El presidente de EEUU, Donald Trump, ha notificado a los socios de la petrolera estatal venezolana PDVSA —entre ellos la española Repsol— que sus permisos para exportar crudo y derivados de Venezuela quedan cancelados, según han informado en las últimas horas medios estadounidenses.

Además de Repsol, entre las compañías afectadas están la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom o la india Reliance Industries, que habían recibido permisos para operar con crudo venezolano en sus refinerías de todo el mundo, evadiendo de manera excepcional a las sanciones aún vigentes de EEUU contra Venezuela.

Aquellas licencias fueron otorgadas durante la Administración del demócrata Joe Biden, por lo que, según la prensa de EEUU, la mayoría de estas petroleras ya habían suspendido las importaciones de petróleo venezolano después de que esta semana Trump impusiera un arancel del 25% a los compradores de crudo y gas venezolano.

Sin embargo, en los casos de Repsol y Reliance, con gran presencia en Estados Unidos, se había solicitado la autorización para operar en Venezuela y evitar incurrir en sanciones.

Ahora, las empresas tienen hasta finales de mayo para liquidar las operaciones en el país latinoamericano, intensificando la campaña de la Administración Trump para aislar a Venezuela, en medio de una batalla en la que también juega un papel fundamental la migración: Venezuela se ha opuesto puntualmente a aceptar a connacionales deportados de EEUU.

En febrero, Venezuela exportó 910.000 barriles diarios de crudo y combustible, por encima de los 867.000 del mes de enero.

Trump también anunció semanas atrás la revocación de una licencia clave concedida a la estadounidense Chevron para operar en Venezuela, que tendrá que desmantelar sus instalaciones allí.

Asimismo, el mandatario estadounidense emitió una orden ejecutiva esta semana que establece que Estados Unidos comenzará a imponer el mencionado arancel del 25% a cualquier país que compre petróleo venezolano.

Nicolás Maduro: “No somos una colonia de nadie”

En un vídeo compartido en la red social Telegram, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro ha reiterado que su país “no es colonia de nadie” y que nadie “viene a naricearnos” porque “ese tiempo se acabó, el tiempo en que nos nariceaban y daban órdenes al país en inglés”.

“Ya decidieron agredir al mundo entero, pero allá ellos, quienes pierden son ellos, nosotros hemos querido tener relaciones civilizadas de respeto”, afirma Maduro mientras se muestran imágenes del máximo mandatario bolivariano junto a líderes políticos de otras potencias como China o Rusia.

Además, Nicolás Maduro defiende que “no es un hombre, no es Maduro” sino que “es un pueblo decidido a ser libre, rebelde, empoderado, organizado, consciente, amoroso, heroico y bolivariano”. Y añade: “No van a poder con nosotros, nunca jamás”.

Marruecos ha hallado petróleo pesado y ligero en dos pozos sondeados frente a las costas de Tarfaya e Ifni, a unos 100 kilómetros de Canarias, según un balance de las prospecciones de Rabat entre 2000 y 2022 ofrecido la semana pasada por la directora general Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (ONHYM), Amina Benkhadra. En total, el país magrebí ha llevado a cabo la prospección de 67 pozos, de los cuales 40 fueron positivos a petróleo o gas.

De los 40 pozos, siete se han realizado en el mar, de los cuales tres se han hecho en aguas poco profundas. De esos tres, dos revelaron la presencia de petróleo, uno de ellos de petróleo pesado cerca de Tarfaya y otro de petróleo ligero cerca de Ifni, cuyas costas se sitúan próximas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Según la presentación de la ONHYM recogida por Efe, los otros cuatro pozos se han perforado en aguas profundas y tres de ellos han revelado indicios de la presencia de petróleo y gas.

Benkhara no detalló ante la Cámara de Representantes cuándo se han producido estas prospecciones, sino que las encuadró en el balance general de las dos últimas décadas; consultada este miércoles por Efe, la ONHYM no ha respondido si los de Tarfaya e Ifni se trata de nuevos sondeos.

Los sondeos se enmarcan en una zona denominada Tarfaya Offshore Shallow, entre la región de Agadir y el Sáhara Occidental, fruto de un contrato entre la ONHYM y la compañía italiana Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) para realizar sondeos petrolíferos en 23.900 kilómetros cuadrados hasta a mil metros de profundidad. El acuerdo reportaba un 75% de beneficios para la empresa transalpina y un 25% para la marroquí, pero en 2019 Qatar Petroleum adquirió un 30% de la participación italiana.

Esta actuación, que comenzó en diciembre de 2017, suscitó el rechazo de ecologistas e instituciones isleñas, pues se llevarían a cabo frente a las ciudades marroquíes de Sidi Ifni, Tan Tan y Tarfaya, con algunas catas cerca de la mediana entre Canarias y el reino alauí; una frontera marítima de hecho pero no de derecho ubicada a poco más de 50 kilómetros de distancia de Fuerteventura.

En el informe de la ONHYM, que publicó el periódico marroquí Al Akhbar, se hizo referencia al bloque Boujdour Offshore, a unos 200 kilómetros del sur de Canarias y abarca un área de 200.000 kilómetros cuadrados, las empresas habilitadas para hacer prospecciones -“Kosmos” y “Capricorn”- perforaron un pozo a fines de 2014 y principios de 2015, pero aunque hallaron petróleo y gas, no contaba con viabilidad económica.

Las actuaciones de Kosmos Energy, que se prolongaron desde diciembre de 2014 a febrero de 2015, coincidieron con las de de Repsol en aguas isleñas -al este de Fuerteventura y Lanzarote- y el resultado fue similar: los recursos hallados eran insuficientes para ejecutar la explotación comercial. Este episodio generó un amplio rechazo en el Archipiélago y un enfrentamiento entre el Gobierno regional y el Ministerio de Industria que lideraba por entonces José Manuel Soria.

Sin embargo, los sondeos realizados bajo licencia marroquí también contaron con la oposición del Frente Polisario, que criticó las prospecciones en aguas del Sáhara Occidental, un territorio “no autónomo”, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del que Marruecos no puede extraer recursos sin consultar antes de la población saharaui, tal y como reflejó el Tribunal de General de la Unión Europea, que tumbó el acuerdo de pesca y agrícola entre Rabat y la UE por este motivo.

Pese a ello, en noviembre de 2021 la ONHYM firmaba un contrato con una empresa israelía (Ratio Petroleum) para buscar petróleo y gas a unos 400 kilómetros al sur de Canarias, en un bloque conocido como Dakhla Atlantique, que abarca 109.000 kilómetros que se extienden desde Dajla a la frontera con Mauritania, es decir, en aguas del Sáhara Occidental.

Al noreste de La Graciosa

A todo ello se suma otro hallazgo a unos 200 kilómetros de La Graciosa, en el bloque Inezgane Offshore, que explota en un 75% la compañía británica Europa & Oil. Se trata de un área que abarca más de 11.220 kilómetros cuadrados frente a las costas de Agadir. La licencia de sondeo se otorgó en septiembre de 2019 y las prospecciones de iniciaron oficialmente en agosto pasado

En concreto, la empresa publicó el pasado 13 de abril un informe de resultados en el que considera que es una zona poco explorada y de gran impacto para complementar la estrategia europea de tener una cartera de activos equilibrada. El documento cita que se ha identificado un volumen significativo de recursos, que puede ser superior a 1.000 millones de barriles equivalentes de petróleo.

