El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha reivindicado que su formación ha demostrado ser “una fuerza política imprescindible para mejorar la vida de la gente” con el acuerdo para la revisión fiscal que supone “un punto de inflexión” en Euskadi. Aunque ha admitido que no es la reforma que “Podemos Euskadi habría hecho en solitario”, ha subrayado que se ha “girado a la izquierda” el proyecto de PNV y PSE-EE.

Según ha informado Podemos Euskadi, Vaquero ha agradecido, en su intervención en esta reunión, tanto a la Ejecutiva como al Consejo Ciudadano Euskadi su “trabajo, compromiso y determinación”, sin el que “no habría sido posible” el acuerdo de revisión fiscal anunciado este jueves entre su formación y el PNV y el PSE-EE. El coordinador de Podemos Euskadi ha reivindicado a su partido como “una fuerza transformadora” que ha demostrado, “con hechos y no solo con palabras”, que es “imprescindible para mejorar la vida de la gente” al lograr un acuerdo en materia fiscal que supone “un punto de inflexión” en Euskadi.

Podemos era decisivo porque PNV y PSE-EE solamente tienen mayoría absoluta en Bizkaia. En el caso de Álava y de Gipuzkoa, los Gobiernos forales de Ramiro González y Eider Mendoza, respectivamente, tienen 24 de 51 escaños y precisan de un tercer socio. Los socialistas habían cerrado claramente la puerta a la derecha, al PP, y EH Bildu ha presentado enmiendas de totalidad al entender que este proceso no implica cambios estructurales en el modelo tributario.

Así, Vaquero ha subrayado que este acuerdo, tras “una negociación intensa”, beneficiará a más de un millón de personas, “casi el 50% de la población vasca”, según recoge Europa Press. Para Vaquero el pacto alcanzado “marca un antes y un después” ya que Euskadi “tiene hoy un sistema fiscal más justo, más progresivo y más solidario”. Así, ha destacado que, con la puesta en marcha de la revisión fiscal, “las rentas por debajo de 20.000 euros, y que no pagarán IRPF, pueden recibir hasta un 35% de lo que han abonado en concepto de alquiler”, lo que supone “un alivio real para miles de familias, jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad”. “Por primera vez en la historia, quienes menos tienen recibirán apoyo directo de la Hacienda foral. Es un paso enorme hacia una sociedad más equitativa”, ha manifestado.

También ha resaltado los “pasos decisivos” en materia de vivienda, ya que se ha podido “desbloquear” el envío de datos al Ministerio de Vivienda para fijar los Índices de Precios de Referencia y regular los precios del alquiler en Euskadi. Vaquero ha reconocido que, pese a las 27 medidas que se han introducido en el proyecto de revisión fiscal mediante este acuerdo, “no es el que habría hecho Podemos Euskadi en solitario”. En todo caso, ha remarcado que sí se ha logrado “girar el proyecto fiscal a la izquierda. ”Hemos conseguido que paguen más quienes más tienen, que las grandes empresas y las entidades financieras aporten lo que les corresponde, y que las rentas más bajas reciban un apoyo real“, ha manifestado.

La formación ha reunido este sábado en Bilbao su Consejo Ciudadano Autonómico, su primer encuentro con la nueva Ejecutiva, que integran Leticia Jiménez (Organización), Luis Miguel Lapeña (secretaría Política), Xabier Marrero (Emergencia Climática y Modelo Productivo), Gustavo Angulo (Acción Institucional), Ana Viñals (Municipalismos), Joseba Andoni Fernández (Sociedad Civil), Inés Unzaga (Comunicación) y Thania Pazos (Feminismos). Además, cuentan con un grupo asesor compuesto por David Rodríguez y Eneritz de Madariaga, portavoces en las Juntas Generales de Álava y Bizkaia, respectivamente.

Su cordinador general considera que el acuerdo fiscal pone de manifiesto que Podemos Euskadi es “determinante”. Según ha reivindicado es “la fuerza que impulsa los cambios necesarios para que Euskadi avance con justicia e igualdad” y seguirá haciéndolo. “Seguiremos defendiendo los derechos de la mayoría social, de las trabajadoras y trabajadores, de quienes más dificultades tienen, de quienes necesitan una política que les escuche y que responda con soluciones reales”, ha afirmado. Además, se ha comprometido a “seguir trabajando sin descanso para que Euskadi sea un ejemplo de justicia social, de igualdad y de progreso”. “Porque para eso nacimos y para eso seguimos aquí: para cambiar las cosas y para demostrar que otra política es posible”, ha indicado.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea de Extremadura un escrito en el que solicita la retirada de la propuesta de modificación del Reglamento para la ampliación de la Mesa, cuyo objetivo era dar entrada a Vox, después de que el partido de Santiago Abascal haya roto de forma “unilateral” el pacto que tenía con ellos. Además, el portavoz del Partido Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido este viernes a Ángel Pelayo Gordillo que entregue el acta de senador autonómico que tiene Vox. Ambos asuntos formaban parte de las medidas acordadas en el pacto de gobierno que PP y Vox firmaron hace un año.

Sánchez Juliá ha subrayado que la dirección nacional de Vox ha decidido romper el acuerdo de gobierno de manera unilateral, “cuando no existía ninguna razón en Extremadura para hacerlo”, ya que no había nada relacionado con la migración, por lo que “tendrán que ser los miembros de Vox quienes den explicaciones de ello. Han roto el pacto y por lo tanto todos los acuerdos de él quedan rotos”, ha afirmado.

Sánchez Juliá, ha agradecido al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, que dejará Vox, que apueste por Extremadura y continúe en el cargo anteponiendo los intereses de los extremeños a las decisiones de partido.

En su intervención, ha puesto de manifiesto que Extremadura cuenta con una presidenta a la altura de las circunstancias. “María Guardiola antepone el interés general de los extremeños por encima de todo y ha tomado la mejor decisión para Extremadura: continuar gobernando y seguir consolidando el cambio que los extremeños pidieron hace un año”.

Sánchez Juliá ha asegurado que también se va a seguir luchando para que el proyecto de regadío Tierra de Barros sea una realidad y se dé transparencia y rigor a un proyecto con el que el anterior gobierno socialista ha “engañado” a 1.200 familias. 

A larga distancia, sin compromiso y a largo plazo. Así podría definirse el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en la Región de Murcia. El pacto, que consiste en 30 puntos, reafirma la intención de ambas fuerzas de investir al candidato del PP y actual presidente del Gobierno, Fernando López Miras, pero lanza más dudas que respuestas sobre cómo navegarán juntos en esta legislatura. “El pacto es un brindis al sol, aquí hay una gran cantidad de puntos que son más bien reivindicaciones”, señala el codirector del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP) y catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, Ismael Crespo.

La falta de definición en el acuerdo podría ser una ventaja para ambos partidos: “El Partido Popular, que al fin y al cabo controla el Gobierno, va a tener mucha capacidad de maniobra, porque en el pacto no hay puntos que les obliguen a nada”, apunta el politólogo. Lo mismo le ocurrirá a Vox, que para el codirector del CEMOP “va a salir ganando comunicativamente, van a tener mucha libertad para dar declaraciones”.

“Baleares o Valencia tienen pactos muy concretos”, ejemplifica Crespo, que reconoce que acuerdos muy cerrados pueden ser “peligrosos”: “Obligan a las partes. En la Región este acuerdo refleja en realidad el reparto de consejerías”.

El politólogo, sociólogo y también codirector del CEMOP, Juan José Escribano, incide en que algunos puntos del acuerdo no dependen “para nada” del Gobierno regional. Es, en definitiva, “un texto para salir del paso, sin compromisos claros”. En total, concreta Crespo, “hay diez puntos más o menos que no dependen ni del Partido Popular ni de Vox, sino del Gobierno central”, como la defensa del Plan Hidrológico Nacional o dotar de recursos a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Falta de concreción aparte, el acuerdo ofrece algunas certezas: “Agua para todos, defensa a ultranza del sector agroalimentario, la familia como centro de la sociedad o seguridad aunque sea a costa de libertad”, enumera Escribano.

Mar Menor, punto de fricción

Al Mar Menor se le dedica un solo punto, en el que ambas formaciones se comprometen a “todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para su protección, con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación”. Queda por ver en qué términos legislarán los dos partidos sobre la laguna salada, un punto de fricción entre ambas formaciones durante estas negociaciones. El día en el que se anunciaron las consejerías que asumía Vox, el partido de extrema derecha votaba en contra de renovar la moratoria urbanística de la laguna. “El Gobierno Regional seguirá sin mover ficha con el Mar Menor”, vaticina Crespo.

