Las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid han recurrido el archivo de la causa de corrupción contra Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número 3 del PP de Madrid, dictado por un Juzgado de Valdemoro tras seis años de investigación. Ambos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, recuperan los indicios que han sostenido la acusación contra Millán por cuatro delitos de corrupción y critican que, con los mismos argumentos con los que el Juzgado elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia, o pidió recientemente una prórroga para seguir profundizando en ellos, ahora solicite el archivo, sin haber practicado una sola diligencia nueva ni nada haya cambiado.

En el año 2008, recupera el escrito del PSOE, “la investigada alquiló su ático a un precio del doble de mercado a una empresa del señor Roselló [el empresario imputado], su pareja empezó a trabajar para una empresa del señor Roselló, su hermana también empezó a trabajar. para otra empresa del señor Roselló, y la investigada ingresó en efectivo cantidades significativas de dinero no declarado en sus cuentas corrientes”.

“Todo lo anterior –prosigue– se da en el año que el señor Reselló empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y se mantienen todos esos pagos mientras hay adjudicaciones de cientos de miles de euros hasta que se terminan los contratos a favor del señor Roselló y sus empresas. No es una anecdótica coincidencia, sino un cúmulo de no coincidencias, siendo, además, técnicas habituales par el cobro de dádivas en este tipo de delitos”. “Los indicios son demoledores”, apostilla.

Añade el escrito de Más Madrid que Ana Millán “influenciaba de manera directa en el seno de los expedientes de contratación para teledirigir la adjudicación, las prórrogas, las mejoras o las dispensas del cumplimiento de contratos en favor de las empresas de Francisco Roselló”, quien a su vez comenzó a pagar la renta desorbitada del alquiler del ático de Millán y contratar a sus familiares. Ambos escritos recuerdan como en su declaración como investigada en el juzgado, Millán ocultó que Roselló hubiera contratado a su familia y el empresario directamente lo negó.

Las acusaciones ponen el acento en el “sorpresivo” cambio de criterio de la Fiscalía, que con los mismos indicios con los que acusaba formalmente a Millán de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, ahora haya solicitado el archivo de la causa. Y también que lo haya hecho sin que se hayan practicado dos diligencias clave propuestas por el propio Ministerio Público: la declaración del marido de Millán, a quien ella atribuyó el origen de más de 40.000 euros en efectivo en su cuenta del banco, y otra concejala que contrató a Roselló.

El Juzgado solicitó hace unos meses una prórroga para seguir investigando, habida cuenta de la carga de trabajo que soporta, y ahora, cuando la Audiencia Provincial le ha dicho que la formulación de esa petición fue incorrecta, en lugar de volverla a pedir, decide cerrar el caso. “Si la juzgadora consideró la necesidad de prórroga es porque existían en ese momento indicios, aunque no lo argumentara adecuadamente. Sin embargo, ahora entiende que procede el archivo, sin argumentar por qué el cambio de criterio, si nada se ha instruido para llevarle a esa convicción que sustituye a la anterior”, escribe el abogado del PSOE.

En su recurso de reforma subsidiario de apelación (si la jueza lo rechaza decidirá finalmente la Audiencia Provincial), los socialistas acusan a la magistrada de “arrogarse” las funciones de un tribunal. Los indicios existentes, argumentan, justifican que se decida la responsabilidad penal de Millán en fase de vista oral y no en instrucción. Es más, para el PSOE, las pruebas recabadas por la UCO de Guardia Civil, “avalan una condena”.

Por su parte, Más Madrid ha evitado que la jueza tenga opción a rectificar su decisión y ha recurrido directamente a la instancia superior, la Audiencia Provincial de Madrid. Su representación letrada reprocha a la magistrada que haya decidido no tomar declaración a la concejala y el marido de Millán por considerarlas diligencias “inútiles”. “No puede saber cuán inútil será el resultado de una testifical hasta que no se practique”, afirma esta acusación popular.

Ninguna reunión del gabinete de Ayuso sin ataques al Gobierno central. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha pedido tras su reunión semanal, celebrada este miércoles en Navalcarnero, a Óscar Puente que “deje de ser moroso” y abone 250 millones de euros, que según las cuentas de la administración regional, le debe el Ministerio. De ellos, 126 millones corresponden a la aportación ordinaria del Ministerio de Fomento, y otros 126 corresponden al dinero adelantado por Madrid para las bonificaciones extraordinarias al transporte y porque, de no hacerlo, está poniendo en riesgo a los operadores: a Cercanías, a Metro, a los Interurbanos, a todos los que forman parte del Consorcio Regional de Transporte.

El consejero de Presidencia, Miguel Ángel Martín, aseguró que él mismo había enviado en las últimas horas una carta a Puente para que agilice esos pagos. Antes de lanzar esos reproches al Ministerio, el portavoz del Gobierno madrileño trató de vender como un servicio de la Comunidad de Madrid a Navalcarnero, el municipio donde se celebró la reunión semanal del gabinete, la puesta a disposición de los terrenos en manos de la Comunidad de Madrid donde se iba a construir la línea férrea entre Navalcarnero y Móstoles que anteriores gobiernos del PP en la Comunidad descartaron. 

El portavoz de Ayuso obvió que se trata de un proyecto abandonado por anteriores Gobiernos de la Comunidad de Madrid, donde ya se habían invertido más de 150 millones de euros, y trató de encomendar la responsabilidad al Gobierno central. El proyecto estuvo rodeado de polémica desde su nacimiento en 2007, cuando era consejera de Transportes de Madrid, María Dolores de Cospedal.

La adjudicación de la obra a OHL, entonces propiedad del grupo del empresario Villar Mir, amigo personal de la presidenta Esperanza Aguirre, tuvo detrás una operación de Javier López Madrid, entonces consejero, y el director general de construcción de la compañía, con el pago de una comisión de 2,5 millones a varios altos cargos de la Comunidad de Madrid. Entre ellos, supuestamente, Ignacio González, entonces vicepresidente con Esperanza Aguirre. El asunto todavía se investiga en la Audiencia Nacional, después de que OHL recibiese una adjudicación por 360 millones de euros.

“Si hay una posibilidad de retomar la línea es por el Gobierno de España”

El Gobierno de Ayuso pasó este miércoles por encima de todos esos detalles y trato de endosar la responsabilidad de la obra al Gobierno central. “Desde el año 2021 y lo hemos reiterado en 2023 con todos los ministros ofreciéndole toda esa infraestructura y todos los suelos que en este momento son propiedad de Madrid para que el Ministerio pueda asumir sus consecuencias en materia de gestión de Cercanía y pueda concluir esa obra y, por tanto, ampliar el servicio de Cercanías a esta zona de la Comunidad de Madrid, que está siendo una de las reivindicaciones de la ciudadanía”, ha dicho el portavoz de Ayuso. 

“Nosotros seguiremos trabajando poniendo a su disposición toda la infraestructura realizada, toda la inversión, más de 150 millones que hemos realizado, y todo el conocimiento, el expertise y toda la documentación que nos pueda solicitar”. Justo después de pedir al Gobierno que acabe la obra abandonada por la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia de Ayuso llamó moroso al ministerio que aceptó rematar la infraestructura y le urgió a abonar 250 millones de euros a la Comunidad de Madrid. 

Fuentes del Ministerio de Transportes muetran su sorpresa por la actitud del Gobierno madrileño. Aseguran que ya se está trabajando para licitar el estudio de viabilidad y que en los próximos días se pondrán en contacto con la Comunidad para realizar una inspección visual al estado de las obras “paralizadas en su día por esa administración”. “No es de recibo que la Comunidad de Madrid pida ahora agilizar un proyecto que en su día paralizó. Si en este momento hay una posibilidad es única y exclusivamente gracias al Gobierno de España y no, desde luego, a la inacción y la falta de gestión de Ayuso, aseguran las mismas fuentes aseguran que el nuevo proyecto deberá servir para cambiar la movilidad de los pueblos del entorno de Móstoles y Navalcarnero hacia las nuevas estaciones (Arroyomolinos, Sevilla la Nueva...) de forma que se pueda diseña un esquema de transporte publico que permita extender los beneficios de esa línea a otras poblaciones”.

El juez de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha procesado al alcalde de Arroyomolimos, Luis Quiroga (PP), por la presunta comisión de delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación. Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el magistrado acuerda continuar el procedimiento judicial respecto a Quiroga y la secretaria de la Empresa Municipal de Gestión de Servicios de Arroyomolinos, María Isabel Santamaría Alonso, por los trámites del procedimiento abreviado. Este trámite procesal supone la conclusión de la investigación para dar paso a la fase intermedia de cara a la celebración de un posible juicio.

El procesamiento del actual regidor ocurre mientras la exalcaldesa de la misma localidad y actual número tres del PP madrileño, Ana Millán, está siendo investigada, también por un juzgado de Navalcarnero, por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y fraude a la Administración Pública. Según las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía y la jueza de Navalcarnero, Millán favoreció con contratos públicos a un empresario durante su etapa al frente de una Concejalía de Arroyomolinos, a cambio de prebendas para ella y dos familiares próximos.

El juez detalla que Quiroga, en su condición de concejal del Ayuntamiento y como presidente del Consejo de Administración de la entidad Emugesa, y Santamaría Alonso, en su condición de secretaria del Consejo de la Empresa de Gestión de Servicios de Arroyomolinos, que es una empresa de titularidad 100% pública, puestos “de común acuerdo y con anterioridad al 26 de septiembre de 2019 modificaron el acta de la sesión del Consejo de dicha mercantil”, celebrada el 19 de julio de 2019 en la que se cesó al secretario del Consejo del momento y se nombró en sustitución a la investigada.