Marruecos aún no ha comentado oficialmente el anuncio de la compañía británica, que en su página web sitúa las prospecciones en una profundidad de 600 a 2.000 kilómetros dentro de la cuenca de Agadir.

Atención y preocupación

El Gobierno de España ha asegurado que sigue “con atención” las actividades de prospecciones de Marruecos, según fuentes estatales recogidas por Efe. “El Gobierno es firme en la defensa de los intereses de España y fiel a las posiciones que mantiene en relación a los espacios marítimos conforme al Derecho Internacional”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reiterado su rechazo a que Marruecos realice prospecciones en aguas cercanas a las Islas, pero ha matizado que los trabajos que realiza Rabat están dentro de su jurisdicción.

“Estas prospecciones que hemos conocido o estos estudios que han sido autorizado por el Reino de Marruecos -en unos casos hace meses y en otros como esta británica hace años-, tengo que trasladar para la tranquilidad que se ha comprobado, incluso con el Gobierno de España, que son en aguas marroquíes, no son ni aguas saharauis ni aguas canarias”, ha señalado este 20 de abril.

En las Islas más cercanas a las prospecciones también crece la preocupación. El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancor, ha recordado que el pasado 7 de abril el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantuvo una reunión con el Rey de Marruecos Mohamed VI, después de que el líder del Ejecutivo estatal apoyara la postura de Rabat para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental: respaldar que sea un territorio autónomo bajo soberanía alauí, en lugar de la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.

“Tan solo diez días después de la reunión de Sánchez con Mohamed VI, Rabat anunció prospecciones en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, y ahora observamos atónitos como esta expoliación se hará inminente tras el anuncio de la multinacional Europa Oil & Gas, que estima que hay más de 1.000 millones de barriles equivalentes de petróleo en la cuenca de Agadir”, explica Betancor, quien también es diputado por Lanzarote y La Graciosa.

El acuerdo suscrito entre la compañía energética italiana ENI y el Reino de Marruecos para buscar hidrocarburos en el área denominada Tarfaya off-shore, a apenas 50 kilómetros de la mediana que separa las aguas marroquíes de las españolas, está en una fase muy inicial, según reconocen desde la petrolera.

Así por tanto, fuentes cercanas a ENI tildan el comunicado emitido el pasado mes de diciembre como la notificación de un simple acuerdo que todavía no se ha transformado en permisos. De hecho, la petrolera está a la espera de que el reino vecino le dé luz verde para poder comenzar a estudiar si merece la pena arriesgar en la búsqueda de hidrocarburos en esta parte de la costa africana. En ENI consideran que este área puede ser interesante para su futuro ya que creen que no ha sido explorada del todo. En esta zona, bajo los permisos I-XII, esperan hallar hidrocarburos líquidos, es decir, petróleo.

En esta región, a la que ahora ENI podría lanzarse en un futuro no muy lejano a la búsqueda de bolsas con oro líquido, entre el 30 de junio y el 31 de julio de 2014 se efectuó la prospección de un pozo petrolífero, denominado TAO-1. En aquel momento se perforó bajo una lámina de agua de 105 metros y se alcanzó una profundidad final de 3.518 metros. Las compañías que tenían hace tres años y medio esta concesión del área eran la portuguesa Galp y la australiana Tangiers Petroleum. La versión oficial que se ofreció entonces para descartar la explotación fue que el pozo perforado “no contenía petróleo recuperable”. Precisamente, cuatro meses más tarde después de que las dos compañías probaran en esta área, Repsol lo intentó al este de Fuerteventura y Lanzarote bajo una lámina de agua de 882 metros y alcanzó hasta los 2.211 metros de subsuelo marino, haciendo un total de 3.093 metros de profundidad. El resultado fue similar al de Galp y Tangiers Petroleum ya que se confirmó la existencia de gas, pero ni en cantidad ni de calidad suficientes para hacer atractiva la explotación comercial por parte de la multinacional de origen español.

Las prospecciones realizadas en 2014 tanto en la parte marroquí como en la parte española tuvieron profundidades que superaron los 3.000 metros, mientras que ENI señaló en su comunicado de prensa que su actividad exploratoria se llevará a cabo a un millar de metros. Este dato, según apunta El Guincho-Ecologistas en Acción, evidencia que las posibles catas se efectuarían en las aguas más próximas a las Islas, en torno a la mediana entre Marruecos y Canarias, ya que cerca del litoral marroquí existe una amplia plataforma continental en la que la profundidad es escasa.

Entonces, teniendo en cuenta que ni Repsol, ni Galp, ni Tangiers Petroleum han tenido éxito en esta parte del Atlántico, ¿por qué a ENI le interesa probar? En primer lugar, porque como se señalaba en la nota de prensa emitida por la compañía, Marruecos había realizado análisis batimétricos y sísmicos “de muy alta resolución y con equipamiento técnico adquirido en 2015”, pero, sobre todo, porque entienden que el hecho de que otros sondeos hayan resultado fallidos no implica en este mundo de las prospecciones nada. Así, tiene el precedente del yacimiento de Zohr, en Egipto, donde en agosto de 2015 encontró el mayor yacimiento de gas natural del mar Mediterráneo, con reservas estimadas de 850.000 millones de metros cúbicos de ese combustible, a pesar de ser un sitio en el que las catas realizadas con anterioridad nunca dieron buenos resultados, como explica en su página web. A finales de 2017 la empresa energética italiana comenzó a explotar este yacimiento de gas.

De todos modos, las fuentes aclaran que en caso de que, una vez tengan los permisos, no vean muy conveniente la búsqueda de hidrocarburos, dejarán de lado el proyecto, aunque recalcan que todavía es muy pronto para sacar conclusiones ya que por el momento simplemente tienen acuerdos y datos en papel, no sobre el terreno, y hasta que no se hagan las perforaciones no se sabrá qué hay debajo del agua. Eso sí, inciden en que la probabilidad de éxito va desde 0 al 100%, por lo que no descartan nada ya que aún se está en una estadía muy inicial.

Las medidas medioambientales que emplearía la compañía en caso de que inicie los trabajos están entre las inquietudes de la ciudadanía y las autoridades canarias, sobre todo por el hecho de ser de un país no perteneciente a la Unión Europea. Las fuentes aclaran que trabajan en diferentes rincones del mundo y que están bajo la lupa de muchísimos colectivos medioambientales y de autoridades públicas, por lo que aplican los estándares internacionales para no tener problemas “en ningún nivel”. Entre los rincones en los que tienen yacimientos están Noruega o la costa italiana del Adriático, en la turística región de Apulia.

Armados con su conocimiento del terreno, botas de goma, smartphones y drones, los indígenas del Amazonas peruano están haciendo el trabajo que las petrolíferas, tanto privadas como estatales, llevan mucho tiempo sin hacer.

Fidel Sandi, de 33 años, un líder de la comunidad indígena achuar en San Cristobal, clava un palo en el terreno pantanoso de un palmeral. Sandi observa cómo brotan burbujas de crudo a la superficie, dejando un brillo aceitoso en el agua.

