Guía para entender el caso Eólico
El caso Eólico, la primera gran trama de corrupción del Partido Popular (PP) de Canarias durante la etapa de José Manuel Soria como presidente, llega a juicio nueve años después de que el magistrado Miguel Ángel Parramón, entonces titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, diera por finalizada la investigación que abrió en 2005 después de que un exempleado de una de las empresas que aspiraban a concurrir al concurso de asignación de potencia eólica -finalmente anulado- presentara una denuncia ante la Fiscalía. Una instrucción -y una investigación policial- que, en palabras de Lorenzo Olarte, expresidente del Gobierno regional, quedó atrapada en “el estanque de los lebranchos” (un pez común, también llamado lisa), en referencia a la imputación de funcionarios y empresarios, y evitó dar el salto al “estanque de los tiburones”, en alusión directa a los responsables políticos de las administraciones implicadas, entre ellas la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, a la sazón regida por Luis Soria, o el Cabildo de Gran Canaria que lideraba su hermano, el exministro.
Un tribunal de jurado presidido por Pedro Herrera, magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, juzgará a partir de este miércoles a las 9.30 horas a los seis acusados del caso Eólico: tres funcionarios, dos empresarios y un abogado que ejercía de representante de inversores. Con 18 sesiones señaladas, el juicio comenzará el 13 de junio con la conformación del jurado y concluirá el 12 de julio con la lectura de los últimos informes finales de las partes. El fiscal ha citado a declarar a siete peritos y a 35 testigos, entre ellos a 21 agentes de la Policía Nacional. Las defensas, a 38.
El Gobierno de Canarias ejerce de acción popular en la causa y una empresa del sector de las renovables, como acusación particular.
¿Qué se juzga?
¿Qué se juzga?El caso Eólico juzga un presunto amaño en el concurso convocado en octubre de 2004 por el Gobierno de Canarias para la asignación de potencia para la instalación de parques eólicos, hasta esa época el mayor en presupuesto en las Islas, según declaró el propio consejero de Industria.
La trama, que según los investigadores fue orquestada desde la Dirección General de Industria y Energía del Ejecutivo regional, pretendía favorecer a determinados empresarios en la adjudicación de los parques, facilitándoles información privilegiada a cambio de dinero.
¿Quiénes son los acusados?
¿Quiénes son los acusados?Celso Perdomo. Funcionario de carrera en el Cabildo de Gran Canaria. Fue director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias. Nombrado por Luis Soria el 29 de julio de 2003, fue cesado al 15 de junio de 2005 tras la ruptura del pacto de gobierno entre CC y el PP, partido del que era militante. En 2013, con una acusación formal de la Fiscalía contra él con petición de cárcel, fue ascendido por el grupo de gobierno de la corporación insular, entonces presidido por José Miguel Bravo de Laguna, aún en las filas del PP, de una jefatura de sección a un cargo de nueva creación y libre designación, el de inspector-analista de servicios, para controlar y fiscalizar el funcionamiento de la administración.
Mónica Quintana. Funcionaria del Cabildo de Gran Canaria. Al igual que su pareja, Celso Perdomo, era militante del PP.
Honorato López. Funcionario. Jefe de área de Energía en la Consejería de Industria.
Enrique Guzmán. Empresario. Representaba los intereses de la sociedad Generaciones Especiales, vinculada al grupo Hidrocantábrico, en el concurso eólico. También es administrador de Eneroil Consulting, otra de las empresas vinculadas a la trama.
José Ignacio Esquivel. Empresario. Vicepresidente de Promotora de Recursos Eólicos 2004, una de las empresas que pretendía concurrir al concurso. Es el hermano de Javier Esquivel, propietario del chalet donde vivió gratis la familia de José Manuel Soria al menos durante 19 meses, entre junio de 2004 y diciembre de 2005, fechas en la que se tramitaba el concurso de energía eólica.
Alfredo Briganty. Abogado. Representaba a una serie de inversores interesados en participar en el concurso. Era secretario del Consejo de Administración de Promotora de Recursos Eólicos 2004 S.L., la empresa de Esquivel.
