Los partidos políticos preparan sus trámites legales para concurrir a las elecciones municipales y autonómicas. Uno de ellos, el primero, es inscribirse como tal ante la Junta Electoral de la región y para ello, cada partido debe designar un administrador, una persona que digamos es el 'titular' del partido a efectos legales. El Partido Popular ha sorprendido con su decisión ya que su administrador electoral será José Ángel Cañas, su aún gerente del partido en Castilla-La Mancha que está imputado por la Audiencia Nacional (concretamente por el juez Ruz) por la supuesta 'mordida' de 200.000 euros del contrato de basuras municipal de Toledo que investiga ahora la Audiencia Provincial de Toledo tras delegar el caso en ella la Audiencia Nacional.

Por tanto, el PP coloca como administrador, el máximo cargo legal para un partido que se presente a las elecciones, a un imputado por la justicia que reconoció haber firmado un recibí de 200.000 euros de manos de Bárcenas y que habría ido a pagar actos de precampaña electoral de Cospedal en 2007.

José Ángel Cañas, a pesar de estar imputado por la justicia, no ha dejado en ningún momento de ser el gerente del partido en Castilla-La Mancha. El partido lo ha mantenido en su puesto e incluso la presidenta María Dolores de Cospedal se ha permitido en este tiempo 'increpar' a delegaciones del partido en otras regiones por tener imputados en sus filas mientras ella ha mantenido a su gerente con el cargo.

El PP defiende esta elección de Cañas como administrador electoral diciendo que “técnicamente ya no está imputado”. Para decir ello se basan en que el caso ha pasado de la Audiencia Nacional al órgano provincial toledano, pero ello no quiere decir que las acusaciones e imputaciones hayan desaparecido, por lo que sí sigue imputado (solo que por otro órgano distinto que es el que ahora investiga el asunto). Ni siquiera en el año y medio que lleva imputado ha sido apartado cautelarmente de las filas del partido como sí ha pasado con los gerentes del partido valenciano y madrileño, también imputados.

El PSOE considera que dar a Cañas este papel en las elecciones es un sinónimo de darle un cargo para que no hable contra el partido. Consideran que el PP lo mantiene en nómina por miedo a lo que pueda declarar en caso de ser expulsado de la formación, y que es una forma de mantener su boca callada. “Lo hacen por el miedo de lo que pueda pasar si habla”.

El PP, por su parte, considera que el hecho de que Cañas sea el administrador electoral es “lo normal” al ser gerente del partido. “Es el juez el que tiene que dirimir en el caso de las mentiras de Bárcenas y las palabras de Cañas, en quien siempre hemos confiado”. También han destacado lo habitual que es que los gerentes de los partidos en las distintas regiones sean los administradores electorales, si bien estos no suelen estar imputados por la justicia.

Por tanto el partido que se presenta a la reelección en Castilla-La Mancha llevará una persona imputada como su representante legal ante la Junta Electoral que controlará todo el proceso hasta el 24 de mayo. También destaca que el nombramiento de Cañas como administrador se produjo el último día que la Junta Electoral aceptaba presentación de candidaturas y cargos para los comicios, que fue el pasado viernes.

La que era hasta ahora gerente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Cristina Ibáñez, ha sido cesada de su puesto después de 20 años por estar imputada por la justicia. Una situación que desde hace meses vive también el Partido Popular en Castilla-La Mancha con José Ángel Cañas, gerente del partido imputado por los papeles de Bárcenas. Sin embargo Cospedal nunca se ha planteado siquiera cesar de su puesto a Cañas a pesar de estar señalado por la justicia, como han hecho sus colegas valencianos.

Cañas está imputado por la supuesta 'mordida' de 200.000 euros que habría cobrado el PP castellano-manchego a cambio de conceder el contrato de basuras de Toledo a una empresa. Una causa aparte abierta por el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional a raíz de los 'papeles de Bárcenas' y en la que está implicado también el entonces tesorero regional del partido. Cañas fue preguntado por Ruz y incluso tuvo que hacer una prueba caligráfica que mostró que según el juez los documentos aportados por Bárcenas estaban firmados por él mismo, algo que Cañas reconoció ante la justicia pero indicó que hizo “coaccionado y amenazado con ser despedido”.

“Si esa reacción vale para allá, vale para acá”, indicaba Emiliano García-Page, secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha que ve inaudito el que un partido mantenga a su gerente en el cargo estando imputado. “Espero y deseo que haya una reacción inmediata del Partido Popular de Castilla-La Mancha siendo coherente con la decisión planteada para Valencia”.

A pesar de seguir imputado, de seguir la causa una vez testificó ante el juez Ruz y de mantenerse su imputación una vez acudió ante el juez, José Ángel Cañas mantiene su puesto principal en el partido. A pesar también de los dos recibís firmados de su puño y letra con su letra demostrado pericialmente. “Cómo se explica que Cospedal mantenga erre que erre a quien ha gestionado la campaña electoral, según Ruz, con merecimiento de imputación con dos recibís firmados por Bárcenas”, indica García-Page.