“Los árboles se están secando, la gente recoge fruta aquí para el mercado, hay animales que se cazan aquí, pero todo está contaminado”, Sandi suelta un suspiro, mezcla de rabia e irritación. Mirando hacia las palmeras, Sandi tiene buen ojo para ver los signos de la contaminación. Ahora puede usar su smartphone para recoger pruebas fotográficas y de vídeo geolocalizadas para presentarlas a la agencia de supervisión medioambiental de Perú, la OEFA.

Su comunidad sigue recolectando los frutos de la palma de moriche y cazando pecaríes en estas zonas pantanosas, pertenecientes a Oil Block 8 pero en concesión desde hace 15 años a Pluspetrol, el mayor productor de crudo y gas en Perú. Un cartel de la compañía dice que el terreno fue rehabilitado desde el punto de vista medioambiental en 2009, pero Sandi dice que los depósitos de crudo implican que la cadena alimenticia esté contaminada. Las prospecciones petrolíferas comenzaron en este pueblo a las orillas del río Corrientes antes de que naciera Sandi.

La contaminación por petróleo no es un problema sólo para el pueblo Achuar, también lo es para comunidades río arriba: en la cuenca del río Pastaza, para los Kachwa en el río Tigre y para los Kukama y los Wampis en los ríos Marañón y Santiago, a través de toda una franja del Amazonas peruano.

Avances tecnológicos

Monitores medioambientales vienen de todas partes a San Cristóbal para aprender a usar las herramientas tecnológicas con un equipo del Instituto Internacional para los Estudios Sociales de la holandesa Universidad Erasmo y la ONG Democracia Digital.

“Con internet y los drones podemos conseguir imágenes desde las profundidades del Amazonas a las salas de juntas de empresas en cuestión de segundo, cuando antes se tardarían días o semanas”, dice Gregor MacLennan de Democracia Digital.

“El mundo moderno está ya presente aquí en la forma de compañías petrolíferas. Creemos que los indígenas necesitan ser capaces de luchar en las mismas condiciones”.

Rafael Rojas, que está a cargo de la supervisión de los hidrocarburos en la OEFA, dice que los drones “ayudan a determinar las áreas afectadas a mucha más velocidad y precisión” cuando hay un derrame de crudo. Durante el pasado año hubo una serie de vertidos relacionados especialmente al oleoducto norperuano, cada vez más deteriorado, gestionado por la petrolera estatal, Petroperu. La compañía pública ha dicho que va a ampliar la infraestructura del oleoducto y que tiene un plan de contingencia en vigencia para tratar con los vertidos.

Un legado letal

Los residentes más mayores de San Cristóbal pueden trazar el historial del legado letal de las prospecciones petrolíferas más de 45 años atrás. La madre de Sandi, Anacha Hualinga, dice que no recuerdo un tiempo antes de que hubiese crudo en el río Corrientes. A ella, su impacto tóxico ha marcado de manera trágica su vida.

“Mi hijo murió vomitando sangre. Mis hijos han muerto, mis nietos también, todo por los contaminantes, sus cuerpos no pudieron soportarlos. Otros nacieron muertos porque no pudieron aguantar la contaminación”. Dos de sus hijos murieron de bebés y tres de sus muchos nietos también murieron muy jóvenes, explica Hualinga.

“Hoy en día sigue así, los niños nacen con dolores o lesiones. Para mí es muy doloroso perder a mis hijos y a mis nietos”.

En 2006, el Ministerio de Sanidad peruano descubrió que más del 90% de los hombres, mujeres y niños achuar en la cuenca del Corrientes tiene niveles de metales pesados tóxicos en la sangre muy por encima de los niveles seguros. En el mismo año, Pluspetrol firmó un acuerdo prometiendo reinyectar las aguas de producción bajo tierra –con presencia de metales pesados como el plomo, el cadmio o el bario– para que no vuelvan a entrar en el ciclo del agua.

Pluspetrol, que ha gestionado el bloque de petróleo cercano desde 2001, ha culpado de la contaminación al operador anterior, Occidental Petroleum, con sede en Estados Unidos. La compañía estadounidense pagó en 2015 una suma que no se ha hecho pública a los achuar en un arreglo extrajudicial.

Pluspetrol no respondió a preguntas.

Partir de cero

América Arias, trabajadora de la ONG Equidad y especialista en salud pública, dice que el Ministerio de Sanidad peruano todavía tiene que llevar a cabo un estudio toxicológico en la zona y que la gente no recibe atención médica por síntomas específicos.

“Están empezando a emerger condiciones que no pueden tener otra causa que la contaminación: casos de cáncer, deformidades en bebés recién nacidos, enfermedades congénitas, un bajo desarrollo cognitivo en los niños”, dice Arias. Muchos estudios científicos muestran que la acumulación de metales pesados en el suelo, así como el consumo de peces y animales en la zona del río Corrientes, es potencialmente cancerígeno.

Según Amnistía Internacional, la región amazónica de Loreto es una de las nueve regiones de Perú en las que metales pesados tóxicos producidos por la minería y las prospecciones petrolíferas están afectando a la salud. Se ha pedido al gobierno en Lima un plan sanitario específico y agua potable.

Después de una visita a la delegación, el Ministerio de Sanidad peruano dijo que se coordinará con los ministerios de Medio Ambiente, Vivienda, Finanzas, Energía y Minería para controlar y reducir las causas de la contaminación.

Fernando Serrano, profesor de salud laboral en la Universidad de Missouri y experto en la contaminación de metales pesados, dice que Perú tendrá que empezar de cero.

“A día de hoy no hay un estudio nacional de cuánta gente ha sido expuesta al plomo, al cadmio, al arsénico, al mercurio… y muchos otros metales tóxicos que sabemos que causan enfermedades”, concluye Serrano.

Traducido por Marina Leiva

La Defensora del Pueblo va a indagar por qué el Ministerio de Industria impide el acceso a los expedientes de 13 permisos de investigación de hidrocarburos concedidos en aguas del Golfo de León y la costa de Tarragona.

La queja ha sido presentada por la ONG Alianza Mar Blava tras solicitar la información de los proyectos al Ministerio. Los sondeos en busca de yacimientos de hidrocarburos están a nombre de las empresas Cairn Energy y diversas filiales de Repsol.

Industria negó el acceso a los expedientes al considerar que los ambientalistas no son una parte legitimada para conocer el estado de los permisos que el Gobierno limita a “quienes realicen ofertas en competencia o formulen oposición como estrictos titulares de un derecho que pueda resultar perjudicado a resultas de la concesión del aludido permiso”. Con esa respuesta oficial “Industria circunscribe ese derecho a las empresas del sector de hidrocarburos”, concluyen en la alianza.

Los permisos de exploración se conceden para realizar sondeos subterráneos en zonas marítimas a base de explosiones para recoger datos según rebotan las ondas sonoras en el fondo marino. Una batería continuada y constante de detonaciones . Cada una ronda los 215-260 decibelios. Unas 600 detonaciones por hora. Más de 14.000 al día.

La zona de los permisos implicados afectan a la propuesta de corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo que se ampara en el proyecto de declaración de esas aguas como Zona Especial de Importancia y Protección Maritima (ZEPIM) que tramita el Ministerio de Medio Ambiente.

La diputada de Ciudadanos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados en la que reclama al Gobierno en funciones cuál ha sido el impacto medioambiental que han generado las prospecciones petrolíferas hechas por Repsol cerca de Canarias.