En el documento no hay ni rastro de la violencia de género, pero tampoco de la denominada violencia intrafamiliar, un término acuñado por Vox que abarca todo tipo de agresiones en el seno de la familia. El pacto tan solo expresa la intención de ambas fuerzas de erradicar “la violencia contra las mujeres, la que sufren los niños y la violencia que sufren los mayores”.

Este asunto ha sido un punto de fricción entre ambas fuerzas, con Vox desmarcándose de numerosas protestas institucionales contra la violencia de género a nivel nacional. En la Región, el PP se desvinculó el pasado junio del partido de extrema derecha, con el portavoz del Gobierno regional Marcos Ortuño declarando que “la violencia de género existe y, evidentemente, es una lacra contra la que vamos a destinar todos los esfuerzos y recursos necesarios”.

La presidenta del colectivo LGTBI Mar Tornero se indigna porque “también a la lucha contra la violencia machista le llaman ideología; y lo que nos espera es una legislatura lamentable en cuanto a igualdad, pero ahí estaremos los colectivos tanto LGTBI como feministas para protestar”. Para Tornero, es “patético” lo que ha hecho López Miras “cediendo ante la ultraderecha, y más con la experiencia que tuvo ya con una consejera de Vox en su anterior gobierno”.

Cambio de la ley que regula la participación de sindicatos y patronal

Otro aspecto que ha dejado anonadados a los sindicatos regionales ha sido el punto 25 del acuerdo programático. Tanto UGT como CCOO de la Región expresaron el pasado martes su rechazo a la modificación de la Ley de Participación Institucional –que regula su actividad– “para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos”, según reza el documento.

CCOO recordó que la compensación económica que perciben los agentes sociales de la Región “no la reciben con carácter finalista, sino que es consecuencia de su participación en las distintas mesas de negociación y comisiones de seguimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno de la Región”. El sindicato también se preguntó si este punto no deja de ser “un ejercicio de marketing político que busque manchar la imagen” del trabajo que realizan los agentes sociales.

“No sabemos exactamente la repercusión que puede tener el cambio de esa ley y por eso queremos hablar en primer lugar con el presidente de la Región. Participamos en más de 90 mesas de negociación y trabajamos por el conjunto de la sociedad en acuerdos como el pacto contra la economía sumergida”, cuenta a este periódico Santiago Navarro, secretario general de CCOO en la Región de Murcia. En todo caso, la plantilla de este sindicato está adecuada a los ingresos que reciben de los afiliados y “solo un 7% depende de nuestra participación en esas mesas”, aclara el sindicalista.

“Esto no deja de ser más que un intento de Vox de debilitar la negociación colectiva, como ha pasado en Castilla y León”, añade. En esta comunidad, el Gobierno de coalición de PP y Vox ha recortado la acción sindical y ha recibido el segundo aviso del Ministerio de Trabajo por desmantelar su organismo de mediación laboral.

La patronal murciana (CROEM) subrayó igualmente en una nota de prensa que su “representatividad viene recogida en la Constitución Española, la Ley de Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Participación Institucional de la Región de Murcia, aprobada por amplia mayoría en el Asamblea Regional en 2017”.

El veto parental, una medida que se intentó implantar sin éxito

En materia de educación repiten promesas de los populares con “la gratuidad de la educación de 0 a 3 años”, una medida incumplida desde la pasada legislatura. Los colectivos sociales vuelven a temer que desde el Ejecutivo se apruebe el veto parental, que trató de implementar la anterior consejera de Educación, Mabel Campuzano (Vox), sin éxito. Ahora, el documento asegura que defenderá “el mandato constitucional de la libre elección de centro y la Consejería de Educación garantizará la neutralidad ideológica del currículo escolar”.

“Si lo que quieren es eliminar la ideología, que saquen la religión de las aulas, que son los que adoctrinan contra los derechos de la mujer, como el aborto, y han llegado a pedir el voto para el PP en algunos casos”, señala Vladimir Solá, coportavoz de STERM-i. “El veto como tal no tiene recorrido jurídico, pero sí que tiene un preocupante recorrido social la persecución que hay contra el profesorado”, denuncia al tiempo que apunta a que el objetivo es que “no nos atrevamos a decir que hay que cuidar el medio ambiente, luchar contra la violencia de género o que la homosexualidad no es una enfermedad”. Por eso, el “problema” no es el veto, “es la coacción sistemática para que no eduquemos”. Este jueves, ha adelantado en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia, “nos concentraremos junto a otros colectivos en las puertas de la Asamblea Regional para protestar contra el acuerdo de gobierno PP-Vox”.

Susana Navarro, portavoz de Docentes Unidos, pone el acento en que el PP “sigue sin afrontar los problemas reales de la educación de la Región, y se busca entretenimientos con los que generar necesidades inexistentes”. Y cita entre esos “problemas reales” las ratios, la salud mental, las deficitarias infraestructuras o el funcionamiento de los centros públicos. En el grueso del acuerdo, no existe ninguna mención a reforzar el personal educativo.

“La cuestión es que lo que llaman ideología es igualdad, y no es que se les permita promoverla por ley, sino que se les obliga”, reflexiona la presidenta del colectivo LGTBi Mar Tornero. “Hay leyes estatales de igualdad, y la regional LTBi en las que se establece que hay que educar en la diversidad en todos los centros educativos, y formar en este campo a profesores y funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o de la sanidad, por ejemplo”. Pero la ley es de 2016, concreta, “y no se ha estado cumpliendo, las iniciativas en este campo parten de los centros y no de la Consejería; el PP regional no ha hecho nada hasta ahora y menos todavía lo hará ahora con Vox”.

Un presidente para Transparencia y Defensor del Pueblo

Una de las pocas medidas con concreción del acuerdo es el compromiso de populares y Vox de impulsar una reforma legislativa para dotar al Presidente del Consejo de la Transparencia de las atribuciones de “Defensor del Pueblo de la Región de Murcia”, y a designar al candidato propuesto por la dirección de Vox. Este órgano, que vela por los derechos murcianos frente a la Administración, volverá tras desaparecer en 2012. Previsiblemente, se modificará la ley de Transparencia para juntar ambos organismos en uno.

Las medidas de corte económico, apunta Crespo, están importadas directamente de las promesas electorales de los populares, como la reducción del IRPF o la rebaja general del tipo impositivo del ITP. “Luego hay brindis al sol”, y cita: “Se perseguirá en todo momento la correcta y más eficiente gestión del dinero público. Esto es lo que esperamos en cualquier gobierno, sea de izquierdas o de derechas. Lo mismo ocurre con el compromiso de reducir las trabas burocráticas para ciudadanos. En resumen, han trabajado poco”.

La sombra de la repetición electoral planea sobre la Asamblea Regional de Murcia. Los resultados de las elecciones autonómicas del 28M fueron contundentes, pero no suficientes para resolver el bloqueo parlamentario. El Partido Popular ganó los comicios en la Región con 21 escaños, por lo que necesita a Vox para gobernar, que obtuvo un total de nueve asientos. A ambas formaciones se les acaba el tiempo: tienen menos de tres semanas para llegar a un acuerdo. El 7 de septiembre es la fecha límite para formar gobierno según el reglamento de la Asamblea Regional: desde la primera votación de investidura fallida, que tuvo lugar el 7 de julio, los partidos tenían un plazo de dos meses para investir a un presidente.

Ahora, la elección este jueves de la nueva presidencia del Congreso de los Diputados ha puesto todavía más difícil un posible acuerdo entre ambas fuerzas. Durante las votaciones para la presidencia de la Cámara Baja, Vox sorprendió votando a su propio candidato en lugar de optar por la opción del Partido Popular, Cuca Gamarra. Así, los de Abascal castigaban a los populares por negarse a cederles un puesto en la Mesa Del Congreso. “Lo de ayer en el Congreso fue un caso de normalidad democrática. Tenemos que estar en la mesa”, insisten fuentes de Vox en la Región de Murcia. Tras las elecciones generales el presidente del partido de extrema derecha había ofrecido “sin condiciones” el apoyo de Vox a Núñez Feijoo para que pueda formar gobierno en solitario, pero tras la sesión de constitución de la Cámara Baja Abascal ha reiterado que “necesita explicaciones”.