Los hechos
Los hechosSegún el escrito de acusación de la Fiscalía, el director general de Industria maquinó un plan para favorecer a empresarios en el concurso para la asignación de potencia eléctrica destinada a la instalación de los parques eólicos a cambio de dinero. Antes de que se publicara la orden de convocatoria del concurso, “valiéndose de la información” que tenía por su cargo y “faltando al deber de sigilo” que le impone su función, remitió por correo electrónico un borrador, así como una relación de terrenos y contactos públicos y privados para la instalación de parques eólicos, a dos empresarios, Wilebaldo Luis Yanes y Daniel Fernández de Salamanca, cuyas causas fueron archivadas en 2007. Fue Alberto Santana, un extrabajador descontento de la empresa del primero, quien puso por primera vez los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Posteriormente habría una segunda denuncia, presentada por Francisco Cabrera, que fue gerente de Megaturbinas de Arinaga, empresa pública participada por el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
En lo que concierne a los acusados, estos son los hechos por los que serán juzgados:
- Celso Perdomo- Enrique Guzmán. El director general de Industria y el empresario sellaron un pacto. El primero le garantizaba que su sociedad resultaría adjudicataria en el concurso. A cambio, el segundo le cedió el 16,66% de las acciones que tenía en la empresa Eneroil Consulting, que participaba en el accionariado de una de las licitadoras.
Para consumar su plan, Perdomo contó, siempre según el relato de la Fiscalía, con la colaboración de Mónica Quintana, su pareja, quien abrió una cuenta en un banco de Luxemburgo, el Fortis Bank, para ocultar los pagos de Enrique Guzmán a Celso Perdomo. El empresario transfirió a esta cuenta 14.052,21 euros el 6 de junio de 2005 y 9.400 euros el 29 de noviembre de 2005.
Celso Perdomo- Alfredo Briganty- José Ignacio Esquivel. El funcionario y el abogado, en común acuerdo con el empresario, llegaron al mismo acuerdo. Así, los representantes de la empresa Promotora de Recursos Eólicos 2004 S.L. pagaron a Perdomo 12.700 euros el 13 de agosto de 2004. Tampoco en este caso la transferencia se realizó directamente, sino a través de la sociedad de las que ambos formaban parte del Consejo de Administración y con Proarguineguín SL, empresa que había realizado obras de albañilería en la casa del director de Industria y de Mónica Quintana, como beneficiaria. Es decir, que Briganty y Esquivel pagaron la deuda que Perdomo había contraído por las reformas de su vivienda “como pago de los favores del concurso”.
- Honorato López. El jefe del área de Energía del Gobierno de Canarias entró en juego cuando Celso Perdomo fue cesado. El ya ex director general confió al funcionario la continuidad de su plan para favorecer a los empresarios en el concurso eólico. Sus actuaciones podían influir en el devenir del procedimiento público en dos fases: en la mesa de adjudicación o, de no estar en ella, en la valoración previa de los expedientes. Perdomo continuaría en la sombra, como intermediario.
El pacto se fijó en octubre de 2005. Por un lado, con Enrique Guzmán, acordaron que el empresario pagaría 12.000 euros de entrada, 24.000 una vez se hubiera realizado el informe previo y, posteriormente, 6.000 euros por cada megavatio adjudicado. Honorato López exigía garantías de pago.
Con Briganty y Esquivel, el trato fue similar: 12.000 euros para “dejar colocados los expedientes en un buen puesto de salida” y, a continuación, otros pagos, hasta un máximo de 30.000 euros por cada megavatio adjudicado. Para garantizar el pago de estas comisiones, se comprometían a entregar acciones en prenda.
A pesar de la anulación del concurso en 2005 por un error formal de trámite, los acusados decidieron respetar los pactos para un futuro concurso.
- Celso Perdomo – Mónica Quintana. Aparte del concurso de asignación de potencia eólica, el caso tiene otra rama. Esta pareja de acusados compró libros por valor de 739,87 euros con cargo a las arcas de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias justo antes de que el primero abandonara el cargo.
Los delitos y las penas
Los delitos y las penasCelso Perdomo. Está acusado de un delito de violación de secretos, por facilitar información que no debía ser divulgada a personas que tenían interés en el concurso; de dos delitos de cohecho (uno como autor y otro como cooperador necesario), por recibir o aceptar pagos de empresarios a cambio de favores en la adjudicación, y de un delito continuado de malversación por la compra de libros.
La Fiscalía pide para él siete años de cárcel, catorce de inhabilitación para empleo o cargo público y dos multas que suman 324.000 euros.
