regulación avanza a un ritmo más lento de lo que los pacientes querrían y también con menor ambición de la deseada por las asociaciones, que señalan cómo otro países europeos están legalizando ya el uso lúdico de la planta mientras aquí el uso de las flores (los cogollos) ni siquiera pasa el corte de un programa médico.

También hay protestas con las escasas indicaciones de uso aceptadas por Sanidad. “Nos congratulamos por este primer paso, pero esperamos que las indicaciones y las vías de administración se puedan abrir pronto”, valora Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal (OECM), una de las asociaciones de pacientes que más lobby ha hecho por una regulación. “Duele ver que enfermedades neurodegenerativas como la ELA o los cuidados paliativos se quedan fuera. Es gente que no tiene ninguna opción más y hay que darle toda la calidad de vida posible”, añade.

Tampoco están de acuerdo desde el OECM con que solo los especialistas puedan recetar y las farmacias hospitalarias dispensar. “Esperamos que tanto las listas de espera de especialistas como la farmacia hospitalaria cuenten con la formación adecuada y tengan la capacidad suficiente para dar abasto con este asunto”, espera Pérez. De lo contrario, estos límites al acceso puede empujar a los posibles usuarios a seguir en el mercado negro como hasta ahora, advierte.

Suena Ska-P en la Puerta de Brandemburgo de Berlín y cientos de consumidores de cannabis celebran que Alemania ha legalizado el uso recreativo de la marihuana. Bajo ciertas circunstancias no exentas de contradicciones, cualquier adulto puede transportar, consumir e incluso plantar cannabis en casa en el país germano, locomotora europea.

Mientras varios de los países más avanzados del mundo (la propia Alemania, Canadá, EEUU, entre otros) debaten o aprueban el uso libre y adulto del cannabis, España se mueve una década por detrás: el Ministerio de Sanidad tramita estos días una ley de uso terapéutico muy limitada –dicen las diferentes organizaciones– que ni siquiera permite usar cogollos a los futuros pacientes y que restringe los posibles usos a medicamentos ya existentes en la mayoría de los casos y algunos aceites en contadas ocasiones.

“Alemania es un soplo de esperanza con una política de droga que pone en el centro a los usuarios y los descriminaliza”, conviene José Afuera, vocal de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (Confac), “pero en España el Gobierno está haciendo dejación de funciones”. Afuera explica que el movimiento asociativo se mueve ya entre la decepción y la resignación ante la situación en nuestro país, de donde salió el modelo de clubes sociales de consumidores, auspiciado por Confac y que ahora se exporta a todo el mundo.

Superada la demonización que sufrió la planta –iniciada por EEUU y auspiciada por la ONU–, cada vez más países tienen algún tipo de programa de cannabis, sea medicinal, sea recreativo, o los dos. Pero no España, donde el PSOE, partido fundamental en esta cuestión ante el rechazo sin matices de la derecha y el apoyo casi incondicional de la izquierda, se ha negado hasta hace pocos meses a considerar siquiera la posibilidad de una regulación, basándose en que la ONU la consideraba una droga al mismo nivel que la heroína.

“Parece que las reticencias para la regulación [en España] no están basadas en hechos científicos ni en las resoluciones de la ONU, porque Alemania lo ha hecho”, reflexiona Afuera. Hugo Madera, portavoz del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis (OECCC), lamenta que “España va con un retraso tremendo” y advierte sobre el modelo alemán del aviso a navegantes que supone en un análisis que también realiza Afuera: “Consagra que no va a haber una regulación comercial en un primer momento; la forma de empezar es regulando el autocultivo individual y colectivo. Las fórmulas comerciales tienen el problema de que, como son empresas y quieren ganar dinero, acaban introduciendo medidas para estimular el consumo”, advierte.

España es hoy un país en el que se celebra Spannabis en Cornellá de Llobregat, que se anuncia como la mayor feria de cannabis a nivel internacional y donde la industria hace negocio, mientras a pocos kilómetros el Ayuntamiento de Barcelona emprende una cruzada contra los pequeños clubes de consumidores y anuncia que quiere cerrarlos todos. Un país donde se plantan hectáreas y hectáreas de cannabis si eres una gran empresa con licencia expedida por el Ministerio de Sanidad para exportar a terceros países (por ejemplo Alcaliber, de Juan Abelló), pero en el que el cultivo casero solo está amparado por un vacío legal y porque el domicilio propio es poco menos que inviolable. Un país que recetó Fentanilo –una droga más peligrosa que el cannabis, según la ONU– a pacientes de dolor hasta hacerlos adictos, pero que no les deja hacerse un té de marihuana o fumarse un porro.

Los distintos grupos civiles muestran “decepción” con el Gobierno. España es un referente en muchos aspectos relacionados con el cannabis, cuentan muchos de ellos, pero solo de puertas afuera. Confac explica que el modelo de clubes sociales de consumidores (CSC) creado aquí se exporta al mundo. “Nosotros hemos asesorado a Uruguay, al estado de Nueva York, Malta, Suiza, estamos ahora con Australia, Sudáfrica... Pero el Gobierno español no nos escucha”, critica la organización, que lamenta su ausencia en el Congreso cuando se debatió el cannabis medicinal.

Carola Pérez, del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), más centrado en el uso terapéutico, recuerda siempre que algunos de los mejores investigadores del mundo de las propiedades del cannabis, como Manuel Guzmán o Cristina Sánchez, trabajan en universidades públicas del país.

Del programa a la nada

El reparto de carteras del Gobierno de coalición dio cierta esperanza a algunos sectores cannábicos. Con el PSOE algo más abierto a algún tipo de regulación –apoyó la aprobación del programa medicinal en el Congreso, aunque luego también la paralizó–, el desembarco de Mónica García en Sanidad y de Pablo Bustinduy en Consumo apuntaba avances en el sector. A fin de cuentas, el partido llevaba la regulación íntegra del cannabis en su programa electoral para las pasadas elecciones.

Pero el departamento de García retomó el programa medicinal conservador que heredó del PSOE y de la posibilidad de legalización ni se habla. La decepción entre los diferentes colectivos es grande. “Es una vergüenza” de propuesta, lamenta Pérez, del OECM, “y ni siquiera marca una hoja de ruta. Las hojas de ruta tienen plazos, hitos. Aquí no hay nada, hemos perdido dos años y medio”. Dos años y medio si se habla de esta iniciativa medicinal, casi siete si se toma como referencia la primera proposición de ley integral, registrada por Ciudadanos en 2017.

“El programa medicinal era necesario y está bien que se reconozca que el cannabis puede tener un uso medicinal, pero no es un gran avance. No hay ninguna diferencia entre lo que había antes (nada) y el reglamento que han hecho”, sostiene Afuera, de Confac. Madera, del OCCC, defiende que “lo que España pretende vender como un avance es un ensayo clínico en fase IV (la última), ni siquiera es un programa”.

Las asociaciones de pacientes y usuarios tenían dos reivindicaciones principales para el programa medicinal: que se pudieran usar cogollos (y autocultivados en casa) y que se dispensara en farmacias de barrio. Aunque el reglamento aún no ha sido aprobado, no parece que vayan a conseguir ninguna de las dos. Lo más cercano al cannabis que contempla el programa es el uso de aceites elaborados a partir de la planta para un supuesto (dolor crónico refractario) muy concreto y como última opción, cuando todo lo demás haya fallado. “La evolución del uso y la generación de información y evidencia puede llevar a revisar las indicaciones y las condiciones de uso, prescripción y dispensación”, explica el Ministerio de Sanidad.

Las organizaciones de consumidores, tanto de cannabis recreativo como medicinal, reprochan por último al Gobierno su falta de comunicación, cada uno desde su sitio. Confac critica que ni siquiera les hayan llamado para hablar de cannabis terapéutico, uso adulto o del modelo de clubes. El OEMC lamenta que el Ministerio de Sanidad vaya a aplicar el modelo terapéutico del PSOE sin negociar.

Alemania despenaliza el consumo personal de cannabis. Fumar cannabis ya es legal para los mayores de 18 años en Alemania, tras la entrada en vigor de nuevas leyes sobre tenencia personal. Desde el 1 de abril, los adultos en Alemania pueden llevar encima hasta 25 gramos de cannabis seco y cultivar hasta tres plantas de marihuana en casa.

Las nuevas leyes se aprobaron tras un acalorado debate sobre los defensores y los contrarios de facilitar el acceso a la droga.

El Gobierno afirma que la despenalización de la hierba golpeará al mercado oculto y reducirá la propagación de cannabis contaminado, protegiendo así a los jóvenes. Pero ha habido críticas sobre el posible impacto en los jóvenes.

“Desde nuestro punto de vista, la ley tal y como está redactada es un desastre”, declaró a la Agence France-Presse (AFP) Katja Seidel, terapeuta de un centro de drogodependencia de Berlín, el Tannenhof Berlin-Brandenburg.

“El acceso al producto será más fácil, su imagen cambiará y se normalizará, sobre todo entre los jóvenes”, dijo Seidel, añadiendo que esperaba ver un aumento del consumo de cannabis “al menos al principio”. El consumo de cannabis por menores de 18 años seguirá siendo ilegal.

La nueva legislación también incluye algunas salvaguardas para proteger a los jóvenes, como la prohibición de fumar cannabis a menos de 100 metros de una escuela, guardería, patio de recreo o centro deportivo.

El ministro de Sanidad alemán, Karl Lauterbach, ha prometido una gran campaña para educar a los jóvenes sobre los riesgos para la salud e impulsar programas de prevención.

Sin embargo, la campaña no ha convencido a los críticos. “No tiene eco entre ellos, nunca funcionará”, afirma Boris Knoblich, portavoz de la organización Tannenhof Berlín-Brandeburgo. “Lo que funciona es alguien que vaya y hable con ellos tomando un café, sin que haya allí un profesor”, añadió.

El centro federal de educación sanitaria, vinculado al Ministerio de Sanidad, declaró a la AFP que “asumirá su responsabilidad ampliando sus ofertas de prevención”.

Por su parte, el estado de Baviera, en el sur del país, está probando un curso de formación en línea para profesores sobre cómo abordar el tema en las aulas.

Según las estadísticas oficiales de 2021, el 8,8% de los adultos alemanes de entre 18 y 64 años declararon haber consumido cannabis al menos una vez en los 12 meses anteriores. Entre las personas de 12 a 17 años, esa cifra ascendía a casi el 10%.

El gobierno ha dicho que muchos consumidores recurren a la droga por razones medicinales y que la nueva ley también mejorará la calidad del cannabis consumido por un número creciente de jóvenes.

Observadores de todo el mundo seguirán de cerca el funcionamiento de la ley en Alemania.

Richard Nixon no había declarado todavía la guerra a las drogas cuando un grupo de científicos, con el aval de la Iglesia católica, efectuó el 20 de abril de 1962 un experimento en la Marsh Chapel de la Universidad de Boston. Fue una prueba, conocida después como 'El experimento de Viernes Santo', para comprobar hasta qué punto el uso de sustancias enteógenas [droga psicoactiva capaz de inducir una experiencia espiritual enfocada al desarrollo personal] podían producir un efecto similar al de una experiencia mística o religiosa. Con ese punto de partida, W. H. Pahnke, graduado en Teología por la Harvard Divinity School, reunió a 20 estudiantes de Teología en la capilla. El experimento fue asistido por Timothy Leary, Richard Alpert y el Harvard Psilocybin Project. Los resultados fueron sorprendentes, aunque no concluyentes. Lo que sí concluyó entonces fue cualquier nuevo intento de experimentación de este tipo con las autoridades académicas de Estados Unidos y la Iglesia de por medio.

Más de 62 años después de aquel suceso, el sociólogo Juan Carlos Usó (Castellón, 1959), discípulo de Antonio Escohotado y uno de los más relevantes historiadores del uso de las drogas enteógenas del país, ha entrevistado a una serie de expertos en los más diversos campos para reflexionar sobre el alcance de aquel experimento de Boston y sobre todo saber hasta qué punto el uso de sustancias como la psilocibina puede avivar la percepción del ser humano, mística o no. El libro -'El sol salió anoche y me cantó' (El Desvelo Ediciones, 2023)- ofrece un estudio preliminar sobre lo que ocurrió en las Marsh Chapel y el resultado de la encuesta realizada.

¿Qué alcance ha tenido el llamado 'Experimento de Viernes Santo'?

Fue un intento de estudiar y comprobar el potencial de las drogas psiquedélicas [sic] —en este caso, la psilocibina— como vehículos de trascendencia espiritual.

No deja de ser curioso que la propia Iglesia católica patrocinara experimentos de este tipo con drogas. ¿Por qué cambió de opinión?

Cuando se llevó a cabo el experimento, las drogas psiquedélicas (LSD, psilocibina, mescalina) todavía no estaban prohibidas ni perseguidas. Eran sustancias muy prometedoras, sobre todo en el ámbito de la Psiquiatría, y no pesaba sobre ellas ningún tipo de estigma. A mi juicio, el cambio de opinión obedeció a dos motivos: a su consumo masivo en la calle y su consiguiente prohibición; y al hecho de que, efectivamente, podían facilitar el mismo éxtasis experimentado por las personas místicas.

