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El PSOE propone limitar la dispensación de cannabis medicinal a los hospitales

Una plantación de cannabis.

Daniel Sánchez Caballero

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Solo en farmacias hospitalarias, dentro del sistema público exclusivamente y se permitirá la creación de preparados estandarizados y fórmulas magistrales (en forma de aceite, habitualmente), pero no la inhalación de cogollos. El PSOE ya tiene su propuesta de regulación del cannabis medicinal, que tenía previsto enviar este lunes a los partidos del Congreso. Se abre ahora un periodo de diez días en el que los grupos podrán aportar y negociar un texto para que lo apruebe la cámara, lo que parece el final del camino “inexorable” –en palabras de los socialistas– en este momento.

El documento se basa en cinco ideas fuerza que constituyen el eje de lo que el PSOE cree debe ser el modelo de regulación del cannabis con fines medicinales en España, según se lee en el texto: garantizar la disponibilidad de medicamentos derivados del cannabis; el papel preponderante de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); el servicio público y los hospitales (no las farmacias) como pilares del sistema; evitar “una mayor disponibilidad del cannabis fuera del contexto clínico”; y evaluar el programa regularmente.

La propuesta ha caído como un jarro de agua fría entre parte de los actores involucrados. Asociaciones de pacientes lamentan que limitar el programa a las farmacias hospitalarias –a falta de un posible desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas– provocará que muchas personas sigan acudiendo al mercado negro ante las dificultades que puede plantear este tipo de circuito legal.

“Que la dispensación sea solo en hospitales supone un problema enorme”, apunta Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), “es una burocracia horrible, cada mes tienes que ir al hospital a recoger la medicación”. En otros países europeos como Italia, cuenta, las farmacias sí dispensan: el médico especialista hace el plan, el de familia la receta a partir del informe del primero, y el paciente lo recoge en la farmacia del barrio.

Una idea similar a la que apuntan desde el socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos: “Lo que nosotras queremos es una regulación eficaz que consiga sus objetivos”, explica Lucía Muñoz Dalda, la portavoz de UP en la subcomisión que estudia la regulación. “Y este informe no pone del todo al paciente en el centro; creo que si se lo ponemos muy difícil van a seguir acudiendo al mercado ilícito, pero tenemos diez días para negociar”, se muestra conciliadora. “El PSOE ha sido valiente dando este paso, pero hay que pedirle que lo sea más y que priorice la eficacia en este documento”, añade.

El PNV, partido impulsor de esta subcomisión, también ha realizado una valoración “positiva”, en palabras de la diputada Josune Gorospe. Supone “un paso adelante”, aunque necesita “modificaciones”, explica la portavoz vasca, como “poner a las personas en el centro de las decisiones”, en línea con UP. “Estamos en un momento clave; multitud de pacientes esperan avances en la regulación del uso terapéutico de preparados del cannabis”, señala, y se muestra optimista por el “ambiente de trabajo colaborativo” que ha reinado en las sesiones preparatorias de los últimos meses.

Las claves de la propuesta

El PSOE quiere un sistema bajo un estricto control, según se desprende de su propuesta, que dibuja un sistema restringido en el acceso y la dispensación –solo en la red públicas hospitalaria–. Fuentes del partido explican que el marco que se busca se basa en “prescripción médica, seguridad sanitaria y jurídica y que la AEMPS dé el visto bueno a todo el proceso”. El qué, el cómo y el a quién son algunas de las claves de la futura regulación, que el texto aborda en parte.

Respecto al “a quién”, los socialistas, en línea con su pensamiento de los últimos años, sostienen que “la evidencia científica disponible es limitada en relación con los usos terapéuticos del cannabis y de sus productos, y está restringida a algunos diagnósticos”, entre los que menciona “la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático)”. Estos serían, en principio, los usos a los que se limitaría, aunque el documento abre la puerta a una mayor investigación.

El dónde es uno de los elementos que más rechazo han generado. La propuesta socialista sostiene que “la prescripción se ha de realizar exclusivamente por profesionales sanitarios, en un contexto libre de potenciales conflictos de interés, como el que ofrecen los servicios públicos del Sistema Nacional de Salud”, medida que forzaría a los pacientes de la red privada a acudir a la pública.

