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El poder y los negocios del exministro José Manuel Soria: del impuesto al sol a presidir la filial española de una compañía británica de fotovoltaica

José Manuel Soria, exministro de  Industria, Energía y Turismo.

Iván Alejandro Hernández

Las Palmas de Gran Canaria —

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El ministro que aplicó el polémico el impuesto al sol y penalizó el autoconsumo ha fichado por Island Green Power, una empresa británica que desarrolla energía fotovoltaica. José Manuel Soria, titular de la cartera de Industria, Energía y Turismo desde 2011 a 2016 aparece como “presidente de Island Green Power en España” en la página web de la compañía que preside Ian Lawrie y tiene sede en Londres. Fue fundada en 2013 y ha instalado más de 900 megavatios en una veintena de proyectos, principalmente en Reino Unido y Australia.

Island Green Power se dedica a la solicitud de permisos de entrada de la energía solar a la red, la obtención de terrenos, la gestión del proceso de permisos y la supervisión de la construcción de las plantas hasta que esté operativa. En España, la compañía cuenta con siete proyectos en desarrollo en tres comunidades autónomas que suman cerca de 230 MW de potencia solar. En concreto, se ubican en Menorca, Mallorca, Teruel (3), Sevilla y Cádiz, cada uno con capacidad de producir entre 40 a 49,9 MW. Hasta el momento, no aparece ningún proyecto en su web ubicado en Canarias.

En 2015, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto para regular el autoconsumo de electricidad, que se denominó impuesto al sol. Con la normativa se fijaba que las personas o entidades con instalaciones conectadas a la red con más de 10 kilovatios de potencia debían pagar un cargo sobre la electricidad autoproducida y consumida de forma instantánea. Durante los años en los que estuvo vigente (hasta 2018), a la disminución de la rentabilidad de las instalaciones solares se le sumó las reticencias de empresas o particular para optar por este tipo de producción energética.

El exministro se había estrenado en el cargo con una moratoria a las primas que recibían las fuentes limpias, que luego recortó drásticamente con efectos retroactivos. Soria defendió los recortes en las retribuciones a las instalaciones renovables, que en 2014 supuso un hachazo de 3.000 millones anuales en ingresos, para ahorrar en el recibo de la luz. Esta decisión provocó demandas a Industria por parte de inversores extranjeros. El objetivo que perseguía era poner fin al multimillonario déficit de tarifa entre ingresos y costes del sistema eléctrico y en 2014 logró superátiv. Pero la reforma eléctrica desarrollada provocó que aumentara aún más el recibo de la luz. De hecho, en enero de este año se produjo un nuevo incremento fruto de las políticas aplicadas en el sistema tarifario.

Además de estas políticas del que ahora preside una filial de una empresa para instalar placas solares, Soria defendió las prospecciones de Repsol en Canarias a pesar del rechazo de la sociedad isleña y del Gobierno regional y apostó, sin éxito, por la polémica fractura hidráulica (‘fracking’). Mientras, en 2013, su hermano Luis Soria entraba en el negocio petrolero, quien unos años antes, en concreto de 2003 a 2005, fue el consejero de Industria del Ejecutivo regional mientras Jose Manuel Soria lideraba al Partido Popular en las Islas (1999-2016) y presidía el Cabildo de Gran Canaria (2003-2007). En 2005 se destapó uno de los mayores casos de corrupción de principios de siglo en Canarias, que tuvo en el centro de su trama la instalación de un parque eólico.

La instrucción del caso, que se prolongó durante más de cinco años, quedó atrapada en “el estanque de los lebranchos” (un pez común, también llamado lisa), en palabras del expresidente del Gobierno de Canarias Lorenzo Olarte, en referencia a la imputación de funcionarios y empresarios, y evitó dar el salto al “estanque de los tiburones”, en alusión directa a los responsables políticos de las administraciones implicadas, es decir, Jose Manuel y Luis Soria. Ambos quedaron al margen de la investigación del caso, que recayó exclusivamente en uno de sus subordinados, Celso Perdomo, director general de Industria y Energía condenado con penas de cárcel, dictada 13 años después de los hechos tras innumerables vicisitudes.

El político nacido en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad en la que fue alcalde de 1995 a 2003, dio el salto a la Vicepresidencia del Ejecutivo regional (2007-2010) y de ahí al Gobierno de España. En Moncloa acabó su trayectoria política tras dimitir en 2016 por sus contradictorias explicaciones sobre las sociedades offshore de su familia que aparecían en los papeles de Panamá, tras desvelar Canarias Ahora sus cuentas familiares en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Se ponía fin así a una trayectoria marcada por su absoluto liderazgo en el PP canario, su permanencia en el poder (solo estuvo en la oposición unos meses tras la ruptura del pacto de Gobierno con Coalición Canaria en 2010) y las denuncias por corrupción, tanto hacia su persona como a otros miembros del partido que presidía, desde los casos La Favorita, Chalet o Salmón, hasta Faycán.

Tan solo diez meses después de dimitir, Soria aprovechó la red exterior del Gobierno de España para sus negocios privados con empresas de sectores que él mismo había regulado: una era un importante grupo hotelero y otra una empresa industrial. Lo hizo a través de Sorben Partners, la consultora que abrió apenas dos meses después de ver frustrado su fichaje como director ejecutivo del Banco Mundial, propuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en septiembre de 2016, por las presiones en su propio partido. Y en abril de 2017, también utilizó su cuenta de correo corporativo en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para sus negocios privados. El sueldo que ha recibido como socio y administrador único de su empresa durante 2017 y 2018 ascendió a 381.000 euros brutos, una retribución que superó a toda la percibida durante su etapa como ministro.

En marzo de 2017 realizó su primera aparición pública en España desde que renunciara a sus cargos y lo hizo participando como panelista en una edición del Free Market Road Show, un foro ultraliberal auspiciado por el Centro Austriaco de Economía y financiado por el estadounidense Liberty Fund que versó sobre El Proteccionismo en el Siglo XXI. Tras acudir a la Cámara de Comercio de Gran Canaria acompañado de escoltas, un servicio que mantuvo hasta dos años y medio después de dimitir, Soria defendió la inmigración para hacer frente al envejecimiento de la población europea y mantener el sistema de pensiones. Estas palabras las pronunciaba el que cuando fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria dio órdenes en 2001 para que fueran expulsados a manguerazos doscientos inmigrantes del parque de Santa Catalina de la ciudad para enviarlos a Madrid en el vuelo nocturno de Iberia sin coordinarse con las autoridades ni organizaciones sociales de la capital de España.

La actividad privada de Soria ha ido aumentando con los años. En agosto de 2018 se convirtió en consejero de Domingo Alonso Group, importador y distribuidor en Canarias de Volkswagen, Audi y Skoda, entre otras marcas automovilísticas, y en cuya representación viajó a Cuba en noviembre de ese año para vender vehículos. También ha asesorado al grupo hotelero Seaside Hotels, radicado en Gran Canaria, en la gestión urbanística para la adquisición de unos terrenos en San Bartolomé de Tirajana. Ambas funciones las desempeñó sin haber dejado pasar los dos años que la Ley de Altos Cargos impone. Además, en la biografía que recoge la web Island Green Power sobre Soria, se cita que “José también es miembro de la Junta de Servatur Hotels and Resorts. Es asesor senior de Alantra Investment Bank, Grant Thornton España, Sotec Consulting, así como de otras empresas relacionadas con telecomunicaciones, industria, finanzas corporativas, consultoría estratégica, energía e infraestructura”.

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