¿El uso de sustancias para la obtención de experiencias místicas o trascendentes es reciente o se remonta a los inicios de la humanidad?

Con toda seguridad es antiquísimo. No hay más que pensar en el papel desempeñado por los chamanes en muchos pueblos y culturas o en los misterios eleusinos, unos ritos de iniciación anuales celebrados en la Grecia clásica, relacionados con el culto a las diosas Deméter y Perséfone, en los que se empleaba un bebedizo llamado kykeón, uno de cuyos ingredientes esenciales era el cornezuelo de centeno, precursor de la LSD.

¿Qué valor tienen las sustancias psicodélicas como caminos de exploración?

A finales de los años 50, los psiquiatras consideraban que la LSD era una sustancia ideal para desentrañar el fenómeno del delirio, pero también que podía modificar la personalidad humana y, al mismo tiempo, servir para descifrar los arcanos del pensamiento. En realidad, este tipo de sustancias son magníficas herramientas para el autoconocimiento.

¿El uso de drogas facilita el control social por el poder o su liberación?

Habría que matizar el término “droga”. No es lo mismo la heroína que la psilocibina, ni la cocaína que la MDMA, más conocida como éxtasis. Las drogas heroicas —aquellas que curando pueden llegar a matar—, manipuladas por el Estado, pueden llegar a ser instrumentos esclavizadores y, por tanto, de control social. Las drogas que Antonio Escohotado definió como “de excursión psíquica” son sustancias, como decía antes, de autoconocimiento y, en este sentido, bien pueden contribuir a la liberación personal.

¿Su principal atractivo es que suponen un 'atajo' comparado con otras experiencias como la meditación?

¡Sin duda pueden ser definidas como un atajo espiritual! De hecho, el psiquiatra estadounidense Andrew B. Newberg, padre de la denominada ‘neuroteología’, ha realizado escáneres cerebrales y ha podido comprobar que el lóbulo frontal de las personas entregadas a una oración ferviente, a una intensa meditación y a los efectos de las drogas psiquedélicas ofrecen perfiles muy parecidos.

¿Existen estudios sobre su uso en España?

En España se hicieron experimentos con LSD supervisados por psiquiatras (Sarró Burbano, Miret Monzó, Ruiz Ogara, Martí Tusquets, González Monclús, Rojo Sierra, Rof Carballo, González Morado, Martí Granell, Seva Díaz, López Ibor, Gimeno Abellán, etcétera) en prácticamente todas las facultades de Medicina, al menos entre los años 1955 y 1957. Y fruto de dichos experimentos se publicaron numerosos artículos científicos. Un ensayo similar al 'Experimento de Viernes Santo' no me costa que se haya llevado a cabo. Si bien es verdad que actualmente hay numerosos grupos diseminados por todo el país tomando ayahuasca con fines espirituales.

En España se hicieron experimentos con LSD supervisados por psiquiatras en prácticamente todas las facultades de Medicina, al menos entre los años 1955 y 1957

Usted tiene escrito que las primeras décadas del siglo XX fueron determinantes en el cambio de concepto del uso de las drogas por los cambios legislativos y sociales que se produjeron. ¿Qué pasó y qué consecuencias tuvieron esos cambios?

En España, hasta el 1 de marzo de 1918, todas esas drogas que hoy consideramos peligrosas -opio, morfina, heroína, láudano, cocaína, hachís, etcétera- se vendían libremente en las farmacias. A partir de la fecha señalada, y con la intención de restringir su consumo, se exigió la receta médica. Ante la inutilidad de todas las medidas restrictivas, en agosto de 1932 se prohibió la heroína de manera condicional. Las consecuencias de esa carrera saltan a la vista.

El uso generalizado de la droga pasó del control del boticario y el Estado al de las mafias y el trapicheo. ¿Es así?

En efecto, las sustancias que antaño controlaban los médicos y dispensaban los farmacéuticos ahora las controlan policías y las dispensan criminales. ¡Dígame usted si hemos salido ganando o perdiendo con el cambio!

¿Qué volumen de ‘negocio’, legal o ilegal, se esconde detrás de las drogas?

Se dice que después del tráfico de armas es el que genera mayores beneficios a las partes implicadas.

¿Es partidario de la legalización de las drogas? ¿Por control sanitario, por otras causas?

Soy partidario de la despenalización —¡que no legalización!— de las drogas, básicamente por motivos humanitarios.

Soy partidario de la despenalización —¡que no legalización!— de las drogas, básicamente por motivos humanitarios

¿Qué diría a quien teme que la despenalización conduzca a un aumento del consumo?

Que esa ecuación no tiene por qué darse. De hecho, en los países donde se han llevado a cabo legalizaciones parciales no se ha producido ese fenómeno. En última instancia, lo verdaderamente peligroso no son las drogas, sino las condiciones de acceso generadas por el régimen de prohibición.

¿Se refiere a la progresiva incorporación de países a la legalización del consumo de marihuana?

¡Sí, ese sería un buen ejemplo!

El negocio del cannabis sigue aumentando en España, a pesar de la negativa del Gobierno a regular su uso recreativo y de los lentos avances para permitir el acceso a la sustancia para su uso medicinal, con un proyecto de Real Decreto en ciernes que establecerá las condiciones para su elaboración y dispensación a pacientes.

Un completo análisis del mercado nacional y europeo, elaborado por la consultora Cannamonitor, muestra cómo aumentan los consumidores y también los ingresos del mercado legal e ilegal, hasta el punto de que el comercio ilícito de marihuana en España se ha convertido en el más grande de la Unión Europea.

El informe cifra en 2.138 millones de euros las ventas de marihuana en el mercado negro de nuestro país en 2022, una cantidad que supone el 20% de todas las ventas ilegales de esta sustancia en la Unión Europea. La facturación de este sector ilícito aumenta aproximadamente un 7% cada año.

La consultora que ha elaborado el estudio achaca este factor a la “actual situación de impasse” entre la prohibición de la sustancia en España y la legalización en otros países, que empiezan a contemplar tanto una regulación medicinal como de uso recreativo. “Hay una economía de exportación al mercado ilícito europeo y una gran producción en España que debería hacernos plantear qué hacemos con el cannabis”, apunta el consultor y politólogo Arnau Valdovinos, autor del estudio.

Según las cifras de incautaciones, que se han doblado desde 2020, los principales polos de producción ilegal son las provincias del Mediterráneo andaluz seguidas de Alicante, Valencia, Barcelona y Girona. Estas dos últimas provincias, según el estudio, concentran la producción para una posterior distribución europea.

El auge del cannabis legal

El documento ha analizado cientos de empresas del sector del cannabis en España y cifra la facturación del sector legal en 501 millones de euros en 2022, con un crecimiento del 12% anual, de los cuales 132 millones se fueron a impuestos y cotizaciones. El documento calcula que a día de hoy el cannabis genera casi 7.000 empleos en nuestro país.

Buena parte de esta facturación (383 millones de euros) proviene de los grow shops, las tiendas que venden semillas de marihuana y productos para su consumo y cultivo. El mercado del cannabis medicinal, sin embargo, se identifica como uno de los que tiene mayor potencial: lo componen unas 60 empresas, creadas mayoritariamente durante los últimos cinco años y con inversiones por valor de 115 millones de euros.

“La creación de compañías de cannabis legal vivió un auge antes y durante la pandemia”, apunta el informe. En los últimos cinco años se han creado una treintena de sociedades de cannabis medicinal en nuestro país. La inversión extranjera ha aportado el 54% de la financiación de estas empresas en España.

Los ingresos de estas compañías de cannabis medicinal, provenientes de las exportaciones, apenas suman 28 millones de euros. La cifra, sin embargo, es el doble que en 2021 y el triple que en 2020. El estudio eleva a 335 millones los ingresos de estas compañías en 2030 en caso de que prospere la regulación del cannabis medicinal que prepara el Gobierno y el Ministerio de Sanidad, un cambio legislativo que apoya el 90% de la población.

El mercado del cáñamo y el CBD, componentes no psicoactivos del cannabis, también aumenta de manera exponencial y generó 81 millones de euros en 2022 a través de la venta de estos productos en farmacias, tiendas especializadas e internet. El crecimiento anual de este sector es superior al 35%, aunque el estudio considera que la cifra podría ser todavía mayor si no fuese por “la falta de armonización regulatoria” con los países de nuestro entorno respecto a estos productos.

Aumentan los usuarios diarios

No solo aumenta la facturación del mercado legal e ilegal de marihuana. También crecen los usuarios diarios de cannabis, que se han doblado durante los últimos 20 años hasta los 882.000 consumidores, si bien en esta cifra hay que tener en cuenta que la población ha aumentado en 8,5 millones de habitantes.

La franja de edad en la que aumenta más el consumo es la de los mayores de 35 años, mientras que los usuarios más jóvenes han mantenido niveles parecidos de consumo durante todo este periodo. “El perfil de consumidor habitual de cannabis en nuestro país ha envejecido”, apunta Valdovinos. “Hace 20 fumaba cannabis gente mayoritariamente joven y ahora está mucho más distribuido generacionalmente”.

Valdovinos considera que estas cifras demuestran que la mayor facilidad para adquirir la sustancia no se ha traducido en un aumento del consumo juvenil. Tampoco la edad media de inicio del consumo se ha alterado desde 1995.

El informe también señala que cada vez hay más consumidores que compran su marihuana en clubes de cannabis y apunta que hay entre 1.000 y 2.000 locales de este tipo en España. Las asociaciones de fumadores de marihuana tienen medio millón de socios repartidos por todo el país, el 40% de los cuales están en Barcelona.

Por último, el informe señala el aumento de la potencia de la marihuana, que se ha triplicado desde 2003. También ha crecido su precio, que se ha doblado durante los últimos 20 años.

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha su proyecto para aprobar un programa de cannabis medicinal. El departamento que dirige Mónica García ha puesto en consulta pública su Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales a base de preparados estandarizados de cannabis y está explicando sus planes a las sociedades civiles y científicas afectadas.

El texto, que en esta primera versión no entra en demasiados detalles, explica que la norma tiene cuatro objetivos: “Establecer el procedimiento de evaluación de la calidad de los preparados estandarizados de cannabis”; “establecer las indicaciones en las que pueden utilizarse estos medicamentos”; “establecer las condiciones de prescripción, elaboración y dispensación de fórmulas magistrales elaboradas con preparados estandarizados de cannabis”; y “limitar la elaboración de fórmulas magistrales conteniendo cannabis a aquellas que cuentan con monografía en Formulario Nacional”.

El programa que planea el ministerio deja fuera de la regulación los cogollos de marihuana y el autocultivo de la yerba, dos de las principales reivindicaciones de los pacientes, según han contado a este diario fuentes presentes en las reuniones con Sanidad y confirma el ministerio. Los programas de otros países sí incluyen el consumo de marihuana.

Los productos tendrán que ser autorizados por médicos especialistas del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los centros privados también estarían excluidos, según las mismas fuentes.

Por el momento la idea es autorizar aceites de cannabis con los que luego se harán fórmulas magistrales. “La posición de la AEMPS [Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios] es recomendar siempre los tratamientos que contienen cannabinoides y que están autorizados en España, o importar aquellos autorizados fuera”, explican fuentes del Ministerio.

Aunque algunos tipos de aceites ya se comercializan en España, no todos están permitidos (en función de sus componentes) y la novedad ahora será que si el médico así lo decide estarán financiados por la Seguridad Social.

En cuanto a las patologías a tratar, la norma contempla que se utilice para náuseas y vómitos causados por quimioterapia, crisis y dolores refractarios (cuando el paciente no responde a otros tratamientos), según el texto en consulta pública. ¿Se ampliará en algún momento a otras? “Es necesario valorar los datos disponibles y seleccionar aquellas en las que se considere que existe una relación beneficio riesgo favorable. Será necesario considerar asimismo la necesidad de valorar nueva evidencia disponible y actualizar la normativa de acuerdo a ella”, explica el documento.

Además, el ministerio pretende limitar la dispensación de estos preparados a las farmacias hospitalarias y no las comunitarias, lo que según los pacientes dificulta el acceso, aunque Sanidad ha contado a los grupos interesados que está en manos de las Comunidades Autónomas extender estos permisos a las farmacias ordinarias, según fuentes presentes en esas reuniones informativas. “Es necesario establecer las condiciones de prescripción y dispensación de estos preparados, que se ajusten a las indicaciones anteriormente mencionadas, en entornos que permitan una adecuada monitorización y seguimiento de los pacientes”, reza el texto.

El proyecto que presenta ahora Sanidad emana de una subcomisión del Congreso que en la pasada legislatura aprobó un documento con una serie de recomendaciones para un programa medicinal. Aquel texto fue apoyado por todos los grupos excepto el PP y Vox, que votaron en contra, y Bildu y Esquerra, que se abstuvieron.