Se trata del último desplante entre populares y el partido de extrema derecha. La primera sesión de investidura en la Asamblea Regional acabó con el 'no' de Vox a investir al candidato popular y presidente en funciones, Fernando López Miras. El líder del PP en Murcia se negó a las peticiones de su homólogo en Vox, José Ángel Antelo, de concederles dos consejerías y la vicepresidencia, además de retirar la Ley del Mar Menor. Si no se ponen de acuerdo, la presidenta de la Asamblea Regional está obligada a disolver la Cámara y se convocarán elecciones autonómicas en la Región de Murcia el 25 de octubre en función de la Ley Electoral de la Región de Murcia y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Antes de que creciera la tensión entre ambos partidos, la cuestión de los pactos y los gobiernos de coalición había sido la tónica habitual en muchas Comunidades Autónomas y ayuntamientos desde finales de mayo: Baleares, Extremadura, Aragón o la Comunidad Valenciana ya han cerrado sus respectivas investiduras. Mientras, en la Región de Murcia se mantiene el impás: “Que sepamos, se han sentado a negociar solo una vez. Es extraño, pero lo mejor es que se hayan dado ahora un tiempo de reflexión para acercar posturas”, apunta el politólogo Francisco Javier López Carvajal.

Ambos partidos han insistido a este diario que están esperando que el otro quiera sentarse a negociar: “Con esos resultados electorales, no se puede justificar el bloqueo de Vox cuya negativa a dialogar si no entra a formar parte del Gobierno regional va a conducir a una repetición electoral que rechaza absolutamente el Partido Popular”, han defendido fuentes del PP. Desde la formación de Abascal, por su parte, insisten en que López Miras lleva más de un mes sin llamarles: “No se le ve con ganas de acordar”.

Carvajal señala que la situación en la Región de Murcia es distinta a la de otras comunidades donde PP y Vox sí han llegado aun acuerdo: “Lo que diferencia el resultado de la Región de Murcia respecto a Aragón, Baleares o Extremadura, por ejemplo, es que aquí el Partido Popular suma más escaños o tiene más escaños que los dos partidos de izquierdas juntos y se queda al borde de la mayoría absoluta”. Para Carvajal, esto le da a los populares una posición de preeminencia a la hora de negociar. Esta singularidad, explica, hace que las negociaciones sean diferentes. Los propios populares sostienen que “el resultado electoral del 28 de mayo, un 43% de los votos y a tan sólo dos escaños de la mayoría absoluta, legitima al Partido Popular de la Región de Murcia para formar un gobierno en solitario, al ser la única opción posible”.

Las primeras conversaciones entre PP y Vox en la Comunidad Autónoma coincidieron con las semanas previas a las elecciones generales del 23J, lo que justifica el choque inicial entre ambos partidos. “Ahora, que dos meses después de la celebración de las elecciones no haya un acercamiento de posturas y que encima todo lo que vamos conociendo sea casi o por Twitter o por declaraciones a la prensa hacen de las negociaciones una gran anomalía”, matiza el experto.

Para Ismael Crespo, codirector del CEMOP y catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, la situación corresponde a la de un bloqueo. “Esto es no respetar la posibilidad de que en democracia haya gobiernos en minoría”, ha resumido. “En realidad, en democracia, la regla son los gobiernos en minoría, los casos más excepcionales son los gobiernos de coalición, y en España hemos tenido gobiernos en minoría de Felipe González, de Aznar, de Zapatero, de Rajoy y de Pedro Sánchez”, enumera. Para el catedrático, las coaliciones son casos excepcionales: “[Los gobiernos en minoría] son los que dan vitalidad al Parlamento, porque te obliga a negociar. Ellos [Vox] tienen, parece, órdenes de Madrid de entrar en todos los gobiernos regionales”, abunda.

Según el politólogo existe un problema de fondo entre ambos partidos: “El Partido Popular, con un 43% de los votos, tiene un programa político que le diferencia sustancialmente de Vox, como por ejemplo con el caso del Mar Menor. Donde ellos [Vox] proponen la derogación de la Ley del Mar Menor, el PP lleva en su programa la conservación integral de la laguna”, ejemplifica. Para Crespo las discrepancias entre los de Feijóo y los de Abascal en la Región hace complicado montar un gobierno en torno a ese punto: “Si además tu socio te reclama las competencias en medio ambiente... Eso parece un tanto insalvable, ¿No? Vox propone una ecuación un tanto extraña, entienden que 21 más 9 son 30, y que por tanto les corresponde el 30 por ciento del gobierno. No es así, su fuerza real son dos diputados, no nueve”, y concluye: “Aquí existe una cuestión, y es que el PP entiende que puede gobernar con Vox en coalición, pero limitando su papel a algo, no diría testimonial, quizá alguna vicepresidencia, pero proporcional con la fuerza de la formación en la Región.”

Carvajal descarta que una posible repetición electoral beneficie a ninguna de las formaciones políticas: “Sería jugar a la ruleta rusa. Dudo que ninguno quiera otras elecciones después de un ciclo electoral como el que hemos tenido”. Crespo afirma que unas terceras elecciones en un año dañarían especialmente a PSOE y Sumar: “Por dos motivos. Si en ese momento hay ya un gobierno nacional de Pedro Sánchez con el apoyo de Junts, ERC, Bildu, etc. esto, evidentemente, pone al PP de la Región en bandeja el discurso nacional”, expone. Para el catedrático, “el PSOE no va a estar en la campaña porque entenderá que ya no va con ellos y no tienen mucho que decir. Por otro lado, Sumar sufrirá porque aquí en la Región Sumar es Podemos. Tendrán que decidir cómo presentarse y eso provocará tensiones internas a nivel de sus élites partidistas que se va a notar bastante más que en la anterior campaña electoral. Será una campaña muy plebiscitaria y en la que el PP echará el resto para intentar una mayoría absoluta”.

Estanislao Martín regresó a la secretaría general de Extremeños hace dos semanas para sustituir a Lorena Rodríguez, actual diputada en la Asamblea bajo el paraguas de Unidas por Extremadura, una coalición liderada por Podemos y de la que también forma parte IU.

Martín, abogado de profesión, ocupó hasta 2017 la responsabilidad que ahora asume y es, además, el artífice de la unión de los principales partidos regionalistas de la región. Regresa de nuevo con ese objetivo.

Vuelve a la primera línea política después de cinco años. ¿Hay algún motivo especial?

En verdad nunca me marché del todo porque ben 2017 asumí la presidencia del partido y he estado todo este tiempo junto a la diputada autonómica Lorena Rodríguez y junto al comité ejecutivo echando una mano en tareas de asesoramiento jurídico y poniendo mi experiencia a disposición de los de los compañeros concejales y alcaldes. He vuelto porque en esta legislatura por diversas circunstancias el partido de alguna forma se ralentizó y el que era secretario de Organización dimitió y se llevó con él a algunas personas de la Ejecutiva. Alrededor de esta personas se ha estado fraguando una candidatura alternativa contra la secretaría general sin opciones de diálogo. Entonces hay una serie de personas que me piden que me presente, entiendo que lo que debo hacer es efectivamente presentarme e intentar unir de nuevo las dos partes que se habían roto

¿Lo ve posible?

Hasta el Congreso yo creo que todavía había posibilidades, pero propuse al congreso que celebró Extremeños una lista de nombres para la comisión ejecutiva y dejé huecos que se le ofertaron a la otra candidatura para que entrasen una vez que se enfriasen las cosas y se lo pensaran.

¿Cuál es la situación del partido en cuanto a fuerza e implantación territorial?

Tenemos 66 concejalías repartidas en 37 localidades y hay tres localidades en la provincia de Badajoz con alcaldías y cinco en la provincia de Cáceres, algunas con mayoría absoluta. A nivel de concejales y alcaldes, Extremeños es la tercera formación política, aunque a mucha distancia, del PSOE y del PP pero después está extremeños. En el año 2015 llegamos al centenar se cocnejales y 14 alcaldías pero perdimos candidatos tras la coalición frustrada con Unidas por Extremadura a nivel municipal.

“No contemplamos una coalición con partidos estatales”

¿ Los planes de futuro por donde pasan: unir al regionalismo o abanderarlo en solitario?

Tenemos una serie prioridades. En primer lugar, intentar recuperar esas candidaturas que se nos fueron. La segunda pasa por contactar con todos los partidos regionalistas o incluso locales y provinciales para proponerlas una convención que se tendría que celebrar antes del verano para hablar exclusivamente de qué cosas nos unen y si es posible presentar una única plataforma regionalista a las elecciones autonómicas, municipales y generales. Dependiendo de lo que ocurra pensaríamos si nos presentamos en solitario, si nos unimos a otra fuerza en el caso de que no saliera esa gran plataforma o si contamos con alguna otra fuerza política que quiera apoyar a Extremeños. En principio no contemplamos una coalición electoral con ningún partido de ámbito estatal. Eso lo vamos a respetar y vamos a trabajar por esa unión del regionalismo, o con una fuerza de acompañamiento, exclusivamente regionalista.

¿Habría alguna línea roja para crear esta plataforma?