Concretamente, los investigados, “introdujeron que además María Isabel asumiría el cargo de adjunta a la presidencia, en virtud del cual cobraría un salario diferente al de Secretaria, y se nombraron a otros dos adjuntos a presidencia, que igualmente percibirían un salario”. “Todo ello, prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento y no estando establecidos dichos puestos en los Estatutos Sociales de Emuvisa, S.A., recoge el auto.

El juez esgrime que de las diligencias practicadas se coligen indicios suficientes de criminalidad contra los investigados y resulta la concurrencia de todos los elementos necesarios para estimar presentes los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación. Tales indicios se desprenden de la documental obrante en autos, mencionado el acta de la reunión del Consejo de Administración de la entidad Emugesa, S.A.U., firmado por la investigada como secretaria del Consejo y, por el investigado, como presidente del Consejo.

También se sustenta en el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Documento de liquidación y finiquito, así como de las nóminas aportadas por la representación procesal de la investigada.

Navalcarnero es una localidad de poco más de 30.0000 habitantes que dice adiós a los que abandonan la Comunidad de Madrid por la carretera de Extremadura. Un municipio conocido por su particular versión del cocido y los soportales de su Plaza de Segovia, pero también por aparecer de forma recurrente en los sumarios de casos de corrupción. Baltasar Santos, que fue su alcalde por el PP durante dos décadas, acaba de ser condenado por trocear contratos de forma ilegal mientras los tribunales están pendientes de juzgar uno de los grandes fracasos de la movilidad regional: el fallido tren a Navalcarnero, ahogado entre comisiones ilegales y deudas millonarias.

Esta localidad del suroeste madrileño ha tenido tres alcaldes en democracia. Francisco Sandoval (Independiente), que gobernó entre 1979 y 1983, el actual José Luis Adell (PSOE) que tuvo una primera etapa entre 1983 y 1995 y que lidera la corporación municipal desde 2015, y finalmente Baltasar Santos (PP), que estuvo al frente de la ciudad entre los gobiernos socialistas desde 1995 hasta 2015.

Es la etapa del gobierno del Partido Popular la que ha asociado el nombre de la localidad a la corrupción, aunque con sentencias que llegan una década después y sin formar parte de las grandes causas de la corruptela municipal madrileña como Gürtel o Púnica. Y a una de las grandes polémicas internas que sufrió el PP de Esperanza Aguirre en sus últimos años como lideresa madrileña, cuando tuvo que intervenir con bisturí las listas para sacar a Baltasar Santos, que llevaba 20 años siendo alcalde.

Santos llegó a la alcaldía de Navalcarnero en 1995 después de más de una década de gobierno socialista y desbancando al anterior regidor por 900 votos de diferencia, cuando el municipio tenía un tercio de su población actual. En 2015, mientras una Esperanza Aguirre en el ocaso de su carrera política peleaba con Manuela Carmena por el Ayuntamiento de Madrid, la candidatura de Baltasar Santos a un quinto mandato fue puesta en entredicho por factores con aroma de corrupción: obras inacabadas, sobrecostes, un tren que no llegaba y la amenaza de varias causas judiciales.

Aguirre aprobó la candidatura de Baltasar Santos en un primer momento, pero pocos días después rectificó y fulminó al político. Dos décadas después el PSOE ganó las elecciones del municipio, lejos de la mayoría absoluta pero desbancando al PP del ejecutivo local que tuvo como candidata de urgencia a Esther Platero, hoy diputada regional conocida por cargar contra la asociación de familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia. Santos desapareció del mapa político y la avalancha judicial echó a rodar.

Más de 100.000 euros troceados

El ya exalcalde de Navalcarnero fue imputado en varias causas judiciales relacionadas, sobre todo, con su gestión de los contratos públicos y obras públicas del municipio en su segunda década de mandato, cuando la deuda local superó ampliamente los 100 millones de euros. En una de ellas, Santos acaba de ser condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación, pero en otra ha sido absuelto y se ha librado, en la práctica, de pagar varios millones de euros como pedía el Tribunal de Cuentas.

La Audiencia de Madrid entendió que tanto el entonces alcalde como uno de sus concejales fragmentaron contratos y pagos sin ningún tipo de control ni expediente por una suma total de 105.000 euros, según reveló Ser Madrid Oeste. Pagos vinculados a las infraestructuras de unos festejos taurinos con el propósito de favorecer a un contratista concreto. “No se trató de una simple irregularidad administrativa sino de una actuación intencionadamente ilegal, arbitraria y reiterada, orientada a beneficiar a un tercero en perjuicio de los intereses públicos”, dijo la Audiencia en una sentencia recurrible.

Otro juzgado de Navalcarnero, mientras tanto, ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue si varias empresas hicieron pagos ilegales vinculados a adjudicaciones públicas durante su época como alcalde.

El caso más voluminoso, al menos desde el punto de vista económico, ha terminado de manera favorable para Baltasar Santos. El Tribunal de Cuentas llegó a pedir diez millones de euros al entonces alcalde y varios de sus concejales por la responsabilidad contable derivada de irregularidades en la construcción de un polideportivo. Pero las buenas noticias llegaron de la vía penal, donde un tribunal decidió absolverle y eso derivó en el archivo reciente, por parte del Tribunal Supremo, del procedimiento contable que iba a costarle varios millones.

El tren que nunca llega a Navalcarnero

Navalcarnero es una de las últimas localidades de Madrid antes de entrar a la provincia de Toledo por la A-5. Para llegar desde la capital hay que hacer un viaje de una media hora en coche o, si no, subirse a un autobús interurbano que no suele tardar menos de 50 minutos. Pero durante un tiempo la localidad albergó la esperanza de que las líneas de cercanías que llegaban hasta Móstoles siguieran su trayecto hasta el municipio, facilitando la vida a los que día tras día se sumergían en los atascos de la A-5 para llegar al trabajo.

María Dolores de Cospedal era Consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid cuando Esperanza Aguirre, entonces en su primera legislatura como presidenta regional, prometió que llevaría el tren hasta Navalcarnero ante la inactividad del ejecutivo central. Las previsiones se fueron retrasando hasta que en 2007 la obra empezó a coger forma administrativa: más de 360 millones de euros de presupuesto que fueron adjudicados a OHL.

El tren nunca se construyó –solo recientemente el ministro Óscar Puente ha abierto la puerta a terminar las obras– pero la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional encontraron que alguien sí se benefició al margen del procedimiento legal. La adjudicación de la obra a OHL tuvo detrás una operación de Javier López Madrid, entonces consejero, y el director general de construcción de la compañía, con el pago de una comisión de 2,5 millones a varios altos cargos de la Comunidad de Madrid. Entre ellos, supuestamente, Ignacio González, entonces vicepresidente con Esperanza Aguirre.

Se trata de una de las múltiples piezas separadas del caso Lezo de corrupción madrileña que espera la celebración de un juicio en la Audiencia Nacional desde hace un lustro. La Fiscalía Anticorrupción pidió condenas de cuatro años de cárcel en el caso del expresidente madrileño y de seis años para López Madrid. Según la Fiscalía, los 2,5 millones salieron de una cuenta de OHL con destino a México, de ahí a sociedades que el empresario Adrián de la Joya tenía en Panamá, luego en Suiza y finalmente en manos de Ildefondo de Miguel. El juicio, casi una década después de la apertura de diligencias, aún no tiene fecha para celebrarse.

El tren que iba a conectar Navalcarnero con Móstoles y después con la ciudad de Madrid nunca llegó, pero sí llegaron las supuestas comisiones y las consecuencias económicas para las arcas públicas. La Comunidad de Madrid tuvo que desembolsar 162 millones de euros a OHLA, anteriormente llamada OHL, en 2021 por la liquidación del contrato. La constructora, que supuestamente pagó comisiones a políticos para hacerse con ese contrato, llegó a ir a los tribunales para pedir 50 millones más.

El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado las condenas impuestas a una decena de activistas y jóvenes que en las elecciones de 2021 interrumpieron un acto de Vox en la localidad madrileña de Navalcarnero y protagonizaron disturbios posteriores con la Policía Local y la Guardia Civil. Los jueces rechazan los recursos de tres de los condenados y confirman que agredieron a los agentes y que actuaron movidos por la discriminación ideológica hacia el partido de Santiago Abascal: “A todas luces sobrepasa los límites de una simple y amparable diferencia de criterio ideológico”, dicen los jueces.

El propio Abascal acudió a ese mitin en esta localidad madrileña gobernada en ese momento y en la actualidad por el PSOE, pero donde el partido de extrema derecha consiguió el mejor resultado en las elecciones generales de noviembre de 2019. Uno de sus múltiples actos de campaña en esas elecciones autonómicas de 2021 de Madrid y dos semanas después del mitin en Vallecas que también acabó con disturbios. Una campaña en la que, un día antes de ir a Navalcarnero, Vox desplegó su mensaje racista contra los menores extranjeros no acompañados, afirmando falsamente que estos jóvenes reciben más dinero que un anciano.

Varias decenas de personas se congregaron en las inmediaciones del acto lanzando huevos a los seguidores de Vox con gritos, según los jueces, de “fascistas, os vamos a matar” o “el fascista bueno es el que está muerto”. El acto fue suspendido y los seguidores del partido de extrema derecha intentaron abandonar la localidad, momento en que se produjeron los enfrentamientos con la Policía Local y la Guardia Civil.

Los protagonistas de los disturbios, señala la sentencia, arrancaron piedras y adoquines “de considerable tamaño” de los jardines del Ayuntamiento de la localidad y de calles aledañas. Hubo en total 11 agentes heridos, para los que según los tribunales y las sentencias del caso “se generó un grave peligro”, además de reflejar que algunos comercios tuvieron que cerrar. Unos disturbios con los que Vox llegó a afirmar que consideraba la posibilidad de llamar a sus seguidores a usar la violencia también.