Sanidad va a retomar la regulación del cannabis medicinal. Fuentes del ministerio que dirige Mónica García han confirmado a elDiario.es que pretenden reimpulsar a partir de mediados de enero la creación de un programa médico. El Congreso aprobó a finales de la pasada legislatura un documento que instaba al Gobierno a regular el uso medicinal del cannabis, pero el anterior equipo ministerial acabó dejando morir la iniciativa, que decayó del todo con el adelanto electoral.

Ahora, la ministra va a reabrir el melón. España es de los pocos grandes países europeos que no tiene un programa medicinal regulado, pese a que tiene un gran respaldo social (un 84% estaba a favor de este uso la última vez que preguntó el CIS) y una mayoría del Congreso similar a la que hay ahora ya avaló su creación hace un año en una subcomisión en la que solo PP y Vox votaron en contra. El actual reparto de escaños, calcula el Gobierno, es favorable a esta regulación.

Además, hay partidos que también van a agitar el árbol de la legalización integral. La pasada legislatura ya se registraron varias iniciativas parlamentarias (Ciudadanos, UP, Más País y ERC) que decayeron por motivos variados –el principal es que el PSOE no lo veía–, y podemos ha vuelto a la carga: el pasado 19 de diciembre Podemos presentó, de nuevo tras hacerlo la pasada legislatura, otra proposición de ley. En el Ejecutivo hay voces que creen que puede haber margen para dar algún paso más allá del medicinal, según ha podido saber elDiario.es.

Igual que los programas terapéuticos están muy extendidos, el uso recreativo del cannabis es una rareza en Europa en este momento. Malta acaba de ser la pionera, pero el gran salto lo dará Alemania, que ya ha anunciado una regulación que el país germano pretende que entre en vigor el 1 de marzo de 2024.

En España el cannabis está en un limbo legal. La posesión de pequeñas cantidades –no existe una cifra específica de gramos que separen el consumo personal del tráfico– no es un delito, pero tampoco es legal. El transporte en vía pública está prohibido, pero se puede tener alguna planta en casa... mientras no se vea desde la calle. El consumo en el hogar se permite de facto, fuera de él está multado.

En manos del PSOE

La regulación del cannabis, sea medicinal o integral, pasa por el PSOE. Con el rechazo casi garantizado de PP y Vox y el apoyo previsible del resto de la cámara (seguro en el caso del médico, el PNV y Junts podrían dudar con el recreativo) la posición que adopten los socialistas es lo que decanta la balanza. Históricamente el partido se ha alineado con la postura prohibicionista de la ONU y ha negado incluso las propiedades médicas de la planta, pero el cambio de posición del organismo internacional en los últimos años (la OMS ya admite que el cannabis tiene utilidad médica e insta a que se investigue más) ha arrastrado a los socialistas, que estuvieron a punto de aprobar el uso medicinal del cannabis en la pasada legislatura pero acabaron bloqueándolo.

El PSOE apoyó hace un año y medio una iniciativa del PNV para que una subcomisión del Congreso evaluara el tema y votó a favor del informe que emitió dicha subcomisión proponiendo la creación de un programa medicinal en España. Pero en el último momento el partido se echó atrás, pese a que legalizar el cannabis medicinal tiene el respaldo del 84% de la población, según el CIS. El Ministerio de Sanidad dejó pasar los seis meses que tenía para validar el texto y la iniciativa murió cuando se convocaron las elecciones.

Entonces votaron a favor de aquella regulación medicinal PSOE, UP, Cs, PNV y PDECAT, mientras Bildu y Esquerra se abstuvieron, más por el diseño de regulación específico que se proponía que por estar en contra de la medida (los republicanos catalanes presentaron una propuesta de legalización integral). En contra se quedó sola la derecha nacional de PP y Vox.

De aquella propuesta, que Sanidad va a retomar ahora, empezando por el encaje que tendría un programa medicinal en el andamiaje legal español, una de las principales batallas era dónde se podría dispensar y si entraban entre las opciones las flores del cannabis (los cogollos) y las fórmulas magistrales. En la primera cuestión, para el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), uno de los principales actores civiles en este tema, era fundamental que se hiciera en las farmacias comunitarias y no solo las hospitalarias como se proponía, bajo el argumento de que un programa que no facilita el acceso no es útil. De la segunda había una de cal y otra de arena para los pacientes: flores no, preparados y fórmulas magistrales sí. También quedaron fuera como dispensadores los actores privados del sistema sanitario (Quirón, HM, etc.) pese a que sí se les permite dispensar otras drogas, como la ketamina.

¿Y la integral?

Respecto a la regulación integral, por un lado, el CIS sostiene que hay más gente a favor de la legalización de todos los usos del cannabis que en contra (un 47% contra un 41%). Por otro, a nivel económico podría suponer una notable inyección de recursos. En España la referencia para el impacto que podría tener una legalización de la marihuana es un estudio realizado por David Pere Martínez Oro, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sostiene este informe, realizado en base al consumo actual, que el estado ingresaría 3.312 millones de euros anuales en concepto de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y que se crearían 101.569 empleos de calidad para producir los 772.313 kilos de marihuana necesarios para abastecer la demanda.

En el otro espectro, el cannabis no deja de ser una droga y, aunque legalizarla tiene más apoyo que rechazo, menos de la mitad de la población respalda la regulación integral. Nadie quiere dejar su nombre asociado a la regulación de otra droga y que se dispare su consumo.

Al mirar los números parlamentarios, si el Gobierno se planteara una regulación integral, algo que incluía Sumar en su programa electoral, –o apoyara una propuesta externa, como va a hacer Podemos– le bastaría con los votos de la investidura –de hecho sobraría algún voto– ya que más “síes” que “noes” serían suficientes para aprobar una ley no orgánica. Del grupo que apoyó la investidura (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC), los que han mostrado tradicionalmente más reticencias son, en principio, el PNV y Junts.

En España, en 2021 el 14,9% de la población adulta se declaraba consumidora habitual (lo había hecho en el último mes), tras alcanzar picos del 20,1% en 2008, según el Plan Nacional sobre Drogas. Es la droga no legal más consumida, pero lejos de otras sí reguladas como el tabaco (23,9%) o el alcohol (53,6%), según la misma fuente.

Desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), quizá el grupo que más ha presionado por una regulación medicinal y pese a que son favorables a una regulación integral, creen que ser demasiado ambiciosos puede ser perjudicial. “Tramitar las dos leyes a la vez, integral y medicinal, puede retrasar mucho la de los pacientes”, advierte Carola Pérez, su presidenta, “y llevamos ya muchas promesas incumplidas desde 2016”, cuando Ciudadanos presentó su iniciativa y se empezó a hablar en serio de la posibilidad de tener un programa medicinal. Los usuarios medicinales, cansados de tener que comportarse como delincuentes para conseguir el cannabis que alivia sus dolores, claman por un programa médico.

Canadá y Uruguay, experiencias previas

En los dos países que tienen una mayor experiencia con la legalización del cannabis, Uruguay primero y Canadá después, la legalización, polémica en su momento, se va asentando. El principal objetivo de ambos países cuando regularon el consumo fue tanto atacar al narcotráfico como proteger la salud de las personas, aunque cada Gobierno eligió un camino. El sudamericano optó por un modelo basado en el usuario consumidor, la protección de la salud y los derechos humanos. El modelo canadiense prima más el negocio. Autocultivo y clubes de consumidores en un lado, empresas y productos estandarizados en el otro.

Aunque el consumo ha crecido en ambos casos tras la legalización, no lo ha hecho más de lo que venía creciendo de manera natural en todo el planeta en los últimos años, explica Milton Romani, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. “No ha habido esas hordas de zombies deambulando por Montevideo buscando farmacias que asaltar, como se dijo”, ironiza Romani. “El impacto que sí ha tenido, diría que cultural y antropológico, es que cuando se abrieron las farmacias aparecieron las viejitas que lo habían probado porque les iba bien para dormir, el ingeniero electrónico que consumía... Desapareció el estigma del joven rasta fumeta y aparecieron todo tipo de usuarios”, cuenta.

En cifras, tanto en el país sudamericano como en Canadá el consumo ha mantenido la tendencia alcista que traía antes de la legalización. En Uruguay, el usuario habitual (que dice haberlo consumido en el último mes) ha pasado de un 1,4% en 2001 al 9,3% en 2014 (se aprobó en 2013), al 14,8% en 2018 y ronda el 18% hoy.

En Canadá, la otra gran referencia mundial, se triplicó entre 1985 (5,6%) y 2017 (14,9%), cuando se aprobó. Desde entonces ha subido otro 40% hasta el 21% de consumidores habituales que registra hoy el país.

Más allá del aumento del consumo –sobre la que los expertos debaten si se mantiene de manera natural, como pasaba antes de la legalización, o si esta la ha facilitado–, en Uruguay la población sí parece aceptar la regulación, tal y como apuntaba Romani. La encuesta CIFRA que realiza el país muestra que el balance a favor-en contra de la legalización ha pasado de un 26%-63% en 2013, cuando se aprobó la norma, a un 48%-45%. Se le ha dado la vuelta a la tortilla, y para Romani la mejor muestra de que el programa funciona es que el cambio de Gobierno en el país –cuando el impulsor de la legalización, José Mujica, dejó paso a la derecha al frente del Ejecutivo– no lo llevó por delante pese a que en su momento algunos portavoces dijeron que lo derogarían.

En Canadá, con el aumento del consumo ha crecido la recaudación. El país, con una población algo menor a la española (38 millones de habitantes, frente a 48 millones) y un mayor porcentaje de consumidores (un 21% frente al 15% español) ha pasado de facturar 28,7 millones de euros por venta de cannabis el primer mes que se legalizó, hace cinco años, a 305 millones de euros en julio de 2023. Con un número total de consumidores aproximado, según estas cifras (ocho millones de personas en cada país) esos 305 millones de euros, extrapolados a un año entero, son coherentes con la estimación realizada por David Pere Martínez Oro en su informe sobre el impacto económico del cannabis legal en España: 3.312 millones de euros.

Auto pionero en Canarias sobre el cultivo de marihuana para consumo propio. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha archivado la causa penal contra tres ciudadanos alemanes residentes en La Gomera que permanecían imputados desde que, en julio de 2022, la Guardia Civil localizara una plantación en un invernadero anexo a la vivienda de dos de ellos y se incautara de cerca de diez kilos de marihuana.

La jueza titular del Juzgado de Instrucción 1 de San Sebastián de La Gomera había cerrado la fase de investigación en febrero con el auto de apertura de procedimiento abreviado. La instructora sostenía que la cantidad requisada era suficiente para entender que la pretensión de los imputados era vender la droga y, por tanto, para enviarlos a juicio por un presunto delito contra la salud pública.

Los investigados recurrieron ese auto en apelación y la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife acaba de darles la razón. La cantidad intervenida es “el único dato incriminatorio” contra los investigados. No hay ningún otro indicio para presumir que la intención de estos ciudadanos fuera el tráfico de drogas, remarca la resolución judicial, que incide en que no se han valorado circunstancias esenciales, como la condición de consumidor habitual de cannabis de uno de ellos, asociada “al padecimiento de enfermedades y síntomas” que “paliaba con el consumo regular y diario de marihuana”.

Tres agentes de la Guardia Civil del puesto de Hermigua, en el norte de la isla, descubrieron la plantación a finales de julio de 2022. En el registro se incautaron cuatro sacos con cogollos secos de marihuana con un peso de 8,6 kilos y hasta 25 bolsas de plástico con “cogollos secos más hojas secas de sustancia vegetal verde” que sumaban cerca de 1,3 kilos netos. Entre todos los envases, el pesaje ascendía a los 9,9061 kilos.

“No se observa indicio alguno, ni siquiera indirecto, que permita relacionar o hacer presumir que cualquiera de los tres investigados, a los que trata de encausarse, hubieran vinculado esta actividad de cultivo indiciariamente desarrollada por dos de ellos con la eventual distribución de la droga o en condiciones que generara un riesgo efectivo para la salud pública por esta causa”, reza el auto.

El caso tiene varias aristas. Por un lado, la condición de consumidor habitual, con fines terapéuticos, del principal investigado. “Hemos aportado recetas e informes médicos que acreditan que llevaba tiempo tratándose con cannabis. Es un paciente registrado que en su país recibía este tipo de tratamiento. Prescribir cannabis y medicamentos relacionados con cannabis en Alemania es una realidad, aquí no”, ha explicado su abogado, Joan Bertomeu, que recuerda que este país permite desde 2017 el uso terapéutico del cannabis y que ahora se está planteando autorizar el recreativo.

Otro aspecto relevante es la cantidad aprehendida, cerca de diez kilos. El auto admite que es un dato incriminatorio “relevante”, pero no puede ser el único para procesar a los investigados, Máxime si como, en este caso, “no ha podido precisarse el nivel de riqueza en tetrahidrocannabinol (THC, el compuesto psicoactivo derivado de la planta), que generalmente varía en función de las partes de la planta que son objeto de análisis”.