El texto, del que solicita respuesta por escrito, pide que el Ejecutivo “explique si se ha realizado una evaluación propia sobre el impacto medioambiental generado en las islas de Lanzarote y Fuerteventura durante las nueve semanas que duraron las prospecciones de Repsol en Canarias”.

Rodríguez ha recordado que para llevar a cabo estos trabajos la compañía petrolera tuvo que efectuar el pago de un aval bancario de 20 millones de euros, con el fin de cubrir las responsabilidades medioambientales que se pudieran producir durante estos sondeos.

Por tal motivo, y al haber caducado ya los permisos de Repsol para realizar las extracciones, Ciudadanos se ha interesado también por la situación en la que se encuentra el citado aval bancario, y ha preguntado si “existen razones de algún tipo para justificar la ejecución, total o parcial, de dicho aval”.

Por último, Ciudadanos ha preguntado al Gobierno en funciones que aclare “los pasos que se deben seguir para devolver ese aval”.

La Audiencia Nacional ha confirmado este viernes el archivo de la causa en la que se investigaba a dos militares de la Armada y a una activista de Greenpeace por un incidente ocurrido el 14 de noviembre de 2014 en aguas de Canarias durante las protestas contra las prospecciones petrolíferas de Repsol.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha rechazado el recurso contra el sobreseimiento de esta causa, que fue decretado el pasado febrero por el juez instructor José de la Mata al entender que la actuación militar estuvo amparada en la legalidad y que a la activista de nacionalidad italiana que estaba siendo investigada y que resultó herida en el incidente no se la puede imputar un delito de piratería porque ni comandaba ni pilotaba la lancha.

Greenpeace recurrió el auto de archivo, al entender que la Armada empleó “fuerza desmedida” contra esta y otros dos activistas que participaron ese día en las protestas.

Ahora, la Audiencia Nacional sostiene que los hechos “y circunstancias en que se produjeron quedaron acreditados” por imágenes grabadas tanto por Greenpeace como por la Armada en las que se puede apreciar “las numerosas advertencias” que se realizaron a los activistas y que había sido “puestas en tela de juicio” por los denunciantes.

Los incidentes ocurrieron cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura en el marco de una protesta pacífica que activistas de Greenpeace llevaron a cabo junto a un barco perforadora contratado por la petrolífera Repsol.

Durante la protesta, varias lanchas neumáticas del barco “Arctic Sunrise” de Greenpeace con activistas a bordo se acercaron al buque perforador saltándose el perímetro de una milla de exclusión marítima decretada por el Ministerio de Fomento en torno al punto de las prospecciones y fueron interceptadas por barcas de la Armada.

Entonces, según la versión de la organización ecologista, dos embarcaciones procedentes del buque “Relámpago” de la Armada Española “embistieron repetidas veces” a las barcas neumáticas del “Arctic Sunrise”.

El Ministerio de Defensa negó entonces que la lancha de la Armada embistiera a la embarcación ecologista y subrayó que la intención de los activistas era abordar el barco “Rowan Renaissance”, contratado por la petrolera Repsol para iniciar sus prospecciones.

Durante la protesta, tres activistas resultaron heridos, uno de ellos la joven italiana Matilde Brunetti, que cayó al mar y sufrió una fractura abierta de tibia en la pierna izquierda.

El fondo soberano de Noruega, el mayor del mundo, ha decidido vetar a la petrolera Cairn Energy, conocida en España por su intento de buscar crudo en aguas del Golfo de Valencia, ante “el riesgo de violaciones particularmente serias de normas éticas fundamentales” por parte de la compañía escocesa.

El fondo de pensiones de Noruega anunció su decisión a finales del mes pasado, atendiendo a una petición formulada en febrero por el Comité de Ética de la entidad estatal.

Este órgano había recomendado excluir de su universo de inversiones a la compañía escocesa y a otra petrolera, la estadounidense Kosmos Energy LTD, por considerar que ambas “contribuyen a serias violaciones de normas éticas fundamentales a través de sus exploraciones de hidrocarburos en aguas profundas del Sáhara Occidental a nombre de las autoridades marroquíes”.

Cairn y Kosmos se unen al largo listado de compañías (más de un centenar)  de todo el mundo vetadas en los últimos años por el fondo noruego por razones tan diversas como casos de corrupción, violaciones de los derechos humanos, daños medioambientales o a la salud o participación en el negocio de las armas, entre otras.

Entre ellas están firmas tan conocidas como Airbus, Lockheed Martin, Boeing, todas las grandes compañías tabaqueras, Rio Tinto, Daewoo, Wal Mart o Barrick Gold, la minera a la que asesora el expresidente José María Aznar. La española Repsol estuvo cerca de entrar en esa lista por su participación en un yacimiento en la amazonia peruana que acabó vendiendo tras la advertencia del Comité de Ética de la entidad.

El Fondo de Pensiones de Noruega (NBIM, por sus siglas en inglés) ganó 334.000 millones de coronas (35.520 millones de euros) en el conjunto de 2015. En mayo pasado, la entidad anunció su intención de demandar al grupo automovilístico alemán Volkswagen, del que es accionista, por el escándalo de la manipulación de emisiones de sus motores diésel.

Cerca de Bush y Tony Blair

Con sede en Edimburgo (Escocia) y presencia en Reino Unido, Noruega, Irlanda, Groenlandia, Malta, Marruecos, Mauritania y Senegal, Cairn Energy fue fundada en 1981 por el antiguo jugador de rugby escocés Sir Bill Gammell.

La empresa, pionera en la búsqueda de petróleo en el Ártico, ya recibió en 2011 críticas de la organización ecologista Greenpeace por esos proyectos de exploración. La ONG, que subrayaba su “enorme influencia entre políticos de relieve como Tony Blair y la familia Bush”, planteó entonces “serios interrogantes sobre su capacidad para hacer frente a un accidente en uno de los ambientes más hostiles de la Tierra”. 

Cairn Energy llegó a tener cinco permisos de exploración de hidrocarburos en la zona del golfo de Valencia, que se extendían mar adentro en una franja que en su punto más cercano a la costa peninsular llegaba a apenas seis kilómetros del faro de Cullera (Valencia) y en la parte insular, a 35 millas de la costa de Ibiza.

Los permisos, tramitados a través de su filial Capricorn Spain Limited Sucursal en España, habían sido concedidos a partir de 2010 por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Pese al entusiasmo del sucesor de Sebastián en ese departamento, José Manuel Soria, por las prospecciones de crudo, la empresa tuvo un tibio apoyo del Gobierno de Mariano Rajoy a sus proyectos en el Mediterráneo, que pusieron en pie de guerra a las comunidades autónomas de Valencia y, muy especialmente, Baleares, ambas gobernadas entonces por el PP.

La multinacional también había solicitado permisos en el golfo de León (frente a la Costa de Catalunya y Baleares) y en el mar Cantábrico (frente a la costa vasca). Pero acabó cerrando su oficina en Madrid a finales de 2014. El año pasado renunció a los permisos del Golfo de Valencia, que estaban pendientes de la Declaración de Impacto Ambiental.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado por caducados los permisos para las prospecciones petrolíferas de Repsol en Canarias a pesar de echar en falta un renuncia formal y avalada por parte de la compañía y el Estado.