El caso llegó a juicio en la Audiencia Provincial de Madrid tres años después de los disturbios y desembocó en una sentencia con condenas para 11 de los más de 15 detenidos. Las penas más altas fueron de cinco años y medio de cárcel y la mayor parte de ellas superaron los dos años de prisión pero la Fiscalía, después de alcanzar un pacto con algunos de los condenados, apoyó que no tuvieran que entrar en la cárcel obligatoriamente.

Tres de los condenados decidieron llevar su caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, según ha podido comprobar elDiario.es, ha rechazado sus alegaciones y confirmado su sanción penal. Dos de ellos fueron los que recibieron las condenas más altas de cinco años y medio de prisión por desórdenes públicos, atentado, daños y lesiones leves. Y además de la falta de pruebas discutían que se les pudiera aplicar la circunstancia agravante de discriminación ideológica.

Uno de los recursos afirmaba, por ejemplo, que en caso de ese condenado existía una “mera discrepancia ideológica” pero no tanto como para llegar a una circunstancia agravante. Los jueces del TSJM contestan que lo que sucedió en Navalcarnero “a todas luces sobrepasa los límites de una simple y amparable diferencia de criterio ideológico, hasta el punto de intervenir en una acción en la que se lanzan gritos, entre otros, que propugnan la muerte del adversario político”.

Los disturbios, siguen los jueces, “determinaron, de manera efectiva, la interrupción de un acto político autorizado y legítimo, causando daños y lesiones”. Los tres acusados, que tendrán que entrar en prisión si sus condenas son confirmadas, todavía pueden recurrir ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La sentencia que ahora queda confirmada tiene también un componente económico. Los condenados deben pagar cerca de 1.900 euros al Ayuntamiento de Navalcarnero por los destrozos y los desperfectos en los escudos de los antidisturbios de la Policía Local, así como un total de casi 4.000 euros a los guardias civiles lesionados durante los disturbios.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha trasladado por carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, su “máxima colaboración” para finalizar la obra de Cercanías desde Móstoles hasta Navalcarnero. Así lo ha declarado ante los medios de comunicación desde Nuevos Ministerios después de que Puente remitiera una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que colabore ya que la normativa ferroviaria exige, antes de acometer una obra de este tipo, llevar a cabo un estudio de viabilidad, tal y como señaló el ministro.

“Yo voy a contestar por carta al ministro Puente en el día de hoy y desde luego le voy a decir que la máxima colaboración y que, desde luego, nos gustaría que fuese cuanto antes la decisión de ampliar y mejorar esa red ferroviaria, determinar esa infraestructura y lo que queremos es que sea rápido”, ha expresado el consejero.

Sobre la petición de colaboración del ministro, Rodrigo ha trasladado su “total lealtad institucional” si bien ha destacado que la Comunidad de Madrid ya ha trabajado en esa iniciativa e “hizo una gran inversión”, pero lo que se tiene que tener en cuenta “es que la competencia real respecto a la red ferroviaria de Cercanías es de la Administración General del Estado”.

El Gobierno de Esperanza Aguirre invirtió más de 170 millones de euros en extender la C-5 de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, pasando por Arroyomolinos, en un proyecto que abandonó en el año 2010, en plena crisis económica y con abundantes sobrecostes.

“Cercanías es del Gobierno del Estado, es del Gobierno de Pedro Sánchez y, en este caso, es del ministro Puente. Nos gustaría, en este caso, que se hiciese a la mayor celeridad posible”, ha pedido ahora Rodrigo. Además, ha asegurado que la información sobre el proyecto ya la tiene el Ministerio ya que cuando se liquidó la parte de la obra que ha ejecutado la Comunidad de Madrid, Ineco, una empresa pública que depende directamente del Ministerio de Transportes.

“Lo que no podemos admitir es que sea otro anuncio sin ningún tipo de finalización, sin plazos y simplemente haga lo que hizo el anterior ministra, que en siete años siempre la Comunidad de Madrid ha pedido que se finalicen esas infraestructuras que son competencia del gobierno de Pedro Sánchez y nunca ha hecho nada”, ha avisado.

Además, le ha vuelto a pedir al ministro que invierta en mantenimiento y conservación y haciendo “lo mismo que el Gobierno regional con Metro de Madrid”. “Estamos ampliando el número de kilómetros de Metro que se están ejecutando, hemos inaugurado la ampliación de la Línea 3, estamos ampliando la Línea 5, estamos mejorando la Línea 6”, ha recordado, a la vez que le ha pedido a Puente que se “ponga a trabajar por mejorar la calidad de los transportes públicos”.

En la misiva enviada posteriormente, a la que ha tenido acceso Europa Press, el consejero le ha expresado al ministro que acogen con “satisfacción” el anuncio y ha celebrado que “por fin el Gobierno Central asuma la responsabilidad sobre una infraestructura que corresponde a la Administración General del Estado”.

“Son numerosas las ocasiones en las que esta Consejería ha solicitado al Ministerio que se haga cargo del desarrollo de esta conexión ferroviaria, clave para la movilidad del suroeste de la región. Como es conocido, las obras se iniciaron por parte de la Comunidad de Madrid en 2008, en un intento de impulsar una infraestructura vital, ante la inacción del Estado. Lamentablemente, el proyecto quedó paralizado en 2010 debido a problemas con la empresa concesionaria, lo que impidió su avance. Desde entonces, no hemos cesado en nuestro empeño de que el Ministerio asuma sus competencias respecto a las obras de esta línea de cercanías”, le ha manifestado.

Además, le ha informado de que ponen todos sus recursos técnicos a disposición del Ministerio “para colaborar de manera efectiva y ágil”, además de incidir en que ya tienen la documentación necesaria.

“Esperamos que esta nueva etapa suponga el impulso definitivo que tanto tiempo llevan esperando los vecinos del suroeste de la Comunidad de Madrid. Y que no entenderían que, después de su anuncio y de la demora de tantos años, no cumpliera con una demanda histórica esencial en términos de cohesión territorial y vertebración del transporte público”, ha añadido Rodrigo.

El Ministerio de Transportes y Movilidad ha pedido por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, colaboración para asumir la construcción de la parte que falta de la prolongación de la línea C-5 de Cercanías hasta el municipio de Navalcarnero, un proyecto que está estancado desde 2010. El anuncio lo ha hecho este miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una rueda de prensa ofrecida junto al alcalde de Navalcarnero, José Luis Adell, y el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la que ha afirmado que con esta decisión el Gobierno le está “quitando un muerto” a la Comunidad de Madrid.

Las obras del tren de Móstoles a Navalcarnero quedaron paralizadas en 2010 estando detrás, según el ministro, “las señas de identidad del Partido Popular”. “Detrás del interés de hacer una línea de Cercanías en el municipio no estaba el interés público sino la especulación”, ha lanzado. Ante ello, el ministro ha detallado que la semana pasada visitó el Ayuntamiento de Navalcarnero, acompañado también del delegado del Gobierno en Madrid, con “la idea de intentar buscar una solución a la infraestructura inconclusa desde el año 2010”.

En la reunión se acordó que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estaría dispuesto a asumir la construcción de lo que falta del proyecto. Para ello, Puente remitió ayer una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que colabore ya que la normativa ferroviaria exige, antes de acometer una obra de este tipo, llevar a cabo un estudio de viabilidad.

“Necesitamos que la Comunidad de Madrid nos aporte toda la documentación de la que disponga para que podamos evaluar qué grado de construcción tiene ya la infraestructura. Es decir, qué es lo que está construido y qué es lo que falta para construir para que así podamos valorar económicamente y técnicamente lo que queda y, por tanto, podamos completar ese estudio de viabilidad”, ha señalado.

Una vez que esto se lleve a cabo, el Ministerio de Transportes estará en condiciones de hacerse cargo de la construcción de la línea a Navalcarnero y a los municipios del entorno. Para eso, necesitarán otra colaboración por parte de la Comunidad de Madrid para que se les ceda en la parte de infraestructura que ya está construida. Esta cesión ya la ofreció el Gobierno regional en el año 2021, cuando Ciudadanos ostentaba el área de Transportes.

“Sin esas dos colaboraciones no será posible que llevemos a cabo la finalización de la construcción. Sería sencillo, pero también les digo que no tengo mucha confianza en que la vayamos a obtener. Ojalá me equivoque. No tengo mucha confianza porque ayer escuché al consejero de la Comunidad de Madrid exigiendo al Ministerio que se hiciera cargo de sus responsabilidades. El Ministerio no tiene ninguna responsabilidad, es la Comunidad de Madrid la que se comprometió a hacer esa vía, la que la inició y la que la dejó abandonada y no la ha retomado después de 15 años”, ha espetado.

Insiste en que el Gobierno no tiene ninguna obligación, pero sí tiene ese sentido de la responsabilidad y compromiso con la ciudadanía y con la movilidad. “Y por eso, aun no teniendo ninguna obligación de asumir esa infraestructura, estamos dispuestos a hacerlo. Ya ven que lo que le pido a la Comunidad de Madrid es poco. Información y la cesión de lo que ya ha construido. Y a partir de ahí nos encargamos nosotros”, ha apuntado.

“Ojalá me equivoque en mi pronóstico y la Comunidad de Madrid, por una vez, se preste a colaborar con el Ministerio de Transportes y le dé una solución a los ciudadanos y ciudadanas de este municipio y de los municipios circulantes. La verdad sería difícil de entender”, agrega. En su intervención, el alcalde de Navalcarnero ha pedido la implicación de las tres administraciones que tienen que tratar este problema estancado y que supone “un agravio” para los habitantes de la localidad.