No es el primer gerente autonómico del partido imputado en los últimos meses, ya que también lo fue el gerente del partido en la comunidad de Madrid. En ese caso se dio la paradoja de que Cospedal pidió cuentas a la delegación madrileña del partido de por qué mantenían en el cargo a un imputado mientras Cañas también lo estaba, generando una contundente respuesta desde Madrid liderada por Esperanza Aguirre, encargada del partido en esa región, que le pidió a Cospedal que aclarase primero los asuntos en Castilla-La Mancha antes de referirse a la situación del partido en la comunidad vecina.

Las cuentas no salen en el seno del Partido Popular en la región: el gerente regional, José Ángel Cañas, que se mantiene imputado por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional (que ha sido puesto no ya en jaque sino directamente en mate, saliendo su plaza en el tribunal a concurso), cobra al año 35.000 euros (14 pagas de 2.500 euros).

El bufete de abogados que defiende a Cañas es el norteamericano Baker & McKenzie, a través de su representación en España del despacho de Ignacio Álvarez-Buylla, que es a su vez, el bufete de abogados más caro del país. El más caro del mundo y de España al servicio del gerente regional del partido que a pesar de ello tiene un muy buen sueldo, pero que cuyos honorarios de estos jueces multiplican varias veces lo que gana oficialmente Cañas en más de un año. Por lo que la pregunta que surge es, ¿quién está pagando los abogados del gerente del PP?

Desde el PSOE de la región preguntan directamente al PP de Castilla-La Mancha si son ellos los que se están encargando de pagar la defensa del imputado gerente del partido porque no encuentran otra explicación. O ellos o el PP nacional, porque es poco creíble que Cañas haya estado durante años guardando su sueldo para poder pagar a estos abogados (salvo que no sea real la cantidad de ingresos que ha dicho tener y sea mucho mayor, tanto para poder permitirse unos abogados del otro lado del charco para cubrir su caso).

A ello hay que sumar que el propio Álvarez-Buylla es el nuevo vocal del Consejo General del Poder Judicial que ha decidido sacar a concurso la plaza del juez Ruz siendo ya abogado defensor de Cañas: es decir, el abogado de un imputado ha podido decidir sobre si el juez que lo acusa puede o no continuar instruyendo el caso. Como era de esperar, así fue como se decidió apartar al juez Ruz del caso, en lo que el PSOE regional considera un claro y manifiesto “conflicto de intereses”.

No se sabe a ciencia cierta cuánto puede ser la minuta de estos abogados, si bien estarían en torno a las seis cifras. O Cañas ha estado guardando los ahorros de su vida para pagarse una futura defensa legal de sus actos (lo que tendría poco sentido ya que según el partido y el propio Cañas todo siempre ha sido legal), o alguien le está pagando su defensa ante la justicia.

María Dolores de Cospedal, en una semana en la que después de algún tiempo ha dado entrevistas a televisiones nacionales, acudió este sábado al programa 'La Sexta Noche' presentado por Iñaki López. En una entrevista de algo más de una hora de duración tuvo momentos para hablar tanto como secretaria del partido a nivel nacional como a título de presidenta de Castilla-La Mancha, en una sesión en la que fue preguntada una vez más por la presunta 'mordida' de 200.000 euros que investiga el juez Ruz en el PP de la región a cambio de un contrato público.

En esta nueva ocasión la teoría mantenida por Cospedal ha cambiado ligeramente a pesar de que en su día admitió determinados aspectos ahora cambiados. Cospedal aseguró que el dinero existió y que fue gastado por el PP de Castilla-La Mancha, concretamente en la “pre-campaña” (anteriormente era en campaña electoral) de Cospedal en 2007 para ser presidenta de la Junta.

Sobre el por qué de ese dinero, de dónde procedía o por qué el gerente del PP regional firmó el recibí que le imputa en el caso, Cospedal simplemente ha culpabilizado de todo a Luis Bárcenas, el que era tesorero del partido. Ha señalado que el dinero vino desde Madrid sin que el PP de Castilla-La Mancha tuviese nada que ver, a pesar de ese recibí del gerente regional (que no obstante señaló ante la justicia que firmó por miedo a que Bárcenas le pudiera despedir si no lo hacía).

De hecho Cospedal sí ha afirmado que había un culpable dentro de Castilla-La Mancha en todo el caso: Emiliano García-Page. A pesar de que fue el alcalde anterior del PP, José Manuel Molina, el que firmó el contrato fruto de la presunta 'mordida' y que también fue él quien días antes de las elecciones modificó el contrato con un sobrecoste para las arcas del Ayuntamiento de más de 10 millones de euros a favor de la empresa privada, para Cospedal todo es culpa de Page porque dio el visto bueno a la operación cuando ya fue elegido alcalde y el contrato estaba elaborado por el anterior Gobierno.