La primera es que no se puede negar el regionalismo eso significa entender Extremadura como una única provincia. Debemos lograr que desde el Gobierno autonómico haya un reequilibrio a nivel de servicios en todo el territorio. Igual que con la Universidad, se puede hacer con la Sanidad, con las direcciones generales… Somos un gran territorio, tenemos que compartirlo todo con todo y no dejar a nadie. Esta es la primera la primera cuestión ideológica de tipo regionalista y eso quiere decir renunciar a ir en contra de Badajoz o en contra de Cáceres. La otra línea roja sería encontrarnos con la extrema derecha porque, evidentemente, no se contempla en ningún caso llegar a acuerdos con alguien de esa idelología.

¿Cree que el regionalismo goza ahora de mejor salud o de un impulso por lo que hemos visto en Castilla y León y lo en su día pasó con Teruel Existe?

Vamos a ver, que tengamos una buena una buena posición del regionalismo no es porque en Castilla y León hayan aparecido plataformas con un cierto éxito en las últimas elecciones autonómicas. Si lo tenemos es porque va avanzando el tiempo de desde que se comenzó a construir el Estado de las Autonomías y los extremeños, sobre todo los jóvenes extremeños, siguen teniendo que emigrar, y eso les hace tener una mayor conciencia regional de defensa de lo nuestro. Luego también es verdad que los extremeños somos muy de ver qué pasa en otros sitios pero estos nuevos movimientos de tipo provincial no nos da mucha alegría, aunque está logrando que la gente de esos territorios miren para ellos como la única posibilidad de defender sus intereses.

Por lo tanto, ¿excluirá a algunas formaciones que están surgiendo de esos contactos?

La intención no es excluir a nadie, a lo mejor ellos quieren autoexcluirse. En cualquier caso yo no conozco todavía quiénes liderarían esas plataformas en el caso de presentarse. Pero si es como hemos visto en otros territorios, que quienes están ocupando esa marca son gente que había estado, por ejemplo, en Ciudadanos como en el caso de Castilla y León… Es decir, si de lo que se trata es simplemente tener unas siglas para meterse allí, no vamos a aceptar que esa marca sea el paraguas de todos. De todas maneras, en Extremadura no se puede hablar de España vaciada. Nosotros hemos estado siempre igual: olvidados, diempre esquilmados, nadie se ha preocupado. Seguimos aislados sin tren, aislados de otras provincias limítrofes, aislados de Portugal y es fundamental recuperar el centro el centro peninsular porque esa es nuestra fortaleza, además de nuestro sector primario.

Relación de Unidas por Extremadura

Entonces se puede deducir que la coalición de Unidas por Extremadura ha comenzado su cuenta atrás

Bueno, depende. No se ha dicho todavía nada al respecto. Tendrá que pronunciarse el comité ejecutivo y tendremos una reunión con los representantes de los partidos que conforman esa coalición. Pero es evidente que si sale adelante una plataforma de regionalistas, que es lo que queremos, no sería posible volver a unirnos con Podemos e IU.

Es que usted dice que no contempla coaliciones con partidos de ámbito estatal

Exacto, no se contempla . La hoja es: primero unirnos nosotros, después unir al regionalismo y después ya veremos. Sería el final del todo, cuando hubiéramos puesto toda la carne en el asador y no hubiéramos conseguido esa gran plataforma, cuando Extremeños decidiría  de qué forma vamos a las elecciones y ahí no se descarta nada. En cualquier caso a nosotros no nos da miedo pactar con nadie: lo hemos hecho con IU, con el PSOE, con el PP a nivel municipal. Extremeños siempre ha estado en el mismo lugar.

¿Se han cumplido los objetivos con los que se formó esa coalición?

Todo lo que se dijo se está cumpliendo. Otra cosa es que Extremeños no negoció porque el partido se quedó con un porcentaje muy escaso, con muy poca fuerza. Tenga en cuenta que en esa negociación ni siquiera se contempló un trabajador de Extremeños dentro del acuerdo para apoyar a la diputada. Es verdad que tenemos la participación que se pactó pero después se ha sido muy poco generoso, no tanto al trato que se le está dando a nuestra Lorena Rodríguez, que es bueno, pero no al partido. Sé que esto no les está sentando bien a los representantes de Unidas por  Extremadura pero nosotros engañaríamos si dijéramos otra cosa.

El secretario general de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC), José Miguel Barragán, ha asegurado hoy que lo que debería de hacer Nueva Canarias (NC) es buscar votos para presentar una moción de censura contra el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo.

José Miguel Barragán, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que con la exigencia de una cuestión de confianza NC sigue alimentado su discurso de que Canarias no es estable, cuando, ha agregado, el Ejecutivo de las islas “sigue estable aunque en minoría”.

Ha recordado, tras reunirse con la portavoz de Ciudadanos en Canarias y diputada nacional, Melisa Rodríguez, que el expresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, que es ahora diputado de NC, no se presentó a una cuestión de confianza cuando la reclamó el PSOE.

Según Barragán, no hay ningún inconveniente en que Clavijo comparezca en el Parlamento cuando lo decida la Cámara.

Preguntado por la posible entrada del PP al Gobierno canario, ha dicho que al Ejecutivo presidido por Clavijo le gustaría construir una mayoría más estable firmando un pacto de gobernabilidad.

Pero si no es posible ahora, ha continuado, CC buscará un gobierno en minoría con fuerzas que apoyen desde fuera para que el ejecutivo sea estable y funcione.

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, advirtió este jueves a su socio en el Ejecutivo regional, el PSOE, que el acuerdo respecto al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan, el que se financia gracias a fondos del IGTE que no se devuelven al Estado, a razón de 160 millones de euros por año) se tomó en el Consejo de Gobierno y ya no tiene vuelta atrás. Se ejecutará de forma inmediata, aclaró.

José Miguel Barragán realizó esta advertencia en un comunicado después de que el presidente de la Gestora del PSOE, José Miguel Rodríguez Fraga, haya exigido al mediodía de este jueves una reunión de la mesa de seguimiento del pacto y la revisión de los criterios de adjudicación del Fdcan, lo que el nacionalista califica de “falta de respeto al trabajo desarrollado y al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno”, informó Efe.

La posible revisión del Fdcan se realizará en 2018, cuando toque seleccionar los nuevos proyectos tras la decisión del lunes para el bienio 2016-17 (con inversiones ya hechas, el dinero de 2016, y otras no realizadas, las de 2017), tal y como establece el decreto que regula el Fdcan, añadió Barragán.

El Gobierno optó por aprobar estos fondos del Fdcan sin la presencia del PSOE “porque una nueva demora podía impedir que se materializaran los proyectos con cargo a las partidas correspondientes a 2016, lo que hubiera supuesto un perjuicio para todos los canarios (esta hipótesis no la comparte el PSOE, que ha manifestado que había margen para negociar la parte sin consenso y pactar antes del 8 de diciembre, la fecha límite), algo que el PSOE no evaluó cuando decidió ausentarse de la reunión del Consejo de Gobierno”, señaló.

El también viceconsejero del Gobierno de Canarias añadió que el Ejecutivo regional adoptó sus acuerdos en el Consejo de Gobierno, “y esa, y solo esa, es la mesa donde se acuerdan los asuntos, como ocurre en el caso del Fdcan, que son importantes para el interés general de Canarias”.

Coalición Canaria ha abierto expediente disciplinario a los concejales de su partido que han impedido en los ayuntamientos tinerfeños de Puerto de La Cruz y Arico que se cumpla el acuerdo con el PSOE, según ha confirmado este lunes el secretario general de los nacionalistas, José Miguel Barragán.

Barragán ha informado a los periodistas de la apertura de estos expedientes al término de la reunión del Consejo de Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, de la que se han ausentado los cuatro consejeros socialistas cuando se iba a proceder a la aprobación del Fondo de Desarrollo para Canarias.

Una ausencia que el dirigente de CC no ha interpretado como una ruptura del pacto de Gobierno que mantienen con los socialistas en la comunidad autónoma.

Barragán ha confiado también en que la marcha de los consejeros no guarde relación con el incumplimiento de los pactos municipales.

Por último, ha explicado que la comisión permanente de su partido deberá designar en breve al instructor que se encargue de estos expedientes disciplinarios.

El presidente del PP en Tenerife, Manuel Domínguez (también alcalde en el municipio tinerfeño de Los Realejos), ha criticado este miércoles (2 de noviembre) el “cambio de cromos” que negocian CC y PSOE para reconducir el pacto regional. Este proceso pasa por una moción de censura en Puerto de la Cruz y por un relevo en la Alcaldía de Arico (de CC), en ambos lugares para poner regidores socialistas. En esos dos municipios, el PSOE fue la fuerza que obtuvo más respaldo electoral y, en el caso de Puerto de la Cruz, el acuerdo afecta de manera directa al PP, pues supondría la caída de Lope Afonso.