Según la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con el magistrado José Félix Mota como presidente y ponente del auto, tampoco puede obviarse “que parte de las sustancias fueron retiradas en verde, antes del proceso de desecación que suele producir una sensible pérdida de peso”.

Algunos tribunales sitúan el límite del autoconsumo de marihuana en los cien gramos para cinco días. Sin embargo, estos baremos “no contienen una eficacia normativa ni resultan una referencia válida cuando se desarrolla una actividad de cultivo, en este caso de cannabis, además en un ámbito estrictamente doméstico, dentro de un circuito cerrado de personas”, matiza el auto dictado por el órgano provincial.

La resolución alude, además, al ciclo anual del cultivo, uno de los argumentos esgrimidos por la defensa para pedir el archivo de la causa. “El cultivo de estas plantas se desarrolla en un determinado ciclo temporal (un año), que puede dar lugar al acopio de partes de la planta (hojas, cogollo) de cantidades que, indudablemente, en otro contexto, permitirían inferir un destino al tráfico (de drogas)”, señala la Audiencia, que precisa que en el caso de La Gomera hay datos que permiten acreditar que el destino de esa plantación era el autoconsumo con fines terapéuticos, tanto por las “coherentes explicaciones” del principal investigado como por “la ausencia de indicios indicativos” de que la pretensión de los imputados fuera vender la droga.

“Un auto paradigmático”

Para el abogado Joan Bertomeu, que trabaja en el despacho Brotsanbert, especializado en asuntos vinculados con el consumo de cannabis, se trata de “un auto pionero, paradigmático, muy bien explicado y fundamentado”. El letrado destaca que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife “pone límites al ejercicio acusatorio en casos de salud pública” y que, en una fase intermedia como la que se encontraba esta causa (la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, antesala del juicio oral), “no es habitual” que un órgano provincial se pronuncie “con tanta contundencia y rigor” sobre la necesidad de disponer de una “mayor consistencia de indicios” que el cultivo, por más que la cantidad aprehendida por la Guardia Civil resulte elevada.

También subraya la referencia al informe de la Dependencia de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno de España en Canarias. “La Audiencia Provincial dice que el análisis no es concluyente a efectos de determinar qué partes de la planta se han incluido y cuáles se han desechado. Y tampoco se ha determinado la capacidad de afectación, el THC, el nivel de droga que lleva, por así decirlo”, resume Bertomeu.

Según explica, el cultivo de marihuana se proyectó para el consumo de dos personas, una de ellas con carácter habitual y fines terapéuticos. La tercera es una conocida del dueño de esta plantación, que fue detenida cuando acudía a la finca para cuidar las plantas. De acuerdo con Bertomeu, resulta relevante que el auto haga referencia tanto al “círculo cerrado de personas” como al “ciclo temporal” del cultivo, que para exteriores se cifra en un año y para interiores en tres meses. “El acopio debe establecerse para ese tiempo. Por eso se dan por buenas esas cifras que encajan en el autoconsumo”, sostiene.

El abogado cree que no hay ningún otro caso en la historia de España en que se haya decretado un sobreseimiento en esta fase procesal con esas cantidades incautadas.

Son las 10 de la mañana y un grupo de 25 personas, algunos de ellos trajeados, entran a un club de cannabis del barrio barcelonés del Poblenou. Sobre una gran mesa hay pastas, pan con tomate, embutido y cogollos de marihuana de distintas variedades. 

En el grupo hay diputados de países europeos. También jefes de gabinete de gobernadores estatales en EEUU. Otros dirigen entidades públicas que conceden licencias para vender cannabis en grandes urbes o asesoran a gobiernos en el proceso de legalización de esta planta que se está llevando a cabo en medio mundo.

“Queríamos un lugar en el que hasta mi abuela se sintiera cómoda”, les explica el impulsor del club de cannabis en el que se han reunido. La delegación internacional observa atenta el lugar. Es el sexto recinto que visitan en apenas unos días, en un tour que también les ha llevado a reunirse con abogados, activistas e incluso con el subdirector de drogodependencias de la Generalitat.

Los visitantes, muchos de ellos responsables de puestos clave en la regulación del cannabis en sus países, le preguntan al impulsor del club por la relación que tiene con los vecinos o con la policía. Se interesan por cuántos socios tiene la asociación, qué media de edad tienen y qué hacen cuando aparece alguien que podría requerir un tratamiento medicinal con cannabis. 

“Si viene alguien con esta necesidad le derivamos a un médico”, les explica el responsable de la asociación. “Si el médico nos confirma que le iría bien consumir cannabis para mitigar un dolor crónico o los efectos secundarios de un medicamento, el tratamiento corre a nuestra cuenta”, añade. Después les explica que, con la legislación actual en España, poco más pueden hacer. 

El modelo de los clubes de cannabis, impulsado de manera autoorganizada en España hace 20 años, se estudia actualmente en diversos países del mundo como una de las posibles vías para permitir a la ciudadanía acceder al cannabis cuando sea legal. Países como Malta contemplan aplicar un modelo similar. También en República Checa, Alemania, México o Colombia se están contemplando planes inspirados en el modelo español. 

“Me encantaría ver un modelo así aplicado en Colorado (EEUU)”, explica Molly Duplechian, directora de licencias para vender cannabis en Denver (Colorado). “Ahí se puede comprar y vender marihuana legalmente, pero no disponemos de espacios como este para que la gente lo consuma”.

“Me ha sorprendido la naturalidad con la que se consume cannabis en estos recintos”, apunta Dinis Ramos, diputado del partido socialdemócrata de Portugal. “Antes de entrar en el primer club, me imaginaba algo mucho más secreto y clandestino”.

El interés internacional que suscitan los clubes de cannabis en España (especialmente en Barcelona, donde se calcula que hay unos 300) contrasta con la falta de regulación de estos estos recintos en nuestro país. Sin ninguna ley que avale su existencia, todos han crecido al amparo de un vacío legal, presentándose como asociaciones privadas de fumadores cuyos socios disponen de un cultivo de cannabis compartido. 

“La idea de la colectividad en el cultivo y en el consumo de cannabis hace que el modelo español sea exportable a todo el mundo”, opina la politóloga Zara Snapp, asesora en políticas públicas sobre drogas y una de las referentes en el proceso de legalización del cannabis en México. 

Las decisiones judiciales y la falta de iniciativa legislativa, sin embargo, han puesto cada vez más contra las cuerdas un modelo que, en ciudades como la capital catalana, se ha convertido en una de las principales vías de acceso al cannabis para sus consumidores. La falta de un marco normativo ha supuesto que haya clubes en la ciudad que son directamente negocios para vender marihuana y están controlados por delincuentes. 

La delegación tuvo la oportunidad de visitar espacios impulsados por activistas de la regulación del cannabis adheridos a un llamado “código de buenas prácticas”, pero también estos recintos convertidos en dispensarios de marihuana y muy alejados de cualquier activismo. También pudieron conocer de primera mano el testimonio de impulsores de clubes de cannabis que acabaron ingresando en la cárcel. 

“Estamos mucho peor que hace 10 años”, les explicaba un abogado durante una de las sesiones con los visitantes. “Llegó a existir un reglamento municipal y una ley autonómica que regulaba estos espacios pero han sido tumbadas por los tribunales”.

“Es una tragedia que no se haya regulado ni reconocido todavía la innovación pionera que han supuesto los clubes de cannabis en España”, sostiene el estadounidense Matt Wilson, subdirector del Programa Global de Política de Drogas de la fundación Open Society. “Creo que es un modelo muy interesante, que tiene un buen equilibrio entre ser hospitalario sin anunciarse en marquesinas en plena calle”.

Las dudas e intereses de los visitantes variaban en función de sus países de origen. Los estadounidenses preguntaban reiteradamente por cuestiones legales y de recaudación de impuestos. Algunos representantes de Sudamérica se interesaban por cómo el modelo podría aplicarse a comunidades indígenas de cultivadores de marihuana. Funcionarios de Suiza, donde acaba de iniciarse un plan piloto de venta de cannabis recreativo, insistían en preguntar cómo los clubes de cannabis aplicaban o promovían políticas de reducción de riesgos.

“La mayoría han equiparado la situación que vivimos en España con la de California hace 20 años”, apunta Òscar Parés, coordinador de la visita y miembro de la fundación ICEERS. “Pero lo que más les ha sorprendido es la disonancia entre la realidad totalmente normalizada de consumidores de cannabis accediendo a estos espacios y el inmovilismo político para regularlos”.

Pesimismo en torno a la regulación del cannabis medicinal. Instado por el Congreso, PSOE incluido, el Gobierno tenía que haber entregado una propuesta de regulación a finales del año pasado. Pero dos meses después lo único que se sabe del texto es, según la versión oficial, que está dando vueltas por diferentes departamentos del Ministerio de Sanidad para su revisión.

Fuentes de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y del departamento que (por poco tiempo más) dirige Carolina Darias llevan ocho semanas diciendo que la propuesta está a punto de salir. Pero pasan los meses y no lo hace, y los colectivos de pacientes están empezando a temer que el PSOE, que tiene una relación ambivalente con el cannabis y de quien depende de facto que se haga o no esta legislatura, vaya a dejar que la regulación muera por inanición.

“Empezamos a verlo como una posibilidad muy real”, lamenta Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) y probablemente la persona que más ha trabajado en los últimos años en pos de una regulación que, por otra parte, es lo habitual en los países occidentales. Que España no tenga un programa de cannabis medicinal es ya la excepción en Europa.

También están inquietos en el PNV, el partido que impulsó la iniciativa que cristalizó en la recomendación al Gobierno, que ha registrado una pregunta parlamentaria para que el Ejecutivo explique de una vez en qué punto está la situación. Oficialmente, desde la AEMPS explican que la agencia ha cumplido y entregado su propuesta de documento –que no hacen público– a Sanidad. El ministerio comenta que “estaba a punto de salir”, pero finalmente no lo hizo. El PSOE no dice nada.

“Está a punto”... pero sin rastro

El pasado 27 de junio la Comisión de Sanidad del Congreso aprobaba el dictamen elaborado por una subcomisión creada ad hoc que validaba la creación de un programa en España. Fue un día de celebración para miles de pacientes por todo el país, que veían el principio del fin de una vida de clandestinidad para conseguir un producto que utilizan para paliar dolores crónicos, mejorar la epasticidad o abrir el apetito ante enfermedades que lo anulan por completo, entre otros usos.

El texto, aprobado con los votos de PSOE, Podemos, PNV, Cs y PDeCAT y el rechazo de PP y Vox, apenas establece unas directrices generales sobre un hipotético programa de dispensación (se puede consultar aquí). Tras un tira y afloja entre los socialistas, más conservadores con este tema, y Unidas Podemos, que buscaba más, ambos partidos pactaron la posibilidad de dispensación en las farmacias comunitarias (un aspecto clave para los pacientes), incluir el dolor oncológico y la endometriosis entre las dolencias a tratar, valorar el uso de la flor del cannabis (popularmente conocida como “cogollo”) “para desarrollar proyectos experimentales medicinales” y excluir la obligatoriedad de que sea la industria farmacéutica la única habilitada para la producción de extractos o preparados estandarizados (en forma de aceite).

A partir de ahí, el Congreso daba seis meses al Gobierno para que estudiase cómo encajar un programa de cannabis medicinal en el andamiaje legal de un país que multa por transportar o consumir marihuana en la vía pública. Pero llegó el 27 de diciembre y la AEMPS explicó que se retrasaba “un par de semanas” para que opinasen todas las partes implicadas. Hasta hoy.

Y empiezan a concurrir diferentes circunstancias que amenazan la viabilidad de una regulación, temen los pacientes. Una de ellas es el inminente relevo al frente del Ministerio de Sanidad. Carolina Darias, quien siempre se ha mostrado ambigua con el tema, deja el Gobierno para presentarse como candidata la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Su sustituta/o deberá decidir si impulsa esta cuestión en los pocos meses que le quedan o la deja estar. Que esté a punto de empezar la campaña para esas elecciones autonómicas y municipales tampoco parece favorecer la causa, explican fuentes de diferentes partidos, argumento que también puede ser esgrimido de cara a las generales de noviembre.

El PSOE y el cannabis

De fondo sobrevuela la difícil relación que tiene el PSOE con la regulación del cannabis. Los socialistas siempre han seguido a la ONU en su consideración de la planta, lo que se traduce en que históricamente la han situado como una de las drogas más perniciosas, en línea con la definición que mantenía Naciones Unidas desde mediados del siglo pasado. Como la ONU, no reconocía sus efectos terapéuticos (pese a la evidencia científica que apunta en la dirección contraria), lo que tampoco le impedía otorgar permisos a empresarios para producir cannabis de manera legal en España. Pero había que exportarlo porque aquí está prohibido: sirve para Alemania, no para España.