“Es la enésima versión sobre la presunta mordida para financiar ilegalmente su campaña electoral de 2007. Una versión que contradice a la anterior, y a la anterior de la anterior”, ha señalado la portavoz del PSOE regional, Cristina Maestre. Cospedal ha mantenido en todo este tiempo primero que sí existió el dinero, luego lo negó acusando de mentir a Bárcenas para ahora de nuevo afirmar que existió.

A pesar de que Cospedal reconoce que gastó ese dinero procedente de Madrid, en las cuentas del partido no aparecen por ningún lado. Ni en la contabilidad ordinaria, ni en la electoral de 2007, ni en la general del PP nacional, en ninguna parte aparece ese dinero, unas cuentas que teóricamente (o así debe ser al menos) están auditadas por el Tribunal de Cuentas y por la Sindicatura de Cuentas (desde que gobierna Cospedal extinguida la Sindicatura de Cuentas regional) y en manos del juez Ruz.

El PSOE de la región pide al PP que publique sus cuentas oficiales y auditadas de 2007 y que explique dónde está ese dinero, que primero existió, luego no y ahora de nuevo sí, como investiga la Audiencia Nacional. Además pide a la propia Cospedal que diga ya la verdad de un caso que mantiene imputados a los altos cargos del partido en la región.

En la entrevista mantenida con La Sexta, Cospedal dejó momentos como la respuesta a la pregunta de la periodista Cristina Pardo que le preguntó si había hecho algo mal en el partido (refiriéndose a algún error humano que podría cometer cualquier persona) a lo que Cospedal no dijo ninguno en concreto ni resaltó ningún error, si bien reconoció que las declaraciones de la “indemnización en diferido en forma de simulación” sobre Bárcenas en el Partido Popular fueron “de las menos afortunadas”.

Pablo Ruz será excluido de la investigación de la Audiencia Nacional al Partido Popular de Castilla-La Mancha. El magistrado acababa ahora su plazo de instrucción en la Audiencia Nacional y debía o bien ser renovado por los próximos 6 meses en la plaza que actualmente ocupa o bien, por decisión de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con clara tendencia política relacionada con el propio PP, que pierda esa plaza y salga a concurso público su puesto de trabajo actual.

Y así lo ha decidido el propio CGPJ, que sacará a concurso la plaza del juez el próximo día 9. Como cuenta nuestro compañero Gonzalo Cortizo en la edición nacional de este diario, el 9 de diciembre la plaza del juez Ruz saldrá a concurso junto a las de los jueces sustitutos que trabajan en régimen de “comisión de servicios” (como está Ruz en la Audiencia Nacional).

No obstante el juez tendrá unas semanas más de trabajo en el órgano judicial para terminar las instrucciones que mantiene abiertas (entre ellas las del PP de la región), concretamente los 3 meses que se tarda en que otro juez ocupe la plaza, si bien la estancia de Pablo Ruz es prorrogable: puede solicitar quedarse a las órdenes del nuevo juez que ocupe la plaza como “refuerzo”, si bien el juez que sea titular de la plaza tiene que aceptarlo. Fuentes judiciales también señalan que estará en una situación estos 3 meses de “máxima interinidad”. Estará unas semanas más en el puesto para evitar el escándalo que sería para la opinión pública el “cese” o “no renovación” del juez que actualmente mantiene “acorralado” al Partido Popular.

Pablo Ruz es el juez que investiga los papeles de Bárcenas, una posible imputación de Cospedal y Vicente Tirado en la región, la imputación del ex-alcalde de Toledo José Manuel Molina, del gerente del partido José Ángel Cañas y del ex-tesorero Lamberto García, entre otros. También ha sido el juez Ruz el que ha llevado la investigación que ha hecho que Ana Mato haya presentado su dimisión como ministra de Sanidad tras incluirla en la causa de los papeles de Bárcenas y obligarla a declarar en sede judicial.

Como avanzamos en la edición nacional, la decisión de apartar a Ruz ya está tomada y el día 9 de este mes saldrá la convocatoria de las plazas que sustituirán a esos jueces.

Ruz tendrá este tiempo para ir cerrando los casos que le quedan pendientes sin elaborar más investigaciones. Para ello habría sido muy importante la decisión del Partido Popular desde la sede de Génova. En el partido están muy molestos con el magistrado y lo acusan de querer “castigar” a Rajoy.

Ruz apunta hacia Cospedal, y a su vez el Partido Popular apunta hacia Pablo Ruz. El magistrado se encuentra con la 'espada de Damocles' sobre su cabeza sostenida además por unos vocales con clara tendencia y relaciones con el Partido Popular.

El trabajo del magistrado en el caso de la supuesta 'mordida' de 200.000 euros se basa ahora en la decisión de ampliar el caso a nuevos imputados (ya ha preguntado por el régimen de aforados y por los estamentos internos del Partido Popular en Castilla-La Mancha, con clara referencia en los autos del caso a María Dolores de Cospedal y al presidente de las Cortes, Vicente Tirado). Si quiere hacerlo no le quedan muchos días para ello porque su trabajo en la Audiencia Nacional acaba en breve (está como interino en el tribunal, ocupando la plaza del juez Garzón y del juez Carmona) y está pendiente de renovación si permanece o no en la Audiencia. De no hacerlo, tendría que dejar el caso y sería reenviado a los juzgados municipales de Móstoles, donde tiene la plaza fija el juez.