“El Ministerio se ha implicado, el Ayuntamiento lleva implicado desde el principio y solicitamos la implicación de la Comunidad de Madrid, que haciendo un cargo de sus ofrecimientos, que lo ha hecho por activa y por pasiva, pues entre todos sepamos que lo más importante de nuestra labor política es que seamos capaces de servir a los ciudadanos a los que representamos y que para servirlos tenemos necesidad muchas veces, como en este caso, de cooperar”, ha señalado.

Por eso, ha hecho “un llamamiento” a esta cooperación que según el alcalde se va a producir entre las tres administraciones para ser capaces de llevar adelante “una obra justa que llevan muchísimos años esperando los ciudadanos de otras áreas y que están suponiendo un agravio no solamente respecto al resto de los ciudadanos de otras zonas de Madrid sino de prácticamente de todas las de España”.

Una de las principales entradas a Madrid, la Autovía de Extremadura, permanecerá durante los próximos años en obras, con una importante reducción de su capacidad e importantes alteraciones en los desplazamientos de todos los viajeros que utilizan este corredor. Los cortes al tráfico han comenzado hoy, 15 de enero, y se extenderán durante varios años, con afecciones durante todo el 2025 aseguradas y probablemente también a lo largo del 2026, al completo.

Debido a las obras, la capacidad de la vía queda reducida a la mitad del punto kilométrico 3,3 al 6,25, es decir, desde Campamento hasta casi finalizar la colonia de Batán. Habrá habilitados para el uso general dos carriles por sentido de circulación en cada una de las calzadas. Durante 2025, todo el tráfico será desviado a la calzada norte (en sentido salida de Madrid) y se cerrará por completo la calzada sur (en sentido entrada a Madrid), donde comienzan las obras de soterramiento. A principios de 2026 se procederá a actuar en la calzada norte y se desviará todo el tráfico a la calzada sur.

La importante reducción de la capacidad de la vía, que actualmente soporta unos 80.000 viajes de vehículos cada día, ha motivado que las administraciones públicas hayan preparado un plan de movilidad, con refuerzo del transporte público en el corredor y desvíos para los coches, que intenta minimizar las molestias por las obras.

Las medidas previstas por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes son las siguientes, según la información facilitadas por estas administraciones y por el el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM):

CERCANÍAS

METRO

AUTOBUSES INTERURBANOS

Además, se prevén los siguientes desvíos:

AUTOBUSES URBANOS EN MADRID (EMT)

USO DE LA R-5

VEHÍCULOS PRIVADOS: itinerarios alternativos de largo recorrido 

VEHÍCULOS PRIVADOS: itinerarios a nivel de barrio

OTROS DESTINOS con vehículo privado: zoo, Pirámides...

La mejor ruta alternativa para vehículos con destino a la zona del Zoológico procedentes de M-30 será el desvío por paseo de Extremadura, llegando hasta el final de la avenida de Portugal para tomar la carretera del Parque de Atracciones hasta finalizar en destino.

Para aquellos vehículos que se dirijan a la zona del zoológico procedentes del oeste de la A-5, se aconseja el desvío por avenida de los Poblados, llegando hasta el final de la calle Valmojado para tomar la calle de los Yébenes hasta finalizar en destino. Para alcanzar la avenida de los Poblados desde la A-5, el desvío se realiza por la calle de Villadiego.

Para los destinos a la avenida de la Aviación y la zona de Pirámides/Marqués de Vadillo, se recomienda tomar las calles del General Ricardos, Eugenia de Montijo y Joaquín Turina.

Las mejores rutas alternativas para vehículos que viajen entre la calle de los Yébenes y el Puente de San Isidro, serán las calles de la Duquesa de Parcent, avenida de Nuestra Señora de Valvanera, calle Vía Carpetana y paseo de la Ermita del Santo.

Para aquellos viajes con destino entre la avenida de los Poblados y el Puente de Segovia, serán las calles de Valmojado, del Concejal Francisco José Jiménez Martín y de Caramuel.

Se recomienda a los ciudadanos que planifiquen previamente el viaje que mejor se adapte a sus necesidades, evitando la zona, y que elijan el transporte público para los desplazamientos. 

Incertidumbre, resignación y algo de crispación en el primer día del corte de la A-5 para su soterramiento. Cuatro Vientos se ha convertido en punto neurálgico de la afectación al transporte público por la convergencia entre 18 líneas interurbanas desplazadas, la línea 10 de Metro Madrid y la C-5 de Cercanías. Miles de viajeros han protagonizado escenas de prisas, esperas y aglomeraciones en el acceso al suburbano durante la mañana más fría de lo que va de año en la ciudad, aunque el caos no ha llegado a apoderarse de la situación.

Araceli, visiblemente molesta, comienza declarando a Somos Madrid que “más vale no decir nada”. Pero finalmente se desahoga: “Estamos pelándonos de frío aquí a la intemperie [los buses llegan y parten del exterior junto a la propia carretera por lo que no hay opción para resguardarse]. A ver cuánto tenemos que esperar y todo porque al Ayuntamiento no se le ha ocurrido poner un carril solo para los buses. Se nota que el alcalde no tiene que hacer este camino todos los días para ir a trabajar”, reprocha a José Luis Martínez-Almeida.

Desde este miércoles, los autobuses urbanos han sido desviados por otras vías y los interurbanos solo pueden llegar hasta Cuatro Vientos, para evitar su paso por el tramo en obras. Sin embargo, los coches particulares que quieran utilizar la A-5 de entrada a Madrid pueden hacerlo al disponer de dos carriles, uno menos que el habitual. Además, el equipo de Almeida también ha suprimido el carril bus de la zona por lo que taxis y VTC tienen que compartir espacio con los anteriores.

Según varios viajeros, sus trayectos en transporte público al trabajo o al centro de estudios han duplicado e incluso triplicado la duración habitual. Lo mismo ha sucedido entre quienes se desplazan en coche. Desde primera hora de la mañana hay un gran atasco que alcanza el cruce con la M-40, en Alcorcón y antes de entrar a Móstoles. El retraso respecto a un día habitual ha llegado a superar los 30 minutos.

“Hay mogollón de gente”, sintetiza en conversación con este periódico un miembro del personal de Ábaco Estudios de Mercado S.L. Una compañera lo concreta en alrededor de entre 70 y 80 personas por autobús. Estas personas se dedican a contabilizar el número de usuarios de cada bus interurbano para que después el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid (CRTM) ajuste el refuerzo al transporte.

La percepción de los viajeros lo confirman los datos de Renfe Cercanías, que ha registrado un 17% más de viajeros en la C-5 este miércoles con respecto a un día normal. El incremento de personas tomando los trenes se elevaba al 60% en la estación de Cuatro Vientos, donde se han multiplicado los accesos. En Alcorcón el uso de este servicio estatal también ha aumentado un 20%, según datos facilitados por la compañía relativos a la hora punta.

Protestas por falta de datos e incluso información errónea

En las inmediaciones y el interior de la estación de Cuatro Vientos se dedican a guiar y despejar dudas decenas de empleados de Metro, Cercanías y empresas vinculadas al CRTM. Pero aun así, la desorientación es habitual. “Yo no sabía nada. Ayer cogí este autobús y no me dijeron ni mu”, cuenta Aitana, estudiante de la Universidad Alfonso X El Sabio en Villanueva de la Cañada que hasta ahora solía tomar el bus en Príncipe Pío.

De hecho, Aitana afirma que en la mañana de este miércoles se ha desplazado hasta dicha estación, donde le han comentado que ahora la cabecera y destino de hasta 18 líneas interurbanas se sitúa en Cuatro Vientos. Pese a ello, los paneles de los buses interuabanos todavía indican que llegan y parten de Príncipe Pío.

Junto a la boca de Metro de la estación, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha pedido por ello que haya personal informando de la situación en los propios buses (antes de que los viajeros lleguen a Cuatro Vientos y se desorienten).

Un par de anécdotas ilustran esta desinformación: un viajero que espera en la cola de un bus interurbano pregunta al conductor cúantos días van a durar el nuevo itinerario y los cortes. “Cuántos años querrás decir, ¿no?”, le replica el autobusero. Poco después, un trabajador del operador de autobuses interurbanos Arriva confiesa a este periódico que en solo un par de horas ya ha visto “cuatro o cinco personas que no se han bajado aquí en Cuatro Vientos porque iban con los cascos y no sabían que ahora el recorrido acaba en este punto, así que han empezado a ir en el otro sentido”.

Según ha señalado Almeida, el tráfico de entrada a Madrid en la A-5 ha caído un 26% en hora punta, con un incremento “muy sustancial” del transporte público. La cifra da cuenta en realidad del problema generado en el tráfico rodado, ya que la eliminación de un carril de los tres disponibles el espacio disponible para los coches se había recortado ya un 33%.

Más allá de la estampa en la superficie de Cuatro Vientos, la jornada ha dejado algunas imágenes de aglomeraciones, aunque muy puntuales, en la línea 10 de Metro (reforzada en un 9% por la Comunidad de Madrid). En Cercanías, con un refuerzo del 21% en la C-5, la situación ha sido todavía más estable, debido al 17% de aumento de viajeros antes citado.

Al menos dos años trastocando la movilidad del suroeste de Madrid

Las obras para soterrar parte de la autovía reducen la mitad de sus carriles disponibles desde este miércoles 15 de enero y hasta, al menos, el 2026. El mayor refuerzo del transporte público tiene lugar en la línea de C-5 de Cercanías con 42.240 plazas adicionales cada día. Asimismo, el Ministerio de Transportes ha implantado un carril bus en la A-5.