En este marco, la dispensación de los productos se haría exclusivamente en las farmacias hospitalarias, dejando fuera en principio a las de barrio. “Podrán arbitrarse mecanismos para facilitar el acceso de los pacientes a las fórmulas magistrales dispensadas por los servicios de farmacia hospitalaria, en coordinación con las comunidades autónomas, cuando las condiciones del paciente o la distancia a los servicios lo requieran”, reza el punto 3.7 del documento.

Las comunidades podrán regular

Pero el PSOE explica que ese punto deja la puerta abierta a que las comunidades lo regulen por su cuenta para que se pueda dispensar en farmacias comunes. “La base es farmacia hospitalaria para que la prescripción sea por el profesional sanitario especialista que te atiende”, explican fuentes socialistas, pero hay “un marco competencial autonómico”, añaden, que se desarrollaría en una segunda fase.

Pérez, del OECM y usuaria desde hace décadas del cannabis con fines terapéuticos, cree que la fórmula no va a funcionar. “Los productos que usamos los pacientes los tenemos en la farmacia del barrio, no en la hospitalaria. Además, se le está dando una categoría que no se le da a una benzodiazepina o un opioide, medicamentos con los que también hay que tener mucho cuidado y con los que las farmacias hacen un acompañamiento. Esto complica mucho las cosas, la receta hospitalaria es un proceso muy complicado que en muchas ocasiones implica un tribunal... Se pierde el trato directo médico-paciente, mucha gente va a seguir en el mercado negro ante tanta traba. ¿O qué pasa si te vas un mes fuera?”, se pregunta.

Los pacientes sí tienen una alegría en la parte del “qué”. Además de los dos medicamentos ya existentes en el mercado –Sativez y Epidyolex– la propuesta socialista incluye tratamientos con extractos o preparados estandarizados y abre la puerta a valorar “la manera de que los servicios de farmacia competentes puedan elaborar fórmulas magistrales a partir de extractos o preparados estandarizados de cannabis para su uso directo en determinados casos”, medida que habían solicitado los futuros usuarios. Las fórmulas magistrales son preparados individualizados ad hoc para cada paciente, con (por ejemplo) combinaciones determinadas de THC y CBD (dos de los principales principios activos de la planta).

“Que no haya una mayor disponibilidad”

La propuesta socialista también dedica un capítulo entero cuestiones que podrían englobarse en la seguridad con el programa. Por un lado, a “velar por no emprender acciones que comporten una mayor disponibilidad y consumo de cannabis fuera del contexto clínico”, uno de los principales temores del partido. “Es absolutamente necesario evitar que el uso terapéutico de extractos o preparados estandarizados de cannabis para determinados pacientes con indicaciones concretas, se confunda con una invocación genérica al uso general de cannabis por la población”, expone el documento.

También establece que la Comisión de Sanidad del Congreso evaluará el programa cada año durante una década y que la AEMPS “realizará un informe sobre el uso terapéutico de extractos o preparados estandarizados de cannabis”. Esta información se complementará con “un informe sobre el consumo de cannabis y de extractos o preparados estandarizados de cannabis en España, con información sobre la frecuencia de consumo en población adolescente y adulta, los indicios de consumo intensivo, los indicios de consumo problemático, las personas que acuden a tratamiento especializado con el cannabis como sustancia principal” por parte del Plan Nacional sobre Drogas para asegurarse de que no hay un crecimiento injustificado del consumo.

La subcomisión cumple otro plazo con la presentación de la propuesta del PSOE, que se ha atenido al margen que se había dado. A partir de ahora quedan por delante 10 días para negociar el documento y presentar una versión definitiva que, idealmente, se votará el 23 de junio. Si se aprueba como está previsto, la pelota que quedará en manos del Gobierno, que tendrá el mandato (no vinculante) del Congreso para regular el cannabis medicinal. El Ministerio se ha comprometido a hacerlo y el documento, cuando se apruebe, tendrá el respaldo del PSOE. Si no pasa nada extraño ni se estancan las negociaciones, España dejará de ser esta legislatura uno de los pocos países europeos sin programa de marihuana terapéutica.

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