Quienes deciden si se amplía el periodo de trabajo de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional otros 6 meses o si por el contrario acaba su trabajo allí son los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este órgano está controlado ampliamente por conservadores, algunos de ellos con relación directa con el propio PP de la región. Uno de los vocales será Gerardo Martínez Tristán, el marido de la consejera de Fomento de la región, Marta García de la Calzada. Esta consejera es amiga de la infancia de María Dolores de Cospedal y su marido será uno de los encargados de decidir el futuro del juez que “acecha” a la jefa de su mujer, quien la ha colocado en el cargo. Desde niñas García de la Calzada y Cospedal estudiaron en la misma clase de las dominicas en Albacete.

Esta semana se ha conocido la dimisión de una de esas vocales del CGPJ que fue sorprendida en la aduana de Andorra intentando pasar al país 9.500 euros en metálico de procedencia desconocida, Mercè Pigem. Como contamos en este medio, Pigem y su hermana fueron sorprendidas intentando pasar 20.000 euros en metálico entre ambas a España desde Andorra.

Su sustituto como vocal en el CGPJ será Antonio Álvarez-Buylla, el abogado del gerente del PP regional José Ángel Cañas e imputado en el caso. Así, el abogado de uno de los imputados por el propio juez decidirá sobre su futuro en el caso, y son dos los vocales que tienen relación directa en el caso con el PP regional.

No es el único alto cargo relacionado en la trama ya que, como informamos, la Jefa de la Abogacía del Estado, Marta Silva, era un alto cargo de la empresa que pagó esos 200.000 euros que supuestamente fueron al PP regional, siendo además la sobrina del tesorero del PP Álvaro Lapuerta.

Pablo Ruz ha acelerado las pesquisas legales sobre el caso en los últimos días. Ya preguntó hasta diez veces por la propia Cospedal al imputado alcalde de Toledo, José Manuel Molina, y al diputado nacional del PP Sebastián González (como testigo), que a su vez negaron toda participación de Cospedal en el caso. Sin embargo la propia Cospedal se ha permitido opinar sobre el auto judicial del magistrado, del que ha dicho que está “cogido por los pelos” y que “no es de recibo”, adelantando además que su partido no acataría ninguna responsabilidad hasta una sentencia judicial (de hecho José Ángel Cañas sigue en su puesto de gerente del PP en la región).

Fue de hecho una pieza de la investigación de los papeles de Bárcenas hecha por Pablo Ruz la que llevó a la ex-ministra de Sanidad Ana Mato a dimitir. En esa misma pieza habla de que el Partido Popular fue “partícipe a título lucrativo” en el caso. Cospedal por su parte niega todo el caso señalando que “Bárcenas es un mentiroso compulsivo además de un corrupto”, a pesar de que las pruebas dadas al juez por el que fuera tesorero del partido y que compartiera despachos pared con pared con Cospedal en la sede de Génova han demostrado ser ciertas completamente hasta el momento. De hecho una de las pruebas es el recibí del ex-tesorero regional Cañas de ese dinero que se investiga, a quien se le realizó una prueba pericial caligráfica para comprobar si era su letra la de ese documento aportado por Bárcenas, determinando la justicia que sí era su letra y firma.

El PP ya adelanta que es probable que Ruz no siga al frente del caso. “No entiendo por qué tendría que criticarse que el juez Ruz no continuara al frente del caso Gürtel”, ha indicado hace días el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Cospedal también ha dicho al respecto que el juez debe ser “el que corresponda legalmente”. Rajoy apuesta por la independencia del poder judicial con el político afirmando que “no corresponde al Gobierno, sino al órgano de gobierno de los jueces, tomar decisiones sobre ese asunto y, por tanto, yo no tengo nada que decir, sea cual sea la decisión que se tome, precisamente por respeto a la independencia de ese órgano de gobierno de los jueces”. Una independencia que es difícil de creer cuando uno de los vocales es el abogado de uno de los encausados.

A Ruz le quedan escasos días en la Audiencia Nacional pendiente de que le renueven 6 meses más la plaza o en cambio si se la deniegan y sale a concurso público. En ese caso la instrucción del caso se pararía hasta que un nuevo magistrado ocupase el puesto y Ruz volvería a unos juzgados municipales. Las investigaciones se frenarían varios meses y el PP habría conseguido deshacerse del juez “molesto” que en esta legislatura investiga la supuesta financiación ilegal del partido a nivel nacional y en Castilla-La Mancha.

Día clave para el PP de Castilla-La Mancha. Hoy comparecen ante las justicia diversos implicados por la 'mordida' de 200.000 euros pagada por una filial de Sacyr para hacerse con el servicio de basuras de la ciudad de Toledo. José Manuel Molina declarará ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional para tratar de explicar lo sucedido en el asunto.