Respecto a Metro, las líneas 5 y 10 han recibido un respaldo del 9% para transportar hasta 8.100 personas por hora. En cuanto a los autobuses de EMT el refuerzo se limita a un bus por línea, aunque las administración informa de que se dispondrá de ocho buses y 16 conductores de reserva ante las posibles incidencias. Además, hay dos lanzaderas entre Cuatro Vientos y Aluche (SE1) y entre Cuatro Vientos y plaza Elíptica (SE2), con una frecuencia de paso de aproximadamente cinco minutos.

Paralelamente, en una de las medidas más criticadas, 18 líneas de los buses interurbanos (verdes) han desplazado sus cabeceras de Príncipe Pío a Cuatro Vientos. En redes sociales, varios afectados han apuntado a la no habilitación de un carril bus hasta Príncipe Pío por parte de las autoridades madrileñas como una importante merma para la movilidad.

La oposición a los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Alemida ha venido alertando de las problemáticas derivadas de un plan alternativo de movilidad que califican cuanto menos de “insuficiente”. Una delegación de representantes del PSOE de los municipios afectados por las obras han acudido con motivo del inicio de los cortes de tráfico a la zona de Cuatro Vientos. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ya vaticinaba “caos” y “un problema de seguridad”. Ahora ha anunciado que los 22 grupos municipales socialistas de las localidades afectadas presentarán una moción en sus respectivos consistorios para solicitar la aplicación del carril bus hasta Príncipe Pío

Para la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, las alternativas “siguen sin dar solución a la movilidad del conjunto de la ciudad”. La edil recordaba además hace unos días en declaraciones a los medios que se trata de “una obra competencia del alcalde”.

“Son medidas pobres y de ciencia ficción, que van a convertir Madrid en un infierno durante muchísimos meses y que huelen de lejos a que, en realidad, Almeida no ha conseguido pactar mucho con su jefa Ayuso. Desde Más Madrid presentamos un plan el pasado mes de octubre que el alcalde ni se dignó a leer. El plan que diseñaría cualquier ciudad seria, teniendo en cuenta el sistema de movilidad en su totalida”, afirmaba Maestre.

“Es una solución sencilla que podría estar ya en marcha: dividir los accesos de los municipios del suroeste a Madrid en varios corredores, es decir, itinerarios alternativos de los autobuses interurbanos a distintos puntos de acceso como Príncipe Pío, Cuatro Vientos, Colonia Jardín, Moncloa, La Peseta, Oporto, Villaverde Alto y Villaverde Bajo. Todo con carriles reservados”, exponía la concejala. 

“De esta manera, los viajeros tendrían disponibles un montón de líneas de Metro y de Cercanías, sobrecargando mucho menos la red. Pero, claro, es mucho mejor ir por libre y con medidas de ciencia ficción, lo que contrasta con el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Transportes. Almeida se ha centrado exclusivamente en facilitar el tráfico de coches en el corredor de la A-5. Incluso la señalización para el coche está muy detallada, ahí se ha esforzado, mientras que la del transporte público es pírrica”, opina Maestre.

Los 80.000 coches que cada día utilizan la A-5 para entrar y salir a Madrid han de buscarse alternativas si quieren evitar los atascos que cada día parece que se van a montar a raíz de las obras que acaba de iniciar el Ayuntamiento de Madrid para soterrar el Paseo de Extremadura. El primer día de cortes al tráfico se ha saldado con importantes retenciones y retrasos de hasta media hora con respecto a una jornada habitual, según datos consultados por este periódico.

Tanto las cámaras de la Dirección General de Tráfico como las del Ayuntamiento mostraban desde primera hora de la mañana atascos de entrada desde el cruce con la carretera de Boadilla hasta el barrio de Batán, tramo que coincide con el estrechamiento. Pero rápidamente la congestión se extendió hacia el cruce con la M-40 y se alargaron hacia Alcorcón y Móstoles. El momento de mayor congestión fue en torno a las 8.30 horas.

“La zona con más densidad de tráfico se ha localizado en la zona de estrechamiento de carriles, a la altura de Padre Piquer, hasta Cuatro Vientos”, explicaba el delegado de Movilidad municipal, Borja Carabante, a la vez que destacaba que no se habían producido incidentes reseñables como accidentes de tráfico, más allá de los atascos citados o las escenas de incertidumbre y algo de caos en la estación de Cuatro Vientos.

¿En qué se tradujeron estos atascos? Según la aplicación Google Maps, una de las que mejor mide el tráfico en tiempo real para calcular desplazamientos, los atascos generados por las obras provocaron media hora de retrasos. Por ejemplo, para una persona que tuviera pensado llegar a Madrid desde Navalcarnero en coche, un trayecto que normalmente se cubre en menos de media.

Desde este miércoles, los coches particulares que quieran utilizar la A-5 de entrada a Madrid disponen de un carril menos del habitual en su tramo en obras, ya que se ha reducido de tres a dos los disponibles para vehículos privados. Además, también se ha suprimido el carril bus de la zona por lo que taxis y VTC tienen que compartir espacio con los anteriores. Los autobuses urbanos e interurbanos han sido desviados por otras vías.

Una de las principales entradas a Madrid, la Autovía de Extremadura, permanecerá durante los próximos años en obras, con una importante reducción de su capacidad e importantes alteraciones en los desplazamientos de todos los viajeros que utilizan este corredor. Los cortes al tráfico han comenzado hoy, 15 de enero, y se extenderán durante varios años, con afecciones durante todo el 2025 aseguradas y probablemente también a lo largo del 2026, al completo.

Debido a las obras, la capacidad de la vía queda reducida a la mitad del punto kilométrico 3,3 al 6,25, es decir, desde Campamento hasta casi finalizar la colonia de Batán. Habrá habilitados para el uso general dos carriles por sentido de circulación en cada una de las calzadas. Durante 2025, todo el tráfico será desviado a la calzada norte (en sentido salida de Madrid) y se cerrará por completo la calzada sur (en sentido entrada a Madrid), donde comienzan las obras de soterramiento. A principios de 2026 se procederá a actuar en la calzada norte y se desviará todo el tráfico a la calzada sur.

La importante reducción de la capacidad de la vía, que actualmente soporta unos 80.000 viajes de vehículos cada día, ha motivado que las administraciones públicas hayan preparado un plan de movilidad, con refuerzo del transporte público en el corredor y desvíos para los coches, que intenta minimizar las molestias por las obras.

Las medidas previstas por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes son las siguientes, según la información facilitadas por estas administraciones y por el el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM):

CERCANÍAS

METRO

AUTOBUSES INTERURBANOS

Además, se prevén los siguientes desvíos:

AUTOBUSES URBANOS EN MADRID (EMT)

USO DE LA R-5

VEHÍCULOS PRIVADOS: itinerarios alternativos de largo recorrido 

VEHÍCULOS PRIVADOS: itinerarios a nivel de barrio

OTROS DESTINOS con vehículo privado: zoo, Pirámides...

La mejor ruta alternativa para vehículos con destino a la zona del Zoológico procedentes de M-30 será el desvío por paseo de Extremadura, llegando hasta el final de la avenida de Portugal para tomar la carretera del Parque de Atracciones hasta finalizar en destino.

Para aquellos vehículos que se dirijan a la zona del zoológico procedentes del oeste de la A-5, se aconseja el desvío por avenida de los Poblados, llegando hasta el final de la calle Valmojado para tomar la calle de los Yébenes hasta finalizar en destino. Para alcanzar la avenida de los Poblados desde la A-5, el desvío se realiza por la calle de Villadiego.

Para los destinos a la avenida de la Aviación y la zona de Pirámides/Marqués de Vadillo, se recomienda tomar las calles del General Ricardos, Eugenia de Montijo y Joaquín Turina.

Las mejores rutas alternativas para vehículos que viajen entre la calle de los Yébenes y el Puente de San Isidro, serán las calles de la Duquesa de Parcent, avenida de Nuestra Señora de Valvanera, calle Vía Carpetana y paseo de la Ermita del Santo.

Para aquellos viajes con destino entre la avenida de los Poblados y el Puente de Segovia, serán las calles de Valmojado, del Concejal Francisco José Jiménez Martín y de Caramuel.

Se recomienda a los ciudadanos que planifiquen previamente el viaje que mejor se adapte a sus necesidades, evitando la zona, y que elijan el transporte público para los desplazamientos. 

Once activistas han sido condenados a penas de hasta cinco años y medio de prisión por los disturbios de un mitin de Vox en la localidad madrileña de Navalcarnero en las elecciones autonómicas de 2021. La Audiencia Provincial de Madrid, después de que la mayor parte de los acusados llegaran a un acuerdo con la Fiscalía, les atribuye delitos de atentado, daños, lesiones y desórdenes públicos, en algunos casos con la agravante de discriminación ideológica por haber intentado impedir un acto de campaña del partido de Santiago Abascal. Las condenas de diez de los encausados, que en su mayoría han reconocido que insultaron a los asistentes, que lanzaron huevos y piedras y se enfrentaron a la Policía, superan los dos años de cárcel, pero la Fiscalía ha apoyado que la mayoría de ellos no tenga que entrar en prisión a cumplir condena.

El partido de extrema derecha acudió a esta localidad del sur de la Comunidad de Madrid el 21 de abril de 2021, dos semanas antes de la cita electoral y de que otro acto electoral de Vox acabase en disturbios en la Plaza Roja de Vallecas. Varias decenas de personas, la mayoría vecinos del municipio, acudieron a la Plaza del Teatro a protestar contra la presencia del partido de extrema derecha en la localidad, momento en que varios de los encausados, según han reconocido ellos mismos, empezaron a lanzar huevos e insultar a los asistentes: “El fascista bueno es el que está muerto”.