Pese a que la polémica ya se ha diluido, lo cierto es que la batalla judicial iniciada por el enfrentamiento entre el Gobierno central y el canario a cuenta de las prospecciones petrolíferas todavía continúa. El Ejecutivo autónomo había solicitado como medida cautelar que se dejaran sin efecto estos permisos pero ya el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se puso del lado del Estado en diciembre de 2014 y enero de 2015 y así ha vuelto a ocurrir ahora en el Supremo en una sentencia fechada el pasado 25 de mayo en la que desestiman el recurso de casación interpuesto por Canarias.

El Gobierno canario argumentó en su recurso que los autos impugnados incurrían en incongruencia entre sí ya que en el primer auto se justifica la denegación de la suspensión en la inexistencia de periculum in mora, mientras que en el segundo se aduce en cambio como causa denegatoria los daños alegados por la compañía en su escrito de oposición. En el segundo motivo se fundamenta la infracción del artículo 130 de la Ley procesal, así como el 24 de la Constitución, por no haber adoptado la medida cautelar solicitada pese a concurrir los requisitos previstos en el citado precepto de la Ley jurisdiccional.

Repsol entiende que el primer argumento es “inadmisible” por dirigirse contra el Auto desestimatorio de la reposición, y que ambos han de ser rechazados, hecho que el TS deniega. También aduce la multinacional que la medida de suspensión solicitada ha perdido objeto de forma sobrevenida después de que anunciara públicamente el 16 de enero de 2015 el final de las actividades de investigación en la zona como consecuencia de los resultados negativos obtenidos en el primer sondeo exploratorio desarrollado desde noviembre de 2014. Una decisión que el Supremo recalca que fue comunicada mediante fax a las Subdirecciones generales de Hidrocarburos y de Evaluación Ambiental, así como a otras instituciones.

La empresa presidida por Javier Brufau manifiesta que en cuanto a las prospecciones ya realizadas “no es posible suspender lo ya ejecutado”, mientras que ha desaparecido el periculum in mora “al haberse descartado nuevas actuaciones de investigación de hidrocarburos en la zona”. No obstante, la Sala recuerda que ha requerido tanto a la Administración del Estado como a la empresa codemandada si ha existido renuncia formal a hacer uso de la autorización para efectuar sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos Canarias 1 a Canarias 9, otorgada por la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El fallo indica que “de los diversos escritos recabados, resulta claro que no ha habido tal renuncia formal a hacer uso de la citada autorización” y recalca que la única información dada por la compañía fue una comunicación de la misma a la Sala en la que explicaba que dichos permisos de investigación habían caducado “por lo que resultaba ya inviable efectuar los sondeos exploratorios sobre cuya suspensión se litigaba en el presente procedimiento”.

Por su parte, el Gobierno canario mantuvo su solicitud de suspensión al opinarar que existe una contradicción entre la postura de Repsol de que la autorización ya ha caducado y la del Estado que mantiene que tiene una vigencia de tres años a partir de agosto de 2014. El Supremo estima que la compañía tiene razón ya que los permisos han prescrito porque en realidad fueron concedidos en el año 2001, aunque fueron anulados en 2004 por determinados aspectos de los permisos por deficiencias en cuanto a las medidas de protección medioambiental y convalidados posteriormente en 2012, por lo que los cuatro años de trabajos debían cumplirse después de este último año hasta el 21 de marzo de 2016.

Como consecuencia de todo ello, el TS considera que los permisos expiraron en marzo de 2016 y que por lo tanto resulta inviable realizar más sondeos exploratorios, por lo que tampoco cabe conceder o rechazar medida cautelar alguna. De este modo, el Supremo dilucida que, como así había sostenido el delegado del Gobierno de España en Canarias y la propia empresa, los permisos están extintos, aunque no ha existido ningún anuncio gubernamental sobre este tema como así reclamó el PSOE, Podemos o el Cabildo de Lanzarote.

La diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas Meri Pita ha acusado este martes al delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, de faltar a la verdad después de que la semana pasada asegurara que los permisos de Repsol caducaron “el 20 o 21 de marzo” y cree que con estas declaraciones lo que quieren desde el Gobierno es “tratar de frustrar el efecto de próximos dictámenes previsiblemente desfavorables de la Justicia y del Congreso de los Diputados frente a las tesis del PP y del gobierno español”.

“Los permisos del Gobierno de España, o vencen en la fecha estipulada o no vencen, como sucede con cualquier permiso otorgado por una Administración y que contenga la fecha exacta de vigencia” afirma Meri Pita, quien recuerda que la caducidad de los permisos de exploración Canarias 1 a Canarias 9 no expira hasta agosto de 2017, tal y como se refleja en la Resolución del Ministerio de Industria aprobada el 11 de agosto de 2014 y publicada en el BOE el 13 de agosto, dos días después.

Para Podemos, hasta que el Gobierno de España no certifique la nulidad de permisos por vía oficial, es decir, a través la publicación efectiva de una Orden Ministerial en un Boletín Oficial del Estado, los permisos de perforación en Canarias siguen vigentes y Repsol puede seguir explorando o beneficiándose por mercantilizar con la concesión otorgada por el Gobierno de Rajoy a la petrolera. La también secretaria general de Podemos en Canarias ha recalcado que “la declaración de que Repsol ha renunciado a seguir perforando tampoco es válida, ya que la petrolera ha perdido cualquier atisbo de credibilidad en Canarias”.

“El anuncio de Hernández Bento, claramente irresponsable para el cargo que ostenta, sólo puede ser interpretado como una rectificación del Gobierno de España ante el gravísimo error cometido por apoyar un proyecto privado rechazado masivamente por la sociedad canaria y española, y como evidente lavado de cara ante los nuevos tiempos y coyunturas políticas” sostiene Pita.

La diputada añade que los últimos autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2016 y las recientes acciones parlamentarias en el Congreso de los Diputados y en los Plenos de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura pidiendo la extinción de los permisos, han avanzado de forma positiva y constituyen “un hecho irreversible al que el Gobierno de España ha querido sin duda adelantarse para no dañar aún más la imagen de su nefasto modelo energético”.

“Desde Podemos le pedimos al señor Bento y al señor Soria que, aunque les cueste, informen a la ciudadanía a la que se deben con la máxima transparencia y sin ambages, que retiren definitivamente y de forma oficial cualquier permiso o privilegio concedido a Repsol para sus operaciones exploratorias en las Islas, y sancionen a la petrolera por los incumplimientos constatados en sus operaciones en Canarias”, añade Pita.

“Estamos hablando de una de las zonas con mayor riqueza de cetáceos de Europa y del mundo, hemos pedido en el Congreso el fin de las prospecciones y la creación de un Santuario de Cetáceos en la zona, con la ampliación del espacio oceánico del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) frente a Fuerteventura y Lanzarote, ya que el Ministerio de Medio Ambiente remitió a la Comisión Europea una propuesta de superficie LIC reducida casi al 50% sobre la contemplada originalmente en la figura de protección, a fin de dar cabida a las perforaciones de Repsol y siendo ministro el actual Comisario de Energía Miguel Arias Cañete”, sentenció la diputada.