Con José Ángel Cañas, el gerente del partido en Castilla-La Mancha ya imputado, el PP regional se enfrenta hoy a un día que puede ser clave para el futuro de varios de sus propios miembros, entre ellos la propia María Dolores de Cospedal. Para ello, irónicamente, será clave también el testimonio ante el juez de su contrincante por la Junta y actual alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, que acudirá en calidad de testigo para explicar lo que sabe acerca de ese contrato municipal que se firmó unos días antes de llegar él a la alcaldía de la ciudad.

Día clave no solo por quienes ya están imputados en el caso sino por quienes pueden entrar en la causa. Una vez tomados declaración a los llamados por el juez Ruz, este decidirá cómo continuar con la pieza y si decide extenderla a más altos cargos del PP regional. Uno de los más señalados es Vicente Tirado, que según el auto de imputación de Molina habría sido quien recibió los 200.000 euros para gastarlos en la campaña electoral de 2007 de Cospedal, y la propia presidenta regional, que es señalada en dicho auto como quien sugiere el plan afirmando que “hay que hacer algo en Toledo y con Molina”, según las declaraciones de quienes ya han declarado en el caso.

Lo más probable es que Pablo Ruz no amplíe la causa hoy mismo sino que antes tendrá que estudiar las declaraciones de los testigos y, en este caso, imputado (el ex-alcalde Molina) y de hacerlo seguramente sería durante la semana, pero no el mismo día. Una posible imputación de Cospedal la señalaría a nivel nacional y complicaría su reelección como presidenta de la comunidad.

También es de destacar la decisión que tome Pablo Ruz sobre el ex-alcalde de Toledo una vez escuche sus explicaciones y qué decisiones judiciales toma con él.

Nunca el PP de Castilla-La Mancha se ha visto con cargos tan importantes “acorralados” por la justicia y durante el día el partido de Cospedal y ella misma estarán expectantes ante lo que suceda en la Audiencia Nacional.

Cruce de declaraciones en el seno del Partido Popular a nivel nacional entre la secretaria del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, y la secretaria general nacional del partido y presidenta de la comunidad, María Dolores de Cospedal, al hilo de la información adelantada por la Cadena SER sobre Beltrán Gutiérrez, el gerente del partido en Madrid, que fue uno de los usuarios de las tarjetas 'black' de Caja Madrid con las que más de 80 personas hicieron gastos irregulares, entre ellas, el exvicepresidente Rodrigo Rato.

Gutiérrez, que gastó con su tarjeta 'black' 58.000 euros, presentó el 6 de octubre su dimisión como gerente del PP de Madrid tras las presiones de la dirección nacional. Sin embargo, un día después de hacerse pública su salida de la gerencia, Gutiérrez fue reubicado en un nuevo puesto en el Partido Popular de Esperanza Aguirre, que se hizo cargo de sus cuotas a la Seguridad Social.

Esperanza Aguirre ha reconocido que Beltrán Gutiérrez nunca ha dejado de trabajar para el PP. En vista de que esta persona sigue trabajando para el partido, María Dolores de Cospedal ha pedido explicaciones al PP madrileño por su situación, e indirectamente a su líder, Esperanza Aguirre. En declaraciones a 13TV, Cospedal ha indicado que “el PP de Madrid tiene que dar una explicación. Tenía a esta persona contratada y ha querido seguir con ese contrato como trabajador”, palabras que han provocado rechazo entre altos cargos del partido en la región madrileña.

Cospedal ha pedido explicaciones sobre la situación del gerente del partido en esa comunidad mientras mantiene en su puesto a José Ángel Cañas, el gerente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, a pesar de estar imputado por la Audiencia Nacional. De hecho la acusación de Cañas es por los 200.000 euros de Bárcenas que mantienen una posible imputación sobre Cospedal y otros altos cargos del PP regionales como Vicente Tirado. De hecho ni se ha sugerido el cese de Cañas de sus funciones a pesar de que Gutiérrez técnicamente no está imputado, mientras que Cañas sí.

“Cospedal es la política del PP que menos explicaciones puede pedir a los demás sobre lo que hacen con sus gerentes. Como secretaria general le ha estado pagando 20.000 euros al mes a Bárcenas hasta el 31 de enero de 2013 y como presidenta del PP de la región mantiene al gerente imputado por Ruz por la supuesta mordida de 200.000 euros”, ha señalado el portavoz socialista en las Cortes, Martínez Guijarro. Diversas fuentes han indicado la poca idoneidad de las explicaciones que pide Cospedal cuando ni en su partido a nivel regional destituye a los imputados de sus puestos.