Mónica Quintana. Como presunta cooperadora necesaria del delito continuado de cohecho, al haber abierto la cuenta del banco de Luxemburgo donde se recibían las transferencias, y de malversación, por la compra de libros con cargo a las arcas públicas, se enfrenta a tres años y medio de cárcel, un año de inhabilitación de empleo público y dos multas que suman 84.000 euros.
Enrique Guzmán. El Ministerio Público le considera autor de dos delitos de cohecho y solicita para el empresario un año y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros.
Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel. El abogado y el empresario están acusados de dos delitos de cohecho y se enfrentan a una pena de un año y seis meses de prisión y 150.000 euros de multa cada uno.
Honorato López. Aunque no consta que hubiera percibido dinero por su actuación en el concurso, el funcionario está acusado de cohecho, ya que para cometer este delito no es necesario que se haya consumado el pago y basta con haberlo pedido o aceptado. La Fiscalía pide para López dos años de cárcel y seis años de inhabilitación para cargo o empleo público, además de una multa de 200.000 euros.
Pruebas de cargo
Pruebas de cargoLas conversaciones telefónicas interceptadas con autorización judicial durante la investigación constituyen la principal prueba de cargo contra los acusados. En total son 99 las escuchas propuestas por el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río. La mayor parte de estas grabaciones recoge conversaciones entre Celso Perdomo y los empresarios procesados. En alguna de ellas participa Honorato López, en diálogos a tres bandas. También se intervinieron llamadas entre el ex director general de Industria y su pareja, la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana.
En una de ellas, el empresario Enrique Guzmán le dice a Celso Perdomo: “Te estás haciendo millonario conmigo, perdona, a ti te están saliendo bien las cosas desde que me conoces. Te he colocado cinco kilos por la patilla”. “Me tomé un café con Honorato. Me va a dar una lista de cantidades. Dos kilos por megavatio. Honorato dice que como él puede controlar los informes previos...”, dice el exdirector de Industria a su interlocutor en otra de las conversaciones interceptadas.
La acusación también dispone de facturas que evidencian los pagos de los empresarios al cargo de confianza del PP o las transferencias realizadas a la cuenta del Banco Fortis de Luxemburgo abierta por Mónica Quintana. A ello se le unen correos electrónicos y material encontrado durante las entradas y registros al domicilio de Perdomo, al Cabildo de Gran Canaria o al Gobierno regional.
La prueba documental se completará con el testimonio de 35 testigos. Entre ellos se encuentra Luis Soria, que quedó al margen de la investigación policial y judicial (no quedó registrado en el sumario ninguna conversación entre el consejero de Industria y su subordinado), pero que puede reforzar con su declaración la acusación contra Perdomo. También están citados el denunciante, Alberto Santana, y los empresarios que recibieron los correos con el borrador de la orden del concurso, Wilebaldo Yanes y Daniel Fernández de Salamanca.
Estrategia de las defensas
Estrategia de las defensasLas defensas de los acusados han agotado todas las vías para tratar de evitar el juicio. A la infinidad de recursos presentados durante la instrucción se le sumaron los incidentes de recusación contra los magistrados de la Audiencia Provincial que debían presidir el jurado. El primero fue Secundino Delgado, que se tuvo que apartar porque había participado en la resolución de tres recursos previos. Después de que el segundo juez designado para esta tarea, Carlos Vielba, no aceptara asumir la dirección del juicio, el TSJC nombró a Pedro Herrera, que posteriormente pidió un permiso de servicios especiales para ocupar el puesto de viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias. El cuarto magistrado, Ignacio Marrero, falleció repentinamente en agosto de 2016. Finalmente será Herrera, una vez reincorporado a su plaza en la Audiencia y rechazada la recusación presentada en su contra, quien presida el tribunal de jurado.
Los procesados se han abonado a la teoría de la conspiración. Desde el primer momento cuestionaron la labor del juez instructor, Miguel Ángel Parramón, y llegaron a decir que la Policía calculó en qué momento denunciaba los hechos para que fuera este magistrado, hoy en la Audiencia Provincial, quien se encargara del caso. Además se han quejado de que se han vulnerado sus derechos de defensa. El más vehemente ha sido el abogado madrileño Alfredo Briganty, que habla de “un sanedrín mafioso” compuesto por “políticos, empresarios, jueces, fiscales policía y periodistas”. En una entrevista publicada en el magacín En otra línea, Briganty sostiene que las detenciones de 2006 fueron “una pantomima” para ocultar “a los verdaderos culpables”. A pesar de estas acusaciones, la Audiencia Provincial avaló la instrucción del caso Eólico en 2014.