El senador del PSOE por la Comunidad Autónoma, Julio Cruz, afirmó este viernes que “no es creíble” el anuncio del Gobierno sobre la caducidad de los permisos a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas al este de Lanzarote y Fuerteventura y reclamó al Ejecutivo que revoque las autorizaciones y las publique en el Boletín Oficial del Estado.

Según dijo el jueves el delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, el permiso de investigación concedido a Repsol venció el pasado 21 de marzo y Repsol ya no tiene derecho a realizar ningún otro trabajo.

Julio Cruz dijo en rueda de prensa que no es creíble lo que dice Hernández Bento porque los permisos expiran en agosto de 2017.

Recordó que el PSOE ha presentado una moción en el Senado para la revocación de los permisos sin indemnizaciones ni gastos para el erario público.

Julio Cruz reclamó que esa revocación sea clara y transparente y se publique en el BOE.

El senador Julio Cruz y la senadora del PSOE por Tenerife, Olivia Delgado, expusieron además en la rueda de prensa su preocupación por la seguridad pública en Canarias, ante la reducción de efectivos de las fuerzas de seguridad en los últimos cuatro años.

Informaron de que han dirigido preguntas al Gobierno para recabar datos concretos sobre la presencia de efectivos policiales en Tenerife, dado el aumento de los casos de robos e inseguridad en especial en el sur de la isla.

El Gobierno de España, a través de su delegado en Canarias, Enrique Hernández Bento, ha adelantado hasta el pasado “20 o 21 de marzo” la vigencia de los permisos de Repsol para buscar petróleo en Canarias, cuando, según la Resolución del 11 de Agosto de 2014 por la que se otorgaron los permisos para buscar petróleo en la costa de Canarias, la validez de la autorización “es de tres años contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado”, que fue el miércoles 13 de agosto, por lo que en principio la empresa petrolífera podría prospectar hasta el 13 de agosto del próximo 2017.

Hernández Bento, que fue subsecretario de Industria, Energía y Turismo desde diciembre de 2011 hasta noviembre de 2015, indicó este jueves en la Cadena Cope que “en marzo o abril caducaba el permiso de investigación” y que desde ahora la multinacional de origen español tiene un periodo de 60 días para justificar ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo su plan de inversiones sobre los sondeos en aguas de Canarias, un trámite que consiste en un informe final que lo realiza siempre las compañías que tienen permiso para las exploraciones, hayan o no hecho la investigación.

De esta forma, el actual delegado del Gobierno en Canarias, que fue mano derecha del ministro José Manuel Soria a la hora de otorgar los permisos de Repsol en aguas de Lanzarote y Fuerteventura, abraza los argumentos dados por la compañía a este periódico en agosto del 2015, cuando indicaron que los permisos caducaban en marzo de este año a pesar de que ante los tribunales la sociedad presidida por Brufau mantenía que no iba a renunciar a Canarias.

El delegado se basa para hacer esta afirmación en el BOE del 21 de marzo de 2012, en el que se convalidan los permisos de investigación concedidos inicialmente en 2002, año en el que se concedieron los permisos por primera vez. En aquel boletín de hace cuatro años se indica que “queda convalidado expresamente el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, en todo aquello que no resulte modificado por el presente real decreto. A partir de la eficacia del presente real decreto, los titulares deberán cumplir con el programa de trabajos especificado para los años tercero a sexto”. Y así, sostiene que los permisos expiraron a finales de marzo porque transcurrieron cuatro años desde el 21 de marzo de 2012, y suman los dos años transcurridos entre 2002 y 2004, año en el que el Tribunal Supremo rechaza la autorización concedida por el Gobierno central a Repsol para realizar sondeos petrolíferos en Canarias, ya que no cumplían las medidas de protección medioambientales ni el plan de restauración exigidas por la Ley del Sector de los Hidrocarburos.

De todos modos, la compañía ha dejado claro que no piensa volver a aguas de las Islas. Repsol renunció a principios de 2015, tras los resultados de los análisis del pozo Sandía, a seguir buscando hidrocarburos en el Archipiélago, ello a pesar de que en el BOE se recogía en la primera condición que el buque de perforación debía realizar dos sondeos de manera “consecutiva”. Así, en la Ley del sector de hidrocarburos en su capítulo quinto se deja patente que las autorizaciones, permisos y concesiones se extinguirán “por incumplimiento de las condiciones de su otorgamiento”. De esta manera, automáticamente, el Ministerio de Industria debió retirarle los permisos a la sociedad presidida por Antonio Brufau por no cumplir las normas y los derechos establecidos en la ley vigente.

A ello hay que añadirle que días después de que Repsol anunciara que no lo iba a intentar en el pozo Chirimoya, el por entonces subsecretario de Industria, Energía y Turismo, se apresuró a decir que el Ministerio iba a sancionar con cinco millones de euros a la compañía por no seguir con los permisos, punto ratificado esa misma semana por el ahora ministro en funciones José Manuel Soria. Una sanción de la que jamás se supo aunque en la radio el delegado expuso que ahora los servicios jurídicos del Estado estudiarán si Repsol incumplió las obligaciones que adquirió y si resulta, o no, sancionable que sólo realizara uno de los dos sondeos que se comprometió a hacer.

La trola de Hernández Bento fue acogida como gran noticia tanto por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como por el del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales. Por el contrario, desde el gabinete de comunicación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo apuntaron a Canarias Ahora que no estaban “nada seguros” de que las declaraciones en la Cadena Cope estuvieran en lo cierto.

Para Fernando Clavijo lo indicado por el político del PP es una “magnífica noticia porque evidentemente es algo que divide, genera problemas y dificultades en Canarias, pues sabemos que ya despejamos ese balón, esa incógnita, ese balón de Damocles. Creo que es una gran noticia para el pueblo de Canarias”, apostilló en la Cope.

Al ser cuestionado si esperaba que Repsol volviera a intentar sondear en aguas de Canarias, dijo que “no” porque señaló que “no es rentable con el precio del barril del petróleo por debajo de los 50 dólares pero no es lo mismo que la circunstancias económicas cambien y se vuelva a poner por encima de los 100 dólares el barril del petróleo y pueda ser rentable”, teniendo que “estar sometidos, otra vez, a actitudes poco democráticas”. El presidente autonómico no dijo en ningún momento que la compañía abandonó las Islas no por el precio del crudo, sino por “no haber localizado yacimientos de hidrocarburos que justificasen la explotación”.

El político de Coalición Canaria defendió mecanismos para que este tipo de situaciones “no puedan ser autorizado sin la autorización de las cámaras y de las instituciones públicas canarias. Soy partidario de poder blindar eso”. De hecho, durante las prospecciones realizadas por el buque Rowan Renaissence la sociedad canaria, española e internacional mostraron de manera masiva su rechazo a la búsqueda de fuel en aguas canarias.

Mientras, Marcial Morales indicó que “es una gran noticia” porque “las aguas de Canarias, que son un auténtico santuario natural y un paraíso, hoy ya no están amenazadas por ningún interés extraño”. El presidente de la Corporación insular afirmó que “a pesar del Gobierno del Estado y del ministro del petróleo, hubo una población que entendió que eso era una clara amenaza para este pueblo. Se levantó y lo manifestó rotundamente y, al final, la razón no llevaba fuerza pero sí llevaba convicción y el impulso unánime de todo el pueblo”, sentenció.