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha señalado la falta de colaboración con la justicia del partido de María Dolores de Cospedal indicando el caso del recurso rechazado por el gerente regional del partido, José Ángel Cañas, imputado por los papeles de Bárcenas, por el que pedía al juez que considerase que el PP había aportado la documentación referente a las obras pagadas en dinero 'negro de la sede de Génova voluntariamente, a pesar de que tuvo que ser la Policía la que incautara 4.500 folios de la sede de Génova que el PP no quiso entregar.

“El mismo gerente que está imputado por este juez por firmar el recibí que Bárcenas aportó en la Audiencia Nacional para denunciar esa presunta mordida de 200.000 euros para la campaña electoral de Cospedal de 2007. Es lamentable que la presidenta y secretaria general del PP en vez de dar explicaciones, maniobre de esta manera a través de su gerente mientras dice que el PP ya ha hecho todo lo que podía contra la corrupción”.

“Todas las semanas, Castilla-La Mancha esté en el foco de los escándalos de corrupción nacionales”. Maestre se refería a los numerosos entramados que han tocado recientemente a la región como dichos papeles de Bárcenas y similares, o tramas que siendo a nivel nacional han acabado teniendo una ramificación también en Castilla-La Mancha. Refiriéndose al recurso de Cañas, ha señalado que “es vergonzoso que Cospedal use al gerente del PP regional para tratar de ocultar que el juez tuvo que registrar e incautarse de más de 5.000 folios de la sede del PP porque ni el partido ni ella en concreto están colaborando con la justicia”.

Además Maestre ha pedido al Ministro de Industria “que tome medidas inmediatas” aprovechando que visita Guadalajara el miércoles 5 sobre el presidente de Enresa, el que fuera alcalde de Ciudad Real Francisco Gil-Ortega. La empresa pública Enresa es la encargada de construir el Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, una obra millonaria, y Gil-Ortega, según una auditoria interna de la empresa, no justificó el 83% de los gastos de representación, comidas y protocolo que cargó a la empresa. Unos gastos que contemplan por ejemplo comidas por encima de 15.000 euros al año pagados con dinero público.

Según Maestre “ya empezamos a entender por qué quiere construir el ATC en Castilla-La Mancha. Por estas cosas, y por las adjudicaciones que ya se han llevado empresas en cuyos consejos de administración está gente tan cercana a Cospedal como su marido”.

El gerente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, imputado por los papeles de Bárcenas y la comisión de 200.000 euros que supuestamente pagó una empresa para pagar la campaña electoral de Cospedal a cambio de un contrato público, presentó un recurso a la Audiencia Nacional para que de todo el auto judicial se retirara la expresión “incautarse” y se sustituyera por “el PP aportó voluntariamente a la causa”.

Esta expresión se refiere a una orden judicial por la que la Policía Nacional hizo un requerimiento judicial el 19 de diciembre a la sede nacional del partido en la calle Génova para que le dieran documentación del caso del pago de las obras de la sede con supuesto dinero 'negro'. El juez Ruz pidió el 30 de julio del año pasado el “expediente completo” (como cita en un auto el 30 de octubre) de los trabajos de reforma de la sede de Génova: diez días después el PP le remitió 17 documentos fotocopiados, de los que solo cinco habían sido aportados previamente. En vista de que al juez le faltaba documentación, mandó a la sede de Génova a su secretario judicial y a la Policía para “que le dieran entrega a la fuerza actuante” de toda la documentación.

Por ello el juez Ruz ha desestimado el recurso de Cañas a sustituir ese texto y además lo hace con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. En el auto de Pablo Ruz para desestimar el recurso incluye la definición de la RAE de la palabra “incautar”, señalando que se usa por una autoridad judicial o administrativa como “privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o infracción administrativa”.

Cañas considera sin embargo que el PP aportó los documentos de manera voluntaria sin aceptar el hecho de que la Policía se tuvo que personar en la sede de Génova para que le dieran la documentación en vista de que en primera instancia a las peticiones del juez el partido no la había hecho llegar.

Ruz considera que no ha lugar a este recurso que considera que no tiene “mayor fundamento” y de hecho en el propio auto explica a Cañas lo que significa imputar en sus distintas acepciones contempladas por la RAE no solo en términos jurídicos, entendiendo que así fue como consiguió la documentación requerida. “El auto no incurre en ningún error material”, señala el juez.

La semana negra de la corrupción que se ha vivido en España a raíz de la detención de 51 personas en la 'Operación Púnica', entre ellos el número 2 de Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha tenido su proyección en forma de mes negro concretamente en Castilla-La Mancha. Diversas causas a las que alcaldes y altos cargos de la comunidad han tenido que hacer frente en el mes de octubre que ha llevado la actualidad de la región a los tribunales.

El caso más sonado y que se enfrenta a mayores penas es el del ex-alcalde de Toledo José Manuel Molina, pero no ha sido el único.