El lanzamiento de huevos y los gritos se transformaron en batalla campal cuando varios manifestantes se enfrentaron a la Policía y la Guardia Civil, lanzando piedras sacadas de los jardines del Ayuntamiento, como también adoquines arrancados de la calle. Los disturbios se trasladaron después a la zona de salida del pueblo, por donde la comitiva de Vox pretendía abandonar la localidad.

Las 15 detenciones iniciales por delitos electorales y de odio se tradujeron en un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid a finales del pasado mes de mayo con 12 personas en el banquillo acusadas de participar en los disturbios. En el juicio comparecieron los policías y guardias civiles que participaron en el operativo para identificar a casi todos los acusados y explicar que a muchos de ellos ya les conocían “de tiempo atrás”. También compareció Santiago Abascal, que relató cómo tuvo que interrumpir el mitin aunque finalmente y tras hablar con el jefe del operativo de Seguridad decidió seguir adelante.

Ocho de los acusados pactaron con la Fiscalía antes del juicio. El resultado ha sido una sentencia con once condenas y una absolución, exonerando a uno de los que no quiso llegar a un acuerdo con las acusaciones: los jueces entienden que la única prueba que había contra él era la declaración de los guardias civiles que, después de los disturbios, le identificaron en sus informes tras ver las grabaciones.

Dos de los encausados son condenados, en total, a cinco años y medio de prisión por desórdenes, atentado contra la autoridad, daños, y lesiones. Otro más a dos años y cinco meses de cárcel. Un grupo de siete acusados, a dos años y siete meses de prisión y un último encausado, a un año y nueve meses de presidio. En la mayor parte de los casos, la Fiscalía ha explicado que no se opone a que se suspenda la ejecución de la condena si no delinquen en los próximos años y que, por tanto, no tengan que entrar en prisión obligatoriamente. En tres de los casos, las condenas por un solo delito superan los dos años de prisión, línea roja que marca el encarcelamiento ineludible.

“Discriminación ideológica” a Vox

En varios delitos de desórdenes públicos, los jueces aplican la circunstancia agravante que en su mayor parte pactaron las defensas y las acusaciones: la discriminación ideológica del artículo 22.4 del Código Penal. Esa discriminación contra el partido de extrema derecha, dice la Audiencia de Madrid, “se constata de manera clara en los insultos dirigidos contra los representantes del partido político Vox y contra los asistentes al mitin”. También, añade, “con el lanzamiento de huevos a Santiago Abascal y a los asistentes al acto, consiguiendo provocar además que el mitin se interrumpiera”.

Sobre el resto de delitos relacionados con los disturbios y los enfrentamientos con la Policía y la Guardia Civil los jueces acusan a los condenados de actuar “coordinados y crecientemente violentos”, “en unidad de acción, con ánimo de perturbar la seguridad y el orden electoral y poniendo en riesgo la convivencia y la paz social”. Además de las penas de prisión, también son condenados a pagar diversas multas e indemnizaciones a los agentes y pagar los destrozos en las calles y los escudos de los antidisturbios.

Esta no es la primera condena de prisión dictada en los últimos meses contra personas que han protagonizado altercados en actos de Vox protestando contra la presencia del partido de extrema derecha en localidades de todo el país. El pasado mes de febrero el Tribunal Supremo impuso condenas de cuatro años y nueve meses a los antifascistas que en enero de 2019 participaron en disturbios posteriores a las protestas contra un acto de Vox en Zaragoza. Condenas que recientemente han empezado a cumplir en prisión.

Hace apenas unos días, la Justicia dio un paso más e impuso seis meses de cárcel a un hombre por cometer un delito de odio y seis meses más por amenazas, por una agresión a un dirigente del partido en Ceuta. La sentencia, dictada después de una conformidad entre el condenado y las acusaciones, le atribuye entre otros un delito de odio por llamar “racistas”, “hijos de puta”, “perros” o “maricones” a integrantes del partido en mayo del año pasado. Al ser una conformidad, los jueces de la Audiencia Provincial no entraron en el fondo de las acusaciones ni argumentaron, por tanto, si realmente se trata de un delito de odio, que el Supremo ha ceñido en varias sentencias a colectivos en situación de riesgo o desfavorecidos.

Los tribunales madrileños tienen otro caso pendiente de enjuiciar en el que una persona se enfrenta a una acusación de delito de odio por criticar a Vox. El partido de Santiago Abascal pide seis años de cárcel para un usuario de Twitter que, en la misma campaña electoral de 2021, publicó un mensaje con la foto del cadáver de Benito Mussolini con la frase: “Monasterio y Abascal colgados del Puente de Vallecas”. La Fiscalía rechazó presentar una acusación en este caso.

En el caso de Navalcarnero, Vox actuó como acusación popular y, según ha podido comprobar este periódico, llegó a pedir más de once años de cárcel para algunos de los acusados por un ramillete de delitos a los que luego renunció al adherirse al acuerdo suscrito entre los acusados y la Fiscalía: delitos electorales y también delitos de odio.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero ha dictado apertura de juicio oral contra el exalcalde de Navalcarnero Baltasar Santos (PP) y la antigua interventora municipal Teresa Hermida por el caso de las 'Cuevas del Concejo', una construcción realizada bajo el casco histórico del municipio que presuntamente no contaba ni con proyecto técnico ni presupuesto y que, según valora la actual Corporación, habrían supuesto un desfalco a las arcas municipales de cerca de 30 millones de euros.

En el auto de apertura de juicio oral, fechado a 13 de febrero y al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de Navalcarnero declara órgano competente para tomarles declaración al Juzgado de lo Penal de Móstoles correspondiente, señalando para el próximo 27 de febrero a partir de las 10 horas el interrogatorio de ambos.

A Santos y Hermida se les ha fijado una fianza de 1,5 millones euros que tendrán que depositar en el plazo de un día después de ser notificados “para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele”. En caso de no presentarla les serán embargados bienes suficientes para hacer frente a esta cantidad.

En el auto de calificación del delito, el Ministerio Fiscal considera que ambos acusados son responsables de un delito continuado de prevaricación, por lo que reclaman sendas penas de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La denuncia fue interpuesta por los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Navalcarnero en febrero de 2011. Tras la entrada del PSOE en el nuevo Gobierno (en coalición con Cambiemos y un concejal independiente) y tras ser aprobado por el Pleno, el Ayuntamiento tomó el relevo como acusación particular.

El Consistorio ha pedido también nueve años de inhabilitación por cada uno de los delitos continuados de prevaricación; cuatro años de prisión y un día e inhabilitación absoluta de diez años por un presunto delito de malversación de especial gravedad; un año de prisión y tres meses y multa a razón de 200 euros diarios por un presunto delito urbanístico, así como un año de prisión y tres meses de multa a razón de 200 euros diarios por el delito urbanístico.

Además, también reclaman un año y tres meses de prisión y multa de dieciocho meses a razón de 200 euros diarios por un delito sobre el Patrimonio Histórico; un año y tres meses de prisión y mula de dieciocho meses a razón de 200 euros diario por el delito de daños en bienes de valor histórico y en yacimientos arqueológicos; y pena de prisión de tres años e inhabilitación especial de dos años para Baltasar Santos por un presunto delito de falsedad en documento público.

La nueva fianza contra el exalcalde se suma a la conocida la semana pasada en la que el Tribunal de Cuentas solicitó a Santos, a cuatro concejales de su Gobierno, a un antiguo técnico municipal, una empresa y un director de obra que depositaran más de 10 millones de euros por diversas irregularidades en su gestión y ante un posible delito de alcance por responsabilidad contable, entre ellos el caso de un polideportivo pagado pero sin edificar y de pagos no justificados a la concesionaria de la Plaza de Toros.

El Tribunal de Cuentas dio un plazo de 10 días a Baltasar Santos y al resto de los acusados para depositar de forma solidaria esta cantidad.

El Ayuntamiento de Navalcarnero, tras el cambio de Gobierno, puso en marcha una Comisión de Investigación permanente para determinar las causas y los responsables del “expolio y saqueo al que fue sometido el municipio durante los 20 años de Gobierno del Partido Popular”, según ha detallado a través de un comunicado el propio Consistorio.

Como resultado de estas investigaciones, señalan que están en marcha nuevas querellas cuyo objetivo fundamental es “recuperar el dinero que nunca tendría que haber salido de las arcas municipales”, y que el actual ejecutivo cifra en cerca de 700 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso 'Lezo' sobre el presunto desfalco del Canal Isabel II, ha vuelto a citar a declarar como investigados el próximo 21 de marzo al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y a su yerno, el empresario Javier López Madrid, por presuntas irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero.

Ambos están llamados a declarar en el marco de la pieza número 3 del caso Lezo relacionada con el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para hacerse con esta adjudicación en el año 2007.

Ambos declararon ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 por estos hechos el pasado mes de septiembre. Al respecto Villar Mir negó ante el magistrado haber tenido participación alguna en el presunto pago de la mordida al cabecilla de la trama.

En relación a López Madrid, el magistrado que comenzó investigando la causa, Eloy Velasco, expuso que éste le dio al exmandatario regional “unos detalles muy concretos” sobre el pago de la comisión que se efectuó desde México a una cuenta en Suiza, según consta en el auto en el que decretó su ingreso en prisión provisional. El empresario quedó en libertad tras abonar una fianza de 100.000 euros.