Por su parte Pedro San Ginés, del Cabildo de Lanzarote, no ha hecho todavía declaraciones sobre estos hechos a pesar de que la Institución que dirige tiene abiertos aún varios frentes en los tribunales y promueve iniciativas parlamentarias y administrativas para extinguir los permisos.

Lo cierto es que la intervención de Hernández Bento apresurando la fecha de caducidad de las prospecciones en Canarias coincide con que Podemos presentara en el Congreso de los Diputados a finales de febrero una Proposición No de Ley para revocar el Real Decreto que autorizó las prospecciones. Una iniciativa que tiene muchas opciones de salir adelante, sobre todo después de que la Cámara Baja aprobara el pasado 29 de marzo el veto al fracking en España. Que por mayoría se aprobara la iniciativa de Podemos es una derrota que ni el Gobierno de España ni el ministro en funciones José Manuel Soria están dispuestos a aceptar.

Greenpeace ha presentado esta semana ante el Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional dos recursos de Apelación contra las dos Resoluciones judiciales sobre “el ataque de la Armada” a activistas de Greenpeace, las cuales denegaban las pruebas solicitadas por la organización y acordaban el sobreseimiento del caso.

Con ello, los ecologistas piden a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que sus recursos sean estimados y se prosiga con las actuaciones judiciales ante la existencia de infracciones penales. Como recuerda el colectivo, los hechos se remontan a noviembre de 2014 cuando durante una protesta contra las prospecciones petrolíferas que Repsol quería acometer en aguas del Archipiélago canario fueron violentamente embestidos por miembros de la Armada que protegían al barco de la multinacional. En el incidente resultaron heridas tres personas, una de ellas de gravedad que todavía sigue en recuperación.

En el primero de los Recursos, Greenpeace pide a la Audiencia que testifiquen los mandos del buque de la Armada Relámpago para conocer qué órdenes dieron a sus embarcaciones, “ya que consecuencia de ellas fue el empleo desproporcionado de violencia contra civiles desarmados e indefensos”, sostienen los ecologistas.

Greenpeace también ha presentado Recurso contra el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. La organización cuestiona la conducta de los pilotos de la Armada que declararon como investigados ya que según los hechos y posteriores resultados podrían haber cometido los delitos de lesiones y daños, tanto a las personas como a las embarcaciones de los activistas. Además, Greenpeace sostiene que en ningún momento los pilotos de sus lanchas recibieron órdenes de detención por parte de los botes de la Armada.

“No compartimos en absoluto la argumentación del juzgado que entiende que los miembros de la Armada actuaron en el cumplimiento de su obligación con el mandato legal y eso les permitía utilizar la violencia necesaria y que por tanto están exentos de culpa”, asegura Julio Barea responsable de campaña de Greenpeace.

Podemos Fuerteventura pedirá en el próximo pleno del Cabildo majorero que la corporación inste al Gobierno de España a que revoque urgentemente el Real Decreto que otorgó a Repsol la capacidad de realizar prospecciones en aguas canarias.

De esta manera, la formación morada se une a la iniciativa presentada por los diputados canarios en el Congreso, han indicado desde Podemos.

Además, Podemos pedirá que se inicien los trámites para que se declare un Área Marina Protegida como Santuario Internacional de Cetáceos y que la LIC propuesta a Europa abarque las coordenadas establecidas en la propuesta de WWF para el oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura.

El consejero de Podemos en el Cabildo Gustavo García ha insistido en que los políticos “tienen que gobernar para la gente” y ha resaltado que la ciudadanía canaria “ha dicho alto y claro que no quiere prospecciones petrolíferas en sus costas”.

García ha subrayado que se trata de la zona “con mayor diversidad de cetáceos de Europa” y ha recordado que los movimientos sociales organizaron manifestaciones “sin precedentes” en las Islas, por lo que ha estimado que “no se puede vender el agua y la biodiversidad” del Archipiélago “por los negocios de un ministro al servicio de una multinacional”.

Unas 50.000 personas han mostrado su apoyo para la creación de un santuario de ballenas y delfines en el espacio marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura para conservar hasta 29 especies de cetáceos, una iniciativa promovida por WWF, según informa la propia organización, que recuerda que este 19 de febrero es el Día Mundial de las Ballenas.

En este sentido, recordó que, pese al anuncio de retirada del proyecto petrolero, los permisos para realizar hasta dos sondeos más en la zona siguen vigentes hasta 2017.

“Se deja así la puerta abierta -continuó WWF- a una posible reanudación de las perforaciones en una de las áreas de mayor riqueza para los cetáceos del mundo”.

Asimismo, ha exigido a la administración que se activen los trámites establecidos para retirar de forma definitiva los permisos de prospección petrolera y ha instado al nuevo Gobierno a que retome la propuesta científica original de área marina de protección de la zona.

Por su parte, WWF ha destacado que la petición de Santuario ha recabado importantes apoyos institucionales, científicos y sociales dentro y fuera de España.

Entre ellos, el del Parlamento y Gobierno de Canarias, de los Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura, de 20 eurodiputados de diversos grupos y fuerzas políticas con representación en el Parlamento UE, de la mayoría de Grupos Políticos en el Congreso y en el Senado.

También se han sumado medio centenar de científicos dedicados a la investigación y conservación de cetáceos, y muy casi 50.000 personas que han firmado ya la petición de Santuario.

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha subrayado que “la creación de una gran AMP para cetáceos en Canarias contribuiría significativamente a la conservación de estos emblemáticos animales y de su hábitat”.

“Sólo de esta manera podremos asegurar la conservación de ballenas y delfines y prevenir las amenazas que los acechan: la exploración de gas y petróleo, las colisiones con embarcaciones, el ruido marino o las maniobras militares”, concluyó.

Un anuncio electoral del Partido Popular ha generado este lunes una oleada de críticas desde las organizaciones ecologistas, que han puesto de ejemplo las prospecciones petrolíferas y el rechazo a crear un santuario de ballenas en Lanzarote y Fuerteventura como muestra de la política ambiental del Gobierno de Mariano Rajoy.

En el nuevo anuncio electoral del PP ve a un grupo de amigos ‘hipster’ que intenta convencer a otro de que no vote al Partido Popular en las elecciones general del próximo 20 de diciembre. “Vamos a ver, Raúl, tú vas todos los días al trabajo en bicicleta y los veranos te los pasas salvando a las ballenas. De todos nosotros, eres el único vegano…”, argumenta una chica.

“Que yo sepa, Rajoy no tiene nada en contra de las ballenas, ¿no?”, replica el ‘votante’ del PP. El portavoz de Greenpeace, Julio Barea, considera que “si alguien ha demostrado que no quiere para nada a las ballenas ha sido este Gobierno”, señala en declaraciones a los medios efectuadas tras la emisión del vídeo.

Desde Greenpeace se recuerda que en octubre, el PP rechazó en el Senado una propuesta para crear un santuario de ballenas en las aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, impulsada por Coalición Canaria y que contaba con el apoyo del PSOE y del grupo Mixto.

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El colectivo El Guincho-Ecologistas en Acción ha denunciado que “un año después del comienzo de las prospecciones en Canarias”, frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, “el Gobierno del PP sigue sin aplicar las restricciones europeas a las perforaciones marinas”.