Todos los testigos de la defensa, un total de 38, han sido propuestos por Celso Perdomo (en algunos casos sus peticiones coinciden con la de otros procesados). Entre ellos se encuentran antiguos dirigentes socialistas, como Emilio Mayoral, Francisca Luengo o José Francisco Henríquez (a quien CC y PP responsabilizaron del caso en las inauditas y polémicas conclusiones de la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias); el expresidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria José Miguel Suárez Gil, o representantes de Unelco-Endesa y Red Eléctrica de España.
Según ha podido saber este periódico, dos acusados (Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel) se están planteando reconocer la totalidad o parte de los hechos para que se les pueda aplicar el atenuante de colaboración con la justicia y se les reduzcan las penas. Al ser un tribunal de jurado, técnicamente no caben los pactos de conformidad como los que se produjeron en el caso Faycán, donde veinte de los procesados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para confesar a cambio de una rebaja de sus condenas.
Celso Perdomo y Mónica Quintana rompieron con sus respectivos abogados, Alberto Hawach y Miguel Ángel Diepa, por discrepancias en su estrategia de defensa. Finalmente estarán representados en el juicio por letrados del turno de oficio: María del Mar García en el caso del exdirector de Industria y Francisco Víctor García de Bordallo en el de la funcionaria del Cabildo. Álvaro Campanario lleva la defensa de Alfredo Briganty; Francisco Javier Forero, la de Enrique Guzmán, y Agustín Santana, la de Honorato López.
'Lo que el viento se llevó'
'Lo que el viento se llevó'Alrededor de ese “estanque de lebranchos” del que hablaba Olarte, de la investigación policial dirigida por Ignacio Bádenas, entonces jefe de la Brigada de la Policía Judicial (y, con posterioridad, jefe de la Policía Canaria nombrado por el pacto CC-PP, con Soria de vicepresidente del Gobierno regional), revolotearon otros hechos que no llegaron a la consideración de justiciables (al menos en esta causa), pero que sirven para entender mejor el caso Eólico y encajar piezas.
La empresa pública Megaturbinas de Arinaga, cuyo gerente es uno de los denunciantes, Francisco Cabrera, había tramitado las autorizaciones para instalar unas turbinas en el Puerto de Arinaga. Sin embargo, en un consejo de administración celebrado en octubre de 2004 se decidió, en contra del criterio del gerente, abandonar el proyecto. La sociedad no se presentaría al concurso eólico.
Cuatro meses antes, Promotora de Recursos Eólicos 2004, la empresa de José Ignacio Esquivel, el hermano del casero de Soria, había pedido a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, presidida por José Manuel Arnáiz, hombre de confianza del entonces líder del PP canario, los mismos terrenos, ubicados en el mejor campo de viento de Europa, para instalar los molinos tras la asignación de potencia eléctrica. El Consejo de Administración de Puertos Las Palmas autorizó incluso a Arnáiz para negociar con la familia Esquivel la concesión en el Puerto de Arinaga. José Manuel Soria defendió que no estaba presente en la reunión cuando se votó este acuerdo. Los demás vocales afirmaron que tanto él como su hermano Luis participaron y votaron a favor de la propuesta en ese punto del orden del día.
En fechas próximas a la renuncia de Megaturbinas de Arinaga a participar en el concurso eólico, la empresa SPA, de la que era accionista José Ignacio Esquivel y secretario del Consejo de Administración Alfredo Briganty, programó un viaje a Magdeburgo (Alemania), a la fábrica de turbinas Enercon, para conocer aerogeneradores como los que Megaturbinas de Arinaga pretendía instalar en el sureste de Gran Canaria. Junto a los hermanos Esquivel acudieron a ese viaje a la capital del estado federado de Sajonia-Anhalt técnicos del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y el consejero de Industria, Luis Soria. Las bases del concurso eólico valoraban con la máxima puntuación este tipo de turbinas.
El hermano del exministro declaró en el juicio por el denominado caso Chalet que aquel había sido un encuentro fortuito, fruto de una casualidad. Soria y los hermanos Esquivel pernoctaron en el mismo hotel e incluso cenaron juntos. La agenda de despacho también revelaba una serie de reuniones preparatorias y conversaciones telefónicas sobre ese viaje.
Un cambio en la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas acabó frustrando la operación y se anularon los acuerdos alcanzados con los Esquivel.