La intervención del líder insular del PP se produce después de que este martes la Ejecutiva de CC en Tenerife diera el visto bueno al acuerdo rubricado el sábado pasado en Las Palmas de Gran Canaria por dirigentes de Coalición y del PSOE, pacto que además contó con el beneplácito del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y de la vicepresidenta del Ejecutivo regional, la socialista Patricia Hernández.

Tras ese consenso, con el que supuestamente se cierra la crisis de gobierno en Canarias (abierta tras la moción de censura que triunfó en Granadilla y permitió sustituir al alcalde socialista de esa localidad por otro de CC), y después de que el Día de los Difuntos la Ejecutiva de CC en Tenerife avalara las condiciones de ese acuerdo con efectos en esta isla, el Partido Popular salta a la arena. 

En una rueda de prensa conjunta, acompañado por el aún alcalde portuense, Lope Afonso, Domínguez destacó el “buen hacer” del PP en la ciudad turística, ya que “nadie ha cuestionado la gestión” del Gobierno municipal como causa para presentar una moción de censura. “Tan solo están preocupados por sí mismos y por salvar un pacto en Canarias que tiene los días contados”, señaló.

Apoyado en estas razones, Domínguez mostró su esperanza en que CC “sea coherente y responsable”, ya que Puerto de la Cruz “no es cualquier ciudad”, sino el “corazón turístico” del norte de Tenerife y una “ciudad maltratada” en el pasado con mociones de censura que la han llevado a una situación “difícil”. “No se puede volver a cometer el mismo error”, agregó.

Según dijo Domínguez, el PSOE va a hacer lo que le pida CC con tal de mantenerse en el Gobierno regional, y CC “está dispuesta a seguir jugando a perder el tiempo”. Por este motivo, ha pronosticado que “no va a suceder nada” en las próximas semanas.

En esa línea, ha comentado que, mientras los ciudadanos de Canarias tienen problemas, nacionalistas y socialistas “van a estar preocupados por salvar una situación rota desde el minuto cero”, hasta el punto de que cree que el pacto aguantará hasta la negociación de los últimos presupuestos de la Legislatura.

Sobre el escenario regional, el presidente de los populares ha comentado que su partido va a dar “estabilidad” al Gobierno de Canarias “en cualquier lugar”, poniendo como ejemplo el apoyo a la Ley del Suelo o la de las islas verdes. “Que los ruidos se eliminen y los trapos sucios los laven en casa”, apostilló.

Por su parte, Lope Afonso criticó que tanto desde CC como desde el PSOE estén dispuestos a “sacrificar” el Puerto de la Cruz por “salvar” puestos, insistiendo en que se quiere “entregar” a los portuenses “a cambio de nada”, ya que la moción de censura no arreglará los problemas regionales.

En su opinión, la operación es una “falta de respeto” a los vecinos de la ciudad, al tiempo que “pone en riesgo” la consolidación de la recuperación económica que vive el municipio. “Quieren retroceder a épocas donde la inestabilidad política solo trajo desincentivación económica”, concluyó.

El presidente de NC, Román Rodríguez, ha afirmado este viernes que la supuesta moción de censura contra el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo (CC), responde a una maniobra suya para “someter” a sus socios de gobierno, el POSE, o justificar un pacto con el PP.

En un comunicado, Rodríguez lamenta que el “perverso” sistema electoral permita que la tercera fuerza política en votos “juegue indistintamente” con el PP y el PSOE, en función de sus intereses partidistas para mantener el control del poder después de 29 años ininterrumpidos en el Gobierno.

Según el líder de NC, el “socio añorado” por Fernando Clavijo es el PP y, a lo largo de los últimos meses, ha hecho todo lo posible para generar las condiciones que justifiquen que el PSOE abandone el Gobierno o para que se cese a los cuatro consejeros socialistas (Patricia Hernández, Jesús Morera, Ornella Chacón y Aarón Afonso).

Desde la “imposición” del proyecto de Ley del Suelo de Canarias, en opinión de NC, las “deslealtades y tradiciones” de Clavijo con el PSOE han sido desplegadas en base a una estrategia de “provocaciones crecientes”.

Rodríguez alude al calificativo de “medianeros” dado por Clavijo a los socialistas, así como a la moción de censura en Granadilla, al nuevo “ataque” del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, contra Ornella Chacón, al desembarco del PP en la Radiotelevisión Canaria y a la proposición de ley sobre los barrancos de Güímar.

Para NC, el despliegue de una “falsa y especulativa teoría conspiratoria” del PSOE para echar a Clavijo del Ejecutivo, que se complementa, en paralelo, con el voto favorable de la congresista Ana Oramas a la investidura de Mariano Rajoy, completan la estrategia del jefe del Gobierno canario.

Por ello, el líder de los nacionalistas de izquierdas acusa a Clavijo y a ATI-CC de “generar las condiciones precisas” para que se vayan los consejeros socialistas o sino cesarlos y así “acallar a los disidentes” de CC favorables a mantener el actual pacto de gobernabilidad.

“Todas las tensiones de los últimos meses entre los socios responden a un ataque preventivo ideado por Clavijo para cerrar filas en el seno de CC, someter definitivamente a los socialistas o sustituirles por el PP”, insiste Rodríguez en el comunicado.

Los “múltiples contactos” y el “diálogo” entre las principales fuerzas parlamentarias para “hablar de la Ley del suelo u otros asuntos” están tensionando aún más las ya cada vez más precarias relaciones que existen entre los socios del Gobierno de Canarias: Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario-PSOE.

El último episodio, que los socialistas niegan pero los nacionalistas confirman, es el encuentro mantenido entre los líderes del PSOE y del PP, José Miguel Pérez y Asier Antona para, en teoría, que ambas fuerzas políticas presenten, junto a Nueva Canarias (NC), una moción de censura que desaloje a Fernando Clavijo de la Presidencia del Ejecutivo.

“Confirmo que hay contactos entre el PP y el PSOE, el contenido de los mismos no lo sé, pero sí sabemos que los ha habido desde hace más de una semana. No obstante, y pese a ello, hemos continuado negociando con el PSOE porque creemos que este es el pacto que se debe mantener, pero esta información, hasta que aparezcan Asier Antona y José Miguel Pérez desmintiéndola o no, la mantenemos en cuarentena”, ha asegurado el secretario de Organización de CC, José Miguel Barragán.

Y debe ser el secretario general del PSOE, y ningún otro dirigente socialista, quien desmienta que se está negociando una censura junto al PP, porque Barragán ha asegurado que “también nos consta que los negociadores [Aarón Afonso y Francisco Hernández Spínola] ni han hablado con el PP ni conocen el contenido de esa conversación”.

Por tanto, de momento, en CC se hace oídos sordos a las declaraciones del portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Ignacio Álvaro Lavandera, cuando afirmó categóricamente: “No estamos negociando con el PP ninguna moción de censura ni ningún pacto alternativo en el Gobierno de Canarias”.

“Lo que estamos es esperando a que CC responda a los documentos que nos hemos transmitido, poniendo la fecha tope del 31 de octubre para esa respuesta”, asegura.

Y no le vale a CC porque, aunque “a pesar de todo me fío del PSOE”, Barragán afirma que “si a mi un periódico me señala como negociador de una moción de censura, yo particularmente saldría a decir o que sí o que no”.

Por ello, sí ha confirmado que “tenemos contactos con el PP para hablar de la Ley del Suelo pero le puedo asegurar que no para plantear un pacto de gobierno con ellos, ni tampoco para modificar los pactos locales que tenemos con el PSOE”.

“Incluso seguimos manteniendo contactos con el PSOE”, ha dicho, a pesar de que CC dió por concluida la negociación el pasado lunes a la espera de que sus socios decidan.

Intoxicación

“En política el diálogo es importante, pero si en algo hemos estado centrados estas semanas ha sido en renegociar y recomponer esa confianza perdida con CC, que es la que ha roto el pacto”, ha asegurado, por su parte, el portavoz socialista.

Y es que Lavandera afirma que “por supuesto que me fío de mi secretario general” y ha insistido en que ha “hablado con Spínola y me ha asegurado que es rotundamente falso que haya hablado con Australia Navarro”.

Para Lavandera, esa supuesta negociación con el PP es una “maniobra de intoxicación” de “la propia CC, que está buscando su cohesión ya que está fracturada respecto a su futuro, y presente, acercamiento con el PP”.

“Ese acercamiento se ha dado esta misma semana en el ente público de Radiotelevisión Canaria (RTVC) con una serie de nombramientos y ceses, lo que ha escenificado que si realmente hay acercamiento es entre CC y PP”, insistió Lavandera.