Esta política llevó al PSOE a una situación en la que casi simultáneamente contestaba en el Congreso al PNV que no había evidencia científica para regular la planta y después votaba en la ONU a favor de aligerar la presión policial sobre el cannabis porque se admitían sus efectos médicos. El partido tiene en la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, una de las principales detractoras de la regulación. En 2019 le contaba a este periódico que ya existen dos medicamentos basados en la planta y que el PSOE no iba a abrir ningún debate respecto a fumar marihuana porque “es un problema gordísimo que estamos detectando en jóvenes”, obviando que el cannabis medicinal se puede consumir en forma de aceites o infusiones, entre otras vías.

Pese a estas reticencias, el partido parecía haber cambiado de postura e incluyó entre las resoluciones de su 40º Congreso, a finales de 2021, su intención de “promover la aprobación de un marco legal para el uso del cannabis medicinal en España”. Coherente con la idea, votó a favor de la subcomisión en el Congreso y a favor también del documento que de allí salió. Parecía que el partido se sumaba a la corriente social: un 84% de los ciudadanos está a favor de que se regule un uso medicinal de la planta, según el CIS. Y entonces se paró todo.

¿Y ahora qué?

Ante la falta de avances y el paso de las semanas, las partes empiezan a preguntarse qué puede pasar a futuro. En el caso de que el Gobierno no mueva ficha y se disuelva el Congreso por la convocatoria electoral de noviembre la recomendación de la comisión no decae porque no es un trámite parlamentario como tal, explican fuentes de la Cámara Baja. No obliga ni tiene valor jurídico, por lo que seguirá vigente como recomendación. Otra cosa, añaden las fuentes, es cómo de aludido se dé el siguiente gobierno en función de quién lo forme y de las mayorías que compongan el Congreso (PP y Vox votaron en contra).

Luego está la posibilidad de que Sanidad acabe cumpliendo y saque su propuesta. A partir de ahí el camino a seguir dependerá de cómo consideren los expertos que se puede encajar un programa de cannabis medicinal en España. Si sirve una orden ministerial para regularlo los plazos irán en función de lo que tarde Sanidad en redactarla. Sin embargo, si la normativa exige una ley esta debe ser aprobada por el Congreso, y ese trámite parlamentario es más largo y tiene un límite claro: la disolución de las cámaras por la convocatoria electoral de noviembre.

La Guardia Civil, en una operación conjunta con Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, ha incautado más de 50 toneladas de marihuana al desmantelar ocho plantaciones en dos provincias catalanas. La operación se ha llevado a cabo en cuatro fases, incautándose en las dos últimas un total de 40 toneladas, y 11 toneladas durante las dos fases anteriores. Se ha detenido a un total de 20 personas en las cuatro fases en las que se desarrolló la investigación y se han desmantelado ocho plantaciones, siete en la provincia de Barcelona y una en la de Tarragona, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

El nexo común en lo que respecta a las cuatro fases de la investigación –añade la nota– es que todas las plantaciones de marihuana “se escudan bajo supuestas plantaciones de cáñamo legal”, dedicadas en realidad al cultivo, recolección y distribución de marihuana sin los permisos administrativos necesarios para un cultivo legal, camuflándose bajo una sociedad mercantil y ubicándose entre otras naves con actividad industrial legal. 

El pasado 8 de noviembre la Guardia Civil anunció la mayor incautación de la historia de una alijo de marihuana y los detenidos adujeron ser una empresa dedicada al cultivo de cáñamo legal para extraer CBD, una sustancia legal.

La denominada operación VIKIN-ALIJO VERDE ha constado de cuatro fases en la que se han desmantelado un total de ocho macroplantaciones de marihuana, su mayoría en la zona del Maresme, donde se han aprehendido más de 51 toneladas de esta sustancia vegetal, y detenidas un total de 20 personas por los delitos de defraudación de fluido eléctrico y contra la salud pública. 

Tras las dos primeras fases en las que se intervinieron un total de 11 toneladas de sustancia estupefaciente, la tercera fase de la investigación se inicia tras encontrar documentación en uno de los registros, de una sociedad mercantil ubicada en la provincia de Tarragona y que supuestamente tendría relación con las plantaciones anteriormente desmanteladas.

Las averiguaciones de los agentes permitieron localizar una finca rústica donde se encontraría la plantación, estaba ubicada en un recóndito paraje con muy difícil acceso, que sumado a la orografía del terreno, el acceso a la finca y a las medidas de seguridad que adoptaban los investigados, hizo que la investigación resultara muy compleja. Finalmente en el mes de septiembre se procedió a la entrada y registro en la finca, donde se localizaron más de 40.000 plantas de marihuana y 15 toneladas de cogollos, arrestando a cinco personas por un delito contra la salud pública. 

Continuando con las investigaciones del entramado criminal, el pasado mes de octubre se desmantelaron dos nuevas plantaciones de marihuana, en el término municipal de la localidad barcelonesa de Cabrera de Mar. Se encontraban camufladas, bajo supuestas plantaciones de cáñamo legal. En esta cuarta y última fase se han incautado en la finca más de 13 toneladas de marihuana y se ha detenido a cuatro individuos por tráfico de drogas y por defraudación de fluido eléctrico, al contar esta última plantación con un suministro energético fraudulento. 

Un búnker y dos armas de fuego

Además, en esta última fase, se ha detectado una mayor especialización de los cultivos, con una elevada inversión en útiles e instrumentos para el cultivo y manufactura de las plantas, destacando la existencia en el interior de la finca de una sala tipo búnker, con paredes reforzadas, para evitar el robo de la sustancia estupefaciente y se han incautado dos armas de fuego y dos pistolas de aire comprimido.

El balance final de la investigación es la aprehensión de 51.904 kilogramos de marihuana intervenida, con más de 187.000 plantas de marihuana aprehendidas y 19 toneladas de cogollos.

Además se han incautado un total de dos armas de fuego, cuatro armas de aire comprimido y un arma blanca y se ha intervenido multitud de material informático e innumerables útiles para el cultivo y manufactura de la sustancia vegetal, destacando más de 3.000 lámparas de crecimiento, humidificadores y sofisticadas máquinas recolectoras entre otras. Se ha detenido a un total de 20 detenidos por delitos contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico.

Noma es una microcooperativa constituida en Mallorca, dedicada al cultivo de cáñamo industrial, siguiendo el método de producción ecológica. En otras palabras: cultivan flores y producen aceite de CBD. El CBD, o cannabidiol, es una sustancia química presente en la marihuana, que se puede comercializar legalmente en España siempre que su porcentaje de THC (tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo de la planta que produce el 'colocón') no supere el umbral del 0,2% que marca la legislación. Esta cooperativa, que cuenta con tres miembros (Nuño Monasterio, Inés Calleja y Thom Fernández) y un cultivo de unas 2.000 plantas, recogió 100 kilos durante su primera cosecha de 2021 y más de 400 kilos esta temporada.

Productores como los de la cooperativa Noma se sienten en una situación de inseguridad jurídica, debido a que el CBD se encuentra en un limbo legal. Nuño Monasterio, cooperativista, señala en declaraciones a elDiario.es que se está llevando a cabo una persecución contra los productores de cáñamo industrial. “En los últimos dos o tres años, no paramos de leer titulares de prensa sobre grandes incautaciones de cultivos de cannabis. Al final del proceso todo acaba en nada, porque estamos hablando de CBD, pero la empresa (afectada) sale perjudicada. Y luego nadie publica las rectificaciones”, asegura.

Operaciones contra el CBD como si fueran marihuana

Nuño se refiere a casos como la 'operación Jardines', presentada por la Guardia Civil el pasado 5 de noviembre como “el mayor alijo de marihuana descubierto hasta el momento”, que se saldó con un decomiso de 32 toneladas de “cogollos de marihuana” y veinte detenidos que, según el Instituto Armado, “formaban parte de una organización con sedes en Toledo, Ciudad Real, València y Asturias que controlaba todo el proceso de producción y distribución de la droga”. Francisco Gómez Carbo, administrador único de E-Canna Farming SL –empresa especializada en cáñamo industrial– y detenido en la operación, defiende una versión muy diferente. “Ningún juez pone en libertad a un traficante con 32 toneladas. A día de hoy estoy trabajando y tengo 30 toneladas más”, afirmó en declaraciones a elDiario.es.

Gómez defiende que se comunica entre dos y tres veces a la semana con la Guardia Civil para informar de cada vez que los productos entran o salen de su planta de procesado. “Tengo más de 2.000 documentos enviados”, detalla. “La jueza pide a la Guardia Civil que haga unas analíticas de las plantas que a día de hoy no ha hecho, mientras se ponen a difundir en todos los medios que es marihuana”, critica Darío Gutiérrez de Tena, consultor externo del despacho que defiende al empresario.

Pese a que los cooperativistas de Noma, constituida como explotación agrícola, aseguran tener toda la documentación en regla, lamentan que ello no les exime de poder ser víctimas de un operativo policial, como el que ha sufrido Francisco Gómez. “Mañana puede aparecer un tinglado enorme titulado en la prensa como 'la mayor operación antidroga de Balears’, con no sé cuántas toneladas incautadas. Obviamente, no tienes capacidad para sobreponerte a ese golpe”, lamenta Nuño.

“Trabajamos con Ananda, uno de los dos laboratorios homologados que hay en toda España, porque obviamente tenemos que estar seguros de que todos nuestros productos cumplen con los límites legales. Me parece normal que tengamos que pasar muchos controles estrictos”, argumenta. Y añade que el sector pide una actualización de la regulación. “Hemos recibido una visita de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, donde nos dijeron que trabajamos bien, lo que demuestra nuestra transparencia. Hicieron un informe que remitieron a la Fiscalía Antidroga”, explica.

Trabajamos con uno de los dos laboratorios homologados que hay en toda España, porque obviamente tenemos que estar seguros de que todos nuestros productos cumplen con los límites legales. Me parece normal que tengamos que pasar muchos controles estrictos

Nuño Monasterio — Miembro de la cooperativa Noma

La Justicia europea no considera el CBD una “droga”

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia del 19 de noviembre de 2020, indicó que “a diferencia del tetrahidrocannabinol (comúnmente denominado THC), otro componente del cáñamo, el CBD no parece tener efectos psicotrópicos ni efectos nocivos para la salud humana”, haciendo referencia a los conocimientos científicos actuales. Para definir el concepto “droga”, el tribunal europeo se remite a las definiciones de la Convención Única sobre Estupefacientes (1961) y al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971) de Naciones Unidas. Por tanto, clasificar el CBD como “estupefaciente”, dice el TJUE, “sería contrario al espíritu general de esta convención”, cuya finalidad es preservar “la salud física”.

La interpretación que hace la Fiscalía Antidroga, haciendo referencia a la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, es que cualquier “cogollo”, independientemente de la proporción de THC que contenga, se considera estupefaciente, exceptuando las plantaciones autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad.

La normativa española vigente sobre estupefacientes, del 8 de abril de 1967 –que es una adaptación de lo establecido en el convenio de 1961 de Naciones Unidas–, establece en su artículo 8 la prohibición del cultivo y producción del listado de sustancias estupefacientes de la Convención Única, que incluye a la planta de cannabis, pero en el artículo 9 especifica que la norma no se aplica al “cultivo de la planta de la 'cannabis' destinada a fines industriales, siempre que carezca del principio activo estupefaciente (THC)”.

La Fiscalía Antidroga va más allá

Para entender semejante embrollo legal, Joan Bertomeu, abogado del despacho valenciano Brotsanbert, explica a elDiario.es que “la Fiscalía Antidroga y la AEMPS interpretan que solo se puede cultivar cáñamo para fibra y semilla, pero no para flor, que consideran una sustancia estupefaciente”. Bertomeu destaca la sentencia pionera sobre CBD del Juzgado de lo Penal número 8 de València, que indicaba que el TJUE se opone a la existencia de normativa nacional que prohíba la comercialización del CBD legalmente producido en otro Estado miembro “cuando se extrae de la planta cannabis sativa en su totalidad y no solo de sus fibras y semillas”. El fallo absolvía al propietario de una tienda de productos de cáñamo que se enfrentaba a una pena de cuatro años de prisión por un supuesto delito contra la salud pública.

El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) ha criticado también la interpretación que hace la Fiscalía Antidroga, a quien acusa de una vulneración del derecho comunitario sobre cogollos de CBD y solicita una ley integral de los usos del cannabis y sus derivados, “clara y taxativa”, que evitaría “interpretaciones dispares” entre jueces y fiscales, que “afectan al principio de seguridad jurídica”. El observatorio cannábico lamenta que la actual “falta de claridad tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales” de los agricultores y empresarios de este sector, “que se está viendo gravemente afectado”.

La Audiencia Provincial de Alicante se pronunció en términos similares en una resolución judicial que afectaba al propietario de una tienda de productos CBD, cuyo procedimiento se inició después de un registro e intervención de la Guardia Civil en dicho establecimiento. Los análisis determinaron que los productos que se comercializaban contenían menos de un 0,2% de THC. El tribunal también incidía en que en España ya existen medicamentos autorizados con un 0,15% de dronabinol, la variante sintética del THC.