Ontur: se pide para el alcalde tres años de cárcel y diez de inhabilitación de cargo público

Joaquín López Escudero, actual alcalde de Ontur (Albacete), se enfrenta a un delito de prevaricación y otro de alteración de precios en concurso o subasta pública, por el que se piden tres años de prisión y diez de inhabilitación para cargo público, además de una fianza de 70.000 euros como responsabilidad civil por los daños causados al Ayuntamiento por su gestión.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Hellín abrió el pasado 10 de octubre juicio oral contra el actual alcalde por unos hechos que vienen de 2009, relacionados a un dinero recibido por el Plan E para construir el nuevo Centro de Día del municipio.

El actual alcalde, del PSOE, ha presentado su renuncia de militancia del partido (algo contemplado en el código ético del partido que indica que todo imputado debe dejar la militancia del partido).

Tobarra: piden ocho años de inhabilitación para el ex-alcalde

David Díez, que fuera alcalde de Tobarra, se ha enfrentado a juicio por no pagar el complemento de servicios nocturnos y fines de semana a los miembros de la Policía Local.

El propio Díez admitió en el juicio que no había efectuado el pago de ese complemento porque lo consideraba “legalmente dudoso”, a pesar de haber sido aprobado en Pleno municipal en 2006. Indicando que ese pago “no se ajusta a la legalidad”, el que fuese alcalde ha aludido a diversa burocracia legal para eximir al Ayuntamiento del pago de dichas rentas. La Fiscalía pide para él ocho años y cinco meses de inhabilitación; la acusación particular pide 10 años e indemnización de 6.000 euros por agente.

Villamayor de Calatrava: continuos litigios entre alcalde y oposición

En el caso del 'popular' Juan Antonio Callejas Cano, esta visita por los juzgados ha sido una más. En este caso se ha enfrentado a un juicio por faltas por acusaciones realizadas a la anterior alcaldesa de la localidad en la que la acusaba de trato de favor y tráfico de influencias.

No es la primera vez en el caso de este alcalde, que durante la legislatura ha acudido varias veces a los juzgados, unas en calidad de demandado y otras como demandante. En 2012 la denuncia que hizo de recibir “insultos y coacciones” de un concejal del PSOE fue desestimada por los tribunales. La mesa de las Cortes también rechazó en abril la petición que hizo de auditar las cuentas del Ayuntamiento de 2007 a 2011 (en la anterior legislatura antes de ser alcalde) y su propio partido le ha recriminado su actuación.

Alcaldesa de Alcalá del Júcar: prevaricación

Hace 10 días la alcaldesa de Alcalá del Júcar, Manuela Torres Monedero, tuvo que testificar en la sede de la Guardia Civil por un delito de prevaricación. Se le leyeron sus derechos y fue puesta en libertad.

En el caso de la localidad albaceteña no se han conocido más detalles de cómo está fluyendo el caso ni de la declaración de la actual alcaldesa.

Chozas de Canales: absuelto el alcalde y cuatro concejales por una pena previa

El alcalde de la localidad toledana de Chozas de Canales así como cuatro concejales de la localidad en la anterior legislatura han sido absueltos de un delito de prevaricación del que en primera instancia habían sido acusados por el juzgado de lo penal de Toledo. La condena era de 21 meses de inhabilitación de cargo público impuesta en enero de 2014 contra la que cabía recurso, como fue presentado y admitido, quedando el caso ya cerrado con el alcalde y acusados absueltos.

El gerente del Partido Popular en la región, la directora de informativos de Castilla-La Mancha Televisión...

El auto de imputación del juez Ruz contra el que fuese alcalde de Toledo, José Manuel Molina, también ha imputado a diversos cargos del partido en la región como José Ángel Cañas, el gerente del mismo, así como ha dejado señalados a Vicente Tirado, presidente de las Cortes regionales, y a la propia María Dolores de Cospedal, que señala el auto del juez como quien sugirió el acuerdo por el que Molina ha sido imputado.

La directora de informativos de la televisión regional también ha tenido que comparecer en los tribunales la pasada semana, concretamente por manipulación en las informaciones. La causa la inició el alcalde de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, del PSOE, cansado de que las manipulaciones llegaran a su localidad como está ocurriendo con otros alcaldes del partido (caso de Consuegra, Piedrabuena o el propio Toledo).

Cristina Maestre, portavoz y vicesecretaria general del partido en Castilla-La Mancha, ha explicado que el Partido Socialista ha presentado una petición para que Cospedal comparezca en el Parlamento regional y explique lo sucedido con los 200.000 euros que presuntamente pagó una empresa para pagar la campaña electoral de la presidenta en 2007, tema que ha imputado a varios altos cargos del PP de la región como José Manuel Molina, el que fuera alcalde de Toledo en esa época, o al propio gerente del partido en la región, José Ángel Cañas.

Es la séptima que se presenta en los últimos dos años para que Cospedal explique el asunto, siendo todas las anteriores rechazadas. “Llevamos dos años esperando que explique lo que ha ocurrido con esos 200.000 euros de presunta mordida para su campaña que denunció Bárcenas e investiga el juez Ruz. Esperamos que esta última petición la atienda”.