EL portavoz parlamentario ha dicho que estás informaciones “a quien realmente beneficia es al PP, que quiere estar calentando en la banda aún con más ahínco de lo que lo ha hecho desde el inicio de la legislatura” cuando las relaciones entre los socios gubernamentales pasan por un pésimo momento.

“Esperamos de CC la misma lealtad que tenemos nosotros y que respondan antes del 31 de octubre positivamente a los incumplimientos que creemos se deben reconducir”, ha asegurado el portavoz parlamentario socialista.

Un mes de tensión

Sin embargo, y pese a las declaraciones de Lavandera, el secretario de Organización de CC advierte que no se puede mantener “un mes y pico el Gobierno en tensión” por culpa de lo sucedido en Granadilla, pues CC “no lo hizo cuando el PSOE nos hizo caer todos los ayuntamientos de La Palma, su Cabildo y el de El Hierro”, así que “del PSOE debe aprender que aveces las cosas no suceden como se quiere”, como pasa ahora en Arico y Puerto De la Cruz. “La diferencia es que antes las censuras las ponían ellos”, ha remachado.

“Este pacto no llega a las Navidades en función de que el PSOE quiera retrasar las reuniones, en algún momento tendrán que definirse, los Presupuestos para 2017 están ahí y no podemos estar en esta situación”, ha insistido Barragán.

“Si están esperando a que el 31 de octubre haya una moción de censura en Puerto de la Cruz, ya les digo que no va a haber ninguna. Esto es serio, estamos negociando en serio, y el lunes sabremos si el PSOE está planteando fechas para que no llegue a un acuerdo”, ha dicho Barragán.

Al respecto, Lavandera afirma que “el 31 de octubre no tiene que estar registrada ninguna moción de censura” en Puerto de la Cruz, ni siquiera que la alcaldesa de Arico, Elena Fumero, haya presentado su dimisión para que gobierne el PSOE en el municipio, pero “sí tiene que haber garantías suficientes de que revertirán sus incumplimientos”.

“Para dar garantías hay que tener un documento firmado, y si siguen pasando los días nos seguirán exigiendo que cumplamos con algo no firmado. Para cumplir, hay que firmar”, concluyó Barragán.

El pacto entre el PSOE y CC está roto, pero parece que ninguno de los dos partidos quiere asumir la responsabilidad de anunciarlo públicamente. Los socialistas llevan tres semanas asegurando que la ruptura la provocaron los nacionalistas cuando presentaron la moción de censura en Granadilla de Abona y éstos afirman que son sus socios los que ponen condiciones “imposibles” para mantener el acuerdo que, pese a todo, permite que “el Gobierno funcione día a día”.

Sin haberse cumplido ni 24 horas desde que la dirección de CC daba por concluida las negociaciones con el PSC-PSOE y dejaba la continuidad del pacto en manos de los socialistas, el portavoz parlamentario, Ignacio Álvaro Lavandera, ha demandado una “respuesta concreta, clara y concisa” a los nacionalistas a los documentos que se han ido elaborando en estos días. “En el caso de que no haya una respuesta, el PSOE convocará a partir del 31 de octubre primero a la Ejecutiva, y luego al Comité regional”, ha insistido Lavandera.

Serán esos órganos los que deberán dilucidar si existen mimbres suficientes para continuar con el acuerdo de gobernabilidad o, por el contrario, los socialistas abandonan el gabinete que preside Fernando Clavijo.

Y es que para el PSOE es CC la que debe dar el paso para “recuperar la confianza en un pacto en el que hemos trabajado como partido desde el primer día en la firme creencia de que beneficia a las ciudadanas y ciudadanos”, por lo que “ya es hora de poner las cosas negro sobre blanco ante la incertidumbre que se puede generar en la sociedad”.

Lavandera ha insistido en que “se deben revertir los incumplimientos de ámbito local por parte de CC y priorizar Sanidad, Servicios Sociales, Educación y Empleo para que cualquier ampliación del Presupuesto para 2017 vaya exclusivamente, y no prioritariamente, a estas áreas que consideramos fundamentales para sostener el Estado del Bienestar”, una cuestión en la que “hay algún tipo de reticencia” por parte de CC.

Esta es la razón, aunque oficialmente la excusa ha sido la necesidad de que en España haya un Gobierno que no esté en funciones, por la que se ha retrasado la aprobación de las Cuentas canarias hasta el día 18 de noviembre.

Revertimientos con plazos importantes

Aunque, desde la otra parte, el secretario de Organización de CC (y negociador de la reconciliación), José Miguel Ruano, ha apuntado a que el PSOE está planteando cosas imposibles para ser cumplidas por los nacionalistas.

“Lo que ayer [por el lunes] plantea el PSOE es que se presente una moción de censura en Puerto de la Cruz antes del 31 de octubre, no es posible eso, y tampoco lo es que dimita la alcaldesa de Arico, pero sí estamos de acuerdo en que en esos dos municipios gobierne la fuerza más votada, que es el PSOE. Al igual que debería pasar lo mismo en La Guancha o Fuencaliente”, ha insistido Ruano.

Según Ruano, “necesitamos acabar con una política de tira y afloja que no contribuye a la estabilidad”, porque “hemos hecho un trabajo serio, con enmiendas a la Ley del Suelo y otras muchas cosas para desarrollar el pacto de gobernabilidad”.

“Ahora lo que toca es que el PSOE adopte una decisión, y poco más hay que decir”, ha concluido Ruano, aunque añadió que “continuamos con las líneas abiertas y el diálogo” porque “hasta última hora se puede precisar algún asunto”.

Respuesta insatisfactoria

La dirección del partido ha hecho público este martes un comunicado en el que asegura que “la respuesta de CC” a los documentos remitidos por los socialistas “es claramente insatisfactoria por su vaguedad y falta de concreción tanto en el ámbito gubernamental como parlamentario”. Y, por lo que se refiere a la reversión de incumplimientos, el PSOE “no ha obtenido aún respuesta de CC, a pesar de haber celebrado una reunión de su Comité permanente”.

“Ni Lavandera ni Cuz han estado en las mesas de negociación, y deberán ser Aaron Afonso o Francisco Hernández Spínola quien diga si hay avances”, remachó Ruano.

El PSC-PSOE reunirá el sábado en Las Palmas de Gran Canaria a su Ejecutiva Regional y a secretarios generales de las siete islas para analizar los puntos de vista que existen en la formación política sobre el acuerdo de gobierno que los socialistas mantienen con CC en Canarias.

A este encuentro de la comisión permanente ampliada de la Ejecutiva Regional seguirá, próximamente, la convocatoria de una reunión de la dirección del partido y otra de su Comité Regional, en las que se abordará este mismo asunto tras el análisis interno.

El PSC-PSOE tenía previsto reunir el viernes a su Ejecutiva y el sábado a su Comité Regional para evaluar la viabilidad de un pacto de gobierno que algunos de sus integrantes, entre ellos, su secretario general, José Miguel Pérez, han dado por roto dados los sucesivos incumplimientos en los que entienden que ha incurrido CC.

Sin embargo, antes de estos encuentros, el partido ha preferido conocer todos los puntos de vista que sobre esta cuestión existen en sus filas, tanto a nivel autonómico como insular, según han explicado a Efe fuentes de la formación política.

El presidente de NC, Román Rodríguez, ha manifestado que, tras la reunión que celebró ayer la Ejecutiva Regional del PSOE, no ha quedado claro la decisión que han tomado los socialistas sobre su acuerdo con CC en el Gobierno canario, aunque, su juicio, ese pacto “está roto”.

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha señalado que la decisión adoptada este miércoles por la Ejecutiva del PSOE no ha sido “clara”, y ha añadido que, siendo “benévolo”, entiende que se ha producido una “una especie de ruptura en diferido y de ambigüedad calculada, pero el Gobierno está roto”, aunque aún esa decisión dependa de la reunión que mantendrá el Comité Regional el próximo día 8.

Así mismo, ha considerado que, si se rompiera definitivamente el Gobierno formado por CC y PSOE, le gustaría que hubiera una alternativa para constituir uno de carácter progresista, pero eso es difícil porque no existe mayoría parlamentaria para el cambio, aunque sí la hay ciudadana, pero “todo llegará”.

En cualquier caso, ha señalado que “no es lo mismo un Gobierno” conformado por el PP y CC que el actual que se mantiene con el PSOE CC, pues “no es lo mismo un Gobierno en Canarias de las derechas, que son minoritarias en apoyo popular al de ahora”, a cuyos partidos ha pedido que se aclaren.

Este ha sido el Gobierno de la “inestabilidad” y de la “casa de los líos” desde hace 16 meses, ha afirmado Rodríguez.