Persecución “generalizada” contra productores de CBD

Bertomeu, jurista de Brotsanbert, explica que casos como los que se han dado en la Comunitat Valenciana –empresas que producen o comercializan CBD y que han sido acusados de un delito contra la salud pública– no son aislados, sino “una situación generalizada en todo el Estado”. “Ha habido represión, sobre todo, en Andalucía”, sostiene. “Es gente que está dada de alta en el régimen de autónomos, declaran y pagan impuestos. No realizan actividades clandestinas. Sin embargo, se actúa contra ellos en el marco de operaciones contra el tráfico de drogas”, asevera.

Es gente que está dada de alta en el régimen de autónomos, declaran y pagan impuestos. No realizan actividades clandestinas. Sin embargo, se actúa contra ellos en el marco de operaciones contra el tráfico de drogas

Joan Bertomeu — Abogado

La persecución que denuncian los afectados se sitúa en un contexto de crecimiento de los cultivos de cáñamo industrial y de proliferación de tiendas de CBD en todo el Estado. Sin embargo, Nuño asegura que los cultivos de cáñamo industrial están retrocediendo como resultado de las operaciones policiales. “Antes de 2020, la Guardia Civil controlaba los niveles de THC de las plantaciones de cáñamo. Pero en un momento dado, se dispara el comercio de la flor y el aceite de CBD y ahí es donde cambia el criterio [de la Fiscalía]”, analiza Bertomeu. “Antes no había ningún tipo de injerencia, más allá de la toma de muestras. Y no ha habido un cambio normativo como para que haya un cambio de criterio. Lo que ha habido es un interés en reprimir”, lamenta.

La industria del CBD

El 21 de junio de 2022, el Congreso dio su primer visto bueno a la regulación del cannabis medicinal, mediante la aprobación de un informe que da unas directrices al Gobierno para su posterior tramitación legislativa. La AEMPS tiene seis meses, es decir, hasta el 21 de diciembre, para decidir cómo encaja el documento en la futura normativa.

Más allá de los posibles usos terapéuticos del CBD, en el contexto de Balears, la cooperativa Noma defiende que la industria del cáñamo puede suponer una alternativa de diversificación económica, en unas islas que viven mayoritariamente del turismo. Una necesidad que, aseguran, se ha hecho más patente todavía tras la pandemia de coronavirus, que golpeó fuertemente a este sector.

Dada de alta como explotación agrícola, Noma ha suscrito un proyecto de investigación con la Universitat de les Illes Balears (UIB) para estudiar la influencia de la variedad y de las condiciones del cultivo de la planta de cáñamo sobre el contenido en cannabinoides. Están adscritos, además, a la Unió de Pagesos de Mallorca, a la Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA), a las Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, a Green Nurse (empresa que promueve el consumo de cannabis con fines terapéuticos) y a la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis (UPRC).

La Justicia ha dado los primeros pasos para intentar recuperar una parte del dinero defraudado a través de Juicy Fields, una estafa piramidal de inversión en plantas de cannabis que ha dejado un reguero de miles de afectados en todo el mundo. Se estima que las pérdidas suman decenas de millones de euros.

El juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha expedido una orden europea de investigación a Chipre para pedir el bloqueo y el embargo preventivo de dos cuentas bancarias en ese país en manos de los responsables de la empresa. Las cantidades bloqueadas hasta la fecha, sin embargo, son muy inferiores al dinero que han perdido los inversores.

El grupo II de Fraude Financiero de la UDEF de la Policía Nacional, que investiga esta estafa destapada el pasado mayo por elDiario.es, solicitó de manera urgente el bloqueo de estas cuentas que están en manos de los principales investigados, acusados de lucrarse ilícitamente con la promesa de grandes rentabilidades por invertir en plantas de cannabis.

Después de pedir colaboración a Chipre mediante la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), las autoridades chipriotas informaron de que en esas cuentas hay cuatro millones y 40.000 euros respectivamente, una cantidad muy por debajo del dinero que se calcula que desapareció de un día para el otro el pasado julio, cuando Juicy Fields colapsó y dejó de pagar a sus inversores.

Radicada en Países Bajos y con oficinas en siete ciudades, Juicy Fields se presentaba como una “plataforma de cultivo colectivo”. El dinero de cada inversor se destinaba a cultivar marihuana en recintos que contaban con autorización legal. Al cabo de 108 días se cosechaba la planta, se vendía y se devolvía la inversión inicial con unos intereses que oscilaban entre el 33 y el 66%, lo que suponía como mínimo más de un 130% anual.

En un auto al que ha tenido acceso este diario, la Audiencia Nacional también ha solicitado toda la información relacionada con titulares, apoderados y beneficiarios de estas cuentas: desde recibos de pagos hasta información relacionada con las tarjetas bancarias vinculadas a las mismas, pasando por toda la información que refleje fechas y cantidades de depósitos. El juez además ha pedido el bloqueo y embargo preventivo de cualquier activo, pasivo o incluso de cualquier caja de seguridad en manos de los responsables de Juicy Fields en Chipre. 

A su vez, se ha solicitado colaboración a EUROPOL para que realice un informe sobre la trazabilidad de las criptomonedas en poder de los responsables de Juicy Fields, después de constatar “la cantidad de movimientos” registrados entre carteras de estas divisas las semanas previas y anteriores al colapso.

Este periódico ya informó en agosto de los movimientos millonarios entre carteras de criptomonedas que se registraron en julio. En algunas de ellas se efectuaron retiradas de hasta 90 millones de dólares a pocos días de suspender los pagos. Desde otras carteras vinculadas a la empresa se retiraron hasta 30 millones de dólares apenas 10 días después de que se hiciera pública la estafa.

Una macrocausa con casi 2.000 personados

De momento son ya casi 2.000 las personas que se han personado en España en la causa mediante querellas colectivas en manos de los abogados Iván Alonso y Emilia Zaballos, entre otros. Los afectados, sin embargo, son muchos más y algunos de ellos han acudido a los juzgados de instrucción de su demarcación. También hay casi 200 afectados más que denunciaron los hechos en distintas comisarías de Policía Nacional. Algunos cálculos estiman en 40.000 los inversores afectados en nuestro país. 

En otro auto fechado a 15 de septiembre, la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar esta gran estafa piramidal, una de las mayores de los últimos años. El juez Joaquín Gadea, magistrado de refuerzo del citado juzgado de instrucción, considera que los hechos denunciados podrían suponer delitos de apropiación indebida, organización criminal y estafa continuada.

La semana pasada, el mismo juzgado emitió otro auto en el que requería a la Guardia Civil que informara a todos los juzgados de instrucción en los que se instruya algún procedimiento vinculado con Juicy Fields para que se inhiban y remitan a la Audiencia Nacional todas las denuncias que tengan en su poder. 

Paralelamente a la investigación judicial en España, las autoridades alemanas también están recogiendo centenares de denuncias y haciendo pesquisas sobre Juicy Fields. A su vez, algunos abogados están preparando acciones colectivas contra los administradores de la empresa. Se calcula que en Alemania -al igual que en otra docena de países- hay también miles de estafados y una de las mercantiles de la empresa estuvo un tiempo radicada en Berlín.

Día de celebración para miles de personas. La subcomisión del Congreso que estudia la regulación del cannabis medicinal ha aprobado este martes un informe con unas directrices básicas para que el Gobierno regule el cannabis terapéutico. Todavía falta que lo apruebe de manera definitiva la Comisión de Sanidad la semana que viene, pero fuentes parlamentarias explican que con la votación de esta mañana eso ya es un trámite. El documento da seis meses a la Agencias Española del Medicamento y los Productos Sanitarios (AEMPS) para decidir cómo se encaja este futuro programa en la normativa española.

La pelota está en el tejado del Ejecutivo ahora, pero fuentes parlamentarias expresan pocas dudas de que el programa vaya a salir adelante: con los partidos del Gobierno y sus socios de investidura apoyando la regulación el informe, técnicamente una recomendación, se convierte de facto en un mandato. Tras años de reivindicación, España está a punto de dejar de ser una anomalía europea y tener su propio programa de cannabis terapéutico.

La negociación en el Congreso ha hecho la propuesta más accesible: se abre el uso a pacientes oncológicos, se valorará la posibilidad de incluir los cogollos en el programa y la dispensación en farmacias

El informe ha sido aprobado con el apoyo de PSOE, UP, Cs, PNV y PDECAT, mientras Bildu y Esquerra se han abstenido. En contra han votado el PP y Vox.

Las principales discrepancias en la votación que ha tenido lugar este martes estaban en los pequeños detalles: ¿quién (qué enfermos) podrán acceder a la marihuana terapéutica? ¿Se podrá dispensar en las farmacias comunitarias o solo en hospitales? ¿Podrán prescribirlo los médicos de atención primaria o solo especialistas? ¿Estará autorizado el autocultivo?

La propuesta inicial del PSOE era conservadora (dentro de estos parámetros), pero se ha flexibilizado ligeramente durante la negociación con Unidas Podemos. La formación morada ha pactado con los socialistas la posibilidad de dispensación en las farmacias comunitarias (no estaba en la propuesta inicial), incluir el dolor oncológico y la endometriosis entre las dolencias a tratar, valorar el uso de la flor del cannabis (popularmente conocida como “cogollo”) “para desarrollar proyectos experimentales medicinales” y excluir la obligatoriedad, fijada en la propuesta socialista, de que sea la industria farmacéutica la única habilitada para la producción de extractos o preparados estandarizados (en forma de aceite).

Las propuestas

El informe aprobado no es una propuesta de normativa en sí mismo, pero establece las líneas básicas sobre las que el Gobierno debe elaborar el programa de cannabis medicinal. Tras la negociación entre PSOE y UP el documento ha incluido algunas medidas para facilitar el acceso de más pacientes al futuro programa.

El texto pide que se garantice “la disponibilidad de medicamentos derivados del cannabis para su uso terapéutico”, que se exploren “fórmulas que permitan la disponibilidad en el mercado farmacéutico de extractos o preparados estandarizados del cannabis que hoy no tienen una autorización de comercialización” (solo hay dos medicamentos aprobados pero que no sirven para todos los tratamientos) e introduce la novedad de valorar “el desarrollo de proyectos experimentales cuando sean solicitados como las sumidades floridas de cannabis” (los cogollos).

Entre las principales novedades está la inclusión de que “los servicios de farmacia competentes puedan elaborar fórmulas magistrales a partir de extractos o preparados estandarizados de cannabis para su uso directo en determinados casos”, papel que en la versión original estaba limitado a las farmacias hospitalarias. Ahora se habla de que sea de manera preferente, pero no solo. Todos los grupos que han acabado apoyando el texto estaban en contra de esta limitación, al igual que asociaciones de pacientes, porque supone, de facto, poner trabas al acceso al cannabis medicinal.

También se ha suprimido de la primera versión la obligatoriedad de que sean los médicos especialistas quienes prescriban el cannabis, aunque se sigue pidiendo que lo hagan “preferentemente”. Igualmente, se abre a la prescripción de marihuana en el sistema privado, que en principio se había quedado fuera.

Respecto a quién podrá acceder, el documento sostiene que “en el momento actual parecen concentrarse en la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático)”, aunque deja la puerta abierta a que se amplíen estos grupos según se vaya creando evidencia científica.

Finalmente sí se mantiene la existencia de un registro centralizado de los pacientes a los que se prescribe cannabis medicinal, una medida con la que muchos grupos no estaban de acuerdo.

Por último, el texto cierra con dos puntos destinados a “evitar que la disponibilidad de cannabis para usos terapéuticos pueda llevar a una mayor disponibilidad y consumo de cannabis fuera del contexto sanitario” y apela igualmente a “evitar que el uso terapéutico de extractos o preparados estandarizados de cannabis para determinados pacientes con indicaciones concretas, se confunda con una invocación genérica al uso general de cannabis por la población”.

La izquierda –y no solo– quiere que el futuro programa de cannabis medicinal en España sea más ambicioso de lo que propone el PSOE. Que llegue a más gente, que sea más fácil acceder. En concreto, varios partidos quieren que pase por las farmacias de barrio e incluya el uso de las flores de la planta (conocidas como cogollos) para tratar más dolencias de las que sugieren los socialistas. Estos son tres de los elementos que tienen en común varias de las enmiendas que los socios habituales del Gobierno han presentado a la propuesta de regulación del uso del cannabis con fines médicos que realizaron los socialistas en el marco de la subcomisión del Congreso que estudia el asunto y que no contempla, en su actual versión, ni las boticas comunes ni los cogollos como parte del programa.

También los hay, como ERC, Unidas Podemos –que en vez de enmiendas ha presentado un informe alternativo íntegro– o Ciudadanos, que piden al Gobierno que explore la posibilidad de una regulación integral, movimiento que el PSOE siempre ha desvinculado de esta subcomisión y contra el que ha votado en alguna ocasión en el Congreso. En cualquier caso, fuentes de los partidos confían en que hay elementos suficientes como para llegar a un acuerdo.