El Tribunal de Cuentas da 10 días al exalcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, y otros cuatro exconcejales del PP para depositar 10.161.687,92 euros por irregularidades en su gestión municipal. La Sección de Enjuiciamiento resuelve que todos, además de un técnico municipal y una empresa concesionaria, deben responder por un presunto delito de responsabilidad contable por alcance. Hoy, la localidad es la más endeudada de España con un déficit de 240 millones de euros.

El órgano fiscalizador pide concretamente al exalcalde popular 1.300.618,57 euros como responsable directo por pagos no justificados a la empresa gestora de la Plaza de Toros “tanto por la utilización” de ella por parte del Ayuntamiento “como por el alquiler de grupos electrógenos para su iluminación”.

“Según el convenio, el Ayuntamiento tenía derecho de uso de la plaza gratuitamente diez días al año sin contar los tres o cuatro días de los festejos taurinos. Pese a ello, desde 2006 a 2012 el exalcalde firmó pagos a Edisan que no tenía que haber realizado e incluso muchos días que ni tan siquiera se abrieron las puertas del recinto”, dice el Tribunal de Cuentas.

Además, el Tribunal solicita que tanto Edisán como Baltasar Santos respondan de manera solidaria por un importe de 2.062.250,64 euros por cinco de las subvenciones entregadas por el Ayuntamiento a la concesionaria para la explotación de la Plaza de Toros. Inicialmente, se habían fijado en 180.000 euros anuales, pero en diversas ocasiones desde 2006 se aumentaron en más de 300.000 euros adicionales argumentando mejoras en los festejos. Sin embargo, estas mejoras no se ejecutaron ni se supervisaron. Todos los pagos fueron ordenados mediante decretos de Alcaldía.

En la instrucción se investigan también irregularidades relacionadas con la construcción de un polideportivo por el que el Ayuntamiento pagó 10,5 millones de euros pero que nunca se terminó. “De hecho, la obra según diversos peritajes sólo se ha ejecutado en un 30 por ciento”, apunta el órgano.

El daño sufrido por el consistorio por estas cantidades abonadas por trabajos no realizados “asciende a 4.956.511,08 euros a los que hay que sumar 1.842.307,63 euros de intereses”, según el órgano fiscalizador, que responsabiliza de ello al ex alcalde, a Pilar Rodríguez Rodríguez, Elena Pérez Gómez, María Paz Fraile Garcés, Manuel Jordán Rodríguez –todos exconcejales del Partido Popular en el Ayuntamiento y miembros de la Junta de Gobierno local–, Juan Antonio Martín Rodríguez, Ingeniero Técnico Municipal y Martín de la Fuente González, director facultativo de la obra.

Una joven tiene una actividad muy intensa en las redes sociales. Es bastante popular y querida en estos entornos. Sin embargo, un día va a una fiesta y se pasa un poco de la raya con el alcohol. Alguien con mala sombra lo graba y sube el vídeo a internet. Su imagen se ve seriamente perjudicada, con todo lo que ello conlleva.

Por otro lado, dos chicos, más o menos de la misma edad que la joven anterior, comparten una amistad tan fuerte que deciden intercambiar sus contraseñas. ¿Será una decisión acertada?

No son historias reales, aunque podemos encontrarnos muchas como estas. En realidad son los argumentos de sendas obras de teatro con las que se busca concienciar a niños y adolescentes sobre los peligros de internet. Estos dos libretos, 'Atrapada en la red' y 'El zapato de cristal', respectivamente, son parte del repertorio de Teatro Tyl Tyl, una compañía madrileña que con sus creaciones invita al público a reflexionar sobre privacidad y seguridad en la Red.

Teatro Tyl Tyl surgió en 1984. “Empezamos con los movimientos de renovación pedagógica que había en los 80 por aquí”, cuenta Daniel Lovecchio, fundador del grupo, a HojaDeRouter.com. Desde el año 1995 cuentan con un espacio físico en Navalcarnero (Madrid), en el que se lleva a cabo todo su trabajo de creación, investigación y enseñanza. Sus trabajos, escénicos y audiovisuales, son para los niños, jóvenes “y la familia en general”. Tienen espectáculos musicales para bebés, versiones de cuentos clásicos como 'Hansel y Gretel' y 'Pulgarcito' y un homenaje a García Lorca con una obra familiar.

‘Atrapada en la Red’ fue la primera de sus obras sobre privacidad y ciberseguridad que se estrenó, allá por 2009. Escrita por Rafael Badie, habla del acoso a través de internet, presentando el caso de una joven que lo sufre: “Eres una friki”, “vete a hacer otra orgía en otra piscina, puta” o “¿sabes lo que queremos? Que te vayas de este colegio y no vuelvas nunca más” son algunas de las frases que se escuchan, con la intención de que el público reaccione ante ellas.

A partir de ahí siguieron trabajando en otros temas, relacionados con las dificultades de crecimiento personal y de los propios niños y adolescentes en las redes. “Nos inspirábamos en casos y en relatos que surgen en nuestra propia escuela, de los jóvenes. Por eso cada obra está dirigida a una franja de edad”. Porque la compañía realiza también una tarea de investigación, de observar los grupos a los que se dirigen y crear productos nuevos para ellos. De la interacción con los alumnos que acuden a su escuela han surgido, precisamente, estas obras.

'El zapato de cristal' está dirigida a niños a partir de 9 años, que empiezan a manejar móviles, tabletas u ordenadores. La obra está centrada en las contraseñas, que son “las llaves de tu propia privacidad, de tu propia identidad digital”, recuerda Lovecchio, autor de la obra junto a Pury Estalayo. De ahí ese título, porque aquellas, como el zapato que la Cenicienta perdía en el cuento, solo le caben a una persona, “que eres tú”. Un argumento parecido tiene 'Ser o no ser en la Red', que habla de la huella digital y de la identidad digital familiar con dos protagonistas que buscan a sus padres en las redes y se encuentran con una información inesperada.

Para más pequeños aún es ‘¡Ojo, contrasta!’: está dirigida a niños que ya tienen 5 años. Desde esa edad, Tyl Tyl ya quiere empezar a concienciarlos sobre algo que en los últimos tiempos ha dado más de un dolor de cabeza a los adultos: “Habla de los bulos y de la no credibilidad de muchas de las noticias que aparecen en redes”, resume Lovecchio, autor de nuevo con Estalayo. Dos pequeños leen un mensaje que asegura que una tragedia se acerca a la Tierra y sin decir nada a sus familiares comienzan a actuar por su cuenta.

Para preadolescentes, de 12 años en adelante, tienen 'Hasta que la vida nos separe'. “Habla de la pérdida de la intimidad en una pareja que se cuenta todo y se intercambia las claves”. Sin embargo, cuando se separan esas dos personas que estaban entregadas la uno a la otra, esas contraseñas se convierten “en un arma arrojadiza” que los perjudica a los dos.

“Son obras que están montadas con mucho rigor escénico, de un modo contemporáneo y muy accesible para quien van dirigidas”, resume Lovecchio. Ya han sido representadas en su centro de Navalcarnero y han pasado por el reciente evento de ciberseguridad Cybercamp y por institutos y colegios españoles. Los comentarios que recibe de profesores y educadores son “muy buenos”, asegura el director. “Ayuda a pensar, a tomar conciencia, a actuar, y es muy didáctico y ejemplificador”.

Y el repertorio de obras va a seguir ampliándose. “Nosotros estamos permanentemente en periodo de investigación, con nuestros grupos y clases, y creando nuevas formas”, sentencia Lovecchio. Centenares de niños y adolescentes ya han podido aprender gracias a las artes escénicas cómo deben comportarse en las redes y a qué peligros se enfrentan cuando están navegando por la Red.

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Las imágenes son propiedad de Teatro Tyl Tyl (1, 2 y 3)

El CD Mensajero dispuso de claras ocasiones para llevarse este domingo el triunfo en el Silvestre Carrillo ante un rival directo como el Navalcarnero, pero al final no pasó de un empate (1-1) que lo deja de nuevo en posiciones de promoción de descenso.

El Mensajero comenzó el choque con ansias desde la intención de lograr el primer gol pronto, pero al rival había que respetarlo porque no lo iba a poner fácil, y que tuvo una ocasión de Chema Moreno, que abortó el meta Ione Puga, pero luego si que no falló Joaquín en el minuto 21 para abrir el marcador.

Pero la réplica no tardó en llegar y Borja Rubiato disparó al palo, pero luego llegó el empate, esta vez Borja Rubiato ya no iba a fallar y lograba el tanto del empate en el 23, luego se sucedieron las ocasiones para los locales, que no tuvieron efectividad en los últimos metros.

Tras la reanudación, otra primera ocasiones para los visitantes en jugada a balón parado, argumento del conjunto de Juan José Granero, un disparo duro y seco de Joaquín que Ione desvía a córner, y luego una gran parada de Olmedo a otra ocasión mensajerista.

El Mensajero muy metido en el encuentro, consciente de lo que se juega, sigue intentando para lograr el segundo gol, dominan, mantienen el balón, juegan mejor fútbol, pero de nuevo sin idea en los metros finales. Ya en la recta final el conjunto rojinegro lo intenta de todas las maneras para lograr el segundo tanto, con ocasiones de Yeray, Jaime y Matías, pero al final no lo consiguieron.

El partido finaliza con empate a un tanto (1-1), un empate que sabe a poco, el CD Mensajero mereció más, pero también hay que destacar el derroche físico del rival, el equipo local no supo aprovechar la superioridad en el terreno de juego.

El CD Mensajero recibe este domingo en el Silvestre Carrillo (11:30 horas) a un rival directo como el CDA Navalcarnero, con el único objetivo de lograr un triunfo para alejarse de los puestos de descenso, a falta de cuatro jornadas para que concluya la competición regular.