Por otra parte, en relación a la crisis que atraviesa el PSOE nacional, ha dicho que desconoce qué va a ocurrir, pero ha advertido que el diputado nacional de su partido, Pedro Quevedo, que figuró en las listas de la coalición acordada con los socialistas en las anteriores elecciones generales, no apoyará la investidura de Mariano Rajoy (PP) como presidente del Gobierno. 

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández (PSC), ha afirmado este lunes que su socio en el Ejecutivo regional, CC, ha roto el pacto y la confianza está quebrada entre ambas formaciones “y no sólo por lo que pasó el martes”, en alusión a la censura en Granadilla de Abona.

Patricia Hernández, que también es consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, señaló en declaraciones a los periodistas que es “evidente y se ha expresado con claridad” por parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSC que la confianza con CC “está quebrada”, y será el Comité Regional el que decida la postura final de los socialistas.

En esa reunión, previsiblemente el 8 de octubre, el Comité adoptará la decisión necesaria que estime el partido y sobre este asunto Hernández recordó que es “sumamente disciplinada con la organización”, y mientras, seguirá trabajando “por el interés de los canarios”.

Añadió que la situación interna de los partidos no debe afectar a los ciudadanos y respecto a su intervención en el Comité Ejecutivo Regional celebrado este miércoles, precisó que no dijo que no era feliz con su socio de gobierno, sino que no le parece “fiable”.

“En las dos últimas semanas la situación no era buena y ha habido tensiones en diferentes temas por parte de ambos socios, especialmente en materia sanitaria y la financiación de este área”, agregó Patricia Hernández.

Preguntada por su interlocución con los miembros de CC en el Gobierno regional, subrayó la vicepresidenta que “por supuesto” habla con las consejeras de Educación y de Hacienda (Soledad Monzón y Rosa Dávila, respectivamente) y “faltaría más” también con el presidente Fernando Clavijo, puesto que “en las tareas de gobierno seguimos trabajando y hablando”.

Incluso “en medio de la moción de censura” en Granadilla su departamento anunció que se había pasado “la barrera” de las 3.000 altas en dependencia, en unas semanas se incorporarán inspectores de trabajo al plan contra la explotación laboral y se trabaja en la ley de Servicios Sociales, añadió Hernández.

Al respecto, consideró que “lo que ocurre en los órganos internos de los partidos no puede ni debe afectar a los ciudadanos”.

Tendrá que ser el Comité Regional de los socialistas canarios el que finalmente decida cuál ha de ser el futuro del pacto entre el PSOE y Coalición Canaria en el Gobierno regional. La dirección del partido en las islas considera conveniente que sea el máximo órgano entre congresos el que tome la decisión ya que fue en él en el que se acordó el acuerdo con los nacionalistas canarios. “Lo dicen los estatutos y así se hará”, indicó a mediodía de este miércoles un destacado dirigente socialista.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE se reunirá la tarde de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife para analizar lo ocurrido tras la moción de censura en Granadilla por la que ha sido descabalgado el alcalde socialista Jaime González Cejas. Será en este órgano donde se escuchen las distintas sensibilidades existentes dentro del partido y donde se pulsarán los efectos que puede tener una ruptura con el socio nacionalista en el Gobierno y la respuesta en cascada que este pueda generar en instituciones como el Cabildo de La Palma, presidido por el socialista Anselmo Pestana, o el de Lanzarote, donde los consejeros socialistas accedieron a regañadientes hace escasos meses a entrar en el gobierno de Pedro San Ginés, con el que sostienen profundas diferencias.

En Coalición Canaria la división también ha empezado a hacerse patente. Mario Cabrera, vicepresidente del Parlamento de Canarias y uno de los referentes del nacionalismo en Fuerteventura, ha vuelto a dejar claro que no respaldará que el pacto se celebre con el Partido Popular en el caso de que se consuma la ruptura con el PSOE. En diferentes instancias del nacionalismo canario se culpa específicamente a los dirigentes tinerfeños de la formación de haber provocado esta ruptura por no haber sabido frenar las ansias de algunos de sus dirigentes, entre los que señalan al presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.

La dirección federal del PSOE ha dejado en manos de la dirección regional de Canarias cualquier tipo de decisión de este pacto que firmaron el Fernando Clavijo, José Miguel Pérez y Pedro Sánchez. Dirigentes nacionalistas contactaron con Ferraz en las últimas horas para intentar reconducir la situación, pero recibieron la misma respuesta: la decisión es de los órganos del PSOE en Canarias.

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha lamentado que mientras CC y PSOE están en “guerra”, el Gobierno regional tiene problemas que resolver en materia de listas sanitarias, desempleo o políticas sociales.

“La situación está revuelta. Es verdad que la 'revoltura' ha sido más intensa en los últimos días pero siempre ha reinado un clima de desconfianza desde el inicio de la legislatura y ha sido un pacto realizado con la nariz tapada”, dijo.

En declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press, Antona hizo especial hincapié en que los canarios están asistiendo a un “circo mediático” que, entendió, perjudica no sólo a CC o a PSOE, sino también a los intereses del archipiélago.

“Mientras ellos están en esta guerra --insistió--, aquí seguimos teniendo un problema con las listas sanitarias, un problema de desempleo, de políticas sociales eficaces, y esto es lo que le preocupa al PP”.

Asimismo, comentó que se enteró de la moción de censura en Granadilla de Abona (Tenerife) “media hora” antes de que se presentara, aunque recordó que desde hacía meses se venía hablando de la posibilidad de que la misma se llevara a cabo.

Finalmente, el presidente de los populares canarios agregó que el PP lo único que va a generar es “estabilidad” porque “el ruido, la inestabilidad y la incertidumbre en cualquier institución es mala para los ciudadanos”.

José Domingo Regalado ya es el nuevo alcalde de Granadilla tras prosperar la moción de censura presentada por los concejales de CC, PP y Ciudadanos en el municipio tinerfeño contra el alcalde socialista Jaime González Cejas.

Solo dos horas antes de que comenzase el pleno en Granadilla, González Cejas daba un ultimátum a los nacionalistas para frenar la moción. Cejas comparecía ante los medios y ciudadanos presentes con el respaldo del secretario de Organización socialista, Julio Cruz, y de otros miembros del PSOE con alcaldías en Tenerife y consejeros del Cabildo.

Sin embargo, la petición para “abortar” la moción no tuvo ningún efecto. El pleno comenzó pasadas las 12.00 y, tras la lectura de los fundamentos legales de la moción, se leyeron los motivos esgrimidos por los once concejales para llevarla a cabo. Entre otras causas se apuntó a la concesión de licencias que tenían informes contrarios y el enriquecimiento exponencial del patrimonio del alcalde.

A continuación comenzó el turno de palabra de los portavoces de los distintos grupos, así como de González Cejas y de José Domingo Regalado, para dar luego paso a la votación.

Regalado apuntó que ni él ni los otros seis concejales de CC en el municipio creen en la forma de gobernar de González Cejas, de hacer políticas. A su juicio, resulta “llamativo” que la polémica sobre la moción “se centre en el cómo y no en el porqué”, y añadió que no quieren “ser partícipes” de esa forma de ejercer la política (en referencia a los casos judiciales abiertos que implican a González Cejas y otros concejales del PSOE). Regalado también achacó como motivo de la moción el hecho de que González Cejas no haya sido capaz de “alcanzar ningún acuerdo con ningún grupo en el municipio”, y concluyó asegurando que no se trataba de una “moción destructiva, sino constructiva y con futuro”.

Jaime González Cejas inició su turno de palabra despidiéndose de los ciudadanos de Granadilla y recordando los años que lleva en política y los “logros” alcanzados. Pasó por encima del argumento dado por quienes presentaron la moción sobre los casos jurídicos abiertos, pero sí hizo hincapié en que “la palabra dada tiene un valor” y que “en política no todo vale”.

Tras afirmar que haber sido alcalde había sido un orgullo para él, llegó el turno del portavoz de su partido, Nicolás Jorge, quien intervino de manera acalorada en defensa de Cejas y contra la jugada hecha por Coalición Canaria.

“Es una infamia política, no aquí, sino en Canarias”, ha afirmado. Con una copia en sus manos del pacto firmado entre socialistas y nacionalistas en el Gobierno autonómico, Jorge ha preguntado cuál es el valor de la palabra de un presidente, y ha negado que Cejas no haya llegado a ningún acuerdo con ningún grupo. “Es un argumento falso, una comedieta, una ópera bufa”, ha espetado al pleno. “Ni siquiera han escrito bien el nombre del alcalde”.

