Esperanza Aguirre aprueba in extremis la candidatura de un alcalde salpicado por sospechas de corrupción
Rotondas, cruceiros, millones de euros gastados en granito, un polideportivo inacabado, sobrecostes en las obras que han llegado a dispararse por encima del 300%, quejas de los vecinos por un tren que no llega... Esa es la carta de presentación de Baltasar Santos, el alcalde de Navalcarnero al que Esperanza Aguirre ha ratificado como candidato para las elecciones municipales del 24 de mayo.
Aguirre llamó personalmente a Santos para comunicarle que aspirará de nuevo a gobernar la localidad situada en la zona oeste de la Comunidad de Madrid y que gobierna desde 1995. La presidenta del PP regional lo hizo este jueves en el último minuto, ya que la mayoría de los candidatos llevan varias semanas nombrados. La líder conservadora hizo esa llamada sin la necesidad de que el alcalde se someta a uno de los exámenes que ella misma ha exigido para algunos de los potenciales aspirantes a ocupar puestos públicos.
Además de los procesos judiciales por casos de corrupción en los que la oposición sostiene que continúa imputado, pese a que fuentes oficiales de Génova lo niegan, el regidor ha recibido demoledoras críticas a su gestión desde la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
Navalcarnero lleva desde 2008 sin aprobar un presupuesto municipal y acumula una deuda de 114 millones de euros para una población de 25.000 habitantes, aunque los partidos de la oposición están convencidos de que es más elevado por las facturas que están “en los cajones”. El interventor municipal, que se encarga de controlar las finanzas, realizó un informe en el que advertía de que la deuda se ha disparado pese a sus reparos a la “realización de gastos no esenciales para el funcionamiento del Ayuntamiento que hacen que se incremente el remanente negativo de tesorería para gastos generales y no se cumpla con la estabilidad presupuestaria”.
Uno de los mayores exponentes del despilfarro en la localidad madrileña es un polideportivo que costó 10,5 millones de euros y que está paralizado desde hace siete años. Las obras se adjudicaron en 2006 a Constructora Hispánica, vinculada a la trama Gürtel. La oposición emprendió acciones legales por la modificación de los contratos.
El PSOE sostiene que Santos está imputado en tres causas judiciales y acusa a Aguirre de “falta de escrúpulos y de falta de compromiso en la lucha contra la corrupción” por volver a presentarle a las elecciones. El Partido Democrático Popular, que ejerce la misma acusación junto a los socialistas, dice que el PP ha perpetrado el mayor “atentado jamás conocido en la historia de la democracia”.
En el marco de las investigaciones judiciales, la IGAE ha emitido un informe en el que apunta que el equipo de gobierno ha cometido un “fraude de ley” al fraccionar los contratos de obras. “Se observa una falta de adecuación a los procedimientos y normas aplicables por parte del Ayuntamiento (alcaldía), en ocasiones con el informe favorable o la falta de informe de reparo de la Intervención Municipal, que ha dado lugar a que se abonen facturas o no se realicen contratos incumpliendo lo dispuesto en norma correspondiente”, señala el informe con fecha de enero de 2015.
“Algunas de estas actuaciones se podrían considerar realizadas en fraude de ley, como el fraccionamiento de los contratos que se observa en todos los proyectos referidos en este informe”, concluye el documento. Las obras analizadas fueron la rehabilitación del casco histórico de la ciudad, las obras de unas cuevas, un proyecto de la casa parroquial y otro con un convenio con la diócesis de Getafe. Todos ellos tuvieron sobrecostes.
Cuentas “irreales” y “ficción” de contratos
“Es común que la empresa que presta el servicio o realiza el suministro, sea la misma, el objeto sea idéntico y próximo en el tiempo de su realización”, continúa el escrito que recoge un sobrecoste del 350% en la rehabilitación de unas cuevas que provocó daños en algunos edificios históricos.
El informe del organismo estatal deja claro, además, que el propio alcalde sabía que se estaban fraccionando esos contratos ya que las aprobaciones se realizaban mediante decretos suscritos por la alcaldía: “El órgano competente, en este caso el alcalde, no podría alegar desconocimiento de la situación y sus consecuencias ya que en numerosas ocasiones (...) se había puesto de manifiesto esta situación irregular de fraccionamiento de contratos, sin que se hubiesen adoptado las medidas oportunas para subsanar esta irregularidad”.
El redactor del informe, que llega a decir que en algunas de las obras ha existido una “ficción” de un contrato menor para no darle publicidad, acusa a los responsables de los cuatro proyectos que analiza de haber incurrido en fraude de ley al fraccionar los contratos.
La Cámara de Cuentas también ha criticado la gestión del regidor. En un informe aprobado por unanimidad en febrero de este año pero correspondiente al ejercicio de 2012, el órgano regional califica las cuentas de “irreales” y asegura que atraviesa una “difícil situación financiera” que requiere “adoptar medidas rigurosas y realistas para volver a la situación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera exigida”.