El choque se torna como uno de lo más vitales de la temporada ya que el rival es quién le precede en la tabla clasificatoria y del que los separa tan solo un punto. Con la intención de buscar el mayor apoyo posible de la afición palmera, el club del Barranco de Los Dolores ha preparado diversas iniciativas para motivar a los aficionados de la isla para que asistan y animen al equipo en este importante compromiso.

Así los socios dispondrán de un descuento de 3% para la compra de una segunda entrada para acudir al partido, y también el club repartirá bonos descuentos a toda la base del club, a las bases de los rivales que tengan partido frente a los filiales rojinegros este fin de semana así como al máximo número de centros educativos de la isla de La Palma. Además realizará un sorteo de 10 packs de regalos en el descanso del partido entre todas las entradas jóvenes del encuentro.

Como novedad este domingo apoyará desde la grada la batucada Klan Aborigen de Breña Baja que pondrá su granito de arena para arengar a la plantilla rojinegra para que consigan los 3 puntos en juego. El dirigente rojinegro, Manuel Acosta, quiere que el mensaje de unidad llegue a todos para estos momentos trascendentales para el Mensajero y la importancia de todas las iniciativas que se llevan desde el club y su afición para llenar el Silvestre Carrillo este domingo.

“No hay excusas este domingo, debemos acudir al campo a animar a los nuestros y conseguir entre todos que el Mensa siga perteneciendo a la Segunda División B del fútbol español”, ha declarado el dirigente en un comunicado remitido a Efe.

Hay que preguntar a los responsables de gobierno por qué la Comunidad de Madrid consiente, promueve, o calla sobre obras a bajo precio, proyectos de metros cuadrados que no están en convenio o incluso facilita la desprotección de zonas protegidas

Ciento dos metros tenía el túnel con el que logró escapar el preso Paul Royle de un campo de concentración nazi que todos conocimos gracias a la recreación de 'La Gran Evasión'. Todavía sentimos inquietud al volver a ver a ese grupo de presos sacar puñado a puñado de tierra de su túnel excavado con las manos y distraerlo entre la tierra de un huerto en el patio, a la vista de los nazis. Más fácil lo tuvo Baltasar Santos que durante diez años y a la vista de todos sacó tres kilómetros del subsuelo de Navalcarnero con unas galerías más propias de tiempos de los romanos.

La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid dice tiene por objeto la protección, conservación, investigación, difusión y enriquecimiento del patrimonio histórico ubicado en el territorio de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, el Gobierno del PP da la impresión de ejercer de cómplice necesario para la destrucción de patrimonio con el dinero de todos. Cuando algunos responsables políticos del PP amenazan con la huida de la inversión hay que preguntarles qué ha pasado con muchas de esas inversiones que han dejado una deuda inasumible para los municipios a cambio de despilfarros inconcebibles en obras innecesarias cuyo uso público está por ver.

Hay que preguntar a los responsables del Gobierno por qué la Comunidad consiente, promueve, o calla sobre obras a bajo precio, proyectos de metros cuadrados que no están en convenio o incluso facilita la desprotección de zonas protegidas. Y desaparece cuando se trata de asumir su responsabilidad en la seguridad de los ciudadanos.

Es el caso de Navalcarnero, donde un alcalde del PP, que gobernó veinte años este municipio, inició una obra sin ningún tipo de permiso ni licencia. Y durante diez años, la Comunidad, que tiene el deber por Ley de “paralizar” cualquier clase de obra o intervención que afecte a un bien del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, no lo hizo. No se ordenó la paralización en quince días como dice la ley, ni en un mes, ni en un año sino siete años después de excavar dos kilómetros y medio, en un Bien de Interés Cultural, declarado por la Comunidad de Madrid. Y la obra la paralizó un juez en 2011 por denuncias del grupo municipal socialista. Pero el alcalde de la sinrazón dio orden de continuar con la excavación y continuó.

La sinrazón que afectaba a este alcalde se dilucidará en algún momento porque no lo juzgará solo Obelix, quien se limitaría a un “estos romanos deben de estar locos”. Pero, entretanto, las consecuencias de su proyecto también son claras: derrumbamientos ante los que nadie asegura ni la ciudad subterránea ni la ciudad que se asiente sobre las galerías. La Plaza de Segovia, la que todos conocemos como la Plaza de Navalcarnero, está sobre las galerías, sobre las catacumbas. Y en el subsuelo, se ve en estos días el agua resbalando por lo que se supone son unos pilares. Y algunas grietas.

Es responsabilidad de Patrimonio, de Cristina Cifuentes, portavoz de Cultura en los años 90 en la Asamblea, que ha participado en el Consejo Regional de Patrimonio Histórico y en la Comisión Permanente del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, responder a los requerimientos de todos los vecinos que representa el gobierno municipal actual. Queremos saber si Navalcarnero puede estar tranquilo sobre un túnel cuya evasión no está garantizada a quien lo inspiró ni debería estarlo a quienes lo consintieron durante diez años. 'La Gran Evasión', como se ve estos días en Valencia, no dura para siempre.

Rotondas, cruceiros, millones de euros gastados en granito, un polideportivo inacabado, sobrecostes en las obras que han llegado a dispararse por encima del 300%, quejas de los vecinos por un tren que no llega... Esa es la carta de presentación de Baltasar Santos, el alcalde de Navalcarnero al que Esperanza Aguirre ha ratificado como candidato para las elecciones municipales del 24 de mayo.

Aguirre llamó personalmente a Santos para comunicarle que aspirará de nuevo a gobernar la localidad situada en la zona oeste de la Comunidad de Madrid y que gobierna desde 1995. La presidenta del PP regional lo hizo este jueves en el último minuto, ya que la mayoría de los candidatos llevan varias semanas nombrados. La líder conservadora hizo esa llamada sin la necesidad de que el alcalde se someta a uno de los exámenes que ella misma ha exigido para algunos de los potenciales aspirantes a ocupar puestos públicos.

Además de los procesos judiciales por casos de corrupción en los que la oposición sostiene que continúa imputado, pese a que fuentes oficiales de Génova lo niegan, el regidor ha recibido demoledoras críticas a su gestión desde la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Navalcarnero lleva desde 2008 sin aprobar un presupuesto municipal y acumula una deuda de 114 millones de euros para una población de 25.000 habitantes, aunque los partidos de la oposición están convencidos de que es más elevado por las facturas que están “en los cajones”. El interventor municipal, que se encarga de controlar las finanzas, realizó un informe en el que advertía de que la deuda se ha disparado pese a sus reparos a la “realización de gastos no esenciales para el funcionamiento del Ayuntamiento que hacen que se incremente el remanente negativo de tesorería para gastos generales y no se cumpla con la estabilidad presupuestaria”.

Uno de los mayores exponentes del despilfarro en la localidad madrileña es un polideportivo que costó 10,5 millones de euros y que está paralizado desde hace siete años. Las obras se adjudicaron en 2006 a Constructora Hispánica, vinculada a la trama Gürtel. La oposición emprendió acciones legales por la modificación de los contratos.

El PSOE sostiene que Santos está imputado en tres causas judiciales y acusa a Aguirre de “falta de escrúpulos y de falta de compromiso en la lucha contra la corrupción” por volver a presentarle a las elecciones. El Partido Democrático Popular, que ejerce la misma acusación junto a los socialistas, dice que el PP ha perpetrado el mayor “atentado jamás conocido en la historia de la democracia”.

En el marco de las investigaciones judiciales, la IGAE ha emitido un informe en el que apunta que el equipo de gobierno ha cometido un “fraude de ley” al fraccionar los contratos de obras. “Se observa una falta de adecuación a los procedimientos y normas aplicables por parte del Ayuntamiento (alcaldía), en ocasiones con el informe favorable o la falta de informe de reparo de la Intervención Municipal, que ha dado lugar a que se abonen facturas o no se realicen contratos incumpliendo lo dispuesto en norma correspondiente”, señala el informe con fecha de enero de 2015.

“Algunas de estas actuaciones se podrían considerar realizadas en fraude de ley, como el fraccionamiento de los contratos que se observa en todos los proyectos referidos en este informe”, concluye el documento. Las obras analizadas fueron la rehabilitación del casco histórico de la ciudad, las obras de unas cuevas, un proyecto de la casa parroquial y otro con un convenio con la diócesis de Getafe. Todos ellos tuvieron sobrecostes.

Cuentas “irreales” y “ficción” de contratos

“Es común que la empresa que presta el servicio o realiza el suministro, sea la misma, el objeto sea idéntico y próximo en el tiempo de su realización”, continúa el escrito que recoge un sobrecoste del 350% en la rehabilitación de unas cuevas que provocó daños en algunos edificios históricos.

El informe del organismo estatal deja claro, además, que el propio alcalde sabía que se estaban fraccionando esos contratos ya que las aprobaciones se realizaban mediante decretos suscritos por la alcaldía: “El órgano competente, en este caso el alcalde, no podría alegar desconocimiento de la situación y sus consecuencias ya que en numerosas ocasiones (...) se había puesto de manifiesto esta situación irregular de fraccionamiento de contratos, sin que se hubiesen adoptado las medidas oportunas para subsanar esta irregularidad”.

El redactor del informe, que llega a decir que en algunas de las obras ha existido una “ficción” de un contrato menor para no darle publicidad, acusa a los responsables de los cuatro proyectos que analiza de haber incurrido en fraude de ley al fraccionar los contratos.

La Cámara de Cuentas también ha criticado la gestión del regidor. En un informe aprobado por unanimidad en febrero de este año pero correspondiente al ejercicio de 2012, el órgano regional califica las cuentas de “irreales” y asegura que atraviesa una “difícil situación financiera” que requiere “adoptar medidas rigurosas y realistas para volver a la situación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera exigida”.