“Como hay un caso de corrupción relacionado con los llamados papeles de Bárcenas que está investigando la Audiencia Nacional y que afecta directamente a Cospedal y al PP de Castilla-La Mancha, sería bueno que Cospedal y los dirigentes del partido aclararan a los ciudadanos si han echado del partido a esta gente, porque la gente está absolutamente escandalizada y asqueada con la corrupción”.

Para ello Maestre ha recordado unas palabras dichas por el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, en las que decía que Cospedal había “limpiado” el PP de políticos corruptos. “¿Ha echado Cospedal del PP al gerente que firmó el recibí de los 200.000 euros o va a dejar que sea quien maneje el dinero de su campaña dentro de unos meses?”.

Contratos con 'Cofely', investigada en la 'Operación Púnica'

Los socialistas también preguntan a la Junta de Comunidades sobre los dos contratos que tiene con la empresa 'Cofely'. Esta empresa está siendo investigada bajo el marco de la investigación de la 'Operación Púnica' que ha imputado en la Comunidad de Madrid a Francisco Granados, número de Esperanza Aguirre, así como diversos alcaldes como el de Parla o Valdemoro.

“No ponemos en duda la legalidad de esas dos adjudicaciones, pero con el escándalo que se ha generado sería muy bueno que el Gobierno diera toda la información. Transparencia absoluta. Por eso pedimos a Cospedal toda la documentación sobre esos dos contratos”.

Una de las declaraciones hechas por el que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas -que algunos medios consideran que puede salir pronto de prisión- ha imputado al que fuera alcalde de Toledo, José Manuel Molina, pero también investiga la participación en los hechos de Vicente Tirado (mencionado por Bárcenas como secretario general del PP en Castilla-La Mancha en 2007, actualmente Presidente de las Cortes regionales), Lamberto García Pineda (tesorero regional del PP de Castilla La Mancha y concejal de Economía y Hacienda y Vicealcalde del Ayuntamiento de Toledo en 2007), al diputado de Ávila Sebastián González (responsable de organización nacional del PP) y también aparece el nombre de María Dolores de Cospedal como quien hace la sugerencia del asunto, ya que siempre según las declaraciones de Bárcenas es quien dice que hay que “plantear un tema relacionado con el Sr. Molina y algo relacionado con Toledo”.

El caso es la concesión de la explotación del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte de la ciudad de Toledo (la recogida de basuras, coloquialmente hablando). Este contrato fue concedido a la empresa Sufi S.A., filial de Sacyr Vallehermoso, el 15 de enero de 2007, siendo firmado el 21 de mayo de 2007. Según Bárcenas, esta empresa consiguió el servicio de basuras de la ciudad previo pago al Partido Popular de 200.000 euros destinados a pagar la campaña electoral de mayo de 2007 de Cospedal en la región.

Según el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, basándose en las declaraciones de Bárcenas, el tráfico del dinero es el siguiente: Sacyr Vallehermoso entrega 200.000 euros con la intermediación de Bárcenas al Partido Popular (esta declaración la realiza Bárcenas en julio de 2013), ese dinero concretamente lo recibe José Ángel Cañas Cañada (gerente del PP de Castilla-La Mancha, imputado) en dos pagos distintos que hace el propio Bárcenas: el primero el 12 de febrero de 2007 y el segundo el 28 de marzo de 2007. Bárcenas anota estos pagos en su famosa 'contabilidad B' que ha imputado ya a numerosos altos cargos del partido.

Bárcenas aporta de esos pagos un 'recibí' por parte de José Ángel Cañas, del que se pidió una prueba caligráfica para corroborar que la escritura es la suya

El dinero que recibe Cañas supuestamente habría pasado después a Vicente Tirado, secretario general del PP en 2007 y actualmente Presidente de las Cortes, para pagar dicha campaña. Según el auto del juez Ruz, Tirado también se habría reunido en persona con responsables de Sacyr Vallehermoso y con el propio Bárcenas, según su declaración.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Toledo concedió a dicha empresa (Sufi S.A.) la explotación de basuras, entrando ahí la actuación de Lamberto García, que fue el presidente de la Mesa de Contratación del proceso y quien representó al Ayuntamiento, con José Manuel Molina (imputado) como alcalde. Es decir, que en resumen se investiga si Sacyr Vallehermoso consiguió el servicio de basuras de Toledo a cambio de pagar la campaña electoral de Cospedal.

En el auto del juez Ruz también están imputados miembros de la empresa (actualmente denominada 'Valoriza Servicios Ambientales S.A.') que consiguió la contratación, entre ellos su presidente, Luis del Rivero, y su consejero delegado, Manuel Manrique. Están llamados a comparecer otras personas de la empresa como testigos.

También se llama a declarar como testigos al actual alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, a Sebastián González y al que era el viceinterventor municipal de Toledo, Francisco Javier Sánchez Rubio.

Además el Partido Popular debe entregar en los próximos días, no más tarde del miércoles 29, los estatutos o normas de régimen interno –o normativa reguladora de la organización- de la formación regional de Castilla La Mancha vigentes en 2006 y 2007.