Todos los grupos han presentado propuestas. De las de UP, PNV, ERC, EH Bildu y Ciudadanos se deduce que consideran la del PSOE de mínimos. El documento original elaborado por el grupo socialista, que se negociará ahora durante dos semanas escasas hasta una posible votación el próximo 21 de junio, limita la dispensación de cannabis medicinal a las farmacias de hospital, bajo prescripción de un especialista e incluye el uso de los medicamentos ya existentes, de preparados estandarizados y fórmulas magistrales (en forma de aceite, habitualmente), pero excluye la flor.

El PP y Vox, los partidos más reticentes a la regulación, han presentado también sus conclusiones. Los populares no rechazan la regulación abiertamente, pero escriben en una de sus propuestas que “no hay evidencia científica sólida que permita la legalización de esta sustancia”, aunque más adelante entran en supuestos acerca de la dispensación (solo en forma de fármacos, sin preparados ni fórmulas) “tras la autorización del organismo regulador”. También incluyen los populares varios apartados incidiendo especialmente en los riesgos del consumo.

El infome final de la formación de Santiago Abascal es particular. Tras diez conclusiones iniciales en las que la formación ultra sostiene que el cannabis “es una droga de abuso” y que “lo que pretende la izquierda es que la legalización del uso medicinal sea seguida de la legalización del uso recreativo”, acaba mencionando a Pablo Iglesias y repasando las intervenciones en la subcomisión que se ajustan a su discurso para finalizar no proponiendo nada.

¿“Limitada”, “moderada” o “suficiente”?

Entre los demás la tónica común, más destacada entre los socios de la investidura, es que el programa vaya un paso más allá. El fondo de la cuestión está en dónde se considera que se encuentra la investigación con el cannabis y las evidencias científicas respecto a su potencial medicinal, y a partir de ahí sus posibles usos. Por ejemplo, el PSOE definió en su informe que la evidencia disponible es “limitada”, término en el que coincide con el PP y también con UP, aunque este último partido matiza que esto “no debiera traducirse en que el cannabis no pueda ser utilizado con fines médicos para las indicaciones para las que sería deseable contar con más evidencia”, una práctica que ya se lleva a cabo con otros medicamentos. ERC propone cambiarlo por “suficiente” como muestra que haya programas medicinales por todo el mundo, como EH Bildu, y el PNV por “moderada”.

Partiendo de este cambio, los partidos proponen más usos del cannabis y que el programa –que casi todos dan por hecho que saldrá, más o menos ambicioso– llegue a más gente de la que actualmente contempla la versión del PSOE. La propuesta socialista limita los usos a “algunos diagnósticos”, entre los que menciona “la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático)”.

El PNV propone que se analice la posibilidad de incluir “toda la lista de indicaciones que ha sido aprobada en los países de la UE que han procedido a su regulación” y añade el “dolor crónico por dolor neuropático y oncológico, la estimulación del apetito en cuidados paliativos asociados a tratamientos oncológicos y VIH, el síndrome de Gilles de la Tourette o glaucoma” a la lista de dolencias a tratar. UP suma a esto “algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis y el estrés postraumático”.

Flor sí, flor no

Además de ampliar los “quienes”, los partidos proponen que se incluyan otras formas de consumo de cannabis con fines medicinales. El PSOE habla en su informe de los dos medicamentos ya existentes en el mercado –Sativex y Epidyolex– y añade tratamientos con extractos o preparados estandarizados y abre la puerta a valorar “la manera de que los servicios de farmacia competentes puedan elaborar fórmulas magistrales a partir de extractos o preparados estandarizados de cannabis para su uso directo en determinados casos”, medida que habían solicitado los futuros usuarios. Las fórmulas magistrales son preparados individualizados ad hoc para cada paciente, con (por ejemplo) combinaciones determinadas de THC y CBD (dos de los principales principios activos de la planta).

ERC, PNV, EH Bildu y UP quieren que se incluya el consumo de cogollos (la flor de la planta) en el programa, aunque no todas especifican la forma de utilización. Este se adivina como uno de los puntos calientes de la negociación que se avecina porque el PSOE no está por la labor de abrir la puerta al consumo inhalado de cannabis (sea fumado o vapeado), aunque fuentes del partido se muestran “abiertos a dialogar y encontrar consenso”, recordando, eso sí, el marco en el que se mueven: “Prescripción médica, seguridad sanitaria y jurídica y control de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS)”.

“Se considera necesario el acceso a la flor cruda de cannabis que ofrece toda la gama de cannabinoides, terpenos y flavonoides, lo que produce un aumento de su eficacia por el efecto séquito”, propone ERC, que sí habla de “vaporización de cannabis con un dispositivo de calidad médica”. PNV sostiene que “la existencia de preparados estandarizados como por ejemplo preparados de flores de cannabis (...) supone una ventaja en términos de calidad, trazabilidad, dosificación, estabilidad y manejo”. UP propone que se exploren fórmulas “que permitan la disponibilidad en el mercado farmacéutico de extractos, preparados estandarizados o las sumidades floridas del cannabis que hoy no tienen una autorización de comercialización”, y propone que se pueda acceder a través de los clubes de consumidores de cannabis como ya sucede ahora de facto. Ciudadanos no ha incluido entre sus enmiendas el uso de cogollos.

Coincidencia con las farmacias de barrio

Otro punto en el que hay acuerdo entre los partidos de la oposición y UP es en ampliar la forma de acceso al cannabis medicinal, uno de los aspectos en los que los pacientes se habían mostrado más en desacuerdo con la propuesta socialista por limitar la prescripción al sistema público, a los médicos especialistas y a las farmacias hospitalarias. “Que la dispensación sea solo en hospitales supone un problema enorme”, explicaban en su momento desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), uno de los grupos que más ha presionado para que esta subcomisión sea posible. “Es una burocracia horrible, cada mes tienes que ir al hospital a recoger la medicación”, lo cual puede alejar a muchos pacientes del programa legal, advierten.

El PNV reconoce “la dificultad de acceso”, propone eliminar la coletilla que limita su prescripción al sistema público –también el PDeCat y C's– y propone abrirla a los médicos de Atención Primaria, punto en el que coincide con ERC y Bildu. Los tres partidos abogan –todos han introducido enmiendas en este sentido– por la inclusión de las farmacias comunitarias como dispensadoras, situación habitual en los programas medicinales de los países europeos. El Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha ofrecido recientemente a través de su presidente, Jesús Aguilar, para dispensar el cannabis y facilitar de esta manera el acceso al paciente mediante la creación de un programa piloto controlado junto a la AEMPS.

El último aspecto de calado respecto al acceso está en el autocultivo, una posibilidad respaldada por los usuarios pero que presenta complicaciones porque es más difícil asegurar la trazabilidad y estandarización de los productos. En muchos programas europeos medicinales no está contemplada, como no la contempla la propuesta socialista porque es incompatible con su lema de “prescripción médica, seguridad sanitaria y jurídica y control de la AEMPS”. Pero hay partidos que quieren introducirlo.

UP propone que se permita porque “actualmente ya es una realidad” y ERC sostiene que “hay que permitir el autocultivo a pacientes con receta que opten por esta vía de acceso”. El PNV y Cs no se mojan en este apartado, con lo que se entiende que están satisfechos con la no inclusión por parte del PSOE.

¿Debe haber un registro?

Por último, otro de los puntos calientes de la negociación se adivina en la creación o no de un registro de consumidores, listado que los socialistas sí incluyen actualmente entre sus propuestas. Aquí tampoco hay unanimidad. ERC, Bildu y el PNV quieren borrar ese punto entero del informe y que no haya tal registro. UP advierte de que utilizar un registro centralizado puede provocar “un grave riesgo de estigmatización del paciente”, aunque concede que se pueda crear “con motivos de seguimiento estrictamente”, y Ciudadanos también es favorable a este registro, con el ánimo de evitar problemas de accesibilidad en caso de cambio de comunidad autónoma.

El PP considera que “no tiene sentido hablar de modelos de distribución cuando todavía no hay evidencia científica sólida que permite la legalización de esta sustancia”.

Las propuestas de los grupos coinciden –al menos se acercan más que la socialista– con las que hacen grupos como el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo del Cannabis (OECCC), que pide “la dispensación de extractos y de flor, una convocatoria pública y transparente de licencias para cultivar y para elaborar productos, la dispensación en farmacias comunitarias, una prescripción a criterio médico (no una listas de enfermedades cerradas), seguridad legal para los pacientes y fomento de la investigación basada en el mundo real”.

El informe está hecho, las enmiendas presentadas. Existe el ánimo, declarado por todos excepto PP y Vox, de alcanzar un acuerdo. El siguiente hito se cumple el 21 de junio, cuando se negocie el informe final y en su caso se vote. Una posible regulación del cannabis con fines médicos está hoy un poquito más cerca, aunque queda camino que recorrer.

Solo en farmacias hospitalarias, dentro del sistema público exclusivamente y se permitirá la creación de preparados estandarizados y fórmulas magistrales (en forma de aceite, habitualmente), pero no la inhalación de cogollos. El PSOE ya tiene su propuesta de regulación del cannabis medicinal, que tenía previsto enviar este lunes a los partidos del Congreso. Se abre ahora un periodo de diez días en el que los grupos podrán aportar y negociar un texto para que lo apruebe la cámara, lo que parece el final del camino “inexorable” –en palabras de los socialistas– en este momento.

El documento se basa en cinco ideas fuerza que constituyen el eje de lo que el PSOE cree debe ser el modelo de regulación del cannabis con fines medicinales en España, según se lee en el texto: garantizar la disponibilidad de medicamentos derivados del cannabis; el papel preponderante de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); el servicio público y los hospitales (no las farmacias) como pilares del sistema; evitar “una mayor disponibilidad del cannabis fuera del contexto clínico”; y evaluar el programa regularmente.

La propuesta ha caído como un jarro de agua fría entre parte de los actores involucrados. Asociaciones de pacientes lamentan que limitar el programa a las farmacias hospitalarias –a falta de un posible desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas– provocará que muchas personas sigan acudiendo al mercado negro ante las dificultades que puede plantear este tipo de circuito legal.

“Que la dispensación sea solo en hospitales supone un problema enorme”, apunta Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), “es una burocracia horrible, cada mes tienes que ir al hospital a recoger la medicación”. En otros países europeos como Italia, cuenta, las farmacias sí dispensan: el médico especialista hace el plan, el de familia la receta a partir del informe del primero, y el paciente lo recoge en la farmacia del barrio.

Una idea similar a la que apuntan desde el socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos: “Lo que nosotras queremos es una regulación eficaz que consiga sus objetivos”, explica Lucía Muñoz Dalda, la portavoz de UP en la subcomisión que estudia la regulación. “Y este informe no pone del todo al paciente en el centro; creo que si se lo ponemos muy difícil van a seguir acudiendo al mercado ilícito, pero tenemos diez días para negociar”, se muestra conciliadora. “El PSOE ha sido valiente dando este paso, pero hay que pedirle que lo sea más y que priorice la eficacia en este documento”, añade.

El PNV, partido impulsor de esta subcomisión, también ha realizado una valoración “positiva”, en palabras de la diputada Josune Gorospe. Supone “un paso adelante”, aunque necesita “modificaciones”, explica la portavoz vasca, como “poner a las personas en el centro de las decisiones”, en línea con UP. “Estamos en un momento clave; multitud de pacientes esperan avances en la regulación del uso terapéutico de preparados del cannabis”, señala, y se muestra optimista por el “ambiente de trabajo colaborativo” que ha reinado en las sesiones preparatorias de los últimos meses.

Las claves de la propuesta

El PSOE quiere un sistema bajo un estricto control, según se desprende de su propuesta, que dibuja un sistema restringido en el acceso y la dispensación –solo en la red públicas hospitalaria–. Fuentes del partido explican que el marco que se busca se basa en “prescripción médica, seguridad sanitaria y jurídica y que la AEMPS dé el visto bueno a todo el proceso”. El qué, el cómo y el a quién son algunas de las claves de la futura regulación, que el texto aborda en parte.

Respecto al “a quién”, los socialistas, en línea con su pensamiento de los últimos años, sostienen que “la evidencia científica disponible es limitada en relación con los usos terapéuticos del cannabis y de sus productos, y está restringida a algunos diagnósticos”, entre los que menciona “la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático)”. Estos serían, en principio, los usos a los que se limitaría, aunque el documento abre la puerta a una mayor investigación.

El dónde es uno de los elementos que más rechazo han generado. La propuesta socialista sostiene que “la prescripción se ha de realizar exclusivamente por profesionales sanitarios, en un contexto libre de potenciales conflictos de interés, como el que ofrecen los servicios públicos del Sistema Nacional de Salud”, medida que forzaría a los pacientes de la red privada a acudir a la pública.

En este marco, la dispensación de los productos se haría exclusivamente en las farmacias hospitalarias, dejando fuera en principio a las de barrio. “Podrán arbitrarse mecanismos para facilitar el acceso de los pacientes a las fórmulas magistrales dispensadas por los servicios de farmacia hospitalaria, en coordinación con las comunidades autónomas, cuando las condiciones del paciente o la distancia a los servicios lo requieran”, reza el punto 3.7 del documento.