“La Comisión Europea ha constatado que el Gobierno de España no ha cumplido con la exigencia de adaptar a la legislación nacional lo recogido en la Directiva sobre seguridad en alta mar”, asegura El Guincho.

La asociación destaca que “el plazo de dos años para realizar esta aplicación finalizó el pasado 19 de junio, por lo que la Comisión Europea ha enviado un requerimiento al Gobierno español para que cumpla con la norma europea en dos meses”. “Afortunadamente, parece que no será el Gobierno de Rajoy el encargado de hacerlo”, apostilla el colectivo ecologista.

El Guincho ha recordado que “todo ello llega además justo en la misma semana en que se cumple un año del ataque a los activista de Greenpeace en alta mar y del comienzo de la perforación de Repsol, pese a la oposición de Canarias”.

“Esta iniciativa de la CE se ha adoptado a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de agosto” por representantes del colectivo ecologista de Lanzarote 'El Guincho – Ecologistas en Acción', en la que se advirtió que el Gobierno de España “había incumplido el Derecho Comunitario, al no haber tramitado aún la adaptación española de la mencionada Directiva”.

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El Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, acogerá este miércoles a partir de las 20.30 horas el estreno del documental Crudo Paraíso, rodado en las Islas este último año y que ha sido financiado a través de fondos provenientes de crodwfunding.

El documental, dirigido por Blanca Ordóñez y redactado por Jenn Dávila, entra de lleno en el debate del petróleo en Canarias tras las prospecciones comenzadas hace casi un año por Repsol en aguas de Canarias y repasa el rechazo de parte de la sociedad canaria a los permisos concedidos por el Ministerio de Industria.

Así, plantean un nuevo modelo energético en las Islas y busca dar una imagen de un Archipiélago 100% renovable. El acceso es gratuito hasta completar el aforo.

La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia presentada por representantes del colectivo ecologista de Lanzarote El Guincho – Ecologistas en Acción, en la que se advierte que el Gobierno de España ha incumplido el Derecho Comunitario al no haber tramitado aún la adaptación española de la Directiva 2013/30/UE, que multiplica los requisitos a las empresas petroleras y a los estados para poder autorizar operaciones relativas al petróleo y gas en mar abierto, con el objetivo de prevenir accidentes y limitar sus consecuencias.

Esta Directiva Europea también permite el acceso a la información por parte de los ciudadanos y obliga a los estados a mantener una posición independiente frente a los intereses petroleros.

Su elaboración se llevó a cabo a raíz de las consecuencias de los accidentes en explotaciones petrolíferas en mar abierto, especialmente en el Golfo de México, “y ante las demandas de colectivos sociales e instituciones alertados por iniciativas como la del Gobierno de España para realizar explotaciones petrolíferas marinas, que incluso alertaron sobre la lentitud con la que Europa actuaba”, apuntan los ecologistas.

“En su momento, desde los movimientos sociales advertimos de que frente a esta lentitud en Europa, en el Gobierno de España todo eran prisas para tramitar el expediente de la petrolera Repsol en Canarias antes de que entrara en vigor esta Directiva europea”, recuerdan.

Así, la operadora “se ahorró trámites, seguros, controles técnicos y de seguridad, e incluso posibles indemnizaciones en caso de accidentes”, denuncia El Guincho, que añaden que esto fue “todo a favor de las cuentas de la multinacional petrolera”.

“Ahora vemos cómo el servilismo del Gobierno de España hacia los intereses petroleros va incluso más allá: incumple las indicaciones de Europa y deja preparado un marco legal favorable a los intereses y a los balances económicos de las petroleras, a costa del interés público”, censura el colectivo.

Además, aluden a que en su artículo 41, la Directiva 2013/30/UE señala que “los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar el 19 de julio de 2015”, pero que sin embargo lo único que ha hecho el Gobierno de España, desde el punto de vista de El Guincho, es comunicar a la Comisión Europea que ha adaptado su Derecho interno a la Directiva 2013/30/UE a través de la Ley 11/2014, de 3 de julio. Una ley que en lo que se refiere a la Directiva 2013/30/UE, “tan sólo pretende adaptar el Derecho español en un aspecto concreto: el concepto de daño en el estado ecológico de las aguas continentales y marinas. Todo lo demás no existe para el Gobierno de España. Todo lo demás no le interesa el al Gobierno de España ni a las petroleras”, concluye.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha anunciado este viernes que ha encontrado, tras varias campañas oceanográficas en las costas orientales de Fuerteventura y Lanzarote, “un auténtico santuario marino para los cetáceos donde se pueden encontrar hasta 28 especies diferentes de zifios, rorcuales, cachalotes, orcas, delfines y calderones, un tercio de todas las especies de cetáceos del mundo, lo que representa un extraordinario valor biológico”.

Esta afirmación la ha realizado a través de la Fundación Biodiversidad, la cual depende del Ministerio y es la encargada de coordinar el proyecto INDEMARES. Así,los investigadores indican que han estudiado por primera vez de manera integral las montañas submarinas del Sur de Fuerteventura y han concluido que presenta “una riqueza inusualmente elevada de biodiversidad”, y recuerdan que antes del proyecto únicamente existían algunos estudios específicos sobre la estructura geológica de los bancos o sobre el entorno y la formación del Archipiélago canario, por lo que el territorio era prácticamente desconocido.

De hecho, esperaban que los bancos de Amanay y El Banquete presentasen una riqueza biológica “relativamente pobre” debido a la situación geográfica en mar abierto y a elevada profundidad. Esta zona está influenciada principalmente por la corriente de Canarias, que es una derivación de la corriente del Golfo, y por los afloramientos costeros de agua sobre la plataforma noroeste del continente africano. Los vientos alisios barren la superficie del mar favoreciendo los afloramientos de aguas desde capas más profundas, cargadas de nutrientes. Este mecanismo hace, de manera general, que la zona oriental de Lanzarote y Fuerteventura tenga una mayor productividad que el resto el Archipiélago.

Así, sorprendió comprobar que gracias a las características de la zona, en la que se interceptan las corrientes y alteran las condiciones oceanográficas del entorno, lo que parecía ser un “desierto” en las profundidades, se transforma en un oasis de vida en mar abierto en el que se han identificado hasta el momento 771 especies diferentes.

En los fondos rocosos se han identificado 14 comunidades, 13 de ellas incluidas en la categoría “Arrecifes” de la Directiva Hábitats, donde existen hábitats dominados por el coral negro Antipathella wollastoni que forma densos jardines, y la comunidad de concreciones calcáreas algales (rodolitos) y macroalgas foliosas, ambas situadas en las zonas más superficiales de los bancos.

Por su parte, los hábitats de fangos batiales con poca materia orgánica y oxígeno, en los que la biodiversidad es muy pobre, están caracterizados por la presencia del coral solitario Flabellum chunii y los fangos con pennatuláceos o plumas de mar. Estos dos últimos hábitats han sido propuestos por el proyecto para que la Comisión Europea lo incluya en la Directiva como sensible.

El Ministerio también recuerda que con la propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) a nivel europeo queda protegida, gracias a los resultados del proyecto LIFE+ INDEMARES, una superficie de casi un millón y medio de hectáreas de alto valor ecológico. Sin embargo, este LIC fue propuesto en marzo de este año excluyendo la zona de las prospecciones petrolíferas donde Repsol tiene permiso para prospectar hasta agosto de 2017.