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La ONU mantiene el estatus del cannabis, que sigue al mismo nivel de control que la heroína pese a la recomendación de la OMS

Aprueban el uso de la marihuana para fines médicos en un estado de Australia

Daniel Sánchez Caballero

Varapalo para el mundo cannábico. La ONU mantiene, de momento, el estatus del cannabis y, por tanto, las restricciones que afectan, por ejemplo, a la investigación del producto. En su última sesión en Viena (Austria), la Comision de Estupefacientes no ha seguido el nuevo criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha recomendado cambiar la consideración de la planta y rebajar la fiscalización a la que los Estados deben someterla. Una votación final se espera para el próximo diciembre o marzo de 2020.

La OMS recomendó el pasado mes de enero a la ONU que saque el cannabis, la droga más consumida en el mundo, de la lista IV de sustancias prohibidas de la Convención sobre drogas de 1961. La lista IV es la más restrictiva y en ella se encuentran las plantas de alto poder adictivo y que, según Naciones Unidas, no tienen apenas valor médico. En esta lista se encuentra la heroína, por ejemplo. Figurar en esta relación de plantas dificulta mucho la investigación y seguir avanzando en las propiedades de la planta, según lamentan los científicos.

El organismo sanitario mundial basó su recomendación en el primer informe sobre el cannabis que elabora desde 1949. “El Comité recomendó reducir el control del cannabis y compuestos relacionados para garantizar que los pacientes que lo necesiten puedan acceder a terapias probadas”, explicó en su momento Daniela Bagozzi, portavoz de la OMS, a Efe. “Un control menor permitiría una mayor investigación científica sobre los posibles usos médicos de la sustancia y al mismo tiempo el nuevo nivel de control recomendado aseguraría restricciones suficientes para para proteger de los daños del consumo”, añadió.

“Fue muy importante que el ente encargado de arrojar luz sobre la peligrosidad o no de los estupefacientes hiciera esa recomendación, pero ha sido una gran decepción que la Comisión de Estupefacientes de la ONU no haya tenido la altura de miras necesaria”, lamenta Bernardo Soriano, letrado de SF Abogados y portavoz de la plataforma pro legalización Regulación Responsable.

Constanza Sánchez, doctora en Derecho y directora de Ley, Políticas y Derechos Humanos de la Fundación ICEERS en favor de la legalización, destaca que este informe de la OMS es el primero que hace el organismo sobre el cannabis desde su existencia, prohibición incluida.

“Se incluye el cannabis en la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde se fiscaliza la planta, sin ningún informe científico ni revisión de la evidencia científica que motivara la inclusión. En 2018 es la primera vez que se somete a revisión por parte de la OMS. Esto da a entender que las decisiones en política de drogas no suelen estar basadas en la evidencia, son decisiones más políticas que científicas”, explica.

Rusia presiona

Fuentes presentes en la reunión de Viena cuentan que la Comisión, compuesta por 53 países, decidió aplazar la votación en parte porque el informe de la OMS llegó algo más tarde de lo esperado y algunos países necesitaban más tiempo para reflexionar sobre la materia. Sin embargo, y pese a que se votó unánimemente, las posturas difieren.

Entre los países que más reticencias tienen está Rusia, cuentan, ya que tiene una política antidroga muy dura y que había calificado el informe de la OMS de “cuestionable” y basado en pruebas “endebles”, informa Efe. También Japón o EE UU, donde se da la paradoja de que diez estados han legalizado su consumo, pero el Gobierno federal rema en la otra dirección. Enfrente, México y Uruguay son los más favorables. El país norteamericano señaló que esta decisión afecta a millones de personas y lamentó que se “está perdiendo una oportunidad”. España optó por el perfil bajo y no intervino.

La recomendación de la OMS llenó de optimismo a quienes defienden la legalización del cannabis. A partir de ella, se esperaba que la ONU siguiese las recomendaciones de su rama sanitaria. La teoría cobraba fuerza cuando se consideraba que países tan potentes como EE UU (varios Estados, al menos), Canadá, Israel o Alemania ya han legalizado parcial o totalmente el cannabis.

Sacar el cannabis de la lista IV habría supuesto que la ONU diera permiso a los países para regular al menos el uso medicinal de la planta. No es que la ONU tenga la capacidad de obligar a los Estados a no hacerlo (ahí están los casos anteriormente citados), pero su postura puede ser utilizada para defender la no regulación.

Es el caso de España, por ejemplo. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) respondía así a una petición de información del diputado Francisco Igea, de Ciudadanos, durante la pasada legislatura: “A nivel mundial, la eficacia terapéutica y seguridad de los tratamientos del cannabis se estudia en la actualidad y todavía no existe una decisión al respecto” y se remitía a la conclusión que obtuviera la OMS respecto al cannabis el pasado enero. La OMS ya se ha pronunciado, la ONU ha aplazado y habrá que ver qué relación de fuerzas sale del 28-A para ver cómo procederá el Gobierno resultante.

Sánchez, que estuvo en Viena durante la Convención, explica que la toma de decisiones en este organismo es por consenso: “Esto implica que se tienen que poner de acuerdo países que tienen pena de muerte por delitos relacionados con drogas con otros que han legalizado el cannabis, por lo que se suele aprobar el mínimo denominador común”.

Esta necesidad de unanimidad se une a la otra gran crítica que esta experta realiza a la Comisión. “El perfil de los funcionarios que la componen [que cada país manda] es tradicionalmente de personas relacionadas con la justicia y la aplicación de la ley, pero hay muy pocos del sector de la salud y los asuntos sociales: por eso la Comisión ha sido un órgano mucho más conservador en temas de drogas que otros organismos de la ONU”, valora. Y aprovecha para solicitar que la delegación española, que responde a este perfil básicamente, incluya de alguna manera a miembros de la sociedad civil como hacen otros países.

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