El ambiente se ha caldeado cuando Jorge ha calificado a los concejales nacionalistas del municipio de “peones de CC”. “Ustedes son el brazo ejecutor de la infamia perpetrada por Coalición en estas islas”, ha dicho, para concluir preguntando a los ediles de coalición: “¿Quiénes son ustedes para hablar de corrupción?”, y entonces ha apuntado a otros pactos regionales en ayuntamientos tinerfeños en los que miembros de CC están imputados y los socialistas, “por respeto al pacto”, no presentan mociones de censura. “Incluso en el Gobierno de Canarias hay una persona de Coalición imputada, y no se ha roto el pacto”, ha concluido.

El portavoz de Coalición, Jacobo Pérez Cabrera, ha afirmado no saber a qué venía tanto enfado cuando “hay ochenta y tantos casos abiertos en los tribunales” y “ustedes [los socialistas] son los culpables de lo que está pasando. Nosotros le pondremos remedio”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Arquipo Quintero Ruiz, dijo que “Granadilla es ingobernable por la cantidad de imputaciones que hay”, al tiempo que ha señalado que su partido, a escala nacional, tiene “tolerancia cero” con la corrupción, a lo que ha sido replicado desde la platea, “¿y con los nacionalistas?”, por simpatizantes de González Cejas.

En último lugar, ha hablado Félix Hernández, portavoz de Izquierda Unida, quien ha hecho la intervención más acalorada de todas. “No me parece que esta moción sea lo suficientemente digna”, ha dicho, explicando que se abstendría en la votación. “Ustedes son el retroceso; ya son 30 años aguantándolos”, ha lanzado a la bancada nacionalista. Hernández ha sido múltiples veces interrumpido, tanto por abucheos como por aplausos y gritos de “traidores” y “desleales” a los miembros de CC.

Concluidas las intervenciones, y tras llamar al orden en varias ocasiones para acallar los gritos de los partidarios de Regalado y González Cejas, con insultos varios y aplausos, se ha procedido a la votación. Once votos a favor de la moción: siete de CC, tres del PP y uno de Ciudadanos; una abstención (IU), y nueve votos en contra (PSOE).

Regalado juró su cargo y tomó posesión del bastón de mando entre aplausos y gritos, y dio un breve discurso en el que se mostró agradecido con quienes “han hecho esto posible”. Regalado aseguró que siempre tendrá la puerta abierta para los ciudadanos, y dedicó unas palabras al concejal de Izquierda Unida: “Qué poco me conoce”.

Julio Cruz, secretario de Organización de los socialistas canarios, ha asegurado a la salida del pleno que “damos por roto el acuerdo en el Gobierno, a falta de lo que diga la Ejecutiva”. Sobre la ausencia de miembros destacados de Coalición en este día en Granadilla, Cruz ha afirmado que “es otra muestra más de que tiran la piedra y esconden la mano”.

Cuatro días después de que los concejales de Coalición Canaria (CC) en Granadilla de Abona presentarán junto al Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's) una moción de censura contra el alcalde socialista Jaime González Cejas, el secretario general de los nacionalistas, José Miguel Barragán, ha escuchado directamente del secretario de Organización de sus socios en el Gobierno, Julio Cruz, que la situación es la misma que el jueves 15 de septiembre: o no hay moción o peligra la continuidad del Ejecutivo regional.

“Solo nos vale que sus concejales retiren la moción de censura o que ésta no prospere porque hayan sido previamente expulsados. Es lo mismo que hicimos nosotros hace un año en Frontera, expulsamos a los concejales que presentaron una censura no autorizada. Pedimos lo mismo que hicimos, ni más ni menos”, ha asegurado Cruz tras la reunión con Barragán.

Por su parte, el secretario general de CC ha hecho partícipe de todo el proceso interno que su partido ha puesto en marcha desde el mismo día en que se presentó la moción de censura, un camino que esperan que culmine, de una u otra forma, el próximo viernes, 23 de septiembre.

Según los estatutos de CC, hasta el día 20 hay un plazo para que los concejales presenten sus alegaciones, que se incorporarán al expediente que se resolverá el miércoles, 21 de septiembre. En ese momento, si no ha depuesto su actitud y mantienen la censura a Cejas, el 22 de septiembre la expulsión será firme y, como muy tarde se comunicará al Ayuntamiento de Granadilla el viernes, para que pueda aplicarse la Ley Antitransfuguismo y evitar que prospere el descabalgamiento político del primer edil socialista, uno de los hombres fuertes de la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández.

Como se recordará, hace un año los socialistas de Frontera fueron expulsados del PSOE por la propia dirección federal por presentar una moción de censura. La misma no se llevó a cabo porque el día anterior al pleno que debía debatirla, los concejales expulsados la retiraron, aunque durante varios días, pese a ya no militar oficialmente en el partido, mantuvieron su postura.

Entre la espada y la pared. Entre dos aguas. Así están los máximos dirigentes del PSOE, tanto a nivel federal como regional, maniobrando para evitar que la crisis política abierta en el Ayuntamiento de La Frontera traspase sus límites y se extienda al Gobierno regional.

Y lo hacen en dos frentes, con el fin de que sus socios de Coalición Canaria (CC) tengan claro que si se rompe el Pacto no será por ellos. El primer paso lo ha dado el propio Pedro Sánchez tras conversar con Fernando Clavijo: la Ejecutiva federal ha abierto un expediente de expulsión a los tres ediles que han firmado la moción de censura contra la alcaldesa nacionalista Melissa Armas. Y el segundo paso es intentar impedir el primero: seguir negociando “soluciones políticas” para evitar que el próximo sábado se consume lo que en CC se ha calificado como un golpe a “la línea de flotación” del Pacto regional.

Ambas decisiones han sido confirmadas por el secretario general del PSOE canario, José Miguel Pérez, que fiel a su estilo de parquedad de palabras y de oscurecer más que transparentar la toma de decisiones, no ha querido entrar en más detalles tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional celebrada en Santa Cruz de Tenerife y en la que no estaba presente la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández.

“La Ejecutiva [regional] lo ha sabido hace unas horas y seguiremos trabajando por soluciones políticas, y confío en que las relaciones con CC se encaucen por la vía de las soluciones políticas, que caben, y de lo que hay que hablar es de las que no sólo afectan al PSC”, ha asegurado.

Eso sí dejando bien claro que la culpa de los “elementos de dificultad” que están viviéndose estos días en las relaciones entre CC y el PSOE no son achacables ni a Ferraz ni a la cúpula del PSOE canario, “sino a conflictos que se han ido sustanciando en ayuntamientos o en alguna organización insular”.

Y recordando que “son más los incumplimientos que ha producido CC que los que ha producido el PSOE”.

Concretamente, en el caso de El Hierro, los censurantes esgrimen que los nacionalistas incumplieron el pacto regional al gobernar en el Cabildo con Nueva Canarias (NC) y en Valverde con el Partido Popular (PP), lo que ha dejado las manos libres a los socialistas para unirse a Unión Frontera y descabalgra a Armas de la Alcaldía.

Con la decisión de Ferraz, el próximo 19 de septiembre los tres concejales tendrían la condición de no adscritos, y aplicando la nueva legislación antitransfuguismo, sería imposible que prosperase la censura. Con el acuerdo regional, lo que se pretende es que se CC y PSOE pacten en las tres instituciones 'incumplidoras', se mantenga en acuerdo regional y no haya que abrir un expediente, como sucedió en la pasada legislatura con los socialistas palmeros, lo que supuso un desangramiento orgánico interno para el PSOE.

“La dirección regional está empeñada en que este Pacto debe continuar y vamos a trabajar en esa línea”, insistía Pérez sin aclarar con qué va a ser trazada esa línea ni por qué puntos transcurrirá.

Porque el único mensaje claro que ha transmitido Pérez ha sido a sus socios: “nuestro apoyo al Pacto lo reiteramos con firmeza, y esta Dirección regional está empeñada en que el Pacto está refrendado por las urnas y que debe continuar” hasta el final de la legislatura.

Por lo que respecta a los acuerdos con Nueva Canarias de cara a las Elecciones Generales, la otra espina que CC tiene clavada y que muchos en el seno de la organización nacionalista esgrimen para alentar la ruptura con el PSOE si el PP gana de nuevo en diciembre, el máximo dirigente regional ha confirmado la intención es que los mismos se extiendan a toda Canarias para contribuir a “sustituir al Gobierno de la derecha y promover un cambio” en España.

Por último, y sin consultar a la vicepresidenta Hernández, la dirección regional ha aprobado los nombramientos como asesores de Manuel Fajardo y José Mora, y de José Alcaraz de apoyo a la Secretaría de Organización.

“Los acuerdos se adoptan en la Ejecutiva y cuando se produzcan se lo comunicaré a Patricia Hernández”, dijo Pérez, demostrando que la fluidez de las relaciones entre ambos sigue en las mismas cotas de hace seis meses.