Las comunidades podrán regular

Pero el PSOE explica que ese punto deja la puerta abierta a que las comunidades lo regulen por su cuenta para que se pueda dispensar en farmacias comunes. “La base es farmacia hospitalaria para que la prescripción sea por el profesional sanitario especialista que te atiende”, explican fuentes socialistas, pero hay “un marco competencial autonómico”, añaden, que se desarrollaría en una segunda fase.

Pérez, del OECM y usuaria desde hace décadas del cannabis con fines terapéuticos, cree que la fórmula no va a funcionar. “Los productos que usamos los pacientes los tenemos en la farmacia del barrio, no en la hospitalaria. Además, se le está dando una categoría que no se le da a una benzodiazepina o un opioide, medicamentos con los que también hay que tener mucho cuidado y con los que las farmacias hacen un acompañamiento. Esto complica mucho las cosas, la receta hospitalaria es un proceso muy complicado que en muchas ocasiones implica un tribunal... Se pierde el trato directo médico-paciente, mucha gente va a seguir en el mercado negro ante tanta traba. ¿O qué pasa si te vas un mes fuera?”, se pregunta.

Los pacientes sí tienen una alegría en la parte del “qué”. Además de los dos medicamentos ya existentes en el mercado –Sativez y Epidyolex– la propuesta socialista incluye tratamientos con extractos o preparados estandarizados y abre la puerta a valorar “la manera de que los servicios de farmacia competentes puedan elaborar fórmulas magistrales a partir de extractos o preparados estandarizados de cannabis para su uso directo en determinados casos”, medida que habían solicitado los futuros usuarios. Las fórmulas magistrales son preparados individualizados ad hoc para cada paciente, con (por ejemplo) combinaciones determinadas de THC y CBD (dos de los principales principios activos de la planta).

“Que no haya una mayor disponibilidad”

La propuesta socialista también dedica un capítulo entero cuestiones que podrían englobarse en la seguridad con el programa. Por un lado, a “velar por no emprender acciones que comporten una mayor disponibilidad y consumo de cannabis fuera del contexto clínico”, uno de los principales temores del partido. “Es absolutamente necesario evitar que el uso terapéutico de extractos o preparados estandarizados de cannabis para determinados pacientes con indicaciones concretas, se confunda con una invocación genérica al uso general de cannabis por la población”, expone el documento.

También establece que la Comisión de Sanidad del Congreso evaluará el programa cada año durante una década y que la AEMPS “realizará un informe sobre el uso terapéutico de extractos o preparados estandarizados de cannabis”. Esta información se complementará con “un informe sobre el consumo de cannabis y de extractos o preparados estandarizados de cannabis en España, con información sobre la frecuencia de consumo en población adolescente y adulta, los indicios de consumo intensivo, los indicios de consumo problemático, las personas que acuden a tratamiento especializado con el cannabis como sustancia principal” por parte del Plan Nacional sobre Drogas para asegurarse de que no hay un crecimiento injustificado del consumo.

La subcomisión cumple otro plazo con la presentación de la propuesta del PSOE, que se ha atenido al margen que se había dado. A partir de ahora quedan por delante 10 días para negociar el documento y presentar una versión definitiva que, idealmente, se votará el 23 de junio. Si se aprueba como está previsto, la pelota que quedará en manos del Gobierno, que tendrá el mandato (no vinculante) del Congreso para regular el cannabis medicinal. El Ministerio se ha comprometido a hacerlo y el documento, cuando se apruebe, tendrá el respaldo del PSOE. Si no pasa nada extraño ni se estancan las negociaciones, España dejará de ser esta legislatura uno de los pocos países europeos sin programa de marihuana terapéutica.

El 23 de junio puede ser la fecha clave. Ese día se reúne la Comisión de Sanidad del Congreso y, si todo va como se espera, se votará (y previsiblemente aprobará; los “síes” suman a día de hoy) la ponencia que propondrá al Gobierno que regule el uso del cannabis con fines medicinales. La ponencia en sí no es más que un documento sin valor legal propio, no es una ley, pero saliendo del Congreso auspiciada por el PSOE y con el apoyo de la mayoría de la Cámara, el siguiente paso natural será que el Ejecutivo la convierta en norma.

“La regulación es inexorable”, explica el portavoz socialista en la subcomisión que estudia la materia, Daniel Viondi. “El cómo es en lo que tenemos que ponernos de acuerdo”. Una declaración breve, pero significativa, toda vez que el PSOE ha sido en las últimas legislaturas el partido clave para su aprobación (o el que la ha impedido por sus dudas respecto a la evidencia científica que la avalara). Unidas Podemos, por su parte, defiende que “se ha hecho un buen trabajo y lo importante es que en esta nueva fase vayamos todos con la voluntad de llegar a acuerdos”. Tras años de espera y reivindicación, los usuarios de cannabis medicinal –se calcula que son unas 300.000 personas en España– atisban una luz al final de un túnel de autodiagnósticos, remedios caseros y mercado negro.

La regulación integral, una demanda de parte del colectivo que cuenta con el apoyo de al menos tres partidos y sendas propuestas de ley registradas en el Congreso, de momento tendrá que esperar.

La subcomisión que aborda el asunto concluyó la primera fase de los trabajos el pasado lunes, cuando comparecieron ante los diputados los últimos expertos citados. Tras algunos responsables de los programas medicinales de otros países y médicos y psiquiatras, para esta última jornada quedaron las asociaciones que representan a los pacientes, que reivindicaron que se sitúe a los usuarios de cannabis medicinal en el centro del debate.

Pacientes y expertos opinan

Desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), una asociación de expertos que lleva años presionando para la regulación, el catedrático en bioquímica Manuel Guzmán explicó que “el cannabis es una sustancia segura para el paciente, no solo teniendo en cuenta la experiencia observada desde el OECM, sino a partir de trabajos de investigación donde se demuestra que el cannabis es más seguro que otras sustancias neuroactivas usadas tanto en entornos recreativos como médicos”. Esta asociación aboga por una regulación que al menos incluya los preparados estandarizados a partir del cannabis e, idealmente, el autocultivo.

El PSOE debe presentar una propuesta de regulación el 30 de mayo y los grupos tendrán 10 días para realizar sus aportaciones. Las siguientes dos semanas son para debatir y acordar un texto y validarlo en la Comisión de Sanidad el 23 de junio

Durante las comparecencias también se señaló la aparente incongruencia del hecho de que España permita cultivar cannabis con fines medicinales –y cada vez otorgue más licencias– pero solo para exportar: lo que se cultiva en el país solo se puede vender fuera.

También intervino el último día otro grupo prorregulación. Noemí Sánchez, presidenta del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) y doctora en neurociencias, defendió “una ley con distintas vías de acceso, incluyendo el autocultivo individual y colectivo, así como fitofármacos de bajo coste”. Sánchez, usuaria de cannabis medicinal como enferma de esclerosis múltiple, destacó la urgencia de una regulación para unos pacientes que, afirman, no pueden esperar más.

A este tipo de detalles se refiere el socialista Viondi cuando explica que el “cómo” es en lo que hay que ponerse de acuerdo. ¿Quién debe prescribirlo? ¿Para quién? ¿Qué productos serán legales? Asociaciones como el OECM abogan, al menos, por una regulación algo más laxa que permita el uso de aceites, preparados estandarizados o las fórmulas magistrales que se realizarían en las farmacias ad hoc para cada paciente.

El PSOE, encargado de redactar la propuesta de informe que después los diferentes grupos podrán enmendar, no lo tiene tan claro. “La hoja de ruta es: seguridad jurídica y sanitaria, [dispensación] bajo prescripción médica y bajo el paraguas de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Cualquier cosa que se dispensa a una persona tiene que tener prescripción médica y los medicamentos deben ser planteados y aprobados por la AEMPS”, expone su postura Viondi.

¿Y las fórmulas magistrales, por ejemplo, o las flores secas (cogollos) para inhalar en vapeadores? “No hemos cerrado esa posibilidad”, responde el diputado, aunque matiza que “la inhalación no está dentro de las líneas. Tampoco está descartada, pero no es nuestra opción favorita vistos los ejemplos del resto de países”, y cita a Francia, que está llenando a cabo una prueba piloto en esta línea de la que habrá resultados en un par de años.

La postura socialista, que probablemente se verá reflejada en su propuesta de ponencia, pone el foco en productos cannábicos que no tienen la categoría de medicamento clásico, por llamarlo de alguna manera (no han pasado los ensayos clínicos que sí pasan los medicamentos estándar, que pueden durar más de una década, pero sí están avalados por haber seguido ciertos procedimientos): una flor estandarizada, un aceite con cierta concentración de THC o CBD (los dos principales principios activos de la planta). Israel, uno de los países con un programa de cannabis medicinal más avanzado del mundo, tiene varios productos de este estilo registrados, como por ejemplo la panaxia.

En cualquier caso, nadie quiere ser maximalista en este debate, conscientes los partidos favorables a la regulación (que en principio es la mayoría de la investidura, con Vox en el “no” rotundo y el PP probablemente también ahí, aunque no ha sido tajante) de que las expectativas son altas y de que si eventualmente no saliera adelante la propuesta de regulación sería un varapalo fuerte para un amplio colectivo.

“¿Qué hacemos, negar la evidencia?”

Tampoco Unidas Podemos, pese a que tiene registrada en el Congreso también una propuesta de regulación integral. Su portavoz en la subcomisión, Lucía Muñoz Dalda, valora que esta “ha servido para mirar el entorno en el que estamos”, explica en alusión a los numerosos países europeos que sí tienen programas cannábicos ya en funcionamiento. “Cuando se plantea un debate a partir de una realidad, que hay 300.000 pacientes que usan el cannabis en el mercado negro, ¿qué hacemos? ¿Negamos la realidad?”, reflexiona. “Lo importante es que hemos llegado al final de la subcomisión según los plazos previstos y ahora empieza la importante etapa de formulación de propuesta de conclusiones, y ahí tendremos que negociar y llegar a acuerdos sobre el contenido”.

UP, asegura, llegará al día 30 de este mes, fecha prevista para que el PSOE entregue su propuesta, sin líneas rojas. “Creo que se ha hecho un buen trabajo y lo importante es que en esta nueva fase vayamos todos con la voluntad de llegar a acuerdos”, valora.

En una línea similar se expresa Josune Gorospe, diputada del PNV y responsable política de que exista la subcomisión (fue su grupo quien propuso crearla), que califica de “hitos” primero que se lograra crear la comisión y ahora que se haya concluido positivamente la primera parte. Y quiere más. “En esta nueva etapa manifestamos nuestro deseo de alcanzar un tercer hito que no va más allá de la pretensión de lograr, también por amplia mayoría, aprobar por la Cámara un informe de la subcomisión que suponga algún avance, por pequeño que pueda parecer a quien tenga grandes pretensiones y gigante que pueda considerar aquel que no juzgue necesario mover una coma del vigente marco regulatorio”, explica.

Gorospe valora también que “una parte considerable de los comparecientes consideran necesario avanzar en la adopción de medidas que faciliten el acceso regulado, bajo prescripción médica y controlado, mejorando la calidad de vida de las personas que sufren algunas dolencias y que podrían ser aliviadas de facilitarse el acceso al cannabis de uso terapéutico”.

La excepción española: el debate es ideológico

Una circunstancia que se da en el caso español y sorprende tanto a pacientes como a algunos diputados –especialmente los instalados en el “sí” a la regulación– es que en España el debate lo marque el eje izquierda-derecha. Con la salvedad del PNV y la incógnita de los nacionalistas catalanes de Junts y el PDeCAT, la izquierda apoya la regulación y la derecha la rechaza.

“Este tema no debería ser cuestión de izquierda o derecha”, resume el sentir Muñoz Dalda. “En muchos países la regulación la ha liderado la extrema derecha”, añade en alusión a Israel, donde Ariel Sharon impulsó el programa. “Es una cuestión de salud, aunque aquí el debate lo marque el eje izquierda-derecha sin un motivo ideológico detrás distinto al de separarse”.

El PP está en el “no” porque, asegura, la evidencia respecto al valor medicinal del cannabis es insuficiente. Una postura similar a la que mantenía el PSOE hasta hace unos meses, pero que ha cambiado en parte por el cambio de opinión de la ONU, que sacó la planta de la lista de drogas más peligrosas y sin valor medicinal, y con las declaraciones de los expertos en las comisiones.

Otra de las incógnitas que quedan por resolverse es el papel que quedará para los clubes y el movimiento asociativo, eje sobre el que se articuló el movimiento cannábico (y que ha sido tomado como referencia por otros países) hasta la aparición de los lobbies, con un carácter más marcadamente político. A tenor de la postura del PSOE, no parece que en este movimiento normativo vaya a cambiar el limbo legal en el que se mueven, aunque partidos como UP u organismos como el OECCC han pedido “que se tengan en cuenta en las políticas públicas las peculiaridades del caso español, como la gran difusión del autocultivo y los clubes sociales de